Argentina:¿un parásito en el mundo? Ciclos de Vaciamiento, Clase Politica Delictiva y Colapso de La Politica Exterior (Spanish Edition)

La Argentina, ¿un parásito en el mundo?

Ciclos de vaciamiento, clase política delictiva y política exterior en un ‘Estado parasitario’

Por Carlos Escudé

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Pára Mónica

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TABLA DE CONTENIDOS

Prólogo Introducción - Yo, ¿argentino? Capítulo 1 - Ciclos de vaciamiento y clase política delictiva: hacia una teoría sistémica del ‘Estado parasitario’ Capítulo 2 - Piqueteros: Prebenda y extorsión en los estratos marginales de un ‘Estado parasitario? Capítulo 3 - La muerte de la política exterior: el callejón sin salida de un ‘Estado parasitario’ Epílogo - América latina: el tiempo de la aventura

Apéndices Documentales Apéndice A – Aldo Vacs – “Argentina: in search of rational foreign policies”, Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 19 (1), primavera boreal 1987, pp. 109-112. Apéndice B – Arlene B. Tickner, “Hearing Latin American voices in International Relations Studies”, International Studies Perspectives 2003 (4), pp. 332-333. Apéndice C – Ira Straus, “Emerging proliferation threats in Latin America”, The National Interest, Nº 77 (otoño boreal 2004), p. 67. Apéndice D - La metodología de las investigaciones conducidas en el Instituto Di Tella durante la década del ‘80, sobre la racionalidad de la política exterior.

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Prólogo En 1984, hace ya 21 años, vio la luz “La Argentina, ¿paria internacional?”, un pequeño libro de mi autoría que contribuyó a cambiar nuestra política exterior en la década de 1990. Su título inspiró incluso el nombre de algún capítulo del libro ya clásico de Joseph Tulchin sobre la historia de las relaciones entre nuestro país y los Estados Unidos. Entonces éramos un “paria” por haber desencadenado una guerra absurda y por violar derechos humanos, iniquidades que países presuntamente “serios” cometen todo el tiempo (como sabemos hoy, después de que la segunda guerra de Irak nos hizo perder la inocencia). Lamentablemente, ya a mediados de la primera década del siglo XXI y una docena de libros más tarde, su sucedáneo debe titularse “Argentina, ¿un parásito en el mundo?” El mote de “Estado parasitario” que ahora nos describe corresponde exclusivamente a los subsuelos de la sociedad global y no podría ser compartido por ningún país serio. Somos un parásito en el mundo porque, con un territorio casi del tamaño de la India y una población 28 veces menor, tenemos una deuda dos veces mayor sin la contrapartida de los niveles crecientes de bienestar que, se supone, acompañan al endeudamiento sano de un país en vías de desarrollo. Por el contrario, nuestra sociedad ha supurado miseria y desempleo en proporciones que hubieran resultado inimaginables cuando, hacia 1950, nació mi generación. A la vez, ocupamos un lugar único en el orbe, ya que si en nuestras cuentas nacionales incluimos los activos en el exterior de nuestra burguesía, el nuestro no es un país deudor sino acreedor. En estas dos décadas emergieron ejércitos de cientos de miles de piqueteros desocupados que recurren a la extorsión para poder comer en un país que antes conocimos como el “granero del mundo”. Al contrario de lo que opina nuestra clase media, estos delincuentes son una consecuencia mucho antes que una causa de la crisis que nos embarga. A la vez, nuestras instituciones se degradaron al punto de que se legitimó la sistemática violación de la ley por parte de organizaciones nacidas de usurpaciones de tierras privadas y públicas en la década de 1985 (tal el origen de algunas de nuestras principales agrupaciones de protesta). Mucho peor aún, nuestra historia de las últimas tres décadas revela ciclos de vaciamiento en los que, reiteradamente, el Estado recurrió a transferencias masivas de la riqueza a través de medios inconstitucionales, para salvar a las empresas en tiempos de crisis, traspasando riqueza de los pobres a los ricos. Ello ocurrió en 1975, 1982, 1985, 1989 y 2001-02, y es lo que está en el origen de nuestros males. Mientras tanto, por supuesto, la política exterior murió, convertida en mero apéndice de la manipulación electoralista a que se somete al pueblo argentino. En este libro desarrollo una teoría sistémica del ‘Estado parasitario’, un nuevo tipo de Estado hasta ahora no identificado que vive del resto del mundo a la vez que se consume a sí mismo. Ha estafado entre otros a 450.000 ahorristas italianos, 350.000 japoneses y millones de sus propios súbditos. Es principalmente un peligro para sus propios ciudadanos, pero simultáneamente lo es también para la humanidad globalizada, no porque exporte terrorismo como los típicos Estados canalla, sino porque si su ejemplo cundiera las finanzas mundiales colapsarían por completo. Merece estudiarse, y al hacerlo aspiramos a 4

contribuir a la ciencia social. Habremos contribuido también al futuro de nuestros descendientes si es que con ello avanzamos hacia la superación de los círculos viciosos que nos destruyen. Agradezco al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con el que estoy vinculado desde 1974, ya toda una vida. También a la Universidad del CEMA, que generosamente me albergó académicamente después que, con el fallecimiento de Guido Di Tella, perdiera a quien fuera mi amigo, aliado y protector en la Universidad que porta su apellido. Como intelectual atormentado por la problemática de lo ético, entre los individuos merece mi reconocimiento Beatriz Gurevich, que desde 1993 me impulsara a luchar contra la corrupción y la discriminación étnica y religiosa. También corresponde recordar a Juan Gabriel Tokatlián por comentarios y sugerencias vinculados a este trabajo, y a Mariana Souto Zabaleta, ex ayudante de cátedra y colaboradora, con quien trabajé en el pasado sobre la hipótesis de conflicto entre el Cono Sur y el Eje Chávez-FARC. Como Hijo Pródigo, agradezco su muy reciente apoyo espiritual al Padre Rafael Braun: por momentos fue el Padre que cobijó con amor divino al retornante, y por momentos fue el Hijo Mayor que censuraba al intelectual mediático que confesaba un sospechoso misticismo que temía pudiera convertirse (¡horror!) en tema de debate de algún programa televisivo de Chiche Helblung. Finalmente, con mi mujer Mónica Vilgré-La Madrid emprendimos un viaje sin retorno en 1972, convertido en matrimonio en 1977. Ella compartió la aventura, las peripecias, los triunfos y los sinsabores de más de tres décadas de esfuerzos y descubrimientos, ofreciendo entre otras cosas su amor siempre incondicional. En Buenos Aires, a 28 días de febrero de 2005 Carlos Escudé

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INTRODUCCIÓN Yo, ¿argentino? Dedicado con respeto a Joaquín Morales Solá, periodista que implacablemente denunció la corrupción argentina con datos duros.

*** La clase media-media en un Estado parasitario Como típicos pequeño burgueses de cualquier parte del mundo, a fines de 2001 mi mujer y yo (un matrimonio de profesionales sin hijos) debíamos aproximadamente 46.000 dólares: unos 38.000 al Banco de Boston, que era el saldo del crédito hipotecario con que compramos nuestro departamento en el centro de Buenos Aires, y unos 8.000 al Banco de Bilbao y Vizcaya (conocido localmente como Banco Francés). Como los demás argentinos en nuestra situación, habíamos tenido ciertas inquietudes respecto de esta deuda, ya que firmamos cláusulas draconianas con ambos bancos en las que se establecía que independientemente de cualquier cambio en la política monetaria, nuestra obligación sería por esos montos, con los intereses correspondientes y en esa moneda. No obstante, no nos comportábamos como buenos ciudadanos ahorrativos, y teniendo buenos ingresos, nos limitamos a pagar nuestras cuotas sin adelantar la cancelación de obligaciones. Cuando a fines de diciembre la Argentina sufrió su temida devaluación, temblamos como tantos otros. Pero pronto respiramos aliviados, porque el nuevo gobierno adoptó una política de “pesificación asimétrica”, que convertía todas las deudas con el sistema bancario formal a la tasa de 1 a 1, a la vez que el dólar pasaba a valer 1,40 pesos en el mercado oficial y 1,50 en el paralelo. Poco tiempo después debí abonar gastos que sumaban 5000 dólares, realizados ese mes en Europa con una tarjeta de crédito. Fui al BBVA con esa cifra, la cambié por 7500 pesos, cancelé mi deuda con 5000 pesos y me guardé el vuelto, como correspondía legalmente. A la diferencia entre este pago y mis consumos en divisa los tuvo que pagar Visa o el banco emisor (ignoro cual de los dos). Como en Europa ellos debían pagar en monedas fuertes a los comercios donde yo había comprado, mi ganancia equivalía a su pérdida. Al salir de la caja no sabía si sentir vergüenza por estafar al banco o cierta primitiva satisfacción por sacar el mejor partido frente a una entidad tan poderosa, repentinamente convertida en impotente por la maniobra de una clase política soberana. Pocos meses más tarde, el dólar había trepado a 3,60 en el mercado paralelo. Entonces, con unos 12.800 dólares en efectivo que (como casi todos los demás pequeños burgueses argentinos) guardábamos en una caja de seguridad, saldamos nuestras deudas, que gracias a la pesificación asimétrica se habían convertido en esa cifra (ya no debíamos 46.000 dólares sino 46.000 pesos). Rescatamos la escritura de nuestro inmueble con un suspiro de alivio, mientras el Banco de Boston absorbía una pérdida de 27.500 dólares y el BBVA perdía 6

otros 5800. Los mayores perdedores, por supuesto, eran los ahorristas, cuyos saldos en dólares también habían sido convertidos a pesos devaluados. Pero nosotros no debíamos ni un céntimo, gracias a la crisis. E incluso celebramos no haber sido ahorrativos, porque si hubiéramos saldado nuestras deudas antes de la debacle nos habríamos privado de consumos suntuarios, perdiendo el beneficio de la bendita devaluación asimétrica. Nuestro consumo era pura ganancia. Más aún: si en lugar de dilapidar hubiéramos sido muy ascéticos, no sólo cancelando deudas sino quedando con un superávit en los bancos de Argentina, estos depósitos habrían sido capturados en el famoso “corralito” que desde principios de diciembre de 2001 inmovilizó acreencias. Posteriormente hubieran sido devaluados y nuestra penalización habría sido enorme. Cuanto mayor el ahorro, mayor la pérdida. Cuanto mayor la deuda, mayor la ganancia. La lección era clara: en un Estado parasitario no se debe ahorrar dentro del sistema bancario local. Por el nivel de inseguridad jurídica, sólo se ameritan inversiones financieras especulativas. Las violaciones del derecho de propiedad por parte de los mismos custodios del contrato social (toda una definición de la corrupción pública) son demasiado frecuentes. La “macro-corrupción” y sus “ciclos de vaciamiento” Por otra parte, y contrariamente a lo que pudiera suponerse desde la ingenuidad, la pesificación asimétrica no se llevó a cabo con el fin demagógico de salvar a segmentos endeudados de la clase media, sino para beneficiar a empresas grandes que habían quedado muy endeudadas con bancos instalados en la Argentina. El caso emblemático, localmente conocido por todos, fue el del Grupo Clarín (“el gran diario argentino”). Grandes números de pequeños deudores hipotecarios y prendarios se beneficiaron, pero esa fue una consecuencia colateral de una política que no fue perversamente populista sino corrupta con todas las letras. Se parecía mucho a la estatización de la deuda privada que había llevado a cabo Domingo Cavallo cuando era funcionario de la dictadura militar y que luego fuera confirmada y completada por el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. A comienzos de la gestión de Carlos Saúl Menem se hizo algo parecido, congelando los depósitos a plazo fijo (que son los de la clase media) para restituir la solvencia del Estado. Y mucho antes, en tiempos de Isabel Perón, se había hecho algo diferente con consecuencias similares. En el Estado parasitario muchos mecanismos endémicos de corrupción operan una y otra vez, independientemente del carácter del régimen político, a menudo alegando la necesidad presuntamente imperiosa de superar una crisis. Fue recordar esta seguidilla de intervenciones inconstitucionales en la redistribución regresiva de la riqueza, perpetradas en 1975, 1982, 1985, 1989 y 2001-2002, durante seis gobiernos consecutivos de los más diversos signos, a lo largo de tres décadas, lo que me condujo en el Capítulo 1 a acuñar la categoría de “macro-delincuencia del Estado”. Ésta es crucial para la definición misma del tipo-ideal del Estado parasitario. Está concebida en términos de la comisión de violaciones de la legalidad conducentes a la alteración casi instantánea del perfil macroeconómico del país, particularmente en lo que atañe a su dimensión distributiva. Y fue constatar el carácter recurrente de hechos de macrocorrupción lo que me permitió comprender que estas maniobras se orquestan a través de reiterados “ciclos de vaciamiento”, caracterizados por cuatro fases principales cuyas

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características se describen en dicho Capítulo. A su vez, estos ciclos destruyen tanto las instituciones como el tejido social, acentuando las prácticas extralegales en todos los ámbitos, junto con la desocupación y la miseria. Sus consecuencias más visibles se estudian en nuestro Capítulo 2: “Piqueteros: prebenda y extorsión en los estratos marginales de un Estado parasitario”. Los socios extranjeros de una clase política delictiva Este es un nudo central en el funcionamiento del Estado parasitario, pero la patología no se agota allí. Por lo pronto, la inseguridad jurídica e incertidumbre económica condicionan el comportamiento de otros sectores, como el financiero. Por ejemplo, está claro que si a principios de 2002 los bancos debían afrontar los costos de salvar a grandes deudores argentinos, antes y después debieron cobrarse diferencias usurarias. Siendo actores racionales y poderosos, no están en negocios para perder dinero, y rápidamente negociaron con el gobierno la adjudicación de un bono que les compensara las asimetrías en la devaluación, que obviamente será pagado por el contribuyente. A diferencia de los funcionarios del Estado, los bancos no son los custodios del contrato social y su obligación moral es de menor envergadura que la de la clase política. Por cierto, de lo acaecido se deduce que no pueden operar en la Argentina como en Canadá: los riesgos son otros y las reglas del juego (o su ausencia) también. En términos generales y más allá del caso de mi país, lo esperable es que en contextos de corrupción extrema la banca internacional tienda a ser cómplice de la clase política local, aunque más no sea para sobrevivir. Podrán producirse grandes conflictos puntuales, como el suscitado aquí por la devaluación asimétrica, pero en el largo plazo tenderá a producirse un equilibrio mutuamente provechoso. En contraposición, en contextos con un grado relativamente bajo de corrupción los mismos bancos tenderán a ser menos abusivos. Las casas bancarias internacionales no son intrínsecamente benignas ni malignas: son lo que pueden ser y hacen lo que les dejan en cada contexto especifico. Esta es una premisa de un modelo teórico en que la variable independiente es el Estado parasitario mismo y su compleja trama de dinámicas internas y externas. Como veremos más adelante, los parámetros de casos como el argentino avalan esta y otras conjeturas, que contradicen mis convicciones pueriles de la década de los ‘90. Como especialista académico en la teoría de las relaciones internacionales y la historia de la política exterior argentina, con una buena trayectoria en las mejores universidades del mundo pero sin “calle”, yo ignoraba lo que Joseph Stiglitz intuyó sólo cuando llegó a la cúpula del Banco Mundial: que cuando la corrupción de un país supera cierto umbral es mejor que no tenga acceso al crédito.* Es el crédito internacional lo que, en un contexto de macro-corrupción, alimenta los ciclos de vaciamiento. La Argentina no había recibido flujos de capital tan significativos en por lo menos medio siglo, pero he aquí que hacia 2001 las calles de mi buen barrio residencial del centro de Buenos Aires se poblaban con un ejército de menesterosos nuevos pobres que me daban la *

Sé que el ingenuo lector puede pensar con suspicacia que tamaña ingenuidad de parte mía es improbable, pero... qué más da. Más naïve fue Peugeot cuando invertía miles de millones de euros en la Argentina con la expectativa de realizar exportaciones masivas de automóviles a Brasil, y se supone que estaba bien asesorada.

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sensación de haberme trasladado súbitamente a Marrakech. Inexplicablemente, aquella Argentina que en 1942 Colin Clark consideraba condenada a la abundancia había logrado sumergir a la mayor parte de su población en los abismos de la miseria.1 Un nuevo tipo de Estado Las vivencias de los dramáticos días de 2001-02 que mi mujer y yo compartimos, paradójicas e intensas, me condujeron a la autocrítica y la reflexión. Algo muy malo acontecía en mi país. La combinación de su altísimo nivel de recursos naturales por habitante con su cuantiosa deuda pública y su creciente miseria, hacían de él un caso único. Desde el exterior tuve algunos pedidos de diagnóstico, que comenzaron a plasmarse en un ensayo que publiqué en el Cambridge Review of International Affairs, titulado “Argentina: A Parasite State on the Verge of Disintegration”. Allí, y también desde la columna semanal que por entonces publicaba en el diario BAE, comencé a pergeñar la teoría que aquí se presenta. En ella postulo que este país representa un tipo de Estado hasta ahora no identificado. Así como hay Estados rufianes, que son peligrosos porque exportan terrorismo, y los hay también fallidos, cuya pérdida de gobernabilidad les remite a un estadio de naturaleza hobessiano, existen Estados parásitos, que poseen grandes recursos per cápita pero no obstante viven a expensas del resto del mundo, a la vez que sus mayorías son sepultadas en un infierno de desempleo, hambre y suciedad. Su misma existencia es un insulto a las masas hacinadas de países como Bangla Desh, cuya pobreza obedece más a determinantes estructurales que a la conducta de sus dirigencias. Para colmo, el Estado parasitario es un peligro para el orden financiero global, que no podría sobrevivir si su ejemplo cundiera. En 2005 la Argentina consumó la estafa de, entre muchos otros, 450.000 ahorristas italianos y 350.000 japoneses. Con la imitación de comportamientos de este tipo el mundo se convertiría en una anarquía ingobernable y paupérrima. Pero la corrupción endógena y sus efectos corrosivos no se limitan al plano del endeudamiento. Este tipo de Estado también es más vulnerable a patologías originadas en el exterior. Su propia corrupción le priva de elementos para defenderse no sólo de posibles maniobras abusivas del FMI sino también (por ejemplo) del flagelo del terrorismo transnacional. Durante la primera mitad de la década de 1990 se perpetraron en la Argentina dos de los más graves atentados del mundo hasta entonces, en parte debido a las inconsistencias del propio Menem, que prometió tecnología nuclear y misilística a países peligrosos del Medio Oriente y luego dio marcha atrás. Después de los ataques contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), los esfuerzos del gobierno por obstruir la justicia fueron denodados, continuando durante las administraciones de Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde.

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El terrorismo impune A diferencia de la iniquidad en el plano económico, este problema no me tomó de sorpresa.* Pronto quedó claro que: 1º En ambos actos terroristas se retiró a los efectivos de la Policía Federal de las inmediaciones de los atentados, pocos minutos antes de su perpetración, generándose lo que en Argentina se llama cínicamente “territorio liberado”. 2º En el caso de la AMIA el propio juez de la causa destruyó evidencia crucial. 3º Dicho juez permaneció a cargo durante los gobiernos de Menem, De la Rúa y Duhalde, a pesar de las pruebas de su complicidad con la obstrucción de la justicia. Recién fue removido y sometido a juicio político en 2005. 4º En tiempos de Menem, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) pagó 400.000 dólares a un delincuente, para que desviara la atención acusando a oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Aunque inocentes del delito del que se los culpaba, todos fueron presos. Al acusarles de vender a los terroristas el vehículo robado usado como coche bomba, se ocultaban las verdaderas pistas vinculadas a Siria, Irán y el financiamiento de la campaña del entonces Presidente, y se desprestigiaba al Gobernador y futuro presidente Duhalde, responsable de esa fuerza policial y rival político de aquel. El juez fue parte activa de la maniobra. 5º También se adjudicaron redescuentos multimillonarios al Banco Mayo, quizá para inducir a su presidente Rubén Beraja (que a la vez encabezaba la organización política de la comunidad judía argentina, DAIA) a moderar las presiones para que se resolviera el caso de la AMIA. Dicho banco creció desproporcionadamente y hoy su presidente está preso por estafas. 6º Ya durante la gestión de Fernando de La Rúa, la SIDE saboteó los esfuerzos de la CIA por resolver el caso. Se obligó a huir del país al agente Ross Newland, revelando su identidad a la prensa.

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El lunes 9 de diciembre de 1996 dije ante el público y la prensa, en el acto de Memoria Activa en Plaza Lavalle: “Argentina. Voladura de la embajada de Israel. Voladura de la AMIA. Profanación de tumbas. Pierri que trata a un periodista de judío piojoso. Suárez Mason que expresa su antisemitismo públicamente y con desparpajo. Policías procesados por los atentados terroristas. La siniestra sospecha de que por encima de ellos hay intocables aún más involucrados. La sensación de que la investigación no puede progresar porque incriminaría a personajes demasiado cercanos al poder. La intuición de que el poder político no puede resolver su grave dilema: enfrentar el chantaje probable de esos personajes o pagar los altos costos internacionales de no resolver el caso. La certeza de que muchos agentes de seguridad secretamente simpatizan con los dichos de Suárez Mason y están felices de que la investigación no prospere por pura perversión ideológica, aun cuando no estén personalmente involucrados. Argentina. Tierra de políticos sin principios. País de dirigentes sin ideales. Nación de pequeñeces e hipocresía. Patria de un pueblo sin heroísmo. Que Dios te salve, Argentina, porque por ti misma no te salvarás”. Descargable desde la página de Internet de Memoria Activa, URL: http://www.memoriaactiva.com/anteriores1996.htm .

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7º Además, también fueron saboteados los esfuerzos de Nilda Garré, jefa de la Unidad Especial de Investigación de los Atentados del Ministerio de Justicia. Ésta fue obligada a renunciar por el mismo gobierno que la designó debido a que su excesivo celo inquietaba a la administración radical, que no estaba interesada en destapar ollas que arriesgaran la gobernabilidad. 8º Finalmente, el gobierno de Duhalde se negó a levantar los secretos de la SIDE relevantes para la causa. Fue Kirchner quien posibilitó este y otros avances. Muchos datos que en coautoría con Beatriz Gurevich, anticipamos en un articulo académico publicado en Tel Aviv y titulado “Limits to governability, corruption and transnational terrorism: the case of the 1992 and 1994 attacks in Buenos Aires”,2 fueron confirmados judicialmente por el veredicto del 2 de septiembre de 2004 del Tribunal Oral Federal 3.3 Fueron episodios como este los que me condujeron a acuñar el concepto de “megadelincuencia del Estado”, definido en el Capítulo 1 como un tipo de corrupción pública que, más allá de su magnitud, involucra una larga secuencia de complicidades de diversos organismos y estamentos del gobierno, es decir, una verdadera organización estatal del delito. La mega-delincuencia es un complemento mortífero de la macro-delincuencia ya mencionada, y es un fenómeno que necesariamente emerge de un Estado parasitario y sus ciclos de vaciamiento. El papel del Estado en el contrabando y narcotráfico Este tipo de delito se puso sobre el tapete una vez más en el momento de escribir estas líneas, en febrero de 2005, cuando se conocieron los pormenores del contrabando de cocaína a Europa llevado a cabo con la complicidad de organismos del Estado. El caso, que condujo a la remoción por parte de Kirchner de la totalidad de la cúpula de la Fuerza Aérea Argentina, involucró a: 1. La Policía Aeronáutica en pleno, responsable de: - los controles de seguridad del aeropuerto, - haber destruido las rutinarias grabaciones correspondientes al día del embarque, y - haber transportado la droga desde la terminal hasta el avión; 2. El jefe máximo de dicha Policía, un comodoro que fue celosamente protegido por el mismísimo jefe de la Fuerza Aérea; 3. Un hijo de aquel y su novia; 4. Una línea aérea privada subsidiada por el Estado a razón de $10.000 por cada uno de sus 800 puestos de trabajo,4 y 5. Una empresa de seguridad contratada por la línea aérea. El caso también comprometió seriamente al secretario de transporte (llamado su “jefe directo” por el presidente de la aerolínea), al administrador de la aduana y a otras autoridades. Además, no se limitó al contrabando entre Buenos Aires y Madrid, ya que la empresa volaba también la exótica ruta Tacna-Córdoba, en la que cayó otro tendal de

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narcos. Quedó la sensación de que se trataba de una aerolínea dedicada a ese negocio y protegida por el Estado. Pero los problemas y sospechas relacionados con el control de tráficos por parte de las autoridades argentinas venían de lejos.* El mejor ejemplo es el caso crónico de la Triple Frontera con Paraguay y Brasil, una tierra sin ley, cuna de contrabandos de mercancías, estupefacientes, armas y terrorismo. Por cierto, los límites fronterizos de Argentina parecen intencionalmente porosos. Y en tiempos de Menem esta sospecha había sido sustanciada por casos como el de Ibrahim al Ibrahim, un ex coronel de los servicios de inteligencia sirios a quien graciosamente se le adjudicara pasaporte argentino a pesar de que casi no hablaba castellano, para luego nombrarlo asesor especial de la Aduana. Este dato a su vez se encadena con la investigación de la “aduana paralela”, que fuera lanzada en 1996 por el juez Guillermo Tiscornia y que estableció que entre 1990 y 1996, 22,000 containers entraron por el puerto y aeropuerto de Buenos Aires con documentación falsa y sellos fraguados. El caso sigue sin resolverse, a la vez que varios testigos clave han sido asesinados a lo largo de los últimos años. Entre ellos se encuentran: 1. Rodolfo Etchegoyen (brigadier de la Fuerza Aérea a cargo de la Aduana en 1990); 2. José Micuccio (funcionario de la Aduana a cargo del contralor del tráfico de mercancías); 3. Jorge Omar Gutiérrez (subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de investigar tráficos ilegales en 1994), y 4. Jorge Luis Piazza (comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que había investigado el asesinato de Gutiérrez en 1994 y debía comparecer como testigo de este caso en 2003). Tampoco estos asesinatos fueron esclarecidos.5 Ni fue resuelto el siniestro caso de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, cuando instalaciones casi del tamaño de un pueblo fueron destruidas para ocultar el robo y contrabando de armamentos que fueron encontrados en Ecuador y Croacia. Tráfico de armas en el mundo hay mucho, incluso desde los países más “serios”. Pero sólo conozco un caso, el argentino, en que una gran instalación militar-industrial fuera violentamente destruida a fin de ocultar a la Justicia la merma en el stock de armamentos. La compra y venta de leyes Por otra parte, el Poder Legislativo no escapa a las generales de la ley de esta megacorrupción que a todo lo degrada. El sonado caso de los sobornos en el Senado—que diera *

Más allá de las complicidades y connivencias, el descontrol de un Estado colapsado cuyos empleados y funcionarios no tienen incentivos para cumplir con su misión ya había sido denunciado por el gobierno de los Estados Unidos. Según el diario La Nación, en el año 2002 funcionarios de Washington habían advertido en forma directa y tajante a un diplomático argentino que: “El gobierno norteamericano estaba a punto de prohibir los vuelos desde Buenos Aires a los Estados Unidos. Habían fotografiado a supervisores de los scanners jugando con otras cosas mientras pasaban las valijas. Inspectores norteamericanos introdujeron armas en maletas, que llegaron radiantes a los Estados Unidos.” Véase Joaquín Morales Solá, “Salió a la luz el drogaducto de Ezeiza” y “Por qué hubo que llegar hasta el hueso”, La Nación, 19 y 20 de febrero de 2005.

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lugar a la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, y que entre varios otros involucrara al presidente De la Rúa y a su secretario de inteligencia, Fernando de Santibañes—demostró que en la Argentina no sólo los mercados sino también las leyes se compran y se venden. El caso denunciado fue por una ley, muy impopular, de flexibilización laboral. Pero es un secreto a voces que lo que entonces se destapó no fue excepcional sino la regla. Sin precedentes fue la denuncia, no el cohecho. Por eso comentaba Joaquín Morales Solá: “Viejo exponente de la corporación política, el ex presidente sabía que la mayoría de los senadores no acostumbraba a inclinarse ante los argumentos de la razón sino sólo ante el trasiego de los dineros públicos. (...) Dos meses después de los pagos por la ley laboral, el Senado rechazó una ley económica fundamental para De la Rúa, cuando éste se encontraba en Estados Unidos para celebrar una reunión con el presidente Bill Clinton. ¿Qué había pasado? ¿Por qué semejante saña con el presidente radical en un momento en que debía dar explicaciones en el exterior? ‘Los muchachos quieren plata por cada ley. Los radicales creen que los han arreglado con un pago al año. Son muy ingenuos’, explicó entonces, ingenuo él también, (el veterano senador peronista Antonio Cafiero). ¿Cómo? ¿Acaso ya se habían hecho pagos de sobornos en el Senado? ‘La ley laboral costó varios millones de dólares’, respondió, y dio rienda suelta a la investigación que terminaría con la revelación de los favores personales.”6 Pero a pesar de las evidencias todo quedó en aguas de borraja, porque en la Argentina ningún caso de esta importancia se termina de resolver jamás. El único resultado concreto fue que el idealista vicepresidente Álvarez optó por abandonar la política. En consonancia con la corrupción generalizada, que ha engendrado toda una cultura, hoy es despreciado y denostado por mucha gente. Las extorsiones de los jueces La ausencia de resultados no sorprende si se tiene en cuenta la mega-corrupción al interior del mismo Poder Judicial. La perversa dinámica de mega-delincuencias entrecruzadas entre los tres poderes del Estado quedó dramáticamente de manifiesto otra vez en febrero de 2005, mientras se escribían estas líneas, cuando estalló el escándalo por la sanción sin debate de las modificaciones al Artículo 67 del Código Penal. De un plumazo legislativo se acortaron los plazos de prescripción de numerosas causas, muchas de ellas relacionadas con los más sonados casos de corrupción de los gobiernos de Menem y De la Rúa. Los políticos fueron estridentemente acusados de una solapada auto-amnistía. Pero su defensa fue tan persuasiva como la acusación: los legisladores alegaron que los jueces alargaban la duración de los procesos judiciales indefinidamente a fin de reservarse instrumentos de extorsión, y que el Estado de Derecho exige que un encausado vea resuelto su caso en tiempos razonables. Comentaba el periodista Morales Solá: “Es cierto que muchas causas duermen hasta morir -o no mueren nunca- en los tribunales penales. La jueza Servini de Cubría todavía tiene abierta la llamada ‘causa de los guardapolvos’, que salió a luz en el primer año de la gestión de Carlos

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Menem. Son casi catorce años en los que ese expediente durmió, se desperezó y volvió al sueño muchas veces; nada le provoca la vida o la muerte definitiva. Otros casos sonados de corrupción llevan casi veinte años abiertos en la Justicia.” Y llegando hasta las últimas consecuencias, el citado columnista de La Nación puso el dedo en la llaga de manera casi impúdica al agregar: “El caso de los sobornos en el Senado (muestra) que los defectos no están en el Código sino en los jueces. El primer juez de esa causa, Carlos Liporace, debió renunciar cuando se comprobó que no podía explicar la compra de una costosa casa particular. El segundo juez, Gabriel Cavallo, estaba más preocupado por ascender a camarista con el favor de los funcionarios y senadores investigados (como finalmente ocurrió) que en indagar en la denuncia. El tercer juez, Rodolfo Canicoba Corral, prefirió conformar a los nuevos vientos kirchneristas de la política argentina y se apresuró a dictar procesamientos sin molestarse en investigar. La Cámara de alzada lo reprendió luego.”7 El nacimiento de las “instituciones subterráneas” del proletariado Como es evidente, cuando a lo largo de décadas los ciclos de vaciamiento propios de la macro-corrupción se complementan con hechos de mega-corrupción como los apuntados, el dramático empobrecimiento del colectivo social es la contracara inevitable del flujo de fondos hacia el exterior de la burguesía, que es a su vez posibilitado por un crédito internacional que es expande y extingue en cada uno de los ciclos sucesivos. Las instituciones formales del Estado se degradan a la vez que emergen ejércitos proletarios que violan la ley para sobrevivir. Más allá de lo que establezca la legislación, se modifican las reglas del juego. En los márgenes de la sociedad, el mercado de militantes se transforma con el crecimiento de la desocupación. Traspasado cierto umbral, la demanda de servicios de protesta, que normalmente dio vida a los sindicatos, se caracteriza ya no por las demandas de obreros y empleados sino principalmente por las tumultuosas exigencias de desocupados sin nada que perder, dispuestos a violar las leyes frente a una cultura ciudadana que (como consecuencia de los excesos de la dictadura militar de 1976-83) ya no tolera la represión violenta. Estos procesos, propios de la evolución de un Estado parasitario, son muy anteriores a los primeros cortes de ruta reconocidos como origen del movimiento piquetero argentino, de mediados de la década del ’90. Como se verá en el Capítulo 2, el cambio en las normas que rigen en la práctica para la gente común se retrotrae por lo menos a los asentamientos ilegales con usurpación de tierras públicas y privadas, producidos a mediados de la década del ’80 durante el gobierno de Alfonsín. Mediante la violencia y la extorsión, y aprovechando siempre la competencia insana entre partidos y caudillos políticos, las organizaciones así nacidas arrancaron del Estado el derecho de distribuir planes sociales. Con los años se convirtieron en organizaciones piqueteras poderosas, como la Federación Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), capitaneada por Luis D’Elía, un caudillo que comenzó a los tiros en la Cooperativa El Tambo de La Matanza, en 1985, y que hacia 2004 ya podía escudarse en sus fueros legislativos para destruir una comisaría sin ir preso. En una etapa 14

intermedia, y como consecuencia de su rivalidad con el aparato del partido peronista, el gobierno de Fernando De la Rúa había alentado a las organizaciones piqueteras a instituirse legalmente como ONGs. Es así como se instituyen la extorsión y la prebenda de los estratos marginales del Estado parasitario, mediante procesos similares a los que describe Peter Lupsha para el crimen organizado devenido en cultura popular que afecta a amplias regiones de América latina y que no deja de tener su analogía con la Cosa Nostra siciliana. En la Argentina, son el resultado inevitable de la macro-corrupción y sus ciclos de vaciamiento. Quienes caen en estas prácticas son más víctimas que victimarios, ejerciendo un derecho natural a la revuelta que ha sido reconocido tanto por John Locke como por Santo Tomás de Aquino. Pero ya a estas alturas todo supura miseria, fealdad, corrupción e incipiente violencia en una sociedad que no tiene sino lo que sus clases dirigentes supieron conseguir. “Yo, argentino”: la cultura de la corrupción El caso argentino es en muchos sentidos único en el mundo, aunque más no sea porque (como decimos en el Capítulo 1) se trata de un país del tamaño de la India, con 28 veces menos población pero el doble de su deuda y acreencias privadas en el exterior que superan a la misma. Es válida la percepción que se tiene desde el resto del mundo, donde siempre nos presentan, en el cine y en la prensa, como el paraíso del crápula adonde se refugian sistemáticamente los delincuentes y genocidas. Aunque no lo podamos demostrar penalmente, la clase dirigente argentina es hipercorrupta, y en la ecuación de la decadencia argentina la corrupción ocupa el lugar de variable independiente. Intentaremos demostrarlo en el próximo Capítulo. La historia de cómo se gestó la cultura de semejante país es difícil de desentrañar. No lo conseguiremos aquí. Pero a poco que reflexionemos sobre ella se disipa la sorpresa. Mi experiencia personal me ha brindado numerosas oportunidades de verificar la diferencia entre nuestra actitud típica frente a toda la problemática de la ética, y la que he encontrado en (por ejemplo) países anglosajones. Para comenzar, la reflexión sobre lo que está bien y lo que está mal es cotidiana en Oxford y en Yale, universidades en las que estudié, pero no lo es en las universidades argentinas adonde también estudié y enseñé. Recuerdo, por ejemplo, que mi ayudante docente en la Universidad Torcuato Di Tella me advirtió hace un par de años que no debía ir al baño durante los exámenes parciales porque nuestros alumnos de dieciocho años son casi todos corruptos desde la cuna. Si ella dice “chicos, sean serios, salgo por cinco minutos”, estos dignos hijos nuestros inmediatamente ponen un “campana” que alerta sobre su regreso, mientras los demás se lanzan a una orgía de consultas, copiándose mutuamente y abriendo libros y apuntes para responder a las preguntas con ventaja. Demás está decir que si algún valiente osara denunciar la hazaña, quedaría estigmatizado hasta el fin de su carrera universitaria como cobarde canalla delator. Al revés de lo que ocurriría en los Estados Unidos, donde una minoría responsable casi siempre denuncia a los tramposos, conscientes de que éstos privan a los más estudiosos de su justo premio en la competencia por notas, nuestros jóvenes poseen mentalidades mafiosas cuyo equivalente sólo se encuentra en colegios de gueto en el país del Norte. No se puede confiar en los chicos, que son tan corruptos como sus mayores.

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Lo mismo ocurre con el cadete novicio contratado por cualquier pequeña empresa o estudio. La primera vez que el chico sale a comprar suministros de oficina a la papelería del barrio el dueño del negocio le ofrece los mejores precios de plaza más una comisión del 5 o 10% si compra siempre en ese lugar. Cuando con el correr del tiempo el mocoso llega a jefe de compras de alguna organización, ya aprendió bien su lección y espera su 10% sin conciencia culposa. Y cuando llega a ministro de la Nación la palabra corrupción le parece la grosería impúdica de peligrosos insurgentes. Estos vicios, enquistados en nuestra cultura popular, están presentes también en nuestro lenguaje coloquial. Escribiendo un ensayo para una revista británica, hace poco confeccioné una breve e incompleta lista de los vocablos y expresiones más comunes en nuestra jerga local que delatan una cultura popular mafiosa o amoral. El primer coloquialismo que asomó a mi mente fue la celebérrima expresión “yo, argentino”, que es el reconocimiento jocoso de que este pueblo no se juega por principios, por lo menos si están en juego intereses más tangibles. Grande fue mi desilusión cuando un amigo historiador me contó que recientemente una profesora de La Sorbonne dio en la Universidad de Cambridge una conferencia sobre las connotaciones e implicancias de esta expresión popular. Mi señalamiento distaba de ser original. Según parece esta frase fue acuñada por inmigrantes anarquistas para no ser detenidos por la policía, pero en algún momento de su historia adquirió su contenido cínico actual, quizá cuando se usó en alusión a la indiferencia con que las clases populares veían pasar la tropa del ejército que desalojó a Yrigoyen en 1930. Nuestra amoralidad colectiva viene de lejos. Y que no lo dude nadie: lo nuestro trasciende lo lugareño y es objeto de reflexiones antropológicas en los grandes centros universitarios occidentales. Somos importantes, como siempre supusimos. En ninguna parte del mundo hay nada parecido a esta expresión coloquial que candorosamente confiesa que el “ser nacional” es miserable. Junto con la amoral glorificación de la “viveza criolla”, que nos viene desde el Viejo Vizcacha, la expresión “yo, argentino” ocupa un lugar sobresaliente en la historia universal de la infamia. Mi improvisada lista de vocablos y expresiones abarcó nobles conceptos como “palanca”, “rosca”, “tanga”, “tranza”, “trenza”, “trucho” y “zafar”. En el ensayo hice comentarios sobre la complicidad y complacencia con que incluso los adolescentes utilizan estos términos. En mi obra de teatro imaginaria el típico estudiante con “acomodo” lanza un alarde de cafetín frente a sus pares: “zafé del examen (guiño pícaro que glorifica el menor esfuerzo) gracias a una rosca entre el estudio de mi padre (mirada orgullosa que entroniza el abuso de poder) y un profesor trucho (sonrisa complaciente) que tiene una tanga con el partido” (cara de zorro viejo). Después de este primer intento, sin embargo, quedé insatisfecho frente al carácter fragmentario de mi lista y acudí al extenso lexicón de argot porteño del sitio de Internet “Todo Tango”, para identificar los vocablos de nuestra habla popular que denotan más claramente nuestra trastocada escala de valores. Este método resultó más fértil que el de acudir a una memoria flaca. En estas líneas me limitaré al ABC de esta mini investigación,

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es decir, a algunos vocablos que elegí que comienzan con una de las primeras tres letras del alfabeto. Primero recordemos las memorables expresiones “a dedo” y “a poncho”, muy usadas por nuestras juventudes quizá desde tiempos de Martín Fierro. Luego pasemos revista a la larga lista de sinónimos complacientes de “robo”, “robar” y “ladrón” que la cultura popular acuñó, todos comenzados con “a”: achacador, achacar, achaco, afanador, afanamiento, afanancio, afanar, afane y afano. En seguida rememoremos “apretar” y “apriete” como sinónimos valorativamente neutros de amenazar e intimidación. A continuación veamos las sutiles y traviesas variaciones en torno de la viveza criolla que comienzan con “a”: avivada (artimaña), avivado (ventajero), avivar (despabilar), avivarse (pasarse de listo) y avivato (descarado). Y no olvidemos al legendario “arbolito” cuyo verde color desnuda la verdad de nuestra irreversible dolarización mental. La letra “b” es similarmente rica, en parte porque nos muestra una vez más lo antigua que es la inversión de valores de nuestra cultura popular. En el viejo lunfardo, ya en desuso, “bacán limpio” era el que tenía consideración de los ladrones, mientras que “bacán sucio” era quien los odiaba. Esto puede sonar exótico para nuestros oídos del presente, pero no es más sorprendente que la inversión del significado de tres vocablos de uso actual, también comenzados en “b”: “bárbaro”, “bestial” y “brutal”, que en el habla cotidiana pueden significar “admirable, excelente, magnífico, maravilloso”. Mientras tanto, “batir” significa “denunciar” pero lleva una carga negativa. Y en el argot de los punteros políticos de barrio porteños, un “banquero” (todo un “señor”) es un capitalista de juego clandestino. No puede sorprendernos. Somos todos unos “bananas” y también unas “buenas mandarinas”. La letra “c” también nos brinda satisfacciones. Allí milita una expresión tan nuestra como “caballo del comisario”, pronunciada la más de las veces con benevolencia y comprensión para referirnos a una persona con “cuña”, a favor de quien se realiza cualquier arbitrariedad. Por otra parte, aunque desprestigiada por tanto cacerolazo, aún es ligera la connotación de “coima”, y todavía con más liviandad hablamos de un “cometero” y su “cometa”. Considérese que el delito del coimero está atenuado porque coimear a un coimeado suena menos grave que la figura penal del soborno. Y además, si tienen “cintura política” ambas partes del cohecho serán socialmente premiadas. Por su parte, la cárcel tiene su equivalente risueño en “cafúa”, y la bomba de un terrorista es un “caño” que poco se censura. Tal como el buen vestir exige, un hombre armado está “calzado”, y una ganzúa silenciosa es una “callada” que por su discreción es virtuosa. Mucho más cínico y siniestro, “chupar” es el polisémico eufemismo con que se referían al secuestro quienes durante nuestro último régimen militar ostentaban calcamonías proclamando que somos derechos y humanos. Como bien saben nuestros chicos, los ayudantes del ladrón (y del copión) son “campanas”, “campanasas” y “campaneadores” que practicando el oficio de “campanear”, ejercitan el “campaneo” y dan “campanazos” para avisar desde un “campaneadero” sobre los “campaneados” que acechan. A la vez, un “canchero” es un petulante o avivado que ejercita el arte de “cancherear” mandándose “canchereadas”. Y un “catedrático” no es un pobre

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profesor universitario sino quien pronostica resultados de carreras: un “cancherazo” admirable. No sé si me entiende. El cambalache de Discépolo, discernible en 1942, finalmente nos destruyó. Ahora sólo falta que toda una clase política aúlle “yo me borro” en estampida.

