Los retos de la justicia transicional en Colombia: percepciones, opiniones y experiencias 2008

LOS RETOS DE LA

JUSTICIA TRANSICIONAL

EN COLOMBIA

Panorama cualitativo y cuantitativo nacional, con énfasis en cuatro regiones

PERCEPCIONES, OPINIONES Y EXPERIENCIAS 2008

fundación social * unión europea

Obra financiada por la comunidad europea, en el marco del proyecto ifs-rrm/2007/144-217 (ec):

delegación de la comisión europea en colombia www.delcol.ec.europa.eu

apoyo a sociedad civil y víctimas para la elaboración de políticas de justicia transicional. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de Fundación Social y en ningún modo refleja la posición de la Unión Europea.

Los retos de la justicia transicional en colombia. Percepciones, opiniones y experiencias 2008 Panorama cualitativo y cuantitativo nacional con énfasis en cuatro regiones: Antioquia, Valle del Cauca, Montes de María y Meta

coordinación y redacción Iris Marín Ortiz

fundación social directora área de incidencia en política pública Paula Gaviria Betancur www.fundacionsocial.org www.derechoshumanosypaz.org

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida total o parcialmente, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación

Corrección de estilo: Adriana Camacho Diseño: Óscar Sanabria Ramírez Impreso en Colombia por Editora Géminis Printed in Colombia

de información, en ninguna forma o por ningún otro medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o por

Primera edición, 1000 ejemplares Bogotá, 2009

cualquier otro medio, sin el permiso previo por escrito de los editores.

isbn

978-958-8049-44-1

contenido

prólogo [7]

introducción [11]

i. metodología [14]

ii. otras encuestas realizadas [19]

1.

Panorama nacional sobre justicia transicional

1.

[15]

2.

[20]

Estudio cualitativo en Valle, Antioquia, Montes de María y Meta [15]

3.

2.

Encuestas realizadas previamente por otras entidades [21]

Encuestas de Percepciones sobre Justicia, Paz, Verdad, Reparación y Reconciliación [17]

4.

Encuestas realizadas previamente por la Fundación Social

Redacción del Panorama de justicia transicional nacional y en las regiones de Valle, Antioquia, Montes de María y Meta [18]

contenido

iii. panorama de la justicia transicional en colombia y estudios regionales en valle, antioquia, montes de maría y meta [25]

A

A B

Los niveles de victimización y las percepciones frente al conflicto armado [27]

1. C

Población afectada por graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario

B

La búsqueda de la paz: retos para la desmovilización de grupos armados ilegales y la reintegración de ex combatientes [45]

1.

[29]

2.

Percepciones generales sobre el conflicto armado [35]

El derecho a la paz y la desmovilización de los grupos paramilitares: ¿realidad o esperanza fallida? [48]

2.

Una oportunidad: las investigaciones por la parapolítica [70]

D

3.

Los programas de reintegración de ex combatientes [83]

contenido

A

C

Las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

D

Reconciliación [165]

1.

[97]

1. 2.

La extradición de los principales jefes paramilitares

[106]

3.

Derecho a la verdad

4.

Derecho a la justicia

5.

Derecho a la reparación

[130]

Significado del término reconciliación [167]

2.

[100]

Atención a víctimas y acceso a la administración de justicia

B

Disposición a la reconciliación e inserción de la población desmovilizada en las comunidades [168]

3.

C

Entidades más importantes para la búsqueda de la reconciliación [175]

[147]

[152]

D

iv. conclusiones y recomendaciones [177]

conclusiones Población rural afectada por las violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario [177]

Percepciones generales sobre el conflicto armado [179]

El derecho a la paz y la desmovilización de los grupos paramilitares: ¿Realidad o esperanza fallida? [180]

Los programas de reintegración de excombatientes [182]

Atención a víctimas y acceso a la administración de justicia [184]

Coordinación interinstitucional y esfuerzos de la sociedad civil [186]

Derecho a la verdad [187]

Derecho a la justicia [189]

La reparación aún no llega [190]

Búsqueda e identificación de personas desaparecidas [191]

La lejana reconciliación [192]

recomendaciones Programas de reintegración de ex combatientes [193]

Atención integral para todas las víctimas [195]

Derecho a la justicia [196]

