El Derecho Internacional Del Tiempo Presente

EL DERECHO INTERNACIONAL DEL TIEMPO PRESENTE

Cástor Miguel Díaz Barrado

Dykinson

EL DERECHO INTERNACIONAL DEL TIEMPO PRESENTE

Cástor Miguel Díaz Barrado Catedrático de Derecho Internacional Público

EL DERECHO INTERNACIONAL DEL TIEMPO PRESENTE

Universidad Rey Juan Carlos

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ISBN: 84-9772-350-3

Preimpresión realizada por los autores

SUMARIO Prólogo por Cesáreo Gutiérrez Espada...................................................................................9 I. Consideraciones iniciales...................................................................................................11 1. Algunos hechos relevantes que han acontecido en la sociedad internacional y su influencia en el ordenamiento jurídico....................................................17 2. Cambios y modificaciones en la sociedad internacional...................................................23 3. Perfiles básicos de la sociedad y del ordenamiento jurídico internacionales.......................................................................................................................32 4. Algunas cuestiones de proceso histórico de la sociedad internacional y de su ordenamiento jurídico...............................................................................................34 II. El Derecho Internacional en una Sociedad sumamente heterogénea...............................45 1.Una Sociedad internacional diversa en busca de una "relativa homogeneidad"......................................................................................................................49 A) La diversidad en los actores internacionales y algunas de sus dimensiones en el ordenamiento jurídico internacional......................................................................................51 a) Ciertas cuestiones sobre el Estado en el orden internacional............................................53 b) El ascenso de las Organizaciones Internacionales en el orden internacional..........................................................................................................................58 c) La persona humana "en alza" en el orden jurídico internacional......................................64 B) La diversidad ideológica y el camino hacia el establecimiento de sistemas democráticos...........................................................................................................72 a) La afirmación, en la sociedad internacional, del principio de la democracia............................................................................................................................76 b) Ciertas consecuencias prácticas de la afirmación de la democracia en el orden internacional................................................................................................................84 c) El significado de la democracia en el ordenamiento internacional...................................92 2. La Sociedad internacional, en la que habitan las desigualdades, en un entorno de “relativa solidaridad”......................................................................................98 A) La desigualdad política entre los Estados......................................................................102 B) La desigualdad económica en la sociedad internacional: el derecho al desarrollo.........................................................................................................................104 III. El Derecho Internacional como ordenamiento de la “comunidad jurídica internacional”.........................................................................................................115 1. La aceptación de la expresión "comunidad internacional".............................................122 2. La presencia de solidaridades..........................................................................................130 3. El cambio de significado en las funciones del Derecho Internacional...........................138 4. La progresiva superación de la descentralización normativa e institucional.........................................................................................................................147 A) La creación de normas internacionales: el valor de los principios esenciales y de la costumbre internacional ........................................................155

8 a)La formulación de una “constitución internacional”: los denominados principios fundamentales o esenciales..........................................................156 b) Ciertos procedimientos de creación de normas en la expresión de una comunidad jurídica internacional: El papel de la costumbre internacional..................161 B) La aplicación del Derecho Internacional: Las contramedidas y las sanciones internacionales............................................................................................168 a) Las contramedidas como reacciones de carácter descentralizado...................................180 b) Las sanciones internacionales como “manifestación” de la existencia de una eventual comunidad jurídica internacional...................................................................190 IV. Consideraciones finales.................................................................................................199 Nota bibliográfica...............................................................................................................203

PROLOGO No conviene dejarse seducir del todo por la belleza de los ideales. La mermelada de los deseos se convierte en acíbar si abrimos los ojos a la realidad de un mundo en el que los "cielos azules" y el "sol de la infancia" que evocaba el poeta con cuya cita su autor pone bellamente fin a este libro se han ido entenebreciendo a lo largo de los últimos diez años. ¿De qué nos servirá a la postre que pueda sostenerse, porque, sí, creo que se puede, como su autor mantiene que el "Derecho Internacional del Tiempo Presente" aboga por la validez universal de los derechos humanos, por el establecimiento de sistemas democráticos, por la afirmación constante del desarrollo, y que se orienta a la consecución de la paz en todas sus dimensiones, si resulta que en la práctica el terrorismo internacional, al que algunos Estados ayudan y respecto del que muchos callan, es combatido unilateralmente y manu militari por el Hegemón una vez (Afganistán, 2002) (...) y otra (Iraq, 2003), si resulta que el problema palestino se pudre sin remisión, si resulta que por primera vez en la historia de la descolonización a un pueblo colonial (el saharaui) se le da largas (...), si resulta que no hay manera de que los Estados más "culpables" se comprometan en la reducción de los gases que acabarán si Dios no lo remedia con este planeta azul, si resulta que para las violaciones graves de normas imperativas la Comisión de Derecho Internacional (por miedo al que dirán estatal) no se ha atrevido a imponer sino unas consecuencias tan insignificantes como aparatosa es la denominación que se les da ("obligaciones de solidaridad"), si resulta que un Estado culpable de violar gravemente las normas imperativas del Derecho internacional general (las que protegen, Cástor amigo, intereses de "tu comunidad internacional" en su conjunto) puede ser demandando por cualquier otro Estado del Universo mundo ante cualquier tribunal internacional (...) ¡que tenga jurisdicción sobre el caso (...). No, querido compañero que me sorprendes pidiéndome, sin que haya sabido yo negarme, un Prólogo, que no necesitas y menos salido de mi pluma: Te envidio por tu actitud y no en menor medida valoro el esfuerzo que has hecho por encarnarla en esta criatura de papel, que imagino muy querida, pero no comparto, perdóname, tu optimismo. Quizás no has querido dar a tu libro sobre el Derecho internacional del tiempo presente el título que acaso merezca su andadura de estos diez últimos años, un Derecho internacional que está más bien de cuerpo presente. Posiblemente el equivocado sea yo, y el tuyo es un libro de futuro, un futuro mejor. Ojalá sea así. Ojalá hayas acertado al exprimir todo lo que de positivo hay en un grupo social, como la sociedad internacional, convulso y en su, a veces, zarrapastroso ordenamiento jurídico, para contar lo mejor de él o, al menos, lo que más esperanzas despierta.

10 Porque, sí, Cástor, te concedo que necesitamos de Fe, de mucha Fe y Esperanza. Cuando concluyes tu análisis de una sociedad internacional "sumamente heterogénea" (II) hablándonos de la "progresiva superación de la descentralización normativa e institucional" (III.4) para rematarlo con una valoración final (IV) que yo entiendo en síntesis trimembre ("se asiste... a[l] reconocimiento progresivo... de [la] personalidad jurídica de la comunidad internacional...", "estamos... en los albores de una nueva orientación del Derecho internacional que ha de conducir al cambio de su propia naturaleza jurídica", y "en los inicios... del siglo XXI la construcción de una comunidad jurídica internacional... está comenzando a realizarse...") tu libro nos las da, Fe y Esperanza. Bienvenidas sean. Bienvenido, por ello, tu libro sea. Cesáreo Gutiérrez Espada. Murcia. 15 de octubre de 2003, festividad de Santa Teresa.

I.

Consideraciones iniciales

Se ha producido, con seguridad, una nueva etapa en las relaciones internacionales y, por ende, en el ordenamiento jurídico internacional. El fin de las relaciones internacionales contemporáneas ha dado paso a un nuevo marco que se desarrolla en el seno de la sociedad internacional del tiempo presente. Situar los inicios de esta nueva etapa quizá resulte difícil pero, en todo caso, se advierte con nitidez que el significado y contenido de las relaciones internacionales que acontecen en la actualidad se diferencian, en esencia, de los elementos que han venido definiéndolas hasta ahora. Por esto, estimo que se debe reflexionar en torno a determinados aspectos que definen y configuran el Derecho Internacional Público, en el seno de una realidad concreta, reciente y, en mi opinión, decisiva para el futuro de este ordenamiento jurídico. Busco así una aproximación a ciertas cuestiones esenciales e imprescindibles para la comprensión del Derecho Internacional del Tiempo Presente a la luz de la emergencia de una comunidad jurídica que se debate entre la propia y singular estructura de la sociedad internacional contemporánea, en cuanto medio social que ha de regular este ordenamiento y, en cuyo seno, se elaboran, dictan y aplican sus normas; y la voluntad de los entes que componen esta comunidad que, pese a configurarse en un entorno sumamente heterogéneo, intenta apreciar y resumir aquellos elementos que, de alguna manera, le otorgan un cierto carácter solidario. Se avecina, a mi juicio, una concepción de las relaciones internacionales que, sin prescindir en modo alguno de los elementos que durante largo tiempo las han venido caracterizando, hace que primen nuevos aspectos en las relaciones entre los actores internacionales que van a tener una trascendencia sustancial en el marco del ordenamiento jurídico internacional. Como decía, muy acertadamente, D. Colard "nous vivons dans un monde à la fois dangereux et instable: l'ordre international ancien, issu de Yalta et de Postdam, est bouleversé et contesté; un ordre nouveau est en gestation. Dans cette phase de transition, la Société et les Relations internationales traversent une grave crise d'adaptation que devrait conduire -si cette nécessaire transformation s'opère pacifiquement- á une meilleure organisation du Monde au début du trosième millénaire"1. Esto nos permite decir que se encuentra en gestación la formación de la comunidad internacional como un espacio en el que, junto las diferencias y desigualdades, comienzan a percibirse posiciones que indican la presencia de intereses comunes y compartidos por los miembros de la misma; el establecimiento, también desde la perspectiva jurídica, de determinados valores como principios fundamentales del sistema internacional; y, en definitiva, el surgimiento de aspectos solidarios en las relaciones internacionales. Todo ello, que permitiría hablar de un periodo de tránsito de la 1D. COLARD, Les Relations Internationales de 1945 à nous jours, 7ª ed., París, 1997.

12 sociedad internacional contemporánea a la sociedad internacional del tiempo presente, podría abocar en la creación de una comunidad jurídica internacional. Para lograrlo no son suficientes las dosis de buena voluntad que se aporten por parte de los internacionalistas, sino que lo que realmente se precisa es que los Estados manifiesten la voluntad política real de ir avanzando en la construcción de esa comunidad, aunque no se deberá perder de vista, como lo ha indicado C. del Arenal, que nos hayamos en presencia de un "sistema mundial o planetario, cerrado espacialmente, profundamente fragmentado, heterogéneo y complejo, crecientemente transnacionalizado, interdependiente y global, y políticamente no estructurado o integrado"2. En realidad, se debe construir la comunidad internacional con los instrumentos que aporta una sociedad compleja en la que conviven, con cierta naturalidad, elementos de división y elementos de unión. El examen de todo ello se ha de hacer con la actitud crítica propia de quien debe ser portador de la incomodidad científica, porque el medio social en el que operaba el Derecho Internacional contemporáneo se nos presenta, día a día, francamente insatisfactorio; porque las funciones que cumple el Derecho Internacional continúan siendo, básicamente, de coexistencia y cooperación, sin que se produzca el salto necesario y preciso hacia la solidaridad; porque los principios que en este ordenamiento imperan se inspiran, o quizá se interpretan, más en la prevención de conflictos y reparto de competencias que en motivos de carácter solidario; y porque, en definitiva, la construcción de una comunidad jurídica no es completa, sino más bien inconsistente, fragmentaria y, de modo constante, será puesta en tela de juicio. De todos modos, el Derecho Internacional opera en este marco societario y lo que se advierte es que se está produciendo, aunque sea muy lentamente, un cambio en la naturaleza de este ordenamiento jurídico. No sólo, como es evidente, se ha ampliado su ámbito de actuación y, en consecuencia, sus principios, normas y obligaciones alcanzan, en la actualidad, al conjunto de los sectores que configuran las relaciones internacionales, sino que, al mismo tiempo, y sin contradecir lo anterior, la norma internacional acoge en su seno elementos que le dan consistencia y estabilidad y que tienden, en definitiva, a proclamar un ordenamiento jurídico permanente. La inestabilidad propia de la sociedad internacional se refleja, también, en el Derecho Internacional y los cambios y "sobresaltos" que se producen en aquélla se plasman, de manera indeleble, en éste. Paulatinamente el "sistema jurídico internacional" va, no obstante, adquiriendo elementos de estabilidad y permanencia

2C. DEL ARENAL, Cambios en la Sociedad Internacional y la Organización de las Naciones Unidas, Jornadas sobre el Cincuenta Aniversario de las Naciones Unidas, 1995, p. 14.

13 a través del reconocimiento constante de ciertos principios y normas que se estiman fundamentales e intangibles. Se trata de superar así esa visión, ciertamente extendida, que ofrecería un panorama del estado de las relaciones internacionales y de Derecho Internacional similar al descrito por S. Belaid cuando ha afirmado que "dans une société internationales en tourmente sur le plan politique, l'ordre juridique et le droit international se peuvent qu'être négativement affectés et, perdre de leur consistance, de leur cohérence et de leur efficacité. Le droit international contemporain est en crise"3. Por lo tanto, todo cabe en la actualidad y lo único que pretendemos es poner el énfasis en aquellos elementos que también están presentes en la actual sociedad internacional, y que apuntan el nacimiento de una comunidad internacional. Aunque tampoco debemos desconocer que, a lo largo de la historia más reciente, siempre se ha pensado que el Derecho Internacional debe cumplir funciones de estabilidad en las relaciones internacionales y, lo que es más importante aún, este ordenamiento jurídico ha sido observado permanentemente como un punto de referencia inexcusable que asegure la convivencia entre los Estados y los pueblos. Cómo interpretar si no las expresiones que se contenían en la Declaración de Aquisgrán, de 15 de noviembre de 1818, cuando se señalaba que "el objeto de esta unión es tan simple como grande y saludable. No se orienta a ninguna nueva combinación política, a ningún cambio en las relaciones sancionadas por los tratados existentes. Calmada y constante en su acción, sólo tiene por finalidad el mantenimiento de la paz y la garantía de las transacciones que la han fundado y consolidado", para continuar indicando que "los soberanos, al formar esta unión augusta, han considerado como base fundamental su invariable resolución de no separarse jamás, ni entre ellos ni en sus relaciones con otros Estados, de la más estricta observación de los principios del derecho de gentes, principios que en su aplicación a un estado de paz permanente, son los únicos que pueden garantizar eficazmente la independencia de cada gobierno y la estabilidad de la asociación en general"4. Con seguridad, el siglo XX, que ha tocado a su fin, ha aportado a la historia de la humanidad acelerados cambios y transformaciones inéditas, aunque se pueda sostener que, desde el punto de vista teórico y conceptual, ha sido el siglo más

3S. BELAID, Rapport de Synthèse, en R. B. ACHOIR y S. LAGHMANI (dirs.) Les nouveaux aspects du droit international, París, 1994, p. 288. 4J. C. PEREIRA y P. A. MARTINEZ, Documentos básicos sobre Historia de las Relaciones Internacionales 1815-1991, Madrid, 1995, p. 19 (cursiva añadida).

14 corto de la historia5. La verdad es que es difícil resumir en pocas palabras los elementos centrales que lo definirían y lo que cabe señalar ahora es que, durante el mismo, han tenido lugar sobresalientes transformaciones no sólo en el seno y en el desarrollo de las sociedades internas y de las relaciones entre ellas sino, también, lo que es más importante para nosotros, en el conjunto y en la misma configuración de la sociedad internacional. Más aún, se podría hablar de paulatinas modificaciones en la concepción y en la estructura de esta sociedad. Por utilizar las palabras empleadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, en su Programa de Reforma, cabría decir que "la historia del siglo XX demuestra la notable capacidad de adaptación de las relaciones internacionales basadas en principios y normas multilaterales. Los últimos 50 años especialmente han sido testigos de olas sucesivas de cambios tumultuosos, tales como el fin de los imperios coloniales, el comienzo y la terminación de la guerra fría, el surgimiento de nuevas potencias económicas a un ritmo sin precedentes y la inmensa ampliación del programa político que las naciones deben enfrentar"6. En un ámbito más concreto, el Secretario General afirmaba que "se han producido cambios profundos, sobre todo desde el fin de la guerra fría, que ponen en tela de juicio algunas de las formas habituales de hacer frente a los desafíos del desarrollo"7. Con ello, nos resulta difícil definir y precisar con exactitud la sociedad internacional en la que realmente nos encontramos y, por ende, los elementos específicos que han de caracterizar el ordenamiento jurídico encargado de regular las relaciones que se produzcan en el seno de la misma. En particular, el último cuarto de siglo y los primeros años del presente han deparado nuevas situaciones en el sistema internacional; han modificado el contexto en las relaciones entre los actores internacionales; y, también, han supuesto, de algún modo, los inicios de una nueva etapa que, muchas veces, se ha caracterizado como de tránsito y de incertidumbres en el devenir de la sociedad internacional. Por lo menos, acontece, en la actualidad, como consecuencia de lo ocurrido hace algunos años, la descripción realizada por D. Colad cuando ha afirmado que "avec le XXème siècle, l'accélération de l'Histoire s'amplifie encore davantage. Les transformations de la scène internationale affectent ses dimensions, ses centres de gravité et dans une certaine mesure ses composantes (...) Aujourd'hui, le champ diplomatique est unifié et se confond avec les limites de la planète. Il forme un tout, un systéme global composé de sous-systèmes régionaux dont tous les éléments sont interdépendants (...) Les formidables progrès de la technologie, de la 5D. COLARD, Les Relations internationales cit., p. 119. 6Informe del Secretario General. Renovación de las Naciones Unidas: Un Programa de Reforma (A/51/950 de 14 de julio de 1997, párr. 94). 7Programa de Desarrollo, A/RES/51/240, 15 de octubre de 1997, párr. 5, (cursivas añadidas).

15 stratégie et des échanges ont rendu les Etats et les hommes plus solidaires dans tous les domaines. La coopération prend ainsi de nouvelles formes et s'étend aux secteurs le plus inédits de la vie internationale (...) Puisque nous n' -habitons qu'une seule terre-, l'approche des grands problèmes politiques contemporains ne peut être nationaliste: elle doit être -mondialiste-“8. El propio Secretario General, desde otra perspectiva, se hacía eco de este fenómeno, en el Programa de Desarrollo, al sostener que "uno de esos cambios, cuya importancia es cada vez mayor y que afecta a todos los países, es el proceso de mundialización impulsado por el mercado, especialmente debido a los rápidos avances en el intercambio de información y las telecomunicaciones. Este proceso comprende la integración creciente, en distintos grados, de los mercados mundiales de bienes, servicios, capitales, tecnología y mano de obra, lo cual ha dado lugar a una mayor apertura y una mayor libertad de movimiento de los factores de producción y ha creado más oportunidades de cooperación a nivel internacional"9. De alguna forma, la doctrina científica, tanto desde la perspectiva de las relaciones internacionales como desde la óptica del Derecho Internacional Público, ha pretendido encontrar aquéllas expresiones que mejor podrían definir, y explicar, la estructura y los rasgos de la actual sociedad internacional y que, a la postre, aportaran y precisaran elementos de certidumbre para la compresión de la misma. A mi juicio, la mayor parte de las aproximaciones que se han realizado responden, sin duda, a características que sí están presentes en la sociedad internacional, bien de una forma consolidada o bien en el marco de procesos de consolidación, pero ninguna de ellas puede explicar, por sí sola y en su totalidad, el contenido exacto de la sociedad en la que debe habitar la humanidad del siglo XXI10. 8D. COLAD, Les Relations internationales cit., p. 18 (cursiva añadida). 9Programa de Desarrollo cit., párr. 6. 10Así, por ejemplo, uno de los factores que, a mi juicio, más influyen en la determinación de los perfiles de la sociedad internacional será el progreso tecnológico y científico en la línea de lo que señaló, hace tiempo, M. MERLE, es decir que "el progreso técnico afecta en todas sus formas (política, militar, cultural y económica) a las relaciones internacionales. Acentúa la interdependencia de los elementos constitutivos del sistema y favorece la unificación del campo de acción de todos los actores. Pero, al mismo tiempo, acentúa los contrastes y los desequilibrios de poder entre los actores e introduce nuevos focos de tensión y nuevos factores de dominación", Cfr., Sociologie des Relations Internacionales, París, 1982, p. 185. También, en esta dirección, se pueden citar las palabras de C. del ARENAL, para quien "las cuestiones y problemas socio-económicos y científicos-técnicos, en consonancia con su decisiva incidencia en la configuración del poder y en la seguridad del Estado, han pasado a constituir el centro neurálgico y la problemática central del sistema internacional, quedando los problemas político-diplomáticos y estratégicos supeditados las más de las veces a los primeros", Cambios en la Sociedad internacional y Organización de las Naciones Unidas, Jornadas sobre el cincuenta aniversario de las Naciones Unidas, Madrid, 1995, pp. 16-17. Con mayor rotundidad se ha expresado, quizá, F. SAHAGUN, al decir que "vivimos en medio de una nueva revolución, en cuyo origen se encuentra, como en todas las revoluciones anteriores, el cambio tecnológico. Unos ven en la tecnología la causa directa de los cambios, otros un simple catalizador. Nadie niega que la tecnología está modificando de nuevo la realidad, pero, como en el comienzo de

16 Sea como fuere, intentaremos, a lo largo de este trabajo, indicar y reflexionar sobre algunos de los elementos que, a mi juicio, han de estimarse como más sobresalientes a la hora de perfilar la sociedad internacional contemporánea o, si se quiere, como he señalado en alguna otra ocasión, este periodo de tránsito entre la Sociedad Internacional Contemporánea y la Sociedad Internacional del Tiempo Presente11. Todo ello, considero que puede llevarse a cabo destacando, eso sí, un aspecto, sin duda muy relevante de la actual sociedad internacional, es decir, su heterogeneidad. Sobre la base de la constatación que, en su día, realizó M. Virally al decir que "la sociedad internacional contemporánea se volvió muy heterogénea tanto desde el punto de vista de las orientaciones ideológicas y del nivel de desarrollo económico como desde el del poder político y militar de sus miembros"12. Al mismo tiempo, se puede propugnar la existencia de solidaridades en este entorno societario de carácter muy heterogéneo que representa la actual sociedad internacional por lo que, en definitiva, no es descabellado reflexionar sobre el ordenamiento jurídico internacional como el sistema jurídico propio de una comunidad internacional. En definitiva, hay de dos elementos que deben quedar claros en la configuración del estudio que llevamos a cabo: Por un lado, los rasgos y características que definen y que, progresivamente, van definiendo la sociedad sobre la que opera y actúa el ordenamiento jurídico internacional; y, por otro lado, los elementos más característicos de éste y que, en buena medida, nos conducen a reflexionar sobre los aspectos centrales que lo definen tanto por lo que se refiere a los procedimientos de creación de normas como en lo relativo a su aplicación.

todas las revoluciones anteriores, no hay acuerdo sobre las causas ni sobre las consecuencias", De Gutenberg a Internet, Madrid, 1998, p. 21 (cursiva añadida). 11C. M. DIAZ BARRADO, La sociedad internacional en busca de un orden constitucional, Anuario Argentino de Derecho Internacional, 1994-1995, páginas 13-40. Característica que he atribuido, también, al ordenamiento jurídico internacional y, por ello, al hilo del análisis del proceso codificador he afirmado que "lo que sucede, en el fondo, es que el rápido discurrir de la sociedad internacional y el tránsito del Derecho Internacional Contemporáneo al Derecho Internacional del tiempo presente se compaginan mal con el apacible avanzar de los procesos de codificación, y quizá ello nos haga perder de vista que aún nos encontramos tan sólo en los inicios de la necesaria codificación de nuestro ordenamiento", La necesidad de la codificación en el Derecho Internacional Público, R.E.D.I., 19951, p. 53. 12M. VIRALLY, El devenir del Derecho Internacional. Ensayos escritos al correr de los años, México, 1997, p. 230 (cursiva añadida).

17 1. Algunos hechos relevantes que han acontecido en la sociedad internacional y su influencia en el ordenamiento jurídico Por supuesto que las realidades descritas repercuten en el ordenamiento jurídico internacional y le otorgan las especificidades que conocemos. Desde una óptica particular, A. Pellet ha dicho que el derecho nacional se aplica a una sociedad muy integrada en la que existen estrechas solidaridades, lo que se traduce en la institucionalización, mientras que la sociedad internacional, por el contrario, "est faite d'abord de souverainetés juxtaposées dont les rivalités demeurent fortes. Dans les deux cas, le droit traduit ces rapports de forces; mais alors que, au sein de l'Etat, ceux-ci sont occultés par l'extrême sophistication des mécanismes d'élaboration des normes, au plan international ils apparaissent beaucoup plus ouvertement"13. La sociedad internacional y el ordenamiento jurídico internacional, indisolublemente unidos en sus desarrollos y contenidos, se configuran, en realidad, como expresiones de los avances y retrocesos que se van produciendo y hay que reconocer, en esta línea, que, muchas veces, serán algunos acontecimientos los que mejor plasmen o expresen los elementos básicos de la realidad social y de la realidad jurídica del "sistema internacional". Así, podemos recordar que diversos hechos acaecidos en la escena internacional durante los últimos años del decenio de los setenta del siglo XX, hicieron que, al inicio del decenio de los ochenta, se hablase con insistencia de la existencia de una profunda transformación en las relaciones internacionales. En este contexto, comenzó a reflexionarse en torno al surgimiento de una "nueva guerra fría" en las relaciones entre las grandes potencias14, lo que traería consigo un "deterioro" importante del Derecho Internacional15, como ordenamiento regulador, primordialmente, de las relaciones entre los Estados. En efecto, las esperanzas que suscitó el acuerdo alcanzado por las grandes potencias y otros Estados, y que se plasmó en el Acta Final de Helsinki, documento que ponía de relieve el triunfo de la distensión en las relaciones internacionales, pronto se 13A. PELLET, Le droit international à l'aube du XXème siècle (La société internationale contemporaine - Permanences et tendances nouvelles), Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, 1997, I, p. 40. 14En concreto, N. CHOMSKY, Super-Potencias en colisión. La nueva guerra fría de los años ochenta, Madrid, 1985. No obstante, cabe adelantar que, como ha dicho A. REMIRO BROTONS, "la universalidad de la sociedad y del Derecho Internacional no ha sido impugnada seriamente en los últimos cincuenta años. Los conflictos Este-Oeste y Norte-Sur han animado las políticas sobre el Derecho Internacional, pero no han supuesto una quiebra de su unidad -y universalidad- esencial", Universalismo, multilateralismo, regionalismo y unilateralismo en el nuevo orden internacional, R.E.D.I., 1999-1, p. 55, p. 29. 15Ver, los artículos de V. ABELLAN publicados en El País los días 7 y 8 de noviembre de 1985.

18 estimaron frustradas. Esto demostró que, en nuestro ordenamiento, priman los elementos de coexistencia o convivencia, como base y garantía última de la futura cooperación internacional, ya que, más allá de la "relativa homogeneidad" ideológica que tiende a consagrarse, subsisten diferencias y desigualdades notables entre los diversos actores de las relaciones internacionales. Naturalmente, como veremos, algunos hechos que han tenido lugar en época más reciente prueban la existencia de una "positiva" transformación en la sociedad internacional en beneficio de la coexistencia, lo que ha quedado plasmado, por otra parte, en documentos de gran relevancia político-jurídica. Y quizá el mejor ejemplo de ello sean los avances que se han producido en el seno de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (ahora OSCE) desde el Acta Final de Helsinki de 1975 hasta la Carta de París para una nueva Europa de 1990 y a partir de ella16. En particular, estos cambios quedaron reflejados en la "declaración conjunta de veintidós Estados" de 19 de noviembre de 1990, en la que se afirma que: "los signatarios declaran solemnemente que en los albores de la nueva era de las relaciones europeas ya no son adversarios, establecerán nuevos lazos de asociación y se tienden mutuamente la mano de la amistad"17. Entre los hechos a los que nos referimos cabe resaltar, a mi juicio, tres acontecimientos que tuvieron lugar, precisamente, durante el año 1979 y que, se quiera o no, resultaron notables en el devenir de las relaciones internacionales: En primer lugar, hay que recordar la entrada de tropas soviéticas en Afganistán, que hizo que un país, perteneciente, entonces y con intensidad, al movimiento de los países no alineados, pasase a formar parte de la esfera de influencia soviética, desatándose así una escalada de violencia verbal entre las grandes Potencias; en segundo lugar, hay que destacar el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, lo que suponía el principio de todo un proceso de cambio que se estaba gestando desde hacía tiempo en Centroamérica, avivando los temores en Estados Unidos por perder su protagonismo en la zona; y finalmente, hay que valorar, sobre todo, el cambio de régimen ocurrido en Irán, lo que abrió el camino de una importante "escisión ideológica" en las relaciones internacionales con la proclamación del fundamentalismo islámico como instrumento, también, de la política internacional, alejado de la influencia de las grandes Potencias y enfrentado a ellas18. No obstante, la visión pesimista que entonces se cernía sobre la humanidad pronto se disipó, poniéndose de relieve que la transformación que se estaba 16F. MARIÑO MENENDEZ, La Carta de París para una nueva Europa, R.I.E., 1991, pp. 153-176. 17Ver, en C. M. DIAZ BARRADO, El uso de la fuerza en las relaciones internacionales, Madrid, 1991, p. 217. 18Vid., C. M. DIAZ BARRADO, Laudatio Doctor Honoris Causa de D. Oscar Arias, Universidad de Extremadura, mayo de 1996.

19 gestando, y que operaba ya en la sociedad internacional y en su orden jurídico, consistía básicamente en la intensificación de las relaciones internacionales, la profundización en los aspectos reales de la distensión y la cooperación, y la consolidación de las normas esenciales que rigen las relaciones entre los actores internacionales. Buena muestra del proceso de cambio experimentado en esta línea por el ordenamiento internacional será, a mi juicio, la Sentencia, de 27 de junio de 1986, dictada por el T.I.J., en el asunto relativo a las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, y que significó no sólo un punto de llegada sino también, el inicio de una nueva etapa en el Derecho Internacional contemporáneo. La decisión adoptada entonces por el T.I.J. trascendió las meras relaciones entre los dos Estados implicados en la controversia (los Estados Unidos y Nicaragua), y alcanzó al conjunto de las relaciones internacionales, al menos en sus elementos básicos. En el contexto anteriormente descrito, cabe decir, pues, que la sentencia posee gran relevancia, tanto desde el punto de vista político como jurídico. Tal y como lo señaló J. L. Piñol: "La importancia que han tenido las sucesivas ordenanzas y sentencias sobre el caso Nicaragua contra los Estados Unidos de América para la clarificación de diferentes cuestiones jurídicas, tanto procesales, como de fondo (especialmente conectadas con el alcance del artículo 2, 4 de la Carta de las Naciones Unidas y el del principio de la no intervención), puede calificarse de fundamental". Pero es que, además, "su relevancia política, no sólo respecto al sistema internacional en general, sino también sobre el futuro papel del propio Tribunal Internacional de Justicia, es indudable"19. Más tarde, a finales de los ochenta y durante los primeros años del decenio de los noventa, nuevos acontecimientos sobresaltaron, una vez más, a la sociedad internacional y comenzó a reflexionarse, con la misma celeridad que antes, en torno a las sustanciales transformaciones que se estaban produciendo. Se habló, cómo no, de "un nuevo orden internacional", que traería consigo una mayor integración y cooperación entre los Estados, y que haría que los principios de la libertad y la democracia recorriesen todos los rincones del planeta, muchas veces ante la mirada atónita de aquellos que, proscritos de la "sociedad internacional satisfecha", no llegaban, ni llegan, a alcanzar el profundo significado de esas palabras. De esta forma, el Secretario General resumía la situación en el Programa de Desarrollo, al indicar que "la situación crítica de los países menos adelantados, cuya marginación de la economía mundial es especialmente marcada, exige la 19J. PIÑOL I RULL, Los asuntos de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y en contra de este Estado (Nicaragua contra Estados Unidos de América), R.E.D.I., 1987, p. 99. También la doctrina norteamericana resaltó el importante papel de esta sentencia, en concreto, HIGHET, K. Evidence, the Court, and the Nicarague Case, A.J.I.L., 1987, p. 1. Véase, igualmente, el trabajo de A. J. RODRIGUEZ CARRION, El derecho internacional en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el asunto Nicaragua-Estados Unidos, Cursos de Derecho Internacional de Vitoria Gasteiz, 1987, pp. 15-63.

20 atención prioritaria de la comunidad internacional en su conjunto, en apoyo de políticas económicas y sociales adecuadas a nivel nacional"20. Entre los hechos a los que nos referimos, cabe resaltar, sin duda, la caída del muro de Berlín durante la noche del 9 de noviembre de 1989 y lo que ello significó tanto respecto a la unificación alemana como en relación con la importante fractura que se produjo en uno de los bloques que, desde 1945, configuraban el esquema básico de la sociedad internacional; en segundo lugar, el proceso de disgregación y cambio de actitud ideológica en la Unión Soviética que finalmente llegó a la creación de la Comunidad de Estados independientes y al surgimiento de nuevos Estados que reclamaban su soberanía e independencia21. Y, finalmente, el denominado conflicto del Golfo Pérsico, cuyo inicio tuvo lugar, como se sabe, el 2 de agosto de 1990 con la invasión iraquí de Kuwait y que finalizó, prácticamente, con la rendición de las tropas iraquíes el 28 de febrero de 1991 y que, a la postre, trajo consigo el establecimiento de sanciones contra el Estado iraquí. Ahora bien, la visión optimista que se impuso sobre la humanidad pronto se desvaneció y, nuevamente, pudo comprobarse que los graves problemas que la aquejan persistían; que no se modificaban de un día para otro las bases sobre las que se asienta la sociedad internacional; y que, en palabras del Parlamento español de la II República, en 1932, en referencia al entonces rey Alfonso XIII, no se reintegraban a la paz jurídica todos los seres humanos del planeta. Tan es así que, al poco tiempo de producirse los cambios señalados, ya se comenzó a manifestar un "cierto desencanto" en relación con los efectos de los mismos. En esta línea, cabría recordar como E. Barbe Izuel, después de indicar que el proceso iniciado en 1989 había "arrastrado con su vertiginosa velocidad algunos de sus referentes básicos", señalaba que se había pasado del mundo feliz de ese año a "un mundo en el que en nombre del nacionalismo, de la homogeneidad étnica o de la crisis económica se está destruyendo una convivencia cotidiana (...)"22.

20Vid., Programa de Desarrollo cit., párr. 18, (cursiva añadida). 21Sobre la Perestroika y el Derecho Internacional: W. E. BUTLER (ed.) Perestroika and International Law, Dordrecht, 1990 y J. QUIGLEY, J. Perestroika and International Law, A.J.I.L., 1989, pp. 788-797. E. PAZ BARNICA ha dicho que "la década de los ochenta significa una era preponderante en la evolución de las relaciones internacionales. La Unión Soviética se desintegra sobre la base de la , que consiste en la perestroika y en la glasnost: la perestroika, orientada a la reestructuración de la economía, y la glasnost, que significa un instrumento de apertura política, que orienta el país hacia un sistema democrático que inicialmente se base en la participación en los asuntos políticos de tendencias contrarias a las del partido gobernante", La Cumbre de las Américas y la cooperación hemisférica, Cursos de Derecho Internacional de VitoriaGasteiz, 1995, p. 204. 22E. BARBE, La teoría de las relaciones internacionales en la postguerra fría, Cursos de Derecho Internacional de Vitoria/Gasteiz, 1993, p. 155. También, de la misma autora, Relaciones Internacionales, Madrid, 1995, en particular, pp. 266 ss.

21 Con la misma rotundidad, y con lujo de detalles, C. del Arenal afirmó que "sin embargo, tan rápida como llegó la esperanza vino la desilusión. A partir de 1991 se empezó a hacer cada vez más evidente que el no existía o que, como mucho, tenía poco de paz, seguridad y justicia, que se multiplicaban los focos de nuevos conflictos, derivados de la desmembración de la Unión Soviética y del derrumbamiento del bloque comunista, y que las Naciones Unidas fracasaban o se estancaban en muchas de sus operaciones de paz"23. Y, con bastante claridad, B. B. Ghali, en su condición de Secretario General, con ocasión de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid, sostuvo que "es forzoso reconocer que, en muy poco tiempo, el mundo ha pasado de la euforia al pesimismo. La caída del muro de Berlín y el fin del antagonismo Este-Oeste habían dejado vislumbrar unos horizontes de paz insospechados y un futuro radiante. Pero el aumento de los micronacionalismos y de la intolerancia han transformado muy pronto y radicalmente esta visión del porvenir"24. La verdad es que el denominado “nuevo orden mundial” no modificó, de manera sustancial, el marco de las relaciones internacionales y, menos aún, el conjunto de normas y obligaciones que se derivaban del ordenamiento jurídico internacional. Incluso, cabe decir que el concepto acuñado de “orden internacional” ni tan siquiera encontró una definición ampliamente aceptada. Como lo ha señalado B. Ghali, en el discurso señalado, hay que constatar que la noción de orden internacional “"contiene al mismo tiempo una dimensión política y una dimensión ideológica, una dimensión económica y una dimensión social, una dimensión histórica y una dimensión cultural. Lo mismo puede servir de argumento jurídico a los Estados más poderosos como de discurso militante a los Estados más débiles. En resumen, lo que llamamos orden internacional es tanto la expresión de una relación de fuerzas presente como la idealización de una sociedad futura". Por último, a finales del decenio de los noventa y en los principios del presente decenio, nuevos acontecimientos, eso sí mucho más puntuales, vendrán a confirmar que la incertidumbre se ha apoderado del análisis propio de los internacionalistas y que la sociedad internacional, en términos generales, discurre entre elementos y caminos de difícil compresión. En el marco del proceso de maduración de conceptos como mundialización y globalización quizá corresponda mencionar cuatro hechos acontecidos durante el citado periodo que vienen a mostrar las indecisiones y las contradicciones que habitan en la sociedad internacional y que, además, se reflejan, con nitidez, en su ordenamiento jurídico. La desintegración de la antigua Yugoslavia alcanzó el "corazón" mismo de este Estado, y supuso un "desgarro" más en el continente europeo. La situación que 23C. Del ARENAL, Cambios en la sociedad cit., p. 9 (cursiva añadida). 24Acto de investidura, Serie Especial, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 1994, p. 16.

22 se generó en Kosovo25 hizo que, finalmente, el 24 de marzo de 1999, una organización regional de defensa como es la Alianza Atlántica asumiese la tarea de "pacificación", mediante el uso de la fuerza no autorizado por el Consejo de Seguridad. Por esos mismos días, curiosamente, la Cámara de los Lores del Reino Unido de Gran Bretaña hacía pública su decisión de continuar con el proceso de extradición del general Pinochet por la comisión de delitos que "afectaban a la humanidad", lo que no pudo impedir que, el 2 de marzo del año 2000, "una aeronave de color gris", como se la describió, llevase al "recuperado" Augusto Pinochet de regreso a Chile26. Tampoco podemos olvidar, en esta línea, que las navidades de 1999 y los primeros meses del año 2000 fueron testigos de la "impotencia" de la comunidad internacional en relación con los sucesos de Chechenia, territorio en el que han acontecido y siguen aconteciendo, ante el silencio cómplice y las manifestaciones timoratas, violaciones graves y masivas de los derechos humanos, adornadas, eso sí, con la mayoría absoluta obtenida por Putin en las elecciones presidenciales rusas, el 26 de marzo de ese año. Finalmente, quizá de mayor envergadura para el devenir de las relaciones internacionales, habría que mencionar que el 11 de septiembre del 2001 tuvo lugar “el ataque” contra los Estados Unidos con el derrumbe de las “Torres Gemelas” del Word Trade Center que abrió una escalada de “violencia internacional” cuya primera manifestación se produjo en la noche del 8 de octubre con el inicio del ataque sobre Afganistán y que, de alguna forma, se encuentra en el origen de la guerra contra Irak, iniciado en marzo de 2003. Estos últimos acontecimientos están poniendo de manifiesto la escasa intervención de Naciones Unidas y el papel secundario, y pasivo en ocasiones, de la misma27. El examen de estos acontecimientos, y de muchos más, permitiría decir que 25A. REMIRO BROTÓNS, Un nuevo orden contra el Derecho Internacional: El caso de Kosovo, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, nº 1/2000, p. 1. Aun admitiendo que esta actuación debería haber sido reconducida dentro de la Carta de las Naciones Unidas, las reacciones que se produjeron después de esta intervención no tenían como objeto de crítica de las motivaciones que “¿teóricamente?” la provocaron, esto es, la violación sistemática de derechos humanos básicos para toda persona humana en cualquier circunstancia. De este modo, como ha sostenido S. RIPOL CARULLA, esta crisis ha reforzado la obligación de respetar estos derechos, poniendo de relieve el consenso suficiente para admitir una reacción ante crímenes internacionales relacionados con su violación, El Consejo de Seguridad y la defensa de los derechos humanos, Revista Española de Derecho Internacional, 1999, nº 1, p. 87. 26C. M. DIAZ BARRADO, Asunto 0/0: Democracia y derechos humanos contra Augusto Pinochet Ugarte, Revista de Occidente, octubre 1998; y M. COSNARD, Quelques observations sur les décisions de la Chambre des Lords du 25 novembre 1998 et du 24 mars 1999 dans l'affaire Pinochet, R.G.D.I.P., 1999, pp. 309-328. 27Desde luego, con carácter general, para determinar las consecuencias jurídicas más relevantes de este acontecimiento, cabe la consulta, en la doctrina española, de los trabajos sobre “el orden internacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001”, publicado en la REDI, de 2001. Y el trabajo de C. GUTIÉRREZ ESPADA, ¿No cesaréis de citarnos leyes viendo que ceñimos espada?, A.D.I., 2001, pp. 25-38. Por lo que se refiere a la “guerra contra Irak”, tanto los antecedentes como el final que, a mi juicio, aún no se ha producido del conflicto, merecen una consideración especial.

23 se acrecienta la distancia entre el derecho y la realidad y que, con seguridad, falta un largo camino por recorrer a la hora de que la sociedad internacional tenga la impresión de que se procede, con naturalidad, a un eficaz y correcto cumplimiento del ordenamiento jurídico internacional. Ahora todo se confunde y entremezcla, una sociedad internacional segura e insegura, cierta e incierta, cerrada y abierta y, en resumen, parece que el devenir de la humanidad durante el siglo XXI se irá configurando sobre bases que están aún por determinar. Por lo menos, habría que sostener, con el Secretario General de las Naciones Unidas que “vivimos en una era de reestructuración. Tanto en el plano internacional como en el nacional, actúan fuerzas fundamentales que reconfiguran las modalidades de la organización social, los esquemas de oportunidades y restricciones, los objetivos que aspiramos a alcanzar y las causas del temor. Como en todos los períodos de transición, en la actualidad coexisten, en una tensión inquietante, expresiones muy diferentes de la situación humana: la mundialización se difunde pero aumentan la fragmentación y la afirmación de las diferencias; se amplían las zonas de paz a la vez que se intensifican diversas explosiones de terrible violencia; se está creando una riqueza sin precedentes pero sigue habiendo grandes bolsones de pobreza endémica; la voluntad de los pueblos y sus derechos integrales se celebran y violan al mismo tiempo; la ciencia y la tecnología mejoran la vida humana en tanto que sus efectos secundarios amenazan a los sistemas que sustentan la vida en el planeta"28. A lo largo de este trabajo será preciso, pues, reflexionar sobre todos estos cambios y realidades, y respecto a muchos más que han tenido lugar, en un marco general, fuera -aunque no alejado- de los hechos coyunturales que, de vez en cuando, causan fuertes impresiones en la sociedad internacional. Porque, en el fondo, no debemos olvidar, como lo señaló C. del Arenal, que existen en la sociedad internacional contemporánea, por un lado, factores de cambio de acción inmediata y, por otro lado, factores de acción profunda29, siendo, a mi juicio, más sustanciales estos últimos que los primeros. Y estas reflexiones deberán hacerse, por supuesto y en nuestro caso, sobre la base de la incidencia de esos cambios en el ordenamiento jurídico internacional. 2. Cambios y modificaciones en la sociedad internacional Los acontecimientos que se van sucediendo en la historia de la sociedad internacional han contribuido y contribuyen a modificar determinadas perspectivas del actual orden jurídico internacional, pero no se puede decir, con rotundidad, que modifiquen sustancialmente por sí solos los elementos del centrales del mismo, 28Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, Suplemento nº. 1 (A/52/1), Nueva York, 1997, párrafo 1. 29Cfr. C. del ARENAL y A. NAJERA, La Comunidad iberoamericana de Naciones, Madrid, 1991, pp. 398 ss. También se refiere a ello C. del ARENAL en El nuevo escenario mundial y la teoría de las relaciones internacionales, Homenaje a M. Díez de Velasco, Madrid, 1993, pp. 85 ss.

24 incluso ante acontecimientos de tanto “impacto visual” como los atentados ocurridos en Nueva York (e, incluso, la acción ilícita de los Estados Unidos y Gran Bretaña en territorio iraquí). Como lo señaló, hace algún tiempo, H. Thierry, el derecho internacional es un producto de la historia, siendo así que será la historia del siglo XX quien debe responder de lo que es y de lo no es el derecho internacional, y "cette histoire a en effet deux versants. L'un trés sombre qui rend compte des infirmités du droit international, l'autre plus éclairé qui répond de ses avances"30. En todo caso, coincido con la opinión de S. Torres Bernárdez quien, al referirse al denominado nuevo orden mundial, afirma que "el jurista tiene que preguntarse antes de aceptar la mencionada expresión si se han producido realmente cambios estructurales, institucionales y normativos. Por mi parte confieso que no veo en las relaciones internacionales ningún cambio de este tipo"31. Por esto, quiero ser consciente, por un lado, de que, a lo largo del último siglo y a principios de éste, se han producido importantes transformaciones en la sociedad internacional y, por otro lado, que los cambios que han ocurrido en los últimos años incidirán también, en mayor o menor medida, en la evolución del Derecho Internacional. La consecuencia final, de todos modos, es clara y fue perfectamente detectada por M. Lachs hace tiempo, para quien era indudable el desarrollo positivo que había experimentado el ordenamiento jurídico internacional durante el presente siglo32. Por lo que, como lo indicó el Sr. B. Ghali, "hay que tomar conciencia de que el Derecho Internacional contemporáneo experimenta considerables modificaciones que le afectan en lo más hondo de sí mismo y que se refieren tanto a las instituciones internacionales como a la normas jurídicas"33. Pero la visión que intentamos transmitir fue bien expresada, como decimos, por M. Lachs. Para este autor, no nos resistimos a reproducir su posición: "nous avons conscience des changements prodigieux qui se sont produits au cours des dernières annés et nous pouvons prévoir que le droit international connaitra un développement particulièrement brillant". La vida es hoy posible gracias a la existencia de miles de normas jurídicas que diariamente se aplican en el espacio terrestre, en el mar, en los espacios atmosféricos y extra-atmosféricos y, en realidad, "en dépit des caprices du droit, son progrès s'est somme doute avéré 30H. THIERRY, Cours général de droit international public, R.C.A.D.I., 1990, p. 19. 31S. TORRES BERNARDEZ, Perspectivas en la contribución de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: Comentarios y observaciones sobre la declaración de los miembros del Consejo de Seguridad de 31 de enero de 1992, Homenaje a M. Díez de Velasco cit., p. 745. Una actitud, también, prudente la de L. FERRARI BRAVO, Prospettive del diritto internazionale alla fine del secolo XX, R.D.I., 1992, p. 527. 32Cfr., M. LACHS, Le Droit International a l'aube du XXIe siècle, R.G.D.I.P., 1992. 33Acto de investidura cit., p. 17 (cursiva añadida). Hace más tiempo, M. BEDJAOUI, sostuvo que "lo que caracteriza al derecho internacional actual no es su crisis sino más bien su transformación rápida, en un mundo que está en crisis", Hacia un nuevo orden económico internacional, París, 1979, p. 218.

25 inéluctable et doit être consigné. Nous vivons à une époque d'énorme développement du droit international"34. Todo es verdad, pero también lo es que permanecen intactas, aunque a veces enriquecidas, tradicionales instituciones, normas y conceptos de este ordenamiento jurídico, tales como la soberanía, la cooperación, la delimitación de competencias e, incluso, la protección de intereses comunes para los miembros que integran la sociedad internacional (…). Se mantienen inalterables, en esencia, los procedimientos básicos de creación de normas jurídicas, tales como la costumbre o los tratados; y, sin duda, el Derecho Internacional continúa encargándose de regular sectores de los que se ha ocupado desde hace tiempo, como el derecho del mar, las relaciones exteriores de los Estados, la protección del medio ambiente, o el control y limitación del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, así como del reparto de las competencias entre los Estados, por citar algunos sectores concretos del ordenamiento jurídico internacional. En definitiva, cabe preguntarse, con E. Rey Caro, que, "sin subestimar la importancia y la trascendencia que estos hechos tienen en el marco de la política internacional", si es o no "posible asignarles el mismo alcance en el derecho internacional a tal punto que debamos referirnos en adelante a un nuevo orden jurídico internacional (...)35. Pese a esto, se reconoce también que los cambios señalados han de incidir necesariamente en ciertas normas jurídicas y en determinadas instituciones propias del Derecho Internacional, propiciando, quizá, un cambio de visión o perspectiva en algunas de ellas. Piénsese, por ejemplo, en el reconocimiento de Estados en el que no dejan de existir nuevos aspectos jurídicos, debido, fundamentalmente, al fuerte incremento de nuevos Estados que, en los últimos años, han surgido como consecuencia de las secesiones y desmembramientos en los países del Este. Con mayor razón aún, la denominada sucesión de Estados se ha visto muy afectada en función de la práctica que al efecto se sigue. Y en este caso, como decimos, mucho más, porque si es cierto que las normas básicas en materia de reconocimiento están, a mi juicio, plenamente asentadas, no sucede lo mismo por lo que se refiere a la sucesión de Estados tanto en materia de tratados, como de bienes, archivos y deudas, o en la cualidad de miembro de una Organización internacional; o, más allá, en materia de nacionalidad. Por su parte, cabría reflexionar también respecto a las nuevas perspectivas y desarrollos del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Por lo menos, como ha indicado, M. P. Andrés, salvo en lo relativo a la descolonización "los perfiles y límites de la

34M. LACHS, Le Droit International a l'aube cit., pp. 537 y 548 (cursiva añadida). M. VIRALLY se mostró, sin embargo, más escéptico a la hora de abordar esta cuestión, op. cit., pp. 13-16, ("Le droit international ne semble donc pas à la haueur de ce que l'histoire exige de lui"), op. cit., p. 19. 35E. REY CARO, Reflexiones jurídicas sobre la nueva realidad internacional, Homenaje al Bicentenario 1791-1991, t. I, Universidad Nacional de Córdoba, p. 157.

26 libre determinación en otros supuestos no están totalmente definidos"36; o en torno a los avances que se están produciendo en la exigencia de responsabilidad internacional del individuo. Al menos, es verdad, como dice L. Condorelli, que la creación por el Consejo de Seguridad del TPIY, en 1993, y el TPIR, en 1994, representan "indiscutiblemente una de las novedades principales acontecidas en el orden jurídico internacional en los últimos decenios; se trata, en efecto, de uno de los frutos más llamativos de la revolución del sistema de las relaciones internacionales de fines de los años 80"37. Desde luego, hoy más que nunca, el debate principal está girando en torno a los perfiles del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y, en términos más amplios, en relación con los conceptos básicos que han de definir el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Los atentados de Nueva York y, cómo no, las reiteradamente “anunciadas” guerras contra Iraq a lo largo de los años 2002 y 2003 que culminaron en marzo de este último año con la “invasión y ocupación” de este Estado y el derrocamiendo del régimen de Sadan Hussein y, quizá, contra Corea del Norte, Siria e Irán, como integrantes del “eje del mal”, hacen reflexionar, aceleradamente, sobre estas cuestiones al conjunto de la doctrina iusinternacionalista y, también, hacen que se expresen muchas posiciones “dispares y diferentes” por los Estados que conforman la comunidad internacional. Con independencia de las diversas posiciones que se mantengan al efecto, parece claro, por un lado, que se está revitalizando la figura de la auto-tutela en el orden jurídico internacional, lo que supone, sin duda, un paso atrás en la configuración de las normas que regulan el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y que han venido encontrando expresiones, muy satisfactorias, desde principios del siglo XX. Por lo menos, como lo ha indicado A. Remiro Brotons, “el concepto que mejor define la operación militar de los Estados Unidos (y sus aliados) es la venerable autotutela o autodefensa, la institución en cuya virtud cada Estado, por sí mismo o mediante las oportunas alianzas, persigue la satisfacción de sus intereses, recurriendo eventualmente a la fuerza armada. (...) El unilateralismo de los Estados Unidos, exacerbado a partir del 11 de septiembre, es una opción definitiva por la autotutela que los demás, ante la gravedad de los hechos y la conveniencia de liberarse a sí mismos de ataduras, han aceptado implícita o tácitamente”38. 36M. P. ANDRES SAENZ DE SANTAMARÍA, La libre determinación de los pueblos en la nueva sociedad internacional, Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, 1997, p. 123. 37L. CODORELLI, Le Tribunal Penal International pour l'Ex-Yougoslavie et sa jurisprudence, Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, 1997, p. 247. Más específicamente sobre el Tribunal Penal Internacional, vid., C. GUTIERREZ ESPADA, La Corte Penal Internacional (C.P.I.) y las Naciones Unidas. La discusión posición del Consejo de Seguridad, A.D.I., 2002, pp. 361. 38A. REMIRO BROTONS, Terrorismo, mantenimiento de la paz y nuevo orden, REDI, 2001, p. 157.

27 Pero, por otro lado, también es verdad que se han intensificado la cooperación y la colaboración internacionales en materia de terrorismo internacional, tanto en el plano universal como en los planos regionales. Por esto, no le falta razón a R. Calduch Cervera, cuando afirma que “"la gravedad de los atentados del 11 de septiembre propició un decidido compromiso de Estados Unidos para potenciar la cooperación internacional contra el terrorismo, lo que se tradujo en una importante serie de medidas jurídicas, políticas y militares que han venido a reforzar, y en ocasiones a materializar, los esfuerzos que en este terreno se venían desarrollando durante los últimos años”39. Asimismo, y en el seno de las Naciones Unidas se dejó sentir el "nuevo" clima imperante en las relaciones internacionales, con la adopción de decisiones por el Consejo de Seguridad que, hasta no hace mucho, era impensable que se hiciesen realidad, debido a la parálisis de este órgano de Naciones Unidas40 o, en todo caso, que quede claro, como decía, entonces, el Secretario General de esta Organización, Boutros Ghali, que "las exigencias que pesan actualmente sobre las Naciones Unidas no tienen precedentes en su historia. En todo el mundo es hoy más evidente la presencia de la Organización, gracias a las actividades que despliega para ayudar a los seres humanos en peligro y a los que sufren necesidad o están sumidos en la desesperación"41. En el Suplemento de un "Programa de Paz", expresó que "a partir de la Cumbre del Consejo de Seguridad se ha acelerado el ritmo de los acontecimientos. Se han producido transformaciones espectaculares por lo que respecta a la envergadura y al carácter de las actividades de las Naciones Unidas en el ámbito de la paz y la seguridad. Se abren paso conceptos nuevos y más amplios para encauzar esas actividades y vincularlas con la labor en pro del desarrollo. Se están modificando antiguas concepciones. Ha habido éxitos y fracasos. La Organización ha despertado un profundo interés en los medios de comunicación, los cuales se refieren a ella en términos que suelen ser 39R. CALDUCH CERVERA, La incidencia de los atentados del 11 de septiembre en el terrorismo internacional, REDI, 2001, p. 198. 40En todo caso, sin llegar a expresarlo con las esperanzas que necesariamente han de habitar en los corazones y las mentes de los Secretarios Generales de las Naciones Unidas, que es lo que lo explica que Boutros-Ghali afirmase que "En los últimos meses se ha acrecentado la convicción, tanto en las naciones grandes como en las pequeñas, de que se ha vuelto a presentar una oportunidad de alcanzar los grandes objetivos de la Carta: unas Naciones Unidas capaces de mantener la paz y la seguridad internacionales, de hacer respetar la justicia y los derechos humanos (...)", Memoria sobre la labor de la Organización del cuadragésimo sexto al cuadragésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General, septiembre 1992, p. 2, párr. 3. Véase, C. GUTIERREZ ESPADA, El sistema de seguridad colectiva en los albores del siglo XXI (O el cuento de la Bella Durmiente), en Balance y perspectivas de Naciones Unidas en el Cincuentenario de su creación, Madrid, 1996, pp. 165-188. 41Memoria sobre la labor de la Organización del cuadragésimo sexto al cuadragésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General, septiembre 1992, p. 6, párr, 12 (cursiva añadida). Con carácter general sobre la Organización: M. SEARA VAZQUEZ (comp.), Las Naciones Unidas a los cincuenta años, México, 1995.

28 encomiásticos, aunque más frecuentemente críticos, y se centran demasiado en sólo una o dos de las numerosas operaciones que ha puesto en marcha, dejando de lado otras que son fundamentales, así como la inmensa labor de las Naciones Unidas en los ámbitos económico y social y otras esferas"42. Y ello ha encontrado manifestaciones concretas como la nueva concepción de las operaciones de mantenimiento de la paz o el impulso que se pretende dar a la labor de las Naciones Unidas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y que quedó plasmado, por ejemplo, en la Declaración citada, en la que se decía que "un entorno económico internacional dinámico, vigoroso, libre y equitativo es indispensable para el bienestar de la humanidad y para la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales. El sistema de las Naciones Unidas debe dedicarse con mayor intensidad y eficacia al logro de este objetivo"43. Más aún, se podría hablar de nuevas perspectivas en la solución pacífica de controversias o, por lo menos, se constata, con V. Abellán Honrubia, que desde hace unos años "asistimos a un considerable aumento de la acción y presencia de las Naciones Unidas en los conflictos internacionales e internos (...)44". Pero también, poniendo el énfasis en uno u otro de los aspectos de los cambios que han ocurrido y que continúan produciéndose en la sociedad internacional, las profundas transformaciones han sido tenidas en cuenta en diversos foros internacionales, quedando constancia en declaraciones, relevantes o solemnes, que han emanado de los mismos. Hasta tal punto ha sido así que, incluso, la adopción de nuevas orientaciones y dimensiones en el seno de estos foros se han enmarcado, en ocasiones, en los elementos que se han estimado que definen un nuevo contexto internacional. Por citar algunos ejemplos, aunque con un carácter muy parcial, podemos recordar las expresiones que se contienen en la Declaración de Guadalajara de 1991 por la que se creó formalmente la Comunidad Iberoamericana de Naciones y 42Suplemento de un “programa de Paz”, A/50/60-S/1995/1, 25 de enero de 1995, párr. 4. Posición que ha sido confirmada en la Declaración con motivo del cincuentenario de las Naciones Unidas cuando se dijo: "En estos momentos, que coinciden con la época posterior a la guerra fría, y a medida que nos acercamos al final del siglo, debemos crear nuevas oportunidades de paz, desarrollo, democracia y cooperación. La rapidez y la amplitud de las transformaciones del mundo contemporáneo hacen prever un futuro sumamente complejo y sembrado de dificultades, así como un aumento considerable de las esperanzas que se depositan en las Naciones Unidas. Un trabajo específico cuya lectura ofrece interés, respecto a los cambios habidos, el de N. H. TRU, La Charte des Nation-Unies et le nouvel ordre mondial, C.-H. THUAN Y A. FENET (dirs.) Mutations internationales et évolution des normes, Amiens, 1994, pp. 7-28. 43Vid., Resolución 41/128 de la A.G. de las N. U. Declaración sobre el derecho al desarrollo. 44V. ABELLAN HONRUBIA, El arreglo pacífico de controversias en el ámbito de las Naciones Unidas, Balance y perspectivas cit., p. 57 (cursiva añadida). Me parece interesante la lectura del trabajo de A. BADIA MARTIN, El arreglo pacífico de controversias en la Organización de las Naciones Unidas, Barcelona, 1994.

29 en la que se nos dice que "al final del siglo XX se configura el surgimiento de un nuevo esquema de organización de las relaciones internacionales. Sin embargo, sus rasgos fundamentales están aún por definirse; no podemos esperar el cambio pasivamente, debemos actuar para conformarlos, tenemos intereses genuinos que deben ser reafirmados e impulsados". El carácter acelerado de los cambios y el nuevo contexto internacional se ponen de relieve en las Conclusiones de Madrid, tan sólo un año después, 1992. En las que se afirma que "Desde Guadalajara se han producido cambios decisivos en un panorama político sometido a una súbita aceleración histórica. El fin de la bipolaridad abre nuevas posibilidades de concertación, al acabar con la lógica de la guerra fría y alterar el sentido de los alineamientos en la Comunidad Internacional" (...) " y que "Las nuevas condiciones internacionales han impulsado ya avances en distintas áreas"45. O podemos apreciarlo, también, en las posiciones expresadas por el Consejo de Europa, en particular, en la Declaración final de la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de esta Organización, celebrada en Viena el 9 de octubre de 1993 en la que se afirma, entre otras cosas que "el fin de la división en Europa nos ofrece una oportunidad histórica de reafirmar la paz y la estabilidad en este continente. Todos nuestros países están comprometidos con la democracia pluralista y parlamentaria, con la indivisibilidad y la universalidad de los derechos humanos, con la preeminencia del Derecho y con un patrimonio cultural común enriquecido por su diversidad. Por todo ello, Europa puede convertirse en un amplio espacio de seguridad democrática", llegando a sostenerse que "Pretendemos poner al Consejo de Europa en plena disposición para contribuir a la seguridad democrática, para afrontar los desafíos de la sociedad del siglo XXI, expresando jurídicamente los valores que definen nuestra identidad europea, y para favorecer la mejora de la calidad de vida"46. Y, cómo no, las consideraciones relativas a los cambios operados en el ámbito internacional se reflejan en numerosos documentos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). En particular, cabría recordar el Documento titulado el Desafío del Cambio, adoptado por la entonces Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, en Helsinki, en 1992, cuando se afirmó que "la CSCE ha desempeñado un papel decisivo en el fomento de los cambios; ahora tiene que adaptarse a la tarea de gestionarlos", destacándose el "papel central de la CSCE en el fomento y la gestión del cambio en nuestra región", para concluir que "Estamos en un momento prometedor pero también en un momento de inestabilidad e inseguridad”. La verdad es que la constatación del cambio en la escena internacional y, en particular, en el continente europeo ya se 45Vid., en especial, C. ARENAL y A. NAJERA, La Comunidad Iberoamericana cit. y C. M. DIAZ BARRADO, Perfiles de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, Cáceres-Madrid, 1994. 46Vid., también, la Declaración de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Consejo de Europa, celebrada en Estrasburgo en 1997.