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Capítulo 1 – Ciclos de vaciamiento y clase política delictiva: hacia una teoría sistémica del ‘Estado parasitario’ A la memoria de María Marta García Belsunce, víctima múltiple del parásito por la impunidad de asesinos y encubridores. A la memoria de Cristina Navajas y Carlos A. Sacheri, víctimas un cuarto de siglo antes, ella de izquierda y él de derecha. Los tres, queridos recuerdos de tiempos de Sociología de la UCA, 1968-1977.

*** Viejos Vicios Ahora debemos elevarnos desde la burbujeante descripción de la cultura de la corrupción, hacia la construcción de nuestra teoría, cuya médula es la existencia de una clase política delictiva. Porque esta es la variable independiente de nuestro modelo, y no simplemente un factor interviniente, deberemos trabajar arduamente para aislarla, demostrando que se trata de un factor que opera en forma crónica más allá de las anécdotas de este o aquel caso de corrupción, e independientemente de las pruebas judiciables que puedan aportarse y acumularse para diversos casos concretos. Como nuestro intento de desarrollo teórico se basa en el caso argentino, debemos comenzar explorando su historia. Crisis financieras severas, con frecuencia (aunque no siempre) más el producto de la mala administración y corrupción que de factores externos, pueden encontrarse desde nuestros comienzos como Estado organizado. El ejemplo más notorio es la debacle de 1890, cuando una gigantesca burbuja de especulación estalló en la cara de acreedores extranjeros, amenazando incluso la estabilidad del Banco de Inglaterra. Sus paralelos con lo acontecido a partir de diciembre de 2001 son llamativos y quizá estén delatando una propensión al síndrome del Estado parasitario desde muy temprano en la historia del país. En aquel entonces el presidente Julio A. Roca (1880-1886) había intentado crear una moneda fuerte con respaldo en oro, de una manera análoga a la política de Menem que ató el peso al dólar. Intereses rurales que querían acceso fácil al crédito lo boicotearon, y el sucesor de Roca, Miguel Juárez Celman (1886-1990), claudicó rápidamente. Las finanzas de la Provincia de Buenos Aires estaban en un estado tan desesperado como en la crisis de 2001. Huelgas estallaron por doquier. El ministro de Finanzas, José E. Uriburu, intentó conciliar los intereses argentinos con los de los banqueros europeos. Esto hubiera significado el fin del crédito fácil y la emisión irresponsable de moneda, pero Juárez Celman no lo podía aceptar debido a sus compromisos políticos, y Uriburu renunció. El presidente parecía inclinado a repudiar la deuda, tal como lo hiciera Adolfo Rodríguez Saá a fines de 2001. En 1890 esto significaba que el contrato implícito entre las clases

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inversoras de Europa y la clase rural que dominaba en la Argentina estaba a punto de ser quebrado, un desenlace que hubiera sido catastrófico para el desarrollo futuro del país.8 Por fortuna, el sucesor en la Presidencia, Carlos Pellegrini, negoció con seriedad y pudo reencauzar a éste por el camino del desarrollo, alejándolo durante medio siglo del perfil del parásito. Pero las analogías son muy profundas. Ambos Juárez Celman en 1890 y De la Rúa en 2001 renunciaron después de adjudicar créditos blandos a sus clientes políticos, contribuyendo también así a la bancarrota nacional. En el caso de Fernando De la Rúa esto significó obligar a los bancos oficiales y a la banca privada más necesitada del favor del gobierno, a otorgar créditos incobrables de por lo menos 18.000 millones de dólares a los Estados nacional y provinciales.9 Durante la gestión de Juárez Celman no sólo había créditos blandos sino también apoyo estatal para la construcción de ferrocarriles que conducían a ciudades insignificantes y tierras improductivas, cuyo único objeto era valorizar tierras de amigos políticos. El caso es comparable a los cientos de millones de dólares otorgados en 2001 por el gobierno de De la Rúa al entonces agonizante Banco de Galicia, la última casa privada grande de capital argentino. Un elemento curioso que agravó la crisis de 1890 fue la cuestión de las cédulas hipotecarias, que fueron el principal instrumento financiero para la expansión agropecuaria durante la década de 1880. Se trataba de documentos emitidos por el gobierno argentino a cambio de hipotecas sobre tierras. La trampa consistía en que podían cancelarse con papel dinero depreciado, y aunque las empresas europeas de envergadura tuvieron la astucia de no invertir en cédulas, numerosos particulares extranjeros perdieron sus dineros para beneficio de los terratenientes argentinos, al mejor estilo del Estado parásito actual. Como lo recuerda H.S. Ferns, estas deudas se pagaron con una moneda blanda cuya administración estaba bajo el control de la misma clase social de asiento rural que debía el dinero.10 Una multitud de pensionados británicos fue así privada de dineros duramente habidos, que frecuentemente fueron usados para la construcción de cascos de estancia palaciegos y costosos piet-à-terres parisinos de hacendados argentinos. El caso resuena al rumboso turismo mundial al que se lanzaron masivamente nuestras clases medias durante el gobierno de Menem, cuando millones llenamos balnearios, centros de compras y museos desde Río hasta Nueva York y desde España hasta Tailandia. Y tanto en la década de 1880 como en la de 1990 las provincias emitieron gigantescas deudas propias, convirtiendo al control de los gastos provinciales en uno de los principales desafíos posteriores a sendas crisis. La importante diferencia estriba en que a fines del siglo XIX el margen de gobernanza del país permitía desandar caminos perniciosos, mientras que después de más de medio siglo de decadencia, a principios del siglo XXI el perfil del Estado parasitario parece consolidado: para eliminar catorce cuasi-monedas provinciales11 se engendraron cientos de miles de Planes Trabajar y se armaron ejércitos de piqueteros.12 Constatadas estas recurrencias históricas que se agudizan en un crescendo, desde el punto de vista de la construcción de teoría política la cuestión medular parece ser: ¿lo que ocurrió en Argentina es simplemente un recorrido histórico singular, o es posible identificar 20

variables sistémicamente vinculadas entre sí que predisponen al comportamiento parasitario de diversas instituciones y clases sociales? ¿Estamos realmente frente a un tipo hasta ahora no identificado de Estado? El modelo o tipo ideal de Estado parasitario13 Aunque en nuestra Introducción esbozamos un concepto de Estado parásito, al que definimos provisoriamente como: -

un país improductivo que se empobrece mientras gasta más de lo que tiene, que vive a costas del resto del mundo a la vez que su burguesía posee activos en el exterior superior a la deuda del Estado, que condena a sus mayorías a la miseria más abyecta, y que padece de crisis de gobernabilidad que lo emparientan con los Estados fallidos,

para responder a la pregunta de arriba debemos avanzar en nuestro esfuerzo analítico e inductivo. Proponemos un ejercicio teórico a través de la construcción de un modelo. Este es perfectible, y aunque intentaremos someterlo a alguna variable de control, las sugerencias de lectores pueden ayudar mucho a pulirlo. Supongamos un país, sin nombre ni apellido, con el siguiente conjunto de parámetros, que pueden considerarse definitorios de nuestro tipo-ideal weberiano: 1. Su territorio, gran parte del cual es rico en recursos naturales, es casi del tamaño de la India; 2. Su población es 28 veces menor; 3. Hacia el año 1910 fue uno de los más ricos del mundo, polo de atracción para millones de emigrantes pobres del Sur, Este y la periferia del Norte de Europa; 4. Su deuda actual más que duplica la hindú; 5. Su burguesía posee activos en el exterior que son por lo menos equivalentes a la deuda del Estado, de manera que si se incluye este parámetro resulta un país acreedor; 6. No obstante, más de la mitad de su población vive por debajo de la línea de pobreza, y 7. La miseria y el desempleo han aumentado dramáticamente en años recientes, a pesar de que la teoría económica supone que el enorme flujo de capitales del exterior, también reciente, habría de producir un efecto derrame, generando empleo y quizá mayor riqueza para las mayorías. Este país hipotético es diferente de otros en los que las políticas neoliberales auspiciadas por el FMI parecen haber fracasado, debido a que es el único que en el pasado fue muy rico (de modo que puede descartarse un path dependence negativo de origen remoto), y porque sigue siendo uno de los pocos países subpoblados de gran tamaño en un mundo hacinado por masas desnutridas. Teóricamente, está mejor dotado para el desarrollo económico que Rusia, Brasil y México. El endeudamiento a veces es necesario para el crecimiento, pero 21

este es un país que no se endeudó para crecer sino para empobrecerse. Y mientras se empobrecía, su burguesía depositaba en el exterior fondos equivalentes o superiores a la deuda de su Estado. Según surge de los parámetros descriptos, su problema proviene de un círculo vicioso, de algún juego de suma-cero difícil de explicar, que se engendró en alguna circunstancia no identificada de su historia. Más allá del sufrimiento de su propia gente, cuya miseria es innecesaria, dicho país vive del resto del mundo en vez de proveer su propio sustento. Es por eso que le llamamos Estado parásito. Ahora, supongamos que en nuestra tierra sin nombre también se cumple una condición adicional, que es el factor central de nuestro modelo explicativo. Supongamos que: Hipótesis Explicativa - La clase política de este país no tiene como objetivo estratégico conseguir su desarrollo, ni aumentar el poder de su Estado, sino enriquecerse por cualquier medio lícito o ilícito, y lo más rápido posible. Sostenemos que sólo la emergencia de un fenómeno de este tipo puede explicar los siete parámetros descriptivos apuntados. A ellos les conocemos empíricamente, pero sólo les podemos explicar si agregamos este factor hipotético. Si suponemos que esta conjetura se cumple, podemos comprender porqué existe en el mundo actual un país que se caracteriza por los factores enumerados, que sí lleva nombre y apellido, y que obviamente es la República Argentina. Nuestra metodología (o el dato serendipity) En otras palabras, para que el caso argentino “cierre” es necesario acudir a este tipo de postulado. Nos parece casi una cuestión aritmética. La anomalía argentina es en sí misma el dato serendipity que Robert King Merton ansiaba, que invalida teorías y contribuye a engendrar otras nuevas. Por lo demás, al proponer nuestra hipótesis no estamos acusando a nadie en particular, ni tampoco sugiriendo que todos los miembros de la clase política sean corruptos. Sólo sostenemos que la única explicación parsimoniosa para los paradójicos macro-parámetros argentinos consiste en suponer que el colectivo que llamamos “clase política” se comporta como si tuviera un objetivo estratégico delictivo, más allá de sus miembros individuales, sobre quienes no especulamos. Ciertamente, nuestro método es simple aunque quizá menos común en las ciencias sociales que en la física y la astronomía: conocemos un conjunto de parámetros medidos empíricamente y nos preguntamos qué los puede explicar. La hipótesis más parsimoniosa, la que de manera más directa y sencilla explica las aparentes anomalías de nuestro conjunto de parámetros, es la que presentamos arriba. Este método* es análogo al empleado por los astrónomos en el descubrimiento de Neptuno, realizado a través de la constatación de que determinadas irregularidades en la órbita de *

Los astrofísicos también usan las generalizaciones derivadas del estudio de las unidades de materia más pequeñas, las leyes de la física, y asumen que éstas son válidas para el sistema como un todo. A veces deben argüir a posteriori. Si el todo del sistema se encuentra en el estado x en un momento dado, se supone que en

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Urano sólo pueden explicarse si se supone que está sujeto a la influencia gravitacional de otro cuerpo en órbita.* La estructura del razonamiento es idéntica a la que aplicamos frente al “Estado parasitario”: para que sea explicable el hecho de que el sistema esté hoy en el estado x (definido por nuestros siete parámetros descriptivos, medidos empíricamente) debemos suponer que está interviniendo nuestro factor explicativo α (que no intentamos comprobar en forma directa). El caso de un planeta por descubrir es perfectamente análogo al de la hipótesis sobre la macro-delincuencia de una clase política. Estas son conjeturas que se falsean o no, popperianamente. Si las observaciones indican que la fuente de las perturbaciones en la órbita es otra, la hipótesis del planeta desconocido se elimina. Si la evidencia empírica nos muestra que ciertas conductas de la clase política son incompatibles con su hipotética corrupción en gran escala, el factor α queda descartado. Como es obvio, una metodología alternativa y complementaria de la propuesta hubiera sido preguntarse adónde fue el dinero que ingresó al país a través de privatizaciones y colocaciones de bonos. La descartamos para el trabajo actual debido a la dificultad de rastrear esos recursos por infinitos laberintos contables. Pero una cosa está clara: de una manera u otra, y con o sin “corrupción”, ese dinero que ingresó desde el exterior fue consumido improductivamente, lo que nos remite otra vez al concepto de Estado parásito. Por lo tanto, parece más prometedor explorar primero la hipótesis de la vigencia de un factor α, dejando para un incierto mañana las investigaciones contables (y penales). Nuestro propósito actual es estrictamente científico. La clase política delictiva A fin de indagar sobre la posibilidad de que en Argentina se haya engendrado una clase política delictiva, tomemos por caso la variable estatización/privatización de empresas productoras de bienes y servicios. Sobre este tema Joseph E. Stiglitz ha aportado algunas reflexiones de sentido común, avaladas por su información como testigo privilegiado de un momento anterior estuvo en un estado y. Esta es la manera de superar el predicamento de quienes necesitamos formular leyes científicas acerca de lo único, es decir sobre algo que no se presta a las habituales afirmaciones de causalidad de otras ciencias, inducidas a partir de una serie de fenómenos comparables. Es el caso del big bang, que es análogo al método que desde las ciencias sociales e historiográficas ensayó Immanuel Wallerstein con el “sistema-mundial”. Nuestra metodología se inspira en la suya. Véase Immanuel Wallerstein, The Modern World-System, volúmenes I a III, Nueva York: Academic Press, 1976, 1980 y 1988. Nuestra corrección de la teoría de Wallerstein puede consultarse en Carlos Escudé, “La globalización y el sistema-mundial neomoderno frente a las armas de destrucción masiva y la seguridad humana: hacia un materialismo histórico de derechas”, noviembre de 2004, Serie de Documentos de Trabajo, Universidad del CEMA, Buenos Aires. * Se trata de una metodología que responde al “segundo esquema” propuesto por el epistemólogo Hilary Putnam, en las correcciones que aportó al revolucionario paradigma gnoseológico de Karl Popper. En el primer “esquema”, una teoría más algunas afirmaciones auxiliares producen predicciones falsables, al estilo popperiano. En el segundo esquema, que es el que nos atañe, las observaciones registran anormalidades que se explican sin falsar la teoría, pero agregando a las afirmaciones auxiliares un supuesto adicional, como la existencia de Neptuno, que luego es verificado. En el tercer esquema las observaciones son totalmente inconsistentes con la teoría, de manera que ésta debe reemplazarse por otra. El ejemplo provisto por Putnam es el reemplazo de la mecánica clásica de Newton por la teoría del campo unificado de Einstein. Véase Hilary Putnam, The Many Faces of Realism, Peru, Illinois: Open Court Publishing Company, 1987.

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importantes procesos de privatización. En su libro Globalization and its Discontents discurre: “Quizá la preocupación más seria en torno a la privatización, tal como ha sido frecuentemente practicada, es la corrupción. La retórica del fundamentalismo de mercado afirma que la privatización reducirá lo que los economistas llaman ‘actividad de busca de renta’ (rent-seeking activity) por parte de funcionarios gubernamentales que embolsan la crema de las empresas estatales u otorgan contratos y trabajos a sus amigos. Pero al contrario de lo que se suponía que debía lograr, la privatización ha empeorado tanto la situación que en muchos países es llamada en broma ‘sobornación’. Si un gobierno es corrupto, hay escasa evidencia de que la privatización vaya a resolver el problema. Después de todo, es el mismo gobierno corrupto que antes manejaba la empresa el que administrará la privatización. En país tras país, los funcionarios del Estado comprendieron que la privatización significaba que ya no necesitarían limitarse a ordeñar la vaca una vez por año. Vendiendo empresas estatales a precios por debajo de su valor de mercado, podrían quedarse con un pedazo significativo del valor de los activos en lugar de dejárselos a funcionarios por venir. Por cierto, podrían robar hoy lo que hubiera sido apropiado por políticos del futuro. No sorprende que el tramposo proceso de privatización fuera diseñado para maximizar el monto del que se adueñarían ministros del gobierno, en vez de concebirse para canalizar al Estado la máxima cifra posible”.14 Ahora bien, según Stiglitz, que vio varios procesos por dentro, estas son las generales de la ley. Pero entre los países que privatizaron durante la década del ’90 ajustándose a las pautas neoliberales del FMI, la Argentina es el único para el que se cumplen nuestras siete premisas descriptivas. Es el único que teniendo casi el territorio de la India, tiene tanto como 28 veces menos población a la vez que más del doble de deuda que ese país; un pasado de bienestar excepcional que se contrapone a un presente con crecientes multitudes de desempleados miserables, y una burguesía cuyos activos en el exterior le convierten en acreedor neto.15 La inmensa mayoría de los países con una relación tan favorable entre recursos naturales y población es próspera (con o sin deuda). Exceptuando los más ricos (a los que el dinero extranjero fluye buscando seguridad), la gran mayoría de los Estados endeudados no representan a naciones que resulten acreedoras netas cuando se computan cuentas de particulares. A diferencia de muchos otros países, para fundir a la Argentina se necesita un gran esfuerzo, ya sea de ineficiencia o malversación. Ese esfuerzo fue exitoso. Por lo tanto, lo que el citado Premio Nóbel enuncia en términos generales sin levantar el dedo acusador hacia ningún país en particular excepto Rusia, difícilmente pueda no ser cierto acerca del caso argentino. Debemos suponer que lo que según Stiglitz ocurrió en la mayoría de los países que privatizaron fue lo que en efecto aconteció aquí. Llamaremos a este razonamiento, que está en consonancia con nuestra Hipótesis Explicativa, la Conjetura Stiglitz-Tibiletti (de aquí en más, Conjetura S-T o factor α).* Una premisa opuesta, de *

Agradezco a Luis Tibiletti, un experto justicialista en defensa, que en el contexto de un intercambio de ideas sobre este tema realizado informalmente en un aeropuerto, me dijo que la clase política argentina no posee una estrategia nacional sino que su objetivo es la perpetración de un delito. En ese momento comprendí que para que sus parámetros fueran explicables, mi modelo del Estado parasitario requería de una clase política

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ausencia de corrupción de colosal magnitud, simplemente sería incompatible con los macro-parámetros que registramos para el país del tango, que verdaderamente delatan un “milagro del subdesarrollo argentino”. Las etapas de desarrollo del Estado parasitario argentino Para profundizar en el significado de esta hipótesis, dividiremos en tres períodos a la historia reciente del país: 1. Una etapa estatista que nació en la década de 1930 y que comenzó con una ola de creación de empresas públicas, posteriormente complementada en la década de1940 por la nacionalización de empresas privadas de propiedad extranjera. 2. Una etapa neoliberal mucho más breve, que abarcó la década de 1990 y que se caracterizó por el rechazo al estatismo, y 3. Una etapa post-neoliberal, comenzada cuando en las postrimerías del gobierno de Fernando De la Rúa sobrevino la crisis del modelo de Estado menemista. Si nos guiamos por la Conjetura S-T, debemos suponer que estas etapas tuvieron las siguientes características: 1. La etapa estatista vino apuntalada por una ideología transnacional que se arraigó profundamente en la Argentina. Hubo mucha gente culta que adhirió a ella con pasión patriótica, creyendo que era una estrategia para aumentar el poder del Estado e incluso el bienestar general.16 No obstante, con el tiempo se fueron consolidando las funciones de “generación de rentas” para políticos que (en el párrafo citado) Stiglitz atribuye al capitalismo de Estado en general. Aunque por momentos estas empresas hayan podido servir a legítimos intereses nacionales, a medida que el síndrome del Estado parasitario avanzaba sus funciones se trastocaron.17 Más allá de los simpáticos eufemismos de los economistas, a partir de mediados de la década de 1940 parecen haber estado orientadas a generar: a) sobornos para funcionarios públicos; b) contratos para empresas privadas prebendarias, y c) empleo artificial, capitalizable electoralmente. 2. La etapa neoliberal también vino apuntalada por una ideología transnacional que caló hondo en la Argentina, en muchos casos con la mejor de las inspiraciones. Ella delictiva. Bauticé “Stiglitz-Tibiletti” a mi conjetura, y no simplemente Stiglitz, porque el propio Stiglitz no cree que la corrupción sea la variable independiente principal en el derrumbe argentino. En mayo de 2002, Stiglitz explicó en una columna en el Washington Post que el desastre nacional argentino se debió a la aplicación de las recetas del FMI. “‘¿Si el desborde del gasto público o la corrupción no fue el problema, cuál fue?’, se preguntaba Stiglitz. Sus palabras deben haber parecido música a quienes no quieren terminar con el manejo turbio de los planes sociales, las partidas escondidas fuera del presupuesto y los jubilados de 110 años que siguen cobrando. Para Stiglitz, la culpa fue de la convertibilidad y de la exigencia del Fondo de un corte de gastos en medio de la recesión.” Jorge Oviedo, “O Neill, Stiglitz y la corrupción”, La Nación, 3 de agosto de 2002.

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se caracterizó por las privatizaciones que Stiglitz problematiza, que en teoría eran una excelente idea, porque la intención de eliminar las perversas funciones mencionadas no podría ser cuestionada siquiera por un estatista (si es honesto). Pero henos aquí que, como dice Stiglitz, la privatización no puede ser más honrada que la clase política que la protagoniza. Guiándonos por la Conjetura S-T, en este caso habría ocurrido lo que en casi todas partes: los funcionarios arreglaron ventas de empresas por debajo del precio de mercado, cobrándose un soborno equivalente al de varias cohortes de funcionarios bajo el antiguo régimen, y dejando sin fuente de sobornos, clientelismo y demagogia electoral a los funcionarios y políticos del futuro. 3. La etapa post-neoliberal sobrevino cuando ya sea por circunstancias incontrolables vinculadas a la coyuntura económica mundial, o como consecuencia de una mala política monetaria que condujo a un endeudamiento sin precedentes, en diciembre de 2001 se produjo un colapso catastrófico, medido en términos financieros, políticos y sociales. A partir de entonces, y en consonancia con el hipotético factor α, debemos suponer que la misma clase política gradualmente comenzó a comprender que por culpa de la política “revolucionaria” desarrollada durante la década de 1990, el emperador estaba desnudo porque había quedado privado de sus instrumentos de renta, negociación y poder. El capitalismo de Estado, fuente de ingresos ilícitos para los funcionarios durante décadas, había sido desmantelado, y el sobreendeudamiento incluso les privaba del crédito necesario para negocios de todo tipo. Lentamente, ya durante el gobierno de Néstor Kirchner, comenzó a gestarse el consenso para recrear empresas públicas: una nueva aerolínea, una nueva petrolera, un correo estatizado, etc. En el contexto de la cesación de pagos y las confrontaciones que ésta acarreaba, la alternativa de una confiscación lisa y llana de empresas privatizadas habrá parecido demasiado conflictiva para los funcionarios de turno. En cambio, la reinvención del capitalismo de Estado desde cero se les habrá presentado como el mejor método para lentamente restablecer sus rentas, autonomía y poder como clase gobernante. Si la Conjetura S-T posee validez explicativa, tan pronto como se percató de su nueva situación, nuestra clase política delictiva habrá tildado de imperdonable a la política menemista. Lo era, porque apropió para una sola cohorte de funcionarios la renta correspondiente a generaciones enteras en el antiguo régimen estatista. Como tal, fue culpable de la máxima traición. Robó a sus pares sus rentas futuras. Sin duda que mucha gente honestamente inoculada con ideología nacionalista habrá pensado que vender las “joyas de la abuela” era traición a la Patria, pero para la mayor parte de la clase política las privatizaciones fueron aceptables hasta que, después de la debacle, comprendieron la trampa en que habían caído. Entonces, si el factor α tiene vigencia, debió conformarse una alianza entre los sectores que siempre se habían opuesto a las políticas de Menem, y esa clase política pragmática que había sido privada de su derecho al soborno y a la manipulación de instrumentos clientelistas y populistas. Así, muchos caudillos, legisladores y sindicalistas que apoyaron las leyes de privatización se habrán pasado al bando que se rasgaba de vestiduras y comenzaba a pergeñar una nueva 26

era de estatismo. La coalición antimenemista sería fácilmente engrosada por las huestes de ahorristas estafados por el congelamiento de cuentas bancarias (que fuera un corolario del colapso de la política monetaria de la década del ‘90); por las multitudes de desempleados y de nuevos pobres, y por los contingentes de ciudadanos que inevitablemente se pliegan a las modas sin siquiera sospecharse oportunistas. Por cierto, si la conjetura es válida deberíamos esperar que toda la década y sus artífices quedaran estigmatizados y relegados al plano de una infamia casi sin paralelos. La coalición antimenemista Curiosamente, esto parece ser lo que ocurrió, verificando la vigencia de nuestro factor α. Un testimonio interesante de la condena generalizada sufrida por el menemismo (de la que participan muchos de sus antiguos cómplices justicialistas) es el de Marcos Novaro, autor de un penetrante ensayo sobre el tema. Éste propone “preguntarnos por las razones de la lapidaria y completa condena que ha caído sobre esa década”, y afirma que ello: “nos lleva a considerar la herencia tal vez más perdurable, multifacética y seguramente no menos problemática que esa experiencia ha dejado tras de sí: el antimenemismo. Suele decirse que nos terminamos pareciendo a los enemigos que enfrentamos. Dado que resulta tan difícil encontrar rastros del menemismo para reflexionar sobre sus legados imaginarios, intentaremos hallarlos en sus adversarios (...).” Novaro, que no es ningún amigo del demonizado régimen, razona entonces: “Lo que sabemos, o creemos saber, acerca de Menem, es que es el nombre de un engaño fenomenal, de un fabuloso fraude. La conclusión catastrófica de la década de los noventa ha sido sin duda un aliciente muy efectivo para considerar que lo que ella gestó fue en esencia esa crisis, y que ésta resume su naturaleza. Y no sólo eso: la crisis habría descorrido el velo que durante años alimentara la ilusión menemista, cuya denuncia habría sido desatendida por los ‘ilusionados’ hasta que se demostró, demasiado tarde para evitar el colapso, su verdad. Más allá de su evidente utilidad práctica, nos inspira muy poca confianza esta forma de ver las cosas, y nos proponemos poner en duda el espíritu de denuncia en que se asienta, sometiéndolo a una crítica que nos permita reflexionar sobre el antimenemismo de ayer y de hoy. (...) En el olvido que deseamos de este modo problematizar se manifiesta, por sobre todo, la enorme plasticidad del propio peronismo: la condena global e inapelable del menemismo y la alusión a un ‘engaño’ permite a una amplia gama de dirigentes, simpatizantes y votantes peronistas evacuar una experiencia de diez años en una sencilla frase autoindulgente. La operación resulta exitosa además porque cuenta con el guiño de una variedad de actores no peronistas, que se hallan en una situación y una necesidad no muy diferentes. (...) Es así como los años de Menem (se han convertido en) un tiempo por el que nadie está dispuesto a interceder.”18

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Estas observaciones empíricas de Novaro coinciden cabalmente con la hipótesis sobre la incidencia de un factor α. La coalición que está dispuesta a condenar al menemismo a una ignominia que no requiere explicaciones es amplísima e incluye vastos sectores que cayeron en el “engaño” y ahora comprenden la “amarga verdad”, esa verdad que los conducirá a recrear empresas estatales a imagen y semejanza de YPF.19 A la vez “tolerarán” un movimiento piquetero financiado por el Estado que se ha convertido en el sustituto del clientelismo antes ejercido a través de las empresas públicas, en el contexto de un país pauperizado. Analogías con el caso ruso Por ahora, las observaciones empíricas provistas por observadores como Novaro no consiguen falsear la Conjetura S-T sino que tienden a corroborarla. Por cierto, los macroparámetros argentinos ni siquiera pueden compararse con los de países del más alto nivel comprobado de corrupción. Tomemos por caso a Rusia, al único efecto de ilustrar la metodología que empleamos. Como sabemos gracias a la información de puertas adentro que aportó Stiglitz, todo el proceso de reformas estructurales en ésta fue colosalmente corrupto. Según él, hacia 1997 la situación rusa era tal que: 1. Tenía abundantes recursos naturales pero su Estado era pobre; 2. El gobierno virtualmente regalaba los valiosos activos estatales pero no podía proveer pensiones a sus ancianos ni dar mínimos subsidios a sus indigentes; 3. El Estado tomaba prestados miles de millones del FMI, adquiriendo una deuda creciente, mientras sus “oligarcas”, que habían recibido grandes beneficios del gobierno, se llevaban miles de millones al extranjero (amparados incluso por la libertad de movimiento de capitales auspiciada por el Fondo, con el argumento de que eso haría al país atractivo para las inversiones extranjeras).20 Resulta interesante comprobar que estos tres rasgos podrían haber formado parte de una descripción de la Argentina en 1999. Está documentado que Rusia llegó a esta situación por vía de la corrupción.21 La Argentina, a su vez, es un país con más recursos naturales por habitante que Rusia, que proviene de un pasado de mayor prosperidad que el que ésta haya gozado jamás, y que en ningún momento enfrentó los monumentales problemas inherentes al tránsito del comunismo al capitalismo. Rusia es en todo sentido un país mucho más grande que Argentina, pero el default argentino fue mayor que el ruso en términos absolutos. A no ser que podamos brindar una hipótesis alternativa, es impensable que ésta pudiera llegar a tal situación sin una corrupción por lo menos comparable a la rusa en términos relativos. Naturalmente que cada contexto tuvo sus mecanismos específicos. Lo ocurrido en la Argentina pudo haber sido más o menos grotesco. Pero si suponemos que la corrupción en ésta fue similar o peor, los parámetros enumerados al principio se tornan explicables. En cambio, si suponemos que no es así, debemos encontrar otra explicación para este milagro de país de la abundancia que fuera convertido en miserable, aunque acreedor neto si contabilizamos los activos en el extranjero de su burguesía. Si no hallamos esa hipótesis 28

alternativa parsimoniosa (y francamente, yo no doy con ella), entonces el caso argentino debió ser peor, no mejor, que el ruso. Por cierto, si queremos conocer la medida relativa de la corrupción argentina, midamos la rusa y tendremos su piso. De allí para arriba todo es posible. Menos de eso, según nuestra hipótesis, no pudo ser. Por lo tanto, cada vez que identifiquemos un caso de corrupción ruso que aprovechó mecanismos financieros análogos a los que empíricamente se registran en Argentina, deberemos suponer en principio, y hasta que se pruebe lo contrario, que algo semejante ocurrió en el país latinoamericano. Las reformas estructurales y el papel del FMI en Rusia Pues bien, ¿cómo fue el proceso de las privatizaciones en Rusia? Tomemos como ilustración el programa de préstamos-por-acciones. En 1995 el gobierno de Boris Yeltsin, necesitado de fondos, recurrió a bancos de amigos locales en lugar de respaldarse en su banco central. Como garantía ofreció acciones de empresas del Estado. Poco después el gobierno cayó en cesación de pagos y las acciones fueron transferidas a esos bancos, quedando las empresas involucradas de hecho privatizadas. Y como los “oligarcas” beneficiados temieron que, dada la escasa legitimidad política de la transacción, un gobierno del futuro les confiscara el botín, diseñaron métodos para rápidamente convertir las acciones embolsadas en dinero que transfirieron al exterior.22 En la Argentina este no fue el mecanismo, como se sabe. Pero la medida relativa del despojo difícilmente haya sido menor. Ejemplificando con otro caso especifico, consideremos la liberación de precios de 1992, que terminó con el sistema de precios administrados del comunismo. La reforma fue incompleta porque mantuvo artificialmente bajos los precios de combustibles. Esta distorsión, implantada con el argumento de que debía protegerse al consumidor y a la empresa nacional, sirvió para desvalijar a Rusia. Los “oligarcas” aprovecharon para comprar cantidades masivas de petróleo barato en su país y venderlo en Occidente a precios internacionales. Así convirtieron la supuesta protección de mayorías desprotegidas en la ganancia privada de una pequeña minoría muy poderosa.23 En la Argentina se presentó una ocasión similar con la devaluación, cuando los hidrocarburos mantuvieron su precio internacional (encareciéndose en pesos devaluados) con excepción del gas natural, que se sostuvo a un precio muy inferior, supuestamente (como en el caso ruso) para no perjudicar a los consumidores locales. La consecuencia de este subsidio fue la crisis energética de 2004. La distorsión en la estructura de precios hizo que gran parte del consumo de hidrocarburos se redireccionara hacia el gas natural, más barato, y cesaran a la vez las inversiones en el sector, artificialmente convertido en mucho menos rentable que la nafta. El consumo de aquel aumentó fuertemente, su producción disminuyó y llegó el momento en que hubo que racionar su uso, incluso para calefacción. Entonces se limitó unilateralmente el suministro a Chile y se desencadenó una crisis en las relaciones bilaterales. En ambos casos, el argentino y el ruso, la distorsión en los precios tuvo consecuencias negativas. En el segundo, el abuso de la asimetría con el mercado internacional sirvió para 29

enriquecer a los “oligarcas” amigos del gobierno. Esto está documentado por Stiglitz. En la Argentina sirvió para subsidiar el consumo de energía con montos multimillonarios, entre 2002 y 2004. La corrupción rioplatense no está documentada. Pero cómo se dijo anteriormente, los parámetros del caso argentino exigen que supongamos que la que se detecta en Rusia es el piso de la nuestra. De lo contrario viviríamos en un cosmos de fantasía donde cinco más cinco son igual a cuatro.* Tomemos un tercer ejemplo ruso. Hacia 1998 el país estaba profundamente endeudado, con tasas de interés astronómicas, cuando la crisis se profundizó por la caída del precio internacional del petróleo. El rublo estaba sobrevaluado, pero el FMI se oponía a una devaluación por temor a que desatara una hiperinflación. Entonces se produjo una fuerte fuga de capitales, elevando la tasa de interés en rublos primero al 60 y luego al 150%, a la vez que las obligaciones en dólares se situaban en una tasa del 50%. Aún así, las reservas siguieron en picada. El Fondo presionó a Rusia para que aumentare su toma de dinero en dólares. Eso significaba pagar un interés menor (aunque diez veces superior al que entonces pagaba el Tesoro norteamericano), pero también correr el riesgo ruinoso de que si se concretaba la devaluación, el costo para el erario público fuera mucho mayor aún. Cuando se produjo el crac, el paquete de ayuda liderado por el FMI fue de 22,6 mil millones, a sabiendas de que gran parte de ese dinero iría a parar a cuentas de particulares en el exterior. El componente de ayuda aportado por el Fondo, unos 11,2 mil millones, debía utilizarse para mantener el rublo. Si el esfuerzo fracasaba el dinero sería desperdiciado, aumentando el endeudamiento sin nada a cambio. Según Stiglitz, en el Banco Mundial se sabía que fracasaría, pero presiones del gobierno de Bill Clinton les obligaron a integrar parte del paquete. El 17 de agosto, tres semanas después de que la ayuda fuera otorgada, el gobierno ruso asombró a casi todos decretando la cesación de pagos y la devaluación del rublo. La sorpresa fue mayúscula porque pocos días antes el gobierno había “permitido” una apreciación de su moneda. Con una gran sonrisa, Víktor Gerashchenko, el presidente del Banco Central de Rusia, le había dicho personalmente a Stiglitz (entonces funcionario del Banco Mundial) que se trataba de “las fuerzas del mercado en acción”. De lo que se trató, en realidad, fue de una maniobra dolosa para darle la oportunidad a “oligarcas” amigos del gobierno, y a los propios bancos de Wall Street y otros centros financieros, de cambiar rublos por dólares a un precio escandalosamente favorable, y transferir el dinero afuera antes de la devaluación y cesación de pagos. Esos mismos bancos habían encabezado algunas de las más fuertes presiones para que se adjudicara el paquete de ayuda. Los costos de estos “errores”, por supuesto, fueron pagados por el empobrecido contribuyente ruso.24

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Se impone el estudio de la evolución de los precios pagados por el gas argentino exportado a Chile. Aunque se trate de transacciones entre empresas privadas, los Estados suelen intervenir en estas negociaciones. La frecuente correlación entre precios bajos y corrupción se ilustra en el hecho de que en el año 2004 la izquierda boliviana acusó a su gobierno de vender gas natural a la Argentina a precio vil, subsidiando indirectamente el consumo chileno. Atribuye la asimetría a la corrupción del Estado de su país.

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¿Suena familiar? La estructura de los acontecimientos es casi idéntica a la de la crisis argentina de 2001. Como lo demostrara Paul Blustein, periodista de investigación del Washington Post, los bancos de inversión ocultaron los informes sobre el inevitable colapso, con la intención de seguir beneficiándose de las comisiones provenientes de la colocación de bonos soberanos argentinos. Ellos apoyaron paquetes de rescate cuando la caída era cosa segura.* Debido a la fungibilidad del dinero, esto significó que el circulante aumentara, ofreciendo a los especuladores la posibilidad de comprar dólares y transferirlos al exterior antes del desastre. Todo lo salvado por estas gentes “prevenidas” sería perdido por los ahorristas y contribuyentes argentinos—y también por los pensionados italianos, japoneses y alemanes cuyos fondos de inversión cayeron en la trampa de comprar nuestros bonos soberanos.25 No obstante, la responsabilidad principal por lo acontecido tanto en Rusia como en la Argentina no fue de los extranjeros que se aprovecharon sino de las clases políticas delictivas que hicieron posible estos negocios. Gracias a estas maniobras nuestro país es en el día de hoy un acreedor neto con una deuda pública gigantesca y cerca de la mitad de su población por debajo de la línea de pobreza—un territorio que produce alimentos para 300 millones de personas pero que no puede alimentar bien a la mitad de sus 40 millones. En suma, un Estado parasitario que condena a sus mayorías a la pobreza no obstante su sobreabundancia de recursos naturales por habitante. Un país que a través de su deuda pública y cesaciones de pago vive del resto del mundo, pasando el sombrero como si fuera Mozambique.26 Afirmando la hipótesis de la clase política delictiva Lejos de refutarse, la hipótesis de un factor α parece consolidarse cuando recordamos los siguientes datos de la historia política argentina: 1. A fines de 2001 el Estado perpetró una cesación de pagos mayor que la de Rusia, que dejó tendales de quebrantos no sólo entre los poderosos del mundo sino también entre pensionados de la clase media asalariada de diversos países, incluido el propio. Fue el default más grande de la historia económica mundial. 2. Auxiliado por la previa imposición de severos límites en la disponibilidad de los depósitos, el Estado protagonizó una devaluación con pesificación asimétrica como la descripta en nuestra Introducción, transfiriendo por la fuerza fondos de los acreedores (ahorristas locales incluidos), a empresas e individuos endeudados localmente con los bancos. 3. En compensación por las asimetrías de la devaluación, el mismo Estado otorgó concesiones a esos bancos. Esto significa que (como en Rusia) será el contribuyente quien en definitiva pague los montos con que se vieron beneficiados deudores grandes y pequeños, cuyas obligaciones fueran artificialmente licuadas. *

El llamado “megacanje”, que fue el último rescate, se concretó el 1º de junio de 2001. Esta operación postergó pagos de amortizaciones e intereses por un monto de 16.047 millones de dólares, aumentando enormemente la liquidez y facilitando el transitorio mantenimiento de un cambio 1 a 1.

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4. Esta maniobra, de transferir a la gente común la carga de pesadas deudas privadas, redistribuyendo pobreza para beneficiar a una minoría, es una repetición de lo que ya se hiciera en 1982, todavía bajo el gobierno militar, cuando el Estado se hizo cargo de aproximadamente el 50% de la deuda privada a través de “seguros de cambio”, que fueron una versión elitista (reservada para empresas) de la devaluación asimétrica. La operación fue completada en 1985, ya bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando el Estado asumió la totalidad de la deuda externa privada.27 Posteriormente, al inicio de la gestión de Menem, se cometió otra violación del derecho de propiedad de los ahorristas cuando compulsivamente se sustituyeron los depósitos en moneda argentina por bonos que inmediatamente pasaron a cotizarse al 50% de su valor nominal.* Durante el gobierno militar el responsable directo de la transferencia fue Domingo Cavallo. Durante la gestión de Alfonsín, éste fue reemplazado por José Luis Machinea.28 Al comenzar el período de Menem el responsable directo fue Erman González, con el apoyo técnico de Cavallo, que entonces era ministro de Relaciones Exteriores. Y al colapsar la administración de Fernando De la Rúa, la mente maestra fue otra vez el ministro Domingo Cavallo. 5. Esta macro-delincuencia es confirmada por el hecho de que cuando Raúl Alfonsín llegó a la Presidencia, el Banco Central de la República Argentina no conocía el monto de la deuda, cuya documentación estaba en parte extraviada. Entonces ésta fue sometida a la auditoria de consultores extranjeros como Price Waterhouse Coopers, quienes a su vez consultaron con los acreedores mismos.† 6. Mucho antes, durante la gestión de Isabel Perón, se había usado un mecanismo diferente de expropiación del ingreso de las clases asalariadas. En junio de 1975 el Ministro de Economía Celestino Rodrigo dispuso un brutal incremento de los precios y un estricto límite a los aumentos de salarios. Las huelgas y manifestaciones que colmaron la Plaza de Mayo el 27 de junio hirieron de muerte a ese gobierno, que cayó nueve meses después del recordado “rodrigazo”, dando lugar a la dictadura de 1976-83. 7. En suma, violentas transferencias de riqueza fueron perpetradas desde el Estado en 1975, 1982, 1985, 1989 y 2001-02, agudizando el deterioro institucional y el empobrecimiento colectivo de un país rico convertido en miserable por los saqueos de su propia gente. La reiteración de este tipo de traición de la confianza pública de *

Este fue el llamado “Plan Bonex”, que afectó depósitos por un valor aproximado de 4500 millones de dólares. Este vaciamiento del patrimonio de los ahorristas hizo posible el llamado “Plan de Convertibilidad” de Cavallo, que ató el peso al dólar hasta que esta política capotó en diciembre de 2001, ya durante la gestión de Fernando De la Rúa pero bajo la el ministerio del mismo Cavallo. † Alejandro Olmos, Todo lo que Usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre le ocultaron, Buenos Aires: Peña Lillo, 1989 y 2004. Este libro es panfletario pero parece inspirado por la impotencia y honestidad. Dedica unas cuantas páginas del primer capítulo para despotricar contra mí, como si yo fuera el mismo demonio, pero no se pueden tomar a mal porque la ingenuidad del autor es perceptible, a la vez que (entre mucha basura) aporta algunos datos valiosos que han sido sepultados por la conjunción de la amnesia colectiva y la intención aviesa de los sectores beneficiados.