Coordinación interinstitucional y esfuerzos de la sociedad civil para promover los derechos de las víctimas [200]

Derecho a la verdad y a la reparación [201]

h anexos Anexo 1: Equipo de trabajo [202]

Anexo 2: Autoridades, organizaciones sociales y organismos internacionales entrevistados [203]

Anexo 3: Cuadro de siglas [208]

Anexo 4: CD Fichas técnicas de las encuestas

Prólogo

Colombia es un país de gran belleza, tierras fértiles y recursos naturales abundantes. Y, sin embargo, es también un país afligido por prolongados y recurrentes conflictos armados. Dependiendo de la fuente, las raíces del conflicto actual se remontan al año 1948 cuando la violencia política, “La Violencia”, sacudió a la joven república liberal hasta sus huesos. Hoy, Colombia enfrenta la difícil tarea de encontrar la paz para su tierra, reestablecer la soberanía estatal en todo el territorio, y ofrecer un futuro mejor a sus ciudadanos. Hasta el momento, la búsqueda de la paz se ha desarrollado en varias etapas. Desde la administración de Belisario Betancur (1982-86), han tenido lugar muchos procesos de paz con grupos guerrilleros. Algunos han sido exitosos, mientras que otros, especialmente aquellos iniciados con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), han fracasado o aún están pendientes de culminar. Es notable que todos estos procesos, sin excepción, hayan implicado amnistías y perdón por parte del gobierno y no hayan incluido elementos de justicia transicional o ni siquiera intentos de búsqueda de la verdad. La Ley 782 de 2002, que fue el primer intento de establecer un proceso de paz con paramilitares que no hubieran cometido crímenes de lesa humanidad, fue formulada de una manera similar.

En comparación, la creación e implementación en Colombia de la Ley 975, conocida como la “Ley de Justicia y Paz”, es un hito significativo. Comprende un amplio espectro de mecanismos de justicia transicional (JT), incluyendo la justicia penal – aunque sea una “versión liviana” con condenas reducidas – reparación a las víctimas, esfuerzos de desmovilización masiva y búsqueda de la verdad. Si bien sigue siendo selectiva en algunos puntos – es decir, discrimina a las víctimas del Estado y a los menores de edad – es una oportunidad histórica para lograr la reconciliación de la sociedad colombiana por medio de un proceso de justicia estructurado y cuidadosamente diseñado y, finalmente, ojalá, lograr la paz. Desde la perspectiva internacional, el proceso tiene un gran potencial en términos de lucha contra la impunidad para crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra (crímenes internacionales) así como de manera proactiva en términos de establecimiento de los derechos de las víctimas en el ámbito de las prácticas internacionales de justicia transicional. No obstante, lograr un programa de justicia transicional tan ambicioso - que según mi entender no tiene precedentes en cuanto a su complejidad - está plagado de las incertidumbres que resultan de la necesidad de encontrar mejores prácticas para poder-

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lo implementar. Existen muchas variables que deben ser consideradas y las condiciones actuales no son favorables en relación con los siguientes aspectos fundamentales: > No todos los grupos armados ni todos los miembros de los grupos armados participan del proceso, lo cual mantiene vigente el conflicto armado, > existe la hipótesis de que las bandas paramilitares se están rearmando y reagrupando como consecuencia de los procesos especiales, > el tráfico ilícito de drogas aún parece estar fuera de control aunque, con la colaboración con los Estados Unidos, se han invertido grandes cantidades de dinero, > la extradición de figuras claves está obstaculizando la creación de narrativas de la verdad, > hay un legado de “pobreza histórica”/desigualdad económica entre las víctimas de los actores armados, > existe un problema serio en relación con la “parapolítica”, > y el problema de la participación de la fuerza pública en violaciones de derechos humanos no ha sido resuelto. > Colombia tiene el mayor número de población desplazada en el mundo,

prólogo

> y, básicamente, en función de la definición aplicada, más de cuatro millones de víctimas tendrán que ser plenamente reintegradas a la sociedad.