30 plasmó en la Carta de París para una nueva Europa, de 1990, al señalarse, desde el principio, que "Nosotros, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados participantes en la Conferencia sobre Seguridad y cooperación en Europa, nos hemos reunido en París en un momento de profundos cambios y de históricas esperanzas. La era de la confrontación y de la división de Europa ha terminado"47. En todos estos casos, y en muchos más, lo que sucede es que se va expresando, en las Organizaciones y en los foros internacionales, la existencia de un nuevo devenir, todavía indefinido, en las relaciones internacionales, marcándose con trazo grueso el hecho de que nos encontramos ante un periodo inédito en la escena internacional. Como decía el Secretario General de las Naciones Unidas “ha pasado casi un decenio desde que terminó la guerra fría y aún dista de ser clara la configuración de la nueva era. Naciones grandes y pequeñas tratan de hacer frente a nuevas obligaciones y nuevos problemas. La imprevisibilidad y la sorpresa se han convertido casi en moneda común. Existe incertidumbre, y en algunos casos incluso ansiedad, por las nuevas funciones que pueden llegar a exigirse de las organizaciones multilaterales, y, en términos más generales, por el lugar que les corresponde en la comunidad internacional. De hecho, los pueblos de las Naciones Unidas, en cuyo nombre se escribió la Carta, buscan nuevas formas de definir cómo están unidas en una comunidad, aunque las costumbres y las creencias, el poder y los intereses los separen. A pesar de los extraordinarios logros del multilateralismo en el último medio siglo, las muchas voces que no se hacen escuchar, el excesivo dolor que persiste y las demasiadas oportunidades nuevas de avance de la humanidad que se desaprovechan no nos permiten estar satisfechos de cómo están hoy las cosas (...)"48. En suma, los cambios ocurridos van a influir, sin duda, en los objetivos y finalidades a los que responden, así como en los mecanismos a instaurar para el logro de los mismos, por lo que se llega a la conclusión de que nos encontramos ante un escenario en el que, en realidad, "la Sociedad internacional se encuentra a medio camino entre la comunidad y la anarquía. Su naturaleza es mixta: presenta caracteres ordenados y desordenados. Lo que se explica por el hecho de que es objeto de múltiples contradicciones"49. Si se quisiera adoptar una perspectiva más moderada, podríamos hacernos eco de las palabras empleadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, con ocasión del Coloquio celebrado en Túnez durante los días 13 a 16 de abril de 1994 sobre los nuevos aspectos del Derecho Internacional, cuando afirmó que 47Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. Textos fundamentales, Madrid, 1992, pp. 296 y 297. 48Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, Suplemento nº. 1 (A/53/1), Nueva York, 1998, párrafos 1 y 2 (cursivas añadidas). 49D. COLARD, Les Relations internationales cit., p. 35.

31 "Chacun le sait, la notion même d'ordre international est chargée d'ambiguïtés profondes. Car le concept d'ordre international -si tant est qu'il en soit un - remplit, dans la vie des Etats et des peuples, des fonctions diverses. Il contient tout à la fois une dimension économique, une dimension sociale, une dimension culturelle... Il peut tout autant servir d'argument juridique aux Etat les plus puissants que de discours militant aux Etas les plus faibles. Bref, ce que nous appelons l'ordre internatioanl est tout aussi bien l'expression d'un rapport des forces présent que l'idéalisation d'une société à venir"50. Y, al mismo tiempo, el acontecer continuo de nuevos acontecimientos explica, por ejemplo, que el decenio de los noventa del siglo XX haya constituido, por ahora, en el periodo histórico en el que se han celebrado importantes Conferencias Internacionales que, con un carácter sectorial, han abordado, eso sí en un marco general, aspectos de las relaciones internacionales que preocupan a la humanidad. Entre ellas, podemos destacar, prácticamente en la segunda mitad del decenio y sin ánimo alguno de ser exhaustivos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Habitat II), celebrada en Estambul en 1996; la Conferencia internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en el Cairo en 1994; la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992; la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en 1995; la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pequín en 1995; la Segunda Conferencia Mundial sobre los derechos humanos, celebrada en Viena en 1993; la Cumbre sobre los Derechos del Niño, celebrada en Nueva York en 1990; y la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, celebrada en 1994. Aunque, a pesar de todo, la sociedad internacional, en sus comportamientos, siempre tiene algo de coyuntural y puntual y centra su atención, algunas veces en función de acontecimientos precisos. De este modo, los “ataques” del 11 de septiembre del 2001 han avivado, como hemos dicho, la cuestión relativa al terrorismo internacional y han supuesto la toma de decisiones, incluso por Naciones Unidas, en una materia que, durante largo tiempo, se encontraba en la agenda de multitud de Organizaciones Internacionales y que, en buena medida, se adormecía en el seno de las mismas. En definitiva, todo ello ha penetrando, sin duda y de un modo u otro, en ciertos sectores de las relaciones internacionales y, con el tiempo, podremos ir calibrando con mayor precisión la incidencia real de todo lo que va aconteciendo en el orden jurídico internacional. Resulta claro, en resumen, que el hombre contemporáneo está en un mundo, en el que la inestabilidad y la incertidumbre forman parte del contexto social en el que habita, sin que éstas sean, en concreto, características propias de los últimos años Así lo ha resaltado, en la doctrina 50R. B. ACHOIR y S. LAGHMANI (dirs.) Les nouveaux aspects cit., p. 10 (cursiva añadida).

32 española, J. A. Carrillo quien, al estudiar la evolución de las Naciones Unidas, ha señalado que la continua adaptación de esta Organización "a las cambiantes circunstancias de las relaciones internacionales y a las transformaciones experimentadas en la comunidad internacional es una realidad que justifica (la) afirmación (...) de que el signo del cambio ha presidido la historia de las Naciones Unidas entre 1945 y 1990"51. 3. Perfiles básicos de la sociedad y del ordenamiento jurídico internacionales No se descubre nada, pues, si se afirma que, como en tantas cosas, no es posible entender tampoco la sociedad internacional y su ordenamiento jurídico sin los parámetros propios de la naturaleza humana, porque el ser humano ha de enfrentarse, desde siempre, a la naturaleza de las cosas, o por decirlo con palabras de G. Boccaccio, en su célebre Decamerón, "es manifiesto que las cosas temporales, transitorias y mortales están, en sí y fuera de sí, llenas de dolor, angustia y fatiga, y sujetas a infinitos peligros; nosotros que vivimos mezclados con ellas y de ellas somos parte, no podríamos resistirles ni ponerles remedio si una especial gracia de Dios no nos prestara fuerza y prudencia" (Novela primera). Entender, por lo tanto, el Derecho Internacional contemporáneo exige, en nuestro caso y teniendo en cuenta estos factores, meditar sobre los rasgos básicos que lo configuran, y ello creo que puede hacerse tomando como punto de partida, antes de todo, cuáles son los elementos que definen, en esencia, a la sociedad internacional contemporánea y cuáles son, en realidad, las líneas básicas que configuran el actual ordenamiento jurídico internacional. Pero esto resulta, además, particularmente difícil, ya que, como ha indicado F. Sahagún "ante la desaparición del sistema bipolar y el surgimiento lento de un sistema nuevo, cuyos perfiles probablemente no se acabarán de definir hasta comienzos del siglo XXI, las teorías tradicionales de las relaciones internacionales se han visto seriamente cuestionadas y se echan en falta nuevas ideas"52. En tal sentido, hemos de recordar que, por un lado, el Derecho Internacional contemporáneo se configura como el ordenamiento jurídico encargado de regular las relaciones internacionales, estando claramente marcado por los elementos y las estructuras que definen la actual sociedad internacional. De manera muy simple, cabe decir que el Derecho Internacional es, en buena parte, reflejo de la sociedad que regula y, además, expresión de lo que los hombres, a través de las manifestaciones de organización política existentes, desean que ésta sea.

51J. A. CARRILLO SALCEDO, El Derecho Internacional en perspectiva histórica, Madrid, 1991, p. 113. 52F. SAHAGUN, op. cit., p. 29.

33 En palabras de A. de Luna, aunque es verdad que en otro contexto, "no es con buenos deseos, meros esquemas formales y trozos de utopía racionalista de un parte, ni con criterios estadísticos y simples descripciones de lo que acaece de otra, con lo que puede surgir una sistemática jurídica -si es que ésta es posible en el derecho internacional por su especial estructura- de lo que debe acaecer y es efectivamente la categoría de orientación de lo que acaece"53. De este modo, me centraré, primero, en algunos de los rasgos que definen a la actual sociedad internacional. Pero, por otro lado, como ya señalé "54. No sucede así, claro está, en la sociedad internacional en la que, como afirmó A. Cassese 55, lo que sirve de base, no obstante, para afirmar que han aparecido, y se van consolidando, en su ordenamiento jurídico ciertos principios que han alcanzado el rango de pilares estructurales del mismo. Ellos nos revelan buena parte del estado normativo en el que se encuentra el actual ordenamiento internacional y diseñan, al mismo tiempo, los límites a los que están sujetos los actores que intervienen las relaciones internacionales>"56. Al no disponer de unos mecanismos normativos de esta naturaleza y contenido, la búsqueda de los elementos centrales del ordenamiento jurídico internacional se nos hace más difícil y, sobre todo, impregnada de una cierta 53Prólogo a la obra de M. Raventós e I. Oyarzábal, Colección de textos internacionales, Barcelona, 1936, p. vii. 54Prólogo a la Constitución española, Madrid, 1991, pp. 13 ss.: "Por la función de seguridad sabemos a qué atenernos, tenemos certeza, sobre quién manda y cómo se manda" (...) "La tranquilidad en la vida social depende en gran parte de conocer previamente la respuesta a las preguntas ¿quién es competente para mandar? y ¿por qué cauces y por qué procedimientos se puede mandar?, (p. 14). La función de justicia nos trae la respuesta: ¿a qué se manda?, (p. 15). La función de legitimidad es la respuesta a ¿por qué se manda? y esta función es consecuencia de una adecuada organización de las de seguridad y justicia. "Supone la justificación de la organización jurídica y política (...) y también de los valores que la suministran razones para aceptar y obedecer al derecho" (p. 16). 55A. CASSESE, Le Droit International dans un monde divisé, París, 1986, p. 117. 56C. M. DIAZ BARRADO, La sociedad cit., pp. 38-39.

34 fragmentación. Esto no quiere decir que no haya elementos de certidumbre en el ordenamiento jurídico internacional y que, de alguna forma, no podamos configurar "un marco constitucional internacional". En tal sentido, lo que está claro es lo que se afirmaba en la Declaración con motivo del cincuentenario de las Naciones Unidas, es decir, que la Carta "ha proporcionado un marco duradero para la promoción y el desarrollo del derecho internacional. La promoción y el desarrollo continuos del derecho internacional deben proseguir, a fin de asegurar que las relaciones entre Estados se basen en los principios de la justicia, la igualdad soberana, los principios de derecho internacional universalmente reconocidos y el respeto del estado de derecho. Esta acción debe tener en cuenta las novedades que se están produciendo en las esferas de la tecnología, el transporte, la información y los aspectos relativos a los recursos y los mercados financieros internacionales, así como la creciente complejidad de la labor de las Naciones Unidas en los sectores de la ayuda humanitaria y la asistencia a los refugiados". De todas formas, sí merece la pena que expresemos las líneas básicas de algunos ámbitos de este sistema jurídico como son los relativos a los procesos de creación de normas, y ciertas cuestiones, siempre complejas, concernientes a la aplicación de las mismas. De este modo, me centraré, segundo, en algunos de los rasgos que definen al actual Derecho Internacional. 4. Algunas cuestiones del proceso histórico de configuración de la sociedad internacional y de su ordenamiento jurídico No debemos dejar pasar, tampoco, la oportunidad para expresar que, pese a todo, la sociedad y el orden jurídico internacionales son el resultado de un dilatado proceso histórico: La sociedad internacional contemporánea y el actual ordenamiento jurídico internacional, a pesar de que vayan acumulando o enriqueciendo los rasgos que los definen al hilo de los últimos acontecimientos, son en el fondo la expresión y la manifestación de un largo proceso de formación y evolución, cuyos orígenes pueden situarse en uno u otro periodo de la historia de la humanidad, aunque no se deba perder de vista que todos ellos han influido, de una otra forma, en la configuración de este ordenamiento. No le faltaba razón a J. Carrillo Salcedo, cuando afirmó, recogiendo el pensamiento de su maestro, que "el Derecho Internacional está en función de las formas históricas de Organización Internacional"57. En esta línea, se puede sostener que la sociedad internacional contemporánea, en sus dimensiones y manifestaciones más relevantes, encuentra sus fundamentos más inmediatos en la Paz de Westfalia y en el Sistema Europeo de Estados. En particular, el citado autor ha sostenido que "el Derecho Internacional 57J. A. CARRILLO SALCEDO, El Derecho Internacional en perspectiva cit., p. 180 (cursiva añadida).

35 tiene sus orígenes inmediatos en las relaciones que se dieron en Europa occidental desde el siglo XVI, caracterizadas por la transformación de la sociedad medieval en una pluralidad de reinos en los que los Príncipes reclamaban soberanía en el interior de sus territorios e independencia en sus relaciones exteriores"58. Pero, también, se podría recordar, con F. Mariño Menéndez, que "Podemos, pues, afirmar que los orígenes remotos de la Sociedad Internacional contemporánea se encuentran en las relaciones establecidas a principios de la Edad Media entre una pluralidad de entes políticos independientes, pertenecientes a culturas y aun a religiones y civilizaciones diferentes, que necesitaron relacionarse para proteger sus respectivos intereses"59. Lo que hay que resaltar, en todo caso, es que el análisis de los rasgos que caracterizan a la sociedad internacional contemporánea y la delimitación de los elementos propios del actual ordenamiento jurídico internacional, exigen necesariamente no olvidar los procesos históricos de formulación y maduración de ambos y, aunque éste no sea el momento apropiado para profundizar en ello, sí se podría rescatar, una vez más, el pensamiento de M. Aguilar Navarro, para quien el Derecho Internacional "es el más histórico de todos los derechos: su dependencia de las circunstancias sociales es extremada; peca acaso de una auténtica servidumbre en la que se encuentra con relación a los acontecimientos históricos". Para continuar indicando este autor que "La sociedad internacional es una sociedad en formación; el Derecho Internacional es un Derecho en proceso de gestación", de tal modo que en ausencia de una visión histórica nuestro ordenamiento resultaría incomprensible60. A decir verdad, el examen de buena parte de las normas e instituciones que, en la actualidad, conforman el Derecho Internacional no sería posible realizarlo de manera completa si no se atendiese, debidamente, a los orígenes y antecedentes históricos de las mismas. Por sólo citar dos ejemplos, podemos recordar cómo cuestiones que, en ocasiones, parece que se han planteado y suscitado hace tan sólo pocos años, encuentran sus últimas raíces en épocas más o menos pretéritas. De esta forma, no está mal recordar, como lo hace A. Pigrau Solé, al tratar sobre el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, que "la creación de este Tribunal no debe ser considerada como un hecho aislado en Derecho Internacional. Más allá de los precedentes creados tras la segunda guerra mundial, conecta con la tendencia iniciada con fuerza en los años veinte por algunos sectores doctrinales, e 58Ibid., p. 15. 59F. MARIÑO MENENDEZ, Derecho Internacional Público. Parte General, Madrid, 1995, pp. 1920. 60M. AGUILAR NAVARRO, Derecho Internacional Público, Madrid, 1952, t. I, vol. I., p. 35. También: POCH Y GUTIERREZ DE CAVIEDES, A. Consideración histórica del Derecho Internacional, R.E.D.I., 1968, pp. 548-569.

36 impulsada desde entonces en el seno de distintas asociaciones científicas (...)"61. Y lo mismo se podría decir del fenómeno de las minorías nacionales que, como se sabe, ha "reaparecido" con fuerza a partir del decenio de los noventa y que, sin embargo, recibió un tratamiento jurídico detallado durante el período de la Sociedad de las Naciones. Por esto, aunque C. Fernández Liesa en un ámbito específico de los derechos de las minorías, como es el caso de los derechos lingüísticos, sostenga, desde el principio, que "la cuestión de las lenguas y de los derechos lingüísticos es un tema novedoso desde la perspectiva jurídico internacional", también reconoce este autor que fue "objeto de un sistema de protección elaborado" en la época citada62. En el fondo, aunque es cierto que el ordenamiento jurídico internacional es un "producto histórico", también es verdad que lo realmente decisivo es que este ordenamiento se desarrolla y se nutre en "entornos históricos determinados". Dada la estructura política y económica del planeta, el entorno internacional es, por esencia y por naturaleza, extremadamente cambiante o, si se quiere, extraordinariamente dinámico. Se trata, por lo tanto, de poner de manifiesto que el contenido de las normas internacionales en vigor responde más al momento histórico, también con sus connotaciones normativas, en el que surten sus efectos, que al hecho, siempre relevante, de los orígenes históricos en los que encuentra su fundamento. En esta dirección, estimo que hay que interpretar las palabras de A. Truyol y Serra, cuando ha afirmado que "el Derecho que, al alba de los tiempos modernos, vio la luz junto con el sistema europeo de Estados, no es el Derecho Internacional, sino una de sus formas históricas"63. Por continuar con los mismos ejemplos, se podría observar con toda nitidez cómo la determinación de los derechos de las minorías nacionales varía sustancialmente en la actualidad de la regulación que ha recibido en el pasado, ya que los dos principios básicos y fundamentales en cuyo entorno han de ser diseñados ahora esos derechos no se encontraban plenamente consagrados con anterioridad. En efecto, sólo a partir de que se reconocen, con alcance general, la protección internacional de los derechos humanos y el derecho a la libre 61A. PIGRAU SOLE, Reflexiones sobre el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia desde la perspectiva de la codificación y el desarrollo progresivo del Derecho Internacional, A.H.L.A.D.I., 1994, pp. 212-213. 62C. FERNANDEZ LIESA, Derechos lingüísticos y Derecho Internacional, Madrid, 1999, p. 1. Lo mismo en C. M. DIAZ BARRADO, La protección de las minorías nacionales por el Consejo de Europa, Madrid, 1999. Véase, un trabajo completo y detallado: F. MARIÑO MENÉNDEZ, C. FERNÁNDEZ LIESA y C. M. DIAZ BARRADO, La protección internacional de las minorías, Madrid, 2001. 63A. TRUYOL Y SERRA, Historia del Derecho Internacional Público, Madrid, 1998, p. 15 (cursiva añadida).

37 determinación de los pueblos como principios estructurales del orden jurídico internacional, es cuando se pueden precisar los derechos que corresponden a las minorías, determinar sus contenidos y límites, así como articular sistemas eficaces de protección. Esto no quiere decir que el sistema de la Sociedad de las Naciones no produjera, en algunos casos, excelentes resultados, pero hay que tener en cuenta que, ya durante ese periodo, algunos (los más avanzados) situaron la cuestión de las minorías nacionales en el marco de la protección de los derechos humanos64. También, sólo en el marco de la actual sociedad internacional, con sus características, es comprensible jurídicamente la creación de ciertos Tribunales Penales Internacionales, sobre la base del principio relativo a la protección internacional de los derechos humanos y proyectados en el propósito básico de la comunidad internacional concerniente al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, por lo que A. Pigrau Solé ha podido constatar que, pese a que se venía sosteniendo que la creación de tribunales penales internacionales se debería llevar a cabo mediante tratado, en el asunto de la antigua Yugoslavia el mecanismo que se utilizó fue una decisión del Consejo de Seguridad con base en el Capítulo VII de la Carta65, algo absolutamente impensable no hace tantos años. Pero se podría llegar, incluso, más lejos y comprobar cómo, en ocasiones, lo que se produce es el cambio o modificaciones en ciertos aspectos de una determinada institución del ordenamiento jurídico internacional. En tal sentido, podemos contemplar que la protección diplomática permanece, en este ordenamiento, configurada de manera plena desde principios del siglo XIX, pero que, sin embargo, se están produciendo sucesivas transformaciones en numerosos aspectos de la misma. En efecto, la protección diplomática presenta, en la actualidad, una serie de rasgos y de elementos que determinan su configuración jurídica y que hacen que esta institución se nos presente en un determinado contexto social y normativo. En realidad, se advierte, al hilo de la práctica de los Estados en la materia, que la protección diplomática es una institución en constante proceso de evolución y ello hace que varíen no sólo su significado y efectos sino, incluso, el contenido y alcance de la misma, ya que se van incorporando, progresivamente, nuevos aspectos que afectan a su caracterización jurídica y a los elementos centrales para el ejercicio de la labores de protección. Desde luego, los aspectos centrales de la protección diplomática se mantienen prácticamente inalterables desde que se produjo el surgimiento de esta 64Vid., P. DE AZCARATE, Minorías Nacionales y Derechos Humanos, Madrid, 1998. Sobre la configuración actual, en particular, J. A. FROWEIN, Le droit des minorités entre les droits de l'homme et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Les nouveux aspects cit., pp. 123-136. 65Cfr., A. PIGRAU SOLE, Reflexiones cit., pp. 214 ss.

38 institución, estrechamente vinculada con el establecimiento de los Estados y con la afirmación de la soberanía como elemento principal y básico de las relaciones interestatales y, por ende, del ordenamiento jurídico internacional. Pero, al mismo tiempo, no contradice lo anterior, el hecho de que se han ido enriqueciendo los requisitos para su ejercicio y su puesta en práctica; se han establecido límites relevantes a ejercicio efectivo de la misma; y, además, se han ido perfilando, con mayor nitidez, el contenido y el alcance de la protección diplomática en todas y cada una de sus dimensiones. Lo que ha de quedar claro, en todo caso, es que la protección diplomática se nos presenta, en la actualidad, con unos rasgos que han hecho que se incida, de manera especial, en determinados aspectos de la misma y que ofrecen una configuración propia y singular de esta institución en el estado actual del ordenamiento jurídico internacional66. De todas maneras, cabe destacar, en esta línea, que existe una abundante práctica en materia de protección diplomática y, al mismo tiempo, se advierte una ingente documentación normativa en la materia. Como se ha dicho “la protección diplomática es un tema sobre el cual se cuenta con mucho material en la forma de codificación, convenciones, práctica de los Estados, jurisprudencia y doctrina. De hecho, es probablemente cierto que no existe ninguna otra rama del derecho internacional sobre el que exista tanto material. Sin embargo, ello no quiere decir que necesariamente haya claridad o certeza en las normas que gobiernan la protección diplomática en general”, siendo así que “las fuentes son en general incoherentes y contradictorias y apuntan a varias direcciones”67. Lo significativo, entonces, es que el carácter sumamente evolutivo de la institución de la protección diplomática y la abundante práctica en la materia harán que nos encontremos, en ocasiones, con bastantes dificultades a la hora de determinar, con rigor y exactitud, cuáles son las normas jurídicas que determinan y regulan el ejercicio de la misma, suscitándose distintas posiciones doctrinales e, incluso, manifestaciones y posiciones jurisprudenciales de distinto signo o que, por menos, sitúan el énfasis en unos u otros aspectos de la protección diplomática. Todo ello, como decimos, en el marco de una práctica de cada uno de los Estados que conforman la comunidad internacional que será, además de abundante, rica en matices. Dos conclusiones, pues, parecen ciertas: Primera: que el ordenamiento jurídico internacional "sufre" los sobresaltos que se van produciendo en la sociedad internacional y que éstos no son propios ni 66Cfr., C. M. DIAZ BARRADO, La protección diplomática en el Derecho Internacional contemporáneo, unidad docente, 2002. 67Comisión de Derecho Internacional. Tercer Informe sobre la Protección Diplomática, J. Dugard, Relator Especial, A/CN.4/523, 7 de marzo del 2002.

39 exclusivos de los últimos años, sino que van apareciendo, con relativa frecuencia, en el discurrir de los años. No le falta razón, entonces, a R. B. Achour cuando ha dicho que "Il reste à noter que ce n'est pas la première fois depuis la fin de la deuxième guerre mondiale que l'ordre international est en proie à des mutations et subit des transformations. Contentons nous de mentionner ici la formidable transformation de l'ordre international du fait de l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ou encore les progrès des sciences et des techniques qui ont fondamentalment changé les domaines du droit international, ses préoccupations voire même ses concepts"68. Segunda, que la consagración de las normas jurídicas en este ordenamiento no acontece de una forma precipitada sino que, por el contrario, salvo alguna excepción, es el resultado de un largo proceso de maduración histórica, tanto en sus dimensiones convencionales como consuetudinarias, en el que aparecen elementos de esta naturaleza y también se van sustanciando caracteres de contenido normativo. Como señalara C. Jiménez Piernas, "los contenidos, ya sean fenómenos sociológicos, hechos y comportamientos económicos o normas jurídicas, varían considerablemente con las circunstancias; los contenidos tienen siempre un alto grado de provisionalidad y debemos renovarlos muchas veces a lo largo de nuestra vida"69. Cualquier norma del Derecho Internacional puede ser examinada desde esta perspectiva y, seguramente, se llegue a la conclusión de que los contornos de la misma se van dibujando -con avances, retrocesos y estancamientos-, en el marco de procesos históricos determinados. Esto he dicho, por ejemplo, en relación con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional al señalar que ""70. Más aún, "el desarrollo normativo de estos principios no ha sido idéntico, 68R. B. ACHOUR, Actualité des principes de Droit International touchant les relations amicales et la coopération entre Etats conformément à la Charte des Nations Unies, Les nouveaux aspects cit., p. 32 (cursiva añadida). 69C. JIMENEZ PIERNAS, El método cit., p. 9 (cursiva añadida). 70"Así, por ejemplo, mientras que el principio de la igualdad soberana de los Estados es reconocido prácticamente desde el surgimiento, en la edad moderna, de los Estados-Nación; el principio a la libre determinación de los pueblos no se plasma realmente y con cierta eficacia jurídica hasta el decenio de los sesenta del presente siglo. En otros casos, la plena consolidación de un principio se ha producido de forma más rápida que la de otros, cuyos orígenes eran más remotos. De este modo, por ejemplo, el principio de no uso de la fuerza en las relaciones internacionales se consagró formalmente, y a nivel universal, antes que el principio de la no intervención, a pesar de que este último había sido reconocido, al menos en el ámbito regional, mucho antes que aquél". C. M. DIAZ BARRADO, La sociedad cit.

40 lo que supone que las normas jurídicas que dichos principios informan poseen un mayor o menor grado de precisión y, en consecuencia, imponen a los sujetos de derecho internacional obligaciones más o menos específicas", lo que permite "destacar el carácter evolutivo de estos principios hasta el punto de que, con el tiempo, no sólo vayan adquiriendo nuevos significados, sino que éstos lleguen a predominar en la concepción del principio en cuestión"71. En el contexto histórico actual, como en periodos históricos anteriores, la misión que le corresponde al Derecho Internacional es crear y consolidar un sistema normativo y un sistema institucional propios y coherentse que permitan y, a la vez favorezcan, tanto las relaciones "coexistenciales" como de cooperación, y que vayan sentado y asentando, por qué no, las bases para la existencia de una verdadera "solidaridad global". En palabras muy claras de C. Gutiérrez Espada, para ello este ordenamiento "sólo cuenta, podría decirse, con sus normas e instituciones"72. Pero hemos de apresurarnos a corroborar, antes de todo, la opinión expresada por este autor, en el sentido de que el Derecho Internacional Público "no ha logrado en su conjunto articular un sistema de instituciones análogo al que existe en los derechos internos"73, lo que no significa, pese a todo, que este ordenamiento jurídico no disponga en absoluto de mecanismos, también eficaces, para la creación y aplicación de sus normas. Y, al mismo tiempo, hemos de constatar que el conjunto de las normas e instituciones que integran el ordenamiento jurídico internacional, en paulatino proceso de expansión, se enfrentan a un lento y doloroso proceso de maduración. Para ilustrarlo, nada mejor que acudir a la propia noción, acogida y abandonada, de "crimen internacional". Como se sabe, tras lo trabajos realizados por el Sr. Ago en el marco de la responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos tuvimos la impresión de que, aunque fuese en un proyecto de artículos, la existencia de los crímenes internacionales, desde las perspectivas teóricas y prácticas, era aceptada por la comunidad internacional o, por lo menos, por el conjunto de Estados que conforman esta comunidad. No obstante, no sólo la desaparición de este concepto del proyecto de artículo 19 en el marco de los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional (C.D.I.) sino, sobre todo, los comentarios de ésta al respecto, nos muestran cuán difícil es dar por seguro la aceptación universal y cierta de determinadas normas internacionales (o conceptos básicos para el surgimiento de las mismas), siempre en entredicho en cuanto a su contenido y, casi siempre, en continuos procesos de

71Ibid. 72C. GUTIERREZ ESPADA, Derecho Internacional Público, Madrid, 1995, p. 61. 73Ibid., p. 86.

41 revisión74. A tal efecto, recordemos cómo la C.D.I. decía, en su Informe sobre los trabajos realizados en su 50ª periodo de sesiones, en 1998, que se habían expresado diferentes puntos de vista respecto a la inclusión o no de la noción de en el artículo 19, así como respecto a la distinción entre crímenes y delitos. Y se nos recordaba, en particular, que, según un determinado punto de vista, dicha noción no debería figurar en el citado artículo, ya que no encontraba fundamento en la práctica de los Estados y en la jurisprudencia. En concreto, "le droit internacional n'admettait pas l'existance d'une responsabilité pénale de l'Etat ni celle d'un mécanisme permettant de mettre en oeuvre cette responsabilité", por lo que no había razones para incluir en el proyecto una noción jurídica que la comunidad internacional no estaba dispuesta a aceptar. Es verdad, no obstante, que se nos recordaba que, desde otro punto de vista, la noción de crimen de Estado, tal y como se enunciaba en el artículo 19, era fundamental y constituía, junto a otras, uno de los fundamentos necesarios del orden público internacional, estando firmemente enraizada en la conciencia pública, por lo que el derecho no podía ignorarla75. Observamos, con todo, ciertas especificidades del orden jurídico internacional y, sobre todo, el lento y pausado proceso de formación de normas jurídicas en el seno de este ordenamiento. La propia estructura de la sociedad internacional favorece y propicia que así sea, por lo que no debemos perder de vista que el examen de cada norma o principio del Derecho internacional se debate, constantemente, con los elementos que prueban o no su plena consagración y aceptación por el conjunto de los Estados que conforman la comunidad internacional, en un, siempre incierto, proceso histórico de maduración. Esto podemos observarlo, incluso, cuando se trata de principios que se estiman fundamentales en el orden jurídico internacional. A mi juicio, por ejemplo, el principio de la no intervención no encuentra el modo de cerrar, definitivamente, los perfiles de su contenido. A lo mejor, durante principios del decenio de los ochenta del siglo XX, se tuvo la impresión, desde la perspectiva doctrinal y desde la constatación de la propia práctica de los Estados, de que este principio había 74Véase el interesante y reciente trabajo de C. GUTIERREZ ESPADA, El punto final (¿ ?) de un largo debate: los -crímenes internacionales-, R.E.D.I., 2001 pp. 1-48. Y, con un carácter más general, ¿Quo vadis responsabilidad? (del -crimen internacional a la violación grave de normas imperativas-), C.E.B.D.I., 2001, vol. IV, pp. 391-564 75C.D.I., A/CN.4.496, 16 de febrero de 1999, C.D.I., Ginebra, 3 de mayo-23 julio de 1999, p. 17, párr. 110 y p. 17, párr. 111. Ver, entre otros, O. CASANOVAS Y LA ROSA, Unidad y pluralismo en Derecho Internacional Público, Cursos euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, 1998, pp. 230 ss.; y A. PELLET, Remarques sur une révolution inachevée. Le projet d'articles de la Commission du Droit International sur la responsabilité, A.F.D.I., 1999, pp. 7-32, en particular, pp. 18-24. Vid., también del mismo autor, La Commission de Droit International, pour quoi faire?, Home. B. Ghali, Bruselas, 1998, pp. 583-612.

42 alcanzado, no sólo su autonomía normativa frente a la igualdad soberana de los Estados (de la que se presentaba tradicionalmente como corolario), y de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales (debido a lo espectacular de la manifestación "por excelencia" de la intervención, es decir, "la intervención armada")76, sino que, al mismo tiempo, había logrado instaurarse, sin fisuras, como norma indiscutible del Derecho Internacional. Ahora, da la impresión de que este principio continúa sin encontrar la manera de afirmarse rotundamente, ya que, en aspectos esenciales del mismo, se sigue poniendo en entredicho su certero contenido. Ya el Tribunal Internacional de Justicia, en la sentencia citada, no logró, desde mi perspectiva, emplear las palabras adecuadas cuando abrió la puerta a la posibilidad de aceptar intervenciones lícitas e ilícitas, privando así al desarrollo de la norma, por lo menos terminológicamente, de su cabal proceso de maduración. Por su parte, mucho más recientemente, el propio Secretario General de las Naciones Unidas, en el Informe sobre la Cumbre del Milenio, dejaba claro que tenía dudas respecto al contenido del principio y, curiosamente, titulaba el apartado correspondiente con las expresiones "El dilema de la intervención"77. Como hace tiempo indiqué, la naturaleza político-jurídica del principio de la no intervención, se hizo especialmente patente en relación con los motivos alegados por los Estados Unidos para justificar una determinada conducta de «intervención» en Nicaragua, de tal modo que, como lo indicó el Tribunal, "en diversas ocasiones las autoridades de los Estados Unidos han expuesto claramente los motivos que tenían para intervenir en los asuntos de un Estado extranjero y que se referían por ejemplo a la política interior de este país, a su ideología, a su nivel de armamentos o a la orientación de su política exterior. Pero se trataba en este caso de la exposición de consideraciones de política internacional y nunca de la afirmación de normas del Derecho Internacional actual"78. Pero cabría preguntarse: 76Primero, es verdad, como indicó el Tribunal Internacional de Justicia, en su sentencia relativa a las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, en 1986, que existen estrechas relaciones entre el principio del respeto de la soberanía y los principios que prohíben el uso de la fuerza y la no intervención, llegando a afirmar que "los efectos del principio del respeto de la soberanía territorial y los efectos de los principios que prohíben el uso de la fuerza y la no intervención hasta cierto punto se recubren inevitablemente" (T.I.J. Recueil, 1986, p. 118, párr. 251). Y, segundo, no podemos olvidar que el principio de la no intervención en los asuntos internos de los Estados ha recibido desarrollos normativos autónomos. Más allá, de la inclusión en el artículo 2, 7 de la Carta de las Naciones Unidas (aunque se podría discutir su significado), fue recogido, como tal, en la Resolución 2625 (XXV). Pero, sobre todo, en la Resolución 2131 (XX), de la A.G. de las Naciones Unidas, Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía, de 24 de diciembre de 1965; y, todavía más, en la Resolución 36/103 de la A. G., Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención y la injerencia en los asuntos internos de los Estados, de 9 de diciembre de 1981. 77Informe sobre la Cumbre del Milenio (El Papel de las Naciones Unidas en el siglo XXI. Documentos Oficiales, Nueva York, 2000), párrs. 215-219. 78T.I.J. Recueil, 1986, p. 99, párr. 207.

43 ¿qué sucedería en el caso de que esas consideraciones políticas comenzasen, cada vez con mayor amplitud e intensidad, a penetrar en el orden jurídico internacional? A mi juicio, es conveniente tratar de un modo más riguroso todo el fenómeno de la intervención y alinearse, con espíritu de militancia, con posiciones como la expresada por el Presidente del T.I.J., el juez Nagendra Singh, cuando dijo que "I cannot conclude this opinion without emphasizing the key importance of the docrine of non-intervention in the affairs of States which is so vital for the peace and progress of international community. To ignore this doctrine is to undermine international order and to promote violence and bloodshed which may prove catastrophic in the end"79. En definitiva, muchas de la reflexiones que se realizan en torno a la licitud o no de la denominadas "intervenciones de humanidad" no tienen suficientemente en cuenta, a mi juicio, el contenido del principio de la no intervención, y ello con independencia de que los pronunciamientos en cuestión sean a favor o en contra del reconocimiento de la licitud de comportamientos de ese tipo80. Por si fuera poco, el rechazo a la admisibilidad de las denominadas "intervenciones ideológicas" se continúa haciendo más desde la perspectiva de los derechos de los Estados a determinar, en libertad, su régimen político, que desde la óptica de la prohibición para otros Estados de llevar a cabo comportamientos que quiebren ese derecho y, menos aún, desde la visión exclusiva del principio de la no intervención. De este modo, cabría recordar la posición adoptada por el Tribunal Internacional de Justicia en el asunto citado, cuando sostuvo que la elección por Nicaragua de un determinado régimen político no suponía una violación del Derecho Internacional consuetudinario. "concluir lo contrario equivaldría a privar de su sentido al principio fundamental de la soberanía de los Estados en el que se apoya todo el Derecho Internacional y la libertad de cada Estado de elegir sus sistemas político, social, económico y cultural"81. Para resumir, se podría decir que, por un lado, el Derecho Internacional del tiempo presente es una de las manifestaciones históricas de este ordenamiento jurídico. Por otro lado, nos encontramos aún, pese a los desarrollos que ciertamente se han producido, en una etapa aún inicial de la formación de este ordenamiento jurídico por lo que respecta al contenido de sus normas. Por último, la evolución histórica que ha experimentado el Derecho Internacional demuestra que, todavía, están ausentes elementos de consolidación respecto, incluso, a principios 79Ibid., p. 156. Opinión individual. Vid. C. M. DIAZ BARRADO, La sociedad cit., pp. 32-33. 80Un trabajo reciente sobre esta cuestión: J. F. ESCUDERO ESPINOSA, Cuestiones en torno a la intervención humanitaria y el Derecho Internacional actual, Universidad de León, 2002. 81Cfr., F. MARIÑO MENENDEZ, Derecho Internacional Público cit., p. 96. (T.I.J. Recueil, 1986, párr. 263).

44 esenciales del ordenamiento jurídico internacional. El entorno en el que ha de cumplir sus funciones el Derecho Internacional queda, entonces, diseñado; y todo hace presagiar que, tanto por razones sociológicas como normativas, el lento discurrir de la formación de este ordenamiento jurídico debe concebirse en el marco de los parámetros que definen, desde unas y otras perspectivas, a la actual sociedad internacional. También, desde las concepciones que, desde unas y otras ópticas, lo perfilan normativamente. En esencia, la figura y los contornos "prácticamente acabados" del derecho de gentes están lejos en el tiempo y, en la actualidad, lo que cabe constatar es que este ordenamiento jurídico está inmerso, desde su génesis, en un complejo proceso de formación. La aparición de determinados valores tales como la paz, el desarrollo, los derechos humanos y la democracia estarán, sin duda, presentes en la configuración del sistema jurídico internacional en los próximos años. Desde luego, se podrían abordar con detenimiento, aunque no es posible ahora, las relaciones entre ciertos valores que van penetrando, progresivamente, en el "sistema internacional" y, sin duda, entre éstas se encuentra la vinculación democracia-derechos humanosdesarrollo. Las posiciones, al respecto, son muy diversas e, incluso, como ha indicado S. Belaid, se podría hablar de una crisis de valores. En efecto, para este autor, las deficiencias actuales del orden político internacional y del derecho que lo regula, que provocan una situación de crisis, encuentra sus orígenes "en una crisis de valores del sistema político y jurídico de la sociedad internacional"82. Lo relevante ahora, para nosotros, es apuntar, aunque no coincidamos plenamente con las consecuencias que finalmente se extraen, el significado de la reflexión de S. Belaid, para quien "le trait fondamental et contradictoire à la fois, de l'idéologie est d'un côté, leur vocation à l'universalité, sans laquelle ils perdraient une grande partie de leur valeur et de leur signification mais d'un autre côté, le fait que ces valeurs ne peuvent se réaliser qu'à l'échelle de l'Etat, dans le cadre de l'Etat et, avec la bonne volonté de l'Etat"83. Con independencia de la profunda realidad que se esconde en estas expresiones, podemos resaltar que, quizá, sea el sector relativo a la protección de los derechos humanos donde la vinculación democracia-paz-desarrollo y derechos humanos hace que todos estos valores hayan adquirido un mayor significado o, por lo menos, que se proyecten con mayor intensidad; y que, de esta manera, se aprecie que no será posible prescindir del análisis de los mismos en los estudios jurídicos en torno al significado y funciones del ordenamiento jurídico internacional. 82S. BELAID, loc. cit., p. 300. 83Ibid., p. 302.

II. El Derecho Internacional en una Sociedad sumamente heterogénea Para entender el ordenamiento jurídico internacional, es imprescindible meditar en torno a las características que definen la sociedad internacional contemporánea o, con mayor profundidad, sobre los elementos concretos que configuran su "estructura actual". La doctrina internacionalista ha sabido definir, sin duda y con precisión, estos rasgos característicos, y no sólo aquellos plenamente establecidos, aunque no inmutables, sino también aquellos otros que apuntan claramente su nacimiento. Así se ha dicho, entre otras cosas, que se trataba de una sociedad universal84, heterogénea85, descentralizada e inorgánica86, básicamente interestatal y no integrada87. También, se ha hablado, con reiteración, de las estructuras que en ella perviven y cohabitan, pudiéndose categorizar: una sociedad internacional de 84Universalidad que, ciertamente, se debe entender en varios sentidos. Por un lado, es evidente el aumento en el número de actores que intervienen en las relaciones internacionales. Por otro lado, resulta significativa la incorporación a la sociedad internacional de actores plurales y diversos; y finalmente, queda claro que se está produciendo un fenómeno, cada vez mayor, de globalización de los problemas. J. A. CARRILLO ha dicho que la "sociedad internacional actual ha llegado a ser una sociedad verdaderamente mundial. Se asiste hoy, en efecto, al desarrollo de un fenómeno de mundialización generalizado: mundialización de la economía, mundialización científica y técnica, mundialización de las comunicaciones y de los intercambios, mundialización de la información", Droit International et souveraineté des États. Cours général de droit international Public, Recueil des Cours de l'Académie de Droit International, 1996, vol. 257, p. 51. 85C. GUTIERREZ ESPADA destaca que es una sociedad heterogénea "por cuanto sus componentes son enormemente diversos y diferentes entre sí" y en cuanto se "encuentra profundamente dividida", Derecho Internacional cit., p. 25 (cursiva añadida). Asimismo, véanse las posiciones que se expresan en N. Q. DINH, P. DAILLIER, y A. PELLET, Droit international Public, 6ª ed., París, 1999. También, D. COLARD ha afirmado, con rotundidad que "Le milieu international n'est pas homogène mais hétérogène", Les Relations internationales cit., p. 35. 86Para P. M. DUPUY, "Même si l'accroissement effectif du rôle des organisations internationales atténue quelque peu le phénomène, on doi ainsi constater que la société internationale reste décentralisée", op. cit., p. 3, párr. 5 (cursiva añadida); y Ch. DE VISSCHER, Théories et réalités en droit international public, 3 ed., París, 1960. Por su parte, D. COLARD ha indicado que uno de los elementos que definen a la sociedad internacional es su carácter "imparfait, inorganisé et peu structuré", Les Relations internationales cit., p. 16. 87En palabras de F. MARIÑO MENENDEZ estamos ante una sociedad internacional "en cuyo seno aún hoy no son claramente verificables procesos claros de integración social e ideológica, a escala de la humanidad", Nociones de Derecho Internacional, Zaragoza, 3ª ed., 1991, p. 16 (En Derecho Internacional Público. Parte General, Madrid, 1995, este autor afirma que se trata de una sociedad "no organizada y no integrada", p. 29). Por su parte, hasta los que no son internacionalistas, como A. Ruiz Miguel, destacan el carácter básicamente interestatal de la sociedad internacional. Este autor ha indicado, en particular, que "el Estado, es el destinatario no único pero sí dominantemente privilegiado (de las normas internacionales) hasta reducir casi a excepción el todavía reciente proceso de incorporación de nuevos sujetos, como las personas individuales en algunos ámbitos limitados, como el relativo a los derechos humanos o también, y precisamente, el de la responsabilidad por crímenes de guerra", Guerras justas e injustas: entre la moral y el derecho, Cursos de Derecho Internacional de Vitoria/Gasteiz, 1991, pp. 115-116.

46 yuxtaposición (o relacional), una sociedad internacional institucionalizada, y una sociedad internacional comunitaria88. Más aún, desde la atalaya del pensamiento, R. J. Dupuy, en un atractivo análisis, llegó a observar el planeta como la ciudad terrestre, concibiéndola preferentemente desde la perspectiva de la humanidad, y como una entidad única que emerge del actual sistema internacional. Para él, ésta sería la nueva estructura social del futuro89. En la misma línea, aunque con una visión retrospectiva, M. Lachs nos ha desvelado que "heureusement la dernière décennie de ce siécle a vu le début d'un changement radical. Les divisions du monde ont disparu et la stratégie géopolitique qui a dominé notre globle a perdu sa raison d'être. Il en va de même du facteur que représente l'idéologie dans les relations internationales. Le monde qui se déploie devant nos yeux est un monde multicolore mais ce monde est fait désormais d'une seule pièce. Ce monde devrait ouvrir ses portes à tous les hommes de toutes les nations et leur procurer une vie libre et décente"90. En el seno de este discurso, y consciente de que todos los elementos señalados están presentes, y algunos más, en la actual sociedad internacional, quizá convenga profundizar selectivamente en ciertos rasgos que la definen. A tal efecto, estimo que uno de los elementos que configuran, de manera esencial, la sociedad internacional contemporánea, y desde el cual se pueden abordar y examinar otros aspectos de la misma, es con toda seguridad el carácter heterogéneo de esta sociedad, porque, en el fondo, será este elemento, a mi juicio, el que nos permita hablar del tránsito de la sociedad internacional contemporánea a la sociedad internacional del tiempo presente. Como lo ha indicado C. del Arenal nos encontramos en presencia de "un sistema en el que la heterogeneidad a todos los niveles y relaciones, producto paradójico de un proceso de universalización y globalización llevado a cabo desde 88Veánse, P. REUTER, Principes de Droit International Public, R.C.A.D.I., 1961-II, pp. 425-656; y R.J. DUPUY, Le Droit International, 5º ed., París, 1976, pp. 23 ss. (así como Communauté internationale et disparités de développement, R.C.A.D.I., 1979-IV, pp. 9-232). En la doctrina española, respecto a la estructura institucional A. G. CHUECA SANCHO ha señalado que, aunque estemos ante una comunidad internacional heterogénea y escasamente integrada, poco a poco se va dando una institucionalización de la misma. Dicha institucionalización se produce de modo simultáneo y no coordinado a nivel universal, regional e incluso subregional, mediante las oportunas Organizaciones Internacionales" Proyecto docente, Zaragoza, 1992, p. 24. En relación con la estructura comunitaria, ya A. MIAJA DE LA MUELA destacó que el amplio contraste "de unos miembros de la sociedad internacional con otros nos demuestra la debilidad de los vínculos comunitarios que ligan a la totalidad de los Estados actuales; pero no puede de ello deducirse la inexistencia radical de tales vínculos (...)", Introducción al Derecho Internacional Público, 7ª ed., Madrid, 1979, p. 13. 89R. J. DUPUY, L Cloture du système international. La cité terrestre, París, 1989. Véase, asimismo, La Communauté internationale entre le mythe et l'histoire, París, 1986. 90M. LACHS, Le Droit International a l'aube cit., p. 542 (cursiva añadida).

47 Occidente, ha pasado a transformarse en uno de los factores determinantes de las dinámicas del actual sistema mundial, determinando desde el fenómeno creciente del regionalismo hasta el cambio en la naturaleza de los conflictos"91. Pero, además, desde una perspectiva estrictamente jurídica, el elemento de la heterogeneidad adquiere un papel sumamente relevante y se va a proyectar, en esencia, en el conjunto de normas y principios que configuran el ordenamiento jurídico internacional. Estimo que, de este modo, y aún más allá, se podrían interpretar las palabras, con las que coincido, de C. Gutiérrez Espada, para quien "la heterogeneidad de la sociedad internacional contemporánea constituye un dato esencial para comprender en profundidad cuál es la misión de su ordenamiento jurídico, cómo es su sistema normativo y en qué consiste y por qué su sistema institucional. O, con más concreción, la división y diversidad de la sociedad internacional contemporánea es la que explica la ampliación de las funciones del DIP, es la que condiciona el sistema normativo al hacerlo incierto y favorecer, así, su quebrantamiento, y es, en fin, la que condiciona su aparato institucional, impidiendo la existencia de órganos internacionales comunes y fuertes y entorpeciendo el funcionamiento de los que existen"92. No sé si queda algo más por explicar, pero de lo que se puede estar seguro es de que el elemento de la heterogeneidad, que como veremos seguidamente se manifiesta fundamentalmente en la diferencia y en la desigualdad e, incluso, en la diversidad, es un punto de partida inexcusable para comprender, hasta dónde se pueda, los perfiles de la sociedad internacional contemporánea y, lo que es más importante para nosotros, los rasgos esenciales que definen al actual ordenamiento jurídico internacional. Desde la heterogeneidad, como decimos, se puede pues consignar una vez más que en esta sociedad internacional abundan las diferencias y las desigualdades. Hemos de constatar que en la sociedad internacional son más acusadas, que en otras sociedades humanas, las diferencias y las desigualdades entre los actores que intervienen en las relaciones internacionales y que, en nuestro caso, trataremos en su condición de sujetos del Derecho Internacional o destinatarios de normas internacionales. H. Thierry, en tan sólo dos páginas, ha llegado a emplear abundantes términos que subrayan estos aspectos, al decir que es una sociedad en la que están presentes divisiones, contradicciones, antagonismos, desuniones, desacuerdos y divergencias93; y, en tal sentido, cabría recordar, por lo que respecta a la influencia que ello tiene en el Derecho Internacional, el ya clásico trabajo Ch. Chaumont, centrado en lo que él denominó las contradicciones de

91C. del ARENAL, Los cambios en la sociedad cit., p. 12 (cursiva añadida). 92C. GUTIERREZ ESPADA, Derecho Internacional cit., pp. 29-30 (cursiva añadida). 93Cfr., H. THIERRY, Cours général de droit international cit., pp. 20-21

48 nuestro ordenamiento94. Pero veámos algunas de las diferencias y desigualdades que se dan, no sólo entre los que ocupan conjuntamente un determinado espacio de la subjetividad internacional en relación con el resto, sino también entre los que poseen prima facie el mismo grado de subjetividad y, sobre todo, los términos actuales en los que éstas se plantean, para que podamos constatar después que, pese a todo, el Derecho Internacional continúa encargándose de cumplir sus dos funciones básicas, hoy seguramente más integradas entre sí: asegurar la coexistencia pacífica y garantizar la cooperación. J. A. Carrillo ha destacado que el Derecho Internacional "responde a una doble necesidad: regular la coexistencia de Estados soberanos y jurídicamente iguales, de un lado, y, de otro, satisfacer intereses y necesidades comunes. Estas son las raíces del Derecho Internacional Contemporáneo y éstas son igualmente, desde sus orígenes, sus dos funciones básicas (…)" 95. Por lo tanto, observemos, con cierto detalle, una Sociedad, como la internacional, que marcada por las notas de la desigualdad y de la diversidad de una manera "desgarradora", también de los actores internacionales, encuentra manifestaciones en los ámbitos ideológicos, sociales y culturales; y una sociedad "dramáticamente" impregnada de desigualdades cuya expresión más destacable, aunque no única, es el grado de desarrollo de los Estados y de los pueblos que habitan en el planeta. Sociedad que, sin embargo, se proyecta como una sociedad de carácter universal que se desarrolla y desenvuelve en un entorno mundial y global. De esta manera C. Gutiérrez Espada ha afirmado que podría decirse que "según la sociedad así será el Derecho. Si la primera es fuerte, no hay desigualdades sociales o de poder exorbitantes, el Derecho de esa sociedad será posiblemente, o podrá serlo con más facilidad, firme y claro, ordenado y justo. Si la sociedad, por el contrario, está dividida profundamente por ideologías contrapuestas, por irritantes desigualdades en el poder y la riqueza, el Derecho de esa sociedad se verá influido por el caos del que emana"96. Todas estas reflexiones se hacen, no obstante e insistimos, desde la óptica de los efectos que todos y cada uno de los elementos señalados, producen o pueden producir en el ordenamiento jurídico internacional y, por ende, en los principios y normas que emanan del mismo.

94CHAUMONT, Ch. Course général de droit international public, 1970-I, vol. 129, pp. 335-528. 95J. A. CARRILLO SALCEDO, Curso cit., 96C. GUTIERREZ ESPADA, Sobre las funciones, fines y naturaleza del Derecho Internacional Público Contemporáneo, Home. M. Hurtado Bautista, p. 54.

49 1. Una Sociedad internacional diversa en busca de una "relativa homogeneidad" Las diferencias en la sociedad internacional son expresión, como es sabido, de la existencia de relaciones entre grupos de naturaleza heterogénea tanto desde el punto de vista ideológico-político como sociológico y cultural. Pero, asimismo, estas diferencias se aprecian, con prisma estrictamente jurídico, desde el momento en que no puede sostenerse lo que J. Barberis denominó esa visión uniforme de la comunidad internacional que pretendía que todos sus miembros perteneciesen a una misma especie97. Ello hay que completarlo hoy, como veremos, con lo dicho, por ejemplo, por A, PELLET, para quien no hay dudas de que la coexistencia entre Estados soberanos constituye la primera característica de la sociedad internacional. Los Estados "están en el origen del derecho internacional contemporáneo"; representan el papel fundamental; y son los principales sujetos de este ordenamiento jurídico tan particular; pero, a pesar de que están en el corazón del derecho que regula la sociedad internacional, no son los únicos sujetos98. Desde esta perspectiva, se pueden apreciar, sin embargo, dos elementos que están, sin duda, presentes en la actual sociedad internacional y que se reflejan, de manera nítida, en el Derecho Internacional del Tiempo Presente: Por un lado, y lo que es peor, una visión rápida a la configuración de las relaciones internacionales contemporáneas, nos permitiría decir que, también desde la óptica del ordenamiento jurídico internacional, se establecen diferencias "injustificadas" entre los destinatarios de las normas del mismo. Aunque no profundicemos en ello, podemos recordar las palabras de B. Delcourt y O. Corten, quienes, al examinar detenidamente diversos supuestos de la práctica y desde diferentes dimensiones, quisieron dejar constancia, en particular, de que la comparación entre el trato dispensado respectivamente a Israel y a Libia, en el sector relativo a los derechos humanos, constituye, sin duda, uno de los ejemplos más claros de la política consistente en la existencia de dos varas de medir99. A decir verdad, no se trata de algo nuevo ni sorprendente porque, como lo indicó A. Rodríguez Carrión, "ya es clásico en los estudios internacionalistas señalar cómo el propio ordenamiento internacional establece discriminaciones entre los Estados, en atención a su situación en la escala social internacional"100. Abundan, pues, los ejemplos en los que se hace patente un trato 97Cfr., J. BARBERIS, Los sujetos del Derecho Internacional actual, Madrid, 1984, p. 28. 98A. PELLET, Cfr., Le droit international à l'aube cit., p. 67. 99Cfr., B. DELCOURT y O. CORTEN, La face cachée du nouvel ordre mondial: l'application discriminatoire du droit international, loc. cit., p. 37. 100A. RODRIGUEZ CARRION, El Derecho Internacional en el umbral del siglo XXI, Universidad de Málaga, 1999, p. 14.

50 diferenciado en la comunidad internacional, muchas veces en razón de los sujetos eventuales beneficiarios o titulares de determinados derechos. El propio Secretario General de las Naciones Unidas ha constatado, en la Memoria de 1999, que "si bien la crisis de Kosovo ha dominado los titulares de la prensa mundial este último año, en general se ha hecho caso omiso de crisis de igual o mayor gravedad en otras partes del mundo", llegando a decir, con un sentido profundo, que "si esta negligencia se limitara únicamente a los medios de información, la situación no tendría mayor gravedad, pero la falta de atención de los medios de información refleja la actitud de buena parte de la comunidad internacional, como ha resultado evidente en la disminución del apoyo con que se ha respondido a los llamamientos humanitarios para África"101. Por otro lado, nada tiene que ver lo anterior, en cuanto al fondo, con el hecho de que, en el ordenamiento jurídico internacional, se coloca a los sujetos cuyas relaciones regula en "situaciones jurídicas subjetivas internacionales determinadas"102, pero sí tiene que ver respecto al influjo de la diferencia, de la desigualdad y de la diversidad y, en último término, de la heterogeneidad de la sociedad internacional, en la configuración del ordenamiento jurídico. En este marco conceptual, adquieren pleno sentido las denominadas, en palabras de F. Mariño Menéndez, "situaciones específicas y condiciones particulares internacionales de los Estados"103, lo que sería perfectamente aplicable a otros sujetos o destinatarios de normas jurídicas internacionales104. Sobre estas bases, hemos de observar que la heterogeneidad, como factor sumamente relevante de la sociedad internacional contemporánea, se deja sentir con fuerza en el ordenamiento jurídico internacional y aquí radican, en buena parte, las diferencias que tradicionalmente se establecen entre este ordenamiento y los ordenamientos jurídicos internos. Dos conclusiones podemos, pues, extraer, de lo que venimos indicando: Primera, la sociedad internacional, lo que tendría necesariamente reflejo en el ordenamiento jurídico internacional, es una sociedad muy diversa y en la que 101Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, Nueva York, 1999, p. 10, párr. 71 (cursiva añadida). 102F. MARIÑO MENENDEZ, Derecho Internacional Público cit., p. 74. Y de este autor, un reciente e interesante trabajo que presenta elementos de alcance general: Las situaciones jurídicas subjetivas al Derecho Internacional público, Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, vol III-1999. 103F. MARIÑO MENENDEZ, Derecho Internacional Público cit., pp. 121 ss. 104Nada de lo anterior debe interpretarse en el sentido de que se quiebre, por estas vías, el principio de la igualdad soberana de los Estados y el significado más profundo del mismo. A. Pellet, lo ha dicho con toda claridad: "Il faut bien comprendre que l'égalité souveraine n'est pas une description factuelle, mais une constatation juridique", ya que no se puede sostener razonablemente que los Estados sean iguales de hecho, pero sí que lo son en derecho, A. PELLET, Le droit international à l'aube cit., p. 54.

51 abundan las desigualdades en todas sus manifestaciones y dimensiones. Segunda, precisamente por la existencia de estas diversidad,es nos podemos encontrar ante supuestos en los cuales el ordenamiento jurídico internacional ofrezca soluciones distintas. El carácter diverso de la sociedad internacional lleva, a la postre, a la configuración de un "derecho situacional", que no siempre responde, sin elementos de discriminación, a situaciones parecidas. Con palabras muy claras A. Remiro Brotons ha dicho que "naturalmente, los Estados a los que se imputa justamente una condición criminal deben ser sancionados, pero por las instituciones con que cuenta hoy la sociedad internacional y respetándose los requisitos del debate contradictorio sin el cual no cabe una aplicación imparcial y, en lo posible, objetiva de las normas"105. A) La diversidad en los actores internacionales y algunas de sus dimensiones en el ordenamiento jurídico internacional: Todos sabemos que una de las peculiaridades de la sociedad y del ordenamiento internacionales de primeros del siglo XX, era que el Derecho Internacional se concebía como un Derecho de Estados y para los Estados o, al menos, que resultaba inconcebible afirmar en el Derecho Internacional la existencia de otros sujetos que no fuesen los Estados. Difícilmente podría imaginar la doctrina científica de la época que, tan sólo en cincuenta años, un Tribunal Internacional se iba a pronunciar en una dirección radicalmente contraria o que, por lo menos, se abría de para en par la puerta para que penetrasen, en la sociedad internacional y en el ordenamiento jurídico internacional, otros “actores” que pudieran alcanzar la condición de “sujetos”. En efecto, es de sobras conocido que, en su Dictamen sobre reparación de daños sufridos al servicio de Naciones Unidas, el T.I.J. afirmó, en 1949, que "los sujetos de Derecho en un sistema jurídico no son necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza o a la extensión de su derechos; y su naturaleza depende de las necesidades de la comunidad". Más aún, "el desarrollo del Derecho Internacional a lo largo de su historia ha estado influenciado por las exigencias de la vida internacional, de modo que el crecimiento progresivo de las actividades colectivas de los Estados ha hecho surgir ejemplos de acción ejercida en el plano internacional por ciertas entidades que no son Estados"106. En la actualidad, está claro pues que los Estados no son los únicos creadores del orden jurídico; que el conjunto de las normas que florecen en su seno no están destinadas exclusivamente a ellos; que ni tan siquiera son los únicos que 105A. REMIRO BROTONS, Universalismo cit., p. 31. 106T.I.J. Recueil, 1949, pp. 178-179.

52 están legitimados para exigir o reclamar por su incumplimiento; e, incluso, que no son los únicos que pueden incurrir en responsabilidad internacional. Por todo esto, podemos resaltar: En primer lugar, que en las relaciones internacionales intervienen ahora actores de muy diversa naturaleza que reclaman y toman posiciones diversas en el ámbito jurídico, lo que propicia la existencia de nuevas diferencias y desigualdades, con lo que se acrecienta y consolidad la heterogeneidad. Por lo que, ante todo, se puede decir que la sociedad internacional "est juridicament hétérogène en ce qu'elle est composée de sujets de nature diverse"107; y que, por lo tanto, "la comunidad internacional forma un sistema global de interacciones, en el que los Estados son los principales elementos, pero no los únicos"108. En segundo lugar, y aunque estaría a mi juicio fuera de lugar profundizar en este momento en la naturaleza y el contenido de los diversos entes que reclaman o a los que se les atribuye ya cierta personalidad jurídica internacional, sí quisiera, no obstante, constatar, en la misma línea, que, a lo largo del presente siglo, ha aumentado considerablemente el número de entes que se encuentran en tal situación; así como que se ha producido la extensión de sus derechos y obligaciones en el sistema internacional; y, además, que en cada una de las categorías que se pueden establecer los "nuevos entes con trascendencia jurídica" realizan, en ocasiones, diferentes funciones. Más aún, de alguna forma, y finalmente, por centrarnos en ciertos ámbitos, podemos decir que se ha producido una pérdida relativa del protagonismo del Estado, como sujeto único del derecho internacional clásico, y que se aprecia con mayor nitidez una presencia mayor que, además, va en aumento, en particular, de las Organizaciones Internacionales y de la persona humana. Desde luego, no puede negarse ya de ninguna manera la pérdida de cierto protagonismo del Estado en las relaciones internacionales, situación que se observa de un modo particular en los procedimientos de creación de normas y en la progresiva ampliación del conjunto de destinatarios de las mismas. Incluso desde la percepción más exigente con las condiciones para admitir la adquisición de subjetividad en el ordenamiento internacional, puede hacerse notar que los Estados no son los únicos dotados de capacidad para hacer valer sus derechos y reclamar frente a actos que los vulneren; además, ni siquiera se puede sostener en nuestros días que sean exclusivamente ellos los que puedan incurrir en responsabilidad internacional.

107A. PELLET, Le droit international à l'aube cit., p. 99. 108D. COLARD, Les Relations internationales cit., p. 32.

53 a) Ciertas cuestiones sobre el Estado en el orden internacional Por lo que se refiere al Estado, es verdad que se puede constatar cierta pérdida de protagonismo de este ente en la sociedad internacional contemporánea, habiéndose llegado, en ocasiones, a subrayar el declive del Estado como actor principal de las relaciones internacionales y, en consecuencia, las debilidades de la soberanía, como concepto jurídico, en el marco de esta sociedad básicamente interestatal, y, en definitiva, como elemento básico y primordial que define al ente estatal. En suma, aspectos esenciales y trascendentales en la configuración progresiva del ordenamiento jurídico internacional en todas sus manifestaciones. A mi juicio, se puede seguir sosteniendo, no obstante, que "le fondement de la société internationale contemporaine est l'institution étatique, sujet de droit international par excellence. Il en est ainsi en raison du fait que l'Etat était considéré comme l'expression politique et juridique d'une réalité socio-politique et culturelle -L'Etat-Nation-, le socle solide d'une identité collective suffisamment pérenne pour pouvoir garantir à la fois, la cohésion et l'autonomie de décision et d'organisation politique interne minimale et, pour asumer le statut politique et juridique nécessaire pour entrer valablement en relation avec les autres entités politiques, dans le cadre des principes juridiques fixés par le droit international", pero también es cierto que algunos hechos pueden poner en cuestión, aunque sea parcialmente, este postulado109. Por de pronto, el proceso de desintegración que ha acontecido en la antigua Unión Soviética y en algunos Estados del Este de Europa y las luchas fraticidas y con vocación secesionista que tienen lugar en el continente africano, por citar acontecimientos más recientes, responden también al hecho de que los Estados, tal y como están configurados, no satisfacen en ocasiones los objetivos de las poblaciones que en ellos habitan. Por ello, se llega a dudar de la validez universal del Estado-Nación110, como fórmula de organización político-social adecuada, en la medida en que en un mismo Estado habitan grupos que por motivos étnicos, religiosos o lingüísticos no se identifican, en modo alguno, con el Estado en cuestión. La imagen del "Puente de Mitrovika" podría resumir, bastante bien, esta realidad incontestable que, con toda seguridad, tiene consecuencias muy directas en la formulación del ordenamiento jurídico internacional. Ahora bien, esto no explica, a la luz de los hechos, que el Estado en cuanto tal sea objeto de discusión, porque, ¡paradoja!, la disgregación de un Estado lo que da lugar, usualmente, es a la creación de más Estados o, por lo menos, los movimientos secesionistas tienden y aspiran a la creación de nuevos Estados. Con radicalidad, se diría que el objetivo básico de los grupos integrados en un Estado 109Cfr., S. BELAID, Rapport de synthèse, Le nouveaux aspects cit., p. 283. 110J. A. CARRILLO SALCEDO, Droit International cit., p. 54.