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parte de los mismos custodios del contrato social, en la historia reciente de un país, implica la vigencia de macro-delincuencia en el corazón del Estado. Los “ciclos de vaciamiento” Esta comprobación empírica de la macro-delincuencia es un punto crucial en el encadenamiento de nuestros conceptos e hipótesis. En nuestro tipo-ideal de Estado parasitario, el objetivo mismo de la clase política es la perpetración de estos macro-delitos, que se materializan a lo largo de “ciclos de vaciamiento” como los identificados entre 1975-82, 1982-85, 1985-89 y 1989-2001, que típicamente duran más de un lustro y menos de una década. Estos ciclos se caracterizan por: 1. Una fase de endeudamiento de la burguesía y del Estado. 2. Una fase en que los fondos adquiridos a través de la adquisición de deuda por parte de las empresas privadas son típicamente transferidos al exterior de una manera disimulada, mientras que la deuda del Estado es utilizada en forma clientelista. 3. Otra fase en que la empresa debe lidiar con su deuda sin el beneficio de los fondos que la originaron. Pero debido a las características de la legislación argentina, una vez que este vaciamiento parcial de la empresa está consumado el empresario puede sentirse seguro, ya que la eventual quiebra de la empresa no compromete al patrimonio personal de sus dueños. 4. Finalmente, cuando una masa crítica de empresas vaciadas se encuentra al borde de la quiebra, se entra en la fase terminal del ciclo, en que un ministro salvador estatiza la deuda privada con la excusa de salvaguardar el empleo de la gente y la gobernabilidad del país. Domingo Cavallo y José Ignacio de Mendiguren fueron las figuras arquetípicas de esta fase en la historia reciente de Argentina. Su misión fue violar la Constitución para salvar a las empresas, en el primer caso no una vez, sino repetidamente, en tres gobiernos diferentes. Ciclo tras ciclo, la clase política delictiva permitió la colonización de su Estado cortesano por parte de una burguesía nacional depredadora. La deuda se transfiere así al pueblo, que es cada vez más pobre a pesar de que los activos en el exterior de la burguesía igualan o superan a la misma, de manera que el país es un acreedor neto si incluyéramos estos fondos en sus cuentas nacionales. Hacia una nueva taxonomía de la corrupción del Estado: macro, mega y microdelincuencia Como adelantamos en la Introducción, llamamos “macro-delincuencia” a maniobras como las perpetradas desde el Estado en 1975, 1982, 1985, 1989 y 2001-02 porque corresponden a un nivel de análisis equivalente al de las políticas económicas de generación de empleo o de estabilidad monetaria. Son delitos porque el mecanismo usado requiere apelar, de maneras diversas, a la violación de la Constitución y sus principios. Pero son cualitativamente diferentes de un soborno u otros delitos que, aunque también cometidos desde el Estado, corresponden al nivel de la “micro-delincuencia” que en diversas medidas encontramos en todas partes.

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Pero la historia no acaba allí, ya que en un nivel intermedio entre la macro y la microcorrupción identificamos a la “mega-delincuencia”, cuya presencia también comprobamos en la Argentina en hechos como: 1. Los sobornos en el Congreso, que develaron que en la Argentina se compraban y vendían leyes, de manera que no se legislaba en pos de alguna concepción (acertada o no) del interés nacional sino en función de las rentas que la sanción de una ley podía proveer a los congresistas. Aunque el problema es endémico, el tema se hizo público cuando el Vicepresidente Carlos (Chacho) Álvarez renunció a su cargo debido a su sentido de responsabilidad (como presidente ex oficio del Senado) por las denuncias sobre compra de votos para una ley de flexibilización laboral. Éstas implicaron al Presidente Fernando De la Rúa, al jefe de la SIDE Fernando de Santibáñez (con cuyos “fondos reservados” se habrían pagaron los sobornos) y a otros altos funcionarios del gobierno de la Alianza.29 Esta práctica ha sido endémica en el país: un lobby necesitado de una ley normalmente ha podido adquirirla si no se le ha opuesto un sector más poderoso con mayor poder de compra y venta. Como dijera Joaquín Morales Solá: “Fernando de la Rúa terminó con su gobierno el día en que aceptó continuar con una antigua lógica, según la cual las leyes tenían un precio en la Argentina. Ese día comenzó, también, el camino del calvario para el país hasta la eclosión final, en diciembre de 2001, dieciocho meses después de que el caso de los sobornos vio la luz por primera vez.”30 2. La llamada “aduana paralela”, cuya operación reveló que también se compraban y vendían mercados,31 y que el Estado podía facilitar todo tipo de tráfico ilícito si la renta para el grupo en el poder era adecuada. Desde el nombramiento en la Aduana de Ibrahim al Ibrahim (un sirio que no hablaba castellano), hasta el ingreso de más de 20.000 containers ilegales por el aeropuerto y puerto marítimo de Buenos Aires, pasando por el asesinato de varios testigos, el caso demostró que algunos organismos del mismo Estado activamente participan, de una manera orgánica, en el contrabando.32 Este fenómeno estuvo vinculado a una porosidad del territorio facilitada por: a) La persistente ausencia de control sobre la “Triple Frontera” entre Argentina, Brasil y Paraguay, aprovechada por el contrabando tradicional, el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de armas. Esta región es permanentemente estudiada por el gobierno de los Estados Unidos, que sospecha que comunidades de inmigrantes allí establecidas contribuyen financieramente con el terrorismo del extremismo islámico.33 b) La negativa a producir un documento nacional de identidad con buena tecnología de seguridad, que hiciera más difícil la falsificación de los papeles necesarios para obtener pasaportes argentinos (que son de última generación). En 2001 el Embajador de los Estados Unidos declaró que delincuentes asiáticos obtenían nuestros pasaportes con DNI falsos.34

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c) El caso del contrabando de cocaína de 2005, que involucró a la mayor parte del alto mando de la Fuerza Aérea, a empresas privadas y a autoridades del Aeropuerto de Ezeiza, demostrando otra vez que el tráfico de sustancias ilícitas es una de las actividades de algunos organismos del Estado. Los límites fronterizos argentinos parecen intencionalmente porosos.35 3. La criminal complicidad de tres gobiernos consecutivos (Menem, De la Rúa y Duhalde) en el encubrimiento de los atentados de 1992 y 1994 contra la Embajada de Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Estos estuvieron entre los más graves de toda la década del ’90 en escala planetaria, e inauguraron los ataques del terrorismo islámico en el hemisferio occidental. Hubo connivencia de la Policía Federal, cuyos custodios fueron retirados pocos minutos antes de las explosiones de la sede de ambas instituciones. Su encubrimiento en la Argentina involucró a varias agencias del Estado y no cesó hasta el gobierno Kirchner.36 4. La voladura de la fábrica militar de Río Tercero en noviembre de 1995, realizada para borrar las huellas del contrabando de armas a Ecuador y Croacia.37 Precisando nuestros conceptos, el tráfico ilegal de armas es una manifestación de microdelincuencia común en todo el mundo, pero la destrucción de toda una fábrica militar para tapar el hecho de que las existencias de armamentos habían disminuido representa un nivel superior de corrupción del Estado, que requiere una larga cadena de complicidades y definimos como mega-delincuencia. Tomando otro ejemplo, el encubrimiento de un delito desde el Estado es un hecho de micro-corrupción frecuente en muchas partes. Pero la obstrucción de la justicia de parte de varios gobiernos sucesivos para ocultar la participación de agencias del propio Estado en la perpetración de grandes atentados de terrorismo implica un salto cualitativo hacia la megadelincuencia, similar al anterior.* Hay, no obstante, un nivel supremo de corrupción del Estado: el de la macro-delincuencia, que es el que estuvo presente (por ejemplo) cuando se perpetró la inconstitucional estatización de la deuda de las empresas privadas, violación del derecho de propiedad mediante.38 Hablamos de macro-corrupción porque en esa instancia se transfirió riqueza masivamente, de la mayoría de la ciudadanía a una pequeña minoría poderosa. También incluiremos bajo este rótulo a la gestación de golpes de Estado, ya sea civiles o militares. Por lo tanto, podemos avanzar hacia tres definiciones formales: Llamamos micro-delincuencia a los hechos de corrupción individual, incluyendo sobornos varias veces millonarios. Llamamos mega-delincuencia a hechos de corrupción de gran magnitud en los que está involucrada una larga cadena de complicidades al interior del propio Estado. *

Sólo se me ocurre un caso análogo en Estados Unidos: el asesinato de John F. Kennedy, si suponemos que fue producto de una conspiración, encubierta por el Poder Ejecutivo y los servicios de inteligencia.

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Llamamos macro-delincuencia a hechos de corrupción en gran escala con efectos directos sobre variables macro-económicas, con incidencia sobre la distribución del ingreso o la riqueza, y también a aquellos que tienen consecuencias directas sobre la gobernabilidad o el sistema político (como un magnicidio o un golpe de Estado).* Avance conceptual: de modelo a teoría del Estado parasitario La mega y macro-delincuencia vienen de la mano de la clase política delictiva y son por lo tanto comunes en el Estado parasitario. La vigencia de estos fenómenos nos ayuda a explicar los parámetros del caso argentino enumerados en la presentación de nuestro modelo. Sin mega y macro-delincuencia la Argentina que conocemos no puede existir.39 Más aún, lo que hasta ahora era un modelo de Estado parasitario se eleva a teoría gracias a la identificación empírica de este tipo de corrupción, posibilitada por la elaboración de la taxonomía que diferenció entre lo que (con algún cinismo) podemos llamar corrupción benigna y maligna. La “benigna” micro-delincuencia, que es la de todos los días en todas partes, no engendra ni mucho menos explica parámetros contradictorios como los siete del caso argentino. En cambio, las malignas mega y macro-delincuencia, sí. Este elemental refinamiento conceptual y la constatación de la vigencia de estos fenómenos, claramente diferenciados, en el mundo real, nos permite vislumbrar la relación de causalidad entre la hipotética clase política delictiva de la Conjetura S-T (que ya no es tan conjetural), y los procesos que generan decadencia económica y deterioro de las instituciones del Estado incluso en condiciones de abundancia (definitorias del funcionamiento parasitario de un país con recursos de sobra que termina viviendo de los demás a la vez que empobrece a sus mayorías.) Para comprender las causas subyacentes a esta dinámica debimos distinguir entre corrupción “común y corriente”, y corrupción maligna, que es (por ejemplo) la de los casos de reiteradas estatizaciones de la deuda privada, que son violaciones del derecho de propiedad de los débiles con consecuencias macroeconómicas e institucionales de corto y largo alcance. Representan una instantánea redistribución del ingreso, es decir la modificación de una variable macroeconómica a través de un robo cometido desde el Estado, que no puede dejar de tener consecuencias perversas sobre sus instituciones ya que implica una violación del contrato social.† *

El golpe de Estado es macro-delincuencia mientras supongamos que el contrato social sigue vigente. Quienes justifican este proceder aduciendo que redujo los costos de una severa crisis no refutan mi razonamiento. Aunque tengan razón (y la quiebra de miles de empresas no puede ser algo bueno), con este señalamiento sólo demuestran que el círculo vicioso estaba tan avanzado que sus sucesivas fases ya sobrevenían inexorablemente. El salvataje de las empresas, aunque “necesario” en una coyuntura, sigue siendo una transferencia forzosa de ingresos del débil al poderoso, y sigue constituyendo una violación del contrato social, lo que en sí mismo representa la quiebra de las instituciones del orden constitucional. Quizá en ciertas circunstancias haya sido necesario para evitar un caos inmediato, pero eso no quita que tales medidas no hayan sido un eslabón importante en la cadena causal que condujo al deterioro de las instituciones legales y la solidaridad social. Estos deterioros son a su vez ingredientes definitorios del Estado parasitario, y en un proceso de flujo y reflujo ellos mismos contribuyen a engendrarlo. Recuérdese que la que aquí desarrollamos es una teoría explicativa. El alegato del mal menor, aunque sea válido (y sobre eso no †

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Por cierto, la macro-delincuencia supera en significación al plano penal y criminal propio de la micro-delincuencia debido a sus consecuencias macroeconómicas, políticas e institucionales. Su identificación posee un potencial teórico explicativo. La comprobación de su operación sobre la realidad del país que estudiamos confirma la vigencia del factor α. Tenemos una “clase política delictiva” que perpetra letales “ciclos de vaciamiento” con que se consume al país.40 Y a la vez hemos demostrado que nuestro concepto de “Estado parasitario” posee significación teórica más allá de las singularidades del proceso histórico argentino. El regreso a la teoría de la dependencia Pero no solamente necesitamos una clase política delictiva perpetradora de mega y macrodelincuencia para producir los ciclos de vaciamiento y nuestra configuración de contradictorios parámetros. También se requiere por lo menos tolerancia, y probablemente connivencia o complicidad, de parte de poderosas organizaciones extranjeras que se adaptan a las reglas de juego locales para hacer negocios. Estas empresas llegan tan lejos como se les permite. Como dijéramos en la Introducción, en contextos de corrupción extrema la banca internacional tienda a ser cómplice de la clase política local y no podría sobrevivir si no lo fuera. Lo mismo vale para otros tipos de capital. Privatizaciones al estilo ruso o argentino requirieron que a la macro-delincuencia del Estado se sumara la complicidad de socios privados, lugareños y extranjeros. En circunstancias en que una clase política delictiva posibilita la mega y macro-delincuencia, el capital extranjero opera de manera perversa y contribuye a pauperizar este tipo de país. En otras palabras, con este planteo prácticamente regresamos a la “teoría de la dependencia”, tal como fuera acuñada (en su versión más sofisticada) por Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, antes de que el primero se dedicara a la política.41 Los memoriosos recordarán que la neomarxista teoría de la dependencia, en sus versiones más tempranas,42 supuso una ley inexorable por la que el centro de la economía mundial explota a la periferia, perpetuando su subdesarrollo. Este proceso hipotético era el resultado de alianzas perversas entre las clases dominantes del centro y la periferia. Cardoso y Faletto refinaron ese argumento, reconociendo que a veces se produce un “desarrollo dependiente” en la periferia, pero a costa de grandes distorsiones sociales. La mayor parte de las veces la dependencia simplemente perpetuaba el subdesarrollo.43 Pero en circunstancias excepcionalmente favorables (como las de Brasil en los años setenta), las alianzas entre el capitalismo del centro y las clases dominantes en la periferia podían resultar en un auténtico desarrollo económico de ésta, aunque acompañado por grandes masas de población marginada y desigualdades inimaginables en el centro.44 No obstante, este esquema teórico conceptual dejaba de lado un segmento importante de casos históricos a los que ni siquiera mencionaba de pasada. Canadá, Australia y Nueva opinamos), no invalida nuestra teoría. Nuestra intención no es condenar sino comprender la gestación de un proceso extraño y difícil de explicar, que está evidenciado por las contradicciones entre los siete parámetros del caso argentino.

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Zelanda se desarrollaron de manera dependiente, gracias al capital extranjero, pero sin desigualdades sociales mayores que las que tenían vigencia en los países del centro de la economía mundial, cuando aquella periferia exitosa protagonizó su despegue. Lo mismo puede decirse acerca de Argentina y Uruguay entre 1880 y 1930. A diferencia del “desarrollo dependiente” de Brasil de la década de 1970, que sí se produjo con distorsiones sociales indeseables, estos procesos de crecimiento generaron el derrame necesario para que se produjera un desarrollo social concomitante, al punto de que la movilidad social ascendente de grandes masas de inmigrantes hizo de estos países periféricos la meca de los pobres de Europa.45 Las hipótesis de Cardoso y Faletto y sus sucesores se construyeron sin consideración de estos casos, y su pretensión de universalidad fue popperianamente falseada cuando fueron incorporados al análisis. Pero esto no quiere decir que la idea de una alianza perversa entre el capitalismo de centro y las clases dominantes de algunas periferias no constituya una idea brillante, a tenerse en cuenta en nuestro análisis del panorama mundial. La alianza maligna anunciada por Theotonio Dos Santos y otros precursores de la teoría de la dependencia no está siempre presente, como ellos supusieron, pero se manifiesta suficientes veces como para que el avance de la teoría del desarrollo sea imposible sin su consideración. Por cierto, en este comienzo de siglo lo que se avizora es un tipo de Estado que hasta ahora no había sido identificado, el parasitario, cuya clase política es por naturaleza delictiva, y que en combinación con el capital financiero internacional comete hechos de mega y macro-delincuencia en sus países, perpetuando el subdesarrollo y la miseria. Siguiendo a Stiglitz, de esta trama participaría frecuentemente el FMI, que en ciertos países parece haber operado como representante directo de intereses extranjeros que buscaban ganancias ilegítimas.* Teorema sobre la inconveniencia del acceso al crédito externo en un contexto de macro-delincuencia Si aceptamos la situación descripta a modo de premisa, entonces se produce una situación paradójica respecto de la conveniencia, desde un punto de vista normativo, de la afluencia de capital extranjero a un país en vías de desarrollo. Por cierto, el sentido común nos indica con acierto que, con frecuencia, el crecimiento económico es imposible sin el aporte de inversiones externas. Ya hemos dicho que la teoría de la dependencia fracasó porque no comprendió que lo que hizo posible el desarrollo económico y social de la Argentina, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Uruguay a fines del siglo XIX, fue el concurso de capitales extranjeros.46 Ceteris paribus, frente a una insuficiente acumulación local de capital, el acceso a fuentes externas de financiamiento puede representar la diferencia entre ser o no ser, porque el desarrollo requiere capital. *

Existe clara evidencia de que la decadente e ineficiente tecnocracia del Fondo se convirtió, con el correr de las décadas, en el instrumento de intereses privados principalmente norteamericanos, en detrimento de la estabilidad y prosperidad de los países en vías de desarrollo a los que se supone debía servir. Respecto de países pequeños véanse especialmente los capítulos 2 (“Broken Promises”) y 3 (“Freedom to Choose?”) de J.E. Stiglitz (op. cit.). Sin embargo, lo más revulsivo (debido a la abundancia de información) es el Capítulo 5 (“Who Lost Russia?”).

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Pero si el caso en cuestión es el de un Estado parasitario dotado de una clase política delictiva dispuesta a perpetrar hechos de mega y macro-delincuencia, entonces la condición de ceteris paribus no se cumple y nuestro diagnóstico cambia radicalmente. En ese caso, es posible que el ingreso de capitales externos genere más subdesarrollo. El desarrollo requiere capital, pero el mal uso del dinero puede conducir a una involución hacia un nivel inferior de desarrollo económico y social. El estancamiento no es el peor de los males posibles. Esto se debe, entre otras cosas, a la fungibilidad del dinero. La ausencia de crédito puede entorpecer el desarrollo, y en principio es mejor tener crédito que no tenerlo. Pero si gracias al ingreso de 100.000 millones de dólares a través de la colocación de bonos soberanos, se libera el uso de 70.000 millones de recaudación fiscal para usos corruptos y clientelistas, entonces terminaremos con un gasto total de 170.000 millones y una deuda de 100.000 millones como contrapartida del buen uso de apenas 100.000 millones, si acaso. En cambio, si no ingresan los 100.000 millones, no habrá más remedio que gastar relativamente bien los 70.000 millones recaudados, sin contrapartida de deuda. Se habrán invertido 30.000 millones menos, pero se habrá ahorrado una deuda de 100.000 millones. El país será menos pobre. Bajando al nivel de los micro-ejemplos, un país puede tener la necesidad de modernizar sus aeropuertos para facilitar el desenvolvimiento de diversas actividades generadoras de riqueza. Pero si la disponibilidad de crédito libera recursos (nacionales, provinciales o municipales) para construir la Pista de Anillaco,* entonces los fondos prestados habrán contribuido a la involución, porque se habrá adquirido un aeródromo innecesario y una deuda equivalente, aunque el dinero del empréstito no haya sido “el mismo” que se gastara en dicha pista. Estos casos, obvios para cualquier economista, nos dan la pauta de la mala fe del FMI cuando, frente a la fuga de capitales producida en Rusia inmediatamente después de la llegada de su “paquete de rescate” y pocos días antes de desencadenarse la crisis de 1999, arguyera que el dinero transferido al exterior no era “su dinero”. Unos fondos siempre liberan otros fondos. Aunque el dinero prestado estuviera marcado, seguiría siendo fungible. En el caso ruso, todo ese paquete (al igual que otros anteriores) se convirtió en pesada carga para el contribuyente. No sirvió sino para engrosar la deuda. Los funcionarios del Fondo que “se equivocaron” no sufrieron consecuencias, a la vez que los “oligarcas” ganaron cifras multimillonarias junto con los bancos occidentales que salvaron su dinero gracias a la maniobra.47 Como sabemos, durante el último tramo del gobierno de Fernando De la Rúa en la Argentina se produjeron situaciones similares. Por lo tanto, está clarísimo que en el caso de un Estado parasitario con una clase política delictiva, el acceso al crédito internacional es peor que nada. Aunque para el crecimiento se requiera capital, es posible descender en la escala del desarrollo económico y social, y es *

Pista de aterrizaje para aviones a reacción construida en la aldea del Presidente Carlos Saúl Menem durante su presidencia. Fue duramente criticada en la Argentina porque carece de usos comerciales que justifiquen la inversión.

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eso lo que ocurre cuando se generan hechos de macro-delincuencia como el registrado. Por ello, formulamos el siguiente teorema: Normativamente, la conveniencia de flujos financieros externos hacia un país en vías de desarrollo es inversamente proporcional al grado de corrupción imperante en su clase política. En un contexto propenso a la macro-delincuencia, el acceso al crédito conduce a la ruina de la gente. Hipótesis sobre la erosión de la gobernabilidad y la emergencia de “instituciones subterráneas” Obviamente, cuando llegamos al colmo de que factores que normalmente tienen una incidencia virtuosa adquieren un impacto vicioso, enfrentamos una situación en que el progreso es imposible (a no ser que se transformen radicalmente las estructuras sociales y políticas que engendraron semejante dinámica). Esto no sorprende, ya que casi por definición, hechos de corrupción con incidencia directa sobre variables macroeconómicas determinarán una involución en la generación de riqueza y una regresión en su distribución. En el caso argentino, diversos académicos han indagado en la historia y la ciencia política sin animarse a adjudicarle a la corrupción el lugar de variable independiente principal en la ecuación de la decadencia.48 Es comprensible. Pero transcurrida ya la década de 1990 y la crisis de diciembre de 2001, los parámetros de este país claramente delatan un perfil parasitario que parece exigir una clase política delictiva como protagonista clave del retroceso. Esta asoma como la única hipótesis parsimoniosa, del mismo modo en que si, sin explicación, detectamos fuertes perturbaciones en la órbita de un planeta lejano pero conocido, las adjudicaremos a la fuerza gravitacional de un cuerpo celeste que todavía no fue visualizado. Por otra parte, la delincuencia con efectos macroeconómicos y sus ciclos de vaciamiento casi necesariamente generarán no sólo menor desarrollo y mayor pobreza, sino también crisis política y deterioro de las instituciones formales del Estado. La erosión de la gobernabilidad resultante es sinónima de vacío de poder, y una de sus consecuencias habrá de ser la emergencia de instituciones ad hoc que ocuparán los espacios dejados por una creciente inoperancia de los poderes instituidos. Por cierto, nuestro modelo requiere aquí una hipótesis adicional: El dominio de una clase política delictiva y la perpetración de hechos de macrodelincuencia en reiterados ciclos de vaciamiento producirá una disminución de la gobernabilidad, que a su vez conducirá al surgimiento de instituciones subterráneas. Éstas responden a una demanda social y tenderán a suplir a las instituciones formales en ámbitos en que el Estado retrocede. Este fenómeno comúnmente se produce en todos los contextos en que los organismos públicos demuestran su insuficiencia frente a necesidades vitales de la gente. El ejemplo más claro es el de las fuerzas parapoliciales que, frente a problemas agudos de seguridad, han nacido y operado incluso en los países más desarrollados. Para toda demanda hay una

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oferta: esta ley de la economía funciona también en el plano de las instituciones estatales y paraestatales. Pero el caso es incomparablemente más grave cuando están de por medio una clase política delictiva y hechos de corrupción cíclicamente reiterados con efectos macroeconómicos. En este escenario lo que se engendra no es una simple banda de vigilantes sino instituciones subterráneas de nivel macro-político. Aunque no sostengo que desde sus orígenes haya sido el producto de una clase política delictiva, en la Argentina este fenómeno está presente desde hace muchas décadas y es observable empíricamente a través de las siguientes etapas, que se corresponden con degradaciones sucesivas del orden constitucional: 1) A partir del golpe de Estado de 1930 (que fue concomitante con una crisis mundial que representó la quiebra del modelo agro-exportador en que se anclaba la prosperidad argentina) adquirió vigencia una institución paraestatal que jamás estuvo instituida por un código legal: un poder de veto parcial del que fueron investidas las Fuerzas Armadas respecto del ejercicio del Poder Ejecutivo. Esta institución subterránea, representativa de una primera fase de involución del orden legal, permaneció vigente hasta 1983. Durante ese largo período, el verdadero sistema político de la República Argentina no fue el establecido legalmente por la Constitución, sino uno no escrito en el que, con el consenso de la élite dirigente, el Ejército tenía el “derecho” de derrocar al Presidente en momentos de crisis. 2) A partir del golpe de Estado de 1943, la manipulación del movimiento obrero desde la Secretaría de Trabajo y Previsión generó para la futura central obrera peronista (CGT) un poder de movilización que se tradujo en poder de veto parcial. Éste fue ejercido por primera vez el 17 de octubre de 1945* y representó una agudización del círculo vicioso iniciado en 1930. Simultáneamente, comenzaba a engendrarse el “aparato” del Partido Justicialista, que en conjunción con sucesivas crisis económicas contribuiría a la creciente degradación del orden constitucional. 3) Durante el período 1946-55 se consolidó dicho aparato, cuyo poder oscilaría, condicionando la capacidad de veto de los militares. Esta organización informal, caso paradigmático de una institución subterránea, demostró una sorprendente aptitud para la supervivencia a pesar de los dieciocho años de proscripción del peronismo, entre 1955 y 1973. Según investigaciones conducidas por Stephen Levitsky49 y Javier Auyero50, el secreto de su éxito (compartido en medida menor por el aparato del Partido Radical) consistió en el establecimiento de tramas de caudillos de vecindario que: a. Financian su actividad proselitista con recursos provenientes de mafias de barrio dedicadas a la prostitución, el juego clandestino y el narcotráfico, y

*

Fecha en que una movilización multitudinaria forzó al gobierno de facto a liberar al vice-presidente de facto Juan Perón y devolverlo a sus funciones.

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b. Consolidan la lealtad de los vecinos gracias a que están enquistados, a nivel local, en burocracias corruptas e ineficientes del Estado. Esto les permite trabajar como “facilitadores” que -

ayudan a (por ejemplo) habilitar panaderías, carnicerías, etc., y

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allanan el camino para enterrar un muerto o internar un enfermo cuando los lugareños tropiezan con desidia, mala voluntad o pedidos de soborno.

Estos favores generan gratitudes longevas que explican la vigencia del aparato durante décadas enteras en que (porque no se le permitió competir electoralmente) el Partido Justicialista no pudo ejercer el clientelismo a través del método más directo de repartir empleo artificial a través de las empresas públicas y las burocracias estatales. El aparato peronista fue tan exitoso que por momentos fue incluso arrendado por regímenes militares, a efectos de mantener un margen tolerable de gobernabilidad en tiempos de crisis. Por sus características, es asimilable a algunas de las definiciones más amplias del concepto de “crimen organizado” (por ejemplo, la de Peter Lupsha).51 4) A partir de 1983, con las transformaciones políticas producidas por el colapso del régimen militar, el poder de veto fue perdido por los uniformados y quedó en manos de estos aparatos de corte mafioso, cuya capacidad de movilización de huestes de marginados fue aumentando con los años y las sucesivas crisis económicas. Prueba de ello es que con la llegada de la democracia los conflictos laborales aumentaron de 316 en 1983 a 949 en 1988. Esta contabilidad incluye trece huelgas generales durante el gobierno radical de Alfonsín. El incremento en la protesta no sólo fue producto de una mayor libertad sino también del vacío de poder estatal. A esto lo ilustran las numerosas usurpaciones de tierras y edificios (convertidos en hechos consumados legalmente aceptados), y los saqueos de comercios por parte de multitudes manipuladas por caciques políticos del aparato justicialista.52 Entre 1985 y 1986 se consumaron las violentas usurpaciones de terrenos para asentamientos ilegales en La Matanza y otros partidos de la zona metropolitana de Buenos Aires. En 1989 se produjeron saqueos que tuvieron por escenario a dicha zona,53 Rosario, la ciudad de Córdoba, y Las Heras en Mendoza. Se forzó así la transferencia anticipada del poder al Presidente-electo justicialista, Carlos Menem. Como entre 1989 y 1999 el Presidente fue peronista, estas actividades criminales del aparato disminuyeron mucho. Posteriormente creció otra vez la violencia de la institución subterránea, y fue así como (reemplazando al golpe militar) se derrocó al radical De la Rúa. Por cierto, en diciembre de 2001 se saquearon tanto grandes supermercados como multitud de pequeños comercios de barrio (incluyendo muchos de inmigrantes chinos y coreanos). 54 Las acciones se multiplicaron por las provincias de Buenos Aires,55 Entre Ríos,56 Mendoza,57 Santa Fe,58 y en algunos barrios porteños como Constitución y Villa Lugano. Frecuentemente el vandalismo se produjo ante la llamativa ausencia de la policía. El día de la renuncia del Presidente,

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fuerzas leales al caudillo Eduardo Duhalde habían prendido fuego en el interior del Ministerio de Economía.59 Posteriormente, el derrocamiento de Rodríguez Saá (un justicialista que permaneció apenas una semana en el poder porque se rebeló contra los caudillos de la Provincia de Buenos Aires) fue producido por hechos similares. El Congreso Nacional fue atacado por vándalos cuya faena fue facilitada por empleados que abrieron sus puertas desde adentro.60 Horas más tarde, en la localidad bonaerense de Chapadmalal, en plena reunión de gobernadores, el Presidente fue privado de agua, corriente eléctrica y de su escolta. Rodeado por una turba agresiva y sin protección, huyó escondido en el auto de un amigo y renunció a la jefatura del Estado desde la seguridad de su provincia natal, donde sus aliados controlaban a la policía. Entonces, desde allí, amenazó con la secesión de San Luis,61 mientras en la petrolera Santa Cruz se hablaba de una Patagonia independiente.* Por lo tanto, y al contrario de lo que se supone habitualmente, nuestra hipótesis sobre la emergencia de instituciones subterráneas implica que el colapso del poder militar producido junto con la caída de la dictadura no habría significado un restablecimiento del orden constitucional sino una inflexión más en su creciente degradación. Por cierto, De la Rúa fue derrocado por un golpe de Estado civil perpetrado por la alianza de los aparatos justicialistas y radicales, y luego Rodríguez Saá fue tumbado por el aparato del peronismo. Ambos episodios ilustran la progresiva descomposición del cuerpo político, que es un proceso ininterrumpido desde 1930. Según esta hipótesis secundaria, la implosión militar habría representado una acentuación del deterioro de las instituciones formales del Estado, entre las que se encuentran sus Fuerzas Armadas. En verdad, con la deuda acumulada por la dictadura, y consumadas sus violaciones de derechos humanos y su Guerra de Malvinas, cuando (en parte debido a sus propias iniquidades) las instituciones armadas hicieron mutis por el foro, el Estado sólo podía estar más deteriorado que antes. Aunque en el corto plazo el cambio haya significado una mejora en la calidad de vida de la mayoría de los argentinos, institucional y conceptualmente fue sólo un colapso más. No representó una reconstrucción del orden constitucional, que seguía socavado por las debilidades que habían engendrado a todas las instituciones ad hoc, entre ellas el perdido poder de veto de los militares. *

Larry Rohter, “Some in Argentina See Secession As the Answer to Economic Peril”, New York Times, 27 de agosto de 2002. Tiempo antes, las reservas provinciales de Santa Cruz habían sido transferidas al exterior para ponerlas a salvo de las trampas financieras argentinas. En diciembre de 2004, siendo Presidente el ex gobernador santacruceño Néstor Kirchner, esos 513 millones de dólares aún no han sido repatriados. Son casi una afirmación de soberanía provincial. El 13 de noviembre el gobierno de Santa Cruz anunció que los fondos regresarán sólo cuando la Argentina haya salido del default.

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5) Mientras tanto, el Poder Judicial se había convertido en un títere del Poder Ejecutivo, que conservaba su escasa autonomía sólo en la medida en que una alianza non-sancta entre el crimen organizado, jueces, policías y políticos corruptos, le permitía por momentos operar con independencia frente a los otros poderes del Estado. Mera anécdota del fenómeno fue la famosa servilleta en que el ministro de Menem, Carlos Corach, escribió los nombres de los jueces que respondían incondicionalmente al presidente.62 La gestación de este penoso fenómeno es una dimensión adicional de la compleja declinación argentina y del proceso que engendrara una constelación de instituciones subterráneas. Su evidencia más palmaria, desde 1930, fue la convalidación de los gobiernos de facto por la Corte Suprema. Otra buena ilustración de la manipulación de la Justicia por parte del Ejecutivo es la causa por la voladura de la AMIA, ya analizada.63 Cuando en 2005 se suscitó una controversia porque una modificación al artículo 67 del Código Penal acortaba los plazos de prescripción de las causas, la corrupción sistémica quedó al desnudo. Los legisladores (que aprobaron la ley sin debate) fueron sospechosos de legislar una auto-amnistía, a la vez que los jueces eran acusados de ser los culpables de la necesidad de cambiar la ley porque usaban los largos plazos de prescripción para evitar cerrar las causas, utilizándolas extorsivamente contra los políticos.64 6) Producido el colapso político, financiero y social de diciembre de 2001, con el creciente deterioro de la gobernabilidad, algunas organizaciones paraestatales adicionales fueron supliendo a aún otras de las maltrechas instituciones establecidas por la Constitución. Entre los nuevos emergentes están: a. Los consensos entre gobernadores—un mecanismo que no figura en la Carta Magna y que por momentos se convirtió en un instrumento más importante que el Poder Legislativo, estableciendo el marco para el accionar de los poderes del Estado. En 2002 la impotencia del Poder Ejecutivo era tal que el FMI negoció directamente con las provincias y la legislatura.65 b. El movimiento piquetero, los “Planes Trabajar”, las “manzaneras” y otros mecanismos de manipulación clientelista de la miseria creciente.* El surgimiento de los piqueteros estilo argentino, financiados casi íntegramente por el erario, consumó al Estado parasitario en tanto consolidó la presencia de un segmento masivo de clase baja marginal que vive a expensas del resto del país y que *

Las manzaneras son un cuerpo femenino que cumple funciones de asistencia y vigilancia social en la Provincia de Buenos Aires. Responde al cacicazgo Hilda “Chiche” Duhalde, la mujer del ex Gobernador y ex Presidente, Eduardo Duhalde. Los Planes Trabajar, luego llamados de Jefes y Jefas de Familia, son en la práctica argentina un subsidio a desempleados cobijados por una trama de clientelismo. Dirigentes políticos barriales, alcaldes y (principalmente) dirigentes piqueteros se encargan de distribuirlos discrecionalmente a seguidores que se comprometen a participar de una protesta social muchas veces extorsiva. Hacia 2004 se calculaban unos 400.000 beneficiarios. Los jefes de las organizaciones piqueteras de estilo argentino reciben del gobierno grandes paquetes de Planes y los reparten entre sus clientes. A cambio, moderan sus disrupciones del orden. Los cortes de rutas son la extorsión más frecuente. Suelen cesar cuando se adjudica una nueva partida de Planes a la organización que protesta, o de otra manera el gobierno accede a sus demandas.

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sistemáticamente apela a métodos extorsivos para obtener sus prebendas. Éste se complementa con las preexistentes burocracias estatales parasitarias, con una clase política perpetradora de hechos de macro-delincuencia, y con una burguesía, también parasitaria, cuyos activos en el exterior hacen de este país un acreedor neto a pesar de la deuda gigantesca de su Estado y la miseria creciente de la mitad de su población. Aunque estos sectores conviven con amplias franjas productivas de los niveles altos, medios y bajos de la sociedad, son ellos quienes determinan el perfil macroeconómico de un país que, en términos agregados, vive del resto del mundo a pesar de sus enormes recursos naturales por habitante, y compite con Etiopía oficiando de mendigo. Conclusiones Trabajamos con una metodología inspirada en Immanuel Wallerstein y sus estudios sobre el sistema-mundial. Éste adaptó razonamientos comúnmente usados por astrónomos para inferir la presencia de elementos que no se pueden detectar empíricamente, a partir de mediciones y constataciones que resultan inexplicables sin apelar a dicha inferencia. Así, observamos la vigencia de siete macro-parámetros verificables y en apariencia contradictorios entre sí. Para explicarlos, postulamos una hipótesis principal, nuestra Conjetura Stiglitz-Tibiletti o factor α. Éste convierte en comprensible lo que en principio parece un milagro al revés, la regresión argentina, y es por lo tanto la pieza central de nuestro modelo. Luego profundizamos en el significado de esta conjetura a través de una esquemática comparación con algunos aspectos del caso ruso, que nos permitió avanzar hacia una nueva taxonomía de la corrupción. A su vez, dicha clasificación y diferenciación entre tipos de corrupción hizo posible articular la relación teórica entre una variable independiente y otra dependiente: la clase política delictiva de nuestra conjetura y el deterioro económico e institucional del país en el largo plazo. El concepto crucial que en este marco teórico permite vincular causalmente la variable independiente con la dependiente es el de “macro-delincuencia”, o sea hechos de corrupción con consecuencias macroeconómicas que se reiteran en prolongados “ciclos de vaciamiento”. Éstos son ilustrados por el documentado caso de las privatizaciones y demás reformas estructurales rusas. Debido a la presunta vigencia del factor α, también se atribuyen a sus equivalentes argentinas. Las reiteradas estatizaciones de la deuda privada en la Argentina confirman la vigencia de este factor. Satisfechos de que el modelo propuesto brinda una explicación posible de los contradictorios parámetros argentinos, terminamos el esbozo de marco teórico con un análisis de las instituciones subterráneas que, reemplazando en parte al orden constitucional, son los emergentes del deterioro de la gobernabilidad y el Estado. Postulamos así una teoría sistémica sobre los procesos dinámicos que engendran un tipo de Estado hasta ahora no identificado, el parasitario, cuyas características lo convierten en un grave desafío para el orden global y un peligro creciente para su propia gente.

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Es el singular aporte argentino a un mundo poblado por armas de destrucción masiva, Estados exportadores de terrorismo, suicidas místicos asesinos y unas instituciones multilaterales de crédito que están contribuyendo al caos global.

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Capítulo 2 - Piqueteros: prebenda y extorsión en los estratos marginales de un Estado parasitario Dedicado con admiración y humildad a las mujeres pobres que con su esfuerzo dieron de comer a indigentes en comedores populares en diciembre de 2001. ***

El mito ingenuo El Estado argentino viene alimentando estratos de población prebendaria en segmentos de su propia clase política, burguesía y burocracia desde larga data. Se consume a sí mismo y vive a expensas del resto del mundo, habiendo estafado entre otros a 450.000 ahorristas italianos, 350.000 japoneses y millones de sus propios depositantes, jubilados y pensionistas. Cuando engendró su variante autóctona de movimiento piquetero, dio un paso más en su involución hacia el tipo-ideal de Estado parasitario. Desde la izquierda el ascenso piquetero se percibe como un triunfante crescendo liberador.* Desde la derecha se vislumbra como una rebelión de bandas delictivas que no se reprime debido al oportunismo y demagogia de la clase política. Ninguno de estos mitos se compadece de la relación sistémica entre este fenómeno y los procesos y variables analizados en el Capítulo 1. Ninguno de ellos toma en cuenta el hecho de que la erosión institucional sufrida por el país conduce necesariamente a fenómenos de esta índole. Desde su reduccionismo, la izquierda insiste en vislumbrar la problemática con un sesgo clasista y rehúsa reconocer que el piqueterismo es una manifestación más de procesos de largo plazo que han empobrecido a todas las clases sociales argentinas (aunque a algunos segmentos más trágicamente que a otros). Desde su voluntarismo, la derecha insiste en suponer que el problema puede suprimirse con decisión e integridad, a fuerza de represión inteligente (aunque un poco de inteligencia, decisión e integridad contribuirían mucho a paliar estos males). Una versión simplista de la historia nos contaría que los piqueteros versión argentina emergieron con los hechos acaecidos en Cutral-Có, provincia del Neuquen, el 20 de junio de 1996. Ese día, trabajadores despedidos de YPF y sus vecinos cortaron la estratégica ruta nacional 22. Laura Padilla, una maestra que se enfrentó a quienes intentaron reprimir el acto, se convirtió en caudilla. Seis días después el gobernador Felipe Sapag firmó con ella

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“No llores por Argentina. Las luchas en Argentina son uno de los rayos de esperanza más importantes en el mundo en los últimos años. (...) Este libro es la historia (...) de un movimiento que quiere cambiar el mundo sin tomar el poder”. Prólogo de John Holloway a Raúl Zibechi, Genealogía de la Revuelta (Argentina: la sociedad en movimiento), La Plata: Letra Libre, 2003, p. 9.