8

Todos estos problemas macros son graves e interactúan para crear dependencia unos con otros y llevan a la necesidad de

priorizar la inversión de los escasos recursos estatales. Las investigaciones realizadas por diferentes instituciones en Colombia, conformadas por investigadores capaces y comprometidos son, por tanto, un aporte significativo para la implementación de este ambicioso programa. Según mi experiencia personal trabajando en el sector de la JT, desde la perspectiva científica así como desde la praxis, sólo es posible gestionar programas tan complejos de manera suficientemente pragmática, efectiva y eficiente si existe información fiable y representativa que proporcione una visión más amplia de la situación. Este libro pone a disposición del público una de esas investigaciones, científicamente impresionante y de gran importancia práctica. Los incansables esfuerzos de la Fundación Social por lograr una comprensión científica del proceso y de las necesidades de quienes participan en él, aportan contexto importante para el ulterior desarrollo del proceso de paz en Colombia. Más allá de esto, el conocimiento generado en los últimos años se suma a la creciente base de conocimiento sobre criminología internacional. A través de la realización de encuestas públicas cualitativas y cuantitativas, cuidadosamente construidas, la Fundación Social, en colaboración con otras instituciones, ha logrado visibilizar a un gran porcentaje de la población colombiana, incluyendo a aquellos que generalmente no son escuchados, es decir, las víctimas y sobrevivientes del conflicto y las personas con pocos recursos económicos. Por sí mismo, este es un logro loable y muy importante.

Adicionalmente, suministra orientación sobre la eficacia del plan de desmovilización del gobierno colombiano en zonas críticas, sobre la investigación esencial de la “parapolítica” y sobre el importante problema de la extradición de líderes paramilitares a los Estados Unidos, contextualizando de esta forma las conclusiones de manera integral. No voy a profundizar aquí sobre los detalles de las conclusiones, ya que los autores han hecho un excelente trabajo en este sentido. No obstante, quisiera tomar algunas de las grandes líneas de los resultados de esta investigación en términos de su potencial para contribuir al conocimiento internacional sobre los requerimientos de los seres humanos en situaciones de justicia transicional. Probablemente, el deseo más común e importante de las grandes poblaciones y en particular de las víctimas en el contexto de los procesos de JT, es conocer la verdad. Sin embargo, en los procesos de JT aquello que contiene mayor potencial transformativo, en el sentido individual y colectivo, no es sólo conocer la verdad sobre lo que sucedió a los seres queridos sino establecer narrativas colectivas, basadas en sus trágicas historias individuales. Conocer la verdad a nivel individual ayuda a enfrentar la victimización, el sufrimiento y a sanar al individuo. Conocer la verdad a nivel colectivo establece una narrativa común, que se acerca a la “verdad” y que apoya a la sociedad suministrando las precondiciones para prevenir que vuelvan a suceder crímenes tan horribles, formando una identidad colectiva de manera puntual y

potencialmente preventiva. Asimismo, a través del reconocimiento público, se ayuda a que la persona maneje su dolor. Otra característica común, que ha surgido en un número creciente de estudios, es el reclamo de las víctimas de que se haga justicia; justicia en su forma retributiva, es decir, en procesos penales. En el caso de Colombia, también hemos encontrado este reclamo. Sin embargo, y esto parece constituir otro problema común en situaciones de JT a nivel internacional, la justicia penal funciona, cuando funciona, de manera lenta, ineficiente y, con frecuencia, de manera discriminada. Por último, tenemos el tema de las reparaciones. Comparativamente, a nivel internacional, la reparación de las víctimas es el tercer factor más importante de los programas de JT. Dependiendo del nivel de pobreza de los países afectados, las reparaciones son consideradas más o menos importantes que otros factores de JT. En Israel, por ejemplo, en donde muchas de las víctimas tienen un nivel económico sólido, las reparaciones no son consideradas tan importantes como la verdad y la justicia. En otras circunstancies, como por ejemplo en Colombia, en donde un gran porcentaje de las víctimas son considerados pobres, la reparación tiene una gran importancia. Esto nos lleva a una hipótesis particularmente interesante que aún requiere más corroboración científica: parece que en contextos de conflicto armado a gran escala, en las llamadas “guerras nuevas” internas, los victimarios y las víctimas pertenecen al mismo estrato social. Similar al