54 que ponen en cuestión el Estado en el que habitan lo que pretenden, en el fondo, es constituir un nuevo Estado que asegure una mayor identidad entre la estructura política a crear y la voluntad popular existente. Por esto, deberíamos preguntarnos si las reivindicaciones procedentes de movimientos nacionalistas o de minorías nacionales lo que están haciendo, en realidad, no es si no fundamentar aún más el Estado como fórmula política preferente y, en consecuencia, como sujeto pleno y prioritario del ordenamiento jurídico internacional. Desde esta perspectiva, hay que coincidir, pues, con F. Sahagún, para quien "con todos sus defectos y limitaciones, a pesar del declive anunciado por los abanderados de la telépolis, el Estado nación tiene muy difícil sustituto a medio y largo plazo. Ninguna otra organización social y política proporciona el sentimiento de identidad imprescindible para un buen gobierno"111. “La crisis” que afecta al Estado se concreta tanto en el plano externo como interno. Si desde el primero se puede observar una cierta incapacidad del Estado para encauzar fenómenos tan intensos como la globalización, no menos importantes son algunos graves conflictos a que puede verse sometido y que pueden afectar a su cohesión interna. Desde una perspectiva jurídico-internacional, un interés especial han despertado estos últimos, porque, como se sabe, han conducido a una cierta revitalización y actualización de instituciones tan importantes como la protección de las minorías, el reconocimiento de Estados o la sucesión de Estados112. Incluso se ha llegado a suscitar la remodelación de las relaciones entre algunos grupos y el Estado al que pertenecen y del que no se sienten representados, como ha ocurrido con los pueblos indígenas; este sentido se apuntaba, precisamente, en el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas del Mundo, en el que se reconocía que estos pueblos "tienen el derecho de determinar libremente sus relaciones con los Estados"113. Otros factores contribuyen, también, a restar protagonismo al Estado en el orden internacional y, por ende, en el seno específico del ordenamiento jurídico internacional. Entre estos quizá merezca la pena señalar: el fuerte impulso que está recibiendo el regionalismo y que ha supuesto el desarrollo de procesos de 111F. SAHAGUN, op. cit., pp. 310-311. 112S. SUR, Sur quelques tribulations de l'État dans la société internationale, Revue Générale de Droit International Public, tome 97, 1993, nº 4, p. 885. 113Incluso se sostenía en él que "los tratados, acuerdos y demás arreglos entre los Estados y los Pueblos Indígenas son propiamente asuntos de interés y responsabilidad internacionales" (UNITED NATIONS, ECOSOC, Doc. E/CN.4/1995/2, E/CN.4/Sub.2/1994/56, de 28 de octubre de 1994, p. 84, Informe de la Subcomisión de Prevención de discriminaciones y protección a las minorías sobre su 46º Período de sesiones, Relator: Sr. Osman EL-HAJJE, Ginebra, 1 a 26 de agosto de 1994). Véase R. L. BARSH: Indegenous peoples: an Emerging Object of International Law, American Journal of International Law, vol. 80, nº 2, 1986, pp. 369-384.

55 integración en diversos continentes; las dificultades a las que se enfrentan ciertos Estados por sus escasas dimensiones y su absoluta dependencia económica; y, finalmente, los procesos de "desintegración social" que acontecen en determinados Estados y que dan lugar a lo que podemos denominar "Estados en situación de catástrofe" o, como decimos que los define el Sr. B. B. Ghali, "los Estados en quiebra”114. Si bien los dos últimos supuestos, pese a que, en algunos casos, generen, desde diferentes puntos de vista, situaciones difíciles y desgarradoras, podrían tener, sin embargo, una cierta dimensión anecdótica, algo que no sucede, sin embargo, con el primero de los factores señalados. Desde luego, podemos indicar antes de todo, con A. Rodríguez Carrión, que "las organizaciones internacionales no sólo tienen la capacidad de solucionar problemas con los que individualmente los Estados no pueden enfrentarse, sino que con frecuencia establecen objetivos que a los Estados les resultarían inviables", por lo que "las organizaciones internaciones suponen un ataque funcional, por elevación, a la soberanía de los Estados"115. Pero este "ataque" se hace evidente y palpable cuando se trata de procesos de integración que, precisamente, adoptan como fórmula jurídica preferente la creación de Organizaciones Internacionales regionales. Sin duda, el proceso de integración europea sirve mejor que cualquier otro para ilustrar esta situación y, por ello, se pueden suscribir las palabras de A. Mangas y D. Liñan en el sentido de que "la sustancia de la que se nutre este Tratado" (TUE) "es federal y, por ende, política. No sólo los preceptos iniciales (arts. 1-7) están a todas luces impregnados de la esencia y del método federal, sino que los tratados CE, CECA y CEEA, desde su fundación se han servido del método federal"116. Y, aunque menos avanzados en el logro de los objetivos que se han marcado, se podrían también citar, con todos los matices que se quiera, otros procesos de integración tales como Mercosur o la Comunidad Andina117. En definitiva, lo que queremos poner de manifiesto es que el desarrollo de estos procesos de integración, al tiempo que restan protagonismo al Estado como tal en la escena internacional, nos muestran cómo, desde Organizaciones Internacionales, se pueden ir generando y modificando normas internacionales que, 114Acto de investidura cit., p. 20. A mi juicio, se trataría de "Estados en situación calamitosa". Asimismo, el proceso de mundialización ha sido interpretado como un elemento de pérdida de competencias del Estado, Cfr., M. SALAH MOHAMED, Mondialisation et souveraineté de l'Etat, J.D.I., 1996-3, pp. 611-662. 115A. RODRIGUEZ CARRION, El Derecho Internacional en el umbral del siglo XXI cit., p. 18 (cursiva añadida). 116A. MANGAS MARTIN y D. LIÑAN NOGUERAS, Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 2ª ed., Madrid, 1999, p. 21. 117Vid., C. M. DIAZ BARRADO, Iberoamérica cit.

56 por ello, adquieren y responden a nuevas perspectivas. Así, por citar algunos ejemplos, podemos recordar lo que sucede con la introducción del concepto de una ciudadanía común; lo relativo a "la política exterior" de las Organizaciones en cuestión; y lo concerniente a los mecanismos de solución de controversias en el seno de procesos de integración de esta naturaleza. Por lo que se refiere a lo primero, es verdad que cuando la integración alcanza importantes grados de "cooperación política", ello va a afectar a elementos esenciales que, tradicionalmente, se situaban en el "núcleo duro" de la soberanía estatal. Y esto sucede, precisamente, con la aparición del "concepto de ciudadano" de una determinada Organización Internacional que, pese a que se articule y defina sobre la base de la pertenencia de las personas a un Estado miembro de la Organización, alcanza un cierto grado de autonomía no sólo como concepto sino, también, desde la óptica normativa118. En este sentido, la ciudadanía de la Unión Europea es un buen ejemplo, no sólo práctico, que pone de relieve, con todas las limitaciones que se quiera, cierta pérdida de competencias de los Estados y la adquisición de las mismas por un proceso de integración en un sector especialmente sensible de la soberanía estatal. Es verdad, que en el seno de la Unión Europea, aún no se han extraído todas las consecuencias posible de la concesión del estatus de ciudadano a los nacionales de los Estados miembros, pero los avances que se han producido muestran, a las claras, que el proceso de integración europea ha entrado a diseñar un nuevo modelo de relaciones inter-estatales. La ciudadanía de la Unión debe ser concebida, por ahora, en los términos expresados por A. Mangas y D. Liñán, es decir, que "los nacionales de un Estado no ven disminuidos sus derechos <propios de la esfera estatal, sino que como consecuencia de un proceso que integra pueblos, que los hace, más iguales y más libres, es decir, con más derechos, comparten esos derechos propios con los nacionales de los otros Estados miembros>", pero es que, además, "los nuevos derechos vinculados estrictamente a la ciudadanía se pueden disfrutar, tanto en el interior del Estado del que son nacionales como en el territorio de los otros Estados miembros"119. En relación con lo segundo, los efectos más sobresalientes de la puesta en marcha de un "acción exterior común" por parte de los Estados miembros de los diversos procesos de integración se van desvelando progresivamente a medida que avanza el proceso de integración y se asumen, con pérdida de competencias por parte de los Estados miembros, nuevos ámbitos de actuación por parte del "ente 118Vid., un examen completo, en J. M. RODRÍGUEZ BARIGÓN, La ciudadanía de la Unión Europea, Madrid, 2002. 119A. MANGAS MARTIN y D. LIÑAN NOGUERAS, Instituciones cit., pp. 309-310.

57 integrador". Aunque la Unión Europea sería un buen ejemplo, no hay que olvidar que, en otros casos, también se aspira a que la Organización Internacional que lidera el proceso de integración asuma protagonismo propio en la escena internacional. En este sentido, estimo que hay que interpretar "los deseos" de la Comunidad Andina por elaborar, diseñar y llevar a cabo su propia "política exterior" y que, aunque sea poco, ha producido algunos resultados120. Como tuve la oportunidad de señalar "con ocasión de la celebración del XXX aniversario de la adopción del Acuerdo de Cartagena se celebró, el 27 de mayo de 1999, el XI Consejo Presidencial Andino que dio lugar a la denominada Acta de Cartagena. En ésta se decía, con toda claridad, que , siendo así que "121. Comoquiera que sea, el espacio históricamente reservado a los Estados va siendo ocupado por otros entes que, si bien es cierto que responden todavía y básicamente a impulsos estatales, paulatinamente van adquiriendo más protagonismo en la escena internacional. Por último, es verdad como lo ha indicado E. Rey Caro que "la ausencia de instancias internacionales universales obligatorias a imagen de las existentes en los ordenamientos jurídicos estatales" es lo que hace que cada proceso de integración, teniendo en cuenta sus propias características, elabore y diseñe mecanismos de solución de controversias"122, pero es que, tras ello, se encierra la realidad de que en los procesos de integración los mecanismos de solución de controversias adquieren dimensiones específicas, tanto por lo que se refiere a los procedimientos de solución, como a la determinación de los contenidos de los mismos. Basta, en esta línea, comparar las reglas generales en materia de arbitraje 120Vid., en particular, la Decisión 458 sobre los "Lineamientos de la Política Exterior Común"; y la Decisión 431, de 3 de abril de 1998, por la que se procede a la incorporación de la Comunidad a la Asamblea General de las Naciones Unidas en calidad de observador. 121C. M. DIAZ BARRADO, Iberoamérica cit. 122Cfr., E. REY CARO, La solución de controversias en el Mercosur, A.A.D.I., 1996-1997, p. 279.

58 internacional con el sistema arbitral establecido en el seno de Mercosur para poder observar cómo varían las mismas123. En suma, cabría concluir, que el Estado continúa siendo el protagonista de las relaciones internacionales y, por ende, el principal sujeto destinatario de las normas internacionales pero que, al mismo tiempo, diversos factores van haciendo posible que otros entes de "identidad y entidad no estatal" vayan asomando progresivamente a la escena internacional, también como impulsores y destinatarios del ordenamiento jurídico internacional. O como lo señaló el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. B. B. Ghali, "tenemos que convencernos de que el orden internacional del futuro deberá plantearse en una sociedad internacional que duda de su propias estructuras y, singularmente, de la primera de ellas: el Estado"124. No obstante, no puede dudarse del protagonismo que mantiene el Estado soberano en el sistema internacional como sujeto originario y principal destinatario de las normas jurídicas internacionales. A pesar de las sombras que se ciernen sobre él, en un contexto general cambiante, lo cierto es que constituye aún un componente necesario en el modelo de relaciones internacionales que conocemos en nuestros días, toda vez que, como afirma J. A. Carrillo Salcedo, "l'institution étatique reste le fondement de la société internationale. L'institutionnalisation progresive de la communauté internationale n'a pas déplacé les États souverains, et il est indiscutible que la structure de celle-ci reste encore décentralisée"125. b) El ascenso de las Organizaciones Internacionales en el orden internacional En relación con la Organizaciones Internacionales, sobre la base de que cada Organización, como ha señalado J. A. Carrillo Salcedo, "es un instrumento para la puesta en práctica de la función de cooperación permanente e institucionalizada entre Estados en una determinada materia"126, cabe decir que, en general, el fenómeno de la Organización internacional está en alza y no sólo porque haya aumentado considerablemente el número de ellas, superior en la actualidad al de Estados, sino porque en algunas Organizaciones internacionales todo apunta a que se encuentran inmersas en un paulatino proceso de desarrollo institucional y de consecución de los objetivos y fines a los que responden. Destaquemos, no obstante que, entre las Organizaciones Internacionales, las diferencias existentes van más allá de las meras diferencias de hecho, en el 123C. M. DIAZ BARRADO, Iberoamérica cit. 124Acto de investidura cit., p. 19. 125J. A. CARRILLO SALCEDO, Droit International cit., p. 57. 126J. A. CARRILLO SALCEDO, Curso de Derecho Internacional Público. Introducción a su estructura, dinámica y funciones, 2ª ed., Madrid, 1991, p. 60.

59 sentido de que por su propia naturaleza, éstas siempre difieren jurídicamente, pudiéndose señalar, entre los factores para evaluar tales diferencias fundamentalmente los siguientes: lo establecido en sus respectivos tratados constitutivos y en la práctica desarrollada en el seno de las mismas; la mayor o menor influencia de los Estados miembros en las decisiones que adopten y, por ende, la eficacia de estas decisiones; los fines específicos para los cuales fueron creadas; y, cómo no, el mayor o menor grado de integración del que gocen. Más aún, lo que se puede apreciar, a la luz del examen de la práctica internacional, es que el progresivo desarrollo de las Organizaciones internacionales se manifiesta en todos los ámbitos y en todas las dimensiones y, por si fuera poco, de una forma u otra, todos los espacios del planeta se ven inmersos en este proceso de expansión. De todos modos, se observa un relativo avance por parte de algunas Organizaciones Internacionales en el logro de los fines específicos para los cuales fueron creadas, tal y como hemos tenido la oportunidad de comprobar. Por esto, quizá lo más llamativo y conveniente ahora sea reflexionar sobre alguna Organización específica, en particular, sobre el papel que deben desempeñar las Naciones Unidas, ya que esta Organización merece, a nuestro juicio, algunos comentarios adicionales en relación con las consecuencias de la acción de la misma en el ordenamiento jurídico internacional. Y es que no le falta razón al Secretario General de la Organización cuando afirma, en el Informe sobre la Cumbre del Milenio que "naturalmente, las Naciones Unidas existen para prestar servicios a sus Estados Miembros. Es la única entidad de su clase con miembros de todo el mundo y un ámbito amplio que abarca tanto aspectos del quehacer humano. Estas características las convierten en un foro útil como ningún otro para compartir información, llevar a cabo negociaciones, elaborar normas y dar expresión a las expectativas, coordinar el comportamiento de los Estados y otras entidades y ejecutar planes de acción comunes. Debemos asegurar que la Naciones Unidas desempeñen estas funciones de la manera más eficiente y eficaz posible"127. A la hora de valorar con carácter general el papel de las Naciones Unidas y su "revitalización" como Organización capaz de asumir algunas de las funciones para las cuales fue creada, hay que retener, de antemano, con Chemillier-Gendreau, que el sistema jurídico internacional contemporáneo reposa básicamente sobre dos polos: la presencia y la acción de las Naciones Unidas y la existencia de Estados soberanos, dueños de sus relaciones internacionales128. Y si bien no es necesario insistir sobre los efectos beneficiosos que en las 127Informe sobre la Cumbre del Milenio cit., párr. 8. 128M. CHEMILLIER- GENDREAU, La solution de la crise des Nations Unies: Application de la Charte plutót que revision, R.B.D.I., 1987, pp. 28-40, en concreto, p. 28.

60 relaciones internacionales produce la existencia de una Organización Internacional como las Naciones Unidas, en cuyo seno se vienen haciendo visibles, desde siempre, las discrepancias entre los Estados que conforman la comunidad internacional, sí es preciso recordar, no obstante, lo que se vino a denominar la "crisis de las Naciones Unidas"129, en el sentido de que la Organización era incapaz de asumir plenamente el protagonismo que le correspondía: asegurar por completo el mantenimiento de la paz a escala regional y mundial; reordenar la consecución del objetivo del desarme global; impedir las violaciones flagrantes de los derechos humanos; y, sobre todo, diseñar el marco adecuado que permitiese el desarrollo económico de todos los Estados de la Comunidad Internacional. Aunque parezca mentira, el decenio de lo noventa nos deparó dos percepciones encontradas respecto al papel desempeñado o por desempeñar por las Naciones Unidas, aunque quizá se trate, por decirlo así, de dos dimensiones diferentes que no tienen por qué interpretarse necesariamente en términos contradictorios sino complementarios. Por un lado, se han acentuado las posiciones relativas a que el sistema institucional de las Naciones Unidas y, en consecuencia, la Organización en su conjunto está inadaptada a la hora de hacer frente a los nuevos desafíos que se presentan en la sociedad internacional. Las Naciones Unidas, según esta visión, no pueden cumplir con eficacia las funciones que debería cumplir y no pueden responder, de manera idónea, a los nuevos retos presentes en esta sociedad. De manera radical, J. A. Carrillo Salcedo ha dicho que "reformemos la Carta o se adapte la Organización a los nuevos desafíos, el problema básico seguirá siendo el mismo: el de su incapacidad (...)"130. Esto lleva, necesariamente, a que se lancen propuestas de reforma o, por lo menos, a que se indique que es difícil continuar con el actual esquema de organización si se quiere que Naciones Unidas cumpla con eficacia los fines para los que fue creada. Todo ello, y mucho más, ha hecho posible, por lo tanto, que se suscite la eventual reforma no sólo de la Carta de las Naciones sino, también, de la propia estructura de la Organización131. Pero, por otro lado, y aunque ciertamente todavía, "las Naciones Unidas no son capaces de hacer respetar suficiente y universalmente los principios de base

129A. LEWIN, La coordination au sein des Nations Unies: Mission impossible?, A.F.D.I., 1983, pp. 9-22. 130J. A. CARRILLO SALCEDO, La ONU, cincuenta años después, Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz, 1995, p. 33 (cursiva añadida). 131Chr. TOMUSCHAT, L'adaptation institutionnelle des Nations Unies au nouvel ordre mondial, Les nouveaux aspects cit., pp. 159-173. En la doctrina española, un trabajo reciente, aunque cenrado en un órgano de las Naciones Unidas, R. RIQUELME CORTADO, La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. El incremneto de sus miembros y su más adecuada representación equitativa, Madrid, 2000.

61 sobre los que se creó"132, estimo que se ha producido, no obstante, un cambio en la percepción de esta Organización Internacional a nivel mundial. Tal y como se dejaba entrever en la Memoria del Secretario General de 1992, a éste le preocupaba sobremanera el logro de una estabilidad financiera, porque "en el tumulto de exigencias que se le impone, no puede darse el lujo de convertirse en víctima de su propia popularidad, de sufrir una crisis de expectativas y no, como sucedía anteriormente, de falta de credibilidad en su capacidad de alcanzar consensos"133. El relevante papel que la Organización de las Naciones Unidas ha de tener; el giro que se produjo en la percepción de esta Organización a principios de los años noventa; así como el resurgimiento de su prestigio y autoridad -¿lo que esperábamos que no fuera ilusorio?- comenzaron, en particular, cuando pudo comprobarse que la Organización resultaba eficaz en la resolución y pacificación de los conflictos de carácter regional, de tal modo que se iba consolidando finalmente como un elemento integrador y favorecedor de la convivencia internacional. Y todo ello, sobre la base de lo que se señalaba en el primer párrafo de la Declaración con motivo del cincuentenario de las Naciones Unidas, es decir, que "la Carta es expresión de las aspiraciones y los valores comunes de la humanidad". Claro que sí, las Naciones Unidas han servido mejor que nunca, en los últimos tiempos, como medio imprescindible para la pacificación de conflictos regionales, y se han ido poniendo de relieve, en particular, los resultados obtenidos por el Secretario general en el ejercicio de sus funciones de mediador. En esta línea, Parece que el Secretario general, J. Pérez de Cuellar, quiso hacer realidad su propio pensamiento, cuando indicó que en periodos de tensiones y dificultades, "su misión es buscar todas las posibilidades que puedan presentarse para mejorar la comunicación y los acercamientos entre los Estados en desacuerdo, y sacar partido de estas posibilidades. En mi opinión, negarse a actuar y no preocuparse del resultado de una cuestión o diferencia por parte del Secretario general será

132M. CHEMILLIER-GENDREAU, loc. cit., p. 30. 133Memoria sobre la labor de la Organización del cuadragésimo sexto al cuadragésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General, septiembre 1992, p. 18, párr. 44. Pero diversos peligros acechan también a la labor que han de realizar las Naciones Unidas en el ejercicio de las funciones que, en los últimos años, "reasumió". Nada mejor para comprobarlo que valorar la acción del Consejo de Seguridad en el desarrollo de su principal función, es decir, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, de tal modo que podría suceder, si no se realizan los debidos ajustes, que el valor de la paz y seguridad internacional en el seno de este órgano, como lo ha indicado V. Abellán, no coincidiese con "el valor de paz y seguridad internacional incorporado en el Derecho Internacional", V. ABELLAN HONRUBIA, La amplitud del concepto de mantenimiento de la paz y seguridad internacional por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: fundamento jurídico y discrecionalidad política, Homenaje M. Díez de Velasco cit., p. 17.

62 absolutamente inadmisible. Es necesario que sea imparcial pero no indiferente"134. De este modo, por citar algunos ejemplos, el fin del conflicto bélico entre Irán e Iraq, las negociaciones tendentes a poner fin a los conflictos de Namibia y Angola, la búsqueda de una solución a la cuestión chipriota, la participación directa en los procesos de pacificación en Centroamérica, la solución al conflicto de Kampuchea, las aportaciones a la solución del conflicto en Timor Oriental y la preparación de un plan de paz para el Sahara, cuya aplicación, como se sabe, no deja de ser turbulenta, son, entre otras, actuaciones que pasan a engrosar el haber de las Naciones Unidas. En tales casos, la O.N.U. se suma así a la función de coexistencia que cumple el Derecho Internacional, y se revela como el foro más adecuado para discutir y resolver los problemas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Pero, en perspectiva mundial, quizá fuera la crisis del Golfo Pérsico la que reveló que las Naciones Unidas deberían tener un protagonismo más cualitativo en la escena internacional. Por lo menos, como lo ha señalado L. I. Sánchez Rodríguez, "La actuación del Consejo de Seguridad durante la crisis (...) ha dado lugar a apasionados juicios de valor en términos políticos; pero ha dado ocasión también para desempolvar las olvidadas páginas del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para analizar, con mayor precisión, desde un punto de vista jurídico, las competencias que el sistema le atribuye. La crisis ha servido al menos, para reexaminar el sistema en toda su complejidad y con todas sus implicaciones, y para terminar de convencer a los analistas de la potencialidad de un mecanismo al que la guerra fría había sumido en un profundo y largo letargo"135. En suma, cabría recordar con M. Lachs que se abrieron nuevas perspectivas en lo relativo a la posibilidad de aplicar las disposiciones de la Carta, de manera que Naciones Unidas llegase a ser una Organización Internacional muy eficaz136. Y, en esta línea, y no en otra, se sitúa la invitación que se contenía en la declaración de 31 de enero de 1992, aprobada tras la reunión celebrada por el Consejo de Seguridad a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, para que el Secretario General de la Organización preparase un análisis así como recomendaciones respecto a los medios "para fortalecer y hacer más eficientes, dentro del marco de la Carta y sus disposiciones, la capacidad de las Naciones Unidas en materia de diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y

134J. PEREZ DE CUELLAR, Le rôle de Secrètaire général des Nations Unies, R.G.D.I.P., 1985, p. 235 (cursiva añadida). 135L .I. SANCHEZ RODRIGUEZ, La invasión de Kuwait por Iraq y la acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Cursos de Derecho Internacional de Vitoria/Gasteiz, 1991, p. 22 (cursiva añadida). 136M. LACHS, Le Droit International a l'aube cit., p. 542.

63 mantenimiento de la paz"137. Por supuesto que queda pendiente una adaptación de la Organización con el objeto de que la misma resulte eficaz y que se establezca una situación onusiana en la que el diseño y funcionamiento de las Naciones Unidas coincida, en esencia, con la realidad internacional del teimeo presente en la que debe actuar. En tal sentido, está claro que las modificaciones más relevantes deberían centrarse en la nueva estructura orgánica y en la composición, sobre todo, de los órganos principales de la Organización; en la determinación de los propósitos y principios de la Organización con una revisión a fondo de los mismos; y en las competencias y funciones, delimitando el ámbito de actuación, de la propia Organización. Pero nada de ello impide suscribir las palabras del Secretario General de la Organización, para quien "el papel singular de las Naciones Unidas en la nueva era mundial proviene de su composición y alcance y de los valores compartidos consagrados en nuestra Carta. Nos incumbe la tarea de asegurar que la mundialización proporcione beneficios no sólo a algunos, sino a todos; que la paz y la seguridad se mantengan, no sólo para unos pocos, sino para muchos; que existan las oportunidades, no sólo para los privilegiados, sino para todos los seres humanos"138. Para continuar indicando que "las Naciones Unidas son necesarias hoy mas que nunca para salvar las diferencias del poder, cultura, tamaño e intereses entre los Estados, de modo que puedan ser el lugar en el que se expongan claramente la causa de la humanidad común y se la haga avanzar. Hace falta más que nunca un ordenamiento jurídico internacional sólido, junto con los principios y la práctica del multilateralismo, para definir las reglas fundamentales de una nueva civilización mundial en la que pueda expresarse el mundo en toda su rica diversidad"139. Desde luego, que hemos resaltado algunos de los resultados más sobresalientes de las Naciones Unidas y que, al mismo tiempo, se podría hablar de algunos síntomas de debilitamiento de la Organización que se aprecian, con nitidez, a la estela de acontecimientos más recientes como podrían ser la acción de la Alianza Atlántica en Kosovo; o las acciones militares de los Estados Unidos en Afganistán, a partir de finales del 2001; o, incluso, de las sombras que se ciernen en la actualidad en relación con el destino final la guerra contra Iraq. Todo ello, sin mencionar los diferentes supuestos en los que se produce, con claridad, una pasividad de Naciones Unidas ante situaciones que, con seguridad, suponen violaciones graves del ordenamiento jurídico internacional. 137Un programa de paz, Nueva York, 1992. 138Informe sobre la Cumbre del Milenio, párr. 45. 139Ibid.

64 En definitiva, debemos constatar el importante avance de las Organizaciones internacionales en la escena internacional y, en consecuencia, está claro que van a influir, de manera directa, en la formación y consolidación de los principios y normas que integran el Derecho Internacional del Tiempo Presente. Por lo menos, habría que decir, con Daniel Vignes, que “il n'est moins vrai que l'importance que les organisations internationales ont prise dans les activités de la vie internationale a obligé à de nombreuses modifications du droit international. Sans doute restent-elles dans leur existence très dépendantes des États mais il est difficilement concevable que ceux-ci puissent les éliminer, au contraire certaines compétences des États déperisent au profit des organisations et ils ont souvent été obligés de se plier à des regles qui, dans des domaines chaque jour plus nombreux, sont l'expressión de la solidarité internationale. Leur participation à la conclusión de traités multilatéraux les amenent à devenir elles-mêmes membres des organisations internationales en est un des plus beaux exemples"140. c) La persona humana "en alza" en el orden jurídico internacional En relación con el ser humano, su influencia en el orden jurídico internacional ha sido destacada, entre nosotros, por J. A. Pastor Ridruejo, para quien el Derecho Internacional contemporáneo tiene un acusado carácter humanista y social, "se interesa así por lo pronto de la protección de los derechos fundamentales del hombre"(...) y por "la suerte de los pueblos, poniendo las bases jurídicas para su autodeterminación y sentando los principios y cauces para el desarrollo integral de los pueblos e individuos"141. En este sentido, el Derecho Internacional "aspira mediante la protección internacional de los derechos del hombre (...) a la imposición de obligaciones a los Estados respecto a todos los individuos, nacionales o extranjeros, y a que los individuos puedan reclamar directamente contra el Estado infractor ante instancias internacionales en caso de vulneración de sus derechos"142. Quizá nadie dudaría en afirmar la legitimidad del pensamiento que atribuyese la personalidad internacional exclusivamente al ser humano, pero nadie tampoco podrá afirmar que sea ésta precisamente la idea-fuerza que inspira y hace funcionar la maquinaria de las actuales relaciones internacionales y de su ordenamiento jurídico. En todo caso, no dejan de ser bellas, por expresivas, las palabras de Lelio Basso, para quien "la communauté des hommes- donc les peuples et les minorités nationales- sont les véritables sujets de l'histoire... L'Etat n'ést q'un 140D. VIGNES, Les organisations internationales sont-elles devenues des sujets de plein droit du Droit International Public?, en Estudos en Homenagem ao Prof. Doutor A. FERRER CORREIA, Coimbra, 1991, pp. 99-100. 141J. A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Publico, Madrid, 1ª ed., 1986, p. 68. 142Ibid., p. 185.

65 des instruments dont le peuple se sert pour agir mais n'est rien en soi... Les sujets de l'histoire sont les peuples, qui sont également les sujets du droit"143. Se puede decir, por lo menos y con independencia de las cuestiones relativas a los aspectos técnicos de la subjetividad internacional, que uno de los caracteres más sobresalientes del Derecho Internacional actual viene marcado por el reconocimiento de un lugar especial dentro del mismo a la persona humana. Como afirma J. Roldán Barbero, "La faceta –humanitaria- se ha revalorizado visiblemente en la ordenación internacional de nuestros días. Asistimos (...) a un -nuevo orden internacional humanitario-, manifiestamente mejorable, sin embargo"144. Se ha incorporado de este modo al individuo con un papel renovado en la Sociedad Internacional que parece incontestable, a la vista de la importancia que al mismo se le atribuye en las normas de Derecho positivo, y que parece admitido de forma generalizada en la doctrina. Tanto es así, que J. A. Pastor Ridruejo ha concluido, de forma amplia, que "si le droit international s'est construit dans le passé sur une société d'États souverains, il aspire aujourd'hui à se fonder en autre sur une communauté d'êtres humains"145. Con seguridad, se suscitan múltiples cuestiones que derivan del hecho del reconocimiento de la persona humana como actor, también privilegiado, de las relaciones internacionales y, por ende, como eventual destinatario de principios y normas que emanan del ordenamiento jurídico internacional. En todo caso, podríamos centrarnos en algunas de ellas: i) Ha penetrado, ciertamente, en el Derecho Internacional el convencimiento de que es preciso asegurar el respeto de los derechos humanos e impedir sus violaciones más flagrantes, porque, en definitiva y como se sabe, el Estado, última garantía del respeto de los derechos humanos, se convierte a veces en el verdugo de sus propios súbditos o, dicho de otro modo, "el Estado soberano puede llegar a ser no el protector de sus nacionales sino su opresor: el marco estatal no es pues suficiente para garantizar la protección del individuo"146. De un modo u otro, se ha ido resaltando el convencimiento profundo de que los derechos humanos ocupan un lugar central en el actual orden jurídico internacional y, así, J. Verhoeven ha podido decir que "les droits de l'homme son 143Cit. por E. JOUVE, Le Droit des peuples, París, 1986, p. 7. 144 J. ROLDÁN BARBERO: Ensayo sobre el Derecho Internacional Público, Almería, 1996, p. 38. 145J. A. PASTOR RIDRUEJO, Le droit international à la veille du XXième siècle: normes, valeurs et faits. Cours général de droit international public, Recueil des Cours de l'Académie de Droit International, 1998-IV, vol. 274, p. 113. 146M. CHEMILLIER-GENDREAU, loc. cit., p. 35. Una visión general en G. COHENJONATHAN, L'évolution du droit international des droits de l'homme, Mélanges offerts à H. Thierry, L'évolution du droit international, París, 1998, pp. 107-125, y A. A. CANÇADO TRINDADE, The future of the international protection of human rights, Home. B. Ghali, Bruselas, 1998, pp. 961-986.

66 au coeur des préoccupations qui agitent aujourd'hui la "147, lo que se ha plasmado, de manera definitiva en el "corazón" del ordenamiento jurídico internacional por lo que en la Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización en 1999 se dice, con razón, que "el régimen jurídico internacional para la protección de los derechos humanos ha constituido en el siglo XX el resultado más importante de la labor realizada por la Sociedad de las Naciones y por las Naciones Unidas en pos de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional"148. Para continuar indicando que "tenemos hoy declaraciones, convenciones, tratados, declaraciones de principios y códigos de conducta que se refieren a prácticamente todos y cada uno de los aspectos concebibles de la relación entre la persona y el Estado. Existen instrumentos jurídicos para proteger los derechos del niño, para proteger el derecho de la mujer a la igualdad de trato, para enunciar las obligaciones de los gobiernos en cuanto a la observancia de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, para prohibir la discriminación racial, para prevenir la tortura, para proteger a las minorías y para promover y proteger la diversidad cultural. Entramos en el nuevo milenio con un código internacional de los derechos humanos que constituye uno de los grandes logros del siglo XX"149. Quiero constatar, no obstante, que el fracaso en la consecución del objetivo de la protección de los derechos humanos a escala universal es patente, y que sólo en ámbitos muy reducidos como es el caso del europeo-occidental, existen las garantías mínimas para el respeto de ciertos derechos humanos fundamentales. Por contra, la situación que ha venido reinando y reina en muchos lugares del planeta ilustra la ineficacia del sistema internacional a la hora de proteger y garantizar el respeto de esos derechos, y ello podemos observarlo, sin insistir en situaciones lacerantes que periódicamente se reflejan en los medios de comunicación, como fue en los años sesenta: Biafra (Nigeria); en los años setenta: Burundi, en los años ochenta: Etiopía, o en el decenio de los noventa: Somalia; Bosnia-Hezergovina, Sierra Leona y, también, porqué no decirlo, la situación que continúa existiendo en Chechenia. Las dificultades a las que se enfrenta, pues, la comunidad internacional en la consecución del objetivo concerniente al respeto, lo más amplio posible y a nivel universal, de los derechos humanos son de todos conocidas y se patentizaron, también, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, 147J. VERHOEVEN, Sur la sanction de la violation des droits fondamentaux de la personne humaine, Les nouveaux aspects cit., p. 110. 148Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, Nueva York, 1999, p. 38, párr. 256. 149Ibid., párr. 257 (cursiva añadida).

67 celebrada en Viena en junio de 1993 que, de alguna manera, supuso el resumen de la labor realizada por esta Comunidad, en materia de derechos humanos, a lo largo del siglo XX150. En este ámbito, hemos de constatar uno de los elementos que, quizá en el futuro, merezca una mayor atención por parte de la doctrina científica. Me refiero a la posibilidad de afirmar o no, a la luz de las diversas concepciones sobre los derechos humanos, la existencia de derechos humanos de carácter universal tanto en su reconocimiento como en los límites y ejercicio de los mismos, lo que hará que nos preguntemos sobre qué consecuencias tendrá todo ello en este importante sector de la cooperación internacional151. No corresponde profundizar ahora en esta cuestión, pero quizá sí merezca la pena poner de relieve que, una primera aproximación a la realidad internacional, revela la existencia de tendencias contradictorias. Así, por ejemplo, se observa, por un lado, que en el espacio OSCE, como lo señaló V. Abellán, la consagración de la denominada "dimensión humana" representa el acercamiento entre posiciones, antes diferentes, en materia de derechos humanos152, mientras que, por otro lado, no resulta difícil recordar las posiciones de ciertos Estados que han puesto en tela de juicio instrumentos jurídicos, o quizá la interpretación de algunas de sus normas, que hasta no hace mucho se consideraba que contenían la expresión formal de valores que se estimaban universales153. Para O. Casanovas "en los últimos años este fondo de valores comunes que fundamentaría la universalidad del respeto a los derechos humanos, ha sido puesto en tela de juicio. La primacía otorgada al desarrollo económico como primer objetivo de los países en vías de desarrollo, el fundamentalismo islámico e, incluso, la crítica al individualismo en el pensamiento occidental, han puesto en entredicho

150C. M. DIAZ BARRADO, La Segunda Conferencia Mundial sobre derechos humanos, Revista Extremadura, 1995. 151A. MAHIOU, La Charte arabe des droits de l'homme, Mélanges H. Thierry cit., pp. 305-320. Y M. CHARFI, Les Etats musulmans et les droits de l'homme, Home. Boutros Ghali, Bruselas, 1998, pp. 991-1017. 152Cfr., V. ABELLAN HONRUBIA, Los derechos humanos en la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, Cursos Vitoria/Gasteiz, 1989, pp. 85 ss. 153Vid. C.N. KAKORIS, La universalité des droits de l'homme: le droit d'être différent. Quelques observations, Homenaje M. Díez de Velasco cit., pp. 415-426. Asimismo, la cláusula al respecto incluida en el Documento Final de la Conferencia de Viena en la que se dice que "Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí", pero, al mismo tiempo, se reconoce "la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos (...)". M. CHARFI nos ha recordado que el representante iraní, en la 39 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sostuvo que la Declaración Universal de Derechos Humanos "ilustra una concepción laica de la tradición judeocristiana" y que, por lo tanto, "no puede ser aplicada por los musulmanes", loc. cit., p. 994.

68 el universalismo de los derechos humanos"154. En el mismo sentido se ha pronunciado K. Mbaye al señalar y subrayar ciertas amenazas que pesan sobre la universalidad de los derechos humanos, tales como las transformaciones que se han producido en la sociedad internacional, en particular, los progresos de la ciencia y la tecnología, la intransigencia religiosa y el subdesarrollo, aunque para este autor, la "universalidad se puede salvar"155. La clave radica, entonces, en la interpretación y aplicación que se haga de los derechos que se reconocen en el plano universal y con significados universales. La tensión entre la posición de ciertos Estados y lo que se viene plasmando en instrumentos jurídicos está presente y, en concreto, algunos Estados musulmanes insisten en una interpretación y aplicación de ciertos derechos humanos en los que primarían las perspectivas particulares. Quizá lo que suceda, en el fondo, es lo que dijera M. Charfi, es decir, que "le monde musulman a du mal à s'adapter aux principes nouveaux de liberté, démocratie, droits de l'homme et égalité de sexes"156, pero con independencia de ello, la quiebra o no de la universalidad de los derechos humanos, tal y como es concebida en la actualidad, estará en manos de los órganos encargados de aplicar e interpretar los instrumentos en que dichos derechos se reconocen. Por esto, K. Vasak ha señalado, acertadamente, que "l'exigence de principe de l'universalité des droits de l'homme devrait amener les organes compétentes pour appliquer les normes pertinentes à les interpréter de manière a toujours faire prévaloir l'universalité des droits de l'homme, au détriment même de la volonté particulariste, explicite ou implicite, des Etats”157. La presencia de los particularismos, en materia de derechos humanos, no debería desvirtuar los componentes fundamentales de un principio de protección universal de los derechos humanos; por esta razón, los distintos órganos que se han creado para la garantía de estos derechos deberían impedir que se atentara contra la esencia de algunas normas que tanto ha costado acomodar en el seno de la comunida internacional. Aun así, la formulación general del principio de protección de los derechos humanos actualmente parece orientada, más que a dotarle de un contenido, a instaurar mecanismos supraestatales que permitan que el individuo se sienta amparado frente a actos de los Estados que vulneren estos derechos. En este sentido, el Secretario General de las Naciones Unidas ha subrayado, recientemente, que "sigue constituyendo un desafío considerable para las Naciones Unidas el de salvar la brecha 154O. CASANOVAS Y LA ROSA, Unidad cit., p. 183. 155Cfr., K. MBAYE, Menaces sur l'universalité des droits de l'homme, Hom. Boutros Gahli, Bruselas, 1998, pp. 1243-1244. 156M. CHARFI, loc. cit., p. 993. 157K. VASAK, Les principes fondamentaux d'interprétation et d'application des droits de l'homme, Home. B. Ghali, Bruselas, 1998, p. 1429.

69 que hay entre las normas de derechos humanos y su aplicación"158, y ello a pesar de los importantes avances que, como hemos dicho, se han producido en la configuración de mecanismos de protección de los derechos humanos, tanto en el ámbito universal como en ámbitos regionales. En resumen, está claro, antes de todo, que la persona humana va adquiriendo cada vez un mayor protagonismo en la escena internacional y que el mismo se desvela, con plenitud, en el ordenamiento jurídico internacional al hilo de los avances que se van produciendo en lo relativo al reconocimiento y protección de los derechos humanos, por lo que, como lo ha indicado A. Rodríguez Carrión, nos hallamos en un marco de humanización "por la creciente preocupación por la declaración de los derechos y libertades individuales de la persona humana y, lo que es más importante, por el establecimiento de mecanismos eficaces de protección", pero es verdad, también, que "esta consideración resulta casi ociosa si no se olvida que hace apenas medio siglo se consideraba que las cuestiones relativas a los derechos humanos constituían una cuestión relativa a la competencia interna de los Estados, sin que el derecho internacional incidiera en estos asuntos"159. ii) Asimismo, el carácter humanista del Derecho Internacional del Tiempo presente, implica el respeto de los derechos de los pueblos, en particular, su derecho a la libre determinación. Es verdad que los logros en este campo han sido mayores y más significativos, pero insuficientes para dar por zanjados, como debería ser, los problemas de la colonización. Sin duda, "la cuestión palestina" reúne todos los elementos que permiten confirmar esta observación. En el marco de la descolonización y más allá de ésta, "la cuestión palestina" continúa sin encontrar una solución plenamente satisfactoria, y la verdad es que, en este caso, la claridad y precisión de las normas internacionales que regulan la cuestión, contrastan sobremanera con la actitud de ciertos Estados, empeñados en proseguir y consolidar hábitos trasnochados. Todo ello, además, de que, como se vino observando, durante el año 2002, nos hallamos en presencia de una “situación” que genera graves peligros para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Esperemos, en todo caso, que se hagan realidad las palabras del entonces Presidente del Gobierno español en la Conferencia de Paz de Madrid, celebrada en 1991, cuando señaló que "somos conscientes de la complejidad del proceso, pero los españoles sabemos cómo la cooperación entre las culturas y la unión de los esfuerzos colectivos pueden generar una convivencia pacífica. La paz es la 158Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, Suplemento nº. 1 (A/56/1), Nueva York, 2001, párrafo 196. 159A. RODRIGUEZ CARRION, El Derecho Internacional en el umbral del siglo XXI cit.

70 condición necesaria. La región tiene recursos naturales y capital humano que en un clima que sustituya el conflicto por la cooperación puede garantizar el desarrollo y el bienestar de todos los seres humanos que habitan en ella"160. En síntesis, salvo supuestos no desdeñables, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, en cuanto derecho a la descolonización, se ha revelado en toda su magnitud, siendo indudable su eficacia en las relaciones internacionales contemporáneas, quedando claro, sin embargo, como ha indicado M. P. Andrés en relación con el contenido de este derecho, que es igualmente cierto "que salvo lo relativo a la descolonización, los perfiles y límites de la libre determinación en otros supuestos no están totalmente definidos"161. En la actualidad, este derecho comienza a manifestarse con efectividad en otros ámbitos, y, en esta línea, el relanzamiento de los nacionalismos en el ámbito europeo ha hecho visible la faz oculta del derecho a la autodeterminación, es decir, lo que podríamos denominar la "autodeterminación interna", con lo que el principio está adquiriendo una mayor complejidad162, por ejemplo, por la afirmación de derechos que corresponden a las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas estrechamente vinculado este problema al reconocimiento de los derechos humanos. Desde luego, hay que partir en esta cuestión de la posición que, en 1992, adoptara el Secretario General de las Naciones Unidas cuando indicó, en una frase que por repetida no ha perdido valor, es decir, que "las Naciones Unidas no han cerrado sus puertas, pero si cada grupo étnico, religioso o lingüístico pretendiera formar un Estado, la fragmentación no tendría fin, con lo que serían aún más difíciles de alcanzar la paz, la seguridad y el bienestar económico para todos"163. Posición que, de otra forma, reiteró en el seno de la Universidad Carlos III de Madrid, cuando sostuvo que “algunos pueblos, en medio de trágicos balbuceos, intentan conciliar la racionalidad del Estado y los impulsos del micronacionalismo. Y debemos plantearnos gravemente la cuestión de saber si el principio del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos no corre a veces el riesgo de favorecer en cierto modo la aparición de micronacionalismos, en contra de la idea que todos tenemos del Derecho Internacional"164. 160Política Exterior, Informes y Documentos, nº 23, Monográfico La Conferencia de Paz sobre Oriente Próximo, Palacio Real de Madrid, 30 de octubre-3 de noviembre de 1991, p. 15. 161M. P. ANDRES SAENZ DE SANTAMARIA, La libre determinación de los pueblos en la nueva sociedad internacional, Cursos euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional 1997, p. 123. 162Ibid.., p. 121. 163Un Programa de Paz, p. 51. 164B. BOUTROS GHALI, Discurso del Secretario General de las Naciones Unidas con motivo de la entrega del Diploma de Doctor Honoris Causa de la Universidad Carlos III, pp. 19-20 (cursivas añadidas). De todas formas, ante la dificultad de determinar el contenido del derecho a la autodeterminación, fuera de los casos de pueblos sometidos a dominación colonial, I. BROWNLIE ha

71 iii) Por último, la relevancia de la persona humana en el orden jurídico internacional y el sentir humanista que habita ya en este ordenamiento permiten, también, reflexionar sobre la conclusión de normas convencionales destinadas a que las violaciones de Derechos Humanos sean objeto de una represión particular cuando procede del comportamiento de individuos. Sin infravalorar la relevancia que han tenido, en la configuración de la responsabilidad penal del individuo, algunas normas convencionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (adoptada el 10 de diciembre de 1984), la creación por el Consejo de Seguridad de Tribunales Penales Internacionales ad hoc para la exYugoslavia y para Ruanda constituye, sin lugar a dudas, una de las aportaciones más relevantes al Derecho Internacional que se ha producido en los últimos decenios, y que sólo pueden ser entendidas a partir de las transformaciones habidas en la Sociedad Internacional desde los últimos años del decenio de los ochenta. Con todo, puede considerarse un hito fundamental en la historia de la Humanidad el hecho de que, el 1 de julio de 2002, se haya producido la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional, firmado en Roma, como se sabe, en 1998165. En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, "la création de la Cour est un gage d'espoir pour les générations à venir et un pas de géant sur la voie du respect universel des droits de l'homme et de l'État de droit"166. En suma, la evolución del Derecho Internacional ha incorporado a la persona humana a sus valores fundamentales a través de normas que demuestran el papel relevante que la misma tiene en la comunidad internacional.

suscitado que tal derecho podría ser predicable de cualquier pueblo, siempre y cuando esta pretensión haya sido sometida al reconocimiento y a la validación a través de diferentes procedimientos, Cfr., I. BROWNLIE, International Law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations, Recueil des Cours de l'Académie de Droit International, 1995, vol. 255, pp. 55-63. De este modo, se le atribuyen al reconocimiento un valor y una eficacia de gran interés que podría incidir, claramente, en la creación de nuevos Estados; tanto es así que, como ha puesto de relieve F. Mariño, "en las actuales condiciones de la Sociedad Internacional, no cabe excluir completamente el nacimiento de Estados nuevos por procesos no legitimados por el principio de autodeterminación. En tales supuestos, la efectividad del nuevo Estado (mantenida en el tiempo y reconocida por un número suficiente de Estados) bastaría para que aquél adquiriera subjetividad internacional, al margen de la "legitimidad" de la lucha por la secesión”, F. MARIÑO MENÉNDEZ, Naciones Unidas y el Derecho de autodeterminación, en Balance y perspectivas cit., p. 99. 165Vid., I. LIROLA DELGADO y M. MARTÍN MARTINEZ, La Corte Penal internacional. Justicia versus impunidad, Barcelona, 2001. 166Déclaration de Kofi Annan, Secrétaire général des Nations unies, faite le 18 juillet 1998 à Rome à l'occasion de la signature du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Communiqué de Presse, SG/SM/6643, L/289).

72 B) La diversidad ideológica y el camino hacia el establecimiento de sistemas democráticos Quizá haya sido en el plano ideológico-político donde con mayor vigor, y durante el presente siglo, se hayan manifestado las diferencias entre los Estados. No obstante, venimos asistiendo, en los últimos años, al incipiente nacimiento de un común denominador en la esfera ideológica que encuentra sus fundamentos tanto en el respeto de la autonomía política de los Estados como en una tendencia hacia el establecimiento de sistemas democráticos. Todo ello, claro está, sin que se hayan desvanecido completamente las diferencias y las contradicciones políticoideológicas, y sin que tal tendencia pueda considerarse aún definitiva, por lo menos en direcciones claramente establecidas. En síntesis, todavía no puede hablarse de la existencia, en el Derecho Internacional, de un criterio universal de legitimidad en el plano ideológicopolítico (eventualmente basado en el carácter democrático de los sistemas establecidos) para juzgar los regímenes políticos o las raíces ideológicas que imperan en cada Estado. A mi juicio, están plenamente vigentes, entonces, las palabras que dijera, hace algún tiempo, D. Manai, para quien la legitimidad en Derecho Internacional es una noción especialmente ambigua que desborda, en buena parte, el ámbito de lo jurídico167. Ahora bien, el logro de autonomía política, por parte de Estados sometidos tradicionalmente al influjo de las grandes potencias, y que se hizo definitivo tras el derrumbe ideológico de una de ellas, comenzó con anterioridad. En efecto, la escisión Este-Oeste, en el seno de la cual vino operando durante algún tiempo el Derecho Internacional, ha desaparecido finalmente, siendo lo sobresaliente, en cualquier caso, que más allá de los enfrentamientos políticos entre los Estados, comenzó a manifestarse con eficacia real la diversidad política entre ellos, y lo que era más importante aún: el respeto a esta diversidad. Cambios que, además, acontecieron en el seno de la propia escisión y no al margen, o superada ésta. De tal modo que, durante cierto tiempo, pudo hablarse de la existencia de "escisiones" dentro de los dos polos de atracción ideológica que, desde la Segunda Guerra Mundial, venían monopolizando las principales diferencias ideológicas en el sistema internacional. Hoy, más que nunca, estamos en presencia de la verdadera diversidad ideológica que, seguramente, habrá que analizar en el futuro en terrenos distintos a los ya tradicionales. Téngase en cuenta en esta línea, por ejemplo, el paulatino ascenso de las tesis fundamentalistas en algunos países árabes, lo que nos hace 167Cfr., D. MANAI, Discours juridique soviétique et interventions en Hongrie et en Tchécoslovaquie, Ginebra-París, 1980, p. 16.

73 reflexionar, con mayor profundidad, en torno a la existencia, en la sociedad internacional, de lo que S. Bastid, retomando el pensamiento de M. Virally, denominó conflicto de civilizaciones y el papel del Derecho Internacional en el seno de dicho conflicto168. En tal sentido, nos encontramos con manifestaciones concretas que tienen una relevancia capital en las relaciones internacionales. Como lo ha indicado D. Colard, "jusqu'a la Révolution iranienne de l'iman Khomeiny de février 1979 , on pouvait encore ignorer la dimension islamique des Relations internationales. L'onde de choc sucitée par la création de cette et le développement de l'intégrisme, du fondamentalisme ou de l'islamisme oblige l'observateur à combler cette lagune"169. Lo que está claro, en todo caso, es que los cambios en el plano ideológico, que han tenido lugar recientemente, no nos pueden llevar a afirmar que en la sociedad internacional contemporánea no se deje sentir el influjo de las ideologías. Desde luego, "sería peligroso concluir -como lo han hecho ciertos autores- en la muerte o el declive de las ideologías en las relaciones inter-estatales";170 y, por lo tanto, es verdad que el factor ideológico, a través de unas u otras manifestaciones, tendrá relevancia en la configuración del ordenamiento jurídico internacional. En el caso del fundamentalismo (islámico o no) ya tendremos oportunidad de indicar algo más, pero tengamos en cuenta, ahora, que el mantenimiento de estas tesis tiene, con claridad, su reflejo en el orden jurídico internacional y, en consecuencia, en las normas y principios que lo configuran Comoquiera que sea en el futuro, hoy es posible sostener el declive de la teoría de las zonas de influencia, que, en el caso de que pervivan todavía algunos de sus efectos, se manifiestan con contenidos y formas diferentes y, desde luego, sin la intensidad material e ideológica que llegó a alcanzr en otras épocas. Recordemos, no obstante, que sus efectos más señalados se hicieron patentes a partir de 1960. La doctrina de "la soberanía limitada", seguida por la Unión Soviética en sus relaciones con los Estados socialistas, no sólo encontró aplicaciones prácticas significativas, como la invasión de Checoslovaquia en 1968, sino que, además, llevó a los teóricos soviéticos a insertarla en el marco de las relaciones jurídicas 168 S. BASTID, Adaptation du Droit International au realtions nouvelles entre Etats, Mélanges à M. Virally, París, 1991, p. 82. M. VIRALLY, R.C.A.D.I. cit., pp. 33-36. 169D. COLARD, Les Relations internationales cit., p. 52. En realidad, como ha indicado este autor lo importante es que la doctrina clásica del Islam "tiene una concepción muy particular de las Relaciones internacionales: una sociedad internacional jerarquizada, desigualitaria y conflictual", p. 53. En esencia, pues, sería equivocado olvidar "el peso del factor religioso en las relaciones internacionales", Cfr., p. 79 170ibid., p. 79.

74 entre los Estados de la denominada "Comunidad de Estados socialistas", a través de los principios del "internacionalismo socialista". Tan es así, que en el discurso jurídico soviético se produjo una superposición de los principios del Derecho Internacional General con los principios jurídicos inter-socialistas, como principios rectores de las relaciones "internacionales" entre los Estados de este ámbito político171. Al mismo tiempo, la "doctrina americana de la soberanía limitada"172, cuya mejor expresión fue, con seguridad, la intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana en 1965 (y que finalmente adquirió carta de naturaleza con la invasión de Panamá, en diciembre de 1989), tiende a asegurar que las relaciones entre los Estados Unidos y los Estados situados en su zona de influencia se rijan por los "principios de la democracia representativa", tal y como éstos son concebidos e interpretados, y lo pero de todo aplicados, por los Estados Unidos. Recuérdense a este respecto las palabras, en ocasiones lamentablemente vigentes, del Presidente norteamericano, L. B. Johnson, para quien "las naciones americanas no pueden, no deben y no permitirán el establecimiento de otro Gobierno comunista en el Hemisferio occidental. Este fue el unánime punto de vista de todas las naciones americanas cuando, en enero de 1962 declararon: los principios del comunismo son incompatibles con los principios del sistema interamericano"173. En ambos casos, "la doctrina (o las doctrinas) de la soberanía limitada" tendían "a definir los espacios (geográficos) donde deb(ían) aplicarse y los campos (instituciones, valores y personas) que preten(dían) proteger y promover"174. Y diseñaban, en consecuencia, un determinado marco de las relaciones entre los Estados que incidía, de manera directa, en la configuración del ordenamiento jurídico internacional en el que, todavía, no han desaparecido absolutamente todos los efectos que se produjeron. Pero, como decíamos, junto a esos enfrentamientos ideológico-políticos se fue abriendo paso la diversidad, de la mano precisamente del comportamiento de los Estados insertos en las respectivas zonas de influencia. Así, en el marco de las relaciones entre los Estados Unidos y los países de su zona de influencia, el proceso centroamericano fue un buen índice de los cambios ocurridos. Las negociaciones de Contadora y Esquipulas tuvieron como mérito real, al margen de los resultados que se hubieran o no obtenido, el haberse llevado a cabo sin la 171TUNKIN, G.I., International Law and other social norms functionning within the international system, Essays G. Schwarzenberger, Londres, 1988, pp. 282-300. 172 R. CHARVIN, La doctrine américaine de la souveraineté limitée, R.B.D.I., 1987, pp. 5-17. 173 Anuario Iberoamericano, Hechos y documentos, 1965, pp. 170-172. 174R. CHARVIN, loc. cit., p. 13.

75 presencia y la presión directa de los Estados Unidos. Quizá por esto, el punto relativo a la democratización en los acuerdos de Esquipulas II, resuma mejor que cualquier otro la autonomía relativa de los Estados centroamericanos frente a los Estados Unidos. En dicho punto se decía que: "los gobiernos (de la zona) se comprometen a impulsar un auténtico proceso democrático, pluralista y participativo, que implique la promoción de la justicia social y el respeto de los derechos humanos, la soberanía, la integridad territorial de los Estados, el derecho de todas las naciones a determinar libremente y sin injerencias de ninguna clase su modelo económicopolítico y social (...)". Todo ello se consolidó y se tradujo, finalmente, en la celebración de elecciones libres en Nicaragua, y en el sorprendente triunfo en ellas, en su momento, de la Unión Nacional Opositora (U.N.O.). Pero, paradoja, a esta diversidad le acompaña, en la actualidad, otro fenómeno, también apreciable: se da una clara tendencia a la aproximación ideológica. Diversos hechos ponen de relieve que, al menos en ciertos ámbitos regionales, se está produciendo esta aproximación ideólogica cuyo fundamento básico va a ser el concepto de democracia representativa. Y, claro está, que nos referimos a algo más que a la situación constatada por M. Virally cuando afirmó, en relación con que los miembros de las Organizaciones Internacionales están próximos los unos a los otros, no sólo desde el punto de vista geográfico, sino también desde la perspectiva del desarrollo económico, cultural e ideológico, refiriéndose fundamentalmente a las organizaciones europeas175. Se trata, en realidad, de la expansión más generalizada y no necesariamente imbricada en Organizaciones Internacionales, de los principios democráticos. Con seguridad, se puede hablar, pues, de una clara tendencia en el orden jurídico internacional o, como lo ha indicado J. Salmon, de la "emergencia en el nuevo orden mundial de un principio de legitimidad democrática susceptible de revolucionar positivamente las relaciones internacionales"176. El fenómeno se ha visto favorecido por la práctica desaparición del socialismo real y el establecimiento, en los Estados pertenecientes a ese régimen político, de sistemas democráticos, pudiéndose constatar, con J. Salmon, que "numerosos Estados se han convertido recientemente al multipartidismo y a la democracia parlamentaria"177. Pero, también, por la expansión de la democracia en

175Cfr., M. VIRALLY, op. cit., p. 18. 176Cfr., J. SALMON, Vers l'adoption d'un principe de légitimité démocratique?, A la recherche du nouvel cit., p. 59. Vid., también, R. BEN ACHOUR, El derecho internacional de la democracia, Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, Vol IV – 2000. 177Ibid., p. 76. También: P. MEYER-BIRSCH, Démocratisation: genèse de nouvelles distinctions démocratiques des pouvoirs, C-H. THUAN Y A. FENET (dirs.) Mutations cit., pp. 171-188; y M.

76 los Estados americanos y, sobre todo, por su expresión y formulación jurídicas en el seno de las organizaciones de cooperación o de integración que actúan y se proyectan en este continente, como tendremos ocasión de comprobar. a) La afirmación, en la sociedad internacional, del principio de la democracia Quizá no fuera posible fijar con precisión el momento en el que la democracia comienza a fluir y repercutir con fuerza en el seno de la sociedad internacional y, más difícil sería aún sostener, con rotundidad, que nos hallamos ante uno de los principios que inexcusablemente vertebran la actual sociedad y el presente orden internacional. El deseo y la voluntad de instaurar y consolidar sistemas democráticos que se desvela en el conjunto del planeta, aunque puedan ser observados con benevolencia no son, por supuesto, expresiones ciertas y seguras de los elementos que configuran, de manera definitiva, la sociedad internacional del tiempo presente, a pesar de que en la Declaración con motivo del cincuentenario de las Naciones Unidas se destacase, el 24 de octubre de 1995, el papel de la democracia, al afirmarse que “en este contexto, reafirmamos que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, son interdependientes y se refuerzan entre sí”. No obstante, lo que sí podemos sostener es que la democracia ha ido penetrando progresivamente en esta sociedad internacional heterogénea desde el momento en el que un número significativo de Estados han comenzado a regirse por sistemas democráticos, y a partir de los instantes en los que se reclama, desde diversos foros, “la democratización” de la propia sociedad internacional. En la actualidad, asistimos a lo que se podría denominar el fenómeno de la proyección internacional de la democracia o, si se quiere, con mayor precisión, la instauración del “principio democrático” en la sociedad internacional, como un elemento que parece que va a definir y caracterizar a la sociedad internacional del tiempo presente. De ahí que, por lo menos de manera emergente, se pueda hablar de que el “principio” de la democracia forma parte del orden jurídico internacional o, en palabras de M. Ortega Carcelén “una manifestación actual y extrema de esta corriente es la afirmación de que está emergiendo un principio, desarrollo de los derechos humanos y libertades fundamentales, que concede un derecho a los individuos y a los pueblos a ser gobernados de forma democrática. De manera que el Derecho Internacional habría incorporado una nueva norma que exige a los

GOUNELLE, la démocratisation politique publique internationale, Mélanges offerts à H. Thierry, cit., pp. 201-213.

77 Estados cuidar la participación política de sus propios ciudadanos”178. Se constata así que, incluso, uno de los cambios que se vienen operando es precisamente la instauración de sistemas democráticos en Estados que han llevado a cabo una verdadera transformación en todos los sectores, y se puede apreciar, además, que la comunidad internacional se ve interesada por esos cambios. Por lo menos, esto cabría deducir de las expresiones que se contienen en el punto 17 de la Declaración de Copenhague relativa al Desarrollo Social, en la que los Estados participantes en la Conferencia reconocen que los países que están experimentando “transformaciones fundamentales en lo político, en lo económico y en lo social, incluidos los que se encuentran en un proceso de consolidación de la paz y la democracia, requieren el apoyo de la comunidad internacional"179. Observando el fenómeno un poco más de cerca, se advierte que, en diversos foros internacionales, se afirma que la democracia ha de ser el régimen a instaurar en el conjunto de Estados que conforman la comunidad internacional y que debería establecerse como elemento imprescindible que permita la cooperación internacional. En el plano universal se advierte, sin duda, esta tendencia, aunque quizá con menor nitidez e intensidad que en los escenarios regionales. Por lo menos, señalemos, como dijera Boutros-Ghali, que "los regímenes autoritarios han cedido el paso a la fuerzas más democráticas y a gobiernos sensibles a los problemas existentes. La forma, alcance e intensidad de estos procesos varían según se trate de América Latina, África, Europa o Asia, pero su similitud es suficiente para apreciarlos como un fenómeno mundial"180. Ahora bien, Naciones Unidas ha asumido, también, el valor de la democracia que va apareciendo, de manera cada vez más significativa, en el discurso de la propia Organización. A esto responde, quizá, la Resolución 54/36 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de enero del 2000, sobre el 178M. ORTEGA CARCELEN, Hacia un gobierno mundial, Salamanca, 1995, pp. 171-172 (cursiva añadida). Por su parte, J. Roldán ha señalado que “la cooperación democrática en el orden internacional adiciona un sistema de protección suplementario a las libertades internas. Las relaciones internacionales, no sólo el Derecho internacional stricto sensu, representan una garantía contra atentados a Constituciones democráticas. El medio internacional vela por la libertad interna y reacciona cuando el orden estatal ha sucumbido al autoritarismo”, J. ROLDAN BARBERO, Democracia y Derecho Internacional, Madrid, 1994, p. 147. 179A/CONF. 166/9, 19 de abril de 1995, Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague, 6 a 12 de marzo de 1995. 180Un programa de Paz, Naciones Unidas, 1992, p. 5, párr. 9. B. B. Ghali ha abogado por un Derecho Internacional de la Democracia, en particular, Pour un Droit International de la Démocratie, Theory of International Law at the Treshold of 21 century, Essays Skubiszewski, 1996, pp. 99-108 (Vid., Una Agenda para la Democracia de B. Ghali, A/51/761, 20 de diciembre de 1996). Y los trabajos de R. BEN ACHOUR, La contribution de Boutros Boutros-Ghali à l'émergence d'un droit international positif de la démocratie, Home. B. Ghali, Bruselas, 1998, pp. 909-924; y R. GREEN, La democratización de las relaciones internacionales: aspiración de Boutros Ghali, ibid., pp. 1085-1102.