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un acuerdo: las rutas quedaban libres y a los manifestantes se les otorgaban subsidios del Estado.* Este episodio anticipó no sólo la protesta extorsiva exitosa sino también el papel importante que ocuparían las mujeres en el incipiente fenómeno. La pueblada se repitió en otras ciudades petroleras: Plaza Huincul (Neuquen), Tartagal y Gral. Mosconi (Salta). Como recuerdan Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, autores del trabajo más completo hasta la fecha sobre el tema, estos primeros piqueteros “se encontraban entre los (ex) trabajadores mejor pagos del (ex) Estado de bienestar, con una carrera estable que incluía familias y generaciones completas socializadas en el marco de la estabilidad y el bienestar social”.† Al año siguiente, en Mar del Plata y ya en otro contexto, Esteban Emilio Alí imitó a Padilla. Encabezó a cincuenta familias que cortaron la ruta 88. Después de una semana consiguieron 2.700 Planes Trabajar. Los cortes de ruta se convirtieron en un mecanismo habitual para la obtención de prebendas. Según Nicolás Iñigo Carrera, hacia fines del gobierno de Carlos Menem ya se habían registrado 685 piquetes.‡ Por su parte, Svampa y Pereyra elaboraron estadísticas que documentan el dramático eclipse de la huelga como instrumento de lucha de los trabajadores, frente al rápido ascenso de los cortes de ruta.§ Tres años después de su iniciativa marplatense, el 5 de mayo de 2000, el precursor Alí era apresado en ocasión de organizar un tumulto para exigirle alimentos a Casa Tía. Cuando en 2002 salió en libertad, el movimiento se había consolidado. El hecho fue festejado con un corte de ruta al son del estribillo. “Ay, ay, ay, ay; qué risa que me da: Cavallo está preso y Emilio en libertad”.** Los orígenes de la rebelión Los emergentes historiadores del piqueterismo argentino coinciden en que los años claves de su formación fueron 1996-2002. Pero el fenómeno no surgió de la nada, y los ya míticos acontecimientos de Cutral-Có fueron precedidos por procesos complejos en los que nuevas organizaciones populares conquistaron importantes espacios de poder a expensas del sindicalismo oficial y el aparato tradicional del Partido Justicialista. *

Algunos autores consideran al llamado “Santiagazo” de 1993 como la primera pueblada de esta seguidilla. Ver Javier Auyero, La Protesta, Buenos Aires: Libros del Rojas (UBA), 2002. † Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, Entre la Ruta y el Barrio, Buenos Aires: Biblos, 2003, p. 19. En otro trabajo, Svampa ilustra la situación “aristocrática” de la comunidad de YPF con la cita de un entrevistado: “No es lo mismo tener una relación de dependencia que tener un trabajo que va de generación en generación, porque mi abuelo trabajó (en YPF), mi padre trabajó (en YPF), y yo he salido a defender YPF porque si iba de generación en generación tendría que haber quedado para mi hijo.” M. Svampa, “Organizaciones de Trabajadores Desocupados: El Modelo de Gral. Mosconi”, en Inés González Bombal (comp.), Nuevos Movimientos Sociales y ONGs en la Argentina, Buenos Aires: CEDES, 2003, p. 51. ‡ Nicolás Iñigo Carrera, “Las Huelgas Generales, Argentina, 1983-2001: Un Ejercicio de Periodización”, en Pimsa 2001, Documento de Trabajo Nº 33, Buenos Aires, 2002. § Ibidem, p. 37. Sus datos son elaborados a partir de un relevamiento de protestas recogidas por medios gráficos argentinos. ** Hernán Maglione, “Hace ocho años, en Cutral-Có comenzaba una forma de protesta que ganó tantos adeptos como detractores”, La Capital (Rosario), 29 de febrero de 2004. El estribillo alude a Domingo Cavallo, presidente del Banco Central de la dictadura militar, ministro y cerebro de la política económica de Menem y ministro también de De la Rúa.

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Para comprender el fenómeno es preciso recordar lo que se dijo en el Capítulo 1 acerca de dicho aparato, esa trama de punteros peronistas que pudo sobrevivir dieciocho años de proscripción de su partido gracias a su inserción en los estamentos inferiores de las burocracias estatales y a sus vínculos con el crimen organizado de barrio. Durante décadas el aparato ha seducido a vecinos humildes en numerosas localidades y vecindarios, facilitando trámites difíciles, desde entierros hasta la habilitación de pequeños negocios, a la vez que ha contado con los fondos necesarios para costear movilizaciones populares. Es una de las “instituciones subterráneas” emergidas del fracaso de las instituciones formales.* Sin embargo, este aparato tradicional surgido con el primer peronismo (y con antecedentes lejanos en el viejo conservadurismo) estaba hecho a la medida de una clase baja y mediabaja estructurada, con trabajo. Lo mismo es cierto del viejo sindicalismo. El permanente aumento de la desocupación, la sub-ocupación y el trabajo precario significó un deterioro del poder de ambos. Aunque la exclusión también se presta a la manipulación prebendaria, son otros los mecanismos y recursos necesarios para consumarla. Por cierto, en plena hegemonía del justicialismo, el incremento de la pobreza extrema, producto de los sucesivos fracasos de la clase política argentina, erosionó el poder de los punteros y la dirigencia sindical tradicional más que los dieciocho años de proscripción de su propio partido, entre 1955 y 1973.† Esas crisis, cuyas manifestaciones financieras más dramáticas hasta la década de los ’90 habían sido plasmadas por hechos como el Rodrigazo de 1975 y los congelamientos de depósitos y/o estatizaciones de la deuda privada de 1982, 1985 y 1989, contribuyeron a la erosión institucional, estancamiento económico y permanente degradación de la estructura social, cuyo componente de marginación fue creciendo a lo largo de por lo menos treinta años. En 1991 se había recuperado la estabilidad monetaria merced a una grave violación del derecho de propiedad: el Plan Bonex de 1989, que fuera la reacción del gobierno de Menem a la crisis hiperinflacionaria heredada de Alfonsín. Entonces comenzó una ola de privatizaciones de empresas estatales y un proceso de inversión y endeudamiento sin merma del gasto público, que vino acompañada de alarmantes aumentos de la desocupación y la miseria. A diferencia del ciclo de inversión y “endeudamiento virtuoso” vivido por el país entre 1890 y 1914, en este caso el “efecto derrame” anunciado por muchos economistas no se *

Guillermo O’Donnell ha empleado un concepto similar con referencia al clientelismo, al que califica de “institución extremadamente influyente, informal y a veces encubierta”. G. O’Donnell, “Illusions about consolidation”, Journal of Democracy Vol. 7(2), 1996, p. 40. El concepto de “instituciones subterráneas” que desarrollamos en el Capítulo 1, “poder de veto” incluido, abarca pero excede a esta noción. † En 1980, el 11,5% de los hogares estaba debajo de la línea de pobreza en Buenos Aires y su conurbano; en 1995, era el 25%. Los pobres eran el 21,5% de la población del país en 1991 y el 27% en 2000. En 1991 los indigentes sumaban el 3%, ascendiendo al 7% en 2000. J. Auyero, op. cit., p. 28. Éste dice con acierto que “el año 1991 marca un enorme cambio en el vínculo funcional entre las tendencias macroeconómicas y los niveles de empleo. De allí en adelante, el crecimiento del PBI fue acompañado por un aumento del desmpleo”. Ver Javier Auyero, Poor People’s Politics: Peronist Survival Networks and the Legacy of Evita, Durham NC: Duke, 2000, p. 37. Este es el libro más inteligente y creativo sobre la nueva pobreza argentina que se haya publicado hasta la fecha.

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materializó, y a partir de 1998 cesó incluso el crecimiento de esa economía cuya riqueza estaba cada vez más concentrada. El endeudamiento público puede justificarse si contribuye al bienestar general, pero en aquel contexto ni siquiera Santo Tomás de Aquino (por no decir John Locke) hubiera condenado una creciente y vigorosa tendencia a la revuelta. El Estado, custodio del contrato social, había traicionado a sus partes reiteradamente. El mercado de militantes Para comprender esta rebelión desde la lógica de la acción colectiva es preciso considerar la mutación estructural que se estaba produciendo en la Argentina.* Por cierto, hacia mediados de la década de 1990 el mercado de militantes experimentó una transformación radical. Hasta ese momento, la gran mayoría de éstos tenía trabajo, y los dirigentes de organizaciones sindicales y de protesta tenían más que ganar ofreciendo sus servicios a empleados que a desempleados. El cambio comenzó a insinuarse a principios de la década. La amenaza que sentían los trabajadores del Estado por el proceso de privatizaciones y el silencio de la Confederación General del Trabajo (CGT), que había sido cooptada por el gobierno menemista, engendró condiciones propicias para la emergencia de una contestataria Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) conducida por Víctor De Gennaro, con afiliación y elecciones directas. Ésta se formalizó el 12 de noviembre de 1992, principalmente gracias a la demanda de quienes se habían quedado sin trabajo o estaban a punto de sumergirse en esa situación. En ella los “trabajadores desocupados” tuvieron, desde el momento fundacional, el mismo reconocimiento que los “trabajadores ocupados”, a la vez que la protesta de los jubilados también encontró en su seno un reconocimiento activo y formal. De este modo, las ofertas tradicionales de la CGT “leal” conducida por Rodolfo Daer y de la moderada “disidencia” liderada por Hugo Moyano, quedaban desbordadas por el dinamismo de una organización que respondía a una nueva demanda.† Estos hechos se complementan con datos como los que presentan Federico Schuster y Sebastián Pereyra, que informan que mientras el 75% de las protestas eran lideradas por sindicatos entre 1983 y 1988, su participación bajó al 60% entre 1989 y 1994, para desdibujarse por completo a partir de 1995.‡ Como se ve, el proceso debe conceptuarse en términos de una lógica típicamente económica, la del mercado. Hasta mediados de la década, agrupaciones como el maoísta Partido Comunista Revolucionario (PCR) reclutaban militantes con empleo, cuyos intereses *

Recuérdese el precursor trabajo de Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965. † En noviembre de 1996 se formalizó la ruptura entre la CGT leal y la disidente. Por su parte, la CTA fue reconocida oficialmente en 1997 como organización de tercer grado. Para calificar como tal, interrumpió la práctica del voto directo de sus afiliados. ‡ Federico Schuster y Sebastián Pereyra, “La protesta social en la Argentina democrática: balance y perspectivas de una forma de acción política”, en Norma Giarracca, La Protesta Social en la Argentina: transformaciones económicas y crisis social en el Interior del país, Buenos Aires: Alianza, 2001, pp. 51-52. Los datos provienen de una investigación en que participaron dichos autores, en el seno del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

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creían defender. Pero con el crecimiento vertiginoso de la desocupación, el ascenso de la CTA y el ocaso de la vieja CGT, era cada vez más claro que el juego de oferta y demanda favorecía a los proveedores de movilizaciones de desempleados más que a los ofertantes de servicios sindicales y asistenciales tradicionales.* El fenómeno también se vislumbró con la proliferación de clubes de trueque† y redes de cartoneros‡ que ofrecían opciones al creciente número de familias excluidas de la nueva economía. Este significativo cambio habrá pasado desapercibido para la dirigencia menemista, el FMI y el Banco Mundial, pero no para el PCR, que comenzó a concentrar su atención en los desocupados. Lo mismo ocurrió con nuevas organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), vinculada al PCR, que fuera creada en 1994 y consolidada a partir de las ollas populares lideradas por Juan Carlos Alderete en 1996. Hasta entonces, la CCC tenía inserción sólo entre empleados estatales de Jujuy acaudillados por Carlos “Perro” Santillán, en el gremio del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM). Pero en 1998 instituyó su rama de trabajadores desocupados, que hacia 2005 es la mayoritaria. Fue recién a partir de mediados de la década de los ’90 que el desempleo creció lo suficiente como para que estos agrupamientos se plantearan darles a los desocupados el lugar central en sus reivindicaciones. La reconversión llegó incluso a los trotskistas, aunque más tardíamente. Opuesto ideológicamente al asistencialismo, el Partido Obrero se negó a participar del piqueterismo durante algunos años, pero en su congreso de diciembre de 2000 optó por plegarse a la lucha por los planes sociales a partir de una “valoración política táctica”, creando el Polo Obrero para trabajar sistemáticamente en torno de los desempleados.§ Un indicador cuantitativo del crecimiento de la demanda de servicios de protesta para desocupados es el hecho de que, hacia principios de 2005, he podido identificar mucho más de una docena de agrupaciones que con antelación a su nombre portan los prefijos MTD (“movimiento de trabajadores desocupados”), MST (“movimiento sin trabajo”) y CTD *

En octubre de 1991 la tasa de desocupación era del 6,0%; en octubre de 1994 había ascendido al 12,2%; en octubre de 1996 ya era el 18%. Los desocupados y subocupados sumaban aproximadamente 1.600.000 de personas a comienzos de la década del ’90, para alcanzar unas 4 millones en el 2000. Cifras del INDEC; mediciones anuales basadas en el promedio de los datos de 28 centros urbanos que representan al 70% de la población urbana. † Las redes de trueques fueron inauguradas en 1995. Sus socios sumaban 1000 en 1996, 320.000 en 1999 y 500.000 en 2001. Luego fueron eclipsadas por la proliferación de fichas falsas, que según cálculos diversos llegaron a representar entre el 30 y el 90% del circulante. Ver Fabiana Leoni y Mariana Luzzi, “Nuevas Redes Sociales: Los Clubes de Trueque”, en Inés González Bombal (comp.), Respuestas de la Sociedad Civil a la Emergencia Social, Buenos Aires: CEDES, 2003, pp. 16-19. ‡ Los “cartoneros” se dedican a la recolección y reciclado informal de residuos en las ciudades. En la segunda mitad década del ’90 comenzó a aumentar el porcentaje proveniente de otros oficios. Según un estudio, hacia 1999 había unos 25.000 cartoneros en la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, es decir que aproximadamente 100.000 personas vivían de la actividad, y de ellos “el 50% habían sido trabajadores industriales asalariados que cayeron en la desocupación.” Ver Cristina Reynals, “De Cartoneros a Recuperadores Urbanos”, en Inés González Bombal (comp.), op. cit., pp. 45-47. Sobre este tema, ver también Eduardo Anguita, Cartoneros, Buenos Aires: Norma, 2003. § Esta organización, cuyo referente es Néstor Pritola, sería protagonista del lanzamiento del Bloque Piquetero Nacional el 5 de diciembre de 2001, en consonancia con el guevarista Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y la leninista Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa).

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(“coordinadora de trabajadores desocupados”).* Evidentemente, la estrategia de marketing de los ofertantes conduce a la diferenciación del rubro, que se exhibe como insignia. Se privilegia el tipo de servicio por encima de la orientación u origen ideológico del “movimiento”, que puede ser autonomista-radical, anarco-socialista, populista, peronista, guevarista, trotskista...† Las vertientes “sindical” y “villera” de la rebelión Las organizaciones descriptas hasta ahora (CTA y CCC), al igual que otras como el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) que acaudilla Raúl Castells,‡ tienen su origen en una exitosa reacción frente al sindicalismo tradicional. Están constituidas principalmente por ex empleados públicos y de las empresas estatales privatizadas, muchas veces con el apoyo de partidos políticos de izquierda y sectores eclesiásticos radicalizados. Corresponden a lo que llamaremos “vertiente sindical” de la rebelión, para diferenciarlas de otras agrupaciones que venían emergiendo desde antes aún y que confluyeron con éstas. A este segundo conjunto lo bautizaremos “vertiente villera”, y está constituido principalmente por organizaciones nacidas de los procesos de ocupación de tierras fiscales y privadas. Emergió con los ya viejos asentamientos ilegales, tolerados desde por lo menos la presidencia de Raúl Alfonsín debido al apoyo de las estructuras del peronismo clientelista y algunos segmentos del clero.§ Ambas vertientes están estrechamente entrelazadas, al punto de que Alderete, recién mencionado en relación con la CCC, tuvo su origen político en la usurpación de las tierras en que se asentó el Barrio María Elena de La Matanza, a mediados de la década de 1980. Como recuerda Denis Merklen, el autor que más ha investigado este importante tema, por aquella época también se tomaron los terrenos que dieron lugar a los asentamientos de El *

MTD-Teresa Rodríguez; MTD-AV; MTD-Aníbal Verón; MTD-Aníbal Verón/Nacional; MTD La Juanita; MTD Solano; MTD Resistir y Vencer; MTD Evita; MTD 26 de Junio; MTD Maximiliano Kosteki; MTD La Verdad; Movimiento Independiente de Desocupados Organizados (MIDO); MST-TV (Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive); MST-IU; CTD-AV (Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón); UTD (Unión de Trabajadores Desocupados); UTEDOCH (Unión de Trabajadores Desocupados y Changarines), etc. Hay también una pléyade de MTDs con nombres de localidades y provincias. † Una percepción convergente, desde la izquierda, puntualiza que: “(la política menemista) destruyó (…) la resistencia obrera, las fábricas, los barrios, los espacios de sociabilidad, y debilitó a los sindicatos. Pero también tuvo una consecuencia imprevista: tendió a homogeneizar una parte de los sectores populares, hasta entonces fuertemente estratificados entre las diferentes categorías de obreros—calificados, semi y no calificados—al empujarlos fuera del sistema formal y arrebatarles sus derechos laborales y ciudadanos. (…) No se trata sólo de una cuestión cuantitativa, de mirar el índice de desocupación y ver cómo fue evolucionando a lo largo de la década. Esos índices no recogen los datos centrales: cómo se vive la desocupación, si aún se conservan esperanzas de conseguir un empleo (…).” Es así cómo se produjo lo que yo conceptualizo como una transformación del mercado de militantes. R. Zibechi, op. cit., p. 9. ‡ Castells fue originalmente militante del Movimiento al Socialismo (MAS) y su organización, parte de la CCC. § Esta clasificación sigue los lineamientos ya ensayados por Isabel Rauber, “Cerrar el paso abriendo caminos: piquetes y piqueteros en la Argentina de la crisis”, Revista Rebelión, noviembre de 2002; M. Svampa y S. Pereyra, op.cit., y Astor Massetti, Piqueteros: Protesta Social e Identidad Colectiva (Buenos Aires: Editorial de las Ciencias/FLACSO, 2004).

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Tambo, El Privado, 17 de Marzo, 22 de Enero, Costa Esperanza, Villa Adriana, San José, San Alberto, Villa Unión, Km. 25, La Juanita, todos emplazados en La Matanza.* Estas usurpaciones engendraron organizaciones comunitarias que evolucionaron hacia reivindicaciones de derechos sociales más amplios, abarcativos del trabajo, la educación y la salud.† Ciertamente, al decir de Isabel Rauber (una historiadora de origen argentino instalada en La Habana desde hace casi treinta años), el movimiento piquetero argentino es producto del “mestizaje de la experiencia sindical (que hace de la huelga un instrumento fundamental en la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores), y la que surge de la toma de tierras (que organiza a la población en torno de la supervivencia en zonas urbanas).”‡ El Tambo: un caso emblemático de la vertiente villera Sin duda, para entender qué es lo que ha ocurrido en la Argentina de las últimas décadas, cuáles son las características del país actual, y porqué hay ciertos cambios en las reglas del juego que son irreversibles a pesar de que resultan subversivos si se analizan a la luz de la Constitución y las instituciones demócrata-liberales de esta República, es indispensable recordar la historia de los asentamientos ilegales de la década de 1980. Éstos han sido prácticamente olvidados excepto por algunos analistas de izquierda cuyo objetivo, reivindicatorio, no ha sido el de comprender la dinámica política e institucional que diera origen a un Estado parasitario. El epicentro del proceso estuvo en el Partido de La Matanza,§ y hay dos caminos disponibles para rescatar sus características más importantes: remitir a las mencionadas obras de Merklem y rescatar el testimonio oral del principal dirigente de una vasta organización que tuvo su origen en la usurpación de tierras, Luis D’Elía. Según confesó éste al diario Página 12 en agosto de 2002,** el antecedente más lejano del crítico proceso de toma ilegal de terrenos que dio lugar a los revolucionarios asentamientos de La Matanza fue protagonizado por los sectores progresistas del clero. Cuenta que: “En el '81, (durante) una de las luchas más grandes contra la dictadura, (se tomó) una foto famosa de (monseñor) Novak parando las tanquetas de los milicos, impidiendo el *

Denis Merklen, Asentamientos en La Matanza: la terquedad de lo nuestro, Buenos Aires: Catálogos, 1991, y “Inscription territoriale et action collective. Les occupations illégales de terres urbaines depuis les années 1980 en Argentine”, Paris, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, tesis de doctorado, 2001. † Ibidem, 1991 p. 112. Señala este autor que el 73% de las familias que tomaron tierras eran del propio partido de La Matanza, el 11% provenía del resto de la región metropolitana, y el 14% de la Capital Federal, de manera que se trataría de un fenómeno intra-urbano. Cf. I. Rauber, op. cit., p. 5. ‡ I. Rauber, op. cit., p. 5 y 10 de la versión en documento PDF de Internet, en www.rebelion.org. La autora es la historiadora de la CTA y realizó entrevistas en profundidad a los principales dirigentes piqueteros. Varios de sus trabajos están disponibles en el citado sitio web cubano, “Rebelión”. § Con 1.300.000 habitantes, este distrito industrial empobrecido del conurbano bonaerense es uno de los mayores polos de población marginal de la Argentina. ** Lo que sigue es un resumen de un reportaje a Luis D’Elía publicado por el diario Página 12 el 19 de agosto de 2002 y reproducido en Internet en el portal “Espacios Políticos: La Primera Red Federal de Ciencia Política”, URL http://www.espaciospoliticos.com.ar/otros/delia.htm .

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desalojo de la gente en El Tala. Fue una cosa heroica, una reivindicación de los sectores cristianos del carajo. (...) Se ve que a eso lo estuvimos incubando durante tres o cuatro años, hasta que lo hicimos nosotros.” El proceso se aceleró durante el gobierno de Alfonsín, con las inundaciones de 1985, que dejaron barrios enteros bajo el agua y mucha gente evacuada. D’Elía era un joven que trabajaba en las comunidades eclesiales y fue enviado a capacitarse a Quilmes “con los curas que armaron todas las grandes tomas de los '80”. Según la narración del caudillo piquetero, elegir los predios les llevó tres meses. El 6 de enero de 1986 comenzó una secuencia de usurpaciones que culminó el 18 de marzo de ese año, día en que “fueron tapa de diarios”: “Ubicamos las tierras de El Tambo, que eran de (un tal) Abraham Muñoz. (...) Primero tomamos la mitad, hasta el arroyo. (El dueño) venía a amenazarnos, era un matón... Yo tenía una contradicción. Era muy pichón, venía con toda la onda de la no violencia, era el maestrito del barrio. Pero me había juntado con (...) todos los pesados que decían ‘los vamos a cagar a tiros’ (...) Al final preparamos la toma de todo el terreno. (...) Nos quedamos ahí y no nos fuimos más. Terminamos tirándole la casa abajo a Muñoz.” En una primera etapa los propietarios intentaron desalojarlos: “El Tambo era un desbole, lleno de carpas, un tolderío. Estábamos acomodándonos y un día los Muñoz organizan una represión. (...) Entonces Núñez (...) agarró y distribuyó a la gente en herradura para defender el lugar, puso a otros sobre los techos del barrio vecino, con palos, piedras, escopetas, 9 milímetros... Los Muñoz entraron disparando en un Torino azul sin patente, acompañados por dos patrulleros. Y la gente les respondió. Les empezaron a tirar y les rompieron todos los coches. Los agujerearon de lado a lado. Nuestra única víctima fue un pibe, Maciel, que le estropearon una pierna. (...) Quedaron los coches todos agujereados. Habían tirado los grandes, los chicos, todo el mundo. Fue la gesta histórica de El Tambo, el 23 de enero del '86.” Las fuerzas del orden finalmente dejaron de molestar a los usurpadores porque los medios televisivos controlados por el gobierno radical brindaron su apoyo a los asediados asaltantes. Según recuerda D’Elía: “Mona Moncalvillo, que tenía un programa en ATC, vino y transmitió en vivo. Toda la prensa empezó a debatir y la exposición pública quebró a los tipos. Ahí nos consolidamos.” Posteriormente se produjo el afianzamiento del barrio: “Yo conduje todo ese proceso que terminó en el '94 entregándole a cada vecino su escritura. Nos cooperativizamos, le compramos al Estado nacional en 250 mil dólares. Hoy El Tambo es un asentamiento modelo. Casi todos los vecinos son propietarios, tenemos asfalto, teléfono, luz, estamos haciendo el gas, tenemos un dispensario sanitario donde vas y te dan los medicamentos, los análisis, dos guarderías, el colegio, el polideportivo... es un barrio con mucho orgullo, con mucha chapa, con mucha cosa conseguida. Y yo soy una figura muy pesada en mi barrio. La autoridad no te la da un 54

cargo ni una asamblea, la autoridad te la da un proceso de construcción.” Los saqueos y ollas populares de 1989 y 1990 El detalle de estos procesos tal como emerge del racconto de D’Elía nos permite vislumbrar, desde un nivel micro, la emergencia de una de las instituciones subterráneas cuya función en el Estado parasitario fuera conceptualizada en el Capítulo 1. El paso siguiente en su consolidación fue la participación de los vecinos de este tipo de asentamiento ilegal, que proliferó, en los saqueos y ollas populares de 1989 y 1990. Se recordará que éstos se produjeron a raíz de los dos brotes hiperinflacionarios, desencadenados respectivamente antes de la renuncia precipitada de Alfonsín, y poco después de la asunción de Menem.* En el episodio de 1989 los saqueos duraron algunos días, entre fines de mayo y principios de junio, reproduciéndose en casi todos los grandes conglomerados urbanos del país, aunque fueron particularmente numerosos en los cinturones industriales de Rosario y Buenos Aires.† En La Matanza, José C. Paz y San Miguel (partido de General Sarmiento) prácticamente no quedaron supermercados ni comercios grandes sin saquear. Según el gobierno bonaerense actuaron bandas armadas que incluso portaron ametralladoras. Una vez perpetrados los grandes saqueos, hubo barrios que se levantaron en pie de guerra entre sí, acusándose de la intención de saquearse mutuamente.‡ Antropólogas que trabajaron con vecinos de Villa Mitre y Las Calas, de San Miguel, documentaron que en los vecindarios insurgentes había entre ocho y diez personas armadas por cuadra. Según María Rosa Neufeld y María Cristina Cravino, “la filiación entre los saqueos, las ollas y los comedores que hoy se observan en los barrios es explícita”. Usando las palabras de algunos de sus entrevistados: “El comedor comunitario fue creado a partir de los saqueos (...) Nos vimos en la necesidad de crear una fuente de alimentación, organizar algo para poder dar de comer (…) a criaturas, gente, madres embarazadas, madres solteras (...).” La investigación revela que las ollas populares fueron el aspecto de la insurrección menos destacado por los medios, pero que fue el que tuvo mayor impacto y proyección: “Se obtenían los alimentos (...) de los aportes de los que tenían algún ingreso, de los acopios de saqueos, pero mayoritariamente los municipios y comerciantes de la *

Entrevistas realizadas por antropólogas a vecinos de asentamientos nacidos de la toma ilegal de tierras confirman el protagonismo de éstos en los acontecimientos de 1989 y 1990. “Los (...) barrios (...) habían surgido pocos años antes que los saqueos. Todos los entrevistados coincidían en evocar la historia de la constitución de los asentamientos (...). Se recordaba con detalle la intensidad de las interacciones (para) encarar (la conformación de un) ‘barrio’ al estilo de los que rodeaban a las tierras tomadas.” Ver María Rosa Neufeld y María Cristina Cravino, “Los saqueos y las ollas populares de 1989 en el Gran Buenos Aires. Pasado y presente de una experiencia formativa”. Revista de Antropología, Vol. 44 (2), 2001. Disponible en URL http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012001000200005. † Nicolás Iñigo Carrera, María Celia Cotarela y otros, “La Revuelta: Argentina 1989-90”, Documento de Trabajo Nº 4, Pimsa, 1995. ‡ Según Página 12, los villeros fueron alentados a protagonizar una mini-guerra civil por la policía, que proveyó de uniformes diferentes a los habitantes de cada vecindario “para poder diferenciarlos a ustedes cuando los ataquen los de enfrente.” Los rumores de ataques mutuos abarcaban a varias villas: Mitre, Las Calas, Primavera, Santa Brígida y Vucetich. Ver Neufeld y Cravino, op. cit.

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zona eran los que ‘colaboraban’”. (...) A partir de ese momento, los gobiernos municipales comenzaron a ser proveedores de alimentos en forma continua o discrecional, en una situación de ‘emergencia’ que devino en permanente.” En otras palabras, la olla popular con aportes de pequeños burgueses lugareños y del erario público local, fue un emergente de los saqueos perpetrados en 1989 y 1990 por vecinos de los asentamientos que, cuatro años antes, habían nacido de la usurpación a veces violenta de tierras fiscales y privadas. El surgimiento de una “institución subterránea” Por cierto, descripto con pinceladas gruesas, este fue el manantial de donde brotó una gran organización que hacia 1995 precedió a los piqueteros en su papel de adjudicadores de planes sociales del Estado. Por aquellos tiempos la Provincia de Buenos Aires emitía sus planes “Vidas” y “Barrios”, distribuidos por punteros y “manzaneras”.* Cuando con el apoyo del la Cooperativa El Tambo, un grupo de éstas se rebeló contra su jefa, procedieron a confeccionar una versión propia del censo municipal de desempleados. Lograron imponerlo en La Matanza. El nuevo censo se utilizaría para distribuir los planes sociales, y las manzaneras en cuestión consiguieron que el Estado provincial les delegara la función de adjudicar un porcentaje de los mismos bajo el paraguas de un nuevo agrupamiento, la Red Alimentaria, luego convertida en Red de Barrios, que armó una trama de comedores populares con las diez toneladas mensuales de alimentos que obtuvieron del Estado para distribuir. Del barrio de D’Elía se avanzó pues a un circuito inter-barrial de dimensiones importantes. Este es otro eslabón crucial en el proceso, de larga data, a través del cual agrupaciones populares ad hoc fueron ocupando lugares de autoridad y poder dejados vacantes por la pérdida de gobernabilidad, que esbozamos conceptualmente en el capítulo anterior. La Red de Barrios tuvo éxito forjando un entramado con ONGs dedicadas a los derechos humanos, medio ambiente, salud, educación, la mujer, etc., al estilo de los fenómenos de desarrollo de “redes inter-organizacionales” de solidaridad que estudia Pablo Forni.† La incipiente institución dio otro paso hacia adelante cuando en 1997, con la mirada complaciente de algunos sacerdotes, vecinos de distintos asentamientos tomaron el oratorio salesiano del Sagrado Corazón para reclamar planes de empleo. Según Svampa y Pereyra, la toma duró 24 días y permitió el primer encuentro con lo que luego sería el núcleo de la CCC.‡ También en 1997, la Red se solidarizó con los docentes, participando de la Carpa *

La organización asistencial creada por Hilda “Chiche” Duhalde, esposa del entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires. † Pablo Forni, “Las Redes Inter-Organizacionales y sus implicancias en el desarrollo de las Organizaciones Comunitarias de los Pobres y Excluidos. Estudios de Caso en el Gran Buenos Aires durante la década del noventa.” Trabajo presentado al Seminario Regional sobre “ONGs, Gobernancia y Desarrollo en América Latina y el Caribe”, organizado por la UNESCO (MOST) en Montevideo, 28-30 de noviembre de 2001. Accesible desde el URL: http://www.unesco.org.uy/most/seminario/ongs-gobernancia/documentos.html ‡ M. Svampa y S. Pereyra, op. cit., p. 47.

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Blanca que se instaló frente al Congreso de la Nación, y estableció relaciones con De Gennaro y su CTA. Casi todo esto aconteció antes de los hechos casi mitológicos de Cutral-Có, de 1996. Y de esta manera, la vertiente villera del movimiento piquetero argentino confluía con la de origen sindical, en una misma rebelión signada por objetivos afines. Finalmente, el 18 de julio de 1998, la Red se convirtió en la Federación Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) en el marco de la CTA, proponiendo una militancia centrada en la cuestión de los asentamientos urbanos ilegales, la ocupación de tierra por parte de campesinos y los derechos de los desempleados.* Según reconoce el propio D’Elía, hacia 1997 el principal eje de actividad de la Red ya había virado de la tierra al trabajo, debido al crecimiento de la demanda de servicios de protesta para militantes desocupados.† Estos complejos procesos ilustran de qué manera los fracasos sucesivos del Estado argentino tratados en el Capítulo 1 traen aparejadas consecuencias de muy largo plazo, con el menoscabo de instituciones centrales para el orden. Ya hacia mediados de la década del ’90, antes de que el fenómeno piquetero adquiriese su virulencia y visibilidad posterior, organizaciones populares dedicadas a la usurpación de propiedad pública y privada habían adquirido legitimidad frente a grandes segmentos de opinión y ante el Estado mismo, que les cedía parcelas de poder al permitirles distribuir planes asistenciales. El gobierno de la Alianza y el salto cualitativo del parasitarismo proletario Aunque el florecimiento de las organizaciones parasitarias del proletariado argentino se debe a la confluencia de los complejos procesos esbozados, algunos de los cuales se remontan, como se dijo, por lo menos al gobierno de Alfonsín, el abortado gobierno aliancista representó un importante punto de inflexión en varias de sus dimensiones. Por cierto, la gestión de Fernando De la Rúa representó la consolidación y maduración de la rebelión popular argentina. Durante ese intervalo: 1. Las organizaciones que habían nacido para hacer frente a la demanda de servicios

de protesta para desempleados, o que habían evolucionado hacia esa especialidad, comenzaron a usar sistemáticamente y con éxito los métodos ensayados por los piqueteros precursores en escenarios como el de Cutral-Có. El corte de ruta se extendió a la región metropolitana de Buenos Aires;

2. Las agrupaciones se convirtieron en ONGs y accedieron al derecho de ser ellas mismas las administradoras de los paquetes de planes sociales conquistados, convirtiéndose así en auténticas instituciones informales que forman parte de la red de poder del Estado;

*

Mariano Pacheco, “Del piquete al movimiento - Parte 1: De los orígenes al 20 de diciembre de 2001”, Cuaderno de la FISYP (Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas) Nº 11, enero de 2004. Accesible desde el URL http://fisyp.rcc.com.ar/11.Piqueteros.pdf . † Entrevista citada del diario Página 12. Según el referido artículo D’Elía dijo textualmente: “En el acta de fundación el objetivo declarado siguió siendo la lucha por la tierra, pero la cuestión del trabajo empezaba a aparecer como el principal eje.”

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3. Hubo episodios de represión con pérdida de vidas de militantes, que siempre redundaron en derrotas políticas para el gobierno nacional; 4. Se produjo una cierta connivencia entre el justicialismo bonaerense, el gobierno provincial y la rebelión piquetera, para asestar golpes políticos contra el gobierno nacional. En alguna medida, se trató también de manipulación de la rebelión por parte del peronismo. Ciertamente, con la asunción del gobierno de De la Rúa en diciembre de 1999, el movimiento ya había multiplicado su actividad y dispersión geográfica. El 13 de diciembre se organizó una protesta relativamente pequeña frente al ministerio de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, con participación de militantes del MTD Teresa Rodríguez, * Quebracho† y el Movimiento La Patria Vencerá.‡ Provenían de varios distritos bonaerenses (La Plata, Quilmes, Florencio Varela, Lanús, La Matanza). El mayor logro para los revoltosos fue la posibilidad de administrar ellos mismos la distribución de los planes conquistados, una atribución sin precedentes que se convirtió en norma. En verdad, fue política del gobierno aliancista que las agrupaciones de desocupados se instituyeran formalmente como organizaciones civiles con personería jurídica, adquiriendo de tal manera una cobertura legal que les permitiría operar como ONGs, facilitando su autonomía en la administración de grandes paquetes de planes. Esto significó también una pérdida de poder para los punteros de los aparatos partidarios tradicionales, principalmente del justicialismo, que durante la década del ’90 habían exigido el cumplimiento de tareas de militancia a cambio de los Planes Trabajar.§ Obviamente, estas labores beneficiaban a los aparatos políticos de los municipios y por consiguiente a los propios punteros. Transferido el gobierno nacional a la alianza de la Unión Cívica Radical y el FREPASO, los nuevos gobernantes prefirieron consolidar el contrapoder de los piqueteros antes que permitir que los planes adjudicados siguieran beneficiando al aparato de sus competidores políticos. Como veremos, este juego de suma cero entre los dos principales partidos operaría una y otra vez para ampliar el espacio de poder y legitimidad de las instituciones ad hoc, obtenido por métodos extorsivos e ilegales que fueron convalidados por la prensa y la opinión pública progresista. *

El MTD Teresa Rodríguez estaba vinculado en sus orígenes al guevarismo de la década de 1970, y en especial al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Desde 1998 se llama MTR (Movimiento Teresa Rodríguez), siendo Roberto Martino su principal figura. En 2001 impulsó el Bloque Piquetero Nacional, al que abandonó en 2003. † El Movimiento Popular de Unidad Quebracho (MPU-Q) se conformó durante el primer gobierno de Menem, con fuerte composición de clase media universitaria. Emergió de sectores de la Juventud Intransigente de La Plata. Con el tiempo incorporó a militantes de origen popular, del peronismo revolucionario y de la izquierda guevarista, constituyéndose en el Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho (MPR-Q). ‡ El Movimiento La Patria Vencerá (MPV) fue una agrupación emergida de Descamisados, a su vez una organización del peronismo revolucionario de la década del ’70. Datos sobre las diversas agrupaciones pueden obtenerse en M. Pacheco, op. cit., y en M. Svampa y S. Pereyra, op. cit. Éste contiene un apéndice incompleto pero informativo dedicado al tema. § M. Pacheco, op. cit., p. 24.

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La manipulación de la rebelión piquetera por el justicialismo Muy pronto, sin embargo, se pondría de manifiesto el potencial destructivo de las nuevas organizaciones frente a la débil alianza oficialista. Reaccionando contra reiteradas violaciones de la ley y desmanes diversos que no habían sido reprimidos por el gobierno anterior, el ministro del Interior Federico Storani se puso duro con los manifestantes que durante seis días cortaron el puente correntino de General Belgrano, armados con gomeras y piedras. El 18 de ese mes la Gendarmería, amparada por un apagón, arremetió contra los tumultuosos. Murieron dos piqueteros, Mauro Ojeda y Francisco Escobar, generando una grave crisis para el ministro.* Las muertes, aún relativamente escasas, no impidieron el crecimiento del fenómeno. A la vez, la reacción indignada de la ciudadanía frente a la represión legal ilustró tanto la intolerancia a la muerte violenta vigente en la cultura argentina desde la caída de la última dictadura militar, como la relativa legitimidad adquirida por esta rebelión cuya metodología consiste en violaciones sistemáticas de la ley y orden. El siguiente paso en la evolución del movimiento fue su irrupción en el cinturón conurbano de Buenos Aires. Se vislumbró claramente el 28 de junio de 2000, cuando quinientos militantes de la CCC, la FTV y el MIJD, entre otras agrupaciones, cortaron la Ruta 3 a la altura de Isidro Casanova, Partido de la Matanza. Una misa fue oficiada por un sacerdote en medio del camino bloqueado. El gobierno negoció y los piqueteros cosecharon 650 mil kilos de comida fresca, 70 mil de alimentos secos, medicamentos, un número de planes sociales adicionales que serían administrados por las organizaciones de revoltosos, y cinco millones de pesos en ATN (Aportes del Tesoro Nacional) para el Consejo de Emergencias de la Municipalidad de La Matanza. Algunos de los referentes más representativos de la rebelión popular, por caso D’Elía, coinciden con investigadores como Astor Massetti en señalar a este corte como un punto de inflexión importante debido a la cantidad de manifestantes, la diversidad de los agrupamientos involucrados, la centralidad de los sucesos, la calidad de su organización y los resultados obtenidos.† Sin embargo, el Estado incumplió su promesa de transferir los ATN. Esto conllevó a otro episodio de grandes proporciones, involucrando esta vez a miles de militantes que cortaron la misma ruta en el mismo lugar entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre. Ni lerdo ni perezoso, el gobernador justicialista de la provincia, Carlos Ruckauf, responsabilizó al gobierno aliancista de la situación, a la vez que el sindicalista de la CGT disidente Hugo *

Antes de eso, el 12 de abril de 1997 en Cutral-Có, Teresa Rodríguez se había convertido en la primera baja de un corte de ruta. Con posterioridad la lista de bajas piqueteras se engrosó con Aníbal Verón, que cayó en Tartagal el 10 de noviembre de 2000; Carlos Santillán y José Barrios, que fueron muertos el 16 de junio de 2001 en General Mosconi, provincia de Salta; y Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, que perdieron sus vidas el 26 de junio de 2002 en el puente Pueyrredón de Avellaneda. La historia de las bajas piqueteras, contada con ribetes épicos desde la perspectiva de la celebración de la revuelta y la condena a las fuerzas del orden, puede encontrarse, entre varias otras fuentes, en Iván Schneider Mansilla, Piqueteros: Una Mirada Histórica, Buenos Aires: Astralib, 2003. † A. Massetti, op. cit., p. 25.

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Moyano, vilipendiado por las nuevas agrupaciones, intentó congraciarse con las huestes arribando al lugar del piquete con una camioneta cargada de alimentos. Moyano, representante de un sindicalismo más tradicional, se había aliado con Ruckauf el mes anterior y ahora ofrecía a los piqueteros movilizar su facción de la CGT para convocar a un paro nacional que exigiera soluciones para los desocupados. La jugada, según contaba el matutino Página 12 ese día, era evitar que la CTA capitalizara el conflicto, llevar agua para el molino del gobierno provincial y generar grandes costos políticos para el gobierno nacional, cuyo blanco más visible era la ministra de Desarrollo Social Graciela Fernández Meijide. Así se conformó una alianza táctica contra el gobierno nacional, que incluyó a la dirigencia piquetera, el gobierno provincial, el intendente de La Matanza Alberto Balestrini y la CGT disidente.* Frente a esta trama, el gobierno de De la Rúa no podía apelar a la represión desnuda que había utilizado en Corrientes en diciembre de 1999, y que en ese mismo momento empleaba en Jujuy contra los docentes que habían cortado la ruta 34.† Más aún, aunque hubiera tenido el coraje necesario, le hubiera faltado el poder territorial, ya que habría necesitado los servicios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que respondía a Ruckauf. De esta manera, otra vez se ponía de manifiesto el hecho de que el juego político era de suma cero incluso entre las “fuerzas del orden”, cuya lucha competitiva permanentemente despejaba espacios políticos para las instituciones ad hoc, que a su vez se abrían paso por medio de sucesivas violaciones extorsivas de la ley. Éstas eran toleradas porque la lucha entre el gobierno y la oposición, y entre diferentes sectores del justicialismo, fue siempre más importante para sus protagonistas que bregar por los intereses permanentes de la nación poniendo coto a las violaciones de la ley y la Constitución. De esta manera, las instituciones informales fueron generando sucesivos hechos consumados, en un gradual proceso de transformación de la geografía institucional argentina. El episodio de octubre-noviembre de 2000 se pareció, en su estructura, a la crisis que produjo el derrocamiento de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. El oficialismo acusó al intendente Balestrini de agravar el problema social intencionalmente, demorando en La Matanza la entrega de alimentos frescos adquiridos con fondos nacionales. Los legisladores de la UCR se plegaron a la imputación de que el intendente avalaba el piquete y alentaba la insurrección. Los piqueteros, a su vez, reclamaban que el gobierno nacional entregue al Consejo de Emergencia Social, que dependía del gobierno municipal de La Matanza, los adeudados cinco millones de pesos en ATN. El gobierno nacional respondía que debido a un cambio en los procedimientos, los municipios ya no podían recibir ese tipo de fondos, pero ofrecía el triple de su valor en alimentos. Los revoltosos rechazaban la oferta, y el ministro Storani señalaba que la CCC y la CTA parecían alineadas con la

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Fernando Almirón, “De Gennaro y Moyano preparan un paro en apoyo a los piqueteros”, Página 12, 4 de noviembre de 2000, cf. A Massetti, op. cit, pp. 27-28. † A Massetti, op. cit, p. 28.