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caso de la delincuencia común, las personas pertenecientes a los estratos sociales más bajos tienen mayor probabilidad de convertirse ya sea en víctima o en victimario. Finalmente, de las conclusiones encontradas en este libro y de aquellas de otros estudios, podemos deducir que las víctimas o los sobrevivientes tienen un interés general en participar en los procesos judiciales y en los mecanismos de búsqueda de la verdad. Están dispuestos a arriesgarse a hablar y a contribuir al reestablecimiento de una paz justa, basada en una memoria colectiva.

prólogo

Aunque el gobierno de Colombia está intentando abordar estas necesidades, persisten algunos vacíos graves en la implementación. Por ejemplo, en comparación con otros estudios sobre los Balcanes, el reto de proveer suficiente protección y apoyo a las víctimas influye particularmente sobre la decisión y deseo de las víctimas de participar en los procesos de JT. Además, estos procesos frecuentemente son obstaculizados por el hecho de que los operadores de la justicia están tratando con un tipo relativamente nuevo de delitos, lo cual hace difícil apoyar sus decisiones y esfuerzos con medidas para el fortalecimiento de capacidades. Otro agravante es la falta generalizada de recursos e infraestructura, tales como oficinas o computadores y hasta formatos

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y por último, pero no menos importante, la falta de personal. El presente estudio hace énfasis en estas características, que son comunes a muchas situaciones de JT en donde los escasos recursos deben ser distribuidos de manera inteligente, eficaz y eficiente. Otro problema significativo y extendido es la insuficiente divulgación y sensibilización pública, lo cual es fácil de solucionar. Esta situación es particularmente problemática, ya que las conclusiones de este estudio demuestran que se está poniendo mucha confianza en las instituciones colombianas. Esto significa que estas instituciones deben demostrar que son dignas de esta confianza y establecer un programa funcional de JT en el país. Hasta el momento, el aspecto normativo del proceso parece muy prometedor. Sin embargo, como era de esperarse, la implementación de estas normas es deficiente. Corresponde a una colaboración entre Estado, ciencia y sociedad civil – representada a menudo por organizaciones no gubernamentales – aprovechar esta oportunidad histórica en Colombia y, en otras partes, para lograr la paz y establecer buenas prácticas que puedan ser aplicadas alrededor del mundo para aliviar las terribles consecuencias del conflicto armado. Aunque aún falta mucho por hacer, se ha dado un buen comienzo.

Dr. Ernesto Kiza Freiburg, 5 de agosto de 2009

Introducción

Desde hace varios años, la Fundación ­Social hace seguimiento al desarrollo y la implementación de los marcos normativos sobre justicia transicional en Colombia. Desde su trámite en el Congreso de la República, la Fundación Social monitoreó el proceso legislativo y la discusión nacional en torno a lo que sería posteriormente la Ley de justicia y paz.

de 2008, desarrolló un ­estudio a profundidad sobre el ­departamento de Nariño, que incluyó una ­encuesta y una investigación cualitativa en ­torno a percepciones sobre verdad, ­justicia y reparación; y una evaluación de la ­oferta institucional y de la situación de las ­víctimas de violaciones a derechos ­humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

A principios de 2006, realizó una encuesta nacional urbana relacionada con percepciones y opiniones sobre v­ erdad, justicia, reparación y reconciliación. Posteriormente, entre noviembre de 2007 y marzo

En 2007, a instancias de la Comisión Europea, se conformó un consorcio dirigido por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), para el desarrollo del proyecto “Apoyo a sociedad civil y víctimas para la elabora-

Esta investigación se enmarca en la comprensión acerca de que justicia transicional es el modelo de justicia que se adopta para garantizar los derechos de las v­ íctimas y la sociedad a la paz, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las ­garantías de no repetición en los c­ ontextos de ­transición, descritos por el ­Conjunto de principios de Naciones Unidas de l­ ucha contra la impunidad como las “situaciones al término de las cuales, en el marco de un proceso que da lugar a un diálogo nacional a favor de la democracia o a negociaciones de paz para poner fin a un conflicto armado, se llega a un acuerdo, sea cual fuere su forma, en virtud del cual los protagonistas o las partes interesadas convienen en tomar medidas contra la impunidad y la repetición de las violaciones a los derechos humanos”. La justicia transicional es un concepto muy actual, pero también muy controversial en Colombia. Si bien están presentes varios elementos propios de los contextos de la justicia transicional –negociaciones para la desmovilización de grupos armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, desmovilizaciones y beneficios jurídicos a cambio de la contribución a la paz y a la justicia– al mismo tiempo, la efectiva desmovilización, el desarme y la reintegración de las estructuras paramilitares no son un hecho. Dicha situación pone en duda la existencia misma de un contexto de transición y dificulta la capacidad de las víctimas para exigir sus derechos.