78 apoyo del sistema de Naciones Unidas a los esfuerzos que se desarrollan por los gobiernos para promover y consolidar las nuevas o restablecidas democracias, en la que, este órgno onusiano se muestra consciente, desde el principio, de que existen "lazos indisolubles" entre los principios consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los fundamentos de toda sociedad democrática. Detengámonos, sin embargo, a examinar cómo se ha ido afirmando progresivamente, y cada vez de manera más clara y precisa, el principio de la democracia en ciertos ámbitos regionales. A mi juicio, será precisamente en éstos en los que, con mayor claridad, se aprecie el significado y la proyección del denominado principio democrático como elemento emergente o tendencial de la actual sociedad internacional. El ámbito europeo en su conjunto comienza, al menos, a configurarse como un espacio democrático, siendo buena prueba de ello tanto el ingreso de nuevos Estados en el Consejo de Europa181, como las formulaciones adoptadas en el marco de la C.S.C.E182, y la posiciones, conocidas, adoptadas por la Unión Europea en esta materia. En este sentido, resulta extraordinariamente reveladora la afirmación que se contiene en la Carta de París para una nueva Europa en la que los Estados participantes se comprometen "a edificar, consolidar y reforzar la democracia como único sistema de Gobierno de nuestras naciones", lo que sería, de nuevo, reafirmado, entre otros, en el Documento de la reunión de Moscú de la Conferencia sobre la dimensión humana de la C.S.C.E., en septiembre de 1991, en el que, sin ambages, se afirma que "el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el desarrollo de sociedades que se funden sobre democracias pluralistas y sobre el Estado de derecho son condiciones previas para la existencia de un orden duradero de paz, de seguridad, de justicia y de cooperación en Europa". En realidad, se podría sostener, con C. Kaminski y S. KruK, que "le principe démocratique est devenu le critère politique commun de l'entité europénne"183.

181Vid. Declaración de Viena, de 1993; el texto, en RIE, 1993, pp. 1085 ss. También, Declaración de Estrasburgo de 1997. 182En este ámbito, como lo ha indicado J. Roldán Barbero “el adoctrinamiento de la cultura democrática recogido en los documentos de la Conferencia se dirige fundamentalmente de hecho a las democracias nacientes, pero su espíritu no resulta ocioso para las más asentadas. El régimen de libertades se concibe como patrimonio y responsabilidad colectiva de toda Europa”, J. ROLDAN BARBERO, Democracia y Derecho Internacional cit., p. 61. No debemos olvidar, en esta línea, el informe al Consejo de la CSCE del Seminario de expertos de la CSCE sobre Instituciones democráticas, Oslo, 15 de noviembre de 1991, Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, Textos fundamentales, Madrid, 1992, pp. 275 ss. 183C. KAMINSKI y S. KRUK, Le nouvel ordre internacional, París, 1993, p. 39.

79 Por lo que se refiere a la Unión Europea, basta recordar que ya en el Tratado de la Unión, de 7 de febrero de 1992, los Estados miembros confirmaban “su adhesión a los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del estado de derecho” y que en, en el artículo 6. 1 del Tratado de Amsterdam, dentro de las disposiciones comunes, se estipula que “la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros”. Se trata, como han señalado A. Mangas Martín y D. Liñan Nogueras de una “exigencia para poder ser miembros y para permanecer en la Unión y es otra forma más de regular, de forma concreta, las relaciones entre los Estados miembros y sus pueblos”184. De todas maneras, lo importante es que esta formulación apareció explícitamente con el Tratado de la Unión Europea en 1992, aunque es verdad que nos encontramos ante “una declaración codificadora de una condición que hasta ahora había estado implícita en la vida comunitaria o, a lo sumo, se había explicitado para los Estados del Sur con ocasión de las ampliaciones de 1981 y 1986”. Ahora, lo relevante es que “el principio democrático es una condición expresa para todos”185. Por si fuera poco, en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común se define como uno de los objetivos “el desarrollo y la consolidación de la democracia y del estado de derecho” en el artículo 11. De esta forma, la Unión Europea concibe el principio democrático en su vertiente ad intra y ad extra, siendo así que en este último ámbito adquiere, incluso, perfiles muy concretos como es el caso de la cooperación al desarrollo, hasta el punto de que el artículo 117, 2 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece, con claridad, que “la política de la Comunidad en este ámbito contribuirá al objeto general de desarrollo y consolidación de la democracia y del estado de derecho (...)”186. Ni que decir tiene que el “principio” de la democracia ha encontrado un perfecto acomodo en el seno del Consejo de Europa desde sus orígenes y que, paulatinamente, se ha ido desarrollando con numerosos efectos, en el seno del 184A. MANGAS MARTIN y D. LIÑAN NOGUERAS, Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Madrid, 1ª ed., 1996, p. 49 (se pueden consultar, también, siguientes ediciones). 185Vid., ibid. 186J. ROLDAN BARBERO, Democracia y Derecho Internacional cit., pp. 77 ss. Con todo, podemos concluir que la Unión Europea ha tomado, sin indecisiones, el camino de expandir el “principio democrático” en las relaciones intra-comunitarias y en las relaciones con terceros países, estableciendo, incluso, en algunos casos como condición precisa para la existencia plena de esas relaciones el establecimiento y mantenimiento de sistemas democráticos. Vid. J. M. SOBRINO HEREDIA, La Unión Europea y el Desarrollo. Aspectos recientes, El Desarrollo y la Cooperación internacional cit., pp. 93-106. Pero es que, incluso, se derivan consecuencias muy claras de la afirmación de este principio, nel propio seno de la Unión Europea, como puede apreciarse en lo establecido en el artículo 7 del T.U.E en relación con el contenido del artáiculo 6 de dicho Tratado.

80 mismo. Como tuve la oportunidad de señalar “no es nada sorprendente afirmar que el Consejo de Europa ha hecho tradicionalmente fe de su arraigo a los principios democráticos, en cuanto base y elemento central del quehacer de la propia Organización”187. Pero, también, hay que insistir en que“estimo relevante el nuevo impulso que se le pretende dar a la Organización, a partir de los primeros años de decenio de los noventa, quizá al hilo de los avances significativos que se producían en el seno de la OSCE y de la consolidación de la Unión Europea como foros de expresión privilegiados en el ámbito europeo. Todo ello queda finalmente reflejado, por lo que a nosotros nos interesa, en la Declaración de Viena de 9 de octubre de 1993 en la que los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Organización acuñan la expresión -seguridad democrática-, como valor y objetivo básico del Consejo de Europa, y en la que se reitera, una y otra vez, (en la propia Declaración y no tanto en los anexos que la acompañan) -el compromiso con la democracia pluralista y parlamentaria-, señalándose, al mismo tiempo, como condición para la adhesión de nuevos Estados miembros la adaptación de sus -instituciones y su ordenamiento jurídico a los principios fundamentales del estado democrático, a la preeminencia del derecho y al respeto de los derechos fundamentales-. Por si fuera poco, el Consejo de Europa, a través de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, manifiesta su voluntad de afrontar los desafíos del siglo XXI expresando su disposición -para contribuir a la seguridad democrática-“ 188. Pero todo ello lo apreciamos también en otros ámbitos regionales189. Así, podemos citar, como ejemplo muy significativo, lo que ha venido ocurriendo en los Estados de América Latina y el Caribe, por lo que hay que sostener, con J. Rodríguez Elizondo, que “podemos decir con satisfacción que vivimos el mejor momento de América Latina desde el punto de vista de la democracia. América Latina cuenta actualmente con un elenco homogéneo de sistemas democráticos de gobierno. Serán más o menos perfectos. Pero la tendencia, que es lo importante desde las grandes líneas del pensamiento y de la historia, es que se camina hacia un sistema democrático que haría aparecer a América Latina como el segundo continente más democrático después de Europa”190.

187C. M. DIAZ BARRADO, Las fracturas de España en el seno de la integración europea, España invertebrada, Bosquejos de algunos pensamientos históricos, Cáceres, 1999, pp. 197-198. 188Ibid. 189C. KAMINSKI y S. KRUK, op. cit., pp. 105-108. Como han indicado estos autores "l'évolution vers la démocratie a réussi à atteindre les pays parmi le plus défavorisé de la planète, contradisant ainsi les anciennes thèses. Néanmoins, ce processus conduit souvent à exacerber les crises latentes, économiques, sociales et politiques", p. 106. 190J. RODRIGUEZ ELIZONDO, Democracia y Seguridad en América Latina, en América Latina y nuevos conceptos de seguridad, Zaragoza, 1992, p. 23.

81 No cabría negar, ciertamente, la extraordinaria contribución de los Estados de este continente, durante los últimos años, a la consolidación de la democracia como un valor básico de la sociedad internacional contemporánea en el ámbito americano191. En este caso, la aceptación y la difusión del principio democrático adquiere un significado especial, ya que estos Estados se sitúan, en términos generales, en el segmento de la sociedad internacional que cuando afirma el valor de la democracia lo hace sobre la base de lograr el respeto de los derechos humanos, el desarrollo económico y la participación; y no como un valor a imponer, con condiciones, a otros Estados del planeta; y, asimismo, en un contexto regional marcado precisamente por la ausencia real de buena parte de los valores mencionados. Considero relevante, a este respecto, destacar dos ámbitos en los que estos Estados han afirmado y propalado el valor del principio democrático en sus relaciones mutuas y, de este modo, lo han extendido, de forma más general, en el marco de las relaciones internacionales. Por un lado, es notable la acción llevada cabo por los Estados centroamericanos, en razón de la situación existente y conocida en esos países. Como se sabe, desde 1986, en el sector que nos interesa, van emanando documentos de todo tipo de la “Reunión de Presidentes Centroamericanos”, siendo así que, en ocasiones, se abordan con nitidez las cuestiones relativas a la democracia, aunque es verdad que, casi siempre, muy vinculadas a la pacificación de los conflictos. De todos esos documentos quizá merezca la pena reseñar ahora las expresiones que se contienen en la Declaración de Esquipulas I, de 25 de mayo de 1986, en la que se afirma que “la paz en América Central sólo puede ser fruto de un auténtico proceso democrático pluralista y participativo que implique la promoción de la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la soberanía e integridad territorial de los Estados y el derecho de todas las naciones a determinar libremente y sin injerencias externas de ninguna clase, su modelo económico, político y social, entendiéndose esta determinación como el producto de la voluntad libremente expresada por los pueblos”. Por otro lado, los Estados de América han participado activamente en el marco de la OEA reafirmando el principio democrático. En realidad, el Documento, elaborado por César Gaviria y titulado "Una nueva visión e la OEA", resumía, perfectamente la posición de esta Organización y de sus Estados miembros en lo relativo a la democracia como principio básico y elemental de la

191J. ROLDAN BARBERO, La Carta democrática internaricana aprobada el 11 de septiembre de 2001 por la Asamblea General de la OEA, R.E.D.I., 2002, 1, pp. 459-465.

82 acción de la Organización192. En este sentido, una mención especial, aunque no sea específicamente en el ámbito de la OEA pero sí vinculada a esta de manera muy estrecha, merece la Cumbre de las Américas, siendo así que en la Primera Cumbre, celebrada en Miami en 1994, y titulada, precisamente, “Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad: Democracia, Libre Comercio y Desarrollo Sostenible en las Américas”, se afirmaba, en particular, que había que “preservar y fortalecer la comunidad de democracia de las Américas”. Dado el cúmulo de matices que se contienen en los pronunciamientos generales sobre esta materia, no nos resistimos a la tentación de reproducir un apartado de esta Declaración en la que podemos observar, con nitidez, el conjunto de efectos que se le atribuyen a la democracia en este ámbito. Así, se dijo que: “La Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. La democracia es el único sistema político que garantiza el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho; a la vez, salvaguarda la diversidad cultural, el pluralismo, el respeto de los derechos de las minorías y la paz en y entre las naciones. La democracia se basa, entre otros principios fundamentales, en elecciones libres y transparentes, e incluye el derecho de todos los ciudadanos a participar en el gobierno. La democracia y el desarrollo se refuerzan mutuamente. Reafirmamos nuestro compromiso de preservar y fortalecer nuestros sistemas democráticos en beneficio de todos los pueblos del Hemisferio. A través de los organismos competentes de la OEA, trabajaremos en favor del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la promoción y defensa de los regímenes democráticos constitucionales, de conformidad con la Carta de la OEA. Apoyamos los esfuerzos de esta Organización en favor de la paz y la estabilidad democrática, social y económica de la región. Reconocemos que nuestros pueblos buscan con ahínco mayor capacidad de respuesta y eficiencia por parte de nuestros gobiernos. La democracia se fortalece mediante la modernización del Estado, que incluye aquellas reformas que agilizan su funcionamiento, reducen y simplifican las normas y los procedimientos gubernamentales, y aumentan la transparencia y la responsabilidad de las instituciones democráticas. Considerando que es esencial que todos los sectores de la sociedad tengan acceso expedito y eficaz a la justicia, afirmamos que la independencia del poder judicial constituye un elemento crucial para la existencia de un sistema jurídico eficiente y de una democracia duradera. Nuestro objetivo final es mejorar la satisfacción de las necesidades de la población, especialmente de las mujeres y los grupos mas vulnerables, incluidos las poblaciones indígenas, 192Documento de Trabajo presentado por el Dr. César Gaviria al Consejo Permanente, el día 6 de abril de 1995. El fortalecimiento de la democracia en el hemisferio: Hacia una Acción integral para la democracia, y la Unidad para la promoción de la Democracia.

83 los discapacitados, los niños, ancianos y las minorías. La democracia efectiva requiere que la corrupción sea combatida de manera integral, toda vez que constituye un factor de desintegración social y de distorsión del sistema económico que socava la legitimidad de las instituciones políticas”193. Lo que no cabe olvidar, en todo caso, es que la democracia ha formado parte históricamente del sistema interamericano o, como lo ha señalado acertadamente J. Roldán Barbero “la Carta de Bogotá establece la democracia representativa como ideología de base de la organización; pero este ideario hay que conciliarlo con otra máxima nuclear del hemisferio: la no intervención en los asuntos internos de los Estados (...)”194. En efecto, en el Preámbulo de la Carta de la OEA, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en 1967, por el Protocolo de Cartagena de Indias en 1985 y por el Protocolo de Managua en 1993, los Estados miembros de la Organización se declaran “ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”, aunque el el artículo 2, b de la Carta dichos Estados establecen como propósito esencial de la Organización “promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”195. Por si fuera poco lo dicho hasta ahora, no cabe olvidar que, precisamente el 11 de septiembre del 2001, la Asamblea General de la OEA adoptó la Carta Democrática Inter-americana, en la que se parte del principio de que “el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio”; y en la que se indica que “la solidaridad y la cooperación de los Estados americanos requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa y que el crecimiento económico y el desarrollo social basados en la justicia y la equidad y la democracia son interdependientes y se refuerzan mutuamente”196.

193Es de sumo interés el Plan de Acción que se aprobó en dicha Cumbre y en el que se destina una parte a “La Preservación y el Fortalecimiento de la Comunidad de Democracias de las Américas”. (Asimismo, véase la Primera Cumbre Ministerial de Comercio y Foro empresarial, Denver, Colorado, junio-julio de 1995, la segunda Cumbre celebrada en Cartagena de Indias, Colombia en marzo de 1996; la tercera cumbre celebrada en Belo Horizonte en Brasil en mayo de 1997). En lo mismo se incide tanto en la Cumbre de Santiago de Chile de 1998 como en la Cumbre de Québec del 2001. 194J. ROLDAN BARBERO, Democracia y Derecho Internacional cit., p. 71. También, J. ROLDAN BARBERO, La Carta democrática interamericana cit. 195Se podría, incluso, realizar un estudio detallado de este principio en los principales procesos de integración que acontecen en América Latina y el Caribe, como Mercosur, la Comunidad Andina o la Comunidad del Caribe. En todos ellos, se afirma, con rotundidad, el princpio democrático como fundamento de la integración., vid., C. M. DIAZ BARRADO, Iberoamérica cit. 196Vid., J. ROLDAN BARBERO, La Carta democrática interamericana cit.

84 Más aún, cabría interpretar cómo se formula y proyecta la democracia en este continente sobre la base de lo que se establece en el artículo 1 de dicha Carta en la que, su mera lectura, es suficiente para comprender la intensidad y profundidad de la afirmación del principio. El precepto señalado estipula que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”, y a lo largo del documento se establecen algunos efectos relevantes de la afirmación de la democracia, sobre todo, en su relación con los derechos humanos; en su vinculación con el desarrollo integral y el combate de la pobreza; en el marco del Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática; y, en particular, se detalla, en la línea de resoluciones anteriores de la OEA, la relación entre la democracia y las misiones de observación electoral, abogándose, incluso por una promoción de la cultura democrática197. Comoquiera que sea, debemos seguir preguntarnos qué valor ha llegado a alcanzar la democracia en el ámbito del ordenamiento jurídico internacional. En otras palabras, debemos saber si la democracia es o no un principio fundamental del Derecho Internacional del Tiempo Presente; debemos determinar si la democracia es o no un concepto que carece de efectos jurídicos; y debemos decidir si la democracia está influyendo o no en la conformación de normas internacionales de manera decisiva. En fin, la pregunta va de suyo y se podría quizá resumir en las expresiones relativas a si la democracia, “como noción, concepto, valor o principio”, ha llegado a penetrar en el orden jurídico internacional y de qué modo. b) Ciertas consecuencias prácticas de la afirmación de la democracia en el orden internacional Lo realmente importante, a los efectos jurídicos, es que la afirmación de la democracia ha traído aparejada ciertas consecuencias en el comportamiento de los Estados y de las Organizaciones Internacionales y, como es natural, en las relaciones entre ellos. Ahora, se trata, tan sólo, de registrar algunas de las consecuencias que supone, en el orden jurídico internacional, esta afirmación reiterada y constante de la necesidad de establecer sistemas de carácter democrático; y que, en esencia, serían los mejores índices de los verdaderos efectos que la afirmación de la democracia, como régimen a instaurar en el conjunto de los Estados que conforman la comunidad internacional, tendría en el Derecho Internacional. Por supuesto, sin ánimo alguno de ser exhaustivos, podemos realizar algunas reflexiones en ámbitos concretos: En primer lugar, está claro que las normas básicas relativas al 197Ibid.

85 reconocimiento de Estados se han visto enriquecidas por la exigencia particular de que los nuevos Estados respeten y garanticen un sistema de carácter democrático. En este ámbito, podríamos sostener, con J. Roldán Barbero, que “en los últimos años, el valor democracia ha ganado indiscutiblemente terreno a la libre elección del sistema político. En lo atinente al reconocimiento de Estados y de Gobiernos, por ejemplo, han acontecido novedades, singularmente en el marco europeo”198. Como todos recordamos, la Declaración de los Doce referida al reconocimiento de nuevos Estados en la Europa del Este y la Unión Soviética, adoptada en 1991, suponía la adopción de una posición común que implicaba “el respeto de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de los compromisos suscritos en el Acta Final de Helsinki, y en la Carta de París, en particular en lo que se refiere al estado de derecho, la democracia y los derechos humanos”. Con ello, la Comunidad y sus Estados miembros afirman su voluntad de reconocer (...) a los nuevos Estados que "tras las modificaciones históricas acaecidas en la región, se crearían sobre una base democrática". De este modo, la democracia aparece como una condición adicional, por lo menos para un grupo de Estados que integran la comunidad internacional, a la hora de proceder al reconocimiento de nuevos Estados, y sólo la generalización de esta práctica le llevaría a constituirse en norma consuetudinaria de alcance universal. Sea como fuere, la tendencia está apuntada y parece que reverdecen, ahora en el ámbito del reconocimiento de Estados, las antiguas doctrinas de “legitimidad democrática” que proliferaron al hilo del reconocimiento de Gobiernos199. En segundo lugar, el mantenimiento de relaciones, con alcance general, entre Estados y con Organizaciones internacionales y, en su caso, el reconocimiento de ciertas situaciones, se ha hecho depender del carácter democrático o no existente en el Estado en cuestión. Aunque no es posible en este trabajo analizar y examinar con profundidad la acción de la OEA por lo que se refiere a la proyección interna y externa del principio de la democracia, lo que sí se puede constatar, por lo menos, es que, como hemos indicado, el seno de esta Organización se han llevado a cabo, en los últimos años, numerosas acciones en la línea del establecimiento y consolidación de los sistemas democráticos200 y, en 198J. ROLDAN BARBERO, Democracia y Derecho Internacional cit., p. 135. 199Por todos, ver las interesantes reflexiones de F. MARIÑO MENENDEZ, Derecho Internacional Público (Parte General), Madrid, 1993, p. 143 ss. Y, también, S. LAGHMANI, Vers une légitimité démocratique?, loc. cit., pp. 249-278. 200Así, por ejemplo, en 1990 se creó la Unidad para la Promoción de la Democracia que ha puesto en marcha programas relacionados con misiones de observación electoral (Proyectos nacionales, actividades regionales y misiones de observación y asistencia técnica); y estimo que es de interés también, en esta dirección, la lectura del documento de trabajo presentado por César Gaviria ya citado, en el que se señala que “el documento dice de manera muy precisa lo que pretendemos hacer en materia de fortalecimiento de la democracia en el hemisferio”. Este documento destina una parte a

86 particular, en el ámbito descrito. Cabría destacar, muy en particular, la incesante acción de la OEA para favorecer el establecimiento o restablecimiento de sistemas democráticos, siendo quizá un ejemplo muy relevante el supuesto de Haití, en el que se ha llegado a sostener que “reafirmando que uno de los propósitos esenciales de la Organización de los Estados Americanos es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de la no intervención”, la reunión ad hoc de Ministros de relaciones exteriores de la Organización resuelve “reafirmar la decidida voluntad de los Estados miembros de continuar prestando, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, una activa cooperación orientada hacia la consolidación del sistema democrático, la promoción del desarrollo económico y social y el respeto absoluto de los derechos humanos (en Haití)”201. En tercer lugar, el establecimiento de relaciones, preferentemente en el sector económico, se condiciona, algunas veces, a la existencia de sistemas democráticos. La Comunidad Europea ha celebrado, en este sentido, diversos acuerdos con ciertos países, muchas veces, en el marco de la ayuda al desarrollo y de ellos se desprende, con nitidez, que dicha ayuda está condicionada, en buena parte, al mantenimiento de un sistema democrático. Pero, incluso, con un alcance más general, cómo interpretar si no, por citar un ejemplo de los primeros, el artículo 1 del acuerdo-marco de cooperación la cuestión de la democracia bajo el título: “Hacia una acción integral para la democracia” en la que se comienza diciendo lo siguiente: “El fortalecimiento, el ejercicio efectivo y la consolidación de la democracia constituyen la prioridad política fundamental para las Américas. La Organización de Estados Americanos es el principal organismo hemisférico para la defensa de los valores y las instituciones democráticas”; y se dedica otra de las partes del mismo a la “La Unidad para la promoción de la democracia”. En esta línea, hemos de señalar también que el impulso que la democracia ha recibido en el seno de la OEA ha supuesto la adopción de diversas resoluciones al efecto como, por ejemplo, la resolución 1402 (XXVI) de la Asamblea General sobre la Promoción de la Democracia de 7 de junio de 1996 (la anterior: resolución 1337 -XXV- de 9 de junio de 1995) o la resolución 1401 (XXVI) sobre la promoción de la democracia representativa de 7 de junio de 1996; lo que, en buena parte, encuentra sus orígenes en la resolución 1080 (XXI) de 5 de junio de 1991 sobre la democracia representativa, y en el compromiso de Santiago con la democracia y con la renovación del sistema interamericano, aprobado en la tercera sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 1991. Vid., también, los Informes generales anuales del S.G. de 1994-1995 y 1995-1996 (Unidad para la promoción de la Democracia); y algunos de los discursos y declaraciones del Secretario General, César Gaviria, tales como el pronunciado en la Conferencia de Paz y Democracia de Centroamérica, Tegucigalpa, Honduras, 23 de octubre de 1994; en el Foro democrático, Democracia y Derechos indígenas, Washington, 25 de abril de 1997; o en la Conferencia del Comando Sur sobre las “fuerzas armadas, democracia y derechos humanos en el umbral del siglo XXI”, Miami, 5 de febrero de 1997. 201Vid., S. LAGHMANI, loc. cit., pp. 261-264. De todas formas, para comprobar los elementos más relevantes de este asunto y los resultados finales: R. PANIAGUA REDONDO y J. ACOSTA, La crisis haitiana y Naciones Unidas, Barcelona, 1994. Ver, en general, H. CAMINOS, The role of the Organization of American States in the promotion and protection of democratic governance, R.C.A.D.I., 1998, vol. 273, pp. 103-238.

87 comercial y económica entre la Comunidad Económica Europea y la República Argentina, de 8 de octubre de 1990, que, por de pronto, adoptaba el enunciado de "Fundamento democrático de la cooperación", y en el que se establecía que "1. Las relaciones de cooperación entre la Comunidad y Argentina, así como todas las disposiciones del presente Acuerdo, se fundamentan en el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos que inspiran las políticas internas e internacionales de la Comunidad y Argentina. 2. El fortalecimiento de la la democracia y la integración regional son los principios fundamentales del presente Acuerdo y constituyen una preocupación compartida por ambas Partes (...)"202. Más aún, como ha puesto de relieve J. Roldán Barbero, y aunque es verdad que la denominada "cláusula democrática" es también una fórmula de rendimiento económico, la verdad es que "con el Tratado de Maastricht se incorpora (…) al derecho primario de la Comunidad Europea el nexo entre la política de desarrollo y la triada de la cultura política occidental: democracia, derechos humanos, estado de derecho"203. Y lo mismo se puede apreciar en las relaciones bilaterales de algunos Estados europeos. De este modo, resulta interesante, para nosotros, constatar, la actitud de España en sus relaciones con ciertos países iberoamericanos y así observamos como la "cláusula democrática" se ha insertado también en algunos convenios de ayuda económica a Estados del hemisferio occidental204. En definitiva, lo que tratamos de poner de relieve es que en la acción exterior de ciertas Organizaciones Internacionales (y también de Estados) se señala a la democracia como un factor a tener en cuenta para el establecimiento de relaciones o para el normal desarrollo de las mismas y lo relevante, en suma, es que se trasciende de las meras formulaciones políticas para llegar a la inclusión del principio de la democracia en acuerdos que producen efectos jurídicos. De este modo, considero que tienen gran interés, con independencia de la eficacia real de los mismos, los acuerdos celebrados entre procesos de integración económica. En particular, es significativo que la cláusula democrática aparezca en 202D.O.C.E., 26 de octubre de 1990. L. 295/68. 203J. ROLDAN BARBERO, La cooperación al desarrollo, Gaceta jurídica CE, número monográfico, septiembre, 1992, 2ª parte, pp. 137-140, en especial, p. 138 (cursiva añadida). Un trabajo de gran interés, D. LIÑAN NOGUERAS, Límites del discurso de la condicionalidad en la acción exterior de la Unión Europea, en F. Mariño Menéndez, Acción exterior de la Unión Europea y Comunidad Internacional, Madrid, 1998, pp. 413-438. En particular, las reflexiones e indicaciones sobre "la cláusula democracia y derechos humanos como aglutinante del discurso de la condicionalidad", en pp. 422 ss. Aunque se hace, de manera primordial, desde la perspectiva de los derechos humanos, se puede consultar la obra: La condicionalidad en las relaciones internacionales: ¿sirve para la protección de los derechos humanos?, ILSA, Sanfé de Bogotá, 1996. 204 R. SAENZ GIL, Cooperación para el desarrollo entre España y América Latina, Zaragoza, 2001.

88 las relaciones convencionales, de mayor contenido, que se dan entre la Unión Europea, la Comunidad Andina y Mercosur205. Hemos de recordar, así, por un lado, el Acuerdo Marco para la creación de la Zona de Libre Comercio entre el Mercosur y la Comunidad Andina, firmado en Buenos Aires el 16 de abril de 1998, ambas partes estimaron que “la vigencia de las instituciones democráticas constituye un elemento esencial para el desarrollo del proceso de integración regional”. Aunque, más recientemente, el Acuerdo de Complementación Económica celebrado entre la Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), de 6 de diciembre de 2002, tan sólo se limita a indicar que “la integración económica regional es uno de los instrumentos de que disponen los países de América Latina para avanzar en su desarrollo económico y social, a fin de asegurar una mejor calidad de vida para sus pueblos”. Por otro lado, el Acuerdo Marco de Cooperación Interregional MercosurUnión Europea, de 15 de diciembre de 1995, en el que se disponía, en su artículo 1, que "El respeto de los principios democráticos y de los Derechos Humanos fundamentales, tal y como se enuncian en la Declaración Univeral de Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo"206. Y, finalmente, el Acuerdo Marco entre la Comunidad Económica Europa y el Acuerdo de Cartagena y sus Países Miembros, adoptado en Bruselas el 26 de junio de 1992, en el que se estipula, en su artículo 1, que "las relaciones de cooperación entre la Comunidad y el Pacto Andino y todas las disposiciones del presente Acuerdo se basan en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos que inspiran las políticas internas e internacionales tanto de la Comunidad como del Pacto Andino, y que constituyen un elemento fundamental del presente Acuerdo"207. 205Ni que decir tiene que la democracia tambien aparece en las declaracions finales de las dos Cumbres Unión Europea-América Latina celbradas hasta ahora. En partitucar, en el Compromiso de Madrid, de 17 de mayo de 2002, se dice: “Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, de América Latina y del Caribe, reunidos en Madrid, nos comprometemos a avanzar en nuestra asociación estratégica birregional basada en la Declaración y el Plan de Acción adoptados en la Primera Cumbre que tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de 1999. Nuestra historia y cultura, junto con los valores y principios que compartimos, constituyen la base de esta relación privilegiada, así como de nuestro enfoque común sobre las principales cuestiones internacionales. Necesitamos enfrentar conjuntamente los graves desafíos y aprovechar las oportunidades el siglo XXI. Con un espíritu de respeto mutuo, igualdad y solidaridad, reforzaremos nuestras instituciones democráticas e impulsaremos los procesos de modernización de nuestras sociedades, teniendo en cuenta la importancia del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la diversidad cultural, la justicia y la equidad social”. 206Cfr., L. Bizzozero, El acuerdo marco interregional Unión Europea-Mercosur: dificultades y perspectivas de una asociación estratégica, Argentina, 2001. 207Es de interés, también, la Declaración común sobre el Diálogo político entre la Unión Europea y la Comunidad Andina (Roma, 30 de junio de 1996) en la que se habla de que ambas partes están de

89 En cuarto lugar, la exigencia en la acción exterior, sobre todo de las Organizaciones Internacionales, de afirmar la democracia y de consolidar sistemas democráticos viene a significar, necesariamente, el establecimiento de este requisito en los fundamentos de la propia Organización de la que se trate. En otros términos, la democracia consigue situarse en el "marco de los elementos constitucionales" de la Organización en cuestión. El fenómeno se aprecia, con toda nitidez, en las Organizaciones o procesos con vocación de integración. Y no supone, únicamente, una afirmación genérica sino que, también, se derivan consecuencias jurídicas, en los supuestos en los que se produzca la ruptura del orden democrático en algunos de los Estados miembros de la Organización. Parecía que no iba a ocurrir, pero la Unión Europea se ha tenido que enfrentar a la situación creada por el Estado austriaco, en el que la entrada en el gobierno de un grupo político de “extrema derecha”, ha hecho reflexionar al resto de los Estados miembros, a las instituciones comunitarias y, en definitiva, al conjunto de la Unión Europea; y, lo que es más importante aún, ha encendido "el sistema de alarma democrático”208. Por último, hay que reconocer que son principalmente los Estados europeos-occidentales, los que favorecen y propician el establecimiento de regímenes democráticos en todas las zonas del planeta, siendo así que, tales actitudes, producen, a veces, distorsiones importantes en el objetivo final. En palabras de Edgar Pisani "en la actitud de Occidente con respecto a la democratización del Este y del Sur hay algo de insoportablemente vanidoso. Pretendemos estar en la posesión de la solución, y esperamos que sea aceptada como verdad revelada. En un momento en que nosotros mismos nos estamos cuestionando sobre la evolución necesaria de nuestros sistemas, los imponemos como palabra del evangelio. Olvidamos que para que echen raíces, derechos del hombre y democracia deben ser el fruto de la lucha que los pueblos libran contra las dictaduras y contra ellos mismos"209. Las manifestaciones de todo ello creo que pueden encontrarse en claras acuerdo en "guiarse por los valores democráticos", y se pone de relieve que "el respeto de los derechos humanos, las libertades individuales y el principio de la constitucionalidad del Estado, que es la piedra angular de la sociedad democrática, guían la políticas interior y exterior de los países de la Unión Europea y de la Comunidad Andina y sientan la base de su proyecto común". Un buen anális, de todo ello, en W. HUMMER, El “Diálogo político” y el “Compromiso democrático” en las zonas de integración en América Latina, Homenaje E. Rey Caro 2002, cit., pp. 1241 ss. 208Vid., E. REGAN, Are sanctions against Austria legal?, ZÖR, 55 (2000), pp. 323-336. Pero, como he señalado, ciertas previsiones, más o menos definidas, se han contemplado también en otras Organizaciones Internacionales, como Mercosur o la Comunidad Andina, adoptándose Protocolos adicionales a los tratados constitutivos de estas Organizaciones y relativos al respeto, por los Estados miembros, del principio de la democracia, C. M. DIAZ BARRADO, Iberoamérica cit., 209EL País, 30 de julio de 1992. La transición democrática.

90 actitudes y comportamientos que los Estados europeos-occidentales han mantenido en relación con ciertos acontecimientos o, quizá, en sus relaciones con otros Estados. Tal aspiración puede llegar, incluso, a adquirir dimensiones más considerables y demostrar, no sólo una actitud "contradictoria" de los Estados de tradición occidental respecto a situaciones similares sino, incluso, contraria a ciertas normas fundamentales del Derecho Internacional. Las situaciones ciertamente varían, pero, en un breve repaso por la historia de los últimos años, vemos que pueden ir desde aquellas en las que se atisban elementos de cierta “comicidad” al animar artificialmente el desarrollo de algunos procesos democráticos, como, a mi juicio, podría calificarse el flagrante ridículo de lo sucedido en Kuwait al fragor de la "guerra del Golfo"; pasando por la actitud "acrítica" en situaciones en las que era de esperar un claro pronunciamiento al respecto en favor de la "legalidad democrática" como sucedió con ocasión del triunfo del Frente Islámico de Salvación en la primera vuelta de las elecciones en Argelia, en 1992; hasta llegar a la situación más dramática de pretender justificar el uso de la fuerza sobre la base de "criterios democráticos", como se hizo, aunque hace ya más tiempo, con la invasión de Panamá por los Estados Unidos en 1989210. Por esto, aunque con otras palabras menos amargas, podríamos suscribir el fondo de las reflexiones de A. Remiro Brotons cuando ha indicado que: “guardémonos de ir deprisa. Pretender introducir cuñas federalistas en un contexto internacional conduce a una secuencia imparable de despropósitos. Viejas recetas, ahora con un plus de incoherencia. No juguemos con las necesidades del Tercer Mundo, moviendo las fichas del Primero. No demos por descontado que ellos quieren lo que nosotros queremos que quieran. No acabemos suscribiendo planes que, bajo la apariencia de espectaculares avances normativos, suponen lamentables retrocesos institucionales. ¿Qué significa en términos prácticos que Estados Unidos y la comunidad internacional deberían no sólo asistir, sino garantizar el resultado de elecciones libres y el establecimiento de una democracia constitucional?"211. Esta consecuencia de la afirmación del principio democrático en las relaciones internacionales, aclara que nadie podrá aún sostener que, en un breve lapso de tiempo, vayan a imperar sistemas democráticos en todas las organizaciones y sistemas políticos del planeta, de modo que la democracia se constituya en un elemento imprescindible para la coexistencia o la convivencia entre los Estados y en un eje inspirador, y condición sine qua non, de la cooperación internacional.

210Vid., P. NANDA, The validity of United States Intervention in Panamá under International Law, A.J.I.L. 1990, pp. 494-503. 211A. REMIRO BROTONS, Civilizados, bárbaros y salvajes en el nuevo orden internacional, Madrid, 1996, pp. 68-69.

91 Pero no por ello, hay que negar que la tendencia apuntada sea extraordinariamente clara y significativa. Tan es así que, en unos casos, la presión sobre los Estados que no admiten dicho régimen, aunque también por otras razones, se deja sentir con toda virulencia, como es, claro está, el caso cubano. Y en otros supuestos, los gobernantes de ciertos Estados, como es el marroquí, se ven forzados a establecer una "democracia aparente" con el fin de mantener y profundizar en sus relaciones con los Estados occidentales. De cualquier manera, también son perceptibles las reacciones que producen ciertos comportamientos o declaraciones que caminan en la dirección de la defensa de la democracia como sistema que debe imperar en el conjunto de Estados que conforman la comunidad internacional. Baste recordar que, en la Cumbre del Movimiento de Países no alineados que tuvo lugar en Yakarta en septiembre de 1992, ciento ocho Estados reafirmaron la validez universal de los derechos humanos básicos y de las libertades fundamentales, y saludaron la creciente tendencia presente en la sociedad internacional hacia la democracia. Pero, no por ello, dejaron de subrayar que "ningún país debe usar su poder para dictar su concepto de democracia y derechos humanos o para imponer condiciones a otros". Durante el mismo mes, la Asamblea paritaria ACP/CE no pudo adoptar el informe relativo a la "democracia y el desarrollo" elaborado por el eurodiputado español Sr. José Enrique Pons Grau, por la oposición de los representantes de los países ACP, siendo destacable que algunos de los elementos que provocaban el rechazo eran precisamente: la afirmación, en el informe, del derecho de injerencia democrática proclamado por los parlamentarios europeos, y la condicionalidad de la ayuda, consecuencia práctica de ese pretendido derecho de injerencia212. En definitiva, y desde la perspectiva jurídica, estimo que no le faltó razón a J. Salmon cuando afirmó que "le processus extrêmement positif de la place de la démocratie dans les relations internationales et en droit internacional mérite incontestablement d'être appuyé. Cela doit cependant rester un processus contrôlé, afin que le combat pour la démocratie ne devienne pas un prétexte, au profit des puissants, pour imposer à des victimes aléatoires des interventions, des abus de qualifications, et, en fin de compte, leur totalitarisme"213. La democracia es considerada, en el seno de la comunidad internacional del tiempo presente, como uno de los principios que inspiran la acción de los miembros que la integran o si se quiere, con mayor precisión, cabría decir, con J. 212Cfr., Europa-desarrollo, nº 38, noviembre 1992, p. 2. Habrá que llegar, por lo tanto, a un acuerdo respecto al contenido de la democracia en el ordenamiento jurídico internacional. Una aproximación a ciertos aspectos en J. Y. MORIN, L'Etat de droit: émergence d'un principe du droit international, R.C.A.D.I., 1995, vol. 254, pp. 9-464. 213J. SALMON, Vers l'adoption d'un principe cit., p. 86.

92 Roldán Barbero, que “la democracia se ha convertido en un vector indiscutible de las relaciones internacionales; el derecho internacional se configura como un activo agente de democratización; en cierto sentido, como un contrato social entre Estados para la defensa de la democracia”214. Por lo que cabe señalar, con el énfasis que corresponda, que la democracia va penetrando en las entrañas de la sociedad internacional del tiempo presente y comienza a producir efectos, y cada vez más, en el plano del ordenamiento jurídico internacional. c) El significado de la democracia en el ordenamiento internacional A mi juicio, sería difícil sostener que existe un principio democrático calificable de estructural en el orden jurídico internacional, lo que no quita que la democracia sí se está dejando sentir, de manera notable, en el seno de este ordenamiento jurídico. Con mayor crudeza, podríamos decir que la democracia ha “atacado” a las esencias del orden jurídico internacional y, por ende, su consideración debe hacerse en el seno de algunos de los principios más consagrados del mismo. Por lo demás, la democracia también produce efectos en determinadas normas del ordenamiento jurídico internacional más allá de los efectos que produce en el ámbito de los principios. Considero, por lo tanto, que merece la pena diseñar, aunque sea con carácter muy general, algunos de los efectos que la consideración de la democracia pueda producir en el ámbito del principio relativo a la igualdad soberana, del principio concerniente a la no intervención y del principio que reconoce el derecho de los pueblos a la libre determinación, siempre, claro está, sobre la base del carácter evolutivo de estos principios que se encuentran en constantes procesos de transformación. Y, asimismo, observar cómo la democracia se vincula, también, con otros principios de este ordenamiento, como es el caso del relativo al reconocimiento y protección de los derechos humanos. La verdad es que los tres principios mencionados primeramente, a pesar de su autonomía normativa y de ser el resultado de procesos históricos e institucionales diferentes, tienen algunos elementos en común, y entre ellos quizá corresponda resaltar ahora que, en los tres casos, se pone el acento en la defensa “del sistema político” de los Estados o de los entes eventualmente destinatarios de normas internacionales. Por seguir las expresiones que se utilizan en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1970, podemos decir que, en el marco del principio de la no intervención, se preceptúa que: “Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado”; que por lo que se 214J. ROLDAN BARBERO, Democracia y Derecho Internacional cit., pp. 24-25.

93 refiere al principio de libre determinación se dice que: “todos los pueblos tienen derecho a determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural”; y que, en el ámbito del principio de la igualdad soberana, se reconoce que: “Cada Estado tiene derecho a elegir y a llevar adelante libremente su sistema político, social, económico y cultural”. Con todo, observamos cómo los Estados y los pueblos podrán determinar libremente su sistema político, de tal manera que el derecho internacional no establece prima facie elementos de legitimidad en razón del sistema político que se establezca. En otros términos, de las expresiones que se contienen en los mencionados principios, no cabría deducir que la democracia tendría que ser necesariamente el sistema político adoptado por los Estados y por los pueblos y, menos aún, que tuviera que tratarse de la democracia representativa. Ahora bien, sobre la base de lo anterior, lo que sí es apreciable, en la sociedad internacional, es que en el ejercicio de los derechos a los que nos hemos referido aparece la tendencia a que se instauren sistemas políticos democráticos y que, dentro de un margen de actuación propia de los Estados y de los pueblos, se vaya progresivamente caminando hacia la instauración de la democracia como sistema político idóneo para el establecimiento de relaciones estrechas de colaboración y cooperación. Sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas, lo que sí se dibuja, con ello, en el panorama del Derecho Internacional, son los principales efectos que esa tendencia está produciendo en cada uno de los principios señalados, y que permiten constatar cómo, de un modo u otro, la democracia se va configurando en el sistema político, no sólo tolerado por la comunidad internacional en su conjunto sino, incluso, animado e “instigado” por la misma, con el objetivo de que el mayor número de Estados gocen de un régimen o sistema democrático en la sociedad internacional del tiempo presente. Como decía anteriormente, cabría reflexionar respecto a las nuevas perspectivas y desarrollos del derecho a la autodeterminación de los pueblos en el marco del significado que la democracia adquiere en la configuración normativa de este principio fundamental del ordenamiento jurídico internacional que ha venido operando, durante largo tiempo y como se sabe, en el ámbito de la descolonización y que comienza a abrirse camino en otras situaciones distintas. Como lo ha señalado J. Roldán “el principio de la libre determinación se proyecta a situaciones posteriores a la descolonización y sin ningún ligamen con el período colonial. En virtud de esta renovación, la autodeterminación se emancipa del derecho de cada Estado de elegir su sistema político (…) y se asimila, como en sus orígenes, a la democracia política, a un derecho colectivo que asiste a los pueblos para

94 autogobernarse en el interior de un Estado” 215. En esta línea, lo que cabría decir es, con F. Mariño Menéndez, que “en un sentido general y fundamental, el objetivo último del principio de libre determinación apunta ciertamente a la realización de la democracia: la autodeterminación de los pueblos es una manifestación central de la realización de la democracia. Pero tal ideal, que abarca en realidad todos los aspectos de la vida colectiva, es de difícil concreción y formulación a escala universal, no habiendo un único modelo de democracia que el conjunto de los Estados acepte como tal”216. Cabría preguntarse, también, acerca de las relaciones entre democracia y principio de la no intervención, principalmente en lo referente a la posibilidad de que el Derecho Internacional aceptase supuestos de injerencia con el objeto de establecer o restaurar sistemas democráticos217, ya que, en principio, podría parecer inconciliable la tendencia al establecimiento de sistemas democráticos y la afirmación del principio de la no intervención; y, sin duda, no estaría demás pensar en el influjo de la democracia en la configuración normativa del principio de la igualdad soberana de los Estados. El examen de la práctica de los Estados revela que los citados principios continúan siendo esenciales en el actual orden jurídico internacional y que se van viendo enriquecidos por la presencia de nuevos valores entre los que se halla, sin duda, el valor de la democracia. De esta manera, empieza a estimarse, en la sociedad internacional del tiempo presente, que el ejercicio efectivo y cabal de los mismos debería hacerse en el marco de lo que determina la instauración y consolidación de sistemas democráticos sin que, por ello, sea aceptable que se produzcan injerencias de unos Estados en otros con esa finalidad. En otros términos, se avanza paulatinamente en la dirección de constituir Estados de carácter democrático así como en la democratización de la propia sociedad internacional organizada, sin que ello sea un obstáculo para que se mantengan, en cuanto tal, los derechos que corresponden a los Estados y los pueblos de determinar libremente su sistema político, el derecho a no sufrir injerencias, y los derechos que se derivan del disfrute y ejercicio de la propia soberanía. Más allá, es apreciable, como decimos, la intensa vinculación entre democracia y derchos humanos. Por supuesto, que, como señalamos, la 215Ibid., pp. 162-163. 216F. MARIÑO MENENDEZ, Naciones Unidas y el derecho de autodeterminación, Balance y perspectivas cit., p. 101. 217Ibid., pp. 103 ss. Estimo que está fuera de toda duda la no pertinencia del reconocimiento de un derecho de intervención armada con el objetivo de instaurar o restablecer sistemas democráticos, C. M. DIAZ BARRADO, La prohibición del uso de la fuerza y sus excepciones: Balance a los cincuenta años de Naciones Unidas, Balance y perspectivas cit., pp. 155 ss.

95 Conferencia de Viena de 1993, en el marco de la Segunda Conferencia mundial sobre derechos humanos, supuso, de alguna forma, el resumen de los avances que, en esta materia, se han producido a lo largo del siglo XX y, en ella, se señalaron los desafíos a los que se debía enfrentar la sociedad internacional durante el siglo XXI. Lo importante es, como lo indicó el Secretario General de las Naciones, en su discurso de inauguración de la Conferencia el 14 de junio de 1993, que “es entonces natural que la comunidad internacional experimente hoy el deseo de examinar sus propios valores y que, al reflexionar sobre su historia, se interrogue sobre su identidad más profunda, es decir, sobre el hombre, y sobre la protección que se brinda a sí misma mientras se la brinda a él”218. Lo que debemos subrayar, no obstante, es que la democracia aparece a lo largo de esta Conferencia, y en particular en los documentos oficiales, vinculada estrechamente a la cuestión relativa a la protección de los derechos humanos. Desde un primer momento, el propio Secretario General tomó partido al efecto señalando que “los derechos humanos dependen en extremo de la manera como los Estados los entienden; en otras palabras, de la forma en que gobiernan a sus pueblos; y dicho de otra manera, del carácter más o menos democrático de sus sistemas políticos”, formulando incluso un voto solemne en el sentido de que la Conferencia debería estar a la altura del tema a tratar y situándose bajo la égida de lo que el llamó “los tres imperativos de la Conferencia”: universalidad, garantías, democratización219. En esta línea, Boutros Ghali realizó un profundo análisis de la vinculación existente entre democracia y derechos humanos, insertando la primera en el sistema internacional de protección de los segundos. Además de sus interesantes reflexiones220, lo relevante, a mi juicio, será el significado que, para el Secretario General, adquiere la democracia en el ámbito de la protección de los derechos humanos, de tal manera que no se podría concebir el reconocimiento de derechos, los sistemas de protección, la universalidad e interdependencia de los derechos humanos e, incluso, el propio sistema internacional en su conjunto sin que la democracia estuviese presente. En palabras del Secretario General el imperativo de la democratización es el “elemento fundamental que está en juego en este fin de siglo. Sólo la democracia, dentro de los Estados y dentro de la comunidad de Estados, es verdadera garante de los derechos humanos. Sólo la democracia concilia los 218Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, p. 6 (cursiva añadida). 219Ibid, pp. 9 y 10 (cursiva añadida). 220Sobre el papel de la democracia en el ámbito del derecho al desarrollo (“no puede haber desarrollo duradero sin promoción de la democracia y, por ende, sin respeto de los derechos humanos”). Y de la relación indispensable entre democracia y pacificación de conflictos y solución de controversias (“la democracia es una garantía para la paz”), Ibid, p. 21.

96 derechos individuales y los derechos colectivos, los derechos de los pueblos y los derechos de las personas. Sólo la democracia concilia los derechos de los Estados y los derechos de la comunidad de Estados”221. De un modo un otro, las inquietudes del Secretario General quedaron recogidas en la Declaración y en el Programa de Acción de Viena, aunque quizá no con la intensidad que cabría deducir de sus palabras. Por esto, podemos señalar algunos de los aspectos principales de la relación democracia-derechos humanos tal y como, finalmente, quedó reflejada en esta Conferencia, recogiendo los siguientes aspectos: En verdad, la Conferencia de Viena se hace eco de los cambios que se han producido en la sociedad internacional y reafirma los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, entre los cuales, como se sabe, no se encuentra el principio democrático, de tal modo que la Conferencia parte de la consideración de que la democracia no es un principio fundamental del “orden internacional”. Ahora bien, ello no quita que el principio fundamental relativo a la protección de los derechos humanos no deba interpretarse en un “entorno democrático”. Para la Conferencia Mundial de Derechos Humanos este respeto debe ejercerse en condiciones “de paz, democracia, justicia, imperio de la ley, pluralismo, desarrollo, niveles de vida más elevados y solidaridad”. De lo anterior queda claro que no hay un pronunciamiento decisivo, por parte de la Conferencia, en el sentido de introducir a la democracia como un factor absolutamente determinante en la actual sociedad internacional y, asimismo, que se ofrece una visión amplia de la democracia222 no vinculada necesariamente a lo que se entiende por la misma en el mundo occidental; de ahí quizá el empleo del término “imperio de la ley” en lugar de utilizar las expresiones “estado de derecho”223. 221Ibid, pp. 10-11. 222Esto se desprende de lo que se señala en el punto 2 de la Declaración, al hilo del derecho a la libre determinación de los pueblos, en donde se habla de que los pueblos estén “dotados de un gobierno que represente a la totalidd del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción alguna”; y, sobre todo, del importante punto 5 en el que habita un reconocimiento de la diversidad de sistemas políticos. 223Esta actitud se comprueba de manera más fehaciente en otras Conferencias internacionales celebradas en el decenio de los noventa, en las que el término democracia o bien no aparece como es el caso de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia o bien aparece con un carácter extremadamente sectorial como es el caso de la Cumbre sobre la Mujer, en la que para erradicar la pobreza se requiere la participación democrática (punto 47 del Programa de Acción) y se señala el papel de la democracia respecto a la función de “la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones” (puntos 181 y 182 del Programa de Acción). No obstante, no debemos olvidar que, con un carácter más general, en el punto 15 de la Declaración se señala que “la igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia y una asociación armoniosa entre ellos son indispensables para su bienestar y el de su familia, así como para la consolidación dela democracia”. Con ello se le otorga a la democracia un lugar central en el marco de los objetivos a satisfacer mediante la promoción de los derechos de la mujer. Por su parte, en el punto 15 del Programa de Acción (referido al contexto mundial) se indica la

97 Pese a todo, debemos valorar de manera muy positiva el hecho de que el concepto democracia se configure como una de las condiciones que determinan el ejercicio de la promoción y el fomento de los derechos humanos y del derecho de libre determinación de los pueblos. En otros términos, a diferencia de lo que sucedió en la Primera Conferencia Mundial de derechos humanos, celebrada en Teherán en 1968, ahora nos encontramos con que la democracia forma parte ya, aunque sea tenuemente, del sistema de protección de derechos humanos, y a pesar de que, con ello, no se pueda decir todavía que a la democracia se le haya dado, en la Declaración y en el Programa de Acción de Viena, un lugar extraordinariamente relevante y decisivo en la configuración del orden internacional. Esto podemos comprobarlo si procedemos a la lectura de estos documentos en los que, tan sólo de forma esporádica, va apareciendo el concepto democracia. Quizá sea en el punto 8 de la Declaración en el que se le dé a la democracia un mayor significado al afirmarse que “la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. La democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida”. En otros tendencia mundial a la democratización como un fenómeno importante a tener en cuenta, a pesar de que, pese a ella, no se estén logrando los objetivos que se pretendan. Por lo que se refiere a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el desarrollo (A/CONF. 151/26 vol. II, Río de Janeiro, 12 de agosto de 1992) en el punto 2.6 del programa 21 se pone de relieve que el desarrollo sostenible exige el “avance hacia un gobierno democrático, a la luz de las condiciones concretas de cada país”, que permita “una plena participación de todas las partes interesadas”. Por lo demás, hay referencias a la democracia en el punto 3.2 (capacitación de los pobres para el logro de un subsistencia sostenible); sección III (fortalecimiento del papel de las ONG); sección IV (Fondo para el Medio Ambiente Mundial). En la Conferencia internacional sobre Población y desarrollo (A/CONF. 171/13, El Cairo, 18 de octubre de 1994) se contienen referencias en el Capítulo III sobre relaciones entre la población, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible, punto 3.21; en el Capítulo X sobre Migración internacional, puntos 10.1, 10.3 y 10.23; y en el ámbito de la enseñanza y la educación, puntos 11.2 y 11.12. No obstante, quizá sea la Cumbre Mundial sobre desarrollo social en la que, de una manera más amplia y directa, se le conceda a la democracia un papel significativo en la consecución de los objetivos que se determinan en la propia Conferencia y, por ello, ya en el punto 4 de la Declaración de Copenhague se afirme que “Estamos convencidos de que la democracia y un buen gobierno y una administración trasparentes y responsables en todos los sectores de la sociedad son bases indispensables para la consecución del desarrollo sostenible en los aspectos sociales y en el ser humano”. Ahora bien, será en los puntos 25 y 26 de la citada Declaración en los que se presente a la democracia tanto como un objetivo a lograr, en el marco del desarrollo social, así como un concepto especialmente válido y útil a la hora de interpretar las acciones a adoptar en el marco de dicho desarrollo, ya que más allá de que el punto 26 f se señale a la promoción de la democracia en el marco de la acción a realizar por los Estados, lo relevante es que en el punto 25 se indica, con toda claridad, que “Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, declaramos que sostenemos una visión política, económica, ética y espiritual del desarrollo social que está basada en la dignidad humana, los derechos humanos, la igualdad, el respeto, la paz, la democracia, la responsabilidad mutua y la cooperación y el pleno respeto de los diversos valores religioso y éticos y de los orígenes culturales de la gente”, dejándose extraordinariamente claro que “en las políticas y actividades nacionales, regionales e internacionales otorgaremos la máxima prioridad a la promoción del progreso social y al mejoramiento de la condición humana, sobre la base de la plena participación de todos”.

98 casos, tan sólo se expresa la voluntad de cooperar por parte de todos (incluso con asignación de recursos) con los Estados que están en proceso de democratización (punto 9, 34, 67); se califican ciertos actos, como el terrorismo o el tráfico de drogas como acciones que atentan contra la democracia (punto 17). Por lo demás, y aunque no se haya insistido sobremanera en ello, la aparición de la democracia en las Conferencias internacionales citadas, en unos casos como objetivo a satisfacer, en otros como condición precisa para el logro de una determinada situación y, en otras ocasiones, como elemento de interpretación en las acciones a llevar a cabo es significativa a los efectos de la consideración de esta realidad en el sistema internacional y representa una prueba, aunque sea tenue y aún no definitiva, de la tendencia que se observa en el conjunto de la sociedad internacional hacia el establecimiento y consolidación de sistemas democráticos. Al hilo de los comentarios anteriores, lo destacable es que se aprecia, con toda nitidez, una tendencia segura, en la sociedad internacional, a ir traduciendo paulatinamente el concepto de democracia a términos y consecuencias jurídicos, de tal manera que algunos de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional se ven impregnados e influidos por dicho concepto. No se afirma, desde luego, un principio democrático con carácter y alcance universales y de contenido obligatorio, pero sí se interpretan y configuran otros principios jurídicos a la luz del significado del mismo. Por lo que se deben suscribir, en esencia, las expresiones de M. Bedjaoui, para quien "la democratización de las relaciones internacionales implica la participación de los Estados, grandes, medianos y pequeños, con los mismos derechos, en el examen y la solución de los problemas internacionales de interés común, entre los cuales cabe citar el desarrollo y la paz, que pasan uno y otro por el establecimiento de un nuevo orden económico internacional"224. Desde luego, esta tendencia se va afirmando, pero el logro de la democracia en el orden jurídico internacional del tiempo presente exige un marco jurídico más completo o, en plabaras de M. Sahovic, para democratizar "il faut suivre aujourd'hui les voies de l'institutionnalisation de la communauté internationale"225. 2. La Sociedad internacional en la que habitan las desigualdades en un entorno de "relativa solidaridad" Es claro, por lo demás, que la intensificación de las relaciones políticas y económicas entre los Estados y, concretamente, el progresivo desarrollo de la cooperación a todos los niveles, ha generado relaciones de dependencia e inter224M. BEDJAOUI, Hacia un nuevo cit., p. 164. 225M. SAHOVIC, Est-il possible de démocratiser le droit international?, Home. B. Ghali, Bruselas, 1998, p. 1343. Para este autor la democratización de las relaciones internacionales y del derecho internacional son las dos manifestaciones de un mismo proceso, Cfr., p. 1333.

99 dependencia entre éstos, más acusadas que en épocas pasadas. Asimismo, los avances técnicos y científicos nos sitúan ante un futuro cercano en el que la dependencia mutua, no sólo entre los Estados, sino entre los seres humanos será cada vez mayor. La cooperación internacional recobra un especial vigor, porque la profundización en la interdependencia que ha conducido a la globalización ha acrecentado la necesidad de cooperar. El Sr. Kofi Anan lo ha expresado de forma meridianamente clara al afirmar que "en el proceso actual de creciente mundialización, ninguna de las cuestiones críticas con que nos enfrentamos puede resolverse en un ámbito exclusivamente nacional. Todas requieren la cooperación, la asociación y un reparto de tareas entre los gobiernos, las Naciones Unidas, las organizaciones regionales, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. Las Naciones Unidas han desplegado considerables esfuerzos para forjar asociaciones mundiales que promuevan los intereses internacionales, pero necesitamos profundizar aún más ese proceso"226. Verdaderamente, esta necesidad resulta acuciante para los Estados, pero supone también la implicación de los individuos, los pueblos y, por supuesto, las Organizaciones Internacionales. No obstante, a pesar del avance en la cooperación internacional y de la existencia de múltiples interdependencias, sobre todo entre los Estados del planeta, las desigualdades en la sociedad internacional que derivan, tanto de razones históricas como de los diferentes niveles de desarrollo político y económico existentes entre los actores de las relaciones internacionales, permanecen y perviven y, en algunos sectores, se acrecientan e, incluso, se manifiestan de una manera más intensa y desgarradora. En la sociedad internacional contemporánea sucede lo que ya apuntaba, hace tiempo, M. Merle, cuando decía que en un mundo en el que los recursos efectivamente disponibles son por hipótesis limitados y en donde las capacidades de acceso a la riqueza han sido distribuidas, por razones históricas y geográficas, desigualmente, los intereses en presencia entrarán necesariamente en conflicto los unos con los otros. Todo hace prever la existencia de graves desigualdades en la distribución de las riquezas y en las oportunidades que van a tener los grupos en presencia para modificar su reparto227. La desigualdad está, por lo tanto, en las esencias mismas de la sociedad internacional y se expresa a través de dimensiones diferentes o, mejor dicho, encuentra manifestaciones, en realidad, en todos los ámbitos de las relaciones internacionales. Esto no impide que ciertos sectores presenten mayores elementos 226 Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, Suplemento nº. 1 (A/56/1), Nueva York, 2001, párrafo 11. 227Cfr., M. MERLE, Sociologie des relations internacionales, 3º ed., París, 1982, p. 219.

100 de desigualdad. En este contexto, encuentran sentido, con un alcance más general, las expresiones de S. Belaid, para quien "outre ses composantes inégalitariste et non-solidariste, le libéralisme économique est, en dernière analyse, la doctrine du dans les relations internationales et de la prédominance de la logique strictement ou plutôt <egoïste> dans la considération et l'inter-action des intérêts en présence"228. Abundan, ciertamente, las descripciones relativas a la situación en la que se encuentra el planeta en relación con las desigualdades, -sobre todo cuando este fenómeno se analiza desde la perspectiva económica-, que existen entre los Estados, los grupos de Estados, los pueblos y, en el fondo, las personas que habitan en la sociedad internacional. Baste recordar, por ello, las “moderadas” expresiones del Secretario General de las Naciones Unidas, para quien "sigue habiendo una sensible diferencia entre las aspiraciones y los logros. A pesar de la prosperidad sin precedentes de que disfrutan muchos países gracias a los avances tecnológicos y a la mundialización de la producción y las finanzas, ni los gobiernos ni las Naciones Unidas, ni tampoco el sector privado, han dado con la clave para erradicar la persistente pobreza en que se debate la mayor parte de la humanidad". Para continuar indicando que "de hecho, los desequilibrios existentes actualmente en la economía mundial plantean graves desafíos a la estabilidad internacional del futuro. Se trata de desequilibrios en la distribución de la riqueza, entre las fuerzas que promueven la integración económica y las que impulsan la fragmentación política, y entre los efectos de la presencia humana en los sistemas planetarios de apoyo a la vida y la capacidad de éstos"229. Dos elementos se combinan, pues, en la realidad que se configura en la actual sociedad internacional. Por un lado, se mantienen y, en ocasiones, se acrecientan las desigualdades entre los actores de las relaciones internacionales que se expresan, con toda nitidez, cuando se comparan los niveles de desarrollo económico y social de los diversos países del planeta. Por otro lado, esta desigualdad de hecho tiene que convivir con el hecho de la inexcusable interdependencia que, como se sabe, se ha acrecentado también en épocas más recientes. Como ha dicho D. Colard, la mundialización de la economía, de las técnicas y de los numerosos problemas nacionales ha creado "una interdependencia creciente entre los actores de la Sociedad internacional"230.

228S. BELAID, loc. cit., p. 319. 229Un Programa de Reforma cit, párr. 4 (cursiva añadida). 230D. COLARD, Les Relations internationales cit., p. 122. Es verdad que se puede adoptar otra perspectiva, como lo hace M. FLORY cuando señala que "la idea de una comunidad internacional solidaria desaparece bajo los efectos de la mundialización en favor de la economía de mercado. La toma de conciencia de una solidaridad planetaria con su exigencias es abandonada por un mercado global competencial en el que los operadores actúan conforme a sus intereses de mercado", Cfr., loc. cit., p. 629.