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gobernación, ironizando: “Son los únicos piqueteros del mundo que piden efectivo para el municipio”.* Desde el piqueterismo se justificó la actitud aduciendo que el dinero daba mucha más autonomía a las organizaciones que el pago en especie, posibilitando usos alternativos de los recursos, como pavimentación de calles de asentamientos, compra de medicamentos, reparación de escuelas, adquisición de herramientas, etc. Ideólogos de la rebelión arguyeron que, más que el típico “botín del clientelismo peronista”, este episodio fue parte de un proceso de modificación de las relaciones Estado/barrios.† En todo caso, y con o sin corruptela, lo que la anécdota ilustra es el proceso de descomposición del Estado y la ocupación de espacios por parte de nuevas instituciones. Éstas proceden con una metodología extorsiva y violatoria de la ley, que les sirve para adquirir derechos a través de hechos consumados. Por cierto, según la contabilidad de Massetti la protesta se dio por terminada a cambio de: 1. El mantenimiento de 6400 Planes Trabajar; 2. 2500 planes adicionales; 3. 5000 planes “BONUS” y 2500 “Segunda Oportunidad” (planes de empleo transitorio especiales para La Matanza); 4. 1250 kilos de alimentos secos mensuales, durante un año, provenientes del erario nacional; 5. 420 mil kilos del erario provincial; 6. 1400 kilos del erario municipal, y 7. Dos millones de pesos en ATN.‡ El aumento del poder piquetero Estos logros demostraron que el corte de rutas era una buena metodología para obtener recursos (especialmente si se contaba con el apoyo indirecto de un gobierno provincial interesado en socavar las bases del gobierno nacional). También aumentaron mucho el prestigio de referentes como D’Elia y Alderete. Su poder iba en aumento gracias al juego de suma cero entre justicialistas y aliancistas, que no respondía a ninguna variante reconocible de los intereses de largo plazo del país sino a intereses políticos de corto plazo. Aunque el crecimiento de este poder dependía del conflicto tortuoso entre los dos grandes partidos, cada espacio ocupado por las nuevas organizaciones representaría un hecho consumado casi imposible de revertir. La metodología de los grandes cortes proliferó, registrándose algunos episodios considerados históricos por los panegiristas de la rebelión. Tal el caso del corte de once días de la ruta 4 en el cruce con Don Bosco, frente a la empresa de electricidad privatizada Edenor, en Morón, provincia de Buenos Aires, entre el 11 y el 22 de febrero de 2001. El *

Laura Vales y Fernando Cibeira, “Los piqueteros rechazaron una oferta del gobierno”, Página 12, 3 de noviembre de 2000, cf. A. Massetti, op. cit., pp. 29-30.

† ‡

A. Massetti, op. cit., p. 30, citando sin precisión a Denis Merklen. Ibidem, p. 31.

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corte principal fue acompañado de cortes menores en varias localidades de Buenos Aires (Bernal, Estaban Echeverría, Florencio Varela, Quilmes), y también en cuatro rutas diferentes de la provincia de Jujuy.* Frente a la nueva intransigencia del gobierno, que ya no responsabilizaba al justicialismo tanto como a grupos y partidos de extrema izquierda, se organizó un nuevo corte de grandes proporciones entre el 6 y el 23 de mayo, esta vez en el emplazamiento tradicional de la ruta 3 a la altura de Isidro Casanova. Este corte fue secundado por cortes menores en la Boca, Florencio Varela, La Plata, Morón, Tigre, los puentes Pueyrredón y Uriburu, las rutas 26, 197 y Panamericana, y la céntrica Plaza de Mayo, en Buenos Aires, como también en las provincias de Catamarca, Córdoba, Jujuy, Neuquen y Río Negro. Esta medida de 18 días consiguió la revisión de procesos judiciales abiertos a piqueteros en la provincia de Buenos Aires, la renovación de los planes asistenciales que estaban por caducar y la adjudicación de 7500 planes adicionales. Con estas acciones se solidarizaron públicamente algunos personajes locales ajenos al mundo piquetero, como Hebe de Bonafini (presidente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo), el sacerdote Luis Farinello y los cantantes Teresa Parodi e Ignacio Copani, demostrando que la rebelión crecía en prestigio y respetabilidad frente a grandes sectores de la población. El convenio colectivo multisectorial se firmó en el palacio municipal de La Matanza con la participación de la ministra de Trabajo Patricia Bullrich.† Todavía restaba más de medio año para los acontecimientos que condujeron al golpe de Estado civil contra De la Rúa, pero ya estaba claro que, ganara quien ganara las elecciones, en la Argentina solo podría gobernar el justicialismo, debido a su relativa capacidad para manipular a las “Mazorcas de La Matanza”, enlazadas con sus redes clientelistas.‡ Estructuralmente, el país ya era incompatible con la democracia liberal instituida por su Constitución. El derrocamiento Por su parte, las instituciones subterráneas piqueteras terminaron de consolidarse poco antes de dicho golpe con la realización, en el Oratorio del Sagrado Corazón, de la primera y segunda “Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados,” el 24 de julio y 4 de septiembre de 2001 respectivamente. El golpe de Estado no fue perpetrado por los agrupamientos de desocupados, pero sí por masivas patotas de La Matanza cuyos integrantes participan de los mismos. Éstas fueron digitadas por los mismos caudillos justicialistas que en ocasiones anteriores habían manipulado a las agrupaciones de protesta para debilitar al gobierno aliancista. Pero esta vez los peronistas *

Ibidem, pp. 31-33. I. Rauber, op. cit. p. 9, y A. Massetti, op. cit., pp. 34-38. ‡ Algunos de estos conceptos fueron parcialmente plasmados bajo el fragor de los acontecimientos, en mis artículos “Vicios políticos autodestructivos”, diario BAE (Buenos Aires Económico), 26 de diciembre de 2001; “Se disuelven el contrato social y el Pacto Federal”, BAE, 30 de enero de 2002; “Hacia la fundación de la Segunda República”, BAE, 5 de febrero de 2002; “Hacia la dictadura de Duhalde”, BAE, 12 de febrero de 2002; “La Argentina, paria internacional”, BAE, 7 de marzo de 2002; “Ascenso y caída de la ciudad de los argentinos”, BAE, 26 de marzo de 2002. †

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fueron secundados por jefes del radicalismo bonaerense, que decretaron la cesación de una gestión presidencial que temían condujese al eclipse definitivo de su partido.* En ocasión del derrocamiento de De la Rúa se saquearon supermercados grandes como Auchán, Carrefour, Disco, Makro y Norte. Se asaltaron también pequeños comercios en las localidades bonaerenses de Ciudadela, José C. Paz, José León Suárez, Moreno, San Isidro, San Martín y San Miguel; en las provincias de Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, y asimismo en barrios de la Capital Federal. Se prendió fuego incluso en el interior del Ministerio de Economía. A esas alturas, ya nadie sabía quién era quién, como que aún no se sabe. Pocos días después, el derrocamiento del nuevo mandatario Adolfo Rodríguez Saá no sólo fue precedido por hechos similares sino también por un asalto al Congreso Nacional, cuyas puertas fueron abiertas desde adentro. Cuando en la localidad bonaerense de Chapadmalal, en el contexto de una reunión de gobernadores, la residencia presidencial fue rodeada por una turba agresiva y el Presidente constitucional fue privado de agua, corriente eléctrica y hasta de su escolta, éste huyó escondido en un auto para renunciar desde su provincia natal, donde se sentía seguro porque allí eran sus aliados quienes controlaban a la policía local.† Ese hecho demostró que el presidente no sólo debía ser peronista, sino que además debía contar con el aval del justicialismo bonaerense. Sin esa condición no se puede gobernar desde Buenos Aires. El fenómeno piquetero en números Hacia mediados de 2004, algunas de las principales agrupaciones piqueteras se repartían militantes y planes sociales de la siguiente manera: -

La FTV, aproximadamente 125.000 miembros con 75.000 planes sociales. La CCC, 50.000 subsidios del Estado sobre un total de 70.000 miembros.

-

El MIJD, 60.000 miembros y 7000 planes sociales. Polo Obrero, 20.000 subsidios totalizando unos 25.000 miembros.

Barrios de Pie,‡ 60.000 miembros con 7000 subsidios.

El Frente de Trabajadores Combativos,§ unos 7000 piqueteros con 2500 planes sociales. La Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa), unos 4680 miembros con 1140 subsidios estatales.**

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Eduardo Aulicino, “De la Rúa hizo acusaciones y ya se escuchan respuestas y reproches”, Clarín, 4 de abril de 2002. El principal acusado fue Leopoldo Moreau, quien según el depuesto presidente De la Rúa habría actuado con la omisión cómplice de Raúl Alfonsín. † ‘Incendio en el Ministerio de Economía’, Clarín,19 de diciembre de 2001; ‘Noche de terror en el Congreso’, Clarín, 30 de diciembre de 2002; ‘La sociedad civil pierde la paciencia contra los políticos al descubrir la realidad de un país en quiebra’, El País (Suplemento Dominical), Madrid, 6 de enero de 2002; ‘Una pacífica protesta de clase media que terminó con el asalto al Congreso argentino’, El Mundo, Madrid, 30 de diciembre de 2002. Citados en Carlos Escudé, “Argentina, a ‘parasite state’ on the verge of disintegration”, Cambridge Review of International Affairs, Volumen 15 (3), octubre de 2002. ‡ Una organización que proviene de la vertiente villera y responde a Patria Libre. Su referente es Jorge Ceballos. § El agrupamiento piquetero del MAS (Movimiento al Socialismo). ** “El movimiento piquetero en números”, infografía que acompaña al artículo de Daniel Gallo, “Quién es quién en el dividido mapa piquetero”, La Nación, 28 de junio de 2004.

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A mediados de 2004 había alrededor de 200.000 planes asistenciales, pero por cada diez desocupados que cobraba había tres o cuatro en la lista de espera de los dirigentes de las organizaciones. Un aspirante a beneficiario debe demostrar que está dispuesto a participar activamente de la protesta. La mayoría de quienes protestan no comería si no piqueteara, pero tampoco piquetearía si la protesta no le resultara redituable. Hay en esto una interesante dialéctica. El Estado les paga porque piquetean, lo que casi equivale a decir que les paga para piquetear, y los aspirantes a la prebenda deben mostrar su disposición para el piquete ante el caudillo que distribuye la canonjía. Según algunos cómputos, los piqueteros son la principal empresa del Estado.* Ellos contestarán que eso es el producto del desmantelamiento del Estado y que allí está, precisamente, la vergüenza nacional que los privó de una vida asegurada en el paraíso social de YPF. Agregarán que los 20 millones mensuales que según otros cálculos se reparten entre ellos, no son gran cosa.† En cualquier caso, hay una gran paradoja en este fenómeno de organizaciones que se definen como progresistas pero terminan exigiendo planes para desempleados ideados con la lógica clientelista más tradicional, y así quedan atrapadas en el estilo de política al que tanto critican. La extrema izquierda y el peronismo de base más populista quedan enlazados en las mismas redes, con tácticas convergentes y conductas equiparables. Este es el resultado inevitable de la dura competencia por el mercado de militantes en tiempos de desempleo masivo. Independientemente de su ideología, que pasa a segundo plano, las agrupaciones son unidades micro-económicas proveedoras de servicios de protesta para desocupados. Compiten por afiliados y por planes. Están obligadas a ser revolucionarias y clientelistas al mismo tiempo. Cortan rutas, extorsionan a un Estado que por razones políticas no quiere o no puede reprimir, obtienen planes para repartir, y se nutren de este apoyo oficial de la manera en que una célula maligna se nutre del alimento del cuerpo. Así ganan más poder para el próximo corte extorsivo. Y cuando los muchachos circulan por una autopista, no pagan peaje. Como el Estado mismo, ninguna concesionaria se arriesga a exigir el cobro. El único dinero que reciben los militantes proviene de los planes sociales que las agrupaciones ofertantes de servicios de protesta arrancan de un Estado débil que requiere de estas y otras negociaciones ad hoc para mantener la gobernabilidad.‡ Con sus 150 pesos los piqueteros subsidiados deben sobrevivir, contribuyendo con una cuota mensual aproximada de tres pesos para financiar gastos generales de la organización y comprar alimentos para los comedores. Tienen la obligación cuasi-contractual de concurrir a sus centros de acción popular de lunes a viernes cuatro horas por día. Típicamente, allí y en los piquetes mismos se toma lista, bajo apercibimiento de excluir a los ausentes crónicos de las

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José Venegas, “Los piqueteros son hoy la principal empresa del Estado”, Ámbito Financiero, 4 de julio de 2002 . † Lucas Guagnini, Gerardo Young y Alberto Amato, “Piqueteros: El Estado les da casi 20 millones al mes Parte IV”, Clarín, 26 de septiembre de 2002. ‡ Por ejemplo, las reuniones entre los gobernadores y el presidente, que no forman parte de las instituciones formales, pero que frente al colapso del Estado federal son indispensables para la gobernanza.

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listas de beneficiarios. Como lo dijera Gerardo Young del matutino Clarín, la rutina es siempre la misma: “se corta una ruta, se consiguen planes, se comparte la miseria”.* Simultáneamente, se consolidan organizaciones con un sentido de disciplina propio, en las que incluso no faltan los uniformes ad hoc. Y hay jerarquías internas. Las asambleas en que se toman decisiones son dominadas por hombres con trayectoria reconocida y facilidad de palabra, muchas veces con un pasado violento. Con posterioridad a la asamblea, una mesa chica investida de poder fija fecha y hora para los piquetes no anunciados: así se intenta evitar la infiltración de los servicios y la policía. A la vez, se instituyen dispositivos de seguridad con militantes que se encargan de proteger las columnas, marchando al frente y a los costados armados con palos, y frecuentemente engalanados con un distintivo. Aquí también hay fuerte presencia femenina: a veces, cerca de la mitad de los integrantes de los cordones de seguridad son mujeres. Estos guardias son un obstáculo para la infiltración de la columna por parte de extraños, impiden que ésta se disgregue, y evitan que parezca rala frente a observadores externos. También mantienen a raya a los propios, impidiendo que personal no autorizado por ellos mismos concurra armado o cargando piedras. Controlan incluso el consumo de bebidas alcohólicas, que suele estar prohibido durante un piquete. Hacia afuera las agrupaciones pueden representar la anarquía, pero hacia adentro impera un claro sentido del orden y una estudiada organización, con cabecera, cordón perimetral, cordón frontal y “liberos” (pesos pesados que anteceden a todos).† Los servicios sociales, cimientos de la identidad colectiva Los subsidios del gobierno son hábilmente distribuidos por los dirigentes piqueteros. Los comedores comunitarios son el cemento social más efectivo de sus organizaciones. Hacia fines de 2004 la FTV maneja unos 2000 comedores populares y Barrios de Pie otros 800. Entre los “duros”, el MIJD coordina 1050 comedores, el trotskista Polo Obrero unos 560 y la leninista CUBa otros 28. Allí se alimentan padres, hijos y abuelos con comidas elaboradas en emblemáticos hornos de barro, de los que ya existen varios miles esparcidos en comedores populares de todo el país.‡ *

Gerardo Young, Lucas Guagnini y Alberto Amato, “Piqueteros: La cara oculta del fenómeno que nació y crece con el desempleo - Parte I”, Clarín, 26 de septiembre de 2002. † A. Massetti, op. cit., p. 119. ‡ Viene al caso recordar aquí un fenómeno relativamente menor, que complementó a los servicios sociales ofrecidos por las organizaciones piqueteras en lo peor de la crisis: las numerosas asambleas de barrio que emergieron en diciembre de 2001. Se consolidaron transitoriamente en enero-febrero de 2002, formando incluso organizaciones inter-barriales de asambleas. A diferencia de los piqueteros y las redes de clubes de trueque y de cartoneros, estas asambleas se caracterizaron por un mayor porcentaje de miembros de clase media y mediana edad, con frecuencia vinculados a partidos de izquierda. Combinaron la toma de una sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires y la organización de ollas populares, con “cine-debates, talleres de apoyo escolar, charlas de economistas de izquierda, algunos recitales, festejos para el Día del Niño y otras actividades culturales.” Ver Maristella Svampa, “El Análisis de la Dinámica Asamblearia”, en Inés González Bombal (comp.), Nuevos Movimientos Sociales y ONGs en la Argentina, Buenos Aires: CEDES, 2003, p. 29. Quizá el análisis más completo del fenómeno se encuentre en Graciela Di Marco y otros, Movimientos Sociales en la Argentina – Asambleas: La Politización de la Sociedad Civil, Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín y Jorge Baudino Editores, 2003. Algunos proyectos vigentes a la fecha de estas asambleas también pueden consultarse en Graciela Di Marco y Héctor Palomino (comp.), Construyendo

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En esta y otras expresiones de solidaridad fraternal, las mujeres tienen un papel preponderante. Según algunos cálculos, manejan el 80% de los centros piqueteros. Son ellas quienes cargan con la mayor parte del trabajo productivo. Frecuentemente dedican mucho más que las dieciséis horas semanales estipuladas por el Ministerio de Trabajo para titulares de planes sociales. Tejen, cocinan, arreglan ropa y controlan la asistencia a los actos piqueteros. Denuncian a los ausentes, tanto si se trata de tareas formalmente asignadas en razón de los planes, como si se incurre en un faltazo a una protesta, la más obligatoria de todas las faenas. En las palabras de un equipo de investigadores: “¿Qué hacen los hombres? En la vereda, toman mate, pintan paredes, cavan una zanja o conversan. ¿Qué hacen las mujeres? A toda máquina, dentro de la casita, cosen ropa, preparan la leche para los chicos, toman lista, calculan cuánto durarán las reservas de comida, organizan las actividades o lo que hay que llevar al piquete.”* Esta red de seguridad social con fuerte protagonismo femenino es la piedra basal de un movimiento—acaudillado por hombres—cuya dinámica emerge de una poderosa experiencia colectiva que combina la protesta violenta con la solidaridad. Sus redes incluyen huertas, bibliotecas, asistencia escolar, enfermeros que vacunan y laboratorios para análisis clínicos.† Lentamente, se van desarrollando una cultura y una identidad con símbolos propios. Las cubiertas de automóvil con que cortan caminos, encendidas, humeantes, con su aroma de caucho en combustión, son uno de ellos. Las caras semi-tapadas y los intimidantes palos de algunos también se convierten en elementos identitarios. Asimismo, hay una mística que pretende justificar una violencia por ahora acotada. Ellos aducen que 75 niños muertos por día debido a la extrema pobreza también es violencia. Esta mística se complementa con el odio, principalmente hacia la policía (que “respeta a los dirigentes y se especializa en perseguir a los más chicos”), pero en cierta medida también hacia punteros, intendentes y diputados. Y finalmente, este ethos se completa con la alegría que nace de la mancomunión entre hombres, mujeres y niños en que se entremezclan garrotes y cochecitos infantiles. Tal como dijo Neka Jara, de la Coordinadora Aníbal Verón de Quilmes:‡ “Es lindo el piquete, sentís que existimos, sentís la libertad. Es que en los barrios hay mucha bronca con la cana. Entonces eso en los piquetes se refuerza. Tenés el

Sociedad y Política: Los Proyectos de los Movimientos Sociales en Acción, Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín y Jorge Baudino Ediciones, 2004. * Gerardo Young, Lucas Guagnini y Alberto Amato, “Piqueteros: las mujeres empujan y van al frente”, Clarín, 1º de septiembre de 2002. † Existen pocos casos análogos en el mundo. Uno de ellos es el Hamas, una organización terrorista islámica por ahora mucho más peligrosa que los piqueteros argentinos, que al igual que ellos ancla su poder popular en la solidaridad que practica en conjunción con sus delitos. No es, sin embargo, financiada por su enemigo (el gobierno israelí), y esto marca una significativa diferencia con el caso argentino, cuyos piquetes subsidiados son la consecuencia autóctona más notable del colapso de las instituciones. ‡ Vinculada al grupo político Quebracho.

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poder”. O como dijera otra militante, “La gente viene con una necesidad y encuentra una lucha.”* Arte y música piquetera: cultura e identidad de la institución subterránea Pero no sólo está la cultura asociada a la violencia. También tienen su arte y su música, que nos dan la pauta de que se trata de instituciones que están más arraigadas en la Argentina que la Constitución, a la que nadie canta. En una entrevista conducida por Isabel Rauber, Luis D’Elía decía: “Cuando todas las clases sociales están en crisis los únicos que dicen ‘acá estamos’, ‘los villeros somos esto y aquello,’ son los sectores más empobrecidos. Y el conflicto se expresa en la cumbia villera y la cumbia piquetera. (...) La cumbia villera, con un fenomenal odio hacia las fuerzas de seguridad desde (...) una reivindicación de la no-ley. (...) La cumbia piquetera, en que se expresan las reivindicaciones de nuestra lucha (...). Yo creo que toda la cumbia piquetera es de una clara coherencia ideológica. La diferencia es de contenido: una reivindica las luchas y la otra grafica lo que sucede en la clase social, en la villa, con el afane, con la represión...”† Por cierto, hay una Argentina nueva, fea y paupérrima pero orgullosa y con su propia identidad, irreconocible para la burguesía y clase media típica. Su historia está contada por músicos piqueteros como Aníbal Kohan,‡ que cantan a la gesta de “Santa Revuelta” con temas como la chacarera “Yo soy el desocupado”, el romance “Muerte de Aníbal Verón”, la murga “Postmotudo y pelodermo” y el cuartetazo “María Julia es un incendio”. Para difundir su cultura publican libros y revistas. También montan una pléyade de páginas web, algunas muy elaboradas, como El Culebrón Timbal, un colectivo cultural dedicado a historietas, teatro y música sobre la realidad social y la lucha en el conurbano bonaerense. No sólo sufren y militan. También saben divertirse. Algunos lo consiguen muy creativamente, y un pequeño porcentaje hasta refinadamente. Es verdad que en estos emprendimientos participa un contingente de jóvenes intelectuales de clase media seducidos por el drama y su epopeya, pero esto sólo ilustra la legitimidad adquirida por el movimiento frente a grandes segmentos de la ciudadanía, en casi todos los estratos sociales. En el seno de una sociedad que se descompone, va surgiendo un cuerpo social nuevo constituido por la población expulsada. Ésta rehúsa morir, se reorganiza, lucha como puede, no respeta las leyes que la excluyeron, y crea sus propias expresiones culturales, símbolos y jerarquías.

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Gerardo Young, Lucas Guagnini y Alberto Amato, “Piqueteros: los cortes de ruta y el clima de violencia – Parte II”, Clarín, 26 de septiembre de 2002 † Isabel Rauber, “El piquete y los multifacéticos magnetismos de la música”, Revista Rebelión, 15 de abril de 2003, accesible desde el URL http://www.rebelion.org/noticia.php?id=4857 . ‡ Aníbal Kohan, A las Calles!, Buenos Aires: Colihue, 2002.

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Conclusiones La institución subterránea que ha engendrado esta nueva identidad es simultáneamente consecuencia y causa, en ese orden, de la tragedia argentina. Mientras sus agrupaciones reclaman trabajo genuino, sus militantes se acostumbran a vivir de la prebenda. Ellos no son ángeles ni demonios. Sufren hambre, manipulan el padecimiento de otra gente y albergan intencionalidades políticas de las que no se avergüenzan. Son el engendro de una implosión del Estado que es a su vez el producto de la acumulación de décadas de corrupción pública y privada, y de un oportunismo cortoplacista agravado por quienes buscaron comprar la moderación de las organizaciones incipientes, ofreciendo a sus dirigentes los planes sociales con que se nutrió su poder subversivo del orden constitucional. El suyo es el parasitarismo proletario, que es la imagen especular del parasitarismo burgués, del país quebrado y endeudado con cuentas privadas en el exterior que superan a la deuda, y con cientos de miles de ahorristas estafados en Italia y el Japón, además de los muchos millones de argentinos defraudados. Analíticamente, nuestro estudio nos remite a las siguientes conclusiones: 1) El crecimiento desmesurado del hambre y la desocupación produjo un esperable aumento en la demanda de servicios de protesta para desamparados y desocupados. Así emergieron organizaciones rebeldes, primero en el ámbito de la propiedad de la tierra y luego en el sindical. Éstas no sólo desafían puntualmente a las instituciones instituidas por la ley, sino al mismísimo Estado de derecho. 2) Con su auge también disminuyó el poder de los aparatos sindicales y partidarios tradicionales. 3) Ante el creciente poder disruptivo de las agrupaciones contestatarias, el Estado cedió dinero (para los planes), espacios de protagonismo (como las ollas y comedores populares) y segmentos de poder (al delegar la distribución de planes). Incluso les regaló prestigio desde los medios oficiales de comunicación masiva, consciente del rédito electoral que eso reportaba. 4) Las instituciones ad hoc así nacidas adquirieron legitimidad frente al público y se convirtieron en depositarias de derechos adquiridos. Normativamente, puede suponerse que la usurpación de tierras por parte de los pobres es menos grave que la confiscación de depósitos bancarios por parte del propio Estado, que es el custodio del contrato social. No obstante, el hecho representa un paso adicional en el proceso de erosión institucional de largo plazo que registramos en el primer capítulo. Implica un significativo agravamiento de la inseguridad jurídica y un sideral aumento del riesgo país. Esto no significa cargar las culpas sobre los militantes y sus agrupamientos sino señalar que el proceso que condujo a este emergente fue costoso para casi todos los argentinos (aunque para algunos más que para otros.) 5) El problema fue agudizado por la manipulación política de las instituciones subterráneas por parte de los grandes partidos políticos. Particularmente graves fueron la decisión del gobierno de la Alianza de convertir las agrupaciones en

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ONGs que administraran los planes sociales, y la táctica del justicialismo bonaerense de aliarse a los grandes cortes de ruta para debilitar a De la Rúa. 6) Cuando se acudió a la represión legal, el gobierno sufrió enormes pérdidas políticas. Cuando ésta condujo a la muerte de revoltosos, la crisis fue casi terminal para los ministros involucrados. El presidente De la Rúa, ya depuesto, estuvo a punto de ir preso por bajas de manifestantes que, aunque hayan sido culposas, ni siquiera pueden atribuirse a su jefe de policía. Aparentemente, la pérdida de tolerancia pública a la muerte violenta de civiles fue una de las consecuencias del proceso de deterioro institucional que culminó con el colapso de la dictadura militar de 1976-83. Aunque en circunstancias extremas, la muerte de relativamente pocos militantes que violan la ley es aceptada como inevitable en la mayor parte de los países democráticos, ello no es así en la Argentina. La consecuencia es que el Estado queda inerme, sin poder utilizar sus armas.* 7) Un indicador de este fenómeno es el hecho de que especialistas como Svampa y Pereyra dan por supuesto que las bajas piqueteras fueron asesinatos. En su importante estudio dicen: “La represión ordenada por los sucesivos gobiernos provinciales y nacionales, llevada a cabo por un reforzado sistema de seguridad compuesto por las fuerzas de Gendarmería Nacional, Policía Federal y policías provinciales y, más recientemente, complementadas con (...) Prefectura, ha culminado con el asesinato de numerosos manifestantes y militantes piqueteros en distintos lugares del país.”† 8) En cambio, la opinión académica, política, periodística, y del público en general, tiene una actitud bien diferente cuando la violencia viene del otro lado. Es significativo que, sin consecuencias, Luis D’Elía confesara a Página 12 que en 1986 él y su gente defendieron a tiros las tierras usurpadas en El Tambo, destruyendo la casa del propietario original. Se trata del mismo piquetero que en 2004 dirigió la toma y destrucción de una comisaría. Con esto no digo que no le asistiera un derecho natural a hacer estas cosas. Sólo señalo el doble estándar en la evaluación de la violencia de unos y otros, como un dato más.‡ *

La represión del asalto al cuartel de La Tablada del 23 de enero de 1989 (gobierno de Alfonsín), perpetrado por 40 militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), fue la última vez que fuerzas policiales y militares reprimieron un hecho subversivo con energía. Rodearon el cuartel tomado con 3500 efectivos. Se produjeron 39 muertes, 28 entre los asaltantes y 11 entre policías y militares. Según denuncia de los guerrilleros, cuatro de sus bajas habrían sido ejecuciones extrajudiciales. También alegan seis desapariciones adicionales. Las reverberaciones políticas de estos sucesos contribuyeron a restarle legitimidad a toda represión legal de actos de violencia ilegal cometidos por grupos de militantes o manifestantes. Enrique Gorriarán Merlo, el guerrillero de largo prontuario que lideró a los insurgentes, fue amnistiado el 20 mayo de 2003 por el presidente Duhalde, mediante un decreto de necesidad y urgencia. El decreto incluía el indulto del coronel “carapintada” Mohamed Alí Seineldín, que el 3 de diciembre de 1990 había intentado derrocar a Menem. En esa ocasión se produjeron 13 muertes. Seineldín había intentado tres golpes de Estado previos, en abril de 1987, y en enero y diciembre de 1988, durante la presidencia de Alfonsín. † M. Svampa y S. Pereyra, op. cit., pp. 17-18. ‡ En lo que atañe a una justicia esencial, creo personalmente que cuando la demanda de organizaciones de protesta para desocupados supera la demanda de organizaciones para trabajadores con empleo, una sociedad ha cruzado el umbral a partir del cual puede justificarse moralmente el ejercicio del derecho a la revuelta

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9) Frente a esta dinámica, la trama de la organización política y social se fue pareciendo cada vez menos a la que está formalmente instituida por las leyes y la Constitución, como consecuencia de un proceso que no puede revertirse por obra de simple voluntarismo. Por todo lo dicho, desde un punto de vista científico debemos concluir que (al contrario de lo que sugieren Svampa y Pereyra) no es sorprendente que haya surgido un importante movimiento de desocupados en la Argentina. Este emergente se engarza con el proceso de destrucción institucional tratado en el capítulo anterior. La secuencia de fases allí estudiada incluye el colapso del poder militar, como un eslabón más del deterioro. La deslegitimación de la violencia represiva acompañó a este suceso. Este fue un cambio cultural crucial para la comprensión de esta historia. A partir de ese momento el Estado quedó sumido en la impotencia frente a fenómenos como la usurpación de tierras y los cortes de ruta extorsivos. Si agregamos el cambio estructural producido en el mercado de militantes, caracterizado por el aumento sideral de la demanda de servicios de protesta para desocupados, algo parecido al movimiento piquetero debía forzosamente nacer en este país. Para el caso argentino, por lo tanto, no tiene vigencia el argumento sociológico que ha insistido “en el conjunto de dificultades, tanto de carácter objetivo como subjetivo, que atraviesa la acción de los desocupados y que impide que estos se conviertan en verdadero actor colectivo.” Se torna irrelevante la “problemática vinculada con el hecho de que los desocupados se hallan ‘fuera’ de la estructura social y no ocupan por ello ‘ningún lugar’.” Ni es de importancia “la heterogeneidad de las bases y trayectorias sociales” de los desempleados.* Lo que sí es de significación es que las crisis sucesivas condujeron primero a que la represión resultara intolerable aunque fuera legal y necesaria, y después a que los desocupados superaran a los trabajadores en el mercado de militantes. Así emergió el segmento proletario del Estado parasitario argentino, que es la contrapartida de los sectores parasitarios de su clase política, burguesía y burocracia. Si un Estado no puede o no quiere reprimir, y si sus desocupados se multiplican de a millones, supurará piqueteros o algo similar. La Constitución ya no tiene vigencia. Es un adorno. El cemento del país actual no es el de sus instituciones formales, que apenas ocultan el verdadero orden. Ya no vivimos en una república representativa, aunque el exótico sistema que nos supimos conseguir todavía pueda esconderse tras una fachada de legitimidad democrática. El poder real pertenece a una coalición de cabecillas que mandan sobre grandes bandas con jurisdicción territorial, y que mantiene vínculos informales complejos con policías, jueces, políticos y traficantes diversos. Los viejos “aparatos” partidarios se entretejen con las nuevas agrupaciones piqueteras, en parte autónomas pero también dependientes de prebendas que permiten manipularlas. La ficción de legalidad sirve para consolidar este orden extralegal. La justicia se blande para castigar los desafíos a esta ilegalidad informalmente instituida. enunciado por Santo Tomás de Aquino, el Padre Suárez, Luis de Molina y John Locke. No obstante, y sin desmedro de ese hecho, como científico social debo registrar el dato del estándar doble señalado. * M. Svampa y S. Pereyra, op. cit., p. 13, primer párrafo de la Introducción a su Obra.

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Por ello, y tal como los sucesos de diciembre de 2001 lo demostraran, en estas circunstancias la supervivencia o derrocamiento de un presidente depende del consenso de una docena de caudillos, no de las instituciones establecidas por la Constitución. Si los jefes del justicialismo bonaerense se suman a los principales dirigentes piqueteros para que una multitud hostil rodee la Casa Rosada, y ordenan que se le corten la electricidad, el teléfono y el gas al presidente, la policía no se les va a oponer y éste huirá de la sede del gobierno colgado de un helicóptero. Esto puede no ocurrir, pero que no acontezca es cosa que no depende de las instituciones formales sino de la voluntad de personajes que muchas veces ni siquiera ocupan un cargo oficial.

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Capítulo 3 – La muerte de la política exterior: el callejón sin salida de un Estado parasitario A la memoria de Guido Di Tella

“Niño argentino, voy a contarte la historia de otro niño como tú. Pero de un niño de un lejano país de Europa, que fue asolado por la guerra. Te contaré esta historia para que comprendas tu posición en el mundo entero; para que sepas que estás viviendo en un país privilegiado, donde no falta el pan y donde se está llevando a cabo un amplio plan de justicia social para todos. (...) Y para que lo comprendas mejor, escucha la historia del pequeño gringuito Gino.” [sigue la triste historia del niño italiano, socorrido por los alimentos argentinos] “Y así fue, niño argentino, como tus hermanos, los niños desamparados de tantos países extranjeros, recibieron víveres y ropa y la palabra de aliento de la ‘Fundación Ayuda Social María Eva Duharte de Perón’, que no sólo vela por tu porvenir sino que con generosa amplitud extiende sus alas tutelares sobre los desamparados del mundo. Por eso te decía, niño nuestro, que esta historia te enseñará a ser más bueno y generoso, tal como deben serlo los hijos de esta tierra bendecida por el Señor”.66 *** Recuerdos de la Tierra de Nunca Jamás Los argentinos que nacimos hacia mediados del siglo XX pudimos haber visto la luz en un país payasescamente mussolinesco, pero el nuestro no era un Estado del “Tercer Mundo”, como se estila llamar ahora a los países desquiciados por la miseria y el atraso. Por el contrario, más allá de los lavajes de cerebro de la educación peronista, la Argentina era un país privilegiado y nacer aquí fue un privilegio. Aunque seguramente las semillas de lo que vendría ya habían sido plantadas y habían prendido. Por lo pronto, el fundamental error de nuestra neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial ya había sido cometido, como consecuencia del cual el país había sido expulsado de la buena sociedad occidental. En el mejor de los casos, le correspondería un lugar como el de la España de Franco, pero sin la especialísima situación geoestratégica de la Península en el contexto de la Guerra Fría, y sin el pragmatismo del Caudillo, quien desde 1953 cedió a los Estados Unidos bases militares en su territorio. No obstante este predicamento, se necesitó abundar en los más crasos errores y en la corrupción más grosera para finalmente destruir a la Argentina y convertirla en un Estado parasitario. Los párrafos del libro de lectura para la escuela pública primaria de tiempos de Perón con que comienzo este capítulo reflejan un país que ya no existía en la década del ’80, pero aunque para entonces éste ya perteneciera al Tercer Mundo y fuera incomparablemente más pobre que aquel en que nací, la suya todavía era una cultura en muchos sentidos sofisticada.

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En los ’80 esa sofisticación se reflejaba, entre otras cosas, en los debates sobre la política exterior argentina que, bajo el mecenazgo de Guido, nacían en el Instituto Di Tella y se esparcían por grandes centros universitarios del mundo, y que serían inimaginables en el ambiente de pobreza intelectual y espiritual en que hoy nos sumergimos. Nos inspiraban dos placas de mármol que se encuentran en la fachada de los Archivos Nacionales de Washington D.C. y que dicen: “The Past is Prologue” y “Study the Past”. Estábamos convencidos de que para mejorar la calidad de las políticas públicas era necesario escarbar en los secretos más recónditos de la historia, hurgando en archivos con documentación originalmente secreta. Es con este ánimo que un virtual gabinete de estudiosos convocados por el futuro canciller, que incluía a intelectuales de las persuasiones más diversas, se reunió reiteradamente para discutir conceptos y comparar los hallazgos de investigaciones afines. Así ocurrió, por ejemplo, en Oxford en julio de 1986, donde estaban presentes por invitación suya valiosos adversarios intelectuales como Mario Rapoport, importantes argentinólogos norteamericanos como Joseph Tulchin, relevantes historiadores de las relaciones entre Brasil y los Estados Unidos como Stanley Hilton, y célebres especialistas en las relaciones entre ese país y Gran Bretaña como D. Cameron Watt. Nos congregamos para discutir los entretelones y las lecciones de las relaciones triangulares entre aquellas dos potencias y nuestra república en la década de 1940, punto de partida de muchos errores y por ello de posibles aprendizajes. Repare el lector en algunos fragmentos de mi disertación de entonces, que suscitó brillantes respuestas de parte de Rapoport, Tulchin y otros, y pregúntese si este nivel de debate es imaginable hoy en el gabinete de Rafael Bielsa, cuya gestión se limita a instrumentar la voluntad de Néstor Kirchner: “Pocos temas hay tan interesantes y a la vez tan trillados en la historiografía latinoamericana como el de la actitud argentina frente a la Segunda Guerra Mundial.67 Pareciera que los investigadores ya han agotado tanto su imaginación como los archivos y no encuentran mejor pasatiempo que el de intentar refutarse mutuamente, repitiendo estéril y eternamente las mismas discusiones en forma circular. ¿Podría la Argentina haber evitado el fulminante boicot económico desatado por los Estados Unidos en caso de haberse alineado a tiempo con los Aliados? ¿Podría haber logrado una mejor inserción internacional en la posguerra si se hubiera jugado con las democracias? Con frecuencia el debate, siempre contrafáctico, se torna lisa y llanamente falaz, adjudicando unos investigadores a otros exageraciones en las que nunca pensaron caer. “Por ejemplo, no es lo mismo decir que la Argentina hubiera podido evitar sanciones norteamericanas estando del lado de los Aliados, que decir que hubiera podido cosechar pingües beneficios. No es lo mismo decir que Brasil consiguió beneficios interesantes durante la guerra, que decir que continuó obteniéndolos después. Estas extrapolaciones suelen atribuirse erróneamente a quienes argüimos que la política de neutralidad de la Argentina fue equivocada, por parte de aquellos que sostienen que quizá no haya sido tan equivocada o tan incomprensible. Al 73

mismo tiempo, éstos tienden a desvalorizar los beneficios puntuales de la alineación simplemente porque no podían prolongarse en el tiempo, como si los beneficios económicos no fueran por esencia acumulables. Pretenden, por ejemplo, desvalorizar el alineamiento brasileño simplemente porque no alcanzó para catapultar al Brasil al mundo de los países desarrollados, sin comprender quizá que suponer que el alineamiento hubiera podido generar semejante milagro sería caer en el pensamiento mágico. Y parecen insinuar que quienes argüimos que el alineamiento argentino hubiera, por lo menos, evitado las sanciones norteamericanas, en realidad decimos que la Argentina hubiera conseguido tanto como el Brasil del alineamiento, y que la cosecha del Brasil fue milagrosa. Parecen no comprender que lo conseguido por Brasil (el complejo siderúrgico de Volta Redonda + altos precios para el café durante la guerra + fácil acceso al petróleo aliado mientras durase la contienda) equivalió a una recompensa más que interesante para ese país, y que suponer que esos beneficios habrían de continuar después de la guerra sería pecar de wishful thinking.68 No captan que Volta Redonda fue para siempre; que el capital que genera riqueza posee un efecto multiplicador que se prolonga en el tiempo. Tampoco entienden que, para la Argentina, evitar las sanciones norteamericanas hubiera representado (algebraicamente) un enorme beneficio, con proyecciones en el largo plazo (debido al efecto multiplicador de un ingreso ordinario que no se hubiera convertido en lucro cesante). Por cierto, la lógica subyacente a las múltiples sobre-simplificaciones de esta escuela, y su atribución de exageraciones y extrapolaciones a la escuela opuesta, parece animada por la convicción ideológica de que la alineación es una cosa fea. “Al mismo tiempo, quienes somos conscientes de los costos de la neutralidad argentina y los beneficios directos (aunque acotados) de la alineación brasileña, indudablemente hacemos un uso político de lo que consideramos importantes lecciones históricas. También usamos estas lecciones para desarrollar una teoría normativa de las relaciones exteriores de países periféricos. A veces, precisamente porque tiene un uso político, la exposición vulgar de estas hipótesis pudo conducir a que comentaristas ideologizados incurriesen en exageraciones parecidas a las que los críticos de nuestra tesis atribuyen a la misma. Pero, a su vez, nuestros críticos también tienen una intención política muy clara y muy puntual, que es de oposición a una política de alineamiento con los Estados Unidos por parte de la República Argentina. “No cabe duda que este círculo vicioso de origen político e ideológico conspira contra la auténtica construcción del conocimiento historiográfico. Esto es lamentable y a la vez difícil de evitar. Por lo pronto, que datos que emergen de la historiografía sean usados para la construcción de una teoría normativa de las relaciones exteriores es no sólo inevitable (dado un cierto nivel de sofisticación intelectual) sino además legítimo y académicamente constructivo. Por otra parte, que quienes rechazan estas prescripciones normativas intenten torcer un poco (aun sin darse cuenta) el contenido de estos datos historiográficos, con la intención de llegar a otras prescripciones normativas, también es inevitable (aunque quizá menos legítimo). Y, más allá de mis juicios (tal vez subjetivos) respecto de cuál de estos fenómenos es el más justificable, lo cierto es que la víctima de este proceso es el 74

conocimiento historiográfico, que resulta mitificado aun en aparentes ejercicios de desmitificación.” “¿Cómo salir de este círculo vicioso? Cada escuela seguirá su propio camino. Esa senda comienza con la interrupción de la discusión circular y estéril con la escuela opuesta. Para quienes sabemos que: Premisa 1 - los costos de la neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial fueron enormes, y que Premisa 2 - a medida que transcurría la guerra y los Aliados se acercaban a la victoria, el gobierno argentino estaba cada vez más lejos de los Aliados y más cercano al Eje, al menos uno de los problemas intelectuales más interesantes que emergen es cuál fue el origen de la aparente irracionalidad que condujo al gobierno argentino a acercarse a la parte perdidosa y alejarse de la ganadora, aumentando en forma innecesaria los costos de lo que desde el principio fue una decisión desafortunada por motivos tanto prácticos como éticos. “El enigma es tanto más sorprendente si recordamos que, desde el principio, el interés material argentino estaba vinculado a los Aliados, ya que Gran Bretaña constituía el principal mercado argentino de exportación. Para continuar por el sendero de la construcción del conocimiento científico social, quienes partimos de las premisas de arriba debemos dedicarnos a la resolución de este tipo de problema, dejando de lado los estériles círculos viciosos de la discusión planteada por nuestros críticos.” Pero no piense el lector que mi contrincante Rapoport, más escéptico respecto de la conveniencia de una alianza argentina-norteamericana, se quedó atrás en su lúcida respuesta. Por el contrario, arremetió certeramente contra los puntos más flojos de mi argumento, obligándome a refinar mis hipótesis una y otra vez, como también lo hicieron en otros ámbitos y ocasiones Roberto Russell, Roberto Bouzas, Mónica Hirst, Félix Peña, Juan Gabriel Tokatlián, Dante Caputo, Felipe De la Balze, José Paradiso, Andrés Cisneros y Atilio Borón,* hasta que finalmente quedó plasmada la versión definitiva de la teoría *

Mario Rapoport fue, junto con el presente autor, quien mayores aportes historiográficos originales hiciera al debate sobre la política exterior gestado en la Argentina durante las décadas de 1980 y 1990. Roberto Russell, un académico de gran capacidad organizativa, compiló numerosas antologías que fueron vehículo del debate, aportando también críticas importantes al incipiente realismo periférico. Desde la economía, la participación de Roberto Bouzas dio profundidad a la discusión; sus volúmenes colectivos y seminarios, anclados en FLACSO Buenos Aires, fueron otro importante medio de expresión y comunicación para todos los protagonistas. Felipe De la Balze aportó la perspectiva del sector bancario acerca de las relaciones argentinonorteamericanas. Mientras tanto, Mónica Hirst agregó un punto de vista brasileño, siendo junto con Félix Peña el principal motor académico del MERCOSUR. Ya avanzado el debate, Juan Gabriel Tokatlián contribuyó con relevantes reflexiones teóricas sobre la temática de la autonomía, que plasmó en publicaciones desde la Universidad de los Andes (Bogotá) y la Fundació CIDOB de Barcelona. A su vez, atrincherado en el vicerrectorado de la Universidad de Buenos Aires, Atilio Borón fue el más mordaz crítico de izquierda del realismo periférico. Más allá, desde su feudo en la no tan jesuita Universidad del Salvador y secundado por Mirka Seitz, José Paradiso formó a sucesivas camadas de estudiantes en cuya educación este debate tuvo un papel interesante. Por otra parte, la frecuente participación de Dante Caputo, ministro de Relaciones

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explicativa y doctrina normativa del realismo periférico, que en 1994 obtuviera el imprimatur de parte del Center for International Affairs de la Universidad de Harvard.* ¡Qué sociedad, aquella que fue capaz de generar aquel debate! Ningún país de la América latina tuvo, en ningún momento de su historia, un intercambio sobre la teoría de la política exterior y las relaciones internacionales que fuera tan rico y fecundo como el sostenido en la Argentina durante las décadas de los ’80 y los ’90, primero desde ámbitos como el Instituto Di Tella y FLACSO Buenos Aires, y luego enriquecido por los principales referentes de la disciplina en las universidades nacionales de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Tandil.† Fue una masa crítica de cientos de seminarios y publicaciones, en una eclosión de vitalidad intelectual que era el asombro de nuestros colegas en México, Brasil, Chile y Colombia.‡ Aunque algunos de mis adversarios puedan lamentarlo, debo reconocer que el realismo periférico fue en gran medida un producto colectivo, enriquecido permanentemente por sus críticas. Una sobredosis crónica de confrontaciones El debate había surgido no sólo porque la Argentina había cometido errores graves como el de la Segunda Guerra Mundial. Tal como resumimos en un artículo escrito con la coautoría de Andrés Fontana en 1998, las equivocaciones se remontaban muy atrás.69 Hasta 1989 y desde 1889 (cuando tuvo lugar la Primera Conferencia Panamericana en Washington), las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos habían sido, con pocas excepciones, menos que amistosas y por lo general más bien tensas. Nuestro país antagonizó sistemáticamente con los norteamericanos en los foros diplomáticos, rechazó la doctrina Monroe, fue neutral durante las dos guerras mundiales, promovió una “tercera posición” después de 1945 y luego se unió al Movimiento de los Países No Alineados. Concomitantemente, bajo sucesivos gobiernos el Estado argentino rehusó firmar el Tratado de No Proliferación y se negó a ratificar el Tratado Exteriores de Alfonsín y hombre de aguda inteligencia, sumó importantes críticas desde una perspectiva de centro-izquierda. Finalmente, desde 1994 Andrés Cisneros, Secretario General de la Cancillería, se convirtió en un gran generador de fondos para los seminarios y publicaciones que dieron sustento al debate. Imbuido del espíritu de Guido Di Tella, codirigió con el autor de esta obra los catorce tomos originales de la Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina, que fuera uno de los principales aportes bibliográficos de la década de 1990. * Como doctrina normativa y teoría explicativa, el realismo periférico fue el fruto principal del debate. En 1994 el Center for International Affairs de la Universidad de Harvard avaló con sus auspicios la publicación de la obra principal de la escuela. El libro fue C. Escudé, El Realismo de los Estados Débiles (Buenos Aires: GEL, 1995), y su versión en inglés se tituló Foreign Policy Theory in Menem’s Argentina (Gainesville: University Press of Florida, 1997). En el Apéndice a este libro presentamos los principales comentarios extranjeros sobre el debate y sus frutos, tanto académicos como programáticos. † Ya en la década de 1990, desde el CERIR de la Universidad Nacional de Rosario fueron protagonistas del debate Alfredo Bruno Bologna, Anabella Busso, Miryam Colacrai y Gladis Lechini de Álvarez. Raúl BernalMeza acaudilló la participación desde el CERIAL de la ciudad de Mendoza y también desde la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil). Carlos Juárez Centeno hizo lo propio desde el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hubo núcleos como el dirigido por Alfredo Rizzo Romano y Artemio Luis Melo, bajo los auspicios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). ‡ La doctrina fue discutida vivamente en simposios sostenidos en otros países de la región, principalmente en México, Brasil, Chile y Colombia. Tanto en centros de esos países como en algunas casas de estudio norteamericanas (notablemente, Columbia University), el realismo periférico fue incorporado como apartado especial en los programas de estudio de Relaciones Internacionales.