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ción de políticas de justicia transicional”. En este marco se desarrolló el estudio que hoy ponemos a consideración. Así, el presente Panorama de Justicia ­Transicional en Colombia y estudios regionales en Valle, ­Antioquia, Montes de María y Meta, con énfasis en ­poblaciones rurales es la continuación de esta serie de trabajos adelantados por la ­Fundación ­Social. El Panorama se realizó en cuatro ­regiones del país que fueron ­seleccionadas por la combinación de dos criterios: El primero, regiones con diferencias en ­cuanto a la oferta institucional. Así, se ­seleccionó el departamento de Antioquia con énfasis en el oriente antioqueño, donde la oferta institucional es muy amplia; V ­ alle, que entró tardíamente al tema de justicia y paz y cuya institucionalidad en la materia es amplia pero todavía incipiente; M ­ ontes de María, que ha sido una zona de importante intervención de la cooperación internacional, organizaciones de derechos humanos e institucionalidad. Por ­último, se ­seleccionó Meta, donde hay muy ­pocas instituciones de justicia y paz. El ­segundo criterio fue que la Fundación ­Social ­tuviera un trabajo actual o previo que ­facilitara la recolección de información en la región1.

introducción

El resultado es un Panorama que tiene tres fuentes básicas: la primera, una

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investigación a nivel nacional sobre la justicia transicional, que se nutrió principalmente de entrevistas a instituciones y mesas de trabajo con organizaciones de carácter y trabajo nacionales. La segunda, una ­encuesta nacional rural con muestras adicionales específicas en Valle, Antioquia, Montes de María y Meta, realizada en agosto de 2008. Y la tercera, un estudio cualitativo de campo en las cuatro regiones seleccionadas2. Se considera Panorama porque da una mirada completa sobre los temas relacionados con la justicia transicional. Esta amplitud de la mirada implica que no se profundiza sobre cada uno de los temas sino que se presenta información básica derivada de las entrevistas y las ­encuestas, y se da cuenta de aspectos nacionales y ­regionales, desde una perspectiva comparativa. Son cuatro los temas principales que aborda el Panorama: 1. Resultados sobre los niveles de victimización y las percepciones frente al conflicto armado. 2. Aspectos relacionados con la búsqueda de la paz, desde la perspectiva de la desmovilización de los grupos armados ilegales, la reintegración de sus miembros y la desarticulación integral de los fenómenos de violencia que han generado las graves violaciones a los derechos ­humanos y al derecho internacional humanitario.

1. Tal es el caso de oriente antioqueño, pues en Medellín se encuentra una sede regional de la Fundación; igualmente, en Meta y Montes de María, la Fundación había desarrollado proyectos con anterioridad a la realización del presente Panorama. 2. Este informe comprende entonces información actualizada hasta octubre de 2008 en sus aspectos cualitativos, cuando se cerró la recolección de la información.

3. Resultados en relación con los avances y las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, tomando en cuenta los esfuerzos institucionales. 4. Experiencias y percepciones en relación con la construcción de escenarios para la reconciliación en Colombia. Para dar un vistazo grueso a todos los temas y analizarlos en su conjunto, el Panorama finaliza con un capítulo de conclusiones. El interés de este estudio es aportar insumos para la construcción de políticas públicas o la corrección de las ya existentes. Por tal razón, en el capítulo final se recapitulan los principales hallazgos en forma de conclusiones y se formulan recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y regionales, con la intención de contribuir a que se avance en la superación de los obstáculos que impiden que los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación se realicen, que la desmovilización y reintegración de los ex combatientes sea un hecho, y que se sienten bases sólidas y certeras que puedan conducir a la paz y a un proceso de reconciliación verdadero en las regiones estudiadas y en Colombia.

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i.