101 El objetivo a cumplir por la sociedad internacional y por su ordenamiento jurídico está, en consecuencia, perfectamente delimitado y, como veremos, falta aún por precisar los medios, los procedimientos y los mecanismos para el logro de este objetivo. En palabras del autor citado, la única forma de que el sistema internacional se adapte a las nuevas realidades es profundizando en las solidaridades universales "cela passe par le partage des responsabilités, des moyens, des ressources et des richesses"231. Y, más recientemente, lo ha dicho, sin ambages, el Secretario General de las Naciones Unidas, al enfatizar que "como resultado de la globalización, poco a poco se está empezando a comprender que el compromiso de todo el mundo para con los países pobres, responde, no sólo a un imperativo moral, sino también a un interés común. Cada país debe asumir la responsabilidad principal de sus propios programas de crecimiento económico y de reducción de la pobreza. Sin embargo, librar al mundo del azote constituido por la pobreza extrema es un desafío para cada uno de nosotros. Es un desafío al que tenemos ineluctablemente que responder"232. En este marco, el Derecho Internacional apuesta, no obstante, por la afirmación general de la igualdad jurídica entre los Estados; lo que supone, por de pronto, el respeto a la independencia política de éstos y la obligación de abstenerse de intervenir en sus asuntos internos y, en definitiva, abrir el camino, como decía el Secretario General de las Naciones Unidas, para "construir instituciones, encontrar modos de hacer frente a los problemas mundiales que provoquen menos enfrentamiento y buscar formas más productivas de utilizar recursos humanos, materiales y tecnológicos", porque ahora, al dejar atrás las consideraciones políticas "la economía de las relaciones internacionales tiende claramente a determinar la política en la materia"233. Se constata, por tanto, que el ordenamiento jurídico internacional aporta, también para eliminar las desigualdades, el significado profundo del concepto de soberanía cuya expresión no es otra que la igualdad soberana. Como lo ha indicado A. Pellet, en la sociedad internacional los Estados son igualmente soberanos o soberanamente iguales. "La igualdad entre los Estados es un dato fundamental del ordenamiento jurídico internacional (...)"234. Y, a mi juicio, esta noción de igualdad soberana debería sobrepasar los límites, en su interpretación jurídica, de las entidades estatales, por lo que se podría afirmar, en derecho, un principio inspirador de la igualdad en sentido amplio, que abarcarse, también, a otros entes de la sociedad internacional. En otras palabras, el mayor protagonismo en la escena internacional que van adquiriendo otros entes, diferentes de los 231D. COLARD, Les Relations internationales cit., p. 138. 232Informe sobre la Cumbre del Milenio , párr. 188. 233Memoria sobre la labor de la Organización del cuadragésimo sexto al cuadragésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General, septiembre 1992., p. 25, párr. 56. 234A. PELLET, Le droit international à l'aube cit., p. 54.

102 Estados, podría llevar con el tiempo a la afirmación de que las normas internacionales de las que son destinatarios se inspiran en un principio genérico de igualdad. Con esto, y aunque se debe reconocer que el concepto que une al conjunto de Estados de la comunidad internacional, "la igualdad soberana, puede parecer paradójico cuando no provocador"235, lo cierto es que no son del todo satisfactorios los recientes avances en el objetivo de la igualdad político-jurídica. En esencia, en la sociedad internacional contemporánea habitan profundas desigualdades, manifestándose jurídicamente o de hecho estas desigualdades no sólo entre los Estados sino también entre los seres humanos que habitan en el planeta. Pero no olvidemos, al mismo tiempo, que, de manera un poco paradójica, el aumento de las desigualdades se produce simultáneamente con el crecimiento de elementos de solidaridad en el "sistema internacional". Sobre estas bases, podemos apreciar, aunque sea de manera sucinta, ciertos ámbitos o sectores de las relaciones internacionales en los que se producen, con claridad, elementos de desigualdad, destacando, sin duda, la desigualdad políticomilitar entre los Estados y la desigualdad económica entre ellos. A) La desigualdad política entre los Estados En el ámbito de las relaciones políticas entre los Estados, y a pesar de que la descolonización trajo consigo un aumento considerable de entidades políticas independientes en la sociedad internacional que, desde el punto de vista formal, gozan de igualdad soberana, persiste la desigualdad política real entre ellos y las situaciones de dependencia. Manifestaciones de estas desigualdades podemos observarlas, por ejemplo, en la capacidad de algunos Estados para hacer que sus criterios primen en las actuaciones llevadas a cabo en el seno de ciertas Organizaciones Internacionales: Ya apuntó A. Chueca Sancho que "las Organizaciones Internacionales creadas por Estados constituyen a su vez instrumentos de sus creadores" y, lo que es peor, en ocasiones "a través de ellas los Estados intentan lograr objetivos que difícilmente podrían lograr mediante acciones individuales"236. A la postre, tales actitudes reflejan, a mi juicio, la desigualdad existente entre los Estados que, si bien en algunos casos se plasman jurídicamente mediante el otorgamiento a algunos Estados de un status particular, en otros casos se deja sentir flagratemente en el actuar y decidir de la Organización Internacional en cuestión. Esto se manifiesta, incluso, en Organizaciones Internacionales cuyo grado de integración se estima muy elevado para el estado actual de la comunidad internacional. No es 235Memoria sobre la labor cit,, septiembre 1992, p. 29. 236A. CHUECA SANCHO, Proyecto docente cit., 1992, p. 57.

103 extraño, pues, que en el entonces “Sistema de Cooperación Política Europea” se adoptasen decisiones por los Doce Estados comunitarios que, con meridiana claridad, fortalecían las posturas particulares de ciertos Estados, aunque quizá algunas veces ello respondiese, a la vez, a la defensa de intereses comunes de los Estados miembros. En cualquier caso, las reiteradas indefiniciones y ambigüedades de la "política exterior de la Comunidad Europea" son, también, producto de la voluntad de ciertos Estados de la Comunidad de defender, sobre todo, sus propios intereses en el plano internacional y, lo que es aún peor, las posiciones en tal dirección arrastraron a los Doce, en algunos casos, al terrero en el que se debatían los intereses de esos Estados. Y esto sigue sucediendo en el estadio actual de la integración europea. Lo ha dicho tajantemente A. Mangas Martín: "todavía los Doce no son conscientes de que comparten intereses esenciales y que éstos deben ser defendidos de manera conjunta. Algunos Estados no ven más lejos de sus intereses inmediatos de expansionismo político y económico sobre sus antiguas esferas de influencia"237, y, por si hiciera falta, ciertos hechos confirmaron estos temores, como fue el caso de la posición de Alemania, y de los Doce, ante la situación reinante en Yugoslavia a partir de 1991 y lo han vuelto a hacer, con ocasión de las posiciones comunitarios en relación con “el ataque” a Iraq, tras la adopción dela resolución 1441 del Consejo de Seguridad en noviembre del 2002. En el plano universal, que representa Naciones Unidas, hay que recordar también, como ejemplo significativo, la actitud de ciertos Estados occidentales en relación con la República Árabe Libia acusada por aquéllos de ser la responsable de los actos terroristas perpetrados, en Escocia, contra el vuelo 103 de Pan American y que generó el asunto relativo a Cuestiones de interpretación y aplicación de la Convención de Montreal de 1971 surgidas del incidente aéreo de Lockerbie. Con independencia del fondo del asunto, lo cierto es que sólo la desigualdad política entre las partes es lo que explica que a este Estado árabe se le "colocase" en una posición jurídica claramente desfavorable o, por decirlo con más precisión, tal y como lo ha hecho F. Mariño Menéndez, "la solución dada por la Ordenanza dictada por el Tribunal en respuesta a la petición de medidas provisionales presentada por Libia contra Estados Unidos y el Reino Unido en este asunto, ha venido plenamente determinada por una acción concomitante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, antes de que aquella Ordenanza se dictara pero después de la clausura de las audiencias, adoptó la resolución 748 237A. MANGAS MARTIN, El tratado de la Unión Europea, Gaceta Jurídica, curso monográfico, 1992, p. 33.

104 (1992) por medio de la cual, actuando en virtud del capítulo VII de la Carta, decidía que el gobierno de Libia debía entregar en un plazo determinado en extradición a Estados Unidos o al Reino Unido, para ser juzgados allí, a dos súbditos libios sospechosos de actos de terrorismo, particularmente de haber provocado la explosión en vuelo de un avión de pasajeros de la compañía Panam sobre territorio escocés”238. Para este autor, “el Consejo de Seguridad decidía además que en caso de incumplimiento de su primera decisión, a partir del 15 de abril siguiente los Estados adoptarían determinadas sanciones específicas contra Libia, sanciones que se especificaban en el propio texto". Si se quiere, se puede ser aún más radical y afirmar, con este autor, que es "cierto (y el Tribunal así lo reconoce) que la resolución 748 (1992) alteró la base jurídica y el Derecho aplicable por la Ordenanza del Tribunal a la petición de medidas provisionales (...). Ha habido, pues, en cierto modo una acción mediatizadora del desarrollo del procedimiento judicial, adoptada por el Consejo, que el Tribunal aceptó sin otras consideraciones que su vinculatoriedad y sin dictar ninguna otra medida provisional"239. Estos supuestos representan, únicamente, algunos ejemplos de lo que, con asiduidad, ocurre en el seno de las relaciones que acontecen en la sociedad internacional. La elección de cualquier sector de las relaciones internacionales nos depararía, casi con certeza, situaciones similares, en las que se aprecian los efectos de la desigualdad política entre los Estados que encuentra, algunas veces e infortunadamente, reflejo en el ámbito de lo jurídico. Estoy seguro, en consecuencia, de que un detenido análisis de la práctica de los Estados en materia de protección de sus nacionales en el extranjero pondría de relieve, no sólo que los Estados con mayor poder político llevan a cabo labores de protección de sus nacionales de mayor eficacia, sino que, al mismo tiempo, se revelaría que la intensidad de la protección aumenta o disminuye en función de quien sea el Estado en relación con el cual se ejercita240. B) La desigualdad económica en la sociedad internacional: el derecho al desarrollo. En el seno de las desigualdades existentes en la sociedad internacional, no por repetido, deja de tener vigencia, sobre todo, la escalofriante desigualdad en los niveles de desarrollo entre los Estados que conforman la comunidad internacional. En tal sentido, quizá fuera posible decir, como hemos apuntado, que no se han 238F. MARIÑO MENENDEZ, Responsabilidad e irresponsabilidad de los Estados y Derecho Internacional, Homenaje a M. Díaz de Velasco cit., p. 481. 239Ibid. 240Un trabajo de interés, M. BENNOUNA, La protection diplomatique, un droit de l'Etat?, Home. B. Ghali, Bruselas, 1998, pp. 245-250..

105 encontrado las fórmulas jurídicas para hacer frente, realmente y con eficacia, a los problemas que genera esta desigualdad y, mientras tanto, ésta subsiste con bastante intensidad. Como lo señaló, hace algún tiempo, V. Abellán, "hoy los foros internacionales parecen también haberse decidido finalmente a enterrar el NOEI, pero el subdesarrollo sigue vivo. Son muchos los países que continúan en la miseria, y muy elevado también el porcentaje de población mundial que no puede satisfacer las condiciones mínimas de subsistencia; es ésta una realidad que trasciende las fronteras nacionales y se sitúa en el plano internacional"241. Es una realidad que, en la sociedad internacional, se ha dejado sentir siempre con mayor fuerza que la división ideológica, la denominada escisión Norte-Sur, entre países desarrollados e industrializados y países en situación de subdesarrollo, por lo que, tras los acontecimientos que se vienen produciendo, se podría sostener, con C. Gutiérrez Espada, que "si la división de la sociedad internacional en Estados ideológico-políticamente contrapuestos se difumina, sigue sin embargo patente y con un toque mayor de drama, porque la diferencia tiende a irse acentuando, la que separa a los Estados desarrollados de los que no lo son, a los ricos del Norte de los Estos pobres del Sur del planeta (...)242. Esto nos permite apuntar, al menos, que la existencia de intereses comunes y la necesaria defensa conjunta de los mismos "dulcifica", en buena parte, las desigualdades que se plasman en la escena internacional. A la postre, la Comunidad Internacional está inmersa, y "condenada", en un proceso de reparto de las cargas y de las responsabilidades que se deriven de las decisiones que se adopten y que producen sus efectos más allá de los intereses limitados de ciertos actores de las relaciones internacionales. Todo esto se comprueba, por ejemplo, en el sector relativo a la protección internacional del medio ambiente, de tal modo que, como se señala en el Principio 2 de la Declaración de Río, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en 1992: "De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del Derecho Internacional, los Estados tienen (...) la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional"243. Las acciones normativas tendentes a eliminar estas desigualdades o, por lo menos, a ir dulcificando progresivamente los efectos de las mismas, encuentran 241Prólogo a la obra de A. PIGRAU I SOLE, Subdesarrollo y adopción de decisiones en la economía mundial, Madrid, 1990, p. 11 (cursiva añadida). Para superar esta situación y respecto a los intentos que se han hecho, véase el Capítulo de este autor dedicado al principio de igualdad de participación de los países en desarrollo en las relaciones económicas internacionales, pp. 185 ss y, también, 263 ss. 242C. GUTIERREZ ESPADA, Derecho Internacional cit., p. 27. 243Para los documentos emanados de esta Conferencia: I.L.M., 1992, pp. 814 ss.

106 una manifestación muy significativa en la proclamación, por el ordenamiento jurídico internacional, del derecho al desarrollo y de la afirmación de la necesaria promoción del desarrollo. Algo que acontece en todos los foros internacionales y en lo que participan el conjunto de las Organizaciones Internacionales, aunque siempre quepa resaltar las acciones que, en esta materia, llevan a cabo las Naciones Unidas. En cualquier caso, hay que coincidir con el Secretario General de esta Organización, en el sentido de que "en un mundo cada vez más interdependiente, sólo pueden afrontarse los desafíos del desarrollo mediante una acción internacional bien planificada, coordinada y debidamente financiada"244. Ahora bien, prácticamente consagrado el derecho al desarrollo, el fracaso del Derecho Internacional en sus funciones de cooperación, se manifiesta, en este caso, tanto en la lentitud a la hora de poner en práctica normas internacionales en materia de desarrollo, como en la ausencia de una acción común que lleve al campo consuetudinario normas y principios cuya eficacia jurídica es limitada, por encontrarse, muchas veces, en resoluciones con carácter de recomendación. Por lo que "es necesario que el derecho al desarrollo afirmado y reconocido sea explicitado por normas más precisas"245, ya que está claro que, en las relaciones económicas internacionales, "tal y como en la actualidad están organizadas", al hecho de la interdependencia se añade "la cualificación de la desigualdad. Interdependencia y desigualdad aparecen así como las coordenadas más significativas de la economía mundial contemporánea"246. La acción en favor del desarrollo, en sus formulaciones jurídicas, se concibe, de todas maneras, como un elemento imprescindible para eliminar la desigualdad y afirmar, de este modo, la existencia de ciertas "solidaridades" en la sociedad internacional. La estrecha vinculación que se establece entre el desarrollo y la configuración de una comunidad internacional enel tiempo presente o, por lo menos, con elementos de solidaridad en la actual sociedad internacional ha quedado clara y la ha explicitado, por ejemplo, M. Flory, para quien "au règne exclusif de l'Etat souverain tendaient à se substituer les exigences d'une communnauté internationale solidaire qui s'efforçait d'élaborer des règles de fond por planifier le développement et imposer aux Etats des obligations d'aide et de coopération"247. Por su parte, también lo ha hecho F. Mariño Menéndez, al decir que "dadas su universalidad, la importancia de su objeto y la amplitud de su intencionada , un principio así concebido tiene por fuerza que ser incluido entre los que integran la constitución material del ordenamiento 244Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, Nueva York, 1999, p. 18, párr. 127. 245J. J. ISRAEL, Le droit au développment, R.G.D.I.P., 1983, p 27. 246V. ABELLAN HONRUBIA, Algunas consideraciones sobre el Nuevo Orden Económico Internacional, R.F.D.U.C., ONU año XL, Madrid, 1987, p. 217. 247M. FLORY. Mondialisation et Droit International du développement, R.G.D.I.P., 1997-3, p. 610.

107 internacional". Para este autor, con mayor precisión, "quienes afirman la vigencia del principio que impone la obligación de respetar el derecho al desarrollo también afirman la obligación de los Estados de cooperar para el desarrollo. Pero ello es así porque el principio de cooperación queda afectado por el nuevo principio y debe ser entendido en su interrelación con él, al igual que deben serlo todos los demás principios que, como se ha dicho, integran lo que puede denominarse "248. Esto nos permite hacer, con carácter general, ciertas reflexiones sobre la base de que "se han producido cambios profundos, sobre todo desde el fin de la guerra fría, que ponen en tela de juicio algunas de las formas habituales de hacer frente a los desafíos del desarrollo"249. Está claro, antes de todo, que el desarrollo es uno de los objetivos primordiales de la actual comunidad internacional. Las primeras expresiones del Programa de Desarrollo destacaban, precisamente, que "el desarrollo constituye una de las principales prioridades de las Naciones Unidas. El desarrollo es una empresa multidimensional para lograr una mejor calidad de vida para todos los pueblos. El desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son componentes del desarrollo sostenible que tienen una relación de interdependencia y se refuerzan recíprocamente"250. Se ha llevado a cabo, en esta línea, una incesante labor normativa que ha ido produciendo como fruto la adopción de instrumentos jurídicos, de desigual valor, en favor del desarrollo. Dichos instrumentos, que han ido perfilando los elementos centrales del derecho al desarrollo, lo han ido concibiendo en sus diferentes dimensiones y han ido diseñando ámbitos diversos en los que podría producir efectos. De esta forma, el derecho al desarrollo y la promoción del desarrollo, sin entrar en los significados del derecho al desarrollo, del derecho del desarrollo y del derecho para el desarrollo, adquieren distintos significados normativos o, por lo menos, se expresan en sectores diferentes del ordenamiento jurídico internacional. El carácter multidimensional del desarrollo queda patente en los instrumentos jurídicos que abordan esta cuestión y que pertenecen, en sentido riguroso, a ámbitos diferentes. Por citar algunos ejemplos, no se pueden situar en el mismo espacio normativo ciertas resoluciones en las que se reconoce, con claridad, este derecho y entre las que destaca, sin duda, la Resolución 41/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 4 de diciembre de 1986, titulada "Declaración sobre el 248F. MARIÑO MENENDEZ, El marco jurídico internacional del desarrollo, El Desarrollo y la Cooperación internacional, Madrid, 1998. 249Programa de desarrollo cit., párr. 5. 250Ibid.., párr. 1.

108 Derecho al Desarrollo", pero a la que habría que añadir resoluciones adoptadas, durante el decenio de los setenta, como la Resolución 3201 (S-VI) que contiene la Declaración relativa al establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, de 1 de mayo de 1974 o la Resolución 3281 (XXIX) que contiene al Carta de los Derechos y los Deberes Económicos de los Estados, de 12 de diciembre de 1974; o la Resolución S-18/3 relativa a la Declaración sobre la cooperación económica internacional. Pero, también, podríamos recordar, desde otra perspectiva, muchas otras resoluciones que enmarcan la cuestión del desarrollo en el Derecho Internacional, tales como la Resolución 1515 (XV), sobre una acción concertada en pro del Desarrollo; o las Resoluciones 1710 (XVI), 2626 (XXV), 35/56 y 45/1999 en las que se establecen los decenios de Naciones Unidas para el desarrollo. Incluso, como veremos, actuaciones en el campo de los derechos humanos adquieren, en la esfera del desarrollo, un importante significado, como pueden ser la Declaración contra la discriminación Racial, adoptada por la Unesco, en 1978 o la Segunda Conferencia Mundial sobre derechos humanos, celebrada en Viena, en 1993. Con lo que debe quedar claro, entonces, que existen numerosos aspectos del desarrollo o, por lo menos, que este fenómeno se puede abordar desde diferentes perspectivas. El desarrollo, como se dice en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, "es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan". Ahora bien, sería equivocado contemplar el desarrollo de una manera parcial o fragmentada, más allá de los análisis teóricos, ya que todos y cada uno de los elementos que definen el derecho al desarrollo están indisolublemente unidos, motivo por el que, en la citada Declaración, se estipula, en su artículo 9, que "Todos los aspectos del derecho al desarrollo (...) son indivisibles e interdependientes y cada uno de ellos debe ser interpretado en el contexto del conjunto de ellos". Teniendo en cuenta la labor que, en materia de desarrollo, se ha llevado a cabo en el orden jurídico internacional, quizá merezca la pena resaltar, también, dos ámbitos en los que la afirmación del desarrollo, como un elemento básico en la actual sociedad internacional y la voluntad de promocionar el desarrollo, contribuyen de manera notable a eliminar elementos de insolidaridad en esta sociedad. En estos dos ámbitos, el desarrollo puede ir más allá de concebirse como un principio o, en su caso, como un valor de carácter programático e ir adquiriendo, en consecuencia, una mayor efectividad. Por un lado, el derecho al desarrollo se sitúa, por lo menos, en el marco apropiado para crear las condiciones que aseguren un esquema económico que

109 permita el ejercicio de este derecho. Como se señala en el Programa de Desarrollo "si bien el fin de la guerra fría ha fomentado un nuevo espíritu de diálogo y cooperación a nivel político en el mundo entero, es necesario mejorar el entorno económico internacional de manera que sea más favorable al desarrollo socioeconómico de los países en desarrollo, especialmente mediante el cumplimiento de los compromisos convenidos en las conferencias importantes de las Naciones Unidas celebradas recientemente"251. El derecho al desarrollo tiene, con toda seguridad, un contenido de carácter económico y su ejercicio depende, también, de las circunstancias económicas que rodean a los titulares del mismo. Como se decía en la Declaración con motivo del cincuentenario de las Naciones Unidas, en el primer párrafo de los dedicados al desarrollo, "un entorno económico internacional dinámico, vigoroso, libre y equitativo es indispensable para el bienestar de la humanidad y para la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales". Por lo que, en definitiva, el desarrollo, como elemento de equilibrio en la sociedad internacional, deberá concebirse en el marco del Derecho Internacional Económico. No le falta razón, entonces, a V. Abellán Honrubia cuando afirma que "una de las propuestas más sugestivas y audaces para la promoción del desarrollo de los países en vías de desarrollo llevada a cabo por las N.U., es la contemplada en la Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional"252. Con ello, se trata de poner el énfasis en el hecho de que el establecimiento de las normas en materia de derecho internacional económico debe suponer la inclusión de la normativa referente al desarrollo. Dada la estructura y las características de la actual sociedad internacional, las cuestiones relativas al desarrollo no presentan un carácter marginal sino que, por el contrario, ocupan un lugar central en los procesos de creación de normas en el ámbito económico. El Derecho Internacional Económico tiene como una de sus partes centrales el Derecho del Desarrollo. Por esto, "si un nouvel ordre doit se metre progessivement en place dans le domaine économique, il devra se construire en associant étroitement les principes du droit international du développement: le sous251Programa cit., párr. 24. 252V. ABELLAN HONRUBIA, El Derecho Internacional Económico cit., p. 586. Para esta autora el "Derecho Internacional del Desarrollo" constituye uno de los ámbitos materiales del "Derecho Internacional Económico", p. 582. Además, "la consideración del desarrollo desde la perspectiva internacional, ha propiciado que su noción no se circunscriba únicamente a los problemas que se suscitan en el interior de cada Estado, sino que debe elaborarse teniendo en cuenta las circunstancias y condicionamientos tanto económicos como políticos existentes en las relaciones entre los Estados. Por ello, la noción de desarrollo en el ámbito del derecho internacional ha ido vinculada normalmente a las exigencias del sistema económico imperante en la sociedad internacional (...) a su percepción en cada momento, y a las distintas coyunturas de la política internacional", p. 583.

110 développement reste l'un des problèmes majeurs de l'économie mondiale"253. A pesar de que se pueda hablar del ¿fracaso? del N.O.E.I. y de la difícil aceptación, en el ámbito jurídico, de las normas que emanan en materia de desarrollo, lo que sí se advierte es que el conjunto de normas que diseñen el Derecho Internacional Económico no pueden perder de vista el objetivo del Desarrollo. La propia resolución sobre el Derecho al Desarrollo establece esta vinculación entre orden económico y derecho al desarrollo en el parrafo 3, del artículo 3, cuando dispone que "los Estados deben realizar sus derechos de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos". El Derecho Internacional económico no tendría, por lo tanto, como únicas metas regular las relaciones económicas entre los Estados y otros entes que intervienen en las relaciones internacionales, sin tener en cuenta objetivos tales como la promoción y defensa de los países en desarrollo. Lo que se puede constatar es que resulta innegable que el Derecho Internacional Económico ha evolucionado, de manera lenta, en un sentido más justo y más conforme con los intereses de los países más débiles254. Esto quiere decir que este sector del ordenamiento jurídico internacional está también impregnado de la defensa de intereses comunes que van más allá de las posiciones concretas que adopten, en cada caso, los Estados y las Organizaciones internacionales en la defensa de sus posiciones particulares. Por otro lado, y estrechamente ligado a la defensa de los derechos humanos, el derecho al desarrollo está comenzando a tomar formas específicas en el Derecho Internacional, lo que quiere decir, en definitiva, que las desigualdades económicas no deben plantearse exclusivamente en términos de relaciones interestatales, sino en el sentido más global e integrador que tiene como último punto de referencia al ser humano255. Es verdad que no sólo se establece la vinculación entre derechos humanos y desarrollo, sino que, también, se puede indicar una estrecha 253E. ROBERT, Le nouvel ordre mondial à l'épreuve du désordre économique international, Association de Droit de gens cit., pp. 239-240. 254Cfr., F. HORCHANI, loc. cit., p. 209. Para este autor, el derecho, y menos aún el derecho internacional, no es neutro, por lo que se puede decir que el derecho internacional económico, que descansa en una filosofía económica liberal, ha sido capaz de adaptarse a las más grandes y profundas transformaciones que están ocurriendo en la sociedad internacional, Cfr., p. 200. 255Como nos recuerda A. CHUECA SANCHO, "Hace aproximadamente dos décadas, la doctrina internacional comienza a hablar de un grupo de Derechos que no nacen ni de la tradición liberal ni de la tradición socialista; se trata de los derechos de la tercera generación o derechos de la solidaridad. Estos derechos pretenden responder a los principales retos a los que se enfrenta la Humanidad en el presente", El derecho al desarrollo en el ámbito internacional, Desarrollo, maldesarrollo y cooperación al desarrollo, Seminario de Investigación para la paz, Zaragoza, 1997, p. 27.

111 relación entre desarrollo y medio ambiente que da lugar a la noción de desarrollo sostenible; y la existencia de un importante nexo entre desarrollo y mantenimiento de la paz. Lo que nos importa resaltar ahora, en particular, es que se viene estableciendo una estrecha relación entre desarrollo y protección de los derechos humanos, pues, como diría, el Secretario General de las Naciones Unidas, éstas ”reconocen desde hace tiempo que la política de desarrollo no es sólo una cuestión económica en sentido estricto. El desarrollo no se da en el vacío. Requiere niveles mínimos de seguridad para el ser humano y debe comportar participación política y respeto de los derechos humanos"256. La verdad es que la promoción del desarrollo, las acciones tendentes a garantizar situaciones de desarrollo, y el fenómeno en su conjunto, se han ido escorando, paulatinamente, hacia el sector relativo a los derechos humanos, entendiéndose que el derecho al desarrollo es un derecho humano. La Declaración sobre el Derecho responde, en último término, a la voluntad de dejar claro y de positivar un derecho de esta índole. No sólo el Preámbulo de esta Declaración está anegado de referencias a los derechos humanos, sino que, también, el conjunto de su parte dispositiva diseña, como se dice en el párrafo 1 del artículo 2, el contenido del "derecho humano al desarrollo". Esto se advierte en algunas de las líneas que dibuja la Declaración y que, en esencia, serían las siguientes: Primera, el derecho al desarrollo no sólo es un derecho humano sino que se ejerce en el contexto de protección internacional de los derechos humanos. Como se señala el artículo 1, este derecho "es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de el". Segunda, se sitúa a la persona humana en el centro de la titularidad del derecho al desarrollo, con independencia de que sean también titulares otros entes. Por esta razón, el artículo 2 afirma categóricamente que "La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo". Por último, se deja claro que el incumplimiento en materia de derecho humanos perjudica el ejercicio del derecho al desarrollo y, así, el artículo 6, párrafo 3 de la Declaración establece que "los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo resultantes de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos sociales y culturales". El contenido de la Declaración que emana de la Segunda Conferencia 256Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, Nueva York, 1999, p. 20, párr. 145.

112 Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena, en 1993, supone, desde la óptica de la afirmación del derecho al desarrollo como un derecho humano, un avance bastante significativo. Ya en su discurso inaugural, el Secretario General de las Naciones Unidas recordaba el vínculo existente entre democracia, desarrollo y derechos humanos, y sostenía que "una cosa es segura: no puede haber desarrollo duradero sin promoción de la democracia y, por ende, sin respeto de los derechos humanos"257. Esta posición del Sr. Boutros Ghali va quedar bien reflejada en el texto de la Declaración y el Programa de Acción, lo que nos permite decir, con F. Mariño Menéndez, que el "Documento Final" de esta Conferencia "hace una vigorosa reafirmación del derecho al desarrollo como derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales"258. En efecto, la Declaración de Viena, una vez que, en su punto 8, establece la relación democracia, desarrollo y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, sobre la base de que "la comunidad internacional debe apoyar el fortalecimiento y la promoción dela democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el mundo entero, dedica íntegramente los puntos 10 y 11 a precisar el contenido del derecho al desarrollo en la línea marcada por la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, y aborda, de nuevo, cuestiones referidas al desarrollo en el apartado titulado "Cooperación, desarrollo y fortalecimiento de los derechos humanos" del Plan de Acción (apartado C, puntos 66 a 77). Con todo, y como lo ha señalado M. Pérez González, "una característica básica del derecho al desarrollo (...) es su autonomía, en el sentido de que es un derecho con consistencia propia y no una simple suma o aglomerado de derechos preexistentes, sin que ello suponga negar que tal derecho (...) constituye una mera dimensión de los derechos humanos y (....) una síntesis (...) de los diferentes derechos"259. De ahí que pueda hablarse de un "desarrollo humano" amparado por normas internacionales de diversa naturaleza, que afectan a diferentes sectores de las relaciones internacionales, y con distintos destinatarios. En el fondo, sabemos que, con frecuencia, será "la ausencia de compromiso político, y no la falta de recursos financieros (...) la causa verdadera del abandono en que se encuentra el hombre"260, pero ello no impedirá que sea elemento imprescindible del desarrollo humano el crecimiento económico sin que 257Conferencia cit., pp. 20-21. 258F. MARIÑO MENENDEZ, Derecho Internacional Público cit., p. 196. 259M. PEREZ GONZALEZ, El derecho al desarrollo como derecho humano, El derecho al desarrollo o el desarrollo de los derechos, Instituto de Ciencias y Sociedad, Madrid, 1991, p. 86 (cursiva añadida). 260Desarrollo humano, Informe, 1991, Oxford, 1991, p. 17.

113 se ponga en peligro el objetivo de alcanzar un orden que se fundamente en el desarrollo humano sostenido. En definitiva, el ser humano, gracias a la introducción "de esta nueva dimensión ética en la consideración de las relaciones económicas internacionales"261, comienza a configurarse como el destinatario de las normas internacionales favorecedoras de estos avances en los ámbitos, por ahora, de la protección de los derechos humanos, de la conservación y mejora del medio ambiente, y del desarrollo económico en sentido estricto. Se abre, por lo tanto, una nueva dimensión en materia de desarrollo que se puede conceptuar como la búsqueda del desarrollo social262. Y en cuyo marco caben multitud de reflexiones, como la realizada por el Secretario General de las Naciones Unidas, cuando ha afirmado que "la comunidad internacional tiene que trabajar en pro del desarrollo social con todos los instrumentos de que dispone, procurando fomentar una mayor sensibilidad por esas cuestiones y al mismo tiempo impulsar la financiación de iniciativas para combatir la pobreza y satisfacer las necesidades del desarrollo social"263. Por todo, la situación normativa está clara y no le faltaría razón a A. Chueca Sancho cuando afirma que "la positivación del derecho al desarrollo no es un fenómeno emergente sino consolidado. Estamos ante un derecho, formulado en términos jurídicos, regulado por el Derecho Internacional; la obligatoriedad jurídica de este derecho es además asumida (de un modo más o menos claro) por los Estados, las Organizaciones Internacionales e incluso muchos individuos"264.

261V. ABELLAN HONRUBIA, loc., cit., ONU, p. 220. 262M. FLORY, loc. cit., pp. 631-632. 263Las causas de los conflictos cit., párr. 85. 264A. CHUECA SANCHO, El derecho al desarrollo cit., p. 33.

III. El Derecho Internacional como ordenamiento de la "comunidad jurídica internacional" El carácter sumamente heterogéneo de una sociedad, como la internacional, puede llevar a la conclusión de que no es posible contar con un ordenamiento jurídico que disponga de notas y características propias de todo derecho o, por lo menos, que éstas se expresen mediante modalidades muy rudimentarias. De ahí a configurarse como el sistema jurídico de una comunidad sería, desde esta perspectiva, algo completamente ilusorio y más propio de la imaginación que de la realidad. Las profundas diferencias políticas entre los Estados, las disparidades y las desigualdades de contenido económico, las divergencias y las discrepancias entre ellos, en muchos ámbitos, impedirían o, por lo menos, obstaculizarían seriamente que se aspirase a satisfacer un mínimo de valores que, a la postre, y bien articulados, deberían encontrar expresión jurídica a través de principios y normas del Derecho Internacional. Y, con ello, constituirse en el ordenamiento jurídico de una determinada comunidad. Aunque se reconociese que es necesario contar con un ordenamiento jurídico para una sociedad de esas características e, incluso, aunque se advirtiese que habría que proceder, con intensidad, a su codificación, en la línea señalada por C. Gutiérrez Espada, quien considera que el motivo por el cual la codificación y el desarrollo progresivo del Derecho Internacional han encontrado tras la segunda guerra mundial "un impulso evidente es, precisamente, por las exigencias de una sociedad dividida, desigual y, al mismo tiempo, interdependiente, que necesita, como el menesteroso el pan, de clarificación y orden"265; la verdad es que ello no abocaría, necesariamente, a la creación del Derecho Internacional como expresión cierta de una comunidad internacional ya formada y sólida y con un carácter permanente. La perentoria necesidad de contar con un ordenamiento jurídico capaz de regular, con eficacia, el conjunto de las relaciones que acontecen en la sociedad internacional contemporánea se enfrenta, como obstáculos más sobresalientes, a los rasgos que precisamente definen esta sociedad y, también, a su carácter sumamente dinámico y evolutivo. Por lo que, como dijera B. B. Ghali, "debemos tener siempre presente el hecho de que el orden internacional ya no debe regir de ahora en adelante una sociedad inter-estatal, sino un sociedad fundamentalmente transnacional"266. El objetivo final que pretendemos, ahora, es resaltar todos estos elementos para observar los eventuales factores que contribuyen, desde distintas ópticas pero 265C. GUTIERREZ ESPADA, Hacia un compendio de Derecho Internacional Público, Barcelona, 1991, p. 191. 266Acto de investidura cit., p. 17.

116 sobre todo desde la perspectiva jurídica, a la configuración del Derecho Internacional del Tiempo Presente como el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. Por supuesto, en los momentos del tránsito hacia el Derecho Internacional del tiempo presente se continúa, en buena parte, con un ordenamiento jurídico encargado de regular tan sólo las relaciones entre los entes a los que se les atribuye subjetividad internacional y no se consolida, por lo tanto, como el derecho propio y singular de una verdadera comunidad jurídica internacional. Las especificidades que definen y configuran la esencias de la sociedad internacional contemporánea se plasman, de manera indeleble, en el Derecho Internacional y hacen que en éste, pese a los esfuerzos por sistematizarlo y cohesionarlo, pervivan, y en algunos sectores normativos con bastante fuerza, los elementos propios y peculiares que lo definieron en épocas pasadas. Estamos seguros, no obstante, de que la evolución de la sociedad internacional vendrá acompañada de la evolución del ordenamiento jurídico internacional y, por esto, sólo la consagración real de una comunidad internacional en el entorno social conducirá a la creación de una comunidad jurídica internacional. Todo derecho lleva en sí el germen de regir y regular una determinada comunidad que, desde el momento, en el que se ve apoderada por el ordenamiento en cuestión se convierte en comunidad jurídica. También, el sistema jurídico internacional participa de esta vocación, a pesar de que la ausencia de elementos comunitarios haya llevado, incluso, a negar la propia existencia de este ordenamiento jurídico. En el fondo, las razones últimas que justifican las posiciones negadoras del Derecho Internacional descansan en elementos que estarían plenamente presentes si se tratase del derecho de una determinada comunidad267. Por ahora debemos conformarnos, pues, con una descripción de este ordenamiento jurídico cercana a la realizada por S. Belaid, para quien "d'un côté, le droit international moderne est, en tant qu'ordre normatif, marqué par une évidente ambiguïté due aux divergences entre les conceptions et à des divergences non moins évidentes quant aux valeurs; d'autre côté, étant -comme tout système juridique-, un instrument de la politique, il se trouve -plus que tout autre système juridique-, marqué par les divergences et même les contrariétés entre les visées et les objectifs politiques des uns et des autres et, particulièrement (B. Boutros Ghali) entre les "268. Todo ello se enmarca, en la actualidad, en una serie de consideraciones que, por un lado, demuestran la falta o, en su caso, la insuficiencia, de elementos 267Vid., A. PELLET, Le droit international à l'aube cit., pp. 37-40. 268S. BELAID, loc. cit., p. 289.

117 comunitarios y homogéneos en la sociedad internacional y, por otro lado, la aparición emergente de aspectos de esta índole. Lo que se observa es que, como se ha dicho, "deux faits constants dominent ces deux siècles de vie internationale (...) la persistance de l'Etat souverain" y "la prise de conscience, dans presque tous les domains, de l'existance des intérêts communs, bref, de la solidarité internationale"269. Quizá, aunque de modo parcial, podemos referirnos a algunas de estas consideraciones, pero siendo conscientes, eso sí, de que el Derecho Internacional debe recorrer aún un largo camino que le conduzca, en definitiva, a su consagración como el ordenamiento jurídico propio de la "comunidad planetaria". Lo que sí podemos afirmar es que, en el trasfondo de la creación de esta comunidad, estarán presentes una serie de valores que, con mayor o menor traducción jurídica, vendrán a definir las grandes ideas-fuerza sobre las que giran las concepciones en torno a las relaciones que acontecen en la sociedad internacional. En la actualidad, la paz, el desarrollo, la democracia y los derechos humanos están, con toda seguridad, en el centro de las preocupaciones de la eventual comunidad internacional y, por esto, podrían constituirse en los puntos de referencia inexcusables en la formación de los principios y normas sobre los que se sostuviera la “comunidad jurídica internacional”. Como dijera J. Pérez de Cuellar, "se establece así una estrecha correlación entre la democracia, derechos humanos, desarrollo y paz que hace urgente emprender, en los ámbitos interno e internacional, una vigorosa acción que cree en todos los países del mundo, especialmente en los menos desarrollados, condiciones justas mediante la educación de la democracia y de los derechos humanos (...)"270. Posición que, también, ha adoptado B. Ghali, en su condición de Secretario General de las Naciones Unidas, al decir, al hilo de los nuevos acontecimientos, que "tenemos el deber de mirar de distinta manera los grandes objetivos de la Comunidad internacional. Y concretamente las reglas del Derecho destinadas a preservar la paz, a promover el desarrollo o a favorecer la democracia"271. Quizá estos valores se han ido pergeñando y han alcanzado, en mayor o menor medida, la consideración de objetivos primordiales de la comunidad internacional en su conjunto. Por lo menos, están en la base de ingentes comportamientos que adoptan los Estados y las Organizaciones Internacionales y se plasman en numerosos instrumentos de naturaleza jurídica. Aunque, ciertamente, será preciso que su consideración como propósitos termine reflejándose en principios de naturaleza y contenido jurídicos; en normas de las 269Cfr., DINH, N.Q., DAILLIER, P. y PELLET, A. Droit international Public, 5ª ed., París, 1994, p. 29. 270J. PEREZ DE CUELLAR, Reflexión sobre los variados aspectos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Consolidación de derechos cit., p. 33. 271Acto de investidura cit., p. 21 (cursiva añadida).

118 que dimanen obligaciones específicas y concretas para los Estados y demás sujetos del Derecho Internacional; y, en suma, en sistemas institucionales que garanticen el cumplimiento de los principios y de las normas. Lo que sí se advierte, en todo caso, es que determinados sectores del ordenamiento jurídico internacional van elaborando el entramado jurídico correspondiente con fundamento en esos valores y, todo ello, hace que, a la postre, normas concretas sean, en el fondo, la expresión jurídica y obligatoria del propósito que las inspira. Por centrarnos en dos ámbitos que han sido objeto de nuestra investigación y que, a mi juicio, presentan un interés reciente, cabría recordar que tanto el reconocimiento y la protección de los derechos de las minorías nacionales como la asunción de obligaciones en el marco de procesos de integración económica, se inspiran y se plasman jurídicamente en los valores mencionados. En otras palabras, las normas y principios que emanan en cada uno de estos sectores encuentran su fundamento último en la existencia de determinados valores. Por lo que se refiere a las minorías nacionales, ya dijimos que "la consideración de las minorías nacionales en Europa se va definiendo, también, en un entorno diseñado y enriquecido por determinados valores que se consideran propios de la identidad europea o que van definiendo la misma272. (...) Quizá, no sea posible identificar con precisión cada uno de estos valores y, al mismo tiempo, podría resultar difícil coincidir en los valores que realmente definen a la Europa contemporánea. De todos modos, parece cierto que la realidad europea se ha ido plasmando en cada uno de los instrumentos político-jurídicos más relevantes de cada una de las Organizaciones (...), de tal manera que los valores que se recogen en los mismos se consideran, en ocasiones, como elementos –constitucionales- de cada una de las citadas Organizaciones. Estos elementos y valores, por lo que a nosotros nos interesa, se configuran como las verdaderas bases para la acción presente y futura en materia de minorías nacionales. Como lo señaló A. Fenet, las tres Organizaciones "273. En tal sentido, qué duda cabe que cuando las diversas Organizaciones se han ocupado, o se ocupen más intensamente, de esta materia lo han hecho y lo harán, o por lo menos no podrán olvidar, que se van satisfaciendo progresivamente ciertos pilares en los que se fundamenta cada una de estas Organizaciones, en particular, la democracia y el estado de derecho, la protección de los derechos humanos, y el respeto a la diversidad regional y cultural en Europa"274. Con ello, se nos pone de relieve que la adopción de normas, en materia de reconocimiento y 272C. M. DIAZ BARRADO, La protección cit. 273C. M. DIAZ BARRADO, La protección cit. (A. FENET, loc. cit., p. 94). 274Ibid.

119 protección de los derechos de as minorías nacionales, responde al objetivo de satisfacer lo que se “esconde” tras lo valores indicados. En lo que concierne a los procesos de integración, señalábamos, al analizar la integración en América Latina y el Caribe, que "los procesos que conducen a hacer realidad el espacio iberoamericano de integración deben tener necesariamente unos fundamentos sobre los que se asienten y, asimismo, deben manifestar las dimensiones sobre las que se proyectan”. Para continuar indicando que “quisiera, (...), aventurarme a detallar algunos elementos que, a mi juicio, están presentes en los procesos de integración que analizamos y que configuran, en esencia, la fundamentación y el ámbito de actuación de los mismos”275. Por ello, era posible decir que “desde esta perspectiva, hay que partir, sin duda, de fundamentos de diverso contenido pero que, (...), podríamos resumir en la existencia de vínculos históricos y en la presencia de lazos de carácter cultural entre los Estados que participan en los procesos de integración (...); en la necesidad de crear espacios en los que reine la seguridad y la estabilidad como expresión de la estrecha colaboración y de las relaciones pacíficas entre los Estados participantes; en la voluntad política de crear y consolidar regímenes de carácter democrático en los que se asuma el reconocimiento y la protección de los derechos humanos; y todo ello en el marco del establecimiento de un espacio económico que asegure el bienestar y el desarrollo en los Estados implicados”276. Con lo que, en consecuencia, “desde una visión estrictamente jurídica, y con todas las reservas que se quiera, podríamos decir que la integración (...) es portadora de unos <principios> que le sirven de fundamento y de unos <propósitos> que van delimitando su campo de actuación. Pero hay que advertir que dichos principios y propósitos que, a mi juicio aún no se encuentran articulados de modo completo, se condicionan mutuamente”277. En ambos casos, lo que apreciamos es que la adopción de normas y, en su caso, el establecimiento de principios de contenido jurídico responden, con seguridad, al objetivo de satisfacer unos determinados valores que están presentes en las normas y principios en cuestión y que se proyectan en el conjunto del sector del ordenamiento jurídico al que informan. En realidad, el examen de cualquier sector del ordenamiento jurídico internacional, y en un plano universal, manifiesta que los principios en los que se inspira y la adopción de normas en el marco del mismo, se encuentran influidos por todos o algunos de los valores indicados y que, progresivamente, se está 275Cfr., C. M. DIAZ BARRADO, Iberoamérica cit. 276Ibid. 277Cfr. ,ibid.

120 produciendo una fenómeno en el que se entiende que estos valores tienen un carácter indivisible e interdependiente. El discurso de las Conferencias internacionales, celebradas durante el decenio de los noventa del siglo XX, revela tanto la presencia y el empleo de los conceptos de paz, democracia, desarrollo y derechos humanos, como la estrecha vinculación que se quiere establecer entre ellos, quizá con la finalidad de que informen conjuntamente normas o principios jurídicos o bien con el objetivo de servir como parámetros de interpretación. En particular, podemos observar cómo la Declaración y el Plan de Acción, adoptados en Viena en 1993, en la Cumbre Mundial sobre los derechos humanos, están impregnados de estos valores a los que hacemos referencia. Y, en esta línea, hay que interpretar las palabras del Secretario General, con ocasión de la apertura de la citada Conferencia, cuando señaló, con rotundidad, que "sólo la democracia, dentro de los Estados y dentro de la comunidad de Estados, es verdadera garante de los derechos humanos"; "que debe establecerse (...) el vínculo que ya existe en nuestra mente entre democracia, desarrollo y derechos humanos"; y que hay que "promover la democracia y los derechos humanos", también en los países en desarrollo, porque "únicamente el desarrollo de cada cual garantizará la paz para todos"278. Quizá sea posible, en esta línea, establecer un cúmulo de interrelaciones de unos valores con otros y llegar a conclusión de que todos y cada uno de ellos se condicionan mutuamente y que, por lo tanto, sólo se podrán alcanzar plenamente en el caso de se satisfaga cada uno de ellos. Por lo demás, es constatable que los valores que venimos mencionando han supuesto un cambio decisivo en las concepciones de las relaciones internacionales y que, por ello, han encontrado su reflejo en el ordenamiento jurídico internacional. Hace menos de un siglo que los principios, valores y conceptos que primaban en la sociedad internacional eran, precisamente, los contrarios a los que venimos indicando y aquéllos, admirados y tolerados, encontraron, en su época, una perfecta traducción jurídica. En lugar del derecho a la paz, era el ius ad bellum el protagonista de las relaciones internacionales y el uso de la fuerza, por cualquier motivo o razón, se constituyó y configuró como un atributo de la soberanía estatal, hasta el punto de que el recurso efectivo a la fuerza por un Estado se estimaba como un adorno que aportaba al Estado en cuestión cierto prestigio en la escena internacional. Por lo menos, quedó claro, durante largo tiempo, que los Estados podían recurrir a la fuerza armada sin más límites que los que se derivaban de circunstancias de oportunidad política. El derecho al desarrollo ni tan siquiera se podía concebir en una sociedad marcada por las diferencias económicas de los Estados y de los pueblos. Éstos, en 278Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 1993, pp. 10, 20 y 21.

121 los supuestos de dominación colonial, observaban, con resignación, cómo se procedía al expolio de los recursos naturales y sufrían, en consecuencia, la explotación económica más grave de la que ha tenido conocimiento la historia y la humanidad. El principio jurídico era el colonialismo y la dominación colonial y las consecuencias de todo ello, en el ámbito económico, eran de todos conocidas. Los conceptos de participación ciudadana en los asuntos internacionales y la consagración de un eventual principio democrático en la sociedad internacional, hubieran creado asombro en nuestros antepasados y era imposible imaginar, incluso sociedades internas, en las que respetase la más mínima intervención de los gobernados en los asuntos de gobierno. El individuo no era, en modo alguno, destinatario de derechos y se concebía como un súbdito del Estado. Desde luego, la trasparencia y la participación en los asuntos públicos no formaban parte de los atributos de los Estados y, ni que decir tiene, que en la sociedad internacional no habitaban elementos de democratización. Por último, "homo hominis non sacra res" sería una máxima válida, en la sociedad internacional de hace tan sólo sesenta años. Los derechos eran de los Estados y no de los seres humanos y las violaciones de los derechos humanos, incluso de los más elementales y básicos, además de constituir un asunto interno de cada Estado, no eran violaciones del ordenamiento jurídico internacional. El reconocimiento y protección, en el plano internacional, de los derechos humanos tardó mucho tiempo en consagrarse como un objetivo y como un asunto de interés para los Estados. En suma, no podemos negar que, ciertamente, se ha producido una profunda transformación en los valores que inspiran el conjunto de la sociedad internacional, más allá de su efectividad, y estimamos que, en la actualidad, nos hallamos en presencia de “conceptos de valor” que, con todos los matices que se quiera, favorecen la integración y la solidaridad en el planeta. Pero los argumentos, hasta ahora utilizados, son insuficientes para demostrar, con certeza, que el conjunto del ordenamiento jurídico internacional ha sabido reflejar con perfiles estrictamente jurídicos y perfectamente entrelazados entre sí los elementos de un sistema de normas e instituciones propios de una comunidad jurídica internacional. A lo más, aunque no menos, la definición de las características de la comunidad internacional se va enriqueciendo con aportaciones de esta índole y se va generando la convicción, también jurídica, de que los valores no deben estar ausentes ni en el proceso de elaboración de normas ni en la instauración de mecanismos que aseguren su aplicación. En definitiva, el carácter de la sociedad internacional, los procedimientos normativos e institucionales del Derecho Internacional y, sobre todo, el poder de los Estados en la configuración del sistema internacional, en todas sus dimensiones y manifestaciones, son quienes determinan los caracteres profundos del Derecho

122 Internacional. La “comunidad jurídica internacional”, como realidad completa, depende, entonces, del quehacer de quienes la conforman. En un sector muy concreto, ya lo decía el Secretario General de las Naciones Unidas: "en el Estado debería la comunidad internacional delegar principalmente la función de velar por la protección de las personas"279. Por todo, hemos de señalar que, en la actualidad, se pude abordar con fundamento la cuestión relativa a la eventual existencia de una “comunidad internacional” y que, en el fondo, hemos pasado de posiciones negadoras del orden jurídico internacional o, al menos de su juridicidad, a posiciones en las que se suscita la existencia de principios y normas dotados de generalidad y exigibilidad. 1. La aceptación de la expresión "comunidad internacional" Nos interesa, ahora, ofrecer algunas reflexiones en torno al concepto de "comunidad internacional" en el ordenamiento jurídico internacional en el momento actual, teniendo en cuenta, como dijera F. Mariño Menéndez, que "dada su estructura interestatal básica, no existe en la Comunidad Internacional un poder constituyente, capaz de dar forma jurídica específica a una Constitución formal del orden jurídico internacional". Más aún, "la Comunidad jurídica internacional carece de una autonomía central que sea titular de poderes jurídicos normativos de alcance general"280. Desde la óptica normativa, se podrían observar, sin embargo, elementos que contribuyen o través de los cuales percibimos la configuración, en el futuro, de una eventual comunidad jurídica internacional o que nos descubren, por lo menos, que sigue intacta la vocación del Derecho Internacional por constituirse plenamente en el "sistema jurídico" encargado de regular las relaciones que habiten en el seno de la comunidad internacional. Entre estos elementos es destacable el empleo, cada vez más frecuente de la expresión "comunidad internacional" y lo que se esconde tras la utilización de estos términos. Interesa reseñar que las expresiones que dan contenido a la realidad "comunidad internacional" no han estado ausentes, a lo largo del tiempo, en el discurso tanto de la doctrina internacionalista, como en las posiciones jurisprudenciales y en la práctica de los Estados. Y ello con independencia de la correcta o incorrecta utilización de los términos. En otras palabras, no deja de 279Ibid.,, p. 16. 280F. MARIÑO MENENDEZ, Derecho Internacional Público cit., p. 59. Tres trabajos en los que se abordan, con detalle y rigurosamente, cuestiones relativas a la comunidad internacional: Ch. TOMUSCHAT, Obligations arising for States without o againts their will, R.C.A.D.I., 1993-IV, pp. 195-374; B: SIMMA, From bilateralism to community interest in International Law, R.C.A.D.I., 1994-VI, pp. 217-384; y A. FROWEIN, Reactions by not directly affected to breaches of Public International Law, R.C.A.D.I., 1994-IV, pp. 345-437.

123 haber muchas ocasiones en las que se utiliza la expresión "comunidad internacional" otorgándole el contenido y las connotaciones que, en realidad, le corresponden. En sentido amplio, J. A. Carrillo Salcedo ha dicho, con razón, que "la vie internationale reste dominée par les rapports interétatiques, mais le recours à la notion de communauté internationale (...) est de plus en plus fréquent en raison de la force évocatrice des termes qui l'expriment et de la subordination qu'ils suggèrent des souverainetés particuliéres au bien commun"281. Por recordar sólo algunas, aunque pocas posiciones doctrinales, tengamos presente que, en los momentos en los que se podría situar el origen del Derecho Internacional, ya se reflexionó respecto a la existencia de una comunidad internacional. En efecto, como nos recordaba A. Truyol Serra, "sea suficiente en esta evocación señalar cómo, al tomar conciencia de la novedad de la situación creada en el ámbito jurídico por la aparición en su horizonte del Nuevo Mundo, Vitoria se elevó a la idea de una comunidad internacional universal basada en la unidad del género humano, diversificado en pueblos y naciones (gentes) cuya organización política (hoy diríamos su estatalidad) requiere un mínimo de adecuación a las exigencias de un orden racional (...)"282. Por su parte, F. Mariño Menéndez comienza su obra general indicando que "la Comunidad Internacional está constituida por el conjunto de entes colectivos que se relacionan entre sí por medio de normas del Derecho Internacional Público o Derecho de Gentes", para afirmar, después, este autor, que "la Comunidad Internacional es una noción que ha recibido expresión en el Derecho Internacional"283. Y esto es lo verdaderamente relevante: el empleo de esta noción se hace en un marco jurídico y con efectos de esta naturaleza. La verdad es que el empleo de la expresión "comunidad internacional" se ha ido haciendo cada vez más frecuente, por parte de la doctrina científica, y ello no deja de ser un indicio más de que, tras esta expresión, se esconde una realidad que va más allá de lo que significa la sociedad internacional; que representa algo más que la sociedad internacional organizada (cuyo principal exponente serían las Naciones Unidas); y que, incluso, debe ser interpretada con un sentido diferente al que le corresponde a la noción de humanidad. La comunidad internacional sacaría a la luz los elementos solidarios que habitan en la sociedad internacional, supondría la defensa conjunta de intereses y valores comunes, y se fundamentaría en una serie de principios y normas generalmente aceptados por los miembros de la misma. En palabras de C. Jiménez 281CARRILLO SALCEDO, J. A. Droit International cit., p. 132 (cursiva añadida). 282A. TRUYOL SERRA, Francisco de Vitoria a la luz del Descubrimiento, Inauguración, La cooperación internacional, XIV Jornadas AEPDIRI, Bilbao, 1993, pp. 21-22 (cursiva añadida). 283F. MARIÑO MENENDEZ, Derecho Internacional Público cit., p. 17 (cursiva añadida).

124 Piernas, desde una perspectiva eminentemente normativa, "también hay reglas que protegen no ya intereses de los Estados individualmente considerados o en grupo, sino intereses colectivos esenciales de la Comunidad Internacional (C.I.) en su conjunto, que pretenden la realización solidaria de un cierto orden público internacional basado en la adhesión a un mismo código de valores mínimos (...)"284. A partir de aquí el Derecho Internacional se dotaría de aquellos elementos que le darían eficacia, se adornaría de las notas de efectividad y exigibilidad, y establecería procedimientos de creación de normas más centralizados. Y todo ello, aunque no se puede olvidar, sin embargo, que muchos internacionalistas han negado la existencia de una comunidad internacional. Así, O. Casanovas nos recordaba que "la afirmación de que los Estados forman una es susceptible de ser acogida con un cierto grado de escepticismo e, incluso, ha sido objeto de negación", de tal manera que algunos estudiosos de la vida internacional, poniendo el acento más en los intereses particulares de los Estados, llegan a la conclusión de que "no existe propiamente una comunidad internacional y que las normas jurídicas internacionales, si realmente existen, juegan un papel muy secundario y relativo"285. De esta forma deberían darse, para la existencia de una comunidad jurídica internacional, los dos presupuestos señalados por F. Mariño Menéndez, es decir, una sociedad internacional y la convicción de que las relaciones en el seno de la misma "deben estar regidas por normas determinadas, aplicadas recíproca y generalmente"286. La generalidad de las normas adquiere así un papel preponderante en los elementos de definición de la comunidad jurídica internacional y se opone, de manera radical, a características hoy presentes del ordenamiento jurídico internacional, tales como el relativismo, el particularismo y el "carácter situacional" de este Derecho. Constatemos, en definitiva, que el empleo de la expresión "comunidad internacional" por parte de la doctrina científica responde, sobre todo cuando se le otorga un determinado contenido a la misma, al hecho de que el ordenamiento jurídico internacional establece precisiones, de carácter más o menos vinculantes, que tienen como destinataria a esa comunidad. Así, la reflexión doctrinal sobrepasa los términos de la categoría y del enfoque filosófico, para penetrar en el plano más concreto de la realidad jurídica. Por esto, las tendencias contradictorias que habitan en la sociedad internacional tienen, como ha dicho A. Pellet, una traducción jurídica. "d'une part, le droit international demeure essentiellement ce qu'il a 284En M. DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Dercho Internacional Pubíco, Madrid, 1999, pp. 67-68. 285O. CASANOVAS Y LA ROSA, Unidad cit., pp. 146-147. 286F. MARIÑO MENENDEZ, Derecho Internacional Público cit., p. 18. Con ello se eliminarían ciertas incertidumbres y se insistiría en los elementos de cohesión que deben habitar en la sociedad internacional. No caben dudas de que el establecimiento de norma de contenido y alcance general es uno de los objetivos del Derecho Internacional Contemporáneo.

125 toujours été depuis l'avènement des Etats modernes: un faisceau de relations bilatélares (et plurilatérales). D'autre part, de façon encore balbutiante, il consacre des solidarités globales qui affleurent dans la sphère juridique et que l'on synthétise en parlant de "287. Pero lo importante es que, generalmente, la doctrina internacionalista acepta que se dan elementos en el orden jurídico internacional que permiten situarlo en la línea del ordenamiento de una determinada comunidad internacional. Incluso, quienes ponen el énfasis en aspectos menos societarios y comunitarios, se ven forzados, a la postre, a reconocer que, pese a todo, hay elementos de esta índole en la actual sociedad internacional. Así, A. Remiro Brotons ha afirmado que "en una sociedad como la internacional sería ilusorio concebir el Derecho Internacional como un orden pacífico y completo. No podemos analizar la realidad jurídica sin entrar en el incierto e inestable proceso de su transformación ni debemos aislar la violación de las normas del contexto histórico en que se producen", para llegar a decir, este autor, que urge "volver a la Carta, manifiestamente mejorable, para reconstruir el consenso sobre las instituciones que han de servir los principios constitucionales que nos hemos dado y para ampliar o complementar estos principios"288. Pero por si fuera poco, se ha dicho, también con razón, que ciertas características básicas de la actual sociedad internacional no impiden el surgimiento de una comunidad internacional. Para O. Casanovas "la presencia de conflictos en las relaciones entre los Estados, e incluso las guerras que en entre ellos han existido, no constituyen un obstáculo insuperable a la idea de comunidad internacional", puesto que, en definitiva, "el conflicto presupone una cierta comunidad de intereses y puede tener aspectos positivos"289. Desde luego, no resulta difícil observar y registrar aquellos elementos de la sociedad internacional que significan división y contradicción y que ponen de manifiesto, en consecuencia, la debilidad de esta sociedad. Más complicado es, sin duda, advertir aquellos aspectos que, deducidos incluso de los comportamientos de los Estados, inciden en los intereses comunes de éstos. Están siendo desbordadas, a mi juicio, las posiciones doctrinales que ponen el acento en el carácter unilateral y en las vertientes más desgarradoras de la sociedad internacional y se van abriendo paso progresivamente concepciones que, sin negar los elementos dramáticos de las relaciones internacionales, apuntan aquellos aspectos que están orientados a poner de relieve cierta solidaridad.

287A. PELLET, Le droit international à l'aube cit., p. 101 (cursiva añadida). 288A. REMIRO BROTONS, Universalismo cit., 55 (cursiva añadida). 289O. CASANOVAS Y LA ROSA, Unidad cit., pp. 149 y 150.

126 Tengo la impresión, en suma, de que la reflexión doctrinal camina, en esencia, en una doble dirección: Por un lado, es innegable que la actual estructura del ordenamiento jurídico internacional ha sido levantada con "andamios" de naturaleza y contenido particulares, es decir, con fundamento básicamente en el quehacer de los Estados; por otro lado, está claro que, paulatinamente, se han ido advirtiendo aspectos que afectan al conjunto de Estados y que tocan intereses comunes de éstos y del resto de los destinatarios de normas internacionales. Sin duda, el análisis doctrinal en torno a una eventual comunidad jurídica internacional es mucho más fácil hoy que en tiempos pretéritos ya que, incluso, la propia acción estatal es la que ha ido despojando al Derecho Internacional de particularismo y relativismo y le ha ido aportando generalidad y exigibilidad. La ausencia de referencias explícitas a la comunidad internacional en instrumentos jurídicos sumamente relevantes, como sería el caso de la Carta de las Naciones Unidas, ha sido parcialmente compensada y queda cubierta por su aparición en otros instrumentos que están dotados, también, de cierta envergadura y que, en concreto, poseen una profunda significación jurídica. En este sentido, hay que recordar, sin lugar a dudas, la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, que, precisamente en el marco de la afirmación del principio de la igualdad soberana, sostiene, como se sabe, que "Todos los Estados gozan de igualdad soberana. Tienen derechos y deberes iguales y son miembros iguales de la Comunidad Internacional (...)". Resulta curioso y aleccionador que esta referencia se vincule, de manera clara, al principio fundamental del ordenamiento jurídico internacional que prima facie más pondría en tela de juicio la existencia de una comunidad internacional, y es aún más sorprendente que esto se haga en el contexto de la igualdad jurídica soberana de los Estados, con lo que se apunta, desde luego, a una comunidad jurídica internacional. La afirmación constante de la soberanía de los Estados no sería, por lo tanto, incompatible con el reconocimiento de competencias compartidas entre ellos y orientadas a la satisfacción de intereses de carácter común. En otras palabras, el reconocimiento de la soberanía de los Estados, como vértebra de la estructura del sistema internacional, no es un obstáculo en el camino que conduce a la configuración de la comunidad internacional. Se podría hablar, por ello, de una "reformulación de la soberanía" cuando los "fines y objetivos son establecidos por la comunidad de Estados en su conjunto"290. Por lo demás, la celebración de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados prestó la oportunidad para que, al hilo de la definición de las normas imperativas, se introdujera, como se sabe, en el artículo 53 del Convenio, una referencia a la comunidad internacional. Se entiende, en este precepto, que las normas imperativas son aquellas aceptadas y reconocidas "por la Comunidad 290A. RODRIGUEZ CARRION, El Derecho Internacional en el umbral del siglo XXI cit., p. 20.