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de Tlatelolco para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina; dedicó sus escasos recursos al exitoso enriquecimiento de uranio –que sus reactores nucleares no necesitaban, pues funcionaban con uranio natural— y, ya bajo la administración democrática de Raúl Alfonsín (1983-89), se lanzó a una empresa conjunta con Irak, Egipto y Libia para el desarrollo de un misil balístico de alcance intermedio, el Cóndor II. Asimismo, hasta 197970 las relaciones con Brasil, que habían incluido una carrera de tecnología nuclear, fueron muy tensas. Además, la Argentina estuvo a punto de invadir Chile en 1978. Más aún, en 1982 nuestro país invadió las disputadas islas Malvinas, que habían estado bajo el dominio británico desde 1833; al tomar tal decisión, el Estado argentino se embarcó en una guerra poco prometedora contra el Reino Unido en la que los Estados Unidos, como era razonable esperar, respaldaron a los británicos.71 Es este historial el que justifica nuestra caracterización de la Argentina pre-Menem como potencialmente peligrosa en el plano militar y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Estos antecedentes, únicos en América latina, fueron el producto de varios factores que se realimentaron mutuamente, entre ellos: 1. La prosperidad pasada de la Argentina (desde aproximadamente 1880 hasta 1942), que había generado expectativas de un futuro estatus de potencia mundial. Esta prosperidad fue el producto de un desarrollo dependiente simbióticamente atado a la economía británica, que hasta la Segunda Guerra Mundial no necesitó vitalmente de los Estados Unidos.72 2. Nuestro aislamiento geográfico, que hizo posible la emergencia de nociones desproporcionadas acerca de nuestro desarrollo y poderío. 3. El contenido del sistema educativo local, que alentaba percepciones exageradas del esplendor argentino y sus posibilidades futuras73, y 4. Una ideología ecléctica de relaciones interestatales que se vio nutrida por varias tradiciones de pensamiento, algunas importadas y otras vernáculas. Como muchos otros Estados a lo largo y ancho del mundo, hasta el advenimiento de la administración Menem y al menos desde la década de 1940 la Argentina subordinó el bienestar ciudadano a la búsqueda de poder regional, a veces con la ilusión de competir en un juego planetario mayor. Sin embargo, la necesidad de un enfoque centrado en el desarrollo económico y el bienestar ciudadano se hizo cada vez más palpable a medida que se cobró conciencia del dramático fracaso de las alternativas inspiradas en la búsqueda de prestigio y poder. Esta percepción por parte de estratos esclarecidos de la población se fue generando en etapas sucesivas. Primero se conocieron detalles sobre las consecuencias políticas y económicas de la neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial.74 Después sobrevino la guerra de Malvinas, otra demostración dramática de la necesidad de rediseñar las políticas exteriores y de seguridad con un enfoque centrado en el ciudadano, que sustituyera la búsqueda de poder por la de bienestar como objetivo principal. Lo que comenzaba a cuestionarse, generando nuestro debate, eran las premisas mismas de los paradigmas hasta entonces dominantes. Estos se basaban en la escuela dependentista latinoamericana, la escuela realista anglo-norteamericana y la escuela geopolítica alemana. Estas influencias habían engendrado aquella ideología ecléctica que en alguna medida era 77

extranjera y en otra autóctona, y que enfatizaba la importancia del territorio, los equilibrios militares, el poder del Estado y la “autonomía” como los fines últimos de las políticas exteriores y de seguridad. Durante muchas décadas estas premisas atrajeron tanto a la izquierda como a la derecha, aunque las diversas fuerzas políticas se diferenciaron en los pesos específicos que asignaron a cada una de las premisas ideológicas compartidas.* Después de la guerra de Malvinas, sin embargo, todos los valores previamente hegemónicos comenzaron a ser discutidos desde los sectores más liberales, tanto académicos como políticos. Sin embargo, aún no había llegado el momento en que las nuevas ideas tuvieran un impacto directo sobre la política, dando así ocasión a nuestros celebrados debates. La administración de Alfonsín, que enfrentó la difícil tarea de la transición a la democracia, limitó sus innovaciones en materia de políticas exteriores y de seguridad al establecimiento de relaciones cooperativas con Brasil y Chile. En el caso de la república trasandina se resolvió una importante disputa territorial, sentándose las bases para la cooperación futura. Aunque este era un paso importante, las políticas argentinas en el ámbito de la proliferación nuclear y el desarrollo misilístico permanecieron inalteradas. A la vez, la administración de Alfonsín rehusó restablecer relaciones con el Reino Unido, puso en práctica una política agresiva contra Gran Bretaña en el Atlántico Sur, y permaneció esencialmente antioccidental en términos del perfil de los votos argentinos en foros internacionales. Esta política exterior se quedaba muy atrás de las expectativas de la pequeña minoría de quienes abogábamos por un programa inspirado en la necesidad de crecimiento y desarrollo económico. Cambios estructurales Pero mientras nuestro debate se desenvolvía, la sociedad cambiaba inadvertidamente desde sus subsuelos más profundos. Hacia 1986, Luis D’Elía ya había fundado su Cooperativa El Tambo a través de una violencia consentida por el gobierno de Alfonsín. La acumulación de décadas de desaciertos comenzaba a plasmarse en miseria creciente y en instituciones subterráneas que, veinte años más tarde, privarían de significado político a nuestras veleidades intelectuales y programáticas. Hoy por hoy, con un ejército de 400.000 *

Curiosamente, antes de la presidencia de Menem no existía una división significativa entre fuerzas políticas democráticas y militaristas respecto de algunos de los ejes más importantes de las políticas exteriores y de seguridad. Es cierto que los segmentos conservadores y militaristas del espectro político aceptaron la lógica de la Guerra Fría, mientras que la izquierda y centroizquierda eran más propensas a simpatizar con el bloque socialista. Pero en lo atinente a Malvinas, las disputas territoriales con Chile y los temas vinculados a las salvaguardias y la no proliferación nuclear, la derecha y la izquierda estaban unidas en una postura nacionalista que quizá pueda atribuirse a décadas de adoctrinamiento escolar. El proyecto Cóndor II fue iniciado durante el gobierno radical, y cuando Menem desactivó el proyecto, Alfonsín y su partido protestaron enérgicamente. Con respecto a la cuestión Malvinas, el gobierno radical llevó a cabo una política confrontativa con el Reino Unido y, desde la oposición al gobierno de Menem, la UCR también protestó por lo que en su opinión era “claudicar” ante el gobierno británico. Asimismo, estaban orgullosos de los logros argentinos en materia de energía nuclear y desaprobaban las limitaciones al desarrollo y el comercio en ese campo, impuestas por los acuerdos internacionales de no proliferación. Antes de Menem, tanto los sectores militaristas como los democráticos (incluido el propio Partido Justicialista) eran grandes entusiastas de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Desde esta perspectiva, lo que el debate posterior a la guerra de Malvinas consiguió no fue tanto consolidar el punto de vista de los sectores democráticos de la sociedad, sino desafiar un consenso previo que incluía a la mayoría de las fuerzas políticas, tanto democráticas como militaristas, con respecto al libre uso soberano de la energía nuclear y las tecnologías misilísticas.

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piqueteros, ¿a quien le importa aprender lecciones de la historia para planificar el futuro? ¿Apoyaría la CTA de las huestes desocupadas una política exterior de alianza con los Estados Unidos, acuñada desde la ciencia y con vistas al largo plazo? Estas multitudes tienen un horizonte demasiado modesto, y el objetivo de los políticos profesionales es obtener su apoyo y voto, no servir a la Patria desinteresadamente. La ambición de los militantes de las organizaciones de protesta es la renovación de sus Planes Trabajar y no, como ocurría con nuestros abuelos y bisabuelos inmigrantes, el crecimiento económico general que teóricamente permitiría a sus hijos transformarse en profesionales y elevarse a la clase media. Por motivos no sólo culturales sino también estructurales en el sentido materialista del término, el populismo de Hugo Chávez es para ellos un modelo; la austeridad de un Tony Blair, un Ricardo Lagos o un Julio A. Roca no lo es. Además, convengamos en que con los ciclos de vaciamiento consumados en 1975, 1982, 1985, 1989 y 2001-02, no es mucha la confianza que se puede depositar en los custodios del contrato social, y puede resultar comprensible la consigna de que mejor es pan para hoy y hambre para mañana que hambre para hoy y para mañana también. Eventualmente, los intelectuales llegaríamos a comprender que no sólo la cultura política sino también las fuerzas sociales son un condicionante poderoso de ese emergente que es la política exterior. Como postulara el teórico norteamericano Robert W. Cox, abrevando en Gramsci, los Estados están condicionados de muy diferentes maneras por sus respectivas sociedades civiles.75 Por este motivo, visto en el largo plazo, el actor (o unidad) nacional que realmente interactúa en el orden interestatal no es simplemente el Estado, sino el complejo Estado/sociedad civil, que imprime a cada actor una lógica y una dinámica diferente de la de los demás actores o unidades. No es lo mismo la Argentina del Centenario que la sociedad post-2001 de los piqueteros. El realismo periférico entronizado Pero en los felices ’80, con toda la algarabía de la democracia recuperada, estábamos todavía lejos de este diagnóstico sombrío. Tampoco sospechábamos el éxito de corto plazo que se avecinaba. Aquellos debates de la década del ’80 fueron anteriores a que se perfilase la posibilidad de que un riojano patilludo fuera Presidente, derrotando dentro del mismo Justicialismo a Antonio Cafiero, que era el caudillo bajo cuya ala militaba Guido Di Tella. Mucho menos, que la posterior cooptación de éste por el riojano conduciría a una nueva era en las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos. Pero así sucedió. Como recordamos con Fontana en nuestro artículo de 1998, durante la década de 1990 la Argentina consiguió eliminar su perfil de Estado potencialmente peligroso para la estabilidad regional en el plano de la seguridad militar y la proliferación nuclear y misilística.76 Se alineó exitosamente en asuntos estratégicos globales con la superpotencia de hegemonía natural en su región y alcanzó el estatus simbólico de “gran aliado extra-OTAN” de los Estados Unidos, un calificativo reservado para poquísimos países. La novedad crucial que modificó el ánimo imperante durante el gobierno de Alfonsín quizás haya sido la hiperinflación de 1989 y 1990. Este fenómeno monetario hizo a las dirigencias y público argentinos más conscientes de sus bolsillos. Significó el derrumbe del gobierno radical, que debió renunciar meses antes de la terminación de su mandato, 79

cediendo su lugar al presidente electo. La hiperinflación devolvió el sentido común al país, tanto en lo económico como respecto de las políticas exteriores y de seguridad: obsesionó a las dirigencias y al ciudadano común con la necesidad de estabilidad monetaria y de una política internacional funcional para los objetivos económicos del Estado. No fue casualidad que el primer canciller del presidente Menem, Domingo Cavallo, fuera un economista, y que cuando éste se hizo cargo del ministerio de Economía el nuevo canciller, Guido Di Tella, también lo fuera. Más aún, ninguno de sus ministros de defensa fue un militar. Con las gestiones de Cavallo y Di Tella el perfil de la política exterior cambió de manera rotunda. El Estado argentino se alineó explícitamente con Occidente, abandonó el Movimiento de los Países No Alineados y cambió por completo el perfil de sus votos en los foros internacionales, adoptando una política claramente prooccidental. Restableció relaciones cooperativas e incluso amistosas con el Reino Unido. Desactivó el proyecto Cóndor II; ratificó el tratado de Tlatelolco para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina; firmó un acuerdo de salvaguardias con Brasil y la Agencia Internacional de Energía Atómica, y adhirió al Tratado de No Proliferación Nuclear. Además, se plegó a algunas políticas de seguridad norteamericanas y alcanzó la primera inserción exitosa del país en asuntos militares mundiales, al intervenir en la primera guerra del Golfo, en Haití y en varias misiones de mantenimiento de la paz auspiciadas por las Naciones Unidas. Por último, pero no menos importante, promovió la apertura de mercados, intentó profundizar el proceso de integración económica con Brasil y continuó con la política de Alfonsín de acercamiento político a Chile, avanzando en el proceso de demarcación de límites (precisamente el problema que había puesto a ambos países al borde de la guerra en 1978). Premisas básicas Por otra parte, y tal como puede demostrarse a través de varios artículos de prensa firmados por Di Tella en su papel de canciller,77 el cambio de políticas puesto en práctica por el gobierno de Menem fue el fruto de un razonamiento basado en los siguientes supuestos, que no fueron sino la decantación de nuestros debates de la década previa y que pueden considerarse un breve resumen del realismo periférico en tanto doctrina normativa: 1. En una democracia liberal la principal función de la política exterior de un país en vías de desarrollo debería ser servir a los ciudadanos, y esto se consigue principalmente facilitando el crecimiento económico.78 2. Por ello, el desarrollo es la definición misma del interés “nacional”, sobre todo en el caso de un país, como la Argentina, que no enfrenta amenazas externas creíbles por parte de actores estatales. 3. Los Estados Unidos constituyen la limitación externa individual más importante para el desarrollo de los países de la región latinoamericana, y es por consiguiente del mayor interés para un país como la Argentina tener buenas relaciones con esa potencia, siempre que ello no sea a expensas de nuestros intereses materiales.

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A partir de este conjunto de premisas y de una interpretación de los antecedentes históricos, se infirió que cualquier desafío al liderazgo norteamericano que no estuviera vinculado al desarrollo argentino es contraproducente para ese desarrollo en la medida en que genera percepciones negativas en inversores potenciales y banqueros, y aumenta el índice de riesgo-país: desde un punto de vista centrado en el ciudadano, entraña pérdidas sin ganancia alguna. Esto no significó que la Argentina abandonara toda aspiración a ejercer influencia sobre la agenda internacional, sino que sus gobernantes llegaron a la conclusión de que el único modo de hacerlo en forma efectiva y duradera (sin herir los intereses de los ciudadanos argentinos) es a través de una estrategia de alineamiento explícito. Lo mismo hicieron, por ejemplo, Alemania y Japón después de su derrota bélica, Gran Bretaña después de su victoria, y España desde los pactos de 1953, cuya vigencia post-Franco continuó con Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Esta fue una razón de peso para el abandono del Movimiento de los No Alineados bajo la presidencia de Menem: la pertenencia a ese foro no generaba beneficio material alguno, a la vez que en las comunidades financieras más importantes del mundo originaba percepciones que resultaban disfuncionales para el desarrollo argentino. Por lo tanto, esa membresía era contraria a los intereses de los ciudadanos argentinos. Este también fue uno de los principales motivos para acceder a exigencias norteamericanas tales como la aceptación de salvaguardias nucleares y la desactivación del Cóndor II. Y fue asimismo la razón para satisfacer expectativas occidentales respecto de una política cooperativa en el Atlántico Sur, conducente al restablecimiento de relaciones con el Reino Unido a pesar del litigio de Malvinas. En los términos de esta lógica, los desafíos al liderazgo norteamericano, así como otras confrontaciones directas o indirectas con grandes potencias, se justifican sólo cuando están conectados directamente a factores que gravitan en el crecimiento y desarrollo económicos, caso en el que constituyen un riesgo calculado justificable desde el punto de vista del bienestar ciudadano futuro y/o desde la perspectiva de la construcción en el largo plazo de una sociedad con una sólida base económica. Por su parte, la política de respaldar a los Estados Unidos participando en operaciones como la guerra del Golfo o la restauración de la democracia en Haití representó una intencional convergencia con los objetivos de seguridad global de la alianza occidental. Lejos de afectar negativamente los intereses materiales de la Argentina, estas medidas los fortalecieron. El país se sumó a operaciones que pueden describirse razonablemente como buenas causas, generando con ello percepciones positivas entre financistas e inversores y, más ampliamente, entre los segmentos más influyentes de la opinión pública mundial, en tiempos en los que todavía creíamos que tanto el Estado como la burguesía argentinas harían buen uso del crédito, que en sí mismo es una cosa buena. Asimismo, en el plano de la paz y seguridad internacionales esta política convertía al Estado argentino en una entidad tan benigna como el pequeño país europeo más pacifista, dado que no sólo vino aparejada con el desmantelamiento de un proyecto de misil balístico y la aceptación total de salvaguardias nucleares, sino también con: -

Un esfuerzo persistente de institucionalizar medidas de construcción de confianza y mecanismos de seguridad cooperativa en el hemisferio, la región y la subregión; La reducción del presupuesto militar; 81

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La eliminación del servicio militar obligatorio, y El virtual desmantelamiento de una industria de armas que generaba pérdidas económicas crónicas pero que producía, entre otros armamentos, tanques bastante efectivos.

Por cierto, los datos demuestran con elocuencia que durante el gobierno de Menem se anuló la capacidad argentina para actuar como factor activo de desestabilización regional a través de la fuerza militar o la proliferación de armas no convencionales. La Argentina acompañó su alineamiento con Occidente con un desarme unilateral que tiene pocos precedentes en la historia de las relaciones internacionales. Este desarme coincidía con la necesidad de eliminar empresas estatales deficitarias y con la convicción (principalmente de parte del equipo de Guido Di Tella) de que las políticas exteriores y de seguridad debían estar al servicio del ciudadano y no de un Estado cuyo poder suele convertirse en un fin en sí mismo. Este fue el sentido del llamado “realismo periférico” y de su carácter eminentemente “ciudadanocéntrico”, tal como se plasmó en numerosas publicaciones.* Las luces y las sombras Pero los éxitos de aquel realismo periférico al que el analista norteamericano Ira Straus caracterizó como “heroísmo de la razón” no estuvieron acompañados por bienaventuranzas paralelas en otros ámbitos de la gestión gubernamental.79 La calle presentía un nivel de corrupción sin precedentes en la historia del país y seguramente no se equivocaba. El proceso de privatizaciones se ajustó a la más sombría de las descripciones de Stiglitz analizadas en el Capítulo 1. El Consenso de Washington, que exigía déficit cero, encontró en la Argentina una caricatura mordaz cuando llegamos a sumar catorce cuasi-monedas provinciales. Las instituciones subterráneas crecieron en número, complejidad y aceptación popular. Hacia 1996 el movimiento piquetero, con sus características actuales, ya asomaba la cerviz en Cutral-Có y Tartagal. La vieja Argentina había fenecido pero nosotros, desde la torre de marfil de la Cancillería y las universidades, ni nos dimos cuenta, encandilados con la planificación e implementación de una política exterior posmoderna que abdicaba del derecho soberano a desarrollar armas *

En los libros Foreign Policy Theory in Menem’s Argentina y El Realismo de los Estados Débiles distinguimos entre políticas exteriores Estado-céntricas malignas (cuyo objetivo principal es aumentar el poder militar del Estado); Estado-céntricas benignas (cuyo objetivo es crear un país económicamente poderoso); élite-céntricas (cuyo objetivo es beneficiar a determinados sectores de la sociedad civil), y ciudadano-céntricas (cuyo objetivo es despejar el camino al crecimiento de obstáculos políticos externos, sacrificando cierta medida de poder estatal en aras del bienestar ciudadano). En términos de estas categorías, la política exterior de Corea del Norte se encuadra en el Estado-centrismo maligno y la de Corea del Sur en el élite-centrismo (o quizás en el Estado-centrismo benigno), mientras que la de Canadá es ciudadano-céntrica. Las políticas exteriores argentinas durante la Segunda Guerra Mundial y el primer peronismo fueron malignamente Estado-céntricas porque en aras de la ilusión de autonomía, desencadenaron un boicot económico contra el país que perjudicó enormemente a los ciudadanos. Las de la década de 1990, en cambio, fueron ciudadano-céntricas porque sacrificaron el poder del Estado, desactivando proyectos militares, a fin de que el país deje de ser percibido como peligroso por Estados Unidos y así facilitar el crecimiento económico. Tal como se utilizan aquí, estas categorías (que son de mi creación) se aplican únicamente a la política exterior propiamente dicha, y no implican juicios de valor acerca de las políticas económicas y sociales que acompañaron al realismo periférico desde las demás áreas de gestión del gobierno de Menem.

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de destrucción masiva en aras del bienestar ciudadano y la estabilidad global, como si fuéramos Suiza. Quizá nos sentíamos demasiados reconfortados por la convicción de que, al posibilitar la desnuclearización de toda América latina (porque al abdicar nosotros aislamos al Brasil, que tuvo que imitarnos) estábamos contribuyendo de manera significativa a la paz mundial y a la seguridad de la especie humana. Cuando en diciembre de 2001 el estrepitoso fracaso argentino se hizo patentemente claro con el golpe de Estado civil que derrocó a Fernando De la Rúa, Guido Di Tella se murió. Obsérvese que el mundo que conocimos feneció el 11 de septiembre de 2001, la Argentina por la que trabajamos y vivimos se derrumbó entre el 19 y el 20 de diciembre, y el 31 de ese mes expiraba el canciller que había conducido la política exterior del país a una cumbre civilizatoria a la que ya nunca retornará, por lo menos en nuestras vidas. En cuatro meses siniestros todo acabó. El Estado fallido y la muerte de la política exterior La crisis hizo aflorar el tradicional anti-norteamericanismo de amplios sectores argentinos, hecho que no dejó de influir sobre la política de un nuevo gobierno acosado por la problemática de la gobernabilidad. Así comenzó todo un ciclo de manipulación de la política exterior en aras de objetivos internos. En este sentido como en otros, la crisis representó un verdadero punto de inflexión, con un antes y un después. Gustara o no, la política exterior de Alfonsín no se acuñó con fines demagógicos. El gobierno radical arriesgó un enorme capital político al decidir solucionar el litigio del Beagle con Chile, por ejemplo. Lo hizo porque a su leal saber y entender la construcción de vínculos de cooperación y confianza con ese país es un interés permanente de la Argentina, que está por encima de un resultado electoral. Lo mismo puede decirse del gobierno de Menem. Al decidir solucionar el litigio de Hielos Continentales demostró estar por encima de las mezquindades y partidismos, por lo menos en ese plano. Derrochó capital político para posibilitar la profundización de una relación de cooperación con Chile que concibió como un interés permanente de Argentina, una política de Estado que había sido inaugurada por Alfonsín. Por cierto, quizá la mejor definición del patriotismo sea esa disposición a subordinar el interés político individual y partidista a los de la Nación. Así entendido, no se le puede negar patriotismo a las políticas exteriores de Menem y Alfonsín. Por mucha resistencia que genere la metáfora de las “relaciones carnales”, es evidente que esa figura representó una convicción que costó muchos votos, sacrificados en el altar de la Patria. Esa actitud cesó en diciembre de 2001. Pero no sólo cesó la actitud. En cierta medida, desapareció también la posibilidad de ejercer ese tipo de patriotismo. Como sabemos, todo Estado parasitario es, en cierta medida, también un Estado fallido donde la gobernabilidad está en crisis permanente. Si la turba puede derrocar presidentes a capricho, nada hay más urgente que la política interna. La política exterior se convierte en un instrumento de estos imperativos. Este fenómeno ha sido conceptualizado y constatado empíricamente por el norteamericano Steven Davids. Su concepto de “omnibalancing” describe el predicamento de Estados que no pueden darse el lujo de adoptar una estrategia exterior basada, por ejemplo, en el balance de poder, o en el alineamiento con alguna potencia dominante, sino que deben virar de táctica permanentemente en función de equilibrios de poder interno, que 83

si no se atienden pueden conducir al colapso del gobierno. No hay margen interno de maniobra y ello explica (aunque no justifica) que se sacrifiquen los intereses externos de largo plazo en aras de un aquí y ahora siempre inestable.80 En el caso del Estado parasitario argentino, por lo tanto, es improbable que el futuro depare políticas exteriores “racionales”, pensadas en función de los intereses de largo plazo de un contrato social democrático. Por lo menos hasta que la condición de parásito sea superada, no volverán a implementarse políticas exteriores como las de Menem y Alfonsín, que más allá de sus aciertos o errores fueron por momentos admirables en su disposición al sacrificio electoral. Sé que el perspicaz lector fruncirá su seño ante este concepto que en varios sentidos resulta, por lo menos, counter-intuitive (es decir opuesto al sentido común), pero ese problema es suyo, no de mi análisis. No es sino esperable que la política exterior argentina post-2001 sea lo que es. Su principal condicionante es el carácter fallido y parasitario del Estado, que ya a estas alturas no es el producto de la perversión de un gobernante de turno a quien (en estas líneas) ni absuelvo ni condeno. La crisis de diciembre de 2001 desembocó en el mayor default de la historia económica mundial, y las decisiones de los gobiernos de Rodríguez Saá y Duhalde determinaron el fin de la ya gastada alianza con los Estados Unidos. En tales circunstancias, cargando con una aguda crisis de gobernabilidad y el peso de la mayor deuda del Tercer Mundo, cualquier estadista “democrático”—es decir, cualesquier político profesional programado para ganar elecciones—hubiera optado por desafiar a los acreedores. Y ese desafío necesariamente hubiera venido acompañado de una búsqueda de alianzas que en América latina habría conducido a Castro, Chávez y Lula. No apruebo lo actuado pero el resultado es matemático. Cuanto más chica sea la clase media, menos apoyo tendrá un gobernante “razonable”, y el porcentaje de clase media viene disminuyendo en la Argentina desde hace décadas. Kirchner está obligado a lidiar con cantidades masivas de piqueteros y tenedores de planes asistenciales que cuentan con el apoyo de poderosos aparatos partidarios y que son cortejados por sus rivales. No podría retener el poder si enajenara a estos estratos marginales propiciando el ajuste fiscal necesario para evitar estafar a nuestros acreedores, que era lo que se hubiera requerido para mantener relaciones “normales” con Occidente. Por lo tanto, no podía retomar el camino del realismo periférico. El síndrome del Estado fallido argentino frente al desafío de las FARC En realidad hacía mucho tiempo que la política exterior argentina, como varias otras de la América latina, estaba limitada o condicionada por este tipo de fenómeno. Hoy la manipulación de la política internacional en aras de necesidades internas casi siempre subalternas, se extiende a la mayoría de las facetas de nuestros vínculos externos. En este capítulo no detallaré un catálogo de prácticas perversas, sino que me limitaré al análisis del mecanismo político que condiciona y acota la gestión en tan solo una dimensión específica pero relevante de nuestra política exterior. Me refiero a la relación con la Venezuela de Chávez y sus aliados narco-guerrilleros de Colombia.

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Para ello debo retrotraerme a mayo de 2001, cuando con la coautoría de quien era entonces mi asistente, Mariana Souto Zabaleta, publiqué un documento de trabajo en la Universidad Torcuato Di Tella titulado “Hipótesis de conflicto: el Cono Sur frente al eje ChávezFARC”. Allí pronosticamos algunos de los procesos que pronto se desencadenarían sobre la Argentina y algún país vecino. Decíamos en su Introducción: “El 16 de marzo de 2001, el diario Ámbito Financiero informó que la gendarmería argentina está preocupada por el posible desembarco de grupos narcotraficantes y de organizaciones guerrilleras de origen colombiano a través de la frontera norte del país. Específicamente le preocupa que como consecuencia de la erradicación de cultivos cocaleros y el enfrentamiento militar generados por el Plan Colombia, tanto narcotraficantes como guerrilleros se replieguen hacia estas tierras australes. Al respecto, hubo conversaciones con los gobernadores de las provincias norteñas y con el embajador de los Estados Unidos. “Varios meses antes, la periodista Malú Kikuchi había tenido una entrevista con una alta autoridad del gobierno argentino, quien le confesó (después de cierta insistencia) que estaban ingresando armas de contrabando por la frontera del Noroeste. La Sra. Kikuchi dijo con énfasis: ‘¡estamos hablando de armas de las FARC!’, y el funcionario asintió. No obstante, le quitó relevancia al tema diciendo que el flujo era pequeño y controlable, y que después de todo siempre había contrabando de armas. Dijo que existía un “foco minúsculo”. Frente a la pregunta sobre qué medidas se habían tomado para eliminar el incipiente problema, el funcionario dijo que el gobierno estaba “apagando demasiados incendios en demasiados frentes” como para ocuparse del asunto. Quedó claro que la entrevista era on the record.” En ese momento, la fuente confesó a Kikuchi que los recursos del Estado no alcanzaban para lidiar con el peligro que asechaba. A diferencia de Kirchner, que es sospechoso para muchos de simpatizar con movimientos revolucionarios, ni De la Rúa ni su ministro del Interior lo eran, pero ya en esos tiempos la gobernabilidad no alcanzaba para arbitrar la represión necesaria. Para evitar males mayores se necesitaban medidas enérgicas que no se pudieron y no se quisieron tomar. Esto se evidencia en la Introducción de aquel informe de 2001, donde contábamos que aun antes de las declaraciones citadas del funcionario: “(...) Uno de los autores de esta obra [Escudé] compartió una amable comida en casa de Juan Gabriel Tokatlián, especialista en relaciones internacionales argentino dos veces expatriado, una vez huyendo de la violencia argentina de la década del ’70, y la segunda vez huyendo de la colombiana, para abandonar su país de adopción y regresar al nativo. En esa ocasión, Tokatlián dijo que en su opinión la Argentina era un país ideal para el establecimiento de una industria del secuestro ala-colombiana, por las deficiencias y corruptibilidad de sus organismos de seguridad. “En verdad, los secuestros están aumentando fuertemente en Colombia y ya se están derramando a países contiguos, debido a que la destrucción de campos cocaleros priva a las FARC de parte de sus ingresos, y esto se compensa aumentando la otra 85

fuente de rentas: los rescates de secuestros. Si en la Argentina existen condiciones propicias, es probable que lo intenten aquí en connivencia con grupos locales. Eso es lo que hacen en Bogotá, donde las FARC no tiene poder propio: secuestran a través de bandas de delincuentes comunes a las que subcontratan, dividiéndose la ganancia (30% para la banda, 70% para las FARC).” Siniestramente, en febrero de 2005 la posibilidad preanunciada se hizo repentinamente presente cuando (más allá del terrorífico aumento de los secuestros locales desde el momento de la publicación citada) el Paraguay fue sacudido por el hallazgo del cadáver de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, secuestrada por un grupo comando el 21 de septiembre de 2004. El secuestro extorsivo y posterior asesinato de la hija de quien gobernara ese país entre 1998 y 1999 fue atribuido a militantes del Partido Patria Libre (PPL), una pequeña fuerza de izquierda que habría actuado con el asesoramiento de guerrilleros de las FARC. Se descubrieron mensajes de correo electrónico que delatan el estrecho involucramiento de las mismas. Se reveló además que los delincuentes habrían operado bajo la protección de miembros de la policía paraguaya. Rodrigo Granda, el “canciller” de las FARC apresado poco antes por fuerzas colombianas en territorio venezolano, fue involucrado en el hecho. Se cree que se trata de la misma banda que secuestró al argentino Christian Schaerer en Corrientes en septiembre de 2003.81 Nuestro pronóstico, desgraciadamente acertado, podría haber sido efectuado por cualquier servicio de inteligencia, pero el Estado carecía del margen de gobernabilidad necesario para instrumentar las medidas que hubieran podido torcer el rumbo de aquel futuro anunciado. De la Rúa podrá ser tildado de oportunista e inoperante, pero no fue un cómplice de las FARC sino un conservador cuya administración no tuvo el margen de maniobra necesario para frenar sus operaciones en territorio argentino. Su derrocamiento por un golpe de Estado civil en diciembre de 2001 atestigua que ese margen era escaso. Aunque aún no se tuviera conciencia de que estábamos cerca del síndrome del Estado fallido, su gobierno acarreaba el lastre de una profunda degradación del Estado que en lo inmediato era y es irreversible. Menem tampoco había puesto coto al libre accionar de las FARC en territorio argentino, a pesar de que no era precisamente su simpatizante. Javier Calderón, entonces el “embajador” de los insurgentes en este país, dio conferencias a cara descubierta en universidades locales durante ambas gestiones presidenciales. Ni tampoco otros países de la región, incluido Brasil, habían tratado a estos delincuentes como tales. Por cierto, el comandante Francisco Antonio Cadenas Collazos, conocido también como Padre Oliverio Medina, un sacerdote-guerrillero que ofició de vocero de las FARC en ese país, fue casi un “intocable” durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Cuando fue detenido fue prontamente liberado. En verdad, los cuidados, resquemores, temores y complicidades atraviesan a Sud América, ninguno de cuyos Estados es tan sólido como debiera ser. En nuestra Introducción de 2001 decíamos: “Las FARC tienen cómplices poderosos en Colombia y otros países. El ‘chavismo’ venezolano es fuertemente sospechoso de brindar apoyo a sus hermanos ‘bolivarianos’ de la guerrilla colombiana. Y la trama de vínculos entre altos funcionarios corruptos, traficantes de armas, narcotraficantes y mafias diversas, incluyendo la rusa, es una pesadilla que (...) no será fácilmente derrotada por el Plan 86

Colombia (...). Ya cayó un gobierno sudamericano, el de Alberto Fujimori en Perú, por la triangulación de armas de origen ruso, legalmente compradas por el gobierno peruano al de Jordania y luego transferidas a las FARC. “El rompecabezas que confeccionaremos y la trama que se irá revelando inexorablemente conduce a una gravísima hipótesis de conflicto (...): coincidiendo con Tokatlián, consideramos que es altamente probable que las FARC exporten su industria del secuestro a la Argentina. Chile probablemente esté mejor protegido porque sus fuerzas armadas mantienen intacta su moral y capacidad operativa. Pero en la Argentina es probable que se avecinen días siniestros, que harán parecer cosa menor los aborrecibles crímenes de la dictadura de 1976-83.” Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de “la muerte de la política exterior”. Un Estado fallido carece de la capacidad para instrumentar estrategias externas. Cuida defensivamente su gobernabilidad retrocediendo siempre antes que arriesgar a todo o nada; exponiéndose a una muerte lenta antes que a un colapso súbito. Hugo Chávez, el “aliado ideal”82 Visto desde esta perspectiva, la alianza del gobierno Kirchner con Hugo Chávez parece de una gran racionalidad. Por cierto, puede servir para regular el peligro de las FARC. Una alianza con la Colombia de Uribe acrecentaría el peligro del accionar subversivo de la guerrilla colombiana en una Argentina desprotegida y plagada de potenciales cómplices con la incipiente anarquía. En cierta medida, una alianza con los Estados Unidos también. Paradójicamente, una alianza con Chávez disminuye estos riesgos. Funciona como protección mafiosa. ¿Y quién es Chávez? Como informábamos en el documento de trabajo de 2001, el coronel fue fundador en Venezuela del Movimiento Revolucionario Bolivariano 200 (MRB-200). Hacia 1983 el plan de Chávez consistía en tomar unos helicópteros militares, aterrizar en una casa-museo, robar una espada de héroes venezolanos o algún objeto de alto valor simbólico de Simón Rodríguez y luego establecer un foco guerrillero en la selva. Posteriormente ese plan fue desechado y Chávez ingresó a la Escuela Bolivariana, centro de formación de la oficialidad venezolana.83 Pero en 1992 sus huestes perpetraron dos cruentos intentos golpistas contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el que según cifras oficiales murieron por lo menos 500 personas.84 Entonces, los involucrados recibieron ayuda de miembros “reinsertados en la sociedad” del entonces recién desmovilizado grupo guerrillero colombiano M-19, quienes posibilitaron el traslado clandestino de los insurrectos al Ecuador y Perú, donde recibieron asilo. Chávez fue capturado y encarcelado.85 En su paso por Colombia los seguidores de Chávez consolidaron vasos comunicantes no sólo con el desmovilizado M-19 sino también con el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo guerrillero de Colombia. Estos contactos resultaron útiles cuando en 1994 Chávez y otros jefes fueron amnistiados por el nuevo presidente Rafael Caldera, a cambio de retirarse del servicio militar activo. Entonces Pietro Cueva, “reinsertado” del M-19 y director de la Fundación Cultural Simón Rodríguez, invitó a 87

Chávez a Colombia. Éste aceptó por afinidades ideológicas y porque quería conocer los pormenores de la asamblea constituyente colombiana. Allí se vinculó con militantes de izquierda y con militares colombianos agrupados en lo que entonces se denominaba Movimiento Bolivariano 2000. La proclividad de Chávez por cuanto elemento desestabilizador y contestatario a Occidente se le cruza es patente. Tómese por caso el enrolamiento de su MRB-200 en el llamado Foro de Sao Paulo, que agrupa a más de cien organizaciones políticas y sociales de la izquierda de América latina.86 Fundado por Fidel Castro en 1990, el nucleamiento alienta la revolución en la región aunando los esfuerzos y recursos del Partido Comunista de Cuba, el Partido de los Trabajadores del Brasil, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar -que reúne a las FARC y el ELN colombianos-, el Frente Farabundo Martí de El Salvador, el Frente Sandinista de Liberación de Nicaragua, la Izquierda Unida del Perú y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México. En Brasil, el Foro publica una revista llamada América Libre.87 Chávez llegó a la presidencia de Venezuela en febrero de 2000. En diciembre de ese año Colombia protestó oficialmente y con gran enojo por el apoyo que su gobierno presta, a nivel político, a las FARC y el ELN. Posteriormente, las acusaciones de apoyo en dinero y armas de Chávez a las organizaciones guerrilleras han sido constantes y sólo son parcialmente negadas por Venezuela. Chávez responsabiliza a gobernadores de sus provincias de la práctica habitual de dar santuario a los subversivos colombianos en su territorio, previo depósito de sus armas en los puestos fronterizos. En una punzante alusión a la incapacidad colombiana de gobernar su propio territorio, el hoy vicepresidente José Vicente Rangel afirmó que su gobierno tendría razón en negociar con los rebeldes “porque hay que conversar con quien realmente gobierna”. Según parece, militares venezolanos a menudo cruzan la frontera para negociar con los insurgentes la libertad de algún secuestrado.88 También los gobiernos de Bolivia y Ecuador se quejaron privadamente ante Chávez por su apoyo a movimientos violentos en sus países. Bajo Gonzalo Sánchez de Losada, y nuevamente durante la gestión de Carlos Mesa, los bolivianos protestaron por el apoyo prestado a Felipe Quispe, el dirigente indigenista que estuvo al frente de cruentas huelgas nacionales. Se conocen detalles de encuentros entre Chávez y Quispe. Por cierto, las huestes de Quispe publicaron panfletos manifestando su apoyo a Chávez. También hubo quejas del apoyo chavista al dirigente cocalero Evo Morales, denunciadas en 2003 por el gobierno de Sánchez de Losada y nuevamente en 2005 por el general norteamericano James Hill, ex comandante del Comando Sur de los Estados Unidos.89 No obstante, el gobierno boliviano mantiene la queja en un nivel privado, no oficial, porque Venezuela es uno de los pocos países que apoya a Bolivia frente a Chile respecto de la quimera de recuperar un litoral marítimo. En este plano, Chávez no deja de sembrar cizaña. En noviembre de 2003, por ejemplo, se produjo una crisis diplomática porque declaró que tenía la esperanza de bañarse algún día en una playa boliviana del Pacífico. Y Chávez también alienta carreras armamentistas. No sólo eso: recientemente compró 100.000 rifles de asalto rusos AK-103 y AK 104, y fue acusado por el gobierno norteamericano de crear

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milicias armadas, seguramente para consolidar extralegalmente la seguridad de su propio régimen. Por otra parte, desde hace años hay informes en el Ecuador acerca de la ayuda material de Chávez al golpista ex coronel Lucio Gutiérrez, quien provocara la caída del presidente Jamil Mahuad el 21 de enero de 2000. En ocasión de ese levantamiento, efectuado con el apoyo de movimientos insurreccionales agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Gutiérrez se declaró “admirador del presidente Chávez”. A partir de entonces fue fuertemente financiado por éste, facilitándose así el éxito de la posterior campaña del ecuatoriano, cuyo origen en el golpismo populista es muy similar al del venezolano. Gutiérrez finalmente llegó a la presidencia de su país en enero de 2003.90 Finalmente, ya ingresando en el año 2005, tenemos el peligroso incidente protagonizado por los dos vecinos antagónicos, Colombia y Venezuela, cuando fuerzas militares colombianas penetraron en territorio venezolano para apresar al llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, que estaba cobijado por Chávez y portaba documento ecuatoriano. Según se informa, antes de su captura Granda se habría encontrado con el presidente Gutiérrez.91 Como se ve, Chávez es un caudillo con aspiraciones casi napoleónicas en el nivel regional. Ejemplo de ello son los más de 16 “círculos bolivarianos” que se han creado en Panamá desde agosto de 2004.* Su capacidad de desestabilización del continente sudamericano es considerable y permanentemente apuesta a la insurrección en los países cuyo gobierno no le es afín. Pero Kirchner es demasiado hábil para oponerse a estas agresivas tácticas personalistas, que son solventadas con el petróleo del pueblo venezolano. Por el contrario, ha optado por hacerse aliado del matón de la región, reduciendo así el peligro de interferencia de las FARC en un Estado fallido que está acosado por los piquetes a la vez que desquiciado por la corrupción, la prebenda y la extorsión. Ni Colombia ni Estados Unidos podrían hacer gran cosa para evitar que las FARC operen delictiva y subversivamente en la Argentina. En cambio, Chávez algo puede hacer ya que es amigo y protector de los narcoinsurgentes. Para paliar la anarquía nacional y preservar su poder interno, el gobierno argentino ha establecido una alianza con el más poderoso motor de anarquía de la región. De aquí a hostigar a la petrolera Shell con sanciones y piqueteros para forzarla a vender sus instalaciones en el país a la venezolana PDVSA, hay sólo un corto plazo.92 A eso queda reducida la política internacional de un Estado parasitario. La impotencia engendrada por la crisis de gobernabilidad es lo que desencadena la muerte de su política exterior. Un elemental sentido de noblesse oblige, sin embargo, nos exige aclarar que esto no es enteramente culpa de Néstor Kirchner. La dinámica de las limitaciones y *

El dirigente del chavismo panameño Fernán Casis reconoció el 31 de enero que su organización tiene círculos en Ciudad de Panamá, Colón y Veraguas, en el centro del país, y también en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica. Parte de Stratfor, 1º de febrero de 2005.