Metodología

Este documento presenta un Panorama sobre los principales retos para la realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en el marco de la búsqueda de la paz y la reconciliación en Colombia. Este estudio se realizó en el marco de un análisis nacional de la justicia transicional, con estudios específicos desarrollados en Valle, Antioquia, Montes de María y Meta. El estudio fue elaborado a través de una investigación en la que participó un equipo de seis profesionales de ciencias sociales, incluídos una politóloga, un sicólogo, un sociólogo y tres abogadas3. Igualmente, se contó con la empresa especialista en opinión pública e investigación social Ipsos-Napoleón Franco, quien realizó para la Fundación Social una encuesta nacional dirigida a poblaciones de menos de 10.000 habitantes y con resultados discriminados por zonas específicas coincidentes con las cuatro regiones en las que se realizaron los estudios a profundidad.

metodología

A continuación se presenta la metodología de recolección de información de las diferentes fuentes de este Panorama, a saber: i. Análisis nacional de la justicia transicional; ii. Estudio cualitativo en Valle, Antioquia, Montes de María y Meta; y iii. Encuestas sobre percepciones sobre justicia, paz, verdad, reparación y reconciliación.

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3. Ver: Anexo 1.

1. Panorama nacional sobre justicia transicional El Panorama nacional es un ­documento autónomo, que comprende un paneo completo de la justicia transicional en Colombia y sus desarrollos en los planos normativo, político e institucional. Para la elaboración del mismo, además de la revisión documental, normativa y jurisprudencial, se realizaron entrevistas y reuniones con las personas encargadas de la política pública en las diferentes instituciones, y que cumplen funciones relacionadas con la atención y la garantía de derechos a la paz, la verdad, la justicia y la reparación; así como con ­organizaciones de la sociedad civil que desarrollan actividades en torno al tema. En total, para el análisis nacional, se realizaron entrevistas o reuniones con 36 personas, de las cuales 10 se realizaron con funcionarios de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), 9 con instituciones del Estado, 10 con entidades de Naciones Unidas y 7 con personas de organizaciones sociales y no g­ ubernamentales.

2. Estudio cualitativo en Valle, Antioquia, Montes de María y Meta Para realizar la investigación cualitativa se eligieron cuatro regiones, a saber: Valle, con trabajo de campo en Cali y Buga; Antioquia, con trabajo de campo en Medellín y Rionegro; Montes de María, con trabajo de campo en Sincelejo y Carmen de Bolívar, y por último, Meta, con trabajo de campo en Villavicencio. Antes del inicio de la investigación en terreno se elaboró una base de datos de autoridades, organismos internacionales y organizaciones sociales claves sobre justicia transicional en la región, por su participación directa en este tema o porque tienen responsabilidades o se ven afectados de alguna manera por el avance de las políticas públicas en esa materia. La base de datos fue validada a través de un viaje a cada región antes del inicio formal de la investigación. En segundo lugar, se realizaron estudios de contexto de cada una de las zonas, los cuales contienen información demográfica, económica, de indicadores de pobreza y de historia, y cifras del conflicto armado y de las violaciones de derechos humanos en cada región.

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La investigación de campo en cada región se realizó en tres etapas: 1. Ambientación. Consistió en la realización de reuniones preliminares con autoridades, organismos y organizaciones para presentar a la Fundación Social y al consorcio marco del proyecto4, presentar el proyecto y preparar el trabajo de campo.

metodología

2. Desarrollo. En la que se realizaron entrevistas a profundidad con autoridades, con organizaciones sociales y con organismos internacionales. La entrevista a autoridades se hizo a partir de un caso hipotético de una violación compleja de derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario, a partir del cual se formularon diversas preguntas que fueron iguales para todas las autoridades, tratando de encontrar la ruta de atención de la víctima, las ventajas y los cuellos de botella de la oferta institucional. Por otra parte, se realizaron entrevistas individuales o grupales con organizaciones sociales y de víctimas en las que, a partir de un modelo de entrevista semiestructurada se preguntaba sobre el contexto de la región, la oferta institucional y las dificultades para acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación de parte de las víctimas de viola-