127 Internacional de Estados en su conjunto". De nuevo, la expresión "comunidad internacional" aparece en un sector eminentemente jurídico y tomando como punto de referencia a determinada categoría de normas internacionales de gran significación jurídica. Sin duda, la codificación del derecho de los tratados revela una de las manifestaciones esenciales del Derecho Internacional y está impregnada, como no podía ser de otro modo, del valor del consentimiento en los procesos de asunción de obligaciones jurídicas. Ahora bien, la referencia puntual, en el citado artículo 53, a la comunidad internacional esconde una reflexión más profunda que aparece, con menor espectacularidad, en otros preceptos del citado Convenio y que hacen florecer relaciones que van más allá de las meramente bilaterales y multilaterales, alcanzando la defensa y la protección de intereses comunes. La comunidad internacional, como expresión, aparece, por lo tanto, en el marco donde habita con toda intensidad el consentimiento de los Estados como manifestación jurídica por excelencia de su soberanía y se plasma en el sector concerniente a los procedimientos de creación de normas internacionales. Si se quiere, el empleo de la expresión “comunidad internacional” acontece en unas de las “arterías” que recorren el conjunto del ordenamiento jurídico internacional. Anotemos, también, a pesar de su destino final que ya hemos señalado, que el proyecto de artículo 19, aprobado en primera lectura por la Comisión de Derecho Internacional, sobre la responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos, incluía la expresión que estamos comentado al delimitar el contenido de , por considerarlo un hecho internacionalmente ilícito "resultante de una violación por un Estado de una obligación internacional tan esencial para la salvaguardia de los intereses fundamentales de la comunidad internacional (...)"291. En este caso, la expresión comunidad internacional aparece en un proyecto de artículo sobre uno de los segmentos capitales y medulares del ordenamiento jurídico internacional y vinculada a obligaciones jurídicas consideradas como esenciales. La discusión en torno a la aceptación o no de la figura de “crimen internacional” no altera, en modo alguno, el contenido de lo que, quizá, en el futuro sea un convenio general de codificación sobre la materia, reconociendo que las normas del proyecto de artículos se encuentran, en esencia, reconocidas por vía consuetudinaria292. De todos modos, lo que importa destacar es que ha calado el convencimiento de que la exigencia de responsabilidad internacional no es siempre de carácter meramente signalagmático ni que los problemas de responsabilidad se 291Vid., los trabajos de C. GUTIERREZ ESPADA, ¿Quo vadis responsabilidad? cit., y C. TOMUSCHAT, Nuevas tendencias de la responsabilidad en el derecho internacional, ibid, 2000. 292C. GUTIERREZ ESPADA, El punto final cit. y, ¿Actio popularis en Derecho Internacional? (El proyecto definitivo de artículos de la CDI sobre la responsabilidad internacional del Estado de agosto de 2001", en Estudios de Derecho Internacional en Homenaje al profesor Ernesto J. REY CARO, Córdoba (Argentina), 2002, pp. 549-575.

128 resuelven siempre en puras relaciones entre los Estados afectados, sin que pueda verse implicados intereses de contenido y alcance general. Diversos preceptos del proyecto de artículos desprenden el aroma de la "responsabilidad comunitaria" y, por ello, se establecen obligaciones como la de restaurar la legalidad que ha sido vulnerada mediante la comisión de un hecho internacionalmente ilícito. Pero es que, quizá para superar la “decepción” que para muchos supuso la eliminación de la figura del “crimen internacional”, hay que anotar que el artículo 48 del proyecto de artículos, finalmente aprobado, dispone que “Todo Estado que no sea un Estado lesionado tendrá derecho a invocar la responsabilidad de otro Estado de conformidad con el párrafo 2 si: a) La obligación violada existe con relación a un grupo de Estados del que el Estado invocante forma parte y ha sido establecida para la protección de un interés colectivo del grupo; b) La obligación violada existe con relación a la comunidad internacional en su conjunto”293. Y la Comisión de Derecho Internacional llegó a entender, en el comentario al citado precepto, que “todos los Estados son, por definición, miembros de la comunidad internacional en su conjunto, y las obligaciones de que se trata son, por definición, obligaciones colectivas que protegen determinados intereses de la comunidad internacional en cuanto tal. Por supuesto, esas obligaciones pueden al mismo tiempo proteger los intereses individuales de los Estados, de la misma manera que la prohibición de actos de agresión protege la supervivencia de cada Estado y la seguridad de su población”294, pero lo importante es que hay intereses específicos de esa comunidad internacional. De todas maneras, en las esencias del ordenamiento jurídico internacional, es decir, en su régimen de responsabilidad, la expresión "comunidad internacional" ha tenido el atino de introducirse, y vinculada, como puede observarse, a los aspectos centrales de la ilicitud. En último término, lo que cabe subrayar es que la expresión "comunidad internacional" ha cruzado la línea de lo filosófico y de lo político, lo que le conducirá a su inserción en instrumentos de naturaleza jurídica y, de este modo, comenzará a perfilarse su significación en el ámbito puramente normativo. Por lo que "la comunidad internacional no es sólo un concepto, que tiene una base real en

293Como ha dicho la C.D.I. “el artículo 48 se basa en la idea de que en los casos de violación de obligaciones específicas que protegen los intereses colectivos de un grupo de Estados o los intereses de la comunidad internacional en su conjunto, pueden invocar la responsabilidad Estados que no son Estados lesionados en el sentido del artículo 42”, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo de sesiones (23 de abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2001), A. G. Documentos Oficiales, 56º periodo de sesiones, suplemento nº 10 (A/56/10), Capítulo IV, Responsabilidad de los Estados, p. 349. 294Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit., p. 353, (cursiva añadida)

129 el proceso histórico de los últimos siglos, sino también por ser un fenómeno perteneciente al ámbito de realidad, es un hecho jurídicamente relevante"295. Tal vez se podrá insistir en que la aparición de esta expresión en instrumentos jurídicos es todavía esporádica y episódica o, quizá, incipiente, y que, por ende, no debería se representativa de la realidad jurídica que configura el ordenamiento jurídico internacional en su conjunto. Todo lo contrario, la mera inserción de las palabras "comunidad internacional" en instrumentos de esta naturaleza y contenido es de por sí la expresión profunda de que realmente existe dicha comunidad, aunque falten por extraer todas las consecuencias jurídicas que se derivan de esa existencia y aunque se pueda decir que, por ahora, estamos en las fases de gestación y desarrollo de esta noción. Finalmente, hay que reseñar, aunque sea de forma breve, que la jurisprudencia internacional ha reconocido y acogido, también la expresión "comunidad internacional", cabiendo destacar lo que el Tribunal Internacional de Justicia manifestó en su sentencia en el asunto de la Barcelona Traction al decir que había que establecer una esencial distinción entre las "obligaciones de los Estados respecto a la comunidad internacional en su conjunto" y aquellas otras que se dan entre Estados en el marco de la protección diplomática. Un sector de las relaciones internacionales en el que el ordenamiento jurídico internacional cumple, sin duda, funciones muy clásicas y de yuxtaposición, como es la protección diplomática, va a ser de nuevo el marco en el que el Tribunal afirme, precisamente, la existencia de una comunidad internacional como detentadora de derechos que imponen obligaciones a los Estados. La referencia del T.I.J. a la comunidad internacional, en el pasaje citado, no debe ser entendida, entonces, como una manifestación puntual ni marginal sino como la expresión del profundo convencimiento del más alto órgano jurisdiccional internacional de que la comunidad internacional jurídicamente existe. También habría que destacar las expresiones que se contienen en la sentencia, de 24 de mayo de 1980, en el asunto del personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán, en la que el T.I.J. sostuvo que "estos sucesos no pueden más que socavar la base de un edificio jurídico pacientemente construido por la humanidad a lo largo de los siglos y cuya salvaguardia es esencial para la seguridad y el bienestar de una comunidad internacional tan compleja como la actual, que tiene más necesidad que nunca del respeto constante y escrupuloso de las reglas que presiden el desarrollo ordenado de las relaciones entre sus miembros"296. 295O. CASANOVAS Y LA ROSA, Unidad cit., p. 153 (cursiva añadida). 296T.I.J., Recueil, 1980, pár. 92. En este caso, para C. TOMUSCHAT, "the international community is appelled to as a guardian of fundamental interests (..), Obligations arising for States cit., p. 232.

130 En suma, observamos cómo está latente, en el proceso de formación del ordenamiento jurídico internacional y en la interpretación del mismo, la existencia de una comunidad jurídica en el seno de la cual se originan y sustancian relaciones jurídicas entre los sujetos del Derecho Internacional. Da la impresión de que determinadas normas (las de ius cogens), ciertas obligaciones (¿las esenciales? y las obligaciones erga omnes), y algunos principios (la igualdad soberana entre los Estados) no formarían parte del "sistema jurídico internacional" en ausencia de una noción, con entidad y significación jurídicas, como es la de comunidad jurídica internacional. Con lo que esta noción no sería el resultado de una mera elucubración teórica o "de algunos autores" ni una especulación, sino que nos hallaríamos en presencia de una "comunidad real, desarrollada en el proceso histórico y plenamente identificable"297. Es cierto, no obstante, que una vez que se acepta jurídicamente la expresión "comunidad internacional" corresponde ir derivando las consecuencias que sean pertinentes del empleo de la misma. La expresión "comunidad internacional" debe sobrepasar, por lo tanto, el significado de ser un término meramente evocador y “militante” para convertirse en una expresión que resuma, en sí misma, todo un modo de concebir las relaciones jurídicas en la sociedad internacional. 2. La presencia de solidaridades Aunque desde el punto de vista jurídico, lográsemos demostrar la existencia de una comunidad internacional, esta demostración formaría parte de una especie de ficción jurídica si no se sustentara en fundamentos de carácter y dimensiones sociales. Los "bienes jurídicos protegidos" por la expresión "comunidad internacional" y las consecuencias que se derivan, por ende, de la misma, deben tener su correspondencia en la realidad social internacional y, a pesar de que no procedamos a identificarlos en particular, sí hay que admitir que debe darse un entorno de solidaridad al abrigo del cual se gesten, maduren y se desarrollen. Al igual que se pueden enfatizar las diferencias, las desigualdades y las disparidades que existen, con certeza, en las relaciones internacionales, también es posible poner el acento y los énfasis en aquellos elementos, si es que existen, que aseguren y adviertan de intereses comunes del conjunto de Estados y que perfectamente articulados entre sí den forma y coherencia al ordenamiento jurídico. Queremos decir que las diferencias y las desigualdades reales se sustancian en un entorno en el que se observan elementos de cierta solidaridad. Deberíamos Como ha dicho este autor, "the international community appears as an institutional arrangement called upon to shoulder the ultimate responsability for the fate of the community of human beings living in Namibia", ibid., p. 231. 297Cfr., O. CASANOVAS Y LA ROSA, Unidad cit., p. 152.

131 preguntarnos, entonces, con D. Colar: ¿Porqué no se puede sostener que "los elementos de solidaridad, los intereses comunes son más importantes que los factores de división o de oposición"?, o admitir, por lo menos, que "la Sociedad internacional contemporánea presenta un cierto grado de organización, incluso de integración a nivel regional", y que esto conduce, inevitablemente, a disminuir la desigualdad y a equilibrar el conjunto de las relaciones internacionales298. Desde la perspectiva jurídica, la presencia de la solidaridad da cohesión, sin duda, al ordenamiento jurídico internacional, refuerza la eficacia del mismo y, a la postre, contribuye de manera decisiva a su desarrollo y consolidación. Se podría decir, por lo tanto, que la sociedad internacional camina en busca de la solidaridad y que "es verdad que la expresión pone el acento sobre la solidaridad internacional"299. En esta línea, debemos recordar el pensamiento del Secretario General de las Naciones Unidas, para quien la historia "demuestra que los sistema de relaciones internacionales basados solamente en la proyección del poder, sin que éste vaya informado y limitado por una visión común de principios, derechos y legitimidad universales, no permiten establecer raíces duraderas"300. El fenómeno que conduce a la existencia de "solidaridades" en la escena internacional se ve favorecido, al menos, por dos elementos: el benéfico influjo ejercido por el Derecho Internacional ya que, en el peor de los casos, "la Sociedad internacional no es absolutamente una sociedad anárquica puesto que está sometida a ciertas reglas obligatorias"301; y, además, por la consagración de una sociedad internacional de carácter y contenido planetarios en la que, como se ha dicho, "los elementos de unificación se combinan con los elementos de diferenciación"302. De este modo, las dimensiones de los problemas a los que se enfrenta la actual sociedad internacional nos debe llevar, de manera imprescindible, a la afirmación jurídica de la existencia de solidaridades. En su Memoria sobre la labor de la Organización de 1999, el Sr. Kofi Anan decía, con toda claridad, que "la magnitud de los desafíos de la mundialización es tal que los gobiernos y las 298Cfr., D. COLARD, Les Relations internationales cit., pp. 31 y 32. Como ha dicho este autor: "Las relaciones entre los actores de la escena internacional son tanto pacíficas como belicosas: no están fundadas exclusivamente en relaciones de fuerza. Y, en muchas circunstancias, la solidaridad, la cooperación, la negociación priman sobre la confrontación", p. 34. Porque, en definitiva, ello es una consecuencia de la interdependencia, "La sociedad mundial actual forma una unidad orgánica por las interdependencias complejas que existen en todos los niveles y en todos los campos. Las fronteras estatales ya no son herméticas: han llegado a ser permeables y penetrables", p. 33. 299Cfr., DINH, N. Q., DAILLIER, P. y PELLET, A. Droit international Public cit., p. 37. Estos autores hablan de comunidad jurídica internacional, en p. 38. 300Un programa de Reforma cit., párr. 93. 301D. COLARD, Les Relations internationales cit., p. 34. 302Ibid., p. 36.

132 organizaciones internacionales no pueden hacer frente a ellos por sí solos", y ello después de sostener que "los múltiples y diversos desafíos que plantea (...) constituyen el motivo más inmediato y obvio para el fortalecimiento de la cooperación multilateral"303. Lo que nos pone de relieve el Secretario General es que se está configurando una sociedad internacional en la que los elementos de integración, cohesión y certidumbre han de ir ocupando, cada vez, un lugar más sobresaliente entre las características que la definen e incide, de esta manera, en las relaciones de interdependencia y, ello, se hará patente en todos los sectores del ordenamiento jurídico. En este contexto, adquiere pleno sentido abogar por la progresiva consolidación, en el ordenamiento jurídico internacional, del "principio de la solidaridad" del que derivarían normas específicas en las relaciones internacionales. Es decir, ya se puede hablar de la existencia de sectores del Derecho Internacional en los que el "principio de la solidaridad" encontraría eventuales desarrollos normativos; y ya se dan las condiciones mínimas para que las manifestaciones de los elementos solidarios, que se dan en la sociedad internacional, encuentren algún tipo de traducción jurídica. En todo caso, y como lo ha indicado A. Chueca Sancho, se podría hablar, ciertamente, de "un progresivo establecimiento de la solidaridad como principio jurídico que debe regir las relaciones en la Comunidad Internacional; ello se conseguirá estableciendo una norma internacional que considere a la solidaridad como una obligación jurídica internacional". Aunque este autor toma la precaución de advertir, con lo que hemos de coincidir, que "es un principio que debe regir tales relaciones, no que las rija actualmente"304. Dos manifestaciones que acontecen en el seno de la sociedad internacional y del ordenamiento jurídico que la regula, apuntan a que existe un "entorno de solidaridad" en la escena internacional: Por un lado, y poniendo el acento en los aspectos que definen a la sociedad internacional contemporánea, se puede decir que esta sociedad es una sociedad universal que se desarrolla en un entorno mundial y de globalización, lo que necesariamente debe llevar a que habiten en ella elementos de solidaridad. Por primera vez, como dijera D. Colard, los hombres se encuentran frente a problemas planetarios que les conciernen a todos individual y colectivamente305, estando por hacer la del Mundo del siglo XXI, de tal manera que

303Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, Nueva York, 1999, pp. 32 y 34, párrs. 220 y 234. 304A. CHUECA SANCHO, El derecho al desarrollo cit., p. 40. 305Cfr., D. COLARD, Les Relations internationales cit., pp. 119-120.

133 corresponde a los hombres y a los Estados definir "la Casa Común Universal en la que deberán cohabitar pacíficamente"306. Sin embargo, no hay que olvidar tampoco que, en ocasiones, se ha puesto el énfasis en la eventual fragmentación del "sistema internacional". Como han indicado C. Kaminski y S. Kruk, "les risques de fragmentation, de dissémination des pouvoirs politiques régionaux peuvent dessiner les contours d'un véritable désordre international". Más aún, para estos autores, "Les tendances se multiplient à la fragmentation des pouvoirs, et à l'intégration régionales. Dans ce mode désormais multipolaire, une nouvelle course s'engage: celle où rivalisent puissances économiques que naviguent entre compétitivité et solidarité. Il demeure difficile encore de formuler les lieux où puisse s'exercer davantage leur complémentarité"307. Los elementos de solidaridad que, sin duda, están presentes en la actual sociedad internacional deberán, pues, convivir con elementos de fragmentación que tendencialmente apuntan al establecimiento de sistemas insolidarios. Y en esta situación debe conformarse el ordenamiento jurídico internacional. Aunque interpretadas con un carácter más general, se podrían suscribir, pues, la palabras de F. Horchani, para quien "si le droit international prétend contribuir à maintenir l'ordre collectif -qui a bénéficié pendant longtemps aux pays développés- son évolution future est nécessairement liée au bien être collectif"308. Desde luego y por lo que respecta a la configuración de una comunidad jurídica internacional, que debe ir más allá de una comunidad internacional de Estados, lo que sucede, en realidad, es que falta aún por lograr la cohesión precisa, a nivel mundial, que permita la existencia de una sociedad internacional más equilibrada y "justa" y, por tanto, globalmente solidaria. Existen cuestiones trascendentales que todavía están sin resolver y a las que el Derecho Internacional no da una respuesta satisfactoria. Quizá, por ello, como diría J. A. Carrillo Salcedo, "ciertos sectores del Derecho Internacional contemporáneo son inseguros e inciertos en cuanto a su positividad"309. Se trata, sobre todo, de cuestiones en las que el Derecho Internacional ha de cumplir su función de cooperación, como paso subsiguiente al mantenimiento de la coexistencia pacífica e intermedio en el logro de la "sociedad comunitaria". Ahora bien, como decimos, debe tratarse de algo más que una mera comunidad de Estados, aunque se deba reconocer que a éstos les corresponde 306Cfr., ibid., p. 131. 307C. KAMINSKI y S. KRUK, op. cit., pp. 75 y 125 (cursiva añadida). 308F. HORCHANI, Le nouvel ordre économique international: mort ou métamorphose?, Les nouveaux aspects cit., p. 215 (cursiva añadida). 309J. A. CARRILLO SALCEDO, Curso cit., p. 19.

134 configurar la misma, dar contenido a los intereses comunes y asumir, de manera preferente, la defensa de estos intereses. El propio Secretario General, con una visión realista, sostenía que "Del mismo modo, los Estados deben cobrar más conciencia de su doble función en nuestro mundo globalizado. Además de las responsabilidades que cada uno de ellos tiene para con su propia sociedad, los Estados son también, colectivamente, los guardianes de nuestra vida común en este planeta, una vida que comparten los ciudadanos de todos los países. A pesar de que con frecuencia la mundialización da una idea de confusión institucional, no existe ninguna otra entidad que pueda competir con el Estado o pueda reemplazarlo. Por consiguiente, la gestión de la mundialización requiere, antes que nada, que los Estados se comporten de una manera compatible con su doble función"310. Es verdad entonces, pero ya con matices, que "l'institution étatique reste le fondement de la société internationale. L'institutionnalisation progresive de la communauté internationale n'a pas déplacé les Etats souverains, et il es indiscutible que la structure de celle-ci reste encore décentralisée"311. Lo relevante es que hay una afirmación constante de intereses comunes, de preocupaciones comunes y de objetivos comunes que deben ser perseguidos y satisfechos, preferentemente, por la comunidad de Estados en su conjunto. Y que el medio social, mundializado, favorece la aparición de solidaridades por lo que, como dijera M Bedjaoui, "las fronteras del derecho internacional han quedado considerablemente desplazadas, para convertirlo en el derecho de lo universal"312. Por otro lado, se puede afirmar que el ordenamiento jurídico internacional camina en la dirección de precisar sus normas e instituciones y de constituirse en el ordenamiento de una verdadera "comunidad internacional", más allá de la "comunidad ilusoria" como la ha calificado F. Attar313. En esta línea, S. Belaid ha dicho, sin embargo y con rotundidad, que "est illusoire de parler, aujourd'hui comme hier, de , en tant qu'exprimant une conscience collective et une volonté commune d'action devant un certain nombre de principes politiques et juridiques communément admis et respectés (...)314. Pero lo que no se puede negar es que el Derecho Internacional evoluciona, quizá lentamente, en la dirección de establecer un conjunto de normas y de instaurar una serie de instituciones que le van otorgando mayor solidez, que le hacen cada vez menos rudimentario y que, a la postre, permitirían hablar de un derecho estable que, pese a todo, apunta y garantiza las relaciones pacíficas y de cooperación en la sociedad internacional. 310Informe sobre la Cumbre del Milenio, párr. 43 (cursiva añadida). 311CARRILLO SALCEDO, J. A. Droit International cit., p. 57. 312M. BEDJAOUI, Hacia un nuevo orden cit., p. 218. 313F. ATTAR, Le Droit International entre ordre et chaos, Hachette, 1994, pp. 79 ss. 314S. BELAID, loc. cit., p. 287.

135 Como ejemplo, más allá de otros elementos que pueden ir configurando una verdadera comunidad jurídica internacional y a algunos de los cuales nos referiremos con posterioridad, señalemos que en el proceso de determinación y de precisión del ordenamiento jurídico internacional ha de jugar un papel central la codificación y el desarrollo progresivo del mismo. Hace algún tiempo sostuve que "la codificación de este ordenamiento jurídico, en los albores del siglo XXI, se nos presenta como un fenómeno a la vez inacabado e incierto, sin duda indefinido y ambiguo, seguramente perturbador e inconsistente", pero, al mismo tiempo, recordé la posición de M. Lasch, para quien, sobre la base de que en la actualidad la codificación y la creación del derecho están en manos de los legisladores, sería en el siglo XXI cuando éstos se encuentren plenamente embarcados en la gran aventura de la codificación315. Desde luego, hay que seguir sosteniendo que la codificación contribuye, de manera decisiva, a precisar y a dar estabilidad y certidumbre al conjunto del ordenamiento jurídico internacional y que, al mismo tiempo, produce, muchas veces, la aparición de sistemas institucionales que favorecen la aplicación del mismo. Pero hoy estimo que es posible avisar, también, de que la aventura de la codificación, en el plano universal, podría suponer un significativo fracaso y conducir a una situación de dispersión normativa, de ruptura de la unidad del orden jurídico internacional y de pérdida de "juridicidad" de normas internacionales. Con mucho temor a equivocarme, diré que la codificación en el siglo XXI debe prescindir, necesariamente, de algunos elementos que la han venido definiendo en la última mitad del siglo XX. Por lo menos, deben establecerse nuevos mecanismos y procedimientos en la labor codificadora; y se debe argumentar, con una visión de conjunto, cada uno de los procesos de codificación emprendidos316. Sirvan algunas reflexiones generales para ilustrar esta posición, he de reconocer un tanto pesimista en relación con mis posiciones anteriores: La labor realizada por la C.D.I. en su 51º período de sesiones (3 de mayo a 23 de julio de 1999) pone de relieve, junto a avances significativos, ciertos elementos de desasosiego en la valoración del proceso codificador. Más allá, por supuesto, de que se precise una profunda reforma de este órgano, de sus funciones y competencias y de la elección de los temas a codificar, el trabajo de la C.D.I.

315C. M. DIAZ BARRADO, La necesidad de la codificación en el Derecho Internacional Público, R.E.D.I., 1995. pp. 33 y 52. y Cfr. M. LASCHS, loc. cit., p. 538. 316Ya se han apuntado algunas reflexiones, como la de J. A. PASTOR RIDRUEJO, para quien la crisis de la codificación se debe, fundamentalmente, "a la abundancia y a la naturaleza de los temas que ocupan en estos últimos años a la C.D.I.. A la abundancia, pues su número impide que la Comisión concentre debidamente sus esfuerzos. Y también a la naturaleza, pues algunos de esos temas no se prestan fácilmente a la tarea codificadora", Las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, Barcelona, 1997, pp. 186-187.

136 muestra a las claras, entre otros aspectos, el agotamiento al que puede conducir la labor codificadora y el desgaste de la misma317. Respecto a lo primero, el mejor ejemplo puede ser, casi con seguridad, el esfuerzo destinado a codificar las normas sobre la responsabilidad internacional de los Estados. Es verdad, por qué no decirlo, que nos hallamos en presencia de uno de los sectores más complejos y, también, más medulares del ordenamiento jurídico internacional, pero es cierto, con seguridad, de que se está generalizando la impresión de que se trata de un proceso inacabable. Así, en 1999, el párrafo 14 del Informe de la C.D.I. nos decía que la "Comisión examinó el segundo informe del Relator Especial, relativo a los capítulos III, IV y V de la primera parte del proyecto de artículos. La Comisión decidió remitir al Comité de Redacción los artículos de los Capítulos III, IV y V, y tomó nota ulteriormente del informe del Comité de Redacción (cap. V). Además, la Comisión celebró un debate general acerca de las contramedidas, sobre la base de un capítulo del segundo informe del Relator Especial"318. En otras palabras, tras años de trabajo se continuban abordando cuestiones muy debatidas y se abrían y volvía abrir temas de debate. Parece, no obstante, que, por lo menos en el seno de la Comisión de Derecho Internacional, se cierra la cuestión relativa a la codificación de esta materia, una vez que, como se sabe, “el Presidente del Comité de Redacción presentó su informe (A/CN.4/L.602 y Corr.1 y posteriormente A/CN.4/602/Rev.1) en las sesiones 2681ª a 2683ª y 2701ª de la Comisión, celebradas del 29 al 31 de mayo y el 3 de agosto de 2001. En las mismas sesiones, la Comisión examinó el informe del Comité de Redacción y aprobó la totalidad del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos en sus sesiones 2683ª y 2701ª”. Además, “en sus sesiones 2702ª a 2709ª, celebradas del 6 al 9 de agosto de 2001, la Comisión aprobó los comentarios a dicho proyecto de artículos”. Y, por último, y “de conformidad con su Estatuto, la Comisión presenta a la Asamblea General el proyecto de artículos”319. Pero hay que advertir, sin duda, que el largo camino de la codificación de las normas en materia de responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos ha recorrido tan sólo parte del camino que, a la postre, le conduzca, de ser el caso, a su plasmación en un instrumento jurídico de carácter vinculante. Para ser así, aún faltaría quizá la adopción de una resolución por parte dela Asamblea General y la celebración de una Conferencia internacional que decidiese adoptar un convenio en la materia. 317J. A. PASTOR RIDRUEJO, Las Naciones Unidas y la codificación del Derecho Internacional. Balances y perspectivas en el cincuentenario de la Organización, Balance y perspectivas cit., pp. 111 ss. 318A.G.D.O. Suplemento nº 10 (A/54/10), p. 6. 319Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit.,

137 En palabras de la Comisión se “decidió, de conformidad con el artículo 23 de su Estatuto, recomendar a la Asamblea General que tomara nota del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos en una resolución y que incluyera el proyecto de artículos como anexo a esa resolución”; y, asimismo, se “decidió también recomendar que la Asamblea General estudiase, en una etapa posterior, y a la luz de la importancia del tema, la posibilidad de convocar una conferencia internacional de plenipotenciarios para examinar el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos con miras a concertar una convención sobre el tema”320. Respecto a lo segundo, se podría hablar, sin duda, de la existencia de un proceso de codificación en materia de derechos humanos, de alcance universal, liderado por Naciones Unidas y de procesos de codificación de alcance regionales, que están produciendo, junto a desarrollos muy positivos, un fenómeno de inflacción y dispersión normativas. Como decía, C. Villán Durán "la codificación y desarrollo progresivo del DIDH se ha desarrollado con buen ritmo hasta la fecha, pues nuestro ordenamiento cuenta ya con un Código de 86 tratados internacionales, todos ellos elaborados en el marco de las Organizaciones internacionales, universales y regionales. Estos tratados crean obligaciones jurídicas concretas para los Estados Partes en los mismos. Además, el Código se completa con un número importante de declaraciones, resoluciones, reglas mínimas, conjuntos de principios y recomendaciones, que tienen un valor jurídico desigual"321. Pues bien, esta abundante normativa crea distorsiones, genera problemas complejos de interpretación, abunda en las duplicidades y conduce, a la postre, a un sistema de protección de los derechos humanos escasamente sistematizado, poco integrado y cargado de repeticiones. Pero lo que es peor, genera solapamientos institucionales y mecanismos ineficaces de protección. Estando, pues, en favor de los procesos de codificación en materia de derechos humanos y de la sectorialización normativa en la materia, no podemos menos que apuntar que se precisa de un proceso o de varios procesos conjuntos de sistematización y de una labor, ciertamente difícil, de "aclaración normativa". El examen de las dos dimensiones indicadas nos pone de manifiesto que la existencia de solidaridades en el sistema internacional, que alcanza una cierta plasmación jurídica, es una condición necesaria para que se pueda hablar, en profundidad, de la comunidad internacional en la que habitan y se desarrollan elementos de significado solidario. La sociedad planetaria y los avances 320Ibid. 321C. VILLAN DURAN, El futuro de protección de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, Balance y perspectivas cit., p. 26.

138 normativos e institucionales del Derecho Internacional, sabiamente combinados, nos ofrecen un panorama en el que se va construyendo progresivamente la comunidad internacional. De esta manera se entrelazan los intereses de contenido social y los intereses de carácter normativo. La "cooperación profunda" hace que surjan elementos de solidaridad y esto se aprecia, por ejemplo, en aquellos procesos, como la Unión Europea y algunos que acontecen en América Latina y el Caribe, en los que el principio de la solidaridad, con uno u otro contenido, está presente como elemento esencial del proceso en cuestión. Como lo indican A. Mangas Martín y D. Liñán Nogueras "a la Unión se le confía la misión de organizar de modo coherente y solidario las relaciones entre los Estados miembros y entre sus pueblos. Este capital artículo 1 del TUE formula el principio de solidaridad, al que se refiere también el Preámbulo al formular su propósito de . Este principio se ha venido asentando en la Comunidad Europa hace ya tiempo mediante la política regional y el marco más amplio de la cohesión económica y social"322. Lo mismo, aunque con menos rotundidad, se puede predicar de la comunidad internacional en su conjunto. La exigencia de cooperación se plasma en la interdependencia y ésta conduce a la solidaridad. Eso sí, varían sustancialmente los modos y maneras de hacerla efectiva, así como las manifestaciones de la misma, en función del sector de las relaciones internacionales de que se trate. Incluso dentro de un mismo sector normativo la influencia que ejerce el “principio de solidaridad” se deja sentir con mayor o menor intensidad. Esto se puede comprobar, por ejemplo, en el ámbito correspondiente al Derecho del Mar, en el que el régimen jurídico, establecido por la Convención de Montego Bay de 1982, está más o menos condicionado por el citado principio según se trate de la Zona Económica Exclusiva o de los Fondos Marinos y Oceánicos. En definitiva, aunque aún no se pueda decir que exista un principio fundamental o estructural del orden jurídico internacional que consista en la afirmación de la solidaridad, sí se dan elementos solidarios en la sociedad internacional contemporánea y, lo que es más importante para nosotros, estos elementos encuentran cierta plasmación jurídica en determinados ámbitos de las relaciones internacionales. 3. El cambio de significado en las funciones del Derecho Internacional Se va abriendo paso, y no sólo a nivel teórico, una concepción más amplia y generosa de las funciones que ha de cumplir el Derecho Internacional en la presente sociedad internacional, y así, en las relaciones internacionales, comienzan 322A. MANGAS MARTIN y D. LIÑAN NOGUERAS, Instituciones 1999 cit., pp. 24-25.

139 a confundirse e integrarse, afortunadamente, las funciones de coexistencia, de cooperación y de solidaridad, tanto por lo que se refiere a los sectores que tradicionalmente han sido analizados con base en una u otra de ellas, como en lo relativo a los instrumentos y estructuras empleados para hacerlas eficaces. Este cambio en el significado de las funciones del ordenamiento jurídico internacional coadyuva, también, a hacer real la comunidad jurídica internacional y hace que la misma se proyecte en diversas dimensiones jurídicas, al favorecer su presencia en diferentes sectores del ordenamiento internacional. Por lo menos, hay que constatar, con C. Gutiérrez Espada, que el Derecho Internacional Público "tiene, en efecto, distintos niveles, objetivos o, si se prefiere, diversas funciones que cumplir" hablándonos este autor de "las nuevas funciones"323. Hay, desde luego, no sólo un aumento de los objetivos sino, sobre todo, un cambio de percepción en las funciones del ordenamiento jurídico internacional, pues, como diría A. Rodríguez Carrión, "la auténtica inflexión se produce cuando los intereses estatales empiezan a ser subordinados en aras a la consecución de intereses comunitarios. De esta forma los criterios competencialistas empezarán a dar juego a perspectivas de cambio pacífico, en las que el rígido reparto competencialista queda orientado a objetivos generales"324. Lo que nos importa destacar ahora es que este cambio en la perspectiva y en la orientación de las funciones que corresponden del ordenamiento jurídico internacional señalan, cada vez más, hacia el ámbito de la existencia de una "cierta comunidad internacional". Veámos esto, al hilo esencialmente de la posición doctrinal de M. Lachs y de las posiciones que mantuvo el Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, en lo relativo, por un lado, al sector del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, prototipo de la coexistencia y, por otro lado, respecto al desarrollo económico de los Estados, ejemplo fidedigno de la función de cooperación que ha de cumplir el orden jurídico internacional y de su proyección en la búsqueda de cierta solidaridad internacional. Se trata, por lo tanto, de poner el acento en el hecho de que no sólo el Derecho Internacional ha ido paulatinamente expandiendo sus ámbitos de interés y de aplicación llegando, incluso, a sectores de las relaciones sociales que, hace tan sólo unos años, estaban claramente reservados a la competencia exclusiva de los Estados, sino que, también, hay que constatar que, en los ámbitos de los que se ha venido ocupando tradicionalmente, se han producido sustanciales modificaciones. Por lo que se podría hablar, en suma, de las "funciones cuantitativas" y de las “funciones cualitativas" del Derecho Internacional Contemporáneo.

323C. GUTIERREZ ESPADA, Sobre las funciones, fines y naturaleza cit., p. 62. 324A. RODRIGUEZ CARRION, Lecciones de Derecho Internacional Público, Madrid, 1994, p. 69 (cursiva añadida).

140 Pero, como decíamos, y según el iusinternacionalista polaco, el funcionamiento de las Naciones Unidas en la aplicación del artículo 2, 4 de la Carta debería cambiar. Para él, "Les dispositions de la Charte peuvent recevoir une nouvelle signification: ses articles peuvent être interpretés d'une manière qui mette davantage l'acent sur la cooperatión", posición que ilustra con lo sucedido en la crisis del Golfo, poniendo de relieve que, según él, el Consejo de Seguridad llegará a ser, en el siglo XXI, un instrumento de cooperación internacional realmente efectivo, para salvaguardar los intereses de los Estados, tanto grandes como pequeños325. Por otra parte, después de destacar la importancia de la economía en el mundo de hoy y de subrayar el problema existente en las relaciones entre el norte y el sur, este autor constató que, lo que él denomina "la seguridad colectiva para el desarrollo", no ha llegado a entrar aún en el mundo de los hechos, por lo que "el derecho puede y debe ofrecer las respuestas adecuadas". Nos enfrentamos, por lo tanto "a la radical oposición que existe en las relaciones entre los ricos y los pobres"326. Con ello, se apuntan determinadas direcciones en las que debería caminar el Derecho Internacional Contemporáneo y se sitúa el acento en los cambios que, a juicio de este autor, se habrían de producir en la actual sociedad internacional en el marco de la cual, como hemos dicho, el Derecho Internacional cumplirá sus funciones. En la misma dirección que M. Lachs, se pronunció el Sr. Boutros-Ghali, en su condición, precisamente, de Secretario General de las Naciones Unidas. Por lo que respecta a las operaciones de mantenimiento de la paz, el Secretario General advirtió, entonces, que estas operaciones cumplen, no sólo una función de coexistencia sino también de cooperación, y así señaló, en 1992, cómo evolucionaba rápidamente la índole de estas operaciones en las que, además de personal militar, se necesitaba "un número considerable de personal civil, entre ellos especialistas en procedimientos electorales, salud, hacienda, ingeniería y administración"327. Más contundente fue al referirse al campo específico del desarrollo, abogando por un enfoque integrado del desarrollo, ya que "está claro que la Organización no puede cumplir sus funciones y compromisos en el ámbito político y de la seguridad a expensas de sus funciones en el ámbito del desarrollo y que no hay entre esas funciones relación de subordinación en uno u otro sentido. Es fundamental que ambas tareas se cumplan en forma integrada y se apoyen mutuamente"328. Se trata de poner de manifiesto que los diferentes sectores del ordenamiento jurídico internacional están siendo abordados desde una óptica integral en la que se combinan elementos de coexistencia, elementos de 325Cfr., M. LACHS, Le Droit International a l'aube cit., p. 543. 326Ibid., p. 546. 327Memoria sobre la labor de la Organización cit., septiembre 1992, p. 8, párr. 18. 328Ibid., p. 29, párr. 66 (cursiva añadida).

141 cooperación y elementos de solidaridad. En otras palabras, es difícil encorsetar, en la actualidad, algún ámbito del Derecho Internacional en un determinado marco normativo, inspirado tan sólo en los principios que informan esos elementos. Se avecina, por lo tanto, una visión multidimensional del ordenamiento jurídico internacional. Se entremezclan y confunden, por el contrario, lo solidario con la cooperación, ésta con la yuxtaposición y lo relacional con los intereses colectivos. Cualquier norma internacional aparece así impregnada o puede aparecer con connotaciones diversas, ya que se ha producido un salto cualitativo consistente en que se han ampliado los objetivos del Derecho Internacional y se han hecho más complejos y prolijos. Desde aquí se marca, sin duda, el camino que conduce a una "comunidad jurídica internacional". Y este enfoque, único e integrado, de las clásicas funciones del Derecho Internacional va penetrando, como decimos, en todos los sectores de las relaciones internacionales regulados por este ordenamiento. Se adaptan las normas; adquieren también, si es necesario, una orientación distinta; se buscan, por qué no, fórmulas inéditas de entendimiento; y, en fin, se canalizan las relaciones por las vías más adecuadas para llegar a una solución satisfactoria para todos. Los derechos que se reconocen, las obligaciones que se imponen y los objetivos que se pretenden lograr no tienen una única dimensión sino que aparecen diferentes dimensiones de los mismos y se propicia la satisfacción de éstos que se formula, además, de una manera conjunta e integrada. Se establece, así, una interdependencia indisoluble entre los valores, los principios y las normas que, finalmente, se plasma en las obligaciones que emanan para los Estados y los demás sujetos del Derecho Internacional. Esto hace que el Derecho Internacional, por la multidimensionalidad de sus funciones como decimos, se haga cada vez más complejo y que se vayan suscitando, con mayor intensidad, cuestiones referidas a la jerarquización de las normas. Lo más relevante de todo ello podemos observarlo, por ejemplo, en dos de los campos de actuación tradicionales de nuestro ordenamiento jurídico. Por un lado, en el seno de las relaciones diplomáticas y consulares, E. Vilariño Pintos no se ha limitado a decir que "en la actualidad, la exigencia y búsqueda de unas relaciones más intensas y amistosas entre los Estados, que posibiliten y desarrollen la cooperación internacional y que a la vez, y por ello, alejen una confrontación bélica que sería desastrosa para toda la humanidad, potencian, sin duda, las acciones diplomática y consular en cuanto medios cualificados para procurar e instrumentar el acercamiento entre los pueblos"329, sino que advierte, asimismo, de que el panorama internacional anima a "presentar

329E. VILARIÑO PINTOS, Curso de Derecho Diplomático y Consular, Madrid, 1987, p. 14 (cursiva añadida).

142 el modo de ser de la regulación jurídica de estas viejas y siempre renovadas instituciones diplomática y consular"330. Y es que, en verdad, cualquier examen de las instituciones básicas de las relaciones diplomáticas y consulares lleva necesariamente a la conclusión de que éstas se encuentran en un proceso inacabado de transformación y que se desarrollan en un marco de constante evolución. Poco tiene que ver, entonces, una de las instituciones por excelencia de las relaciones diplomáticas, como es el caso de la protección diplomática, con la forma en que ésta era concebida y "practicada" no hace tanto años. El esfuerzo codificador llevado a cabo por la C.D.I. en esta materia lo demuestra y suscita reflexiones de interés. Y lo mismo sucede, por otro lado, en el ámbito de la solución pacífica de controversias que se encuentra, igualmente, en un proceso de desarrollo inacabado. A ello, responde, a mi juicio, la tendencia, como lo ha dicho M. P. Andrés Sáenz de Santamaría, "a borrar las rígidas fronteras que antes separaban a cada procedimiento de solución pacífica, dentro de la búsqueda del método más adecuado para cada caso concreto"331. Lo que encontró su reflejo normativo en la Declaración de Manila sobre el arreglo pacífico de las controversias internacionales, de 1982, en la que, como se sabe, se afirma que, al procurar llegar al arreglo pacífico, "las partes convendrán en valerse de los medios pacíficos que resulten adecuados a las circunstancias y a la naturaleza de la controversia". Estando, por lo demás, esta Declaración repleta de precisiones normativas que limitan los efectos del principio de la libre elección del medio como principio central en este sector del ordenamiento jurídico. En el fondo, la Comunidad Internacional está buscando el modo de encontrar soluciones satisfactorias para todos, sobre la base de las diferencias políticas, las diversidades y la existente desigualdad de hecho. La heterogeneidad lleva al acuerdo y a la solidaridad. Esto se observa, por ejemplo, en el ámbito del control del armamento y el desarme, en donde el cumplimiento integrado de las funciones del Derecho Internacional se está llevando a cabo con resultados bastante positivos, con independencia de que, en ocasiones, también se produzcan retrocesos. Como se sabe, hace ya algunos años que los acuerdos bilaterales entre las grandes Potencias en materia de desarme alejaron, al menos provisionalmente, los temores de que se produjera un enfrentamiento nuclear a escala mundial. El fenómeno, sin embargo, no es nuevo, pues, en verdad, la imperiosa necesidad de asegurar la paz mundial siempre ha traído consigo la preocupación por el control 330Ibid., p. 15. 331M. P. ANDRES, Nuevas perspectivas del arreglo pacífico de conflictos en Europa: Teoría y práctica, R.I.E. 1992, p. 489.

143 de armamentos y el desarme, en cuanto vías para la consecución de aquel objetivo. De alguna manera, los Estados han manifestado, de manera constante, su preocupación por establecer normas claras y seguras en este sector normativo. La irrupción del arma nuclear en la escena internacional no sólo modificó, desde el punto de vista militar, las tácticas y estrategias bélicas, sino que, desde la perspectiva jurídica, dejó sentir su influjo en las normas jurídicas internacionales encargadas de ordenar las relaciones pacíficas entre los Estados. Por ello, uno de los rasgos característicos de la actual Sociedad Internacional es, como diría Merle, "la instauración de un campo estratégico unificado, mundial, en función de la existencia de armas de destrucción en masa y de las transformaciones experimentadas en el campo de la balística y de los armamentos"332. En este sentido, el Derecho Internacional intenta ofrecer una respuesta al fenómeno de la carrera de armamentos y, por ende, al "riesgo de proliferación nuclear" al que se enfrenta, en palabras de J. A. Carrillo Salcedo, el mundo contemporáneo333. En este contexto, el Derecho Internacional pretende prevenir el riesgo del surgimiento del conflicto nuclear, de consecuencias impredecibles para la paz mundial, y equiparar, de este modo y de hecho, la situación de los Estados. Para lograrlo, el ordenamiento jurídico internacional impone a los Estados obligaciones concretas en relación con los comportamientos o conductas de éstos relacionados con el arma nuclear. Obligaciones que, como ha indicado F. Mariño Menéndez, son fundamentalmente de dos tipos: Por un lado, la obligación de no realizar determinadas actividades, por lo que se establece la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza armada nuclear, en un sentido más riguroso que la prohibición general contemplada en el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas; y la prohibición, en algunos casos, de almacenar, instalar o experimentar armas nucleares. Por otro lado, se establece la obligación del desarme nuclear, siendo así que "el objetivo del desarme global y completo bajo un control internacional eficaz forma parte esencial del Derecho Internacional Contemporáneo"334. En buena parte, la consecución del objetivo de la paz mundial y el cumplimiento de la obligaciones señaladas, reposa sobre los Estados poseedores de armas nucleares, por lo que se puede hablar de la existencia de una "responsabilidad específica" de éstos frente a la comunidad internacional, en orden a detener progresivamente la producción de armamentos nucleares y, en todo caso, a impedir su empleo.

332M. MERLE, op. cit., 333Cfr., J. A. CARRILLO SALCEDO, El Derecho Internacional en un mundo en cambio, Madrid, 1986, p. 8. 334Cfr., F. MARIÑO MENENDEZ, Zonas libres de armas nucleares, Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz, 1985, pp. 154 ss.

144 Y en esta línea, se avanzó hace ya algún tiempo. Tras la firma de los acuerdos Salt I y Salt II, la Cumbre de Washington, en diciembre de 1987, representó un paso importante en el camino hacia el desarme global. Quizá dos notas definan a los acuerdos alcanzados entonces. Por una parte, se estableció un sistema de verificación, de tal modo que, como lo indicó Nash Leich, "the scope and intrusivenes of verification called for in this Treaty are unprecedented in the history of arms control agreements between United States and the Union Soviet"335. Por otra parte, la positiva reacción de la mayor parte de los Estados de la comunidad internacional por la conclusión de los mismos, debido, cómo no, a que "todos los grupos humanos sin excepción están afectados por las negociaciones sobre el desarme. Lo están no sólo en razón de los riesgos que corren. Lo están también por relación a la financiación del exceso de armamento. Los arsenales militares de las grandes potencias representan para los presupuestos de estos Estados una carga excesiva"336. Pero el proceso continúa, habiéndose llegado a acuerdos que se refieren, no sólo al desarme nuclear, sino también al desarme convencional y al control del armamento de destrucción masiva, y se pone, asimismo, de relieve la voluntad de ciertos Estados de sumarse a propuestas y acuerdos que significan una actitud favorable al control y limitación del armamentos. Hay, sin duda, hitos tan importantes como la Cumbre de Moscú de 30 y 31 de julio de 1991 para hacer efectivos, de una vez por todas, los acuerdos entre las "grandes potencias" respecto al control del armamento nuclear; la Reunión de los cinco miembros del Consejo de Seguridad en París, los días 8 y 9 de julio con el fin de elaborar un "código de conducta" para los productores y exportadores de armas; la celebración del Tratado sobre fuerzas convencionales en Europa, el 19 de noviembre de 1990337; los importantes avances que significan los acuerdos sobre armas químicas y, en particular, la adopción en París, el 13 de enero de 1993, de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y su destrucción; la voluntad de Argentina de sumarse al Tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina; la firma, en Moscú, en 1993, del acuerdo Start II; o la celebración del Tratado de Pelindaba por el que se establece una zona libre de armas nucleares en África. Todo ello nos hace pensar que se camina, en este ámbito, en la dirección más 335Contemporary practice the U.S. relating to International Law, A.J.I.L., 1988, p. 346. Un trabajo muy interesante: M. L. AZNAR GOMEZ, Los métodos de verificación en el Derecho Internacional del Desarme (1945-1995), Madrid, 1995. 336M. CHEMILLIER- GENDREAU, La solution de la crise des Nations Unies: Application de la Charte plutôt que revision, R.B.D.I., 1987. 337F. MARIÑO MENENDEZ, Tratado sobre fuerzas convencionales en Europa, R. E.D.I., 1991, pp. 57-74.

145 adecuada y conforme a los valores y principios que estarían en la base del surgimiento de intereses propios de una comunidad internacional. Más aún, se podría señalar el nuevo enfoque que se está realizando en esta materia con la finalidad de obtener resultados satisfactorios, como es el caso, del denominado micro-desarme del que el Secretario General de las Naciones Unidas pudo decir que tenía "gran importancia en la actualidad, por la enorme proliferación de las armas de asalto automáticas, las minas antipersonal y otras armas similares"338. Estos logros no tendrían explicación si las relaciones en la sociedad internacional se basaran única y exclusivamente en intereses particulares de los Estados, por lo que los avances en materia de desarme y control de armamentos se sitúan, con seguridad, en el marco más preciso de las estrechas relaciones de cooperación y de satisfacción de intereses comunes. En otras palabras, el objetivo del desarme sólo se entiende completamente si lo vinculamos a los objetivos esenciales que se persiguen en la comunidad internacional. Para el Secretario General de las Naciones Unidas "la reducción progresiva y sistemática de las armas nucleares, que culmine con su total eliminación, seguirá siendo una de las tareas prioritarias de la comunidad internacional"339. Aunque es verdad que, también, se producen ciertos "desencantos". A mi juicio, la posición que mantuvo el Tribunal Internacional de Justicia en su Opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o empleo de armas nucleares, en 1996, no se puede decir que apuntara en la línea de un desarrollo progresivo del ordenamiento jurídico internacional, por lo menos en algunos de sus aspectos más relevantes. En particular, recordemos que el Tribunal sostuvo que "el derecho internacional consuetudinario y de tratados no contiene ninguna disposición concreta que autorice la amenaza o el uso de armas nucleares ni de ninguna arma, ni en general ni en circunstancias particulares, especialmente las relativas al ejercicio del derecho de legítima defensa", pero, también, indicó que "la amenaza o el empleo de las armas nucleares sería generalmente contrario a las normas del derecho internacional aplicable a los conflictos armados, particularmente a los principios y normas del derecho humanitario", llegando a la cuestión crucial, cuando afirmó que de "la situación actual del derecho internacional y de los elementos de hecho de que dispone, la Corte no puede pronunciarse definitivamente sobre si la amenaza o el empleo de las armas nucleares sería lícito

338Suplemento cit., párr. 61. 339Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, Nueva York, 1999, p. 16, párr. 119 (cursiva añadida).

146 o ilícito en circunstancias extremas de legítima defensa, en las que corriera peligro la propia supervivencia del Estado"340. Cabría esperar, quizá, algo más, pero el Tribunal consideró que el estado actual del Derecho Internacional tan sólo permitía sostener una posición tan ambigua como ésta y que deja, sin lugar a dudas, un excesivo margen para la reflexión. En otras ocasiones, “las sorpresas” vienen dadas por el comportamiento de ciertos Estados en relación con esta materia. A tal efecto, cabe destacar las declaraciones realizadas por el Embajador de Corea del Norte ante Naciones Unidas, el día 10 de enero del 2003, en las que se expresó la voluntad de este Estado de denunciar el Tratado de No Proliferación del que, como se sabe, forman parte la mayoría de los Estados que conforman la actual sociedad internacional y que supone, desde luego, una garantía, para el establecimiento de relaciones internacionales más seguras. En este caso, lo realmente importante es que los argumentos esgrimidos por Corea del Norte apuntan en la dirección de la reafirmación de la auto-tutela en el orden jurídico internacional lo cual, en este asunto, produciría, de ser así, sus efectos, en un ámbito especialmente delicado de las relaciones entre Estados. Como se recordará, el embajador norcoreano sostuvo que cualquier medida o acto de sanción que se le impusiese a Corea del Norte, incluso por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sería interpretado como una “declaración de guerra” que, en consecuencia, activaría el derecho del Corea del Norte a la legítima auto-tutela341. En definitiva, se ha producido un cambio de visión en las funciones del ordenamiento jurídico internacional y con ello se aporta, con seguridad, el entorno preciso para que se vaya consolidando una sociedad más homogénea y se crea, pues, la atmósfera necesaria para la afirmación futura de una sociedad más integrada. El carácter multidimensional de los objetivos que se ha marcado este ordenamiento se hace, en la actualidad, plenamente visible y se comprueba, sin dificultad, en cada uno de los sectores de las relaciones internacionales de los que se ocupa más intensamente. Ya no hay, en puridad, sectores destinados a asegurar exclusivamente la coexistencia si no que ésta incorpora, en su seno, elementos de cooperación y, al mismo tiempo, el devenir de la interdependencia conduce a la "integración". Estamos asistiendo, a lo más, "a un crecimiento de las normas jurídicas internacionales sin parangón en tiempos pretéritos, y no como resultado 340Vid., en particular, X. PONS RAFOLS, Opinión consultiva del TIJ sobre la legalidad de la amenaza o empleo de armas nucleares, Barcelona, 1997; y R. RANJEVA, L'avis consultatif sur la liceité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires et le problème de la guerre juste, Cursos euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, 1998, pp. 21-34. 341Cfr., El País, 11 de enero del 2003.

147 de ningún voluntarismo, sino como conclusión o solución a nuevas metas y nuevas necesidades"342. La adopción de esta óptica no es, sin embargo, tampoco suficiente, por sí sola, para explicar la existencia de una comunidad jurídica internacional, por lo que deberemos tener en cuenta otros elementos. Aunque, de todas formas, dejemos constancia de que serían inacabables los ejemplos referidos a todos y cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico internacional en los que se ha ido produciendo la situación descrita, lo que revela, en el fondo, que sí se puede sostener que la sociedad internacional está inmersa en un profundo proceso de transformación pero, también, esto acontece, con toda intensidad, en el ordenamiento jurídico internacional. 4. La progresiva superación de la descentralización normativa e institucional Una de las razones que hacen que se dude de la existencia de una verdadera comunidad jurídica internacional se encuentra en el hecho de que el ordenamiento jurídico internacional utiliza procedimientos de carácter descentralizados tanto a la hora de consumar la creación de normas como, por si fuera poco, cuando se trata de la aplicación de este ordenamiento jurídico, en el que no se dispone, usualmente, de instancias ni de mecanismos institucionales que aseguren cabalmente la misma. De ahí la existencia de un derecho, como decimos, "descentralizado" en el que los poderes legislativo y de ejecución de normas se encuentran inequívocamente dispersos y fragmentados y se fundamentan, en la mayoría de los casos, en la voluntad de los Estados y única y exclusivamente en la voluntad de éstos. El Derecho Internacional Contemporáneo, como en los tiempos de sus orígenes, continúa siendo pues un derecho que se sustenta básicamente en el consentimiento de los Estados y se proyecta, sobre el conjunto de las normas y principios que lo integran, sobre la base del mismo. Desde esta perspectiva, J. A. Carrillo Salcedo ha señalado, con nitidez, que "la especificidad del orden jurídico internacional, es decir, su carácter fragmentario y su relativismo", lo que hace, por un lado, es que "aucune autorité législative distincte des Etats souverains n'y est constituée, et le droit va s'y élaborer et se développer par l'action de ceux qu'il est destiné à regir, ce qui explique l'importance de la volonté des Etats souverains dans la formation des régles juridiques interntionales"; y, por otro lado, que "l'absence d'instance extérieure et face à un comportement étatique perçu comme illicite, l'Etat qui s'en estime victime dispose de la faculté de réagir directement par des mesures dirigées contre le responsable de ce comportement"343.

342A. RODRIGUEZ CARRION, El Derecho Internacional en el umbral del siglo XXI cit., p. 61. 343J. A. CARRILLO SALCEDO, Droit International cit., p. 71.

148 La cuestión que debemos plantear ahora es, sin embargo, la contraria, es decir, si de alguna forma se está produciendo y en qué medida un cierto grado de "centralización" en el sistema jurídico internacional que coadyuve a la plena consolidación de la comunidad internacional o, por lo menos, determinar si los procedimientos de creación de normas internacionales y los mecanismos institucionales, que aseguren su aplicación, albergan en su seno elementos que no obstaculizan o impidan la instauración de dicha comunidad. Para determinarlo definitivamente habría que realizar, algo que no es posible ahora, un exhaustivo análisis de todos y cada uno de los procesos de creación de normas internacionales (tratados, costumbre, actos unilaterales, actos de las Organizaciones Internacionales o principios generales del derecho como supuestos más relevantes), así como de los mecanismos que, en la actualidad, estimamos más relevantes para la aplicación de las normas internacionales (tale como el control, la responsabilidad internacional, los medios coercitivos para la aplicación del Derecho Internacional, y los ordenamientos jurídicos internos como mecanismos de aplicación de normas internacionales ...). No obstante, sí parece posible destacar, al hilo de alguno de los elementos señalados, aquellos aspectos que presentan o anuncian, en particular, que el Derecho Internacional también dispone de procedimientos que producen normas generales y cuenta, asimismo, con sistemas de aplicación efectiva de normas internacionales que le dan coherencia al conjunto del ordenamiento jurídico. Y que, además, estos procedimientos y estos sistemas contribuyen al desarrollo de un ordenamiento jurídico más cohesionado, menos rudimentario (si se quiere menos primitivo) y, en definitiva, más propio y característico de una comunidad que de una mera amalgama de intereses estatales dispersos que tan sólo en contadas ocasiones coinciden en la consecución de intereses comunes. La debilidad que habitualmente se le atribuye al ordenamiento jurídico internacional y que encuentra sus expresiones más radicales en los procesos de creación y aplicación de normas dejaría de estar absolutamente presente si se observasen “atisbos” e “indicios” de que, paulatinamente, la creación de una norma internacional (de cualquiera o de algunas) no está sólo condicionada por la voluntad del Estado y que, asimismo, la aplicación de una norma jurídica no se deja, siempre y en todo caso, en manos de los Estados y a "la libre discrecionalidad" de éstos. Como lo ha indicado J. A. Pastor Ridruejo "Le droit international commence à devenir plus fort et plus solide lorsque les intérêts des Etats sont interdépendants, et on passe du domaine de la confrontation à celui de la coopération"344. Por lo que cuando aparecen intereses comunitarios y cuando se 344J. A. PASTOR RIDRUEJO, Le droit international à la veille du XXième siècle cit., p. 37.

149 tiende, por parte de los Estados, a la consecución de objetivos comunes, se refuerza la presencia del Derecho Internacional y, en su seno, se “fabrican” normas y se establecen procedimientos de aplicación que gozan de mayor certidumbre y solidez. Ahora bien, destaquemos, antes de profundizar en ello, dos elementos que, a mi juicio, presentan cierto interés a la hora de pergeñar, desde la perspectiva teórica, la eventual existencia de un ordenamiento jurídico encargado no sólo de regular las relaciones particulares que se producen entre los entes con personalidad jurídica internacional, en concreto los Estados, de manera independiente y esporádica, sino también con vocación de ir diseñando un conjunto de normas, entrelazadas entre sí, y cuyos destinatarios últimos son todos los componentes de la comunidad internacional, precisamente en razón de su pertenencia a la misma. En otros términos, aquellos elementos que permitirían apreciar un "sistema jurídico" en el que están presentes elementos comunitarios en la formación de las normas y que cuenta con cierta institucionalización en su aplicación. Por un lado, es verdad y no debemos desconocerlo, que en el Derecho Internacional se dan esos tres elementos que señalaba A. Pellet, es decir, "la rareté des normes autoritaires", "l'absence de hiérarchie entre les normes" y "la décentralisation normative", y que todo ello viene, además, acompañado de la "décentralisation des mécanismes de mise en oeuvre du droit international"345. El fundamento último de que esto sea así hay que encontrarlo, sin duda, en que el conjunto del ordenamiento jurídico internacional se encuentra presidido e impregnado por la noción de "consentimiento de los Estados". De tal manera que, como lo ha indicado J. Roldán Barbero, "Como expresión del principio de la soberanía estatal que vertebra, con todos sus condicionantes, el Derecho Internacional Público, el consentimiento de los Estados es el factor primordial de creación de normas en este ordenamiento jurídico (…) como lo es también de la investidura de nuevos sujetos y, en buena parte, de la aplicación del derecho"346. Ello se puede apreciar en un asunto reciente, como es el caso de la demanda presentada por Yugoslavia contra España ante el Tribunal Internacional de Justicia. En este caso, se hace realidad la máxima de que el “Estado que consiente se obliga y el Estado que no consiente no se obliga”. En efecto, como se recordará, el 29 abril de 1999, la República Federal de Yugoslavia presentó una demanda ante el Tribunal contra Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Reino Unido de Gran Bretaña y Estado Unidos de América, acusando a estos Estados de haber bombardeado el territorio yugoslavo en violación de sus obligaciones internacionales”347. 345A. PELLET, Le droit international à l'aube cit., p. 43. 346J. ROLDAN BARBERO, Ensayo de Derecho Internacional Público cit. (cursiva añadida). 347T.I.J. Licitud del empleo de la fuerza, 1999, (http://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htm)

150 Con independencia del fondo del asunto, lo que nos interesa resaltar ahora es que el Tribunal Internacional de Justicia ha decidido rechazar la petición yugoslava referente a la adopción de medidas provisionales y ha manifestado, asimismo, que no goza de competencia para conocer del asunto. Y todo ello, precisamente, porque el Estado español tan sólo está obligado en relación con aquello para lo que otorgó su consentimiento y en el marco de los establecido en el mismo. A tal efecto, “Pour fonder la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué les déclarations par lesquelles les deux Etats ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation (article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour), ainsi que l'article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. L'article IX de la convention sur le génocide prévoit que les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la convention seront soumis à la Cour internationale de Justice”348. No obstante, y a pesar de los argumentos esgrimidos por el Estado yugoslavo, el Tribunal ha entendido “qu'elle «n'a pas automatiquement compétence pour connaître des différends juridiques» entre Etats et que «l'un des principes fondamentaux de son Statut est qu'elle ne peut trancher un différend entre des Etats sans que ceux-ci aient consenti à sa juridiction». Elle ne peut indiquer de mesures conservatoires sans que sa compétence en l'affaire ait été établie prima facie (à première vue)”349. En realidad, el examen de la cuestión lleva necesariamente a adoptar la posición que ha asumido el Tribunal y que, en esencia, consiste en que España no se encuentra obligada a someter la diferencia ante el T.I.J. o, en otros términos, que no cabe que dicho Tribunal conozca del asunto porque no se da el consentimiento del Estado español. Desde luego, no cabe interpretar otra cosa distinta de las expresiones utilizadas por el Tribunal y que merece la pena reproducir. El Tribunal señaló, con acierto, que “Au sujet de la première base de compétence invoquée, la Cour observe que l'Espagne a fait valoir que sa déclaration contenait une réserve, pertinente en l'espèce. Aux termes de celle-ci, l'Espagne ne reconnaît pas la compétence de la Cour en ce qui concerne «les différends dans lesquels l'autre ou les autres parties en cause ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour moins de douze mois» avant la date de soumission de l'affaire à la Cour. La Cour constate que la Yougoslavie a déposé sa déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 26 avril 1999 et qu'elle a porté le différend 348Ibid. 349Ibid.