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posibilidades inherentes a la condición actual de la Argentina parece enderezar a éste por un camino revolucionario de corte populista y autoritario. Mientras perdure Chávez en Venezuela, esta tentación seguirá vigente en los Estados fallidos y semi-fallidos de la América del Sud.

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EPÍLOGO América latina: el tiempo de la aventura Dedicado a los vecinos del Boston de mi infancia, a los del Tucumán de mi adolescencia, a los del Buenos Aires donde nací, a Oxford y a Yale, que fueron mi hogar, a la Barcelona, Málaga e Irlanda de mis ancestros, en suma, a mi pueblo global.

*** Iberoamérica frente a la crisis sistémica El contexto es de una creciente ingobernabilidad global. Las grandes organizaciones intergubernamentales agonizan en una crisis profunda. Bush sospecha que el FMI sirve solo a los intereses de los burócratas que lo integran. El mundo entero ha comprobado que, aunque por momentos resulte útil, el oligopólico Consejo de Seguridad ya no refleja la estructura de poder de un orden mundial devenido en unipolar. Europa y la OTAN aún no superaron la crisis institucional provocada por la segunda guerra del Golfo. En Irak, Estados Unidos se encuentra en una posición aún más compleja que la de la Unión Soviética cuando invadió Afganistán. Para colmo, Irán y Corea del Norte desafían abiertamente las políticas de no proliferación nuclear de los norteamericanos. Finalmente, en Cancún la OMC también quedó sumida en una parálisis perturbadora. Para América latina y algunos de sus gobiernos, varios de ellos emergidos de crisis locales emparentadas con la emergencia global, parece haber sonado la hora de la aventura. La disponibilidad de capitales externos ha disminuido enormemente. Pero el margen de maniobra internacional es mucho mayor que en la década del ’90, cuando el mundo parecía encorsetado por un Occidente triunfante. Después de la debacle de las organizaciones internacionales y del fracaso norteamericano en la posguerra iraquí, se sabe ya que la inevitable unipolaridad no equivale al Imperio soñado por los neoconservadores de Estados Unidos. Por su participación en la riqueza mundial, de más del 20%, y por su poder militar y tecnológico, que en términos relativos es mayor que el del Imperio Romano en su apogeo, Estados Unidos es el único polo posible, pero esto no alcanza para convertirlo en vector ordenador del planeta. Su poder es insuficiente. El juego está cantado, y para los Lula y Kirchner de Iberoamérica es la oportunidad de ser “libres”, junto a transgresores más antiguos como Chávez y Castro. Pueden jugar a la ruleta geopolítica con una autonomía que hace pocos años hubiera resultado inimaginable. Argentina y su desafío al orden financiero global Por cierto, con el mundo en estado de desmadre, el terrorismo transnacional es casi la única de las grandes transgresiones que los poderosos están en condiciones de castigar de una manera directa y convincente. La guerra global contra el terrorismo agota los recursos 91

represivos de Estados Unidos y sus aliados, ampliando los márgenes de maniobra en casi todos los demás ámbitos. Tomemos como ejemplo a la Argentina. Imponer un ajuste severo para cumplir al pie de la letra con obligaciones externas, cuando la estructura social se ha desplomado y el desempleo llegó a exceder el 20%, hubiera implicado sacrificios enormes que en el corto plazo habrían recaído sobre los sectores que más sufren la crisis. En tales circunstancias, el ajuste hubiera sido una buena estrategia para recuperar el crédito y la capacidad de atraer inversiones sólo si hubieran existido garantías de que los ahorros producidos y los flujos de fondos futuros serían bien usados. ¿Pero qué confianza puede tener un pueblo cuyo Estado recibió capitales multimillonarios durante los años ’90 sólo para terminar con la deuda por habitante más alta de todo el Tercer Mundo, y más pobreza y desocupación que nunca en su historia? Después de los ciclos de vaciamiento consumados en 1975, 1982, 1985, 1989 y 2001-02, existe más bien la certeza de que el ajuste de todos sólo hubiera servido para enriquecer a unos pocos. Quizás el sacrificio de honrar las obligaciones contraídas por los artífices de los males actuales sea contrario al bien común, por lo que descubrimos en nuestro Capítulo 1 cuando acuñamos el teorema sobre la inconveniencia del acceso al crédito en un contexto de macro-delincuencia: “Normativamente, la conveniencia de flujos financieros externos hacia un país en vías de desarrollo es inversamente proporcional al grado de corrupción imperante en su clase política. En un contexto propenso a la macro-delincuencia, el crédito conduce a la ruina de la gente.” O como sugerimos en el Capítulo 3, es preferible pan para hoy y hambre para mañana que hambre para hoy y para mañana también. Mientras el país esté en manos de una clase política delictiva y una burguesía depredadora que vacía sus propias empresas para beneficiarse de las estatizaciones de la deuda privada, es mejor que ni el Estado ni las empresas privadas tengan acceso al crédito externo. A estas consideraciones internas se agrega el desprestigio moral de las agencias del capitalismo norteamericano, símbolo emblemático de la deuda. “Argentina didn’t fall on its own”, el extraordinario artículo de periodismo de investigación publicado por Paul Blustein el 3 de agosto de 2003 en el Washington Post, parece incorporado al inconsciente colectivo. Es cosa probada que hacia 2000 los bancos de inversión y las asesoras de riesgo encargadas de Argentina sabían qué su sistema financiero colapsaría, pero ocultaron la información para seguir lucrando con las comisiones de venta de emisiones de bonos soberanos. Jamás desmentido, el trabajo es repetidamente citado por economistas como Joseph Stiglitz. Si a esto agregamos esa espada de doble filo conformada por un ejército de 400.000 piqueteros cuyo único interés es aumentar y perpetuar sus prebendas, que en la práctica es una enorme e incontrolable empresa estatal que sirve para extorsionar y extorsiona por cuenta propia, y de la cual depende tanto la gobernabilidad del Estado como la preservación del gobierno, ¿cómo suponer que Argentina haría otra cosa que patear el tablero de sus obligaciones financieras?

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Solamente si los poderosos del mundo (sobre quienes recae la responsabilidad de la gobernabilidad global) hubieran manifestado la voluntad de imponer fuertes sanciones directas, como el embargo del comercio exterior y el congelamiento de las cuentas de particulares argentinos en el exterior, hubiera existido el disuasivo necesario para impedir la defraudación de los acreedores extranjeros y nacionales. En realidad es una cosa obvia. Para impedir la violación de los contratos, los costes del incumplimiento deben ser superiores a sus beneficios. En un caso extremo como el nuestro esa ecuación depende de la capacidad y voluntad de las grandes potencias para imponer sanciones que resulten ruinosas en lo inmediato: embargos, ejecuciones, bloqueos financieros y del comercio exterior. Pero ello es irrealizable en la medida de lo suficiente porque las instituciones multilaterales mundiales están en crisis, y porque Estados Unidos está sobrecargado con la guerra global contra el terrorismo. La hiperpotencia no puede correr el riesgo de hacerse de más enemigos y no tiene más remedio que tolerar desafíos al orden financiero global como los de Kirchner, y desafíos al orden comercial como los de Lula. Después de todo, tanto Argentina como Brasil tienen más capacidad nuclear que Siria. Si debido a una escalada de tensión con los norteamericanos y a penurias económicas aún más acuciantes emergidas de sanciones, estos países ofrecieran esa tecnología a los Estados canalla que exportan terrorismo, ¿qué harían los Estados Unidos? ¿Crear un Iraq en su patio trasero cuando parecen no tener resto para atacar a los iraníes ni a los norcoreanos? Mejor es evitar la situación. En las circunstancias actuales, con este nivel de caos sistémico, Estados Unidos simplemente no puede sancionar las transgresiones financieras y comerciales con la fuerza necesaria para disuadir violaciones de contratos. A su vez, para nuestros mandatarios populistas el aprovechamiento de la oportunidad no es otra cosa que el fiel cumplimiento de sus mandatos. Para eso fueron elegidos, no por Usted ni por mí, pero sí por quienes los votaron. Y cuanto más se agraven las crisis locales, menos tienen que perder y mayor es su autonomía. Están programados con la lógica electoral de la democracia. El caos sistémico ha reducido los costos de las confrontaciones con la potencia hegemónica. Las ecuaciones del realismo periférico se han transformado. Primero Kirchner fue proclamado el “conquistador del FMI” por un irónico Bush. El elogio no dejaba de ser un tiro por elevación contra la burocracia del Fondo, cuyos intereses tecnocráticos lo convirtieron en tigre de papel y le impidieron enfrentar las tácticas de vaquero del Far South del mandatario argentino, ex gobernador de una provincia patagónica y petrolera. Posteriormente, contra muchos pronósticos, Kirchner ganó la gran batalla del canje y se está saliendo con la suya en casi todos los frentes. El vaquero tejano lo sabe y no deja de simpatizar secretamente con ese representante de la periferia absoluta que en algunos sentidos se le parece bastante.

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La segmentación de Iberoamérica Solo a los gobiernos de los países que no sufren una crisis grave puede convenirles comportarse de acuerdo con los cánones más ortodoxos de buena conducta internacional. La pérdida de la capacidad de sanción por parte de los Estados Unidos y de instituciones como el FMI es un dato nuevo, que modifica dramáticamente las recetas normativas para los Estados periféricos que sufren la crisis más agudamente. Es por ello que es esperable la quiebra de América latina entre unos países alineados con los norteamericanos y otros enfrentados a la superpotencia. México, Chile y Uruguay tienen buenos motivos para diferenciarse de Argentina, Brasil y Venezuela. Más allá de algunos gestos retóricos y de las dudas que pueda plantear el nuevo gobierno de izquierda uruguayo, aquellos persisten en un juego de alineamiento, sin desafíos internos que representen un peligro inmediato. Para ellos los costes del enfrentamiento serían claramente más altos que los de la adaptación, porque todavía tienen mucho que perder. En cambio, el caso no es tan claro para Estados andinos como Perú y Ecuador, aunque por ahora sus gobiernos opten por caminos relativamente ortodoxos. La fragilidad de sus situaciones es clara cuando miramos hacia su vecino Bolivia, un país que mucho se les parece, cuyo gobierno ortodoxo cayó en medio de una rebelión indígena prerrevolucionaria, y cuyo gobierno actual tambalea jaqueado por el mismo indigenismo insurgente. Junto con Colombia, el país de altiplano se acerca al síndrome del Estado fallido. La influencia regional de ambos es profundamente desestabilizadora. Finalmente, Paraguay se aleja del modelo del Estado fallido sólo gracias a la consolidación del poder mafioso. Así, Iberoamérica se está desagregando en bloques. La costa del Pacífico, incluida América Central, parece más encolumnada con Estados Unidos y su visión del libre comercio. En cambio, Argentina, Brasil, Venezuela y Cuba parecen encaminados a constituirse en eje de confrontación. Sin embargo, estos bloques no son rígidos. Cada Estado está guiado por su estrategia e intereses particulares. Por momentos, casi toda la región parece dedicada a provocar al gigante. Brasil y la Cumbre de Cancún Ello ocurrió patentemente en la cumbre de la OMC de septiembre de 2003, cuando Brasil consiguió encolumnar a otros veintiún países que sabotearon el encuentro. Entre ellos había doce Estados latinoamericanos, incluidos los más importantes. El grupo, que no se limitó a la región, contó con pesos pesados como India, China, Indonesia, Pakistán, Egipto y Sudáfrica. Lula consiguió capitalizar los pecados originales de los países desarrollados que subsidian el agro y no están dispuestos a eliminar masivamente sus subvenciones, a pesar de las promesas de la agenda convenida en Doha en noviembre de 2001. El compromiso de entonces, de imposible cumplimiento, fue en parte motivado por la necesidad de generar solidaridad internacional a partir de los hechos terroristas del 11 de septiembre de ese año. En Cancún, Estados Unidos y Europa cosecharon el fruto de su engaño preventivo.

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En el fiasco también intervino el juego de suma cero entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que impidió que llegaran a la cumbre con una estrategia conjunta. En mayo de 2002 el Congreso norteamericano había autorizado subvenciones a la agricultura por valor de 180 mil millones para los próximos diez años, y aumentado en un 70% los desembolsos directos del gobierno a los granjeros. A su vez, en octubre la Unión Europea descartó cualquier posibilidad de reformar sustantivamente su programa de subsidios al agro de 400 mil millones de dólares anuales, por lo menos hasta 2006. Entonces, en una astuta maniobra para dominar la agenda multilateral del comercio internacional, Estados Unidos propuso una amplia liberalización de los mercados agrícolas, que se contradecía flagrantemente con el masivo aumento de los subsidios que se había legislado en ese país. Al hacer su propuesta, los norteamericanos apostaron a que Europa y Japón quedarían como los malos de la película, ya que factores políticos internos les imposibilitarían apoyar una moción que también era políticamente impracticable para Estados Unidos. Combinando esta ofensiva con la autorización que el Congreso otorgó al Ejecutivo para llegar a acuerdos comerciales bilaterales de libre comercio, Estados Unidos parecía tener todo lo necesario para la adquisición de grandes ventajas, pero fue frustrado por la osada maniobra que unió a Brasil con India y China. El Grupo de los 22 consiguió que la cumbre de la OMC se interrumpiera algunas horas antes de lo programado. La rebelión era previsible. Explicada en las palabras del ministro de relaciones exteriores de Argentina, Rafael Bielsa, “la inequidad más grande que tiene el comercio global son los subsidios masivos que la Unión Europea, Estados Unidos y Japón otorgan a su sector agrícola. El resultado de todas las rondas de negociaciones multilaterales de comercio ha sido una disminución de las barreras arancelarias para productos industriales en detrimento de nuestros países, generadores de bienes agrícolas.” Expresando enojo y frustración, el Representante Comercial de los Estados Unidos, Robert Zoellick, replicó que “la tarifa agrícola promedio de la India es de 112%, la de Egipto del 62%, y la de Brasil del 37%, en comparación con el promedio norteamericano del 12%. Sus tarifas promedio respecto de los productos manufacturados son por lo menos 10 veces superiores a las de los Estados Unidos, cuyo promedio es del 3%”. El funcionario culpó a Brasil de dar la espalda a los esfuerzos de conciliación norteamericanos, y de exacerbar la confrontación norte-sur al aliarse con países como India, que jamás apoyó la apertura de mercados. A su vez, los brasileños recordaron que su país pierde 10 mil millones de dólares anuales por culpa de los subsidios agrícolas, y acercaron posiciones con países avanzados que también se perjudican, como Canadá y Australia. Como en política los planos necesariamente se mezclan, Lula acompañó su maniobra con críticas a la política norteamericana en Irak, y Kirchner se acercó a Castro, ofreciéndole una quita del 75% en la deuda cubana a Argentina, exactamente el porcentaje que pretendió imponerle a sus propios acreedores. Pero lo que realmente está en juego en estas fuertes apuestas es la aspiración de Estados Unidos de consolidar la proyectada Área de Libre Comercio de las Américas. Brasil exige la inclusión de la agricultura en la agenda de negociaciones del ALCA, excluyendo las discusiones sobre servicios, inversiones y propiedad intelectual, temas fundamentales para los norteamericanos. En cambio, Estados Unidos quiere esquivar el bulto dejando la agricultura para la OMC (donde los europeos se encargarán de impedir progresos), y se niega a negociar las reglas anti dumping. 95

Si las negociaciones se quiebran, los norteamericanos, que son buenos discípulos de Tucídides, intentarán seducir bilateralmente a los Estados que se presten, ofreciendo zanahorias para romper la solidaridad con los recalcitrantes. Esta es la estrategia comercial permanente de los Estados Unidos: aplicar una mezcla de herramientas multilaterales y bilaterales, de orden global y regional, para inducir a países más débiles a desmantelar sus barreras, aceptando reglas establecidas por Washington y sus intereses. Estados fallidos, Estados mafiosos y Estados rufianes Pero el resultado del proceso no está cantado, precisamente debido al contexto de ingobernabilidad global que enmarca a estas y otras negociaciones. Como se dijo, las grandes instituciones internacionales están en crisis. En momentos en que los norteamericanos tienen las manos llenas con la guerra contra el terrorismo transnacional, y en que algunos países desafían abiertamente políticas tan importantes para la seguridad global como la de no proliferación nuclear, Brasil posee cierta capacidad de extorsión en algunos campos cruciales. El anuncio de que en 2004 comenzaría la exportación de uranio enriquecido producido en la planta brasileña de Resende es inquietante, porque aunque Lula respetara unas normas de la Agencia Internacional de Energía Atómica que ya comenzó a desafiar, se sabe que una vez que existe la posibilidad de exportar, las limitaciones establecidas por los tratados se cumplen o no en función de consensos políticos inestables. ¿Pero qué se puede hacer? Estados Unidos, guardián del orden mundial, no puede darse el lujo de empujar a Brasil hacia el campo de los Estados rufián. Si no estuvo dispuesto a arriesgar transformar a Argentina en un Estado fallido, sancionando sus transgresiones contra el orden financiero global, menos dispuesto estará a arriesgar a Brasil por su desafío al orden comercial que Washington intenta imponer. A los países capaces de exportar material nuclear hay que tratarlos con guantes blancos. Así, los hechos confirman que la catástrofe de ingobernabilidad global genera importantes espacios de autonomía para Estados vulnerables pero dispuestos a la aventura o sin más remedio que acudir a ella. Y en América latina estos márgenes están potenciados por las amenazas representadas por los Estados al margen de la ley que ya existen en la región. Tómese por caso a Paraguay. Su ingreso por habitante cayó a la mitad en los últimos seis años, el desempleo alcanza el 20% y el 50% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. El Partido Colorado del presidente Nicanor Duarte Frutos está en el poder desde 1947: más tiempo que los comunistas en Corea del Norte. Se trata de un país especializado en el contrabando y en la falsificación de marcas de cigarrillos y de consolas para vídeo juegos. El 95 % de su producción tabacalera es exportada ilegalmente, a la vez que millones de productos falsificados de Nintendo fueron decomisados allí desde 1998. Lo que siempre está en alza es el poder mafioso, que lo mantiene íntegro como Estado. En 2004, el secuestro y asesinato de la hija del ex presidente Raúl Cubas contó con la complicidad de ambas la policía local y las FARC colombianas. Su político más popular, el fracasado golpista Lino Oviedo, está acusado de haber participado en el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña en 1999.

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Oviedo es protegido por Brasil a pesar de que una comisión parlamentaria de ese país lo sindicó como uno de los barones del crimen organizado en América del Sur. Nadie sabe exactamente porqué. Pero no es difícil apelar a conjeturas si se recuerda que Paraguay, Brasil y Argentina comparten una “triple frontera” notoria por sus tráficos ilícitos, incluido el financiamiento y entrenamiento de terroristas del Hizbollah libanés y el Hamas palestino. Esa Triple Frontera es la guarida desde donde se prepararon los dos primeros grandes atentados del terrorismo islámico en las Américas: el de 1992 que demolió la Embajada de Israel en Buenos Aires, y el de 1994 que devastó a la asociación mutual de la comunidad judía argentina, AMIA. El poder norteamericano no alcanza para limpiar este nido de traficantes. ¿Cómo va a alcanzar, si en la misma Argentina ya se ha comprobado que elementos de la policía, el servicio de inteligencia y Fabricaciones Militares fueron cómplices en la logística de los atentados? El Estado está carcomido por mafias en varios países y su poder frecuentemente no alcanza para controlar a sus propios agentes, al tiempo que la impotencia del Imperio genera mayor autonomía para factores locales de poder. Quizá por eso, nada es estable y nada es lo que parece ser. Desde enero de 2003 Ecuador está gobernado por Lucio Gutiérrez, un coronel retirado que en enero de 2000 apoyó una rebelión indígena que derrocó al presidente Jamil Mahuad. Ahora ha abandonado su causa indigenista, que no por ello se extinguió. Está comprometido con Wall Street, el FMI y el fortalecimiento de la dolarización implantada en 2000 por su predecesor Álvaro Noboa. Parece un amigo de los mercados y de los Estados Unidos, aunque coquetee con Lula en la OMC y sea un ya viejo aliado de Hugo Chávez. Pero según declaraciones de combatientes capturados de las FARC colombianas, el gobierno de Gutiérrez tiene un pacto de noagresión con esos narco-guerrilleros, quienes poseerían ocho bases permanentes en territorio ecuatoriano, en la provincia fronteriza de Sucumbios. A estas se suman otras tantas en territorio venezolano, un Estado cuya simpatía por los insurgentes colombianos fue expresada por el propio Chávez. Y también las hay en la provincia de Darien, en Panamá, aunque sin la connivencia del gobierno. Asimismo, fuerzas de las FARC operan en Brasil y Perú. Durante años sus “diplomáticos” recorrieron libremente el territorio argentino y tienen muchas puertas abiertas. Su potencial desestabilizador es enorme y el respeto con que las ha tratado incluso el gobierno de Brasil es llamativo. Mientras tanto, como se sabe, el Estado colombiano no domina gran parte de su propio territorio, y aún lo que controla está profundamente contaminado por los narcotraficantes. Las alianzas non-sanctas están siempre a la vuelta de la esquina y son parte de un margen de autonomía incrementado por la crisis de gobernabilidad mundial. ¿Cuál es el vínculo entre los cocaleros de Bolivia y el narcotráfico? Las estimaciones de inteligencia discrepan sobre el carácter y magnitud de la connivencia, pero en ningún caso niegan la convergencia de intereses entre los campesinos que lidera Evo Morales y los barones de la cocaína. A su vez, la fragmentación de Bolivia la ubica muy cerca del síndrome del Estado fallido. Sus indígenas, siempre excluidos del poder y la riqueza, son el 70% de la población, pero no constituyen un bloque homogéneo. Morales representa principalmente a guaraníes, mientras Felipe Quispe, el dirigente campesino que volteó al presidente Gonzalo Sánchez 97

de Losada, es aymará: etnias diferentes de regiones distantes entre sí. Por otra parte, las provincias de Tarija y Santa Cruz de la Sierra, relativamente prósperas, albergan aspiraciones secesionistas. Santa Cruz ya ganó una medida de autonomía. Desde Estados Unidos, el depuesto Sánchez de Losada advierte que Bolivia puede convertirse en un Estado narcotraficante. Su opinión puede ser interesada. Lo único que no puede dudarse es que tarde o temprano el control del país caerá en manos de las mayorías indígenas, y que este predicamento es en diversa medida compartido por Perú y Ecuador, donde la exclusión histórica de las mayorías étnicas también es un permanente factor de inestabilidad. El detonante para la caída de Sánchez de Losada fue la exportación de gas natural boliviano, que suscitó la furia indígena. Los hechos parecen darle la razón a quienes, como Amy Chua, profesora de derecho en Yale y reciente autora de The World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability (Doubleday 2003), vislumbran un futuro crecientemente inestable en el Tercer Mundo como consecuencia de la apropiación de los frutos de la globalización por parte de grupos minoritarios que suscitan resentimientos. Su tesis es que hay minorías que dominan los mercados—en América latina, gente de tez más clara—que se convierten en blancos de odios étnicos para las masas sumergidas. El problema se reitera en otras latitudes: con los chinos en el sur de Asia, los croatas en la ex Yugoslavia, los indios en África oriental, los libaneses en África occidental y los judíos en la Rusia post comunista. Si a esta ecuación se agrega una verdadera democracia que permita el acceso al poder de las mayorías, los resultados pueden aproximarse a lo que ocurrió entre Milosevic, serbios y croatas. La crisis del capitalismo global se acentúa a la vez que, a veces, emergen regímenes genocidas. Si sumamos a este fenómeno el incrementado margen de maniobra internacional de Estados periféricos amenazados por sus propias crisis, que a su vez es un emergente de los procesos sistémicos que hemos descrito, podemos afirmar que ingresamos a una etapa histórica de enorme incertidumbre en Iberoamérica. México se salva porque, para su fortuna, está muy cerca de los Estados Unidos, que comparten con los aztecas un destino geopolítico. En cambio, para la América del Sur y muy especialmente para Argentina estos son, como dirían los chinos, tiempos interesantes.

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APÉNDICES DOCUMENTALES

Los apéndices A, B y C documentan: 1. El impacto sobre los principios programáticos de la política exterior del gobierno de Menem, de las investigaciones realizadas desde el Instituto Di Tella durante la década del ’80; 2. El lugar que, desde centros académicos norteamericanos, se adjudica al realismo periférico en la historia de las ideas latinoamericanas sobre las relaciones internacionales, y 3. La contribución que, desde un medio tan influyente como The National Interest, se reconoce fuera realizada por el realismo periférico a la estabilidad global, a través de la desnuclerización de la Argentina, que marginó a Brasil obligándolo a firmar también los tratados de no proliferación nuclear. El Apéndice D sintetiza la metodología del programa de investigación sobre la racionalidad de la política exterior de Estados periféricos, desarrollado desde el Instituto Di Tella de entonces.

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Apéndice A – Review Essay por Aldo Vacs, “Argentina: The Search for Rational Foreign Policies” Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 19 (1), primavera boreal 1987, pp. 109-112 El siguiente ensayo bibliográfico dedicado a dos libros de Carlos Escudé, publicado por una conocida revista académica norteamericana en 1987, documenta los avances del programa de investigaciones en Relaciones Internacionales del Instituto Di Tella cuatro años antes de que Guido Di Tella se convirtiera en canciller de la República Argentina. Su lectura revela que los hallazgos de Escudé registrados en estos dos volúmenes (que fueron a sucedáneos de su obra de 1983, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Declinación Argentina, 1942-49) ya habían permitido trazar una cabal hoja de ruta para lo que habría de ser la política exterior del gobierno de Carlos Menem, años antes de que se sospechara que éste sería presidente y que Di Tella sería su canciller. Al leer la crónica de Vacs de 1987 sentimos que estamos ante una descripción fiel de lo que se instrumentó entre 1990 y 1999, como si se hubiera producido una trasposición en el tiempo. Por lo tanto, y desde su mismo título, este ensayo documenta asimismo que lo que el programa de investigaciones en Relaciones Internacionales del mencionado Instituto se propuso en los ’80 fue desarrollar un proyecto de política exterior racional, basado en la ciencia. Más aún, como queda demostrado, ese esfuerzo fue capaz de concitar la atención de los estudiosos de los países centrales. Eso fue posible antes de que la Argentina se convirtiera en un Estado parasitario y semifallido en el que la crisis de gobernabilidad permanente impide adoptar las políticas que serían en teoría más racionales para el largo plazo de un contrato social democrático que aspira al desarrollo. Dice Aldo Vacs: Argentina: The Search for Rational Foreign Policies La Argentina: ¿Paria Internacional?, by Carlos Escudé. Buenos Aires, Argentina: Editorial de Belgrano, 1984. La Argentina vs. las Grandes Potencias: El Precio del Desafío, by Carlos Escudé. Buenos Aires, Argentina: Editorial de Belgrano, 1986. The analysis of Argentina's international relations and foreign policies has been a field that Argentine specialists as well as policymakers have failed, with few exceptions, to address objectively. The simplistic nationalism which permeates many aspects of Argentina's political culture has been exacerbated in this field, leading to a selfrighteous approach that largely preempts the possibility of a rational analysis of Argentina's position in the world and a balanced discussion of the controversial issues faced by the country and the foreign policies implemented by different administrations. The self-perception of Argentina as a potential, or actual, great power – “Argentina potencia” that has been, however, unfairly treated by the rest of the world (superpowers, great powers and neighboring countries alike) is a basic premise that most Argentines

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come to share from primary school onward. That this kind of perception may have explosive consequences when used by a faltering government to deflect public attention from domestic economic and political problems and to gain popular support became clear in 1978, during the Beagle Channel confrontation with Chile, and then, in 1982, with the Falklands-Malvinas crisis. The transition to democracy generated more propitious conditions to reassess the main tenets of this approach, which ignored the reality of Argentina's declining position in the world, its relative weakness, and the lack of solid foundations (diplomatic, economic, military and juridical) for several of its most aggressive and unrealistic foreign policy initiatives. These two books by Carlos Escudé are representative of an emerging attitude which tries to analyze objectively some central issues involved in the formulation of Argentina's foreign policies in the past, and to establish the basis for a more pragmatic approach in the future. To a large extent, these essays are addressed to Argentine readers by an Argentine author who challenges the validity of some traditional assumptions which have resulted in the implementation of misguided foreign policies with consequences highly negative for the long run. At the same time, non-Argentine specialists can profit from reading these essays because they provide a fascinating, though highly critical, study of the origins and evolution of the misperceptions and myths that have affected the development of contemporary Argentine foreign policies. The first book, La Argentina, ¿Paria Internacional?, sets the tone of the inquiry by adding an interrogation mark to the title of an article written by Charles Maechling, Jr., in 1981, which denounced the Argentine military regime and recommended the avoidance of friendly relations until democracy had been restored. In the first essay of this book on human rights and political sovereignty, Escudé responds to the question of the book's title by reminding his readers that, in a country such as Argentina, the governmental violation of human rights inevitably results in international condemnation and the relegation of the country to the condition of an isolated pariah. The most interesting aspect of Escudé's analysis is his attempt to place it in the context of a pragmatic consideration of the characteristics of US “moral imperialism” and its implications for a country such as Argentina that, due to its low strategic priority and long history of tense relations with the US, becomes a favorite target of human rights policies. The pragmatic conclusion is that, even if ethical considerations are left aside, it is in the national interest of Argentina to respect human rights in order to avoid situations that can only result in repeated interference in its domestic affairs by foreign powers, with a consequent erosion of its political sovereignty. The two other essays included in this book, as well as those presented in the second part of La Argentina vs. las Grandes Potencias, study the relations between Argentina's political culture and its foreign policies, focusing on the Argentine perceptions of territorial sovereignty, the characteristics of Argentine territorial nationalism and the relationship of Argentine rights to the Beagle Channel and the Falklands-Malvinas. These essays represent a serious attempt to inject rationalism into Argentine foreign policy debate by eliminating some of the most blatant myths and misperceptions concerning the alleged territorial losses suffered by the country in the past and the absolute rights of Argentina over territories effectively occupied by Great Britain and Chile, or subject to multiple claims, as in Antarctica. The essays correctly emphasize the dangerous consequences brought about by this unrealistic approach which leaves scarce room for diplomatic negotiations, especially because the propagandistic campaigns of successive Argentine governments have strengthened popular acceptance of a brand of naive nationalism which equates negotiation with weakness and concessions with betrayal. The essays included in the first part of La Argentina vs. las Grandes Potencias complete this critical

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evaluation of Argentine foreign policy by discussing, from an historical and comparative perspective, the high price paid by Argentina for its rhetorical, nonaligned stance of the 1940s and the benefits obtained by the Western European countries and Brazil from their alignment with the US in the postwar years. After assessing the relative validity of explanations that attribute Argentina's postwar decline to an international conspiracy or to government mismanagement, Escudé acknowledges the role of these two variables but emphasizes that the major factor which led to the boycott against Argentina, and reinforced the trend toward foreign policy mismanagement, was the naive attempt made by the Peronist government to challenge the international order hegemonized by the US. By trying to promote a process of rapid industrialization, which (a) may have slowed down the European recovery then demanding scarce capital goods and raw materials and (b) negatively affected the British balance of payments, the Argentine government ignored the international hierarchy of power and generated conditions for inevitable failure. By contrast, countries (such as Brazil) who developed flexible foreign policy approaches and aligned themselves with the US created conditions for a favorable outcome that, over the long term, facilitated economic growth and turned the South American balance of power in their favor. The realistic perspective adopted by Escudé leads to conclusions about the relative nature of Argentina's territorial claims, the negative consequences of nonalignment, and the causes of Argentine decline that would undoubtedly be disputed by many in Argentina. No less controversial are his policy recommendations concerning (1) educational changes needed to transform Argentine political culture, (2) the convenience of a flexible Argentine alignment with the US, (3) abandonment of the aggressive stance towards Great Britain, (4) the need for restraint in Argentina's claims over Antarctic territory, and (5) the advantages of ratifying the Tlatelolco Treaty. Extreme nationalist groups would state that sovereignty is not negotiable. Defenders of the "Third Position" might observe that the relative decline in US hegemony has created new profitable opportunities for the practice of flexible nonalignment policies. Dependencia analysts would see these recommendations as leading to the reinforcement of Argentina's dependent status. Realist supporters of power-centered approaches might state that, in some cases, such as in the Beagle Channel crisis, aggressive behavior forced concessions from the adversary. However, what is indisputable is that these essays add a welcome dose of rational analysis to the debate on foreign policies established in Argentina after the defeat in the South Atlantic war and the restoration of democracy. There is room for disagreement when discussing the eventual costs and benefits of each foreign policy option, but no longer do authoritarian decisions dominate the field nor naive nationalistic assumptions remain unchallenged. A trend towards rational approaches and realistic foreign policymaking is emerging. The Radical administration, although with some vacillations (notoriously on the Malvinas-Falklands and nuclear issues), has formulated and implemented more pragmatic policies concerning problematic issues such as the Beagle Channel, the foreign debt, and relations with countries such as Brazil and the US. Public opinion seems to be moving also in the same direction, as the overwhelming approval of the peace treaty with Chile over the opposition of Peronist and nationalist groups tends to demonstrate. One can only hope that books such as Escudé's will multiply in the future, reinforcing this trend. The lively debate that would ensue will certainly help to diminish chances of repeating costly foreign policy mistakes, while facilitating the formulation and implementation of policies aimed at promoting a more effective, profitable insertion of Argentina into the world order. [Por Aldo Vacs]

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Apéndice B – Arlene B. Tickner, “Hearing Latin American Voices in International Relations Studies”, International Studies Perspectives 2003 (4), pp. 332-333

El ‘realismo periférico’ acuñado desde el Instituto Di Tella durante la década del ‘80 y pulido en la del ’90 ha sido reconocido en Estados Unidos como el único aporte original reciente de América latina al pensamiento sobre las relaciones internacionales. En el último número de 2003 de International Studies Perspectives, publicación especializada de la International Studies Association, Arlene B. Tickner dice: Peripheral Realism The end of the Cold War led to a reevaluation of the intrinsic value of peripheral autonomy as a guide to Latin America’s international relations. Beginning in the 1990s, academic production in the region on the topic of autonomy was nonexistent. Carlos Escudé´s (1995) formulation of peripheral realism constitutes the only exhaustive conceptual endeavor in recent Latin American IR. Contrary to the authors preceding him, Escudé maintains that the benefits of autonomy, historically a cornerstone of the region’s foreign policies, must be weighed against the relative costs of using it. In an attempt to derive a normative theory from realism’s central premises of relevance to the periphery (Argentina in particular), Escudé discusses the merits of ‘‘peripheral realism’’ as opposed to autonomy. According to the author, the acritical adoption in the periphery of theoretical frameworks produced primarily in the United States has had negative consequences in Latin America, to the extent that it has served the ideological purposes of the elites in these countries. While realist theory has been used to justify aggressive foreign policies on the part of the periphery, interdependence has led to an overestimation of the periphery’s scope for action (Escudé, 1995:19). Classical realism’s emphasis upon the state and the national interest defined in terms of power, is especially problematic when applied to the periphery, given that state-centric approaches fail to specify the subject that state actions serve, and can legitimate specific group interests over others. Escudé describes this common tendency to present the state-as-person, in isolation from the particular interests represented therein, as the ‘‘anthropomorphic fallacy’’ (1995:49). In light of the exclusionary nature of state-centric realism, particularly evident in the periphery where the nature of the state is more conducive to elitist practices, the author proposes the adoption of a citizen-centric realist approach more attuned to the particularities of the Third World. Escudé’s peripheral realism includes the following premises: (1) the concept of the national interest should be defined in terms of economic development centered around the well-being of the citizenry; (2) peripheral countries should eliminate political confrontations with the core powers in those cases in which the latter’s policies do not directly affect the material interests of the country in question; (3) peripheral countries should avoid unproductive confrontations with great powers, even when such confrontations do not generate immediate costs; (4) peripheral countries should avoid ‘‘idealist’’ but costly foreign policy approaches; and (5) peripheral countries should examine the advantages of bandwagoning with the dominant power or a coalition of great powers (Escudé, 1995:154–156). [Por Arlene B. Tickner]

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Apéndice C – Ira Straus, “Emerging proliferation threats in Latin America”, The National Interest Nº 77, otoño boreal 2004, p. 67

El impacto estabilizador global que tuviera el ‘realismo periférico’, al contribuir a desnuclearizar la enorme región latinoamericana, fue reconocido por la influyente revista norteamericana The National Interest, al punto de calificarlo de “heroísmo de la razón”. En el Nº 77 de fines de 2004, Ira Straus dice: It was the rise of a theory of accommodation to Western leadership that led Argentina in the 1990s to renounce--like Brazil--its nuclear program and ratify the NPT after the Cold War. The author of the accommodative theory, Carlos Escudé, was at the time the decisive foreign policy advisor to the reformist Menem government. In his theoretical work, he had amended classical realism: He found it was inconsistent to view the global system as a mere anarchy among equally sovereign "units", when in fact it was an "imperfect or incipient hierarchy." It had rules, including discriminatory roles in rule-making and rule-taking. Peripheral states could either rebel against the rules, as do rogue states, or they could work within the rules to advance broader national interests. The resulting theory, dubbed "peripheral realism", enjoined governments in the periphery to follow the true national interest: make their countries attractive terrain for investment and social advancement rather than join in the global power politics game, which only served psychological interests. Thus the renunciation of the nuclear option was in Argentina's true national interest. At the same time, submission to global norms by some peripheral countries imposed an obligation on the great powers to uphold the norms against violators. Otherwise those who complied freely would suffer relative loss. The achievement of Escudé and Menem was the heroism of reason. It subordinated the temptations of power politics to a careful estimation of true interests. But it was inadequately appreciated by the United States, where theorists remain uncomfortable with hierarchy and have accordingly done little to consolidate global norms. Today this achievement is in danger of being undone, owing to a Brazilian government ideologically hostile to the global hierarchy. As a candidate, Luiz Inacio Lula da Silva had attacked the unfairness of the two-tiered structure of the NTT. As president, his government blocked portions of the requisite IAEA inspections of a uranium enrichment plant in Resende. The standoff threatened by early 2004 to reverse the worldwide momentum on non-proliferation. Escudé thus wrote to me in April: ‘Brazil's gesture lends itself to imitation by Argentina, because it caters to nationalist feelings that are counterproductive, but which notwithstanding generate electoral gains. If a country refuses to allow IAEA inspections today, tomorrow it may be exporting strategic nuclear material to rogue states that wage war. And what few people realize is that Argentina has much more indigenous nuclear technology than any rogue Middle Eastern state. It has recently produced and sold a nuclear reactor to Australia, a relatively advanced country. If Argentina's technology is good enough to find a niche in the Australian nuclear market, can you imagine how tempting it would be for Syria or Iran to buy off corrupt Argentinian politicians, and in addition provide them with the pseudonationalistic excuse that they are improving the country's trade balance? ‘As things stand presently, populist leaders hoping to gain short-term electoral profits have no reason to abide by U.S. leadership. On the contrary: it is politically profitable... to defy the United States. To prevent this, power of enforcement vis-à-vis the diverse rules that

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make a globalized world viable in diverse realms (security, finances, etc.) must be demonstrated.’” [Por Ira Straus]

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Apéndice D – La metodología de las investigaciones conducidas en el Instituto Di Tella durante la década del ‘80, sobre la racionalidad de la política exterior

Este Apéndice se incluye a los efectos de documentar la metodología y los avances del programa de investigaciones sobre política exterior instalado en el Instituto Di Tella en la década de los ’80, gracias a la munificencia de Guido Di Tella, canciller de la República Argentina entre 1991 y 1999. Intenta ilustrar de qué manera la investigación en ciencias sociales puede contribuir a la gestación de un conocimiento acumulable, popperianamente falsable y (por lo tanto) auténticamente científico. La metodología se basó en un flujo y reflujo entre el relevamiento de datos historiográficos y el desarrollo de teoría de las Relaciones Internacionales, conducente a adicionales relevamientos de datos historiográficos que a su vez generaron más reflexión e investigación teóricas. Asimismo, en el plano del desarrollo de teoría esta dialéctica dialógica fue complementada por una dialéctica sincrónica, entre el análisis del sistema internacional y el de los condicionantes culturales y sociales de la política exterior. 1. El programa comenzó con las investigaciones de Escudé basadas en materiales documentales de los archivos norteamericanos y británicos, secretos hasta poco antes del inicio de sus tareas. Allí se documentó el boicot económico y desestabilización política sufridos por la Argentina a raíz de su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. Esta tesis, convertida en un libro en castellano intitulado Gran Bretaña, Estados Unidos y la Declinación Argentina, 1942-1949 (Buenos Aires: Belgrano, 1983, 1984, 1988 y 1996), condujo a una reflexión sobre la problemática teórica de los costos del desafío de los Estados débiles frente a los poderosos, que entre 1984 y 1986 se difundió con dos libros, La Argentina, ¿Paria Internacional? (Buenos Aires: Belgrano, 1984), y La Argentina frente a las Grandes Potencias: el Precio del Desafío (Buenos Aires: Belgrano, 1986), que tuvieron un fuerte impacto sobre las ideas respecto de la política exterior argentina imperantes en la Argentina de entonces. De este modo emergió el análisis teórico de las relaciones entre Estados débiles y poderosos, que en la década de 1990 fructificaría con la publicación de obras mucho más elaboradas. 2. Este análisis teórico incluyó la comprobación de que los mecanismos de toma de decisión de los Estados Unidos hacia países que además de ser periféricos, son relativamente irrelevantes para sus intereses vitales, difieren de los que se activan cuando está en juego su política hacia Estados con relevancia estratégica. El concepto de “síndrome de irrelevancia de la racionalidad” en el proceso de toma de decisiones de la política exterior de los Estados Unidos se acuñó primero en el trabajo mencionado y fue luego desarrollado, con base documental adicional, en "Argentina: The Costs of Contradiction", publicado en Abraham F. Lowenthal (comp.) Exporting Democracy: The United States and Latin America (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991). Su traducción al castellano se publicó bajo el título "La Traición a los Derechos Humanos, 1950-1955", en CARI, La Política Exterior Argentina y sus Protagonistas, 1880-1995, Buenos Aires: Nuevohacer (GEL), 1996.