151 devant la Cour le 29 avril 1999. Elle indique qu'il ne fait aucun doute que les conditions d'exclusion spécifiées dans la déclaration de l'Espagne sont remplies. La Cour conclut que les déclarations faites par les parties ne sauraient manifestement pas constituer une base de compétence en l'affaire, même prima facie”. Pero más aún, “A propos de l'article IX de la convention sur le génocide, la Cour indique qu'il n'est pas contesté que tant la Yougoslavie que l'Espagne sont parties à cetme convention, mais que l'instrument d'adhésion de l'Espagne, déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 13 septembre 1968, comporte une réserve «touchant la totalité de l'article IX». La convention sur le génocide n'interdisant pas les réserves et la Yougoslavie n'ayant pas présenté d'objection à la réserve faite par l'Espagne, la Cour considère que l'article IX ne constitue manifestement pas une base de compétence, même prima facie”350. Por todo lo cual, y con expresiones muy claras al respecto, “La Cour conclut qu'elle «n'a manifestement pas compétence pour connaître de la requête de la Yougoslavie» et qu'elle «ne saurait dès lors indiquer quelque mesure conservatoire que ce soit». Elle ajoute que «dans un système de juridiction consensuelle, maintenir au rôle général une affaire sur laquelle il apparaît certain que la Cour ne pourra se prononcer au fond ne participerait assurément pas d'une bonne administration de la justice»”351. Por esencia, los procedimientos de creación de normas producen como resultado normas particulares y de naturaleza dispositiva, y los mecanismos para la aplicación quedan, muchas veces, en manos exclusivas de los Estados y enmarcados en elementos de espontaneidad. Queda claro, entonces, que "Le pouvoir de
152 Con todo, se abre paso una cierta "centralización" o, por lo menos, principios, normas y obligaciones que van más allá, en su significado y contenido, de las meras relaciones inter-estatales. Quizá, por ello, J. A. Carillo Salcedo habla precisamente de "un système juridique éminemment décentralisé et faiblement institutionnalisé"354. Es decir, descentralizado sí, pero no del todo, y débil, también, pero algo institucionalizado. Pero es que, incluso, se podría llevar el razonamiento un poco más lejos y, pese a reconocer que el modelo basado en el consentimiento de los Estados es el que prima en el ordenamiento jurídico internacional y el que le da sustancia y contenido, cabría preguntarse, con C. Tomuschat, si este modelo expresa realmente, en la actualidad, todas las especificidades del sistema jurídico internacional355. En otras palabras: ¿tendrían cabida otros modelos normativos o ciertos elementos diferentes, en el modelo normativo por excelencia, a los que están ya plenamente presentes en el modelo basado en el consentimiento? ¿Por qué aferrarse, indefinidamente, a un modelo consensual que produce excelentes resultados en las relaciones internacionales pero que crea, al mismo tiempo, incertidumbres y no genera solidaridad internacional alguna? Desde luego, no es posible, en la actualidad, prescindir de la fuerza y del empuje del consentimiento pero, desde siempre, el Derecho Internacional, ha ido restringiendo y limitando los efectos del "consentimiento absoluto" o, si se quiere, el valor absoluto del consentimiento. El principio del no formalismo, aceptado por la comunidad de Estados, es una buena prueba de que esto es así y, como se sabe, puede llevar a los Estados a una situación de "esquizofrenia normativa". El comportamiento sin más, el asentimiento, la aquiescencia y hasta el silencio, cuando existe la obligación de pronunciarse, tienen la capacidad de producir plenos efectos jurídicos y hacen que el consentimiento se entienda por prestado en situaciones de esta índole. Dos de los aspectos centrales de cualquier ordenamiento jurídico, la creación de normas y la aplicación de las mismas, presentan, por lo tanto, una gran singularidad en el ordenamiento jurídico internacional, de tal manera que el poder y los procedimientos que hacen que surja una determinada norma jurídica se encuentran "repartidos" principalmente entre los Estados; y la ejecución de las obligaciones que de ella dimanan no dispone de sistemas previamente establecidos y vinculantes. En palabras de A. Pellet "Dans le domaine international, l'existence d'obligations dont l'exécution ne peut faire l'objet en dernier ressort d'une procédure juridique a toujours constitué la règle plutôt que l'exception"356. 354J. A. CARRILLO SALCEDO, Droit International cit., p. 50. 355Cfr., C. TOMUSCHAT, Obligations arising for States cit., p. 210. 356A. PELLET, Le droit international à l'aube cit., p. 44.

153 Las consecuencias prácticas se revelan, entonces, con toda nitidez: se acrecienta el grado de incertidumbre no sólo respecto a la existencia de la norma y de sus obligaciones sino, sobre todo, en relación con el contenido exacto de las mismas; y, también, la aplicación de la norma internacional se hace menos rigurosa y, en consecuencia, se crean y desarrollan mecanismos menos eficaces, y eso siempre y cuando los Estados no pretendan crear mecanismos de “dudosa legalidad”. En realidad, lo que sucede es que "the international community ad its constitution were created by States"357. A pesar de todo, diversos fenómenos que acontecen en la escena internacional y cuyas más importantes manifestaciones han sido señaladas, por ejemplo por A. Pellet, nos podrían conducir a afirmar el cumplimiento de una función "cuasi-legislativa en el plano internacional"358. Estamos lejos, eso sí, del establecimiento de un poder centralizado de carácter legislativo en el sistema internacional que, en el caso de darse, resolvería muchas dudas respecto a la existencia de una comunidad jurídica internacional, pero ello no quita que podamos constatar la existencia de ciertos aspectos en esa dirección. Por lo demás, las deficiencias institucionales que se aprecian en el Derecho Internacional no eliminan tampoco los efectos de los avances que se van produciendo en el plano relativo a la elaboración de normas. Es verdad, como ha dicho C. Gutiérrez Espada, que el Derecho Internacional "está necesitando ineludiblemente de un sistema institucional firme, que haga frente a los defectos del sistema normativo, aclarando la ambigüedad, disuadiendo a sus sujetos del desconocimiento de sus normas"359, pero lo verdaderamente dramático es que el sistema institucional con el que se cuenta es todavía más débil que el sistema normativo. En otras palabras, se aprecian avances más significativos en los procesos de creación de normas que, con el tiempo, van ganando en claridad, que en los mecanismos de aplicación de las mismas que, tan sólo muy lentamente, se van instaurando con carácter general en la sociedad internacional. Por otro lado, el empeño constante de los internacionalistas por afirmar, una y otra vez, que el Derecho Internacional no debe emular a los ordenamientos jurídicos internos y que, en consecuencia, no se puede tratar de la misma forma a una eventual comunidad internacional que a las comunidades internas, lo que hace es ocultar que, simplemente, esto no sucede porque no es posible. Aunque se reconozca, como está claro, que el "sistema jurídico internacional" tiene perfiles propios y diferentes de los que adornan a los derechos internos, nada más lejos de

357C. TOMUSCHAT, Obligations arising for States cit., p. 236. 358Cfr., A. PELLET, Le droit international à l'aube cit., p. 105. 359C. GUTIERREZ ESPADA, Sobre las funciones, fines y naturaleza cit., p. 72.

154 la realidad que pretender privar, con todas sus consecuencias, a la "comunidad jurídica internacional" de los aspectos que caracterizan a las sociedades estatales. Y como los hechos se imponen, hay que suscribir las palabras de F. Horchani, para quien "la inestabilidad, el subdesarrollo, la pobreza, el hambre, la contaminación, la demografía, los derechos humanos e, incluso, la democracia son, con mayor frecuencia, problemas de la sociedad que se plantean a nivel mundial. La tierra ha llegado a ser tan pequeña que todo concierne a todos -que lo próximo es el todo-. La antigua distinción entre lo interno y lo internacional corre el riesgo de perder completamente su valor en el siglo venidero"360. Y, en este espacio reducido que constituye ahora el planeta, ¿por qué hay que negar que la aspiración última, con todos los matices que se quiera y todas las especificidades posibles, no es otra que crear centros de decisión política y de producción normativa en el plano mundial parecidos o similares a los que emplean los sistemas estatales; órganos de ejecución de carácter centralizado e instaurar, en consecuencia, sistemas jurisdiccionales de carácter obligatorio como acontece en las sociedades internas? No se puede, ciertamente, mirar de otra manera o interpretarlo de otra forma. La impotencia de la sociedad internacional, por las razones que sean, para constituirse en un "espacio bajo la jurisdicción y el control" plenos del Derecho Internacional, no justifica que, desde la perspectiva teórica, se afirme que el sistema jurídico del planeta tiene unos rasgos que hacen necesario un modelo diferente a los instaurados en los ordenamientos jurídicos internos. Seguir este camino conduce, inevitablemente, a proclamar una sociedad internacional en la que reinen las ambigüedades, un ordenamiento jurídico “deslabazado” e inconsistente y, a la postre, un sistema anárquico de relaciones en el que, de vez en cuando, se hace brillar algún aspecto solidario o comunitario. Aunque quizá no pensara en ello, lo que produce la existencia de una comunidad internacional es, como indica J. A. Carrillo Salcedo, un cambio en la naturaleza del Derecho Internacional361. Y este cambio de naturaleza se puede preconizar, por qué no, desde la aceptación de modelos que han producido excelentes resultados en el ámbito de los ordenamientos estatales. Por supuesto, la Comunidad jurídica internacional no respondería a una base social constituida por un “Super-Estado”, pero sí contaría, a su manera, con mecanismos centralizados de creación de normas y procedimientos expeditos para su aplicación. No se trataría, por lo tanto, de reproducir a escala universal los sistemas jurídicos internos mediante "una versión bastarda" de los mismos, pero sí de propugnar que el 360F. HORCHANI, loc. cit., p. 211. 361Cfr., J. A. CARRILLO SALCEDO, Droit International cit., p. 132. Para este autor, la noción de comunidad internacional estaría no sólo en el origen de "una trasformación de la naturaleza del derecho internacional, sino también de la aceptación de la exigencia de normas de orden público", p. 135.

155 ordenamiento jurídico internacional, al hálito de los avances que se sucedan en la estructura de la sociedad internacional, adquiriría elementos que están presentes en los ordenamientos jurídicos internos y que hacen de éstos "sistemas jurídicos" que, con sus deficiencias, responden a intereses comunes y colectivos. Una prueba de que esto podría ser así nos la encontramos en los procesos de integración que están teniendo lugar en la actualidad. En efecto, tanto en la integración europea como en la integración americana lo que se revela es que los Estados participan y se ven inmersos en el seno de Organizaciones Internacionales que crean su propio derecho y que, a la postre, tienden hacia el establecimiento un derecho dotado de las notas de autonomía, primacía y efecto directo y que, cada vez más, se va pareciendo, en los modos de producción y en su contenidos, a los ordenamientos jurídicos internos. En todo caso, lo relevante para nosotros es que se pueden extraer dos conclusiones de este fenómeno, ciertamente relevante, de la integración económica y política que está aconteciendo en la sociedad internacional contemporánea: Por un lado, los esfuerzos de integración tienden, con seguridad, a la creación y consolidación de un ordenamiento jurídico propio, autónomo y específico que se diferencia del ordenamiento jurídico internacional y que, a la postre, hará que un importante número de Estados queden bajo el imperio de dicho ordenamiento comunitario. Por otro lado, se advierte que, con todas las reservas que se quiera, los ordenamientos comunitarios que emanan de los procesos de integración se asemejan mucho a ordenamientos jurídicos internos o, por lo menos, aparecen, con claridad, procesos centralizados de creación de normas y procedimientos institucionalizados de aplicación de las mismas. En esencia, es posible observar, en determinados ámbitos, un cierto grado de centralización normativa y también de centralización institucional en el ordenamiento jurídico internacional. En otros términos, los procedimientos de creación de normas internacionales no llevan en su seno el germen de la destrucción de un sistema jurídico y los mecanismos para la aplicación del Derecho Internacional no están diseñados para cumplir el objetivo de impedir el surgimiento de ese sistema. La normas internacionales, se quiera o no, se crean y se aplican y la sociedad internacional, con ciertos elementos de anarquía, está regulada por un determinado ordenamiento jurídico. A) La creación de normas internacionales: El valor de los principios esenciales y de la costumbre internacional Por lo que se refiere, en concreto, a la creación de normas internacionales, hemos de señalar, antes de todo, que tanto los tratados como la costumbre así como ciertos actos emanados de Organizaciones internacionales aportan, al ordenamiento jurídico internacional, algunos elementos de generalidad y permanencia. No se puede decir, por lo tanto, que los actuales procedimientos de creación de normas en

156 el Derecho Internacional impidan per se que se den elementos que contribuyan al surgimiento de una “comunidad jurídica internacional” y que sean portadores, tan sólo, de las características tradicionales que se les han venido otorgando a estos procedimientos. En particular, una atenta observación de la realidad jurídica internacional, lo que nos permite constatar es que, en el ordenamiento internacional contemporáneo, existen ciertos principios fundamentales o esenciales; que la costumbre aporta elementos de generalidad a este ordenamiento jurídico; y que algunos de los tratados y de los actos de Organizaciones Internacionales que han sido adoptados cumplen un cierta "función legislativa". En definitiva, que nos hallamos en presencia de procedimientos de creación de normas que apuntan en la dirección de los elementos que constituirían una “comunidad jurídica internacional” o, por lo menos, que van más allá de una sociedad internacional absolutamente descentralizada. A decir verdad, se mantienen, en esencia, los procedimientos que tradicionalmente ha empleado el Derecho Internacional para la creación de normas, pero se han producido cambios muy relevantes en sus características y contenido y en las manifestaciones que ello supone para el conjunto del ordenamiento jurídico internacional. J. A. Carrillo Salcedo ha constatado, con acierto, que "l'évolution des modes de formation des normes constitue l'un des phénomèmes les plus marquants du droit international contemporain", resaltando este autor, y esto es lo realmente importante, que se han transformado profundamente y que han alcanzado una gran complejidad362. Con todo ello, se puede reflexionar, al menos, sobre ciertas cuestiones que afectan a los procedimientos de creación de normas y que, de una manera u otro, nos ponen de manifiesto que, de forma paulatina, se va generando una comunidad internacional también desde esta perspectiva: a) La formulación de una “constitución internacional”: Los denominados principios fundamentales o esenciales. Es verdad que no se puede hablar, con rigor, de la existencia de una Constitución formal en el ordenamiento jurídico internacional y que ningún instrumento jurídico, por mucho que se quiera, cumple en modo alguno, las funciones de Constitución de la comunidad internacional contemporánea. Por lo tanto, no se puede decir que nos hallemos ante una situación, ni siquiera similar, a la que acontece en los ordenamientos jurídicos internos, en los que se parte, con frecuencia, de la existencia de un instrumento jurídico que se sitúa en la cúspide del sistema normativo en cuestión y en el que se recogen los elementos esenciales de la organización política y social de un determinado Estado. No obstante, sí se puede apreciar, en el seno del Derecho Internacional Contemporáneo, el continuo 362Cfr., ibid., Droit International cit., p. 149.

157 proceso de elaboración de un "esquema normativo" en el que se produce la consagración de ciertos principios en el orden internacional y su consideración como principios estructurales o fundamentales del mismo, lo que coadyuva sobremanera a definir esa eventual “comunidad jurídica internacional”, ya que dichos principios se concebirían como elementos imprescindibles de un “orden jurídico constitucional” internacional. Como he señalado, estos principios siempre prestan la oportunidad de reflexionar en torno a si se está produciendo o no la configuración de un "orden constitucional internacional" que se desarrollaría alrededor de los mismos363. Pudiéndose llegar, incluso, a sostener, con F. Mariño Menéndez, que "todos esos principios, incluidos los programáticos, pueden considerarse en su conjunto los principios constitucionales del ordenamiento jurídico internacional"364. En pocas palabras, aunque es cierta la ausencia de una Constitución formal en la sociedad internacional, no es menos cierto que determinados principios podrían configurar el "orden constitucional consuetudinario" y que, además, acontece un fenómeno de organización normativa en el conjunto del Derecho Internacional contemporáneo que, hasta ahora, no había tenido lugar. Por esto, A. Pellet ha señalado, con razón, que "il est clair qu'il n'existe pas de de la communauté internationale au sens formel du terme; mais l'on assiste aujourd'hui à l'amorce d'une hiérarchisation des normes qui n'existait pas dans le droit international classique ou, en tout cas, qui n'y était pas perçue (...) et qui commence á être timidement organisé"365. La existencia de una Constitución formal y escrita no es, pues, una condición imprescindible y absolutamente necesaria para que se genere una comunidad jurídica internacional y su falta no es, por lo tanto, un obstáculo insuperable para la progresiva constitución de la misma. Salta a la vista que la incertidumbre es mayor cuando no se dispone de un instrumento jurídico que, de manera clara y sistemática, precisa los elementos de un determinado ordenamiento jurídico, como sucede con el Derecho Internacional; pero, también, es verdad que las precisiones constitucionales, en nuestro caso, podrían aparecer en un marco de conformación histórica y por vía consuetudinaria. Sin entrar en detalles, cuando determinados valores, que se consideran esenciales, se traducen jurídicamente y adoptan la forma de principios estructurales de los cuales dimanan normas de gran relevancia y a la luz de los cuales debe interpretarse el ordenamiento jurídico en su conjunto, asistimos al asomo de un "sistema constitucional implícito", pero inequívoco, constituido por principios y normas intangibles. 363Cfr., C. M. DIAZ BARRADO, La sociedad cit. 364F. MARIÑO MENENDEZ, Derecho Internacional Público cit., p. 69. 365A. PELLET, Le droit international à l'aube cit., p. 106.

158 Si privamos al Derecho Internacional de aquellos principios que se han ido formalizando como principios fundamentales del ordenamiento o prescindimos de su especial naturaleza jurídica, llegaríamos al absurdo de haber construido un ordenamiento carente de fundamentos y dotado de tanta inestabilidad que no cumpliría función alguna. Por lo menos, hay que coincidir, con C. Gutiérrez Espada, en que "los principios, que expresan los valores fundamentales que inspiran la estructura general del ordenamiento jurídico internacional en un momento dado de su evolución histórica, vendrían a conformar el sistema normativo básico común a la sociedad internacional en su conjunto; actuarían a modo de reglas de juego indispensables y comunes a todos los jugadores; serían, en definitiva, si se prefiere, los principios estructurales o supremos del Derecho Internacional"366. El hecho de que no estén determinados con precisión milimétrica los principios del sistema jurídico internacional y, por ende, las obligaciones que imponen las normas que de ellos dimanan, así como el hecho de que, en cada momento histórico, puedan cambiar los principios en cuestión y, sobre todo, su contenido y alcance así como sus formas de manifestación, no abortan, en modo alguno, la posibilidad de que exista una "constitución internacional" o, por lo menos, en el momento actual de la sociedad interancional, cabría decir que asistimos a la emergencia de la misma. Por supuesto que faltaría un mecanismo institucional que diera plena consistencia a los principios estructurales o esenciales y, aunque Naciones Unidas, como ha dicho J. A. Carrillo Salcedo, no sea una "autoridad política superior a los Estados sino un centro que armoniza los esfuerzos de los Estados miembros para alcanzar unos fines y unos propósitos comunes"367, su acción junto al comportamiento de los Estados y de otras Organizaciones Internacionales crean una "red institucional", poco integrada y coordinada eso sí, pero que va dando sentido a los principios estructurales del ordenamiento jurídico internacional, que los va delimitando y que va expresando su contenido y alcance. El orden jurídico internacional se adapta al medio social y hace que penetren, aunque sea por resquicios, principios y valores que pronto se sitúan en la base de las relaciones inter-subjetivas y que determinan los límites de las mismas. Además, se aprecia que los titulares y los destinatarios de las normas que emanan de esos principios son todos los entes que tienen capacidad jurídica y "capacidad de obrar" en el orden internacional, lo que sustenta su universalidad y generalidad. En 366C. GUTIERRREZ ESPADA, Derecho Internacional cit., p. 39. 367J. A. CARRILLO SALCEDO, Los fundamentos de la paz en la acción de las Naciones Unidas: Derechos Humanos, Acción Humanitaria y Desarrollo, Jornadas sobre el cincuenta aniversario cit., p. 56.

159 este marco, quizá sea oportuno, ahora, señalar, dos cuestiones muy puntuales, pero que, a mi juicio, ponen de relieve aspectos centrales que afectan a la noción de “comunidad jurídica internacional”: Por un lado, estimo que hay que insistir en el valor que tiene el reconocimiento del principio de la buena fe en las relaciones internacionales que, necesariamente, debe ir más allá de su significado técnico-jurídico y de sus consecuencias prácticas en ámbitos tales como el derecho de los tratados o la solución pacífica de las controversias. Este principio debe ser entendido con un sentido más general y como un principio que inspira el conjunto del ordenamiento jurídico. Como lo ha dicho S. Belaid, debería ser un principio con alcance general y por, su connotación moral evidente, debería primar sobre los otros principios368. La dimensión ética del principio de la buena fe trasciende, por lo tanto, de su significación sólo jurídica y hace que penetre, con mayor o menor intensidad, en las esencias del Derecho Internacional del Tiempo Presente369. Lo relevante es destacar que este principio fundamental del ordenamiento jurídico internacional participa de forma activa en los procesos de creación y aplicación de normas, otorgando al Derecho Internacional elementos de coherencia jurídica y puntos de referencia en un marco estrictamente comunitario. Quizá esto latía tras las expresiones, de hace tiempo, de F. Mariño Menéndez para quien "además del deber de obrar de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones ya formadas (...) podemos afirmar también la existencia de un deber genérico de obrar de buena fe en la realización de aquellos comportamientos orientados a la formación de nuevas normas de derecho internacional y a los de su aplicación"370. Se trata, en consecuencia, de subrayar que el comportamiento, sobre todo de los Estados en los ámbitos descritos, debe estar imbuido de los efectos de dicho principio porque forman parte de una misma comunidad jurídica. En resumen, y como lo decía el citado autor, "wn el principio de buena fe se encuentra una de las claves centrales de la organización del ordenamiento jurídico internacional. Desde mi punto de vista la clave principal"371. Por otro lado, la existencia de esos principios estructurales y su reconocimiento dan mayores garantías de la presencia de normas de naturaleza imperativa y de obligaciones erga omnes. En esta línea, como ya lo expresé, el reconocimiento de la naturaleza consuetudinaria de los principios fundamentales, "aunado a que de ellos derivan las auténticas normas imperativas del Derecho 368Cfr., S. BELAID, loc. cit., p. 295. 369Ello sin negar, como se ha dicho, que "el principio de buena fe en su sentido jurídico hace siempre referencia a su sentido ético", F. MARIÑO MENENDEZ, Memoria de Derecho Internacional Público, 1982, p. 320. 370Ibid., p. 312. 371Ibid., p. 311 (cursiva añadida).

160 Internacional, puede llevar a la conclusión de que se trata de principios de ".Y debemos recordar "que el carácter imperativo de ciertas normas internacionales está fuera de toda duda. Como ha señalado C. Gutiérrez Espada 372. Y, además, se puede seguir sosteniendo que “parece conveniente a la hora de identificar y descubrir una norma imperativa diferenciar, por un lado, lo que es una norma de esta naturaleza y lo que es una norma que produce efectos erga omnes, siendo así que, en principio, toda norma imperativa produciría tales efectos, pero que no necesariamente hay que llegar a la conclusión de que toda norma que llevase aparejados tales efectos debería ser conceptuada como norma de ius cogens. Por lo demás, convendría ponerse de acuerdo “respecto a los otros rasgos que idealmente definirían a las normas imperativas"373. Comoquiera que sea, lo importante, en el fondo, es que se puede hablar, con certeza, de la existencia de normas de naturaleza imperativa en el ordenamiento jurídico internacional y de obligaciones destinadas al conjunto de los sujetos de este ordenamiento, lo que hace pensar más en un Derecho "menos descentralizado" de lo que se viene diciendo habitualmente. En otros términos, la discusión gira en torno al contenido, los efectos y el alcance de las normas de ius cogens; en torno a su identificación y delimitación; en relación con el contenido y el proceso de formación de las obligaciones erga omnes; pero no en lo que se refiere a su existencia normativa. En definitiva, se observa una incipiente formación, en el Derecho Internacional, de un “marco constitucional” que cumple primordialmente dos funciones: Por un lado, diseña los elementos centrales de este ordenamiento jurídico a través de la consagración de determinados principios esenciales; y, por otro lado, delimita los contornos de dicho ordenamiento, estableciendo los límites en los comportamientos de los Estados y otros sujetos del Derecho Internacional. En cualquier caso, el Tribunal Internacional de Justicia, una vez más, ha destacado el lugar y la importancia de estos principios, al decir, en la Opinión Consultiva concerniente a la licitud de la amenaza o el empleo de armas nucleares, de 8 de julio de 1996 que "ces règles fondamentales s'imposent d'ailleurs à tous les Etats, qu'il aient o non ratifié les instrument conventionnels qui les expriment, parce qu'elles constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier"374.

372C. M. DIAZ BARRADO, La sociedad cit. (C. GUTIERREZ ESPADA, Hacia un compendio, p. 141). 373Ibid. 374T.I.J., Recueil, 1996, párr. 79.

161 b) Ciertos procedimientos de creación de normas en la expresión de una comunidad jurídica internacional: El papel de la costumbre internacional En el ámbito de los tratados y de la costumbre internacional hay que partir, sin duda, de que se trata de "(...) los dos procedimientos autónomos de elaboración de normas jurídicas internacionales: los dos demuestran el papel que les corresponde a los Estados en la creación, modificación y el desarrollo del derecho internacional, puesto que la inexistencia de un legislador internacional supone que los Estados soberanos sean, a la vez, los sujetos principales del derecho internacional y los creadores de su reglas jurídicas"375. En ambos casos, aunque con mayor nitidez y precisión por lo que se refiere a los tratados, sabemos que la voluntad de los Estados ocupa un lugar central, pero también, en los dos modos de creación de normas internacionales, se producen elementos que apuntan a la producción normativa de carácter y alcance generales. Aunque no es posible detenernos en todo ello, sí caben breves reflexiones respecto al papel de la costumbre en la perspectiva señalada, una vez que afirmemos, como se sabe, que la costumbre internacional constituye uno de los procedimientos de creación de normas internacionales en los que se aprecia, con una intensidad particular, el fundamento obligatorio de las normas internacionales.De todos modos, interesa resaltar, como decimos, ciertos aspectos: En primer lugar, y a mi juicio, la costumbre internacional (cuando se trata de costumbres universales) aporta, con toda rotundidad, elementos de generalidad al ordenamiento jurídico internacional y en ella se encuentra, por ahora, la base y el fundamento de la creación de un orden jurídico más homogéneo. Sin entrar de lleno en esta cuestión, cabría señalar, como punto relevante, que la figura del objetor persistente ha dado, sin lugar a dudas, elementos para el debate y muestra a la claras la fuerza y el valor de la voluntad de los Estados que participan en la creación de normas internacionales. Ahora bien, no coincido, plenamente, con la posición mantenida, a este respecto, por J. A. Carrillo Salcedo, para quien "or l'existence établie d'une règle coutumière ne signifie pas qu'elle soit applicable à tous les Etats: s'il s'agit d'une coutume générale, il n'est certes pas nécessaire que l'Etat ait directement participé à sa formation, ni qu'il l'ait explicitement acceptée. En revanche, l'Etat qui, par son comportement, rejette expressément une coutume au stade de sa formation, n'est pas lié par elle et la souveraineté apparaît alors comme une faculté de blocage"376. Por lo menos, cabría establecer algunas excepciones a esta formulación de carácter general y que tales excepciones pusieran de relieve que "determinadas costumbres", a pesar de la oposición de algún o algunos Estados, alcanzasen tal 375J. A. CARRILLO SALCEDO, Droit International cit., p. 88. 376Ibid., p. 94

162 naturaleza y contenido, que les sería, incluso, oponible jurídicamente. Con cierta prudencia, pero a mi juicio con mucha razón, F. Mariño Menéndez ha dicho que "es muy dudoso que la produzca efectos no vinculantes respecto a normas que llegan a ser de Derecho Internacional general y, a fortiori, de normas de jus cogens"377. Y, con ingenio, C. Gutiérrez Espada, después de plantear su posición al respecto, dice que "ya se habrá intuido que la sería ineficaz frente a una norma consuetudinaria de naturaleza imperativa"378. No quiero decir, con esto, que la oposición inequívoca, constante y persistente a una norma que pugna por constituirse en consuetudinaria carezca de efectos jurídicos para el Estado que mantiene una actitud de este tipo, en la línea de lo señalado en el asunto de Pesquerías, en 1951, cuando el Tribunal Internacional de Justicia sostuvo que "de cualquier modo, la regla de las diez millas no es oponible a Noruega, puesto que este Estado se ha opuesto siempre a toda tentativa de aplicarla a las costas noruegas"; pero, a mi juicio, la colisión que se produce entre la norma que trata de emerger y cristalizar y los comportamientos de oposición a la misma normalmente se decanta en favor de la primera. En unos casos, por el carácter imperativo de la norma consuetudinaria cuya naturaleza hace que se debilite y carezca de efectos, en último término, la objeción que se presenta de manera constante e inequívoca. Priman los intereses generales y fundamentales de la comunidad internacional y el objetor no podría alegar su comportamiento en contra. En otros casos, porque los objetores deben estar sumamente atentos para no incurrir en contradicciones que debiliten su posición. En realidad, a quienes objetan una costumbre general se les exige un comportamiento constante y uniforme de oposición sin que se produzca, en muchos casos, la más mínima fisura en su comportamiento o, por lo menos, que no tenga lugar un comportamiento que varíe la dirección de la posición que venía manteniendo. Y, finalmente, porque, incluso, nos podemos encontrar ante el supuesto del "objetor persistente solitario" que se ve forzado, en última instancia, a asumir las consecuencias de la norma consuetudinaria. En esta última situación se podría encontrar, por ejemplo, España en relación con el régimen del derecho de paso en tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional. Como se recordará, los preceptos que finalmente se aprobaron en el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, en relación con los derechos de paso por algunos estrechos consagraron el derecho de terceros de Estados de que sus buques y aeronaves navegaran por las aguas del estrecho y sobrevolaran el espacio aéreo suprayacente, en el ejercicio de un "nuevo" derecho que va más allá, en su contenidos, del derecho de paso inocente. La posición 377F. MARIÑO MENENDEZ, Derecho Internacional Público cit., p. 233. 378C. GUTIERREZ ESPADA, Derecho Internacional cit., p. 536.

163 española es de todos conocida y se reflejó, de manera nítida, en la declaración interpretativa, al no poder formular reserva, al propio Convenio, en la que se indica que "el Gobierno español interpreta que el régimen establecido en la Parte III de la Convención es compatible con el derecho del Estado ribereño de dictar y aplicar en el espacio aéreo de los Estrechos utilizados para la navegación internacional sus propias reglamentaciones aéreas". Conservar parte de soberanía y reconducir el derecho de paso en tránsito al camino del derecho de paso inocente, pero reconociendo al final "la derrota" de su posición en la Conferencia y resignándose en su "objeción". En efecto, el propio Estado español se vio forzado a incluir en su declaración interpretativa las expresiones, "siempre que ello no obstaculice el paso en tránsito de las aeronaves". A mi juicio, a lo más que llega la "objeción persistente" es a impedir, en su caso, que un Tribunal internacional aplique una norma consuetudinaria a un Estado que de manera inequívoca se haya opuesto, desde su formación, a la misma. Pero, esto no es lo mismo que impedir la formación de la norma. Como lo dice, muy claramente, C. Gutiérrez Espada "una costumbre general no será oponible, no le vinculará en definitiva, al Estado que insistente e inequívocamente se haya opuesto a la misma durante su periodo de formación (...). Este no podrá verse obligado a regirse por una norma a la que él se ha opuesto, pero lo que éste u otros Estados no pueden conseguir es impedir o vetar la aparición de una norma consuetudinaria que la generalidad de la sociedad internacional considera conveniente y existente"379. El carácter “casi inexpugnable” de la costumbre internacional general se aprecia, aún mejor, cuando se pretende lo contrario, es decir, cuando un Estado o un grupo de Estados aspiran a modificar radicalmente el contenido de una norma y a convertir en derecho una prohibición. Aunque nos movamos en el terreno de la imperatividad, el comportamiento de los Estados Unidos dirigido a reconocer la licitud de ciertas intervenciones sobre la base de una pretendida legitimidad democrática “se ha estrellado” siempre, y por ahora, con el carácter general de la norma que establece la no-intervención. No obstente, esto no quiere decir, en modo alguno, que la costumbre general impida la evolución normativa ya que, por el contrario, la costumbre es por esencia dinámica y evolutiva. En definitiva, dos hechos adquieren, a mi juicio, gran relevancia en el marco de lo que venimos reflexionando y que nos ponen de manifiesto, a la claras, que se puede seguir abogando por la existencia, consolidada o emergente, de una “comunidad jurídica internacional”: Primero, como se sabe es la norma consuetudinaria la que da validez a los procesos de creación normativa y ello hace que se sitúe en la cúspide de la producción normativa. Segundo, es en el ámbito consuetudinario donde surgen 379Ibid., pp. 534-535.

164 preferentemente las normas internacionales generales y en donde encuentran perfecto acomodo normativo los principios esenciales de este ordenamiento. Por todo, es innegable que el proceso consuetudinario de creación de normas y las normas consuetudinarias que de él dimanan, en el plano universal, van otorgando al ordenamiento jurídico internacional, en función de la actual estructura de la sociedad internacional, elementos de carácter constitucional y general. A decir verdad, las principales normas internacionales y sus correspondientes obligaciones tienen siempre un reflejo consuetudinario. La sentencia dictada por el T.I.J. en el asunto relativo a las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua lo que vino a constatar es que mientras no se produzca un cambio sustancial en los procedimientos de creación de normas, la norma consuetudinaria no pierde su valor, su carácter y su contenido, a pesar de haber sido traducida y perfilada en el ámbito convencional, incluso, si se nos permite la irreverencia, aunque haya sido “transcrita o traspuesta”. La costumbre general permanece como garantía de permanencia del ordenamiento jurídico internacional, con el objeto de que las obligaciones que dimanen alcancen a todos los sujetos de este ordenamiento. Segundo, me parece muy relevante la posición que ocupa la costumbre general en sus relaciones con otros procesos de creación de normas internacionales, porque en estas relaciones se advierte la consistencia que la norma consuetudinaria otorga al Derecho Internacional. Sin entrar en muchos detalles, podemos destacar, de manera sumaria, dos aspectos de las mencionadas relaciones: i) Antes de todo, el Tratado puede tener por vocación crear normas generales. Más aún, como sabe, la codificación del Derecho Internacional acontece preferentemente a través del Tratado. Asistimos, así, a un cambio trascendental desde el momento en el que el procedimiento de creación de normas que supone el tratado y que se caracteriza por la vigencia y los efectos del consentimiento de los Estados, es empleado para lograr como último objetivo el surgimiento de normas que impongan obligaciones universales/generales. Ahora bien, quisiera destacar, en particular, que la convivencia entre la norma consuetudinaria y la norma convencional codificadora apunta el supremo valor de la costumbre. Por de pronto, los Estados no partes en el convenio de codificación continúan vinculados por la norma consuetudinaria con independencia de que ambas coincidan en su contenido y alcance. Además, la norma convencional, aunque aporta y enriquece, toma como punto de referencia, en la determinación de su contenido, a la costumbre que codifica. Y, por si fuera poco, la evolución del precepto codificado se produce bajo los efectos de la práctica de los Estados. Como he dicho, la codificación del Derecho Internacional acontece en el seno de la sociedad internacional tal y como es, y sucede, en ocasiones, "que la heterogeneidad y diversidad, no sólo de los actores internacionales, sino también

165 en razón de sus comportamientos e intereses, producen como resultado normas escritas impregnadas de ambigüedad"380. Más aún, como ha recordado F. Munch, es posible que el desarrollo del derecho consuetudinario, a la par y al abrigo del texto codificado, traiga consigo el peligro de que desaparezca la certidumbre en el derecho a la que, precisamente, se aspira con la codificación381. La visión, por lo tanto, podría ser desoladora: Todo parece que retorna a sus orígenes y allí donde empezamos es donde se acaba; la formación de las normas internacionales vaga entonces interminablemente por una constelación asimétrica en la que cada norma permanece inalterable destellando reflejos de cambio. Lo que el tratado determina con claridad hoy, lo deshace mañana la costumbre382, el futuro se hace cada vez más incierto, y en las entrañas del ordenamiento internacional habita el recuerdo de Penélope, tejiendo y destejiendo aceleradamente, en nuestro caso, el contenido de las normas383. Pero, en realidad, hoy podría decir que el resultado no es tan negativo: lo que se pone de relieve es que la costumbre prima porque, a pesar de su ambigüedad e incertidumbre o su falta de precisión en cuanto a su contenido, da seguridades de permanencia para el comportamiento que han de seguir los Estados, se proyecta y orienta con un sentido y alcance generales y, sobre todo, la norma consuetudinaria general o, por decirlo mejor, el conjunto de las costumbres generales crean un "marco de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico internacional". Aunque lo hayamos analizado de una manera muy parcial, lo que se pretende es resaltar que la creación de una “comunidad jurídica internacional” se puede concebir, en la actualidad, sobre la base de las normas de naturaleza consuetudinaria. Se produce, ciertamente, la paradoja de que uno de los procesos de elaboración de normas per se más descentralizados, como es la costumbre, ya que en él hay que tener muy en cuenta el comportamiento individual de cada uno de los Estados que contribuye a la formación de la norma consuetudinaria, produce, a la postre, normas de alcance general y con vocación de aplicarse al conjunto de la sociedad internacional y, en consecuencia, centraliza. Es cierto, no obstante, que la producción normativa a través de costumbres internacionales se presta mal para diseñar, de una forma sistemática, el marco de "protección de intereses de la comunidad internacional como tal"384, pero no deja de ser verdad, también, que la

380C. M. DIAZ BARRADO, La sociedad cit. 381F. MUNCH, La codification inachavé, Studi R. Ago, t. I, Milán, 1987, p. 384. 382 M. BOS, Aspects phénoménologiques de la codification du Droit International Public, Studi R. Ago, t. I, Milán, 1987, p. 152. 383Cfr., C. M. DIAZ BARRADO, La sociedad cit. 384F. MARIÑO MENENDEZ, Derecho Internacional Público cit., p. 218.

166 costumbre ha tenido, y tiene, una importancia capital en el orden internacional, relevancia que se puede resumir, a los efectos que nos interesan, en varias razones: Habría que destacar, el "lugar constitucional"385 que ocupa y que se revela, especialmente, en ciertos principios y normas que llegan a constituirse como los verdaderos fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico internacional, tal y como es el caso de los principios esenciales o estructurales que, pese a encontrarse recogidos en tratados, se mantienen como principios de naturaleza consuetudinaria y despliegan buena parte de sus efectos en virtud de esta naturaleza. Ya manifesté que "Más allá de su naturaleza convencional y de su formulación en resoluciones de organizaciones internacionales de una especial trascendencia, la característica esencial de estos principios fundamentales es que forman parte del Derecho Internacional consuetudinario"386. De acuerdo con lo que señaló el T.I.J., en su sentencia de 1984, en el asunto relativo a las actividades militares en y contra Nicaragua, "principios como el no uso de la fuerza, la no intervención, el respeto de la soberanía e integridad de los Estados y la libertad de navegación continúan siendo obligatorios como parte del Derecho Internacional consuetudinario, a pesar (despite) de la operatividad de los preceptos de derecho convencional en los que han sido incorporados"387. Asimismo, es importante el alto grado de participación de los Estados en la conformación de costumbres de carácter general. En realidad, se puede hablar de su profundo carácter "democrático" ya que el conjunto de los Estados que integran la comunidad internacional tienen la oportunidad de pronunciarse respecto al contenido y efectos de una norma consuetudinaria general. En este marco, la costumbre general "arrastra" de algún modo el comportamiento del conjunto de los Estados en una determinada dirección y crea la atmósfera precisa para que se forme y cristalice la norma consuetudinaria en cuestión y, todo ello, sin obstaculizar las eventuales oposiciones a la misma. ii) Pero también, no debemos olvidar que la labor normativa realizada por ciertas Organizaciones Internacionales contribuye, de manera decisiva, a la conformación de un ordenamiento jurídico menos fragmentado y disperso, menos relativo y más homogéneo. La labor, en particular, de las Naciones Unidas en esta materia es, sin duda, encomiable y se hace patente, por ejemplo, en el sector concerniente a la protección de los derechos humanos. En efecto, ciertas resoluciones de la Asamblea General alcanzan, desde luego, este significado. En ellas se concentran dos elementos que apuntan al objetivo de aportar coherencia al ordenamiento jurídico internacional:

385Cfr., ibid. 386Cfr., C. M. DIAZ BARRADO, La sociedad cit. 387T.I.J. Recueil, 1984, p. 424, párr. 73.

167 Primero, el "carácter codificador" que albergan. Como ya lo expresé "el Derecho Internacional o, con mayor precisión, ciertas normas consuetudinarias internacionales han sido "también codificadas o incorporadas" en otros instrumentos jurídicos, tales como determinadas resoluciones de Organizaciones o Conferencias Internacionales. Las resoluciones a las que nos referimos declaran normas o principios básicos para la convivencia mundial que se han ido consolidando durante un largo periodo de tiempo y que, finalmente, quedan reflejados, de forma sistemática, en aquéllas388. Segundo, esas resoluciones suponen el reflejo de aspiraciones de contenido comunitario de la sociedad internacional, estando destinadas a traducir jurídicamente valores de la comunidad internacional389 y, de este manera, nos hallamos en presencia de instrumentos jurídicos que, en realidad, tienen un contenido y un alcance de mayor profundidad que el que les corresponde desde la perspectiva meramente formal. Pues bien, sobre estas bases, hemos de resaltar que, por un lado, muchas de las resoluciones citadas toman como punto de referencia, a la hora de determinar su contenido, la práctica de los Estados, incluso en aquellos casos en los que se ha dicho que crean "derecho nuevo". Por tanto, no sólo, como dice, C. Gutiérrez Espada, "contribuyen al nacimiento de nuevas normas consuetudinarias"390 sino que, también, traducen y "codifican" la costumbre o, en palabras del autor citado, contribuyen "a la mejor precisión y claridad de las costumbres ya existentes"391. En el fondo, ambos procesos, en muchas ocasiones, se confunden y lo relevante es que la costumbre se sitúa en el trasfondo del proceso de elaboración de la resolución en cuestión. A tal efecto, cualquier resolución, de relevancia, en materia de derechos humanos nos revela que el contenido de la resolución, aunque es verdad que van precisando y clarificando las posiciones de los Estados en la materia, también significa una "reproducción" del comportamiento de esos. Por otro lado, lo que está claro es que los límites que encuentran estos actos normativos de Organizaciones Internacionales a la hora de garantizar su carácter vinculante y obligatorio son eliminados acudiendo al "refugio" de la norma consuetudinaria. Como nos decía C. Gutiérrez Espada, las Declaraciones de la Asamblea General son resoluciones que "ejercen una no pequeña influencia en la conformación de las normas jurídicas internacionales", a lo que se podría añadir "generales", pero reconocía que esto era así no "porque ella sienten directamente y per se normas jurídicas, sino por su interacción con la costumbre internacional"392.

388C. M. DIAZ BARRADO, La sociedad cit. 389J. A. CARRILLO SALCEDO, Droit International cit., p. 160. 390C. GUTIERRREZ ESPADA Derecho Internacional cit., p. 589. 391Ibid. 392Ibid., p. 584.

168 En otros términos, el valor especial de la costumbre se aprecía aquí en el hecho de que estas resoluciones, bien conformadas y sistematizadas y en las que de manera detallada y clara se establecen normas jurídicas, precisan, en último término, de la norma consuetudinaria para encontrar un valor obligatorio en el orden internacional. En la sabia combinación que se produzca entre una determinada resolución con las características señaladas y la costumbre internacional estará el éxito jurídico de las normas que dimanan de aquella. En definitiva, los análisis de estos aspectos, aunque sean parciales, ponen de relieve que la costumbre internacional coadyuva mucho a la definición y a determinar el contenido de una eventual comunidad interncional. B) La aplicación del Derecho Internacional: Las contramedidas y las sanciones internacionales Uno de los elementos característicos del Derecho Internacional, desde sus orígenes hasta nuestros días, ha sido, con toda seguridad, la ausencia de mecanismos que permitieran una cabal y eficaz aplicación de las normas que dimanan del mismo. La debilidad de este ordenamiento jurídico se ha plasmado, de manera muy clara y nítida, en la fragilidad de los procedimientos de aplicación de normas o, incluso, en la inexistencia de procedimientos de esta índole. En una sociedad internacional descentralizada, como la que conocemos aún en nuestros días, los Estados no sólo participan en la formación de las normas jurídicas internacionales y son, en consecuencia, los principales destinatarios de las mismas, sino que además son, también, los principales encargados de su aplicación. En estas condiciones, A. Rodríguez Carrión ha señalado, con razón, que "en la sociedad internacional la aplicación de las normas descansa prioritariamente en el autocumplimiento, sin que el grado de cohesión de dicha sociedad haya hecho aconsejable o posible de momento unos mecanismos de control y sanción de la inaplicación"393. Todo esto determinará claramente una cierta debilidad para un sistema jurídico como el internacional, sobre el que Tomuschat ha apuntado que "the executive function is insufficiently developed in the international community"394 y propiciará que, en el fondo, nos hallemos en presencia de un ordenamiento de cuya aplicación se encargan preferentemente los propios Estados. Lo que debemos decir ahora, no obstante, es que la falta de mecanismos de aplicación y, en el mejor de los casos, la "descentralización" en la aplicación del ordenamiento jurídico internacional favorecen poco la configuración de una verdadera “comunidad jurídica internacional”. En otras palabras, difícilmente se puede sostener que existe una comunidad internacional, en sentido propio, cuando no existen procedimientos que garanticen la aplicación de las normas por las que se rige esa comunidad o cuando el "poder de aplicación" se encuentra muy repartido y 393A. RODRÍGUEZ CARRIÓN: Lecciones cit., p. 252. 394Ch. TOMUSCHAT, Obligations arising for States cit., p. 353.

169 se halla absolutamente disperso en multitud de entes, en nuestro caso básicamente en los Estados, que lo ejercitan sobre la base, preferentemente, de sus intereses particulares y, por lo tanto, la aplicación del Derecho Internacional no responde, en último término, a la defensa de intereses comunes de carácter colectivo sino que descansa, en la mayoría de los casos, en razones de oportunidad política. Es evidente, entonces, como ha dicho el citado autor español, que "nunca ningún Estado ha podido reunir un poder lo suficientemente amplio, intenso y permanente como para imponerlo a la sociedad internacional en su conjunto; tampoco Organización internacional intergubernamental alguna ha existido o existe a modo de un Poder Supranacional de dirección del mundo. Por el contrario, el poder en la sociedad internacional es fragmentario y disperso, y no existe un modelo institucional único o central"395. Aunque durante mucho tiempo la sociedad internacional no contaba con los citados mecanismos de aplicación de normas, hay que reconocer que progresivamente se van instaurando y consolidando procedimientos que, a la postre, aunque hoy todavía de una manera incipiente, permitirán hablar de un ordenamiento jurídico que, también y a pesar de las apariencias, cuenta con un sistema coherente o, por lo menos, en fase de desarrollo, de aplicación de las normas que emanan del mismo. En realidad, como ha señalado F. Mariño Menéndez, en el sistema internacional también se han establecido algunas normas que disponen su aplicación desde el propio ordenamiento jurídico internacional, como son las que establecen la responsabilidad internacional o la regulación del arreglo pacífico de las controversias internacionales, así como las que contemplan la instauración de mecanismos de control y de aplicación coercitiva de normas internacionales396. La heterogeneidad de la sociedad internacional trae consigo la dificultad en la aplicación del ordenamiento jurídico encargado de regularla, pero los paulatinos avances que se vienen produciendo en la configuración de un nuevo modelo de sociedad internacional y en los procesos de creación de normas internacionales hacen posible que vayan surgiendo, también, nuevos mecanismos de aplicación y que los tradicionales procedimientos alcancen y se adornen de otras dimensiones y características. En breve, la presencia de solidaridades en el sistema internacional que permite un cierto grado de centralización normativa, hace que, al mismo 395C. GUTIERRREZ ESPADA, Derecho Internacional cit., p. 112 (cursiva añadida). La consecuencia, entonces, es clara, y ha sido señalada, entre otros, por A. RODRIGUEZ CARRRION, para quien " (...) en la sociedad internacional la aplicación de las normas descansa prioritariamente en el autocumplimiento, sin que el grado de cohesión de dicha sociedad haya hecho aconsejable o posible de momento unos mecanismos de control y sanción de la inaplicación". Para este autor, está claro que "los Estados no han delegado en mecanismos institucionales ni la elaboración ni el control de la aplicación de las normas internacionales", op. cit., p. 252. C. TOMUSCHAT, ha señalado, de manera sencilla que "the executive function is insufficiently developed in the international community", Obligations arising for States cit., p. 353. 396F. MARIÑO MENÉNDEZ, Derecho Internacional Público cit., p. 379.

170 tiempo, se produzca, en el grado que sea, una cierta centralización institucional. Por lo tanto, la “comunidad jurídica internacional” a la que nos venimos refiriendo también encontraría o debería encontrar expresión en el ámbito de la aplicación de normas y no sólo en aquello relativo a la elaboración de las mismas. No obstante, el progreso cierto que se viene produciendo en lo que se refiere a la aplicación de las normas internacionales es el resultado de la suma de un cúmulo importante de factores de muy diversa índole que van desde el aumento cuantitativo y cualitativo de los sujetos del Derecho Internacional hasta la determinación y aceptación de algunos valores como elementos básicos y fundamentales de la actual sociedad internacional, pasando, asimismo, por la propia evolución que se va produciendo en el ordenamiento jurídico internacional, dado su carácter sumamente dinámico, y que hace que éste penetre en ámbitos de las relaciones sociales que, durante largo tiempo, estuvieron reservados a la competencia exclusiva de los Estados. Lo que podríamos denominar la expansión y diversificación del ordenamiento jurídico internacional, aunque es cierto que puede generar ciertas dificultades relativas a la comprensión de este ordenamiento en el marco de la unidad, es verdad que, al mismo tiempo, logra un grado de especialización que permite el establecimiento de sistemas de garantía y mecanismos de aplicación en determinados sectores del Derecho internacional contemporáneo. En definitiva, la norma internacional tiene, como cualquier otra norma de naturaleza y contenido jurídicos, una clara vocación de aplicabilidad y, por esto también, al proceso de elaboración de la norma en cuestión le acompaña, como complemento indispensable del mismo, el convencimiento de que es preciso contar con mecanismos que aseguren su aplicación correcta y efectiva. Un buen ejemplo de esta situación la encontramos en el ámbito concerniente al reconocimiento y protección de los derechos humanos. En efecto, la comunidad internacional ha elaborado, durante la segunda mitad del siglo XX, como se sabe, innumerables instrumentos jurídicos destinados a reconocer derechos de todo tipo, orientados a impedir la comisión de determinados actos que atentarían contra los derechos humanos, o centrados en el reconocimiento de derechos de determinados grupos humanos o, en términos más generales, dirigidos a establecer los derechos que corresponden al ser humano. Pues bien, el proceso conducente a plasmar normativamente los derechos humanos que se reconocen en el sistema internacional conlleva, en último término, el establecimiento de mecanismos de garantía de una u otra naturaleza y dotados de mayor o menor eficacia, pero cuyo objetivo final no es otro que hacer realidad el contenido de las normas a las que responden. El reconocimiento amplio y detallado de derechos se ve así acompañado de mecanismos que garanticen que, sobre todo los Estados, cumplan las obligaciones asumidas en los instrumentos en los que aparecen y son

171 reconocidos y que, de este modo, den aplicación a las normas jurídicas en las que se plasman. Más aún, se podría decir que cuando el marco normativo en materia de derechos humanos se encuentra ya muy elaborado, se tiende a incidir y señalar la necesidad de que a dicho marco se le añadan aquellos procedimientos o medios mediante los cuales se asegure sus permanencia397. De este modo, no debe extrañarnos que en la Conferencia de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, aunque se resumiesen en ella los avances que en materia de reconocimiento de derechos se habían producido a lo largo del presente siglo, se insistiera en la necesidad de ir previendo nuevos mecanismos de garantía e ir mejorando y enriqueciendo los existentes398. Por esto, en el punto 88 del Plan de Acción que emanó de esta Conferencia se recomendaba, con rotundidad, que "los Estados Partes en instrumentos internacionales de derechos humanos, la Asamblea General y el Consejo Económico y Social consideren la posibilidad de analizar los organismos creados en virtud de tratados de derechos humanos y los diversos mecanismos y procedimientos temáticos con miras a promover una mayor eficiencia y eficacia mediante una mejor coordinación de los distintos órganos, mecanismos y procedimientos, teniendo en cuenta la necesidad de evitar la duplicación y superposición de sus mandatos y tareas"399. Esto se observa, por lo demás, en todos los ámbitos, y no sólo en el plano universal, en los que se abordan cuestiones relativas a los derechos humanos. Así, a pesar del juicio que merezca su mayor o menor eficacia real, es fácil constatar que en el seno de la OSCE la configuración de la denominada "dimensión humana" partió, como no podía ser de otro modo, de la mera declaración de derechos y de la expresión de la voluntad de los Estados que participan en este foro de asumir la defensa de los derechos fundamentales de la persona, tal y como se manifestó en el Documento de Viena de 1989. No obstante, poco tiempo después, la entonces Conferencia se vio obligada a crear determinados mecanismos destinados a asegurar y garantizar, en la medida en que sea, los derechos que se venían reconociendo. Y, de este modo, se establecieron sistemas que, ciertamente flexibles y, a la postre, dotados de una parcial eficacia, supusieron un avance decisivo en la consideración de los derechos humanos en el seno de la actual OSCE. 397Ver, con carácter general, el completo e interesante trabajo de C. VILLAN DURAN, Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Madrid, 2002. 398Desde luego, cabe reirerar que un estudio muy completo de estos mecanismos lo encontramos en la obra citada de C. VILLAN DURAN, quien ha afirmado que “las UN y los organismos especializados del sistema (...) han creado, a lo largo de los años, una tupida red de órganos subsidiarios a través de los cuales se asegura la institucionalización de la cooperación internacional de los Estados en las tareas de promoción y protección de los derechos humanos”, op. cit., p. 124. 399Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 1993, p. 74.

172 De esta manera, en los Documentos de Copenhague y de Moscú de 1990 y 1991 respectivamente, se observa que, junto al proceso de ampliación en el reconocimiento de derechos, se aborda la cuestión relativa a la garantía de los mismos mediante mecanismos, eso sí extremadamente flexibles y poco vinculantes, pero que, en el fondo, vienen a demostrar que siempre la norma que reconoce derechos precisa inevitablemente de complementos concernientes a la aplicación de la misma. Incluso, podríamos llegar más lejos y sostener que la eficacia demostrada de ciertos mecanismos de garantía, en materia de derechos humanos, arrastra a que se proponga que normas que no están contempladas en el instrumento jurídico en el que se instauran esos mecanismos se vinculen de una u otra forma al mismo y se beneficien del eficaz procedimiento de aplicación que se haya previsto. Esto sucede, por lo menos, con el Convenio Europeo para protección de los derechos humanos y la libertades fundamentales de 1950, de tal manera que la labor del Consejo de Europa en el ámbito relativo a la protección de derechos humanos está siempre atenta a la posibilidad de que a este Convenio se le añadan Protocolos con el fin de que ciertos derechos puedan ser protegidos y garantizados a través de los mecanismos previstos en el mismo. Las posiciones que se mantienen respecto a la Carta Social Europea y el Convenio-Marco para la protección de las minorías nacionales son buenos ejemplos de esta situación. Por referirnos sólo a la primera, cabe recordar que la constante y "desordenada" evolución que se ha producido en relación con la Carta Social no ha hecho que se olvide la posibilidad de que se elabore un protocolo adicional en el que se incluyan derechos muy específicos de carácter y contenido sociales que puedan beneficiarse de la "acción benéfica" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De este modo, en el Informe de P. Pulgar, presentado a la Comisión de cuestiones sociales, salud y familia, se sostenía que "un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'homme, contenant un certain nombre de droits sociaux qui ne seraient pas déjà reconnus et protegés par la Convention permettrait d'établir des sauvegardes au profit de groupes le plus vulnérables de la société"400. Con todo, lo que se intenta poner de manifiesto es que no sería posible reconocer que se están produciendo avances muy significativos en los procesos de creación de normas internacionales sin que a ello le acompañasen logros en lo relativo a su aplicación, es decir, la creación de una norma internacional alberga en su seno el eventual surgimiento de mecanismos y fórmulas que garanticen su aplicación y que, por lo tanto, la hagan plenamente efectiva. En todo caso, hemos de hacer, de antemano, algunas precisiones: 400Consejo de Europa, Doc. 8357, 23 de marzo de 1999.

173 En primer lugar, el fenómeno de la aplicación de normas en Derecho Internacional acontece en situaciones y contextos muy diferentes. No es lo mismo, ciertamente, la situación jurídica que se produce cuando se trata de tratados u Organizaciones Internacionales que prevén específicamente mecanismos de control, verificación o aplicación de normas, como es el caso de los convenios relativos a los derechos humanos o en materia de control de armamentos, por señalar sólo dos ejemplos, que cuando se plantea la aplicación general de normas del ordenamiento jurídico internacional. En segundo lugar, es verdad, por qué no decirlo, que, en muchas ocasiones, la claridad y la certeza de la norma se corresponde mal con los mecanismos de los que se dispone para asegurar una correcta aplicación de la misma. El mejor ejemplo durante mucho tiempo ha sido, sin duda, la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales en cuanto principio fundamental del ordenamiento jurídico internacional del cual deriva, muy en particular, la prohibición de la comisión de actos de agresión, como manifestación por excelencia del denominado, en su momento, “crimen internacional”. Finalmente, hemos de señalar, con rotundidad, que, aunque el avance normativo no garantice siempre el avance institucional, los logros que se vayan produciendo en las normas internacionales que vayan alcanzando claridad y certidumbre repercutirán, de manera directa, en la creación e instauración de mecanismos de aplicación. A mi juicio, así habría que interpretar la posición de A. Pellet, para quien la criminalización internacional de ciertos comportamientos "imputables à des individus est longtemps demeurée purement normative, sans s'accompagner de l'institution de mécanismes internationaux de répressión", quedando la competencia para juzgar a sus autores en manos de tribunales nacionales401. Situación que, como sabemos, ha cambiado radicalmente, por lo menos en su formulación, en épocas muy recientes. Por todo, al igual que dijimos al hablar de los procesos de creación de normas internacionales, es necesario recorrer aún un largo camino para contar, en el ordenamiento jurídico internacional del tiempo presente, con mecanismos expeditos de aplicación de sus normas. No existe en la sociedad internacional contemporánea “un ejecutivo mundial” capaz de imponer las obligaciones jurídicointernacionales, ni un Gobierno Mundial que dicte los comportamientos que han de seguir los componentes de la comunidad internacional y las medidas que correspondan en caso de incumplimiento. Como se sabe, no se ha llegado aún, con carácter general, a establecer una jurisdicción universal que resuelva, de manera ejecutiva y vinculante, las 401Cfr., A. PELLET, Le droit international à l'aube cit., p. 118.

174 controversias que se susciten entre entes dotados de personalidad jurídica internacional. El panorama, por lo tanto, en esta materia, no deja de ser un tanto desolador y sólo con dificultad se puede propugnar una comunidad jurídica internacional, ya que a ningún ente en particular se le ha atribuido la capacidad o el poder de aplicar las normas y ningún órgano u órganos ostenta la facultad de dirimir, mediante soluciones vinculantes, cualquier tipo de litigio o controversia que se suscite en el plano internacional. Ahora bien, aunque menos espectaculares, los logros que el Derecho Internacional viene alcanzando en materia de aplicación de normas van dando cohesión al conjunto del ordenamiento jurídico, contribuyen a clarificar el contenido de las normas y obligaciones, y, también, satisfacen los objetivos que sustentan la existencia de una comunidad internacional. El Derecho Internacional no es todavía un ordenamiento en el que reinen las medidas coercitivas en supuestos de incumplimiento de normas, pero es un ordenamiento en el que hoy, más que en el pasado, las medidas coercitivas responden no sólo a intereses particulares de los Estados sino que están sujetas y domeñadas al marco diseñado por el propio ordenamiento internacional en el seno del cual habitan principios de alcance universal y normas generales. El Derecho Internacional carece aún de mecanismos de exigencia de responsabilidad internacional, con todas sus consecuencias, pero es un ordenamiento en el que, en la actualidad, se van percibiendo las formas y los grados de la responsabilidad internacional y los medios para hacerla efectiva402. El Derecho Internacional no cuenta por ahora con medios que garanticen que, a pesar de todo, se resuelven las controversias, pero es un ordenamiento que ha ido cerrando aquellos efectos más "perniciosos" que establece el principio de la libre elección del medio sobre la base de que las controversias deben ser resueltas lo antes posibles y sobre la base del principio de la buena fe. En palabras de la Declaración de Manila, de 1982, "Los Estados procurarán, de buena fe y con un espíritu de cooperación, el arreglo pronto y equitativo de sus controversias internacionales (...)". Puesto que no es posible detenernos en todas y cada una de las cuestiones que venimos apuntando, sí parece conveniente reseñar algunos aspectos que podrían probar que, también, desde la perspectiva de la aplicación de las normas internacionales, se camina en la dirección de ir constituyendo una comunidad jurídica internacional. i) En tal sentido, hay que partir del hecho de que, en esencia, el poder de la “comunidad internacional” para dictar las normas y ejecutar las decisiones radica 402Aquí debemos recordar con C. GUTIERREZ ESPADA que nos hallamos ante una materia delicada e importate, ¿Quo vadis cit., pp. 394-395.

175 en los Estados considerados individualmente o actuando en conjunto. Es decir, la comunidad internacional se manifiesta, en los supuestos de aplicación de normas, a través básicamente de los Estados que, en definitiva, son los encargados de que se cumplan las normas internacionales. Sólo advirtiéndolo desde esta óptica es posible reconocer que en las relaciones internacionales contemporáneas habita una comunidad internacional cuyas características, en el ejercicio de las competencias que le correspondan, difieren de las que definen y perfilan a otros tipos de comunidades. La comunidad internacional, a la hora de ejecutar las normas, sólo cuenta con la acción de los Estados bien actúen de manera individual o de forma colectiva o bien manifiesten su acción a través de Organizaciones Internacionales que, las más de las veces, quedan condicionadas por las posiciones adoptadas por los Estados miembros. Como ha dicho A. Rodríguez Carrión "en derecho internacional el Estado no sólo es el sujeto primordial y básico del ordenamiento, así como la base esencial para la creación de normas jurídicas a través de sus consentimiento, sino que igualmente es él mismo quien tiene encomendada la verificación, control y sanción en los supuestos de vulneración de sus disposiciones, cualquiera sea quien las incumpla"403. ii) También hay que constatar que es difícil sistematizar los procedimientos de aplicación de normas internacionales y construir así una teoría general en torno a la aplicación del Derecho Internacional. Este ordenamiento jurídico penetra por cualquiera de los resquicios que encuentra a la hora de dar plena eficacia a sus normas y se aprovecha, todo lo que puede, de los mecanismos disponibles para asegurar una cabal aplicación. Salvando todas las distancias, se podría decir que en el ámbito relativo a la aplicación de normas internacionales rige un principio similar al que está presente en los procesos de creación de normas y que consistiría en la no exigencia de formalidades previamente establecidas a la hora de asegurar la aplicación de una norma. Ello produce, sin duda, como resultado, que el análisis del fenómeno de la aplicación del ordenamiento jurídico internacional debe tener siempre presente que determinados mecanismos no tienen un significado ni un alcance general sino que, tan sólo, producen efectos jurídicos en determinados ámbitos de las relaciones internacionales. En otras palabras, algunos de los procedimientos de los que se vale el ordenamiento internacional para asegurar la aplicación de sus normas no pueden se utilizados con carácter general y deben limitarse al sector en el que realmente producen sus efectos. De esta manera, ni el control internacional ni la aplicación del Derecho Internacional a través de los ordenamientos jurídicos internos se podrían concebir, por ahora, como medios de aplicación general del ordenamiento jurídico internacional a pesar de que, paulatinamente, tanto uno como otro procedimiento vayan expandiendo sus ámbitos de actuación.

403A. RODRIGUEZ CARRION, El Derecho Internacional en el umbral del siglo XXI cit., p. 66 (cursiva añadida).

176 Nada de ello constituye, sin embargo, un obstáculo insuperable para concebir una comunidad internacional como se puede apreciar en un ámbito que, a primera vista, estaría muy alejado del diseño de una verdadera comunidad internacional, como es el relativo a la aplicación de medidas coercitivas en supuestos de incumplimiento de normas internacionales. En esta materia, con el objeto de llegar al fenómeno de las sanciones, podemos hacer un cierto balance del significado de las contramedidas, pero antes conviene aclarar que hemos seleccionado este sector de la aplicación del ordenamiento jurídico internacional porque en él se aprecia, de manera bastante clara, la existencia de dos aspectos que habitan en el conjunto de la aplicación del ordenamiento jurídico. Por un lado, la aplicación coercitiva del Derecho Internacional tiene algo, quizá mucho, de "justicia privada" puesto que descansa en los Estados la facultad, la competencia y el poder para determinar el contenido y el alcance de la violación que se haya producido y, lo que es más significativo, las medidas, las acciones y los comportamientos que se generan como consecuencia de esa situación. Aquí se hace plenamente real que, en el ordenamiento jurídico internacional, "la répression des manquements au droit n'y est pas assurée de maniére aussi rigoureuse ou, en tout cas, aussi efficace, que celle des violations du droit interne"404. Pero, por otro lado, también se pueden ir apreciando, en la aplicación coercitiva del Derecho Internacional, elementos que nos dejan entrever que su ejercicio se realiza en un marco de respeto de elementos comunitarios o, por decirlo de otro modo, que a través del empleo de procedimientos de aplicación coercitiva del Derecho Internacional, por mucho que respondan en esencia a la actual estructura de la sociedad internacional, va emergiendo el sentimiento de que se habita en una comunidad internacional que impone límite y condiciones en el ejercicio de tales procedimientos. A decir verdad, la presencia de esos dos aspectos en los mecanismos de aplicación de las normas internacionales es una constante y se produce, casi con seguridad, en todos los casos y sea cual fuere el procedimiento empleado para hacer efectiva la norma internacional. Por señalar un supuesto significativo, cabría pensar que cuando el Derecho Internacional se aplica mediante los ordenamientos jurídicos internos se darían todas las garantías para afirmar que, entonces, se procede a una aplicación rigurosa y eficaz que aseguraría los elementos comunitarios de la sociedad internacional. Todo ello sobre la base de que las características de los derechos internos harían que la norma internacional, al tiempo que ganaría en eficacia y eficiencia, sirviese como elemento de cohesión y afirmación de una determinada comunidad jurídica. Pues bien, no siempre queda garantizada esta solución y, así, nos 404A. PELLET, Le droit international à l'aube cit., p. 45.

177 encontramos ante supuestos en los cuales los órganos internos encargados de la aplicación de la norma internacional lo pueden hacer sobre la base del denominado "nacionalismo jurídico" desvirtuando y privando de su significado y alcance a la norma internacional. Incluso, se aprecia en la realidad internacional contemporánea la pretensión de ciertos Estados por afirmar el principio de la "extraterritorialidad" de la norma interna que se impondría así a la norma internacional y que tendería a consagrarse como tal en el ámbito internacional. En estos casos, no deja de haber un punto de conexión entre el comportamiento de los Estados y lo que ellos entienden que es el contenido de la norma internacional. Como lo ha señalado A. Rodríguez Carrión, "algunos Estados están manifestando la tendencia a promulgar leyes internas destinadas a forzar a terceros Estados a seguir una determinada línea de conduzca, que ellos estiman exigida por el derecho internacional, mediante mecanismo de sanción, embargo o procedimientos análogos"405. Y como no podía ser de otro modo, hoy se podría ilustrar esta situación acudiendo a la adopción por los Estados Unidos de la denominada Ley Helms-Burton. Comoquiera que sea, una visión general de los procedimientos para la aplicación de las normas internacionales nos revela que resulta muy difícil tratar este fenómeno de una forma unitaria y sobre la base de criterios idénticos o similares en todos los casos. La aplicación del Derecho Internacional se manifiesta de una forma compleja, abigarrada y particularizada. Cada norma, al igual que es el resultado de un determinado proceso histórico de formación, es también portadora, según su contenido, naturaleza y alcance, de un mecanismo o de determinados mecanismos de aplicación. Esto se observa, de manera prístina, cuando la norma que impone una determinada obligación nace y se desarrolla en el seno de un tratado en el que se prevén procedimientos para hacerla efectiva, para controlar su aplicación o para verificar su cumplimiento. Qué duda cabe de que el cumplimiento de obligaciones que dimanan de muchos acuerdos relativos al desarme y al control de armamentos se sustancia en el marco de los mecanismos previstos en los mismos. Por esto, M. Aznar Gómez ha podido decir, con razón, al definir la verificación, y habiendo examinado muy detenidamente los acuerdos más relevantes en la materia, que se trata de "instituto jurídico cuya finalidad es garantizar la aplicación de los acuerdos de desarme a través de un procedimiento, normalmente complejo, que trata de prevenir, comprobar y promover el acomodo efectivo de la conducta de los Estados parte a la obligaciones en ellos contenidas"406.

405A. RODRIGUEZ CARRION, El Derecho Internacional en el umbral del siglo XXI cit.., p. 70 (cursiva añadida). 406M. AZNAR GOMEZ, Los métodos de verificación cit., p. 22.

178 En suma, también en el marco de la aplicación habría que atender a eso que se ha denominado "situaciones subjetivas" de los Estados, de tal manera que una misma norma puede encontrar diferentes vías de aplicación en razón de factores tales como el instrumento jurídico en el que se haya plasmado, la posición de cada uno de los Estados ante el mismo, o el contenido que llegue a tener. Centremos nuestra reflexión, de todos modos, como decíamos, en dos de los mecanismos de aplicación coercitiva del Derecho Internacional como son las contramedidas y las sanciones con el único objeto, por ahora, de poner de relieve que también aquí se aprecia el germen de una eventual “comunidad jurídica internacional”, aunque debamos partir de una constatación de carácter general. Se trata, en esencia, de ir más allá de lo que ha señalado A. Rodríguez Carrión al hablar de que "la superposición de los diversos tipos de sociedad da lugar, en el terreno de la aplicación del Derecho internacional, a la superposición de mecanismos diferentes de ejecución del Derecho: la descentralización del poder político entre los diferentes Estados se proyecta en la existencia de mecanismos descentralizados de aplicación del Derecho Internacional. De otra parte, la aparición de las Organizaciones internacionales, a las que se han conferido competencias para asegurar la aplicación del Derecho Internacional, se manifiesta en la existencia de procedimientos institucionalizados"407. Es decir, lo importante es que en el entorno de la descentralización aquellos mecanismos que, en principio, se definen y configuran como procedimientos no institucionalizados responden, también, a un marco de centralización normativa y dentro de la expresión principal van surgiendo manifestaciones, incluso institucionalizadas. "Los gérmenes" de una comunidad jurídica internacional "atacan" al núcleo esencial de la aplicación del Derecho Internacional, tal y como se ha venido concibiendo tradicionalmente, haciendo que esta aplicación, en los supuestos tipo y en los que se plantean situaciones patológicas, sea cada vez menos descentralizada y menos inter-subjetiva, y que de esta manera se pueda calificar como más integrada e, incluso, parcialmente institucionalizada. Hay que constatar, ante de todo, que ha sido una constante en el Derecho Internacional hablar de las medidas de auto-tutela. La falta de mecanismos que aseguren la aplicación de las normas ha llevado a los Estados a establecer mecanismos mediante los cuales eviten ser lesionados o puedan obtener una reparación en caso de lesión y, todo ello, en función del comportamiento exclusivo del Estado lesionado que actuaría en defensa de sus propios derechos aunque con ello se reestableciese, al mismo tiempo, la legalidad cuya ruptura le sería atribuible a otros Estados.

407A. RODRIGUEZ CARRION, Lecciones cit., p. 276.

179 Lejos estamos, desde luego, de una comunidad que defiende y asegura, mediante procedimientos previamente establecidos y rigurosamente señalados, los intereses del conjunto de los entes que la conforman. Más próximos estamos, con seguridad, de una sociedad muy poco integrada en la que los intereses comunes brillarían por su ausencia en algunos casos y en la que quienes ostentan el poder, es decir los Estados, se aseguran y garantizan y no dejan al azar la defensa de sus propios intereses. El principio de la auto-tutela no está ausente, ni mucho menos, de la realidad internacional contemporánea e impregna muchas de las normas del ordenamiento jurídico internacional408. La protección diplomática es un buen ejemplo de esta situación ya que, en puridad, el Estado protector sólo asume la defensa, en la manifestación más estricta de la protección como es la reclamación internacional, de aquellas personas que ostentan su nacionalidad, aunque se hayan relajado las condiciones en otras formas de asistencia y protección pudiendo alcanzar éstas a nacionales de otros Estados. En el supuesto señalado, el Estado, por utilizar la terminología del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, en el asunto relativo a las concesiones Mavrommatis en Palestina no sólo hace suya la causa de sus nacionales, sino que es la causa del Estado la que se dirime en la esfera internacional. No cabe decir más: "En realidad, ejercita su propio derecho". Por lo tanto, y por lo que concierne en general a la "centralización" en la aplicación del Derecho Internacional, aunque también se podrían registrar ciertos avances, hay que partir de lo que ha afirmado J. A. Carrillo Salcedo, es decir, que "il est incontestable que le droit international général ne connaît de procédures institutionnalisées d'application des règles juridiques. Celles-ci n'existen, en principe, que si elles on été prévues dans un traité, ou au sein d'une organisation internationlaes, dans les dispositions de son traité constitutif", y todo ello acarrea que la ausencia "de sanction sociale organisée est une des causes de la faiblesse du droit international"409. Pero las medidas de auto-tutela o de auto-protección de los intereses de los Estados han comenzado a adquirir un nuevo significado. En particular, y sin entrar de lleno en un cúmulo de precisiones que quizá fueran precisas, se podría decir que la reacción frente al ilícito internacional se va perfilando en la actualidad con fundamento en factores de muy diversa índole pero entre los cuales no debemos excluir: la propia configuración normativa del 408Como lo ha dicho C. GUTIERRREZ ESPADA, "la institución de la autotutela (...) es, desde luego, una figura presente en nuestra disciplina", Derecho Internacional cit., p. 53. 409J. A. CARRILLO SALCEDO, Droit International cit., p. 104. Para J. FERRER LLORET "Hay que decir que a pesar de las muchas críticas que se pueden hacer a los procedimientos descentralizados de aplicación de normas, continúan estando vigentes dado el carácter no centralizado de la Sociedad internacional contemporánea y, por lo tanto, se configuran como absolutamente necesarios, coexistiendo con las sanciones institucionalizadas",, Responsabilidad internacional por violación grave y masiva de los derechos humanos: práctica española, R.E.D.I., 1995, p. 79.

180 Derecho Internacional y la existencia de una cierta organización e institucionalización política en la sociedad internacional. Por muy discutible que sea, y a pesar de las reiteradas imprecisiones terminológicas, la verdad es que los modos y maneras de reaccionar en los supuestos en los que se incumple la norma internacional están conduciendo a una clara sistematización de la aplicación coercitiva del ordenamiento jurídico internacional. Las contramedidas y las sanciones se asemejan pero también se diferencian. Y, a la postre, lo que ponen de manifiesto es que se va reduciendo, desde la perspectiva normativa y desde la óptica institucional, el margen de los Estados para reaccionar en relación con el comportamiento de otro Estado sin más límites que la propia calificación de los hechos que haga el Estado lesionado. a) Las contramedidas como reacciones de carácter descentralizado Una forma ideada en el Derecho Internacional para hacer frente a la violación de una norma internacional o al incumplimiento por un Estado de determinadas obligaciones internacionales, y como muestra específica del principio de la auto-tutela, es el recurso a la adopción de contramedidas410. Las contramedidas, si se pudiera decir así, son una versión refinada y escrupulosamente diseñada del conocido adagio "ojo por ojo y diente por diente" y, en sus esencias, habita en el imaginario, sin duda, la respuesta que podría darse, por una comunidad internacional constituida y consolidada, a la comisión de ilícitos que se suceden en el plano internacional411.

410Como se ha dicho “las contramedidas existían innegablemente y habían sido reconocidas como parte del derecho internacional, como había confirmado la Corte Internacional de Justicia en el asunto relativo al Proyecto Gab íkovo-Nagymaros; a diferencia de otras circunstancias que excluían la ilicitud, las contramedidas desempeñaban un papel decisivo en la aplicación de la responsabilidad, ya que su finalidad era hacer que el Estado autor de un hecho ilícito cumpliera no sólo su obligación de cesación sino también la de reparación; el régimen de contramedidas contenido en los artículos 50 a 53 y 55 ofrecía un marco estricto para tomar contramedidas evitando los abusos, establecía unos límites más claros que las normas vagas e indeterminadas del derecho internacional consuetudinario en la materia y representaba un equilibrio frágil cuya estructura esencial debía mantenerse”, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit., p. 15. 411Quizá, por esto, en el seno de la Comisión de Derecho Internacional se propuso la supresión del Capítulo correspondientes a las mismas. A tal efecto, recordemos que “Otros miembros creían que el capítulo debía suprimirse por las siguientes razones: las disposiciones eran innecesarias y, en aspectos importantes, no reflejaban el estado del derecho ni la lógica de la función de las contramedidas; el régimen de las contramedidas en derecho consuetudinario sólo estaba desarrollado en parte, y el capítulo trataba de modalidades de un concepto que no estaba claramente definido. Además, las disposiciones eran insatisfactorias en otra serie de aspectos: no se ocupaban de los múltiples fines de las contramedidas, establecían condiciones de procedimiento demasiado estrictas y eran incompatibles con la jurisprudencia y las decisiones arbitrales internacionales”, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit.,p. 15.

181 De todas formas, hay que sostener que, en principio, esta modalidad de aplicación de normas internacionales interviene en el marco de una sociedad descentralizada en la que, precisamente, adquieren pleno sentido, por lo que “las contramedidas son un elemento de un sistema descentralizado por el cual los Estados lesionados pueden buscar la vindicación de sus derechos y la restauración de la relación jurídica con el Estado responsable que ha sido rota por el hecho internacionalmente ilícito”412. Pero por si fuera poco, la acción en respuesta que significa la contramedida convierte, por una especie de "magia normativa" en lícito aquello que, a todas luces, resulta ilícito. El comportamiento del Estado que actúa en contramedida queda plenamente justificado413. En palabras del Tribunal arbitral que conoció del asunto relativo al acuerdo franco-estadounidense sobre servicios aéreos "si surge una situación en la cual, según el punto de vista de un Estado, se viola una obligación internacional por otro Estado, el primer Estado tiene derecho, dentro de los límites establecidos por las normas generales del Derecho Internacional relativas al uso de la fuerza armada, a reafirmar sus derechos por medio de "414. Por lo menos, creo que se puede coincidir con lo que ha indicado la Comisión de Derecho Internacional, en su comentario al artículo 22 del proyecto de artículos mencionado, en el que se afirma, con toda rotundidad, que “las decisiones judiciales, la práctica de los Estados y la doctrina confirman que las contramedidas que cumplan ciertas condiciones sustantivas y de procedimiento pueden ser legítimas”. Por lo tanto, está claro que este tipo de reacción, en el marco de lo previsto, supone una causa que excluye la ilicitud al no darse el elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito, es decir, la violación de obligación alguna dimanante de una norma de derecho internacional. Pero ya observamos aquí, desde la perspectiva de la exclusión de la ilicitud, un elemento que nos permite advertir la presencia de ciertos aspectos de centralización en la aplicación o en el ejercicio efectivo de las contramedidas. En efecto, se ha insistido, hasta la saciedad, y a mi juicio con razón, en que “la ilicitud 412Ibid., p.356. 413Y así se ha reflejado, finalmente, en el artículo 22 de proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, titulado “Contramedidas en razón de un hecho internacionalmente ilícito”, en el que se estipula que “La ilicitud del hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación internacional suya para con otro Estado queda excluida en el caso y en la medida en que ese hecho constituya una contramedida tomada contra ese otro Estado de conformidad con el capítulo II de la tercera parte”. De tal modo, que como se ha dicho en el comentario a este proyecto de artículo “En algunas circunstancias, la comisión por un Estado de un hecho internacionalmente ilícito puede justificar que otro Estado lesionado por ese hecho adopte contramedidas que no entrañen el uso de la fuerza a fin de lograr su cesación y obtener reparación por el daño sufrido”, Ibid., p. 183. 414R.S.A, vol. XVIII, pár. 81 (cursivas añadidas).

182 del comportamiento en cuestión queda excluida por el momento debido a su carácter de contramedida, pero sólo a condición de que se cumplan las condiciones necesarias para adoptar las contramedidas y mientras se cumplan dichas condiciones”415. Desde la perspectiva en que estamos analizando esta materia, las contramedidas muestran a las claras algunos aspectos que podemos recoger sobre la base, quizá impregnada de algunos elementos de contracción, de que, por un lado, las contramedidas son una expresión clara de la descentralización existente en los medios de aplicación del Derecho Internacional contemporáneo pero que, por otro lado, quizá las contramedidas se vayan revelando, también, como manifestación de ciertos elementos de contenido y alcance comunitarios: Primero, hay que constatar que no hay una comunidad internacional capaz de asumir y dirigir las respuestas que correspondan en supuestos de violaciones de normas internacionales, de tal modo que la comisión de un hecho internacionalmente ilícito por parte de un Estado se resuelve, muchas veces, por la acción de otro Estado decidida unilateralmente por éste. O en palabras de C. Tomuschat, "Given the dramatic lack of an adequate institutional framework of international community, the only viable way out is to recognize a rigth to take sanctions in the form of counter-mesures to every member of the international community"416. De ahí se deduce, sin embargo, que, en principio, no sólo el Estado lesionado podría responder a la comisión del hecho internacionalmente ilícito del que ha sido sujeto pasivo sino, sobre todo, que la respuesta sólo podría afectar al Estado que ejerció la acción que diera lugar a la contramedida. Como lo indico, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional en el asunto Cysne: "las represalias, consistentes en un acto que, en principio, es contrario al derecho de gentes, no son defendibles sino en la medida en que han sido provocadas por otro acto igualmente contrario a ese derecho. Las represalias sólo son admisibles contra el Estado provocador. Es posible, ciertamente, que unas represalias legítimas ejercidas contra el Estado ofensor afecten a nacionales de un Estado inocente. Pero en este caso se tratará de una consecuencia indirecta, involuntaria, que el Estado ofendido se esforzará siempre, en la práctica, por evitar o limitar en todo lo posible”417. En palabras, muy claras de la C.D.I., “Un hecho dirigido contra un tercer Estado no

415Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit., p. 185. Veáse el trabajo de C. GUTIERREZ ESPADA, Las contramedidas de Estados “terceros” por violación de ciertas obligaciones internacionales, A.A.D.I., 2001-2002, pp. 15-50. 416C. TOMUSCHAT, Obligations arising for States cit., p. 365. 417T.P.J.I., vol. II, (1930), p. 1052.

183 sería conforme a esta definición y no podría justificarse en tanto que contramedida”418. Pero lo importante para nosotros es que no se excluye la posibilidad, en el actual ordenamiento jurídico internacional, de que otros Estados distintos al directamente lesionado por la comisión de un hecho internacionalmente ilícito actúen en contramedidas. Prestemos mucha atención a las palabras empleadas por la C.D.I., con ocasión del comentario al artículo 54 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad, cuando sostiene que “el artículo 48 permite que cualquier Estado invoque esa responsabilidad en el caso de violación de una obligación con la comunidad internacional en su conjunto, o cualquier miembro de un grupo de Estados, en el caso de otras obligaciones establecidas para la protección de los intereses colectivos del grupo”419. Cuando la reacción en contramedida se produce sobre la base de que el Estado o los Estados que la llevan a cabo consideran que ha sido afectado, como consecuencia de la comisión del hecho intencionalmente ilícito, el interés general, es cuando se suscita, con toda intensidad, la relación o vinculación entre las contramedidas y una eventual comunidad internacional. A este respecto, lo que cabe decir, por ahora, es que el “estado actual del derecho internacional sobre las contramedidas adoptadas en interés general o colectivo es incierto. La práctica de los Estados es escasa y concierne a un número limitado de Estados”420, pero, en ningún caso, se cierra la posibilidad de que se produzcan conforme al ordenamiento jurídico internacional. Aclaremos, de todas formas, que en supuestos de esta índole nos hallaríamos en presencia de verdaderas contramedidas y que, de ser así, no cabría a equiparar con las sanciones internacionales que, a mi juicio, reúnen otras características distintas y particulares y que, como veremos, expresan mucho mejor que se avecina una comunidad jurídica en nuestro planeta421. Segundo, sólo cuando el Estado lesionado tiene capacidad real para actuar en contramedida se puede responder a la lesión causada, con lo que, en algunos casos, se quiebra y/o mutila el principio de la igualdad soberana de los Estados, ya que nos podríamos encontrar ante situaciones en las que no cabe respuesta por la 418Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit., p. 185. Más aún, como ha indicado la C.D.I., “Las contramedidas pueden sólo excluir la ilicitud en las relaciones entre el Estado lesionado y el Estado que ha cometido el hecho internacionalmente ilícito”, ibid. 419Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit., p. 386. 420Para la C.D.I., “en la actualidad no parece reconocerse claramente el derecho de los Estados mencionados en el artículo 48 a adoptar contramedidas en interés colectivo”, lo cual podría ser objeto de amplia discusión, a la luz de la práctica en la materia, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit., pp. 392-393. 421Vid., con carácter general, J. CRAWFORD, J. The relationship between sanctions and countermeasures", Colloque, (United Nations sanctions and International Law) organisée par l'Institut des Hautes Etudes Internationales, Génève, juin 1999.

184 incapacidad real del Estado de proceder a la reacción o, en su caso, estaríamos en presencia de profundas desigualdades de los Estados en esta materia. Desde luego, la práctica es rica en supuestos en los que la comisión de un hecho internacionalmente ilícito, más allá de las reacciones verbales en forma de protesta, se ha visto, de hecho, sin respuesta alguna por la abismal diferencia de poder político o militar entre los Estados interesados en el asunto. Es verdad, no obstante, que la ausencia de reacciones en contramedidas que supongan la adopción de medidas proporcionales y ajustadas al hecho en el que encuentran su origen no debe interpretarse, en modo alguno, como la quiebra del principio general en virtud del cual todo Estado tiene el derecho de reaccionar, dentro de los límites señalados por el ordenamiento jurídico internacional, frente a la comisión de un hecho internacionalmente ilícito en el caso de que haya sido el sujeto pasivo del mismo. Pero no podemos dejar de reconocer, como lo hizo la C.D.I. que “como otras formas de autoayuda, las contramedidas se prestan a los abusos, tanto más si se tienen en cuenta las desigualdades de hecho entre los Estados”422. Tercero, la aceptación de la figura de la contramedida presta la oportunidad inigualable para que, en su marco y como estelas de la misma, se pretendan situar comportamientos de muy diversa naturaleza y contenido que irían desde actos, absolutamente contrarios al ordenamiento jurídico internacional, como las acciones "uvas de la ira" emprendidas por Israel en el sur del Líbano durante largo tiempo, hasta comportamientos más tolerables (lícitos para el derecho en vigor) en el estado actual de la sociedad internacional, como la ruptura de relaciones diplomáticas con Guatemala decidida por el Gobierno español como consecuencia del asalto y quema de la Embajada española en la capital guatemalteca en 1980423. O, incluso, situaciones como la acontecida, más recientemente, en la Isla Perejil en el 2002 como consecuencia, tal y como se sabe, de la “ocupación” marroquí de dicho islote en el seno de la enrarecidas relaciones entre España y Marruecos. De todos modos, lo que podría preguntarse es si caben, en el derecho internacional contemporáneo, aquellas contramedidas que implicarían el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y si, por ende, el Estado sujeto pasivo de la comisión de un hecho internacionalmente ilícito tendría la facultad de reacción, 422Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit.,p. 356. 423En este caso, nos hallamos en presencia de medidas de retorsión que hay que distinguir perfectamente de las contramedidas. Nos parece de interés, a estos efecto, lo que ha indicado la C.D.I., es decir, que “los actos de retorsión pueden incluir la prohibición o limitación de las relaciones diplomáticas normales u otros contactos, embargos de diversos tipos o retirada de los programas voluntarios de ayuda. Cualquiera que sea su motivación, en cuanto que esos actos no son incompatibles con las obligaciones internacionales de los Estados que toman esas medidas contra el Estado al que se dirigen, no son contramedidas”, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit.,p. 357.

185 mediante contramedidas que supusieran la acción armada o el uso de la fuerza. A tales efectos, y sin que ello suponga una posición definitiva sobre la materia podríamos sostener lo siguiente: Por un lado, habría que mantener, como principio general que no es posible actuar mediante contramedidas que supongan el uso de la fuerza, de tal manera que, en principio y en todos los casos, contramedidas de esta índole estarían prohibidas por el ordenamiento jurídico internacional. La C.D.I. se ha expresado al respecto con suficiente claridad al afirmar que “La prohibición de emplear contramedidas que entrañen el uso de la fuerza se prescribe en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que -los Estados tienen el deber de abstenerse de actos de represalia que impliquen el uso de la fuerza-. La prohibición está asimismo conforme con la doctrina prevaleciente así como con un cierto número de pronunciamientos autorizados de órganos judiciales y otras entidades internacionales424. Por otro lado, no se deberían calificar como contramedidas las reacciones que impliquen el uso de la fuerza frente a un ataque armado o agresión armada ya que, en este caso, nos encontraríamos, con seguridad, ante supuestos de legítima defensa, siendo ésta una figura que goza de autonomía normativa e, incluso, institucional y que, aunque de hecho, se asemeje a las contramedidas, desde la perspectiva jurídica presenta suficientes diferencias con ellas. Por último, la cuestión más delicada se suscita en aquellos supuestos en los que se alega la legitimidad de las contramedidas que entrañan un uso menor de la fuerza como reacción a hechos o comportamientos que han supuesto, también, un uso menor de la fuerza425. Desde luego, es difícil pronunciarse, con rotundidad, en supuestos de esta índole, pero todo parece apuntar a que, el Derecho Internacional, camina en la dirección de prohibir cualquier comportamiento que, en contramedida, suponga recurrir a la fuerza en las relaciones internacionales. Por lo menos, la C.D.I. ha dejado claro en el artículo 50 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad que “1. Las contramedidas no afectarán: a) La obligación de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza” como está enunciada en la Carta de las Naciones Unidas”. Cuarto, no olvidemos que descansa en el Estado lesionado la calificación del hecho y las dimensiones y proporciones de su respuesta al hecho que ha calificado previamente como ilícito, con lo que el Estado en cuestión se constituye

424Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit.,pp. 368-369. 425Vid., C. GUTIERREZ ESPADA, Las contramedidas de Estados “terceros” cit., pp. 15-50.

186 en la autoridad que interpreta en exclusiva y unilateralmente el contenido y los efectos de la norma y decide hasta dónde es posible responder y de qué manera. Es verdad, sin embargo, que ha variado sustancialmente la concepción tradicional en torno a las reacciones que caben, por parte de los Estados, en sus relaciones con otros Estados. En particular, las respuestas que hoy denominamos "contramedidas" no tienen, con seguridad, el mismo contenido que en el pasado. Y en este hecho apreciamos que se da una específica y particular institucionalización en la aplicación de normas. A pesar de que los Estados que actúan en contramedidas disponen del poder para ejercitarlas, con lo que se fragmenta y dispersa el mismo, es verdad que, de alguna manera, también sucede que estos Estados ejecutan y aplican las directrices marcadas por el conjunto de la comunidad internacional. El Derecho Internacional, como expresión del sentir de la comunidad internacional, se constituye en límite y en garante de que las contramedidas no sean la expresión de la arbitrariedad de los Estados426. Incluso en supuestos en los que se crean "sistemas particulares relativos a la aplicación de <medidas de respuesta> como contenido de la responsabilidad derivada de hechos ilícitos internacionales", no se "excluye la validez y la aplicación en última instancia de los principios y normas generales del Derecho Internacional que rigen las consecuencias de los hechos ilícitos internacionales"427. Y, en esta línea, el Derecho Internacional deja muy claras ciertas condiciones para que la respuesta calificada de contramedida por el Estado que la lleva a cabo constituya realmente una acción de este tipo. Quizá merezca la pena señalar que, entre las condiciones que caben a estos efectos, dos de ellas están estrechamente vinculadas el propio concepto de comunidad internacional o, por lo menos, marcan la existencia de valores comunes al conjunto de los Estados que conforman esta comunidad y la necesidad de defender los elementos centrales del ordenamiento jurídico. i) Desde luego, la imposibilidad de que la reacción en contramedida suponga la violación de una norma imperativa indica que los Estados presuntamente lesionados, pese a la gravedad de la lesión, no podrán sobrepasar los 426En la línea de lo que señalo K. Anand, ante la Comisión de Derecho Internacional, el 4 de julio de 1997, es decir, que el "cimiento de la ONU es el derecho. Es la idea de que el comportamiento de los Estados y las relaciones entre ellos deberán ser regidas por una misma ley, equitativa y aplicable a todos". 427F. MARIÑO MENÉNDEZ, Derecho Internacional Público cit., pp. 491 y 492. En esta línea hay que pensar que, en determinados supuestos, ya existe oposición a la aplicación de contramedidas, como es el caso de medidas coercitivas que tengan un carácter unilateral y que supongan una respuesta económica a países en desarrollo, Vid., J. FERRER LLORET, loc. cit., pp. 77 ss. De este mismo autor, en particular sobre las retorsiones y represalias (su práctica en materia de derechos humanos), Responsabilidad internacional del Estado y derechos humanos, Alicante, 1998, pp. 149 ss.

187 límites que señalan el "núcleo constitucional internacional" y que la defensa de sus propios intereses y derechos, por legítimos que sean, no podrá alcanzar a la violación de aquellas obligaciones que dimanan de normas de ius cogens. En pocas palabras, F. Mariño Menéndez ha dicho que "ciertas contramedidas están prohibidas. En síntesis, las contrarias a normas imperativas de Derecho Internacional general"428. En estos casos, de lo que se trata es de proteger el "interés jurídico común" que pertenece y que tiene la comunidad internacional y los Estados, aunque muchas veces sean quienes ejecutan el poder que corresponde a ésta, han de abstenerse de actos o comportamientos que pongan en tela de juicio la expresión jurídica de los valores en los que se sustenta la sociedad internacional. En esta línea, estimo que hay que interpretar las posiciones que ha asumido la C.D.I. cuando ha previsto que “las contramedidas no afectarán: a) la obligación de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, como está enunciada en la Carta de las Naciones Unidas; b) las obligaciones establecidas para la protección de los derechos humanos fundamentales; c) las obligaciones de carácter humanitario que prohíben las represalias; d) otras obligaciones que emanan de normas imperativas del derecho internacional general”. Con ello, queda absolutamente claro que “no deben suponer ninguna desviación respecto de ciertas obligaciones básicas (...), en particular las obligaciones dimanantes de normas imperativas del derecho internacional general”429. De esta manera, queda claro que las contramedidas no representan una modalidad de aplicación de normas internacionales que, al mismo tiempo, tuvieran la posibilidad de violar las normas “constitucionales” del orden jurídico internacional. Con lo que, en este caso, observamos que las contramedidas, pese a configurarse preferentemente como un modo de ejercicio de aplicación de normas extraordinariamente descentralizado y revelador de los aspectos que definen a la actual sociedad internacional, quedan, al mismo tiempo, supeditadas a elementos que definen y caracterizan la existencia de una comunidad jurídica internacional. De acuerdo con ello, la Comisión de Derecho internacional ha podido decir que “se prohíben las contramedidas que afecten las obligaciones establecidas con arreglo a las normas imperativas del derecho internacional general”, con lo que se nos revela que la sociedad internacional descentralizada no lo es tanto y que, en consecuencia, se establecen límites al comportamiento de los Estados en los 428F. MARIÑO MENENDEZ, Derecho Internacional Público cit., p. 500. 429Pero se deducen, incluso, más consecuencias, tal y como lo ha indicado la C.D.I., al decir que “en el artículo 50 se prescriben ciertas obligaciones cuyo cumplimiento no puede ser afectado por las contramedidas. Un Estado lesionado debe seguir respetando estas obligaciones en sus relaciones con el Estado responsable, y no puede aducir una violación por el Estado responsable de sus obligaciones con arreglo a la segunda parte para excluir la ilicitud de cualquier incumplimiento de esas obligaciones. En lo que respecta al derecho de las contramedidas, esas obligaciones son sacrosantas”. Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit,p. 367.

188 procesos de aplicación de normas internacionales. Esto es, en el fondo, una consecuencia lógica de que “una norma imperativa, que no puede ser objeto de disposición en contrario entre dos Estados, aun mediante un tratado, no puede quedar sin efecto en virtud de una medida unilateral adoptada en forma de contramedida”430. ii) Pero, también, la respuesta en contramedida debe ser proporcional y no podrá sobrepasar "la gravedad del hecho internacionalmente ilícito ni a sus efectos". Aunque se trata de una norma bien establecida en el ordenamiento jurídico internacional, es verdad que no resulta fácil determinar con exactitud si una determinada acción en contramedida fue o no proporcional e, incluso, resultaría difícil sostener, en muchos casos, que nos hallamos en presencia de una contramedida desproporcionada431. La ausencia de criterios claros a la hora de precisar el contenido de las contramedidas coadyuva, también, a esta indefinición aunque lo que a nosotros nos interesa resaltar es que la exigencia de proporcionalidad se vincula, también, de alguna forma, a la existencia de intereses comunitarios y que, por lo tanto, proyecta de este modo ciertos elementos para afirmar la existencia de una determinada comunidad jurídica internacional. En efecto, el límite que marca la proporcionalidad hace referencia, de manera directa, a un marco jurídico en el que la respuesta en contramedida no alcanza la licitud no sólo por el hecho de que sobrepase, en sus consecuencias y efectos, el alcance de la lesión a la que se responde, sino porque impide que se adopten comportamientos en contramedidas que están más allá de lo permitido por el ordenamiento internacional. A esto quizá se refiera la Comisión de Derecho Internacional cuando ha indicado que “teniendo en cuenta la necesidad de asegurar que la adopción de contramedidas no lleve a resultados inequitativos, la proporcionalidad debe evaluarse teniendo en consideración no sólo el elemento puramente –cuantitativo- al daño sufrido, sino también factores -cualitativos- tales 430Y así se dice que “En el apartado d) se reitera, a los efectos del presente capítulo, el reconocimiento enunciado en el artículo 26 de que las circunstancias que excluyen la ilicitud que figuran en el capítulo V de la primera parte no afectan la ilicitud de cualquier hecho de un Estado que no esté conforme con una obligación que emana de una norma imperativa de derecho internacional general”, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit.,p. 371. 431En todo caso, que quede claro, como lo ha indicado la C.D.I. que “establece un límite esencial a la adopción de contramedidas por un Estado lesionado en cualquier caso, sobre la base de consideraciones de proporcionalidad. Es pertinente para determinar qué contramedidas pueden aplicarse y su grado de intensidad. La proporcionalidad constituye una medida de seguridad en cuanto que las contramedidas no proporcionadas pueden dar lugar a responsabilidad de parte del Estado que las adopta”, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit.,p. 376 (cursiva añadida). Siendo así que “la proporcionalidad es un requisito bien establecido para la adopción de contramedidas, ampliamente reconocido en la práctica de los Estados, la doctrina y la jurisprudencia”, ibid.

189 como la importancia del interés protegido por la norma violada y la gravedad de la violación”432. De tal manera es así que la C.D.I. ha señalado, a mi juicio con bastante acierto, que la referencia a los -derechos en cuestión- que se contiene en el proyecto de artículos “tiene un sentido amplio y comprende no sólo los efectos de un hecho ilícito sobre el Estado lesionado sino también los derechos del Estado responsable. Además, también debe tenerse en cuenta la posición de otros Estados que puedan resultar afectados”433, con lo que se nos pone de relieve, y a todas luces, que la acción en contramedida sobrepasa, en su concepciones teórica y práctica las meras relaciones entre el Estado lesionado y el Estado responsable y que puede alcanzar a otros entes de la comunidad internacional. En verdad, sólo considerando la existencia, aunque sea primaria y embrionaria, de una determina comunidad jurídica sería posible entender que la Comisión de Derecho Internacional, sobre la base de la práctica, la doctrina y la jurisprudencia, se haya inclinado en esta dirección. Estrechamente vinculada a la proporcionalidad hay que determinar, también, la reversibilidad de las contramedidas lo que nos conduce, casi con seguridad, a la existencia de aspectos menos descentralizados de aplicación de normas que los que cabía esperar en un principio. Desde luego, hay que sostener, antes de todo, con la Comisión de Derecho Internacional, que “como las contramedidas han de tener un efecto decisivo -es decir, que se adoptan a fin de lograr la cesación del hecho internacionalmente ilícito y su reparación y no a título de sanción- son de carácter temporal y, en toda la medida de lo posible, deben ser reversibles desde el punto de vista de sus efectos sobre las futuras relaciones jurídicas entre los dos Estados”434. Aunque a primera vista esto nos revele los efectos menos comunitarios de la figura de las contramedidas, un análisis más minucioso podría llevar a lo contrario. Aunque no tenga un carácter absoluto la exigencia de la reversibilidad de la contramedida, el establecimiento de este criterio lo que pone de relieve es que los Estados habitan conjuntamente en el seno de un marco político y jurídico común y que, por lo tanto, habrá que preservar, en la medida de lo posible, las relaciones mutuas. De este modo, “infligir daños irreparables al Estado responsable puede equivaler a un castigo o a una sanción por incumplimiento, y no a una contramedida”435, y eso tan sólo le correspondería, como veremos, a los órganos que expresarían, en su caso, la manifestación más avanzada de la existencia de una comunidad jurídica. 432Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit., p. 379 (cursiva añadida). 433Ibid., (cursiva añadida). 434Ibid., p. 359 (cursiva añadida). 435Ibid.,p. 366.

190 Con todo, se podría concluir que la presencia de las contramedidas en el actual orden jurídico internacional nos revela una serie de elementos que son importantes a la hora de identificar el estado en el que se encuentra este ordenamiento respecto a la aplicación de sus normas. Por un lado, se observa, con nitidez, la falta todavía de mecanismos centralizados de aplicación de normas en supuestos de violaciones de las mismas. El mecanismo centralizado, como se ha dicho "demeure extrêment marginal" y, ciertamente, “c'est, incontestablement, la <justice privé>> qui domine dans la sphère juridique internationale"436. Pero, por otro lado, y de manera complementaria, advertimos que la configuración jurídica de las contramedidas camina en la dirección de ir adquiriendo un mayor número de elementos comunitarios, tanto por lo que se refiere a los límites que se imponen a su ejercicio como a la eventual participación de un conjunto de Estados en la realización de las mismas. b) Las sanciones internacionales como “manifestación” de la existencia de una eventual comunidad jurídica internacional Hay que reseñar que también cabe la sanción en el actual ordenamiento jurídico internacional como manifestación concreta y genuina de que, en determinados supuestos, la comunidad internacional reacciona como tal frente a la comisión de hechos internacionalmente ilícitos. Como ha indicado la Comisión de Derecho Internacional “las violaciones individuales del derecho internacional pueden ser muy variadas, desde las comparativamente triviales o secundarias hasta aquéllas que ponen en peligro la supervivencia de comunidades y pueblos, la integridad territorial y la independencia política de los Estados y el medio ambiente de regiones enteras. Esto puede ocurrir ya sea que las obligaciones de que se trate existan con relación a otro Estado, a varios Estados o a la totalidad de ellos o con relación a la comunidad internacional en su conjunto. Pero, por encima de la gravedad o de los efectos de los casos individuales, las normas e instituciones de la responsabilidad del Estado son importantes para el mantenimiento del respeto del derecho internacional y el logro de los objetivos que los Estados propugnan mediante la elaboración del derecho a nivel internacional”437. Desde luego, el establecimiento, con normalidad, de sanciones propiamente dichas en aquellos supuestos en los que se produjeran violaciones del ordenamiento jurídico internacional significaría que nos hallásemos ante una comunidad internacional constituida y plenamente formada con independencia de que, como es natural, siempre se producirían ciertas distorsiones en la aplicación de 436A. PELLET, Le droit international à l'aube cit., p. 45. También, el análisis detallado de D. ALLAND, Justice privée et ordre juridique international- Etude théorique des conre-mesures en droit international public, París, 1994. 437Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit., p. 222.

191 la norma y auque la comunidad internacional no llegase a alcanzar o a cubrir todas las situaciones posibles438. Lo que sucede, sin embargo, en la actual sociedad internacional, es lo contrario y, por lo tanto, se podría sostener con J. A. Pastor Ridruejo que "la ausencia de una verdadera función sancionatoria en la sociedad internacional no permite asegurar de manera razonable la supremacía de las normas del Derecho Internacional"439. Es decir que, por lo menos, la aplicación de las normas internacionales no tiene lugar, usualmente, a través de la adopción de sanciones internacional y que, por lo tanto, seguimos en un orden jurídico internacional en el que faltaría “la centralización del poder de aplicación de normas”. Precisamente dos notas que caracterizan, en la actualidad, a las sanciones en el ordenamiento jurídico internacional vienen a poner de manifiesto que esta forma de aplicación no está suficientemente enraizada en dicho ordenamiento y que, en consecuencia, hay que recorrer aún un largo camino para que nos encontremos con una sociedad internacional en el que las sanciones se considerasen el modo más habitual y regular de asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en los supuestos de violación de las normas de las que dimanan. Por un lado, es claro que el recurso a la sanción en las relaciones internacionales se presenta como algo esporádico y marginal. El Derecho se aplica usualmente por otros medios y fórmulas y sólo de manera muy puntual y episódica se acude a la sanción para asegurar el cumplimiento del Derecho. Basta observar los acontecimientos que han ocurrido en la sociedad internacional contemporánea para que sea posible, incluso, contabilizar y enumerar los supuestos que, de una manera u otra, se podría estimar como sanciones adoptadas. En este sentido, sí hay que decir, sin embargo, que buena parte de las acciones decididas y realizadas contra Iraq por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como consecuencia de la invasión de Kuwait, deberían calificarse como sanciones a los efectos que las venimos entendiendo. Por otro lado, la sanción se reserva para aquellos casos en los que se ha producido una violación grave de una obligación dimanante de norma fundamental del ordenamiento jurídico internacional no siendo, por lo tanto, un mecanismo para la exigencia de responsabilidad internacional ni habitual ni aplicable a cualquier supuesto, cualquiera que sea el alcance y el contenido de la

438Ver el trabajo de V. STARACE, La responsabilité résultant de la violation des obligations à l'égard de la communauté internationale, Recueil des Cours, 153 (1976-V). 439J. A. PASTOR RIDRUEJO, Le droit international à la veille du XXième siècle cit., p. 32.

192 violación de la obligación que impone la norma440. Quizá a ello se refería F. Mariño Menéndez al decir que "cuando se trata de adoptar contramedidas frente a hechos calificados de , la situación es tan específica que merece un examen aparte"441. No sólo esto, los elementos que, hoy en día, definen a la sanción internacional hacen que ésta sólo tenga lugar en aquellos supuestos en los que se ven afectados intereses fundamentales de la comunidad internacional, ya que otro tipo de casos no tienen la fuerza suficiente para congregar la voluntad de los Estados y hacer que se proceda a una acción conjunta y compartida y que, además, sea la expresión de la defensa “a ultranza” de los intereses generales de la comunidad de Estados en su conjunto. Aunque es verdad que la Comisión de Derecho Internacional no ha entrado, en el proyecto de artículos adoptado en el 2001, de manera decisiva en la cuestión referida a las sanciones de índole internacional442, sí hay que anotar que ha dedicado un capítulo que, según la Comisión, se aplicará “a la responsabilidad internacional generada por una violación grave por el Estado de una obligación que emane de una norma imperativa de derecho internacional general”, tal y como se hace en el artículo 40 del citado proyecto. Con seguridad, de no existir otras consecuencias jurídicas distintas en estos casos, resultaría innecesario haberse referido a las violaciones de este tipo, y todo ello a pesar de que no se definan las sanciones en sentido estricto en el artículo 41 en el que se detallan las “consecuencias particulares de la violación grave de una obligación en virtud del presente capítulo”443. Lo que intentamos poner de manifiesto es que la comisión de hechos internacionalmente ilícitos que representen una violación grave, sistemática y 440La C.D.I. ha señalado, como mucho, que “cuando el hecho internacionalmente ilícito constituye una violación grave por el Estado de una obligación nacida de una norma imperativa de derecho internacional general, esa violación puede tener ulteriores consecuencias para el Estado responsable y para otros Estados. En particular, todos los Estados tienen en esos casos las obligaciones de cooperar para poner término a la violación, de no reconocer como lícita la situación creada por la violación y de no prestar ayuda o asistencia al Estado responsable para mantener la situación así creada”, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit.,p. 223. 441F. MARIÑO MENENDEZ, Derecho Internacional Público cit., p. 496. 442Pero, por ejemplo, sí ha indicado que no se deben reconocer las situaciones derivadas de tales violaciones, siendo así que “El no reconocimiento colectivo parecería ser un requisito previo para cualquier respuesta concertada de la comunidad a esas violaciones y representa la respuesta mínima necesaria por parte de los Estados a las violaciones graves a que se hace referencia en el artículo 40”, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit.,p. 313 (cursiva añadida). 443En todo caso, no olvidemos que el párrafo 3 del artículo 41 prescribe que “El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las demás consecuencias enunciadas en esta parte y de toda otra consecuencia que una violación a la que se aplique el presente capítulo pueda generar según el derecho internacional”, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit.,p. 32.

193 flagrante, de normas fundamentales del ordenamiento jurídico internacional y por las que están interesados el conjunto de Estados y la comunidad internacional444 debe producir necesariamente consecuencias distintas a las que se derivarían de hechos internacionalmente ilícitos que mereciesen otra consideración. Por lo menos, podemos decir, con la Comisión de Derecho Internacional, que “Además, es probable que las violaciones graves a que se refiere este capítulo sean objeto de la atención de las organizaciones internacionales competentes, incluidos el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. En el caso de la agresión, la Carta atribuye una función específica al Consejo de Seguridad”445. Lo ha dicho la Comisión de Derecho Internacional al no excluir, sino por el contrario, al abrir las puertas a la posibilidad de que las violaciones graves de normas fundamentales generen comportamientos por parte de los Estados o de la comunidad internacional que entrarían, a mi juicio, en el ámbito de lo que hoy se está gestando, formando y construyendo como sanción internacional. En efecto, el párrafo 3 del artículo 41 del proyecto de artículos, dice la Comisión, que “prevé toda otra consecuencia que la violación grave pueda generar según el derecho internacional. Esto puede ser en virtud de la norma primaria individual, como en el caso de la prohibición de la agresión. Así pues, el párrafo 3 prevé que el derecho internacional puede reconocer consecuencias jurídicas adicionales derivadas de la comisión de una violación grave en el sentido del artículo 40. El hecho de que esas otras consecuencias no se mencionen expresamente en el capítulo III no prejuzga su reconocimiento en el derecho internacional actual, o su desarrollo ulterior. Además, el párrafo 3 refleja el convencimiento de que el propio régimen jurídico de las violaciones graves está en estado de desarrollo. Al mencionar ciertas consecuencias jurídicas básicas de las violaciones graves en el sentido del artículo 40, el artículo 41 no trata de excluir el futuro desarrollo de un régimen más elaborado de las consecuencias que entrañan esas violaciones”446. Con ello, apuntamos que resulta difícil definir y caracterizar el fenómeno de la sanción internacional y establecer, así, su radical diferencia con otros métodos de aplicación de normas que, conceptualmente, le son bastante próximos. Esto explica que se produzcan visiones diferentes y posiciones contrarias al respecto, por ejemplo en la doctrina española, en la que J. A. Pastor Ridruejo habla de que "les sanctions son appliquées en principe par les Etats eux-mêmes et présentent donc un caractère décentralisé"447, mientras que A. Rodríguez Carrión, 444Por esto, la C.D.I. ha indicado en el marco de la cooperación entre los Estados que “Lo que se pide es que ante las violaciones graves todos los Estados realicen un esfuerzo conjunto y coordinado para contrarrestar los efectos de esas violaciones”, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit.,p. 310. 445Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit.,p. 309. 446Ibid., p. 316 (cursiva añadida). 447J. A. PASTOR RIDRUEJO, Le droit international à la veille du XXième siècle cit., p. 32.

194 de manera más acertada a mi juicio, se refiere a las "funciones sancionatorias" en el marco precisamente de los "medios institucionalizados para la aplicación del Derecho Internacional"448. De todos modos, lo que debe quedar claro es que la aplicación de sanciones, como medio habitual de asegurar el incumplimiento de normas internacionales y una vez que hubiesen perdido su carácter dramático, sería la prueba fidedigna de que estamos ante una sociedad que ha construido y consolidado mecanismos de aplicación efectiva y cabal del ordenamiento que la regula y que, por lo tanto, se trataría de una verdadera comunidad internacional. En esta situación se podría, entonces, sostener, con M. Virally, que "la sanción jurídica presenta rasgos característicos que permiten reconocerla con facilidad y asume, para los usuarios del derecho, una importancia práctica demasiado evidente para no llamarles la atención"449. Ahora mismo, no es posible sostener que esto suceda, pero sí que se va perfilando un método de aplicación que denominamos “sanción internacional” y sobre la que se podrían hacer algunas breves reflexiones: En primer lugar, es muy conveniente que, desde la perspectiva teórica, comience a diferenciarse lo que supone una medida de sanción de lo que implica una contramedida. La primera responde a una sociedad más integrada y más organizada, también institucionalmente, mientras que la segunda, con los matices que hemos señalado, se adecua mejor a una sociedad en la que el poder de decisión y de ejecución está más disperso y se relaciona, pues, con una sociedad más desintegrada. Aunque es verdad que ambas pueden convivir en una sociedad como la actual, lo cierto es que una y otra responden, en el fondo y en último término a situaciones societarias distintas. De lo que se trata, en suma, es que será preciso definir qué se entiende por sanción en el Derecho Internacional del tiempo presente. La sanción internacional, aunque es una respuesta y una reacción a la violación de la norma internacional, al igual que la contramedida, debe tener “un carácter punitivo y de ejemplaridad”450 que no se da en otros medios de aplicación 448Vid., A. RODRIGUEZ CARRION, Lecciones cit., pp. 292 ss. 449M. VIRALLY, El devenir cit., p. 46. 450Por supuesto que ello no quiere decir que nos referimos a sanciones de tipo penal en relación con los Estados, aunque sí a las diversas manifestaciones posibles de la sanción en el ordenamiento jurídico internacional. En el primer caso, ya se pronunció la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en su decisión relativa a una subpoena duces tecum en el asunto Fiscal c. Blaski cuando estimó que "con arreglo al derecho internacional actual, no cabe duda de que los Estados, por definición, no pueden ser objeto de sanciones penales similares a las que se prevén en los ordenamientos penales nacionales", Asunto IT-95-14-AR 108 bis, Prosecutor v. Blaski , I.L.R., vol. 110, pág. 688 (1997), en p. 698, párr. 25.

195 de normas y sólo cuando se asume que existen intereses comunes y que estos intereses son fundamentales y esenciales para el conjunto de los Estados que componen la comunidad internacional, es cuando se le reconoce a alguien la autoridad de aplicar sanciones. La sanción no se define, por lo tanto, por el mero hecho de ser colectiva frente a la reacción unilateral sino porque, además, de ser colectiva, en el estado actual de las relaciones internacionales, está institucionalizada y responde al interés y a los objetivos solidarios de la comunidad internacional en su conjunto. En breve, la sanción internacional sólo se puede concebir, en sentido estricto, como universal. Por esto quizá ha dicho la Comisión de Derecho Internacional que “el término -sanciones- se ha utilizado para las medidas adoptadas de conformidad con el instrumento constitutivo de algunas organizaciones internacionales, en particular con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas -a pesar de que en la Carta se usa el término -medidas- y no -sanciones-"451. En segundo lugar, lo anterior nos hace señalar que a lo que se denominan “sanciones” en el seno de ciertas Organizaciones regionales no son, en realidad, aquellos supuestos a los que nos venimos refiriendo. A mi juicio, se deben diferenciar dos supuestos: Por una parte, la actuación de una determinada Organización regional, en el marco de sus competencias y en relación con los Estados miembros, podría situarse en el concepto de sanción cuando se adoptan medidas en relación con el incumplimiento por alguno de los Estados miembros de las normas de la Organización y emplearse tal término con un significado y alcance delimitados en la propia organización452. Pero, por otra parte, la actuación de una Organización así en relación con terceros Estados por la presunción de la eventual comisión de un hecho internacionalmente ilícito por éstos no se englobaría en el concepto de sanción internacional sino que supondría, en realidad, una contramedida, eso sí colectiva y con el apoyo institucional de la Organización en cuestión. Entenderlo de otro modo significaría otorgar a determinadas Organizaciones regionales, tales como la OTAN o la Unión Europea o, incluso, la Organización de Estados Americanos, una representación de la comunidad internacional que no les corresponde. La clara ilicitud de la intervención militar de la OTAN en Kosovo, en 1999, no se podría encubrir bajo la noción de sanción internacional, cuando ni tan siquiera se suscitó la preocupación por contar con la autorización de las Naciones Unidas453. 451Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit., 452Para estos autores, (A. REMIRO y otros) "el término sanción internacional debería aplicarse al acto de cualquier Organización que tiene estrictamente por finalidad reaccionar contra la violaciones de sus reglas que pudieran cometer sus Estados miembros", Derecho Internacional, Madrid, 1997, p. 455. Con carácter más general la obra de L. PEREZ-PRAT, Cooperación política y Comunidad Europea en la aplicación de sanciones económicas internacionales, Madrid, 1991. 453Como se sabe, también se consideraron sanciones las Medidas colectivas contra la Argentina, adoptadas en 1982. Como se ha dicho “En abril de 1982, cuando la Argentina se apoderó de parte de

196 Como ha indicado la Comisión de Derecho Internacional “Muchas veces se utiliza el término –sanción- como equivalente de medidas tomadas contra un Estado por un grupo de Estados o medidas decididas por una organización internacional”, siendo así que, a mi juicio, no nos hallamos, en estos casos, antes supuestos de verdadera sanción internacional, aunque haya que reconocer que “con todo, el término es impreciso”454. Por último, es verdad, no obstante, que el examen de las sanciones internacionales que se han venido adoptando, como no podía ser de otro modo por las Naciones Unidas, quizá haga que se precisen algunos de los elementos que hemos señalado como propios de la sanción internacional, aunque, a mi juicio, dicho examen no altera las esencias del significado que le corresponde a la sanción en el ordenamiento jurídico internacional. Está claro que, como decía el Secretario General en el Suplemento del Programa de Paz que "las sanciones son medidas que adoptan colectivamente las Naciones Unidas para mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales"455, pero también suponen, necesariamente, una respuesta ante el incumplimiento de normas internacionales. En último término, ha de quedar claro que, una vez diseñadas las sanciones, éstas pueden constituirse en un medio muy idóneo para la aplicación de normas internacionales y, en definitiva, para el cumplimiento del Derecho Internacional. En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas "Las sanciones, ya sean de carácter preventivo o punitivo, pueden ser un instrumento eficaz. La amenaza multilateral de aislamiento económico puede ayudar a estimular el diálogo político, mientras que la aplicación de rigurosas sanciones económicas y políticas puede disminuir la capacidad de los protagonistas para sostener una lucha prolongada. En particular, la imposición de un embargo de armamentos puede contribuir a reducir la disponibilidad de armas que permitirían proseguir el conflicto, al hacer más difícil y costosa su adquisición"456. las Islas Malvinas (Falkland), el Consejo de Seguridad le pidió que se retirara de inmediato . A instancias del Reino Unido, los miembros de la Comunidad Europea, Australia, Nueva Zelanda y el Canadá impusieron sanciones comerciales, entre ellas la prohibición temporal de todas las importaciones de productos argentinos, lo que contravenía el artículo XI:1 y, posiblemente, el artículo III del GATT”, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit., p. 388. 454Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º periodo cit., p. 357. 455A/50/60, 25 de enero de 1995, párr. 73. Para el Sr. Boutros Ghali, las sanciones aplicadas en virtud del artículo 41 de la Carta no tienen por objetivo castigar ni tomar represalias de otra forma, sino "modificar la conducta de una parte que pone en peligro la paz y seguridad internacionales", ibid., párr. 66. Posición que, sin embargo, recibe ciertos matices por parte del actual Secretario General quien, en su Memoria de 1999, sostiene que "Cada vez tiene mayor aceptación la necesidad de mejorar el concepto y la aplicación de las sanciones que impone el Consejo de Seguridad, así como la de reducir en la mayor medida posible el costo humanitario que representan las sanciones para la población civil", párr. 124. 456A/52/871- S/1998/318, 13 de abril de 1998, párrs. 25 y 26.

197 No obstante, deben establecerse límites en la aplicación de las sanciones y, sobre todo, proceder de tal manera que las medidas de sanción tengan si no un carácter proporcional sí, al menos, racional, ya que "las sanciones económicas en especial son un instrumento que tienen con demasiada frecuencia efectos poco diferenciados y se aplican sin que previamente se hayan calibrado bien sus repercusiones y sin que hayan determinado sus objetivos. En algunos casos, los padecimientos que se imponen a la población civil no guardan proporción con el probable efecto de las sanciones en la conducta de los protagonistas". Se trata, en suma, de reorientar las sanciones que se vienen aplicando, de tal manera que resulte una "aplicación mucho más seria de las sanciones por la comunidad internacional"457. En definitiva, la posibilidad de afirmar la existencia de sanciones en el orden internacional lo que revela es que no nos hallamos en presencia de una sociedad internacional absolutamente descentralizada en la que el poder o la competencia para la aplicación de las normas descanse exclusivamente en la voluntad de los Estados y en consideraciones de carácter político. La sanción internacional nos remite inexcusablemente a la existencia de una comunidad jurídica aunque tengamos que reconocer, una vez más, que se trate de una comunidad germinal y en proceso de elaboración y cuyos perfiles, en consecuencia, no están todavía definidos.

457Ibid.

IV. Consideraciones finales Podríamos concluir, entonces, que "se asiste, por lo tanto, a un reconocimiento progresivo, lento y prudente, de una cierta personalidad jurídica de la comunidad internacional de Estados" y ello con independencia de que el ejercicio de los derechos que correspondan a la comunidad internacional hayan de ser ejercidos, en razón de la estructura de la actual sociedad internacional, por otros entes con personalidad jurídica, en particular, por los Estados y las Organizaciones Internacionales458. Estamos, muy posiblemente, en los albores de una nueva orientación del Derecho Internacional que le ha de conducir al cambio de su propia naturaleza jurídica. Es preciso contar, por supuesto, con una acción decidida en favor de la construcción de un ordenamiento jurídico menos disperso, más cohesionado, menos fragmentado y más solidario y, en consecuencia, en la dirección que anuncia el Derecho internacional del Tiempo presente. Pero no hay que descartar que, también para la consecución de estos objetivos, son válidas y aleccionadoras las expresiones empleadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, para quien "la comunidad internacional también ha de manifestar su voluntad política. Ha quedado demostrado que, cuando la comunidad internacional se compromete con una causa, es posible lograr una transformación considerable en muy poco tiempo"459. En los inicios y en la antesala, quizá, del siglo XXI la construcción de una comunidad jurídica internacional es una tarea que está comenzando a realizarse a pesar de que el concepto, en su dimensión teórica, haya estado desde siempre presente en los estudios y análisis de los internacionalistas. La comunidad internacional del Tiempo Presente representa los inicios de un espacio común en el que, infortunadamente, continuarán produciéndose violaciones del ordenamiento jurídico internacional, incluso mediante manifestaciones desgarradoras, pero se estará entonces en disposición de responder, en la mayoría de los casos, de una forma común y concertada y, sobre todo, con fundamento en objetivos y valores basados en la solidaridad internacional. El empleo constante de la expresión , como hemos tenido la oportunidad de comprobar, quizá no se corresponda con la existencia de la situación que se quiere manifestar y describir con el uso de dicha expresión, pero está claro que la retórica que habita en ese empleo tiene elementos

458DINH, N.Q., DAILLIER, P. y PELLET, A. Droit international Public cit., p. 394 459Las causas de los conflictos cit., párr. 106 (cursiva añadida).

200 claramente positivos y contribuye, por ello, a expandir el término y a dotarle de contenido. Como decía C. del Arenal, aunque ciertamente en otro contexto, hay que atribuir a la retórica el significado y el sentido que le corresponden, ya que "el realismo mismo exige ser conscientes de que la retórica no siempre es algo superfluo, sino en ocasiones algo muy necesario, por cuanto que, al mismo tiempo que es reflejo de las percepciones, contribuye igualmente a crear percepciones y adhesiones, con la importancia que esto tiene en orden a la realización de todo proyecto"460. La percepción básica, en la actual sociedad internacional es que, con todas las limitaciones que se quiera, se está "fabricando" un nuevo modelo de relaciones internacionales de una manera progresiva y paulatina, sin sobresaltos en el contenido y con espectaculares cambios en las formas, pero, al fin y al cabo, se está diseñando un "marco constitucional" que, dotado de sus propias características, debe responder a la exigencias que se vayan planteando en el siglo XXI. La sociedad en tránsito en la que nos encontramos va incorporando diversos elementos que atienden, de manera preferente, a intereses compartidos y comunes de los Estados y de los demás sujetos del Derecho Internacional. Se puede ir aún más lejos de la descripción realizada por J. A. Pastor Ridruejo para quien "face au caractère libéral du droit international classique, le droit international contemporain est plus social et plus solidaire, puisqu'il interdit dans l'intérêt de la communauté internationale tout entière la menace et l'emploi de la force. Il s'intéresse en outre au développement des Etats qui en ont le plus besoin et au bienêtre de leurs habitants. C'est le droit international du développement"461, y sostener que, junto a ello, el Derecho Internacional del Tiempo presente afirma y proclama la validez universal de los derechos humanos; aboga por el establecimiento y consolidación de sistemas democráticos; encuentra dificultades para propiciar el desarrollo aunque lo afirma constantemente; y se constituye como un ordenamiento orientado a la consecución de la paz en todas sus dimensiones. Estos son, en definitiva, los valores que están presentes y que van encontrando su traducción jurídica a través de los diversos modos de generar el Derecho Internacional. Nuestra visión puede conceptuarse, sin duda, como algo optimista pero, de manera intencionada, se ha querido poner el énfasis en los elementos comunitarios y de solidaridad que habitan en la sociedad internacional. Sin olvidar cómo está configurada y caracterizada esta sociedad, tampoco se trata de decir cómo debería ser sino, en realidad, se señala hacia donde apunta su construcción.

460C. ARENAL y A. NAJERA, La Comunidad Iberoamericana de Naciones, Madrid, 1992, 461J. A. PASTOR RIDRUEJO, Le droit international à la veille du XXième siècle cit., p. 307.

201 El ciclo de la vida del ordenamiento jurídico internacional es, en el fondo, el mismo que acompaña al ser humano y que, de manera muy descriptiva, tuvo la fortuna de señalar Antonio Machado en los dos últimos versos que compuso en las despejadas mañanas francesas, y en el exilio, de Collieure: "Estos cielos azules (...) Este sol de la infancia (...)".

NOTA BIBLIOGRÁFICA462

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