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Durante el episodio de la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial, la irrelevancia relativa del país sudamericano para los intereses vitales de los Estados Unidos había aumentado la vulnerabilidad del primero frente a la superpotencia. Este factor había potenciado el carácter autodestructivo de dicha neutralidad, en términos del balance de costos y beneficios para el Estado y la sociedad en su conjunto. 3. A su vez, la Guerra de Malvinas, producida pocos meses después de terminada la investigación que diera lugar al libro La Declinación Argentina, representaba otro caso de política exterior autodestructiva, que demostraba la existencia de una pauta reiterada de comportamientos semejantes en la historia de la política exterior argentina. Por lo tanto, los resultados obtenidos sumados a eventos como el antedicho conducía a por lo menos dos conjuntos de preguntas que a su vez representaban dos líneas de investigación complementarias: a) ¿Qué factores endógenos podían explicar la tendencia argentina a la confrontación autodestructiva con Estados más poderosos? b) Y más allá del caso argentino, ¿cómo condiciona el sistema internacional las relaciones entre Estados débiles y poderosos? Específicamente, ¿qué tipo de confrontación tiene más probabilidades de generar mayores (o menores) costos externos para un Estado débil? Es decir, ¿cuál es el comportamiento “premiado”? Y vinculando esta pregunta al punto anterior, ¿qué factores endógenos pueden apartar a un Estado de la conducta premiada? 4. La tendencia a la confrontación de la diplomacia argentina, por otra parte, estaba apuntalada por un gran apoyo cívico: políticas con mayores costos externos que beneficios, como la Guerra de Malvinas, la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, la negativa a aceptar salvaguardias nucleares (vigente hasta el gobierno de Menem), y eventualmente el proyecto de misil balístico Cóndor II (nacido en sociedad con Irak durante la presidencia de Alfonsín), paradójicamente generaban beneficios internos para sus artífices. Lo que era irracional desde la óptica de los costos para el país frente al mundo, era racional desde la perspectiva de sus beneficios políticos internos (al menos en el corto plazo) para los gobernantes argentinos. La popularidad de estas políticas abarcaba, además, a la mayor parte del espectro político local. Estas paradojas condujeron a la hipótesis de que una variable de orden cultural podía estar condicionando la reiteración de políticas autodestructivas pero populares, de gran potencial demagógico. El problema era, empero, ¿cómo estudiar empíricamente la cultura? El método elegido consistió en aproximarse a través de un estudio de los contenidos nacionalistas de los textos escolares argentinos. Esto se resolvió en varias etapas, entre los años 1986 y 1990: a) Primero se realizó un relevamiento del contenido nacionalista de los textos de geografía entre 1879 y 1986, que se publicó en Patología del Nacionalismo: el Caso Argentino (Buenos Aires: Tesis/Instituto Di Tella, 1988). Esta parte del estudio se concentró en el nacionalismo territorial y en los mitos de “grandeza nacional”, y dio lugar también a la publicación de “Argentine Territorial Nationalism”, en el Journal of Latin American Studies (mayo de 1988). b) Luego, para mejor comprender porqué los textos habían tenido esos contenidos, se realizó un estudio del contenido nacionalista de las doctrinas

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pedagógicas argentinas entre 1900 y 1950, publicado en El Fracaso del Proyecto Argentino: Educación e Ideología (Buenos Aires: Tesis/Instituto Di Tella, 1990). Este libro se publicó también en Italia, con el título La "Riconquista" Argentina: Scuola e Nazionalismo (Fiesole: Edizioni Cultura della Pace, 1992). Además, un resumen de ambos el relevamiento de textos y el estudio de las doctrinas pedagógicas se publicó bajo el título Education, Political Culture, and Foreign Policy: The Case of Argentina (en la serie de documentos de trabajo del programa conjunto para asuntos latinoamericanos de la Universidad de Duke y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, octubre de 1992). c) Como verificación de que los contenidos identificados (especialmente los referidos al irredentismo territorial) estuvieran presentes en la mente de la gente, se encargó la inclusión de algunas preguntas en una encuesta del Instituto Gallup de Argentina. El resultado confirmó no sólo la creencia generalizada de que la Argentina perdió grandes territorios a lo largo de su historia, sino también una fuerte correlación positiva entre esta creencia y el nivel educativo de la población encuestada. Cuanto mayor la educación formal de un segmento de población, mayor el porcentaje de gente que cree que la Argentina perdió territorios. Dicho sea de paso, esta percepción argentina (que es la de su historia oficial) contradice plenamente a los atlas históricos publicados en América del Norte y Europa occidental, que unánimemente le adjudican a este país grandes ganancias territoriales a lo largo del siglo XIX. d) Finalmente, para darle al estudio una dimensión comparativa, se realizó un relevamiento de los mitos de pérdidas territoriales en los textos escolares de los países hispano-parlantes de la América del Sur. Se consultaron los textos en uso en dichos países, y también textos más antiguos depositados en la colección latinoamericana de la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin. Este relevamiento confirmó la vigencia de una percepción generalizada de grandes pérdidas territoriales históricas en casi todos los países del continente. De tal modo, la suma de los territorios que los sistemas educativos de los diversos países suponen fueron perdidos por sus respectivos Estados es muy superior a la superficie total de la América del Sur. Los resultados de esta fase de la investigación se plasmaron en el Tomo I de la Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina, obra de 14 volúmenes publicada entre 1998 y 2000. 5. Los hallazgos de estas investigaciones empíricas condujeron a su vez a reflexiones teóricas vinculadas a las funciones políticas de las mitologías nacionalistas en Estados incipientes (como era el caso de los hispanoamericanos durante el siglo XIX), y también a la profundización del análisis de los factores endógenos que pueden contribuir a la formulación de políticas exteriores confrontativas, con mayores costos que beneficios para el Estado y la sociedad. Estas reflexiones convergían dialécticamente con otras, ya mencionadas, relacionadas con la estructura del sistema internacional, y con la averiguación de qué tipo de confrontación entre Estados débiles y poderosos suele conducir a un balance negativo de costos y beneficios.

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Esta problemática conducía a la necesidad de realizar un análisis crítico de las principales teorías de las relaciones internacionales, la mayor parte de ellas de cuño anglo-americano, porque la teoría generada desde el centro del sistema mundial raramente toma en cuenta la cuestión de los costos, para la periferia, de desafiar al centro. Este análisis crítico y teórico se realizó en forma simultánea con las investigaciones empíricas sobre la incidencia del factor cultural en las políticas exteriores. La cuestión es fundamental porque aunque las principales teorías reconocen la diferencia entre “grandes potencias” y Estados que no lo son, ellas suscriben no obstante, de manera acrítica, a la premisa de la soberanía del Estado, y se construyen sobre la base de una analogía que conduce a confusiones: que el Estado es al sistema internacional lo que el individuo es a la sociedad a la que pertenece. Pero el Estado no es un individuo, sino que administra las vidas y haciendas de millones de individuos que (por lo menos desde una perspectiva democrática) son fines en sí mismos y sujetos de derecho. Por ello, esta “ficción del Estado-como-persona” suele conducir al olvido del problema de los costos, para el ciudadano, de las políticas confrontativas del Estado, costos que suelen ser mayores (al menos en términos relativos) cuanto menor es el poder relativo del Estado. Ejemplificando, para el ciudadano norteamericano los costos del desafío de George W. Bush al mundo entero son muchísimo menores que los costos, para el ciudadano iraquí, del pasado desafío de Saddam Hussein al gobierno de los Estados Unidos. Por ello, aunque las simplificaciones son necesarias para teorizar, una sobresimplificación como la “ficción del Estado-como-persona” produce más distorsiones en el pensamiento sobre las relaciones internacionales de los Estados periféricos, que sobre las conceptualizaciones respecto de los Estados más poderosos del sistema. Lo mismo ocurre con el error de aceptar acríticamente el mito de la soberanía del Estado. Ambas simplificaciones son más graves para la formulación de las políticas exteriores de los Estados débiles. Y ambas están relacionadas, frecuentemente de manera inadvertida, con la ideología del nacionalismo. En este plano, la obra teórica emergida de las investigaciones empíricas e historiográficas sobre las relaciones entre Estados débiles y poderosos convergía con el nuevo trabajo empírico, en tanto las confusiones omnipresentes en los textos escolares argentinos, en la cultura política del país (verificada por encuestas) y en la historiografía académica de las relaciones exteriores argentinas, coincidían con las confusiones conceptuales y terminológicas acaso más sofisticadas de los grandes teóricos de las relaciones internacionales. En ambos casos, el mito de la soberanía del Estado jugaba un papel importante en la gestación de estas confusiones convergentes. Ello se ve claramente cuando consideramos que los principales teóricos de las relaciones internacionales, víctimas de errores metodológicos y de valores nacionalistas casi nunca reconocidos, describen el sistema internacional como “anárquico”, sin terminar de reconocer que en realidad se trata de una “jerarquía”. Puesto en las equívocas palabras de Kenneth Waltz, suponen que los Estados tienen todos las mismas funciones aunque las diferencias en poder y estructura interna sean abismales: “ninguno está obligado a obedecer y ninguno está autorizado a mandar”. Esto es lo que se entiende por “anarquía” como cualidad definitoria de la estructura del sistema internacional. Por el contrario, según las conclusiones del programa de investigaciones desarrollado por Escudé desde el

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Instituto Di Tella, no hay tal anarquía sino una jerarquía en la que las diferencias de poder generan una diferenciación de funciones. Por cierto, en el sistema interestatal intervienen tres tipos cualitativamente diferentes de Estados: (i) (ii) (iii)

Estados muy poderosos que fijan las reglas del juego, Estados que juegan según las reglas establecidas por los poderosos, y Estados rebeldes que no aceptan estas reglas, confrontando con los poderosos a gran costo para sus ciudadanías, pero sin el poder necesario para alterar las reglas de juego contra las que se rebelan.

Al negarse a aceptar esta realidad de una soberanía que (desde hace muchas décadas) en realidad es el patrimonio de muy pocos Estados (y hoy lo es de uno solo), estas teorías acuñadas principalmente en el mundo anglo-americano convergen curiosamente con las mitologías nacionalistas prevalecientes en muchos Estados débiles del Tercer Mundo (incluida la Argentina hasta 1989), ancladas en la premisa de la soberanía absoluta del Estado. Paradójicamente, el estudio de las causas de las políticas autodestructivas de Argentina convergía con la identificación de las falacias de los teóricos del mundo angloamericano. Esta línea de investigación, vinculada dialécticamente a las anteriores, comenzó a fructificar con el libro Realismo Periférico (Buenos Aires: Planeta, 1992), continuó con The Anthropomorphic Fallacy in International Relations Discourse (Documento de Trabajo Nº 94-6, Center for International Affairs, Harvard University, agosto de 1994), y llegó a su punto culminante con El Realismo de los Estados Débiles (Buenos Aires: GEL, 1995) y su versión norteamericana, Foreign Policy Theory in Menem´s Argentina (Gainesville: University Press of Florida, 1997). Todo ello era la consecuencia de la línea de investigación de etapas múltiples originada en una tesis doctoral de 1981 y luego instalada en el programa de Relaciones Internacionales que Guido Di Tella creó para Escudé en el Instituto que porta su apellido. Fallecido Di Tella, hoy las secuelas de estas investigaciones se conducen desde el Centro de Estudios Internacionales y de Educación para la Globalización (CEIEG) de la Universidad del CEMA. Pero aquellos días no volverán. La civilización a veces se extingue, y eso parece estar aconteciendo en la República Argentina.

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NOTAS 1

Según las proyecciones de uno de los padres de la econometría, realizadas en función de los parámetros vigentes entre 1880 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1960 la Argentina debía alcanzar el cuarto producto por habitante más alto del mundo. Véase Colin Clark, The Economics of 1960, Londres: Macmillan, 1942. 2 Carlos Escudé y Beatriz Gurevich, “Limits to governability, corruption and transnational terrorism: the case of the 1992 and 1994 attacks in Buenos Aires”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina (EIAL), Vol. 14, N° 2, julio-diciembre de 2003 (Universidad de Tel Aviv). 3 Los fundamentos del fallo del 2 de septiembre del Tribunal Oral 3 fueron hechos públicos el 29 de octubre de 2004. Pueden consultarse en Internet. 4 “Cada empleo en SW le cuesta al Estado $10.000 mensuales”, La Nación, 28 de febrero de 2005. 5 Véase C. Escudé y B. Gurevich, op. cit.. 6 Véase Joaquín Morales Solá, “Los políticos desfilan por la TV, pero no ante los tribunales”, La Nación, 17 de diciembre de 2003, y del mismo autor, “El caso marca el fin de una era política en la Argentina, La Nación, 13 de diciembre de 2003. 7 Joaquín Morales Solá, “Entre lerdos y apresurados”, La Nación, 9 de febrero de 2005. 8 H.S. Ferns, Britain and Argentina in the 19th Century, Oxford: The Clarendon Press, 1960 (Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires: Solar-Hachette, 1968). Los capítulos 13 al 15 cubren los hechos que aquí resumo. 9 Según el presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, los bancos adjudicaron 10.000 millones de dólares en créditos irrecuperables al gobierno nacional y otros 8.000 millones a los gobiernos provinciales. ‘Los banqueros temen que se concrete su pesadilla más temida’, La Nación, 3 de febrero de 2002. 10 H.S. Ferns, p. 424 de la edición en lengua castellana. 11 Tim Loughran ‘Argentina's "Funny Money" Takes Center Stage With IMF’, Dow Jones Newswires, 8 de marzo de 2002. 12 Un estudio reciente es el de Astor Massetti, Piqueteros – Protesta Social e Identidad Colectiva, Buenos Aires: Editorial de las Ciencias/FLACSO, 2004. 13 Este concepto fue desarrollado por primera vez en Carlos Escudé, “Argentina, a ‘parasite state’ on the verge of disintegration”, Cambridge Review of International Affairs, Vol. 15(3), octubre de 2002. 14 Joseph E. Stiglitz, Globalization and its Discontents, Nueva York y Londres: WW. Norton &Co., p. 58. Mi traducción. 15 La comparación entre deudas corresponde a la instancia anterior al canje de los bonos soberanos argentinos, que de una manera casi extorsiva consiguió cerca de un 80% de adhesión con una quita del 25%. 16 En el hemisferio occidental el principal exponente de esta ideología fue Raúl Prebisch, quien desde la CEPAL introdujo el paradigma de centro-periferia, que tuviera proyecciones globales. 17 Para una visión esquemática pero lúcida de algunos procesos que acompañaron a los aquí descriptos, y que son importantes para comprender al Estado parasitario, ver Luis Alberto Romero, “Las dos caras de la sociedad civil”, La Nación, 16 de octubre de 2002. 18 Marcos Novaro, “Menemismo, Pragmatismo y Romanticismo”, en Marcos Novaro y Vivente Palermo (comp.), La Historia Reciente: Argentina en Democracia, Buenos Aires: Edhasa, 2004, pp. 201-202. 19 La fantasía de una nueva aerolínea del Estado fue rápidamente cancelada cuando el gobierno comprobó la facilidad con que podría ser colonizada por intereses del narcotráfico ajenos al control oficial, al estallar el escándalo de Ezeiza de febrero de 2005, referido en los acápites dedicados a la mega-delincuencia del Estado. 20 J.E. Stiglitz, op. cit., p. 145. 21 La palabra nunca desmentida de Stiglitz nos basta, en este caso, como documentación. 22 J.E. Stiglitz, op. cit., p. 159-160. 23 J.E. Stiglitz, op. cit., p. 142. 24 J.E. Stiglitz, op. cit., pp. 148-151. 25 Paul Blustein, “Argentina Didn’t Fall on Its Own - Wall Street Pushed Debt Till the Last”, Washington Post, 3 de agosto de 2003. 26 Para un análisis de la pobreza, véase María del Carmen Feijoo, Nuevo País, Nueva Pobreza, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, edición ampliada de 2003. 27 “El Estado asumió la totalidad de la deuda externa privada”, Clarín, 2 de julio de 1985. Véase también Alejandro Olmos, Todo lo que Usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre le ocultaron, Buenos Aires: Peña Lillo, 1989 y 2004. A efectos más informativos que interpretativos, puede resultar útil la obra de

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Marcelo Bonelli, Un País en Deuda: La Argentina y su Relación Imposible con el FMI, Buenos Aires: Planeta, 2004. 28 Ibidem, pp. 257-259, reproduce parte de un ejemplar de pagaré del Banco Central para sustituir obligaciones privadas por públicas. Estos documentos fueron instituidos el 1º de julio de 1985. 29 Véase Orlando Rígoli, Senado S.A.: Una Máquina en Funcionamiento, Buenos Aires: Planeta, 2000, y Norberto Bermúdez y Juan Gasparini, La Prueba: Sobornos en el Senado de la Nación por la Reforma Laboral, Buenos Aires: Javier Vergara Editor, 2001; Gabriel Pandolfo, Todo Se Sabrá Algún Día: Crónica de un Soborno, Montevideo: Editorial Cause, 2002, y Marcelo Mendieta, El Soborno, Buenos Aires: Plus Ultra, 2001. Véase también María Seoane, El Saqueo de la Argentina, Buenos Aires: Sudamericana 2003, p. 194; y de la misma autora, Argentina: El Siglo del Progreso y la Oscuridad (1900-2003), Buenos Aires: Planeta (Crítica), 2004, p. 337. 30 Joaquín Morales Solá, “Los políticos desfilan por la TV, pero no ante los tribunales”, La Nación, 17 de diciembre de 2003, y del mismo autor, “El caso marca el fin de una era política en la Argentina, La Nación, 13 de diciembre de 2003. El subrayado es mío. 31 Aparte de la bibliografía anotada en la nota al pie de dé página, existe información interesante sobre la aduana paralela en: Congreso de La Nación, Informe de la comisión bicameral especial de seguimiento de la investigación de los atentados a la embajada de Israel y al edificio de la AMIA, Buenos Aires, 1997; y Segundo Informe de la comisión bicameral especial de seguimiento de la investigación de los atentados a la embajada de Israel y al edificio de la AMIA, Buenos Aires, 1999. 32 Véase Carlos Escudé y Beatriz Gurevich, “Limits to Governability, Corruption and Transnational Terrorism: The Case of the 1992 and 1994 Attacks in Buenos Aires”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina (EIAL), Vol. 14, N° 2, julio-diciembre de 2003 (Universidad de Tel Aviv). 33 Véase Comisión de Defensa del Centro de Estudios Nueva Mayoría, “La Triple Frontera: ¿último aviso?”, 15 de noviembre de 2002; Jerry Seper, “Terror cell on rise in South America”, The Washington Times, 18 de diciembre de 2002, y Marc Perelman, "US Joining Terrorism Probe Along Lawless Brazil Border: Hezbollah, Al Qaeda Links Sought", Lebanon Foundation for Peace, 13 de diciembre de 2002. 34 Véase Raúl Kollmann, “El gobierno rescindirá el contrato de los DNI con la empresa Siemens”, Página 12, 19 de mayo de 2001, y también “Un desprolijo filtro contra la inmigración”, Clarín, 21 de febrero de 2002. En el segundo se reproducen declaraciones del Embajador de los Estados Unidos explicando que ese país derogó el programa de exención de visas para la Argentina, en parte porque se habían capturado personas de nacionalidades asiáticas ligadas al narcotráfico, portando pasaportes argentinos: “El problema no era el pasaporte —que Argentina renovó a pedido de Washington— sino que los asiáticos los conseguían con DNI falsos. Los DNI no se renovaron al rescindir De la Rúa el contrato con Siemens.” 35 Joaquín Morales Solá, “Porqué hubo que llegar hasta el hueso”, La Nación, 19 de febrero de 2005; Hernán Capiello, “La historia de las valijas apresuradas”, La Nación, 18 de febrero de 2005. 36 Véanse las anotaciones de nuestra Introducción, y también C. Escudé y B. Gurevich, op. cit. Los fundamentos del veredicto del 2 de septiembre de 2004 del Tribunal Oral Federal 3, publicados el 29 de octubre de 2004, pueden consultarse en Internet. 37 Aunque hubo pocas víctimas fatales, la masiva explosión obligó a evacuar unos 15.000 habitantes de la ciudad de Río Tercero, en la Provincia de Córdoba. Véase Daniel Santoro, Venta de Armas, Hombres del Gobierno, Buenos Aires: Planeta, 1998; Manfred Morstein, Al Kassar: El Padrino del Terror, Buenos Aires: Temas de Hoy, 1989; “Río Tercero: abrirían los archivos secretos sobre la explosión”, La Nación, 5 de agosto de 2003; “Río Tercero: denuncian la parálisis de la causa”, La Nación, 2 de julio de 2004. 38 Que hechos como este fueran convalidados por la Corte Suprema nada significa respecto de la validez de nuestro modelo. La permanente manipulación del Poder Judicial por el Ejecutivo no es sino una manifestación más de los fenómenos estudiados. Y aún cuando la acción de la Corte fuera necesaria para evitar desastres mayores, la generación de hechos consumados de esta magnitud sólo confirma la vigencia de macro-delincuencia. 39 Para un tratamiento alternativo de esta temática, véase Ruth Sautu (comp..), Catálogo de Prácticas Corruptas: Corrupción, Confianza y Democracia, Buenos Aires: Ed. Lumière, 2004. 40 Definida en los términos acotados usados en el acápite sobre nuestra metodología. 41 La versión más pulida de su famoso libro fue la traducción al inglés, Dependency and Development in Latin America, Berkeley, 1979. Antes de esa publicación, Cardoso ya reflejaba un pensamiento más matizado en sus escritos traducidos al inglés, mientras que los que publicaba en legua portuguesa o castellana eran

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típicamente de trinchera. Véase por ejemplo “Associated-Dependent Development: Theoretical and Practical Implications”, en Alfred Stepan (comp.), Authoritarian Brazil, New Haven: Yale University Press, 1973. 42 Por ejemplo, Theotonio Dos Santos, El Nuevo Carácter de la Dependencia, Santiago de Chile 1968, y “The Structure of Dependence”, American Economic Review 60(5). 43 Considérese, por ejemplo, el caso estudiado por Theodore Moran acerca del cobre en Chile. T. Moran, Multinational Corporations and the Politics of Dependence: Copper in Chile 1945-1973, Princeton: Princeton University Press, 1974. 44 Este tipo de razonamiento más complejo y menos politizado hizo escuela en los Estados Unidos. Véase por ejemplo Peter Evans, Dependent Development, Princeton: Princeton University Press, 1979. 45 Para una refutación de la teoría de Cardoso y Faletto basada en los casos de Argentina, Uruguay, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ver Carlos Escudé, “The Argentine Eclipse: The International Factor in Argentina´s Post World War II Decline”, Yale Ph.D. dissertation, 1981. Para los parámetros económicos del caso argentino conducentes a esta refutación, ver también Carlos Díaz-Alejando, Essays on the Economic History of the Argentine Republic, New Haven: Yale University Press, 1970. Para los parámetros sociales complementarios, ver Gino Germani, “Apéndice” a la versión en lengua castellana de Lipset y Bendix, Movilidad Social en la Sociedad Industrial, Buenos Aires: EUDEBA, 1962; Política y Sociedad en una Época de Transición, Buenos Aires, 1962, y Sociología de la Modernización, Buenos Aires: Paidós, 1969. 46 Véanse C. Díaz-Alejandro, op. cit.; Kevin H. O’Rourke y Jeffrey G. Williamson, Globalization and History: The Evolution of a Nineteenth Century Atlantic Economy, Cambridge: MIT Press, 1999, y D.C.M. Platt y Guido di Tella (comp.), Argentina, Australia and Canada : Studies in Comparative Development : 1870-1965; Londres: Macmillan, 1985. 47 J.E. Stiglitz, op. cit. pp. 190-191. 48 Téngase por caso la conocida obra de Carlos H. Waisman, Reversal of Development in Argentina: Postwar Counterrevolutionary Policies and Their Structural Consequences, Princeton: Princeton University Press, 1987. Mis libros Gran Bretaña, Estados Unidos y la Declinación Argentina, 1942-1949 (Buenos Aires: Belgrano 1983) y El Fracaso del Proyecto Argentino: Educación e Ideología (Buenos Aites: Tesis/Instituto Di Tella, 1990) son otros ejemplos de búsqueda de explicaciones del retroceso argentino a través del estudio empírico de la incidencia de variables independientes específicas (como las confrontaciones innecesarias con los Estados Unidos y la gestación de una cultura nacionalista a través de la educación.) 49 Steven Levitsky, ‘An “Organised Disorganisation”: Informal Oganisation and the Persistance of Local Party Structures in Argentine Peronism’, Journal of Latin American Studies, Volumen 33, febrero de 2001, p. 41. 50 Javier Auyero, Poor People's Politics : Peronist Survival Networks and the Legacy of Evita, Durham, Duke University Press, 2000. Véase también su tesis doctoral, ‘The Politics of Survival: Problem-Solving Networks and Political Culture Among the Urban Poor in Contemporary Buenos Aires’, New School for Social Research, Nueva York, 1997. 51 Peter A. Lupsha, Networks vs. Networking: Analysis of an Organized Crime Group, Beverley Hills, CA, Sage: 1983; y “Organized Crime in the United States”, en Robert J. Kelly (ed.), Organized Crime: A Global Perspective (Totowa, N.J.: Rowman & Littlefield, 1986), pp. 32-57. 52 Véase Mirta Lobato y Juan Suriano, La Protesta Social en la Argentina, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 133-153. 53 En las localidades de Moreno, General Sarmiento, Quilmes, San Miguel, y Tres de Febrero. Ibidem, pp. 137-138. 54 Los supermercados grandes fueron Auchán, Carrefour, Disco, Makro y Norte. Ibidem, p. 151. 55 En las localidades de Ciudadela, José C. Paz, José León Suárez, Moreno, San Isidro, San Martín y San Miguel. Ibidem, loc. cit. 56 En Concepción del Uruguay. Ibidem, loc. cit. 57 En las localidades de Guaymallén y Godoy Cruz. Ibidem, loc. cit. 58 En las localidades de Rosario y Empalme Graneros. Ibidem, loc. cit. 59 ‘Incendio en el Ministerio de Economía’, Clarín,19 de diciembre de 2001, citado en C. Escudé, op. cit. 2002.. 60 ‘Noche de terror en el Congreso’, Clarín, 30 de diciembre de 2002; ‘La sociedad civil pierde la paciencia contra los políticos al descubrir la realidad de un país en quiebra’, El País (Suplemento Dominical), Madrid, 6 de enero de 2002; ‘Una pacífica protesta de clase media que terminó con el asalto al Congreso argentino’, El Mundo, Madrid, 30 de diciembre de 2002. Citados en C. Escudé, op. cit. 2002.

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‘Rodríguez Saá piensa en independizar a San Luis’, Clarín, 27 de enero de 2002, citado en C. Escudé, op. cit. 2000. Más evidencia respecto de la segmentación del poder territorial se encuentra en las siguientes notas: ‘Prevén desabastecimiento de nafta’, La Nación, 17 de febrero de 2002; ‘Empieza una huelga que cortará el suministro de gas y petróleo’, La Nación, 18 de febrero de 2002; ‘Los petroleros podrían cortar el flujo de combustible en el Sur’, La Nación, 8 de marzo 2002; ‘Paralizan en el Sur la producción de petróleo’, La Nación, 25 de marzo 2002. 62 “El juez de la decisión histórica”, La Nación, 7 de junio de 2001. 63 Véase también Hernán López Echagüe, El Otro - Eduardo Duhalde: Una Biografía Política, Buenos Aires: Norma, 2002, y Daniel Frescó, Secuestros S.A., Buenos Aires: Ediciones B, 2004. Véase también “Solá admitió que la venta de drogas no es reprimida”, La Nación, 16 de abril de 2003; “Solá: ‘El Estado está adormecido’ - Reiteró que hay ‘planes Traficar’”, La Nación, 27 de septiembre de 2004; “Admiten que en Buenos Aires hay 52.000 prófugos que nadie busca”, Clarín, 15 de julio de 2004; “Carrió atacó duramente a Solá y a Duhalde”, La Nación, 30 de septiembre de 2004; “Admiten que habría zonas liberadas”, La Nación, 24 de agosto de 2004, y “Books/Argentina – ‘Cries and Whispers’: The Other by Hernán López Echagüe”, Time International, 22 de abril de 1996. Por el tema de la AMIA consúltese Carlos Escudé y Beatriz Gurevich, “Limits to Governability, Corruption and Transnational Terrorism: The Case of the 1992 and 1994 Attacks in Buenos Aires”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina (EIAL), Vol. 14, N° 2, juliodiciembre de 2003 (Universidad de Tel Aviv). 64 “Entre lerdos y apresurados”, La Nación, 9 de febrero de 2005; “Desactivan causas vinculadas a graves casos de corrupción”, La Nación, 6 de febrero de 2005. 65 ‘El día que el FMI presionó a gobernadores y legisladores’, Clarín, 11 de abril de 2002; “Argentina: Need To Shave Spending Puts Provinces, Capital at Odds”, Stratfor, 15 de febrero de 2002; Juan José Llach, “Provincias, Gobierno y FMI: una solución posible”, Clarín, 8 de marzo de 2002; “Singh se reúne con los gobernadores”, La Nación, 9 de mazo de 2002; “Singh insistió en el ajuste ante los senadores”, La Nación, 14 de abril de 2002. 66 Perla Heim, Hada Buena Argentina, pp. 55-56 y 68; libro de lectura para la instrucción primaria, sin datos de publicación (circa 1950). 67 Los trabajos de archivo posteriores a la desclasificación de los documentos de la década de 1940 incluyen: C. Escudé, Gran Bretaña, Estados Unidos y la declinación argentina, 1942-1949, Buenos Aires: Belgrano, 1983 (también tesis doctoral de la Universidad de Yale, The Argentine Eclipse: the International Factor in Argentinas Post World War II Decline, 1981); M.L. Francis, The Limits of Hegemony: United States Relations with Argentina and Chile during World War II, Notre Dame, 1977; G. Frank, Struggle for Hegemony: Argentina, Brazil and the Second World War, Miami, 1979, y Juan Perón vs. Braden, Lanham, 1980; R.A. Giacalone, From Bad Neighbours to Reluctant Partners., Argentina and the United States 19461950, tesis doctoral de la Universidad de Indiana, 1977; R. Humphreys, Latin America and the Second World War (dos volúmenes), Londres, 1982; C.A. MacDonald, "The Politics of Intervention: the United States and Argentina, 1941-1946", Journal of Latin American Studies, 12 (2), 1980 y "The US, the Cold War and Perón" en C. Abel y C. Lewis (comps.), Latin America, Economic Imperialism and the State: the Political Economy of the External Connection from Independence to the Present, Londres, 1985; R.C.Newton, The ‘Nazi Menace’ in Argentina, 1931-1947, Stanford, 1992, y "The United States, the German-Argentines and the Myth of the Fourth Reich, 1943-1947, Hispanic American Historical Review, 64 (1), 1984; M. Rapoport, Gran Bretaña, Estados Unidos y las clases dirigentes argentinas, 1941-1945, Buenos Aires: Belgrano, 1981, y Aliados o neutrales: la Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial, Buenos Aires: EUDEBA, 1988; y R.B. Woods, The Good Neighbor Policy: the United States and Argentina during World War II, Kansas, 1979. También son importantísimos para esta temática los trabajos de Stanley E. Hilton sobre las relaciones entre los Estados Unidos y Brasil, que muchas veces incluyen una dimensión argentina; entre ellos: "Brazilian Diplomacy and the Washington-Rio ‘Axis’ during the World War II Era", en Hispanic American Historical Review, mayo 1979; "Argentine Neutrality, September 1939- June 1940: A Re- examination", The Americas, enero 1966; "Brazil and the Post-Versailles World: Elite Images and Foreign Policy Strategy, 1919-1929", en Journal of Latin American Studies, noviembre 1980; "Brazil's International Economic Strategy, 1945-1960: Revival of the German Option", en Hispanic American Historical Review 66:2 (1986); y "The Argentine Factor in Twentieth-Century Brazilian Foreign Policy Strategy", en Political Science Quarterly, primavera 1985. 68 Véase S.E. Hilton, "Brazilian Diplomacy and the Washington- Río `Axis' during World War II", Hispanic American Historical Review, mayo 1979, y F.D. McCann, "Critique" al artículo de Hilton, misma

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publicación, noviembre 1979. Mi opinión con respecto al debate Hilton-McCann es que si los beneficios brasileños de posguerra derivados de su alianza de guerra se comparan con la cuota europea del favor norteamericano de posguerra, entonces Brasil pudo tener un justo motivo de queja (como arguye McCann), pero si la comparación se hace con respecto a la Argentina u otros países latinoamericanos, entonces no puede haber dudas en cuanto a la posición privilegiada de Brasil. La guerra misma fue una "oportunidad dorada" para Brasil, como lo demuestra Hilton convincentemente. Durante el período de posguerra 1946-1970, Brasil obtuvo casi siete veces más ayuda exterior norteamericana que la Argentina, a precios constantes. Para estas cifras véase C. Escudé, La Argentina versus las Grandes Potencias: el precio del desafío, Buenos Aires: Belgrano, 1986, pp. 177-179; las estadísticas están basadas en la serie U-75-186 de ayuda al extranjero a precios corrientes, y en la serie E-23-39 de índices de precios mayoristas, de Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970, Edición del Bicentenario (1976), Bureau of the Census, Washington D.C. 69 Los conceptos presentados en este acápite fueron desarrollados a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, y publicados en C. Escudé, "Política Exterior Argentina: Una Sobredosis Crónica de Confrontaciones" (en La Nueva Democracia Argentina, E. Garzón Valdés, M. Mols y A. Spita, compiladores; Buenos Aires: Sudamericana, 1988), y en C. Escudé, El Realismo de los Estados Débiles: La Política Exterior del Primer Gobierno Menem frente a la Teoría de las Relaciones Internacionales (Buenos Aires: GEL, 1995). Un apretado resumen de los mismos, muy similar al actual, fue publicado en Carlos Escudé y Andrés Fontana, “Las Políticas de Seguridad de Argentina: su Lógica y Contexto Regional”, en Jorge Domínguez (comp.), Seguridad Internacional, Paz, y Democracia en el Cono Sur, Santiago de Chile: FLACSO, 1998, pp. 81-123. 70 Véase Magdalena Segré, La Cuestión Itaipú-Corpus: El punto de inflexión en las relaciones argentino-brasileñas. Documento de trabajo, FLACSO, Buenos Aires, septiembre de 1990. 71

Véase Joseph S. Tulchin, La Argentina y los Estados Unidos: Historia de una Desconfianza, Buenos Aires: Planeta, 1990.

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Véase Carlos Díaz-Alejandro, Essays on the Economic History of the Argentine Republic, New Haven, Yale University Press, 1966. Hay edición en castellano.

73

Véase C. Escudé, Education, political culture and foreign policy: the case of Argentina, serie de documentos de trabajo sobre América latina de las universidades de Duke y North Carolina (Chapel Hill), Durham, N.C., 1992; La “Riconquista” Argentina: Scuola e Nazionalismo. Fiesole: Edizione Cultura della Pace 1992; El Fracaso del Proyecto Argentino: Educación e Ideología, Buenos Aires: Tesis/Instituto Di Tella, 1990; y Realismo Periférico: Fundamentos para la Nueva Política Exterior Argentina, Buenos Aires: Planeta, 1992, Capítulo 4.

74

Véase Carlos Escudé. Gran Bretaña, Estados Unidos y la Declinación Argentina, 1942-1949. Buenos Aires: Belgrano, 1983, 1984, 1988; Argentina: The costs of contradiction, en Abraham F. Lowenthal (ed.) Exporting Democracy: The United States and Latin America, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1991; y “US political destabilisation and economic boycott of Argentina during the 1940s”, en Guido Di Tella y Donald C. Watt, (eds.) Argentina Between the Great Powers, 1939-46, Londres: Macmillan, 1989. Véanse también los capítulos 7 y 8 de J.S. Tulchin. op. cit.

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Véase A. Gramsci, Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, New York: International Publishers, 1971; Q. Hoare (comp.), Selections from Political Writings, 1910- 1920, New York: International Publishers, 1977; D. Forgacs (ed.), An Antonio Gramsci Reader, New York: Schocken Books, 1988; S. Gill (comp.), Gramsci, Historical Materialism and International Relations, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, y R.W. Cox, "Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory", en R.O. Keohane (comp.), Neorealism and its Critics, New York: Columbia University Press, 1986. 76 Para este acápite y el próximo, vale también lo registrado en la nota Nº 4. 77 El entonces canciller Di Tella publicó una serie de artículos periodísticos en los que explicaba la lógica de la nueva política exterior argentina en términos similares a los aquí presentados (aunque con las simplificaciones necesarias para llegar a una audiencia masiva). Véase, por ejemplo, “Una política exterior al servicio del pueblo”, La Nación, 4 de noviembre de 1991; “El ‘realismo moral’ de nuestra política exterior”, Clarín, 12 de noviembre de 1991; “La ilusión ‘Argentina potencia’ resultó fatal”, El Cronista, 8 de diciembre de 1991; “Moral y pragmatismo”, Somos, 16 de diciembre de 1991, y “Hay que atraer al capital extranjero”, Ámbito Financiero, 19 de diciembre de 1991. 78

Esto coincide con las percepciones de oficiales jóvenes de las fuerzas armadas argentinas entrevistados por Andrés Fontana, quienes vinculan la participación argentina en misiones de paz con “... sentir que por primera vez

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estábamos haciendo una contribución concreta al bienestar de la sociedad argentina.” Ver Andrés Fontana, Percepciones Militares del Rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina, Serie Cuadernos Fundación Simón Rodríguez, Nro. 27, Buenos Aires, Agosto de 1993. 79

Ira Straus, “Emerging Proliferation Tretas in Latin America”, The National Interest, Nº 77, p. 67. Stephen R. David, "Explaining Third World Alignment," World Politics, Vol. LXIII, No. 2, enero de 1991, pp. 233-256. 81 J.L. Durán Pastrana, “La cosecha de lo que siembran las FARC”, El Tiempo de Bogotá y La Nación, 18 de febrero de 2005; “Coincidencias con el rapto de Schaerer”, La Nación, 18 de febrero de 2005. 82 Este perfil de Chávez está extraído del ya mencionado documento de trabajo de la Universidad Torcuato Di Tella, Carlos Escudé y Mariana Souto Zabaleta, “El Cono Sur frente al Eje Chávez-FARC”, mayo de 2001. 83 La Semana (Colombia), 1º de febrero de 2001. 84 Los intentos de golpe fueron perpetrados el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. El primero fue liderado por el mismo Chávez y al segundo lo alentó desde la cárcel. The Fort Worth Star-Telegram, 24 de junio de 1994. 85 La Semana, 1º de febrero de 2001. 86 Associated Press, 30 de mayo de 1995. 87 Revista Cambio, 24 al 31 de julio de 2000. 88 Miami Herald, 1º de diciembre de 2000. La revista Cambio también informa sobre estos hechos. 89 Partes de Stratfor, 14 de octubre de 2003 y 25 de enero de 2005. 90 Parte de Stratfor, 15 de enero de 2003. 91 Parte de Stratfor, 12 de enero de 2005. 92 “Llamó Kirchner a un boicot contra la petrolera Shell”, La Nación, 11 de marzo de 2005. 80

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