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ciones a derechos humanos e infracciones a derecho internacional humanitario. Una entrevista similar se realizó a organismos internacionales presentes en cada zona. 3. Validación. Esta etapa consistió en la realización de reuniones y talleres con todas las organizaciones, los organismos y las autoridades entrevistadas, a partir de un documento de conclusiones preliminares que fueron presentadas verbalmente a las personas entrevistadas para que fueran corroboradas, objetadas o complementadas. En el Valle del Cauca se realizaron entrevistas, en total, con 14 organizaciones sociales; 12 funcionarios o funcionarias estatales, incluidos autoridades de Buga y principalmente Cali y dos organismos internacionales. En Antioquia, se realizaron entrevistas a 16 organizaciones sociales en Medellín y Rionegro, a 13 autoridades en ambos municipios y a un organismo internacional. En Montes de María, se realizaron entrevistas con 6 organizaciones sociales, 8 autoridades y 2 organismos internacionales. Por último, en Meta, se realizaron entrevistas a 5 organizaciones, 9 autoridades y 4 organismos internacionales5. Los estudios de campo se desarrollaron entre abril y agosto del 2008.

4. El consorcio dirigido por ICTJ estuvo conformado por: Centro de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI) y Fundación Social. 5. Ver anexo 2: Autoridades, organizaciones sociales y organismos internacionales entrevistados.

3. Encuestas de Percepciones sobre Justicia, Paz, Verdad, Reparación y Reconciliación Durante el mes de agosto del 2008 IpsosNapoleón Franco adelantó, luego de un trabajo de alistamiento que incluyó la definición del formulario de encuesta y su pilotaje, un estudio denominado Percepciones sobre Justicia, Paz, Verdad, Reparación y Reconciliación a nivel nacional en poblaciones con menos de 10.000 habitantes de todo el país (que representan la población rural colombiana), con una muestra de 2.000 hogares6. Simultáneamente, se hizo el levantamiento de información de muestras adicionales, siguiendo exactamente los mismos parámetros metodológicos, en algunas zonas específicas del país de interés particular para la investigación, a saber, Valle, Antioquia, Montes de María y Meta7.

6. Las fichas técnicas de las encuestas se encuentran en cada uno de los informes analíticos de las mismas, anexos en CD. 7. Adicionalmente, se recogió información específica sobre los municipios afectados por las masacres conocidas como las masacres de Trujillo, en Bolívar, Riofrío y Trujillo, en Valle. Los resultados de esa encuesta fueron aportados al Grupo de Memoria Histórica como insumo para su informe sobre las masacres de Trujillo. También se realizó una muestra adicional específica en Santander que no hace parte de este estudio, pues su objeto era servir de insumo para las organizaciones miembros del consorcio en el marco del cual se financió este estudio, quienes realizaron actividades en dicho departamento. Los resultados de estos estudios no fueron complementados con estudios cualitativos, por lo que no tienen la misma metodología de los estudios del resto de las regiones. Sin embargo, los resultados están disponibles en la Fundación Social.

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4. Redacción del Panorama de justicia transicional nacional y en las regiones de Valle, Antioquia, Montes de María y Meta La última etapa consistió en la redacción de este Panorama de Justicia Transicional que integra las fuentes antes mencionadas y hace comparaciones entre las distintas regiones, en un marco de análisis de carácter nacional.

metodología

Es importante tener en cuenta que la investigación cualitativa, aunque complementa el estudio cuantitativo, responde a las mismas temáticas y fue realizado en las mismas regiones en las que se aplicaron las muestras específicas de la encuesta, en sentido estricto no explica sus resultados, pues

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no fue diseñada para que metodológicamente pudiera tener ese fin. Las encuestas se desarrollaron en municipios de menos de 10.000 habitantes, mientras que el estudio cualitativo se realizó prioritariamente en ciudades capitales. De otra parte, las fechas de corte de recolección de información tiene temporalidades diferentes. La información cualitativa se terminó de recolectar en campo en agosto, pero se recogió información hasta octubre de 2008. Mientras tanto, el operativo de campo de la encuesta se realizó en agosto de 2008, por lo que se encuentra actualizado hasta entonces.

contenido

1.

ii.

Otras encuestas realizadas

Encuestas realizadas previamente por la Fundación Social [20]

2.

Encuestas realizadas previamente por otras entidades [21]

2.1 Ciudadanía y Conflicto. Encuestas de percepciones desde la cotidianidad. Universidad de los Andes e Indepaz [22]

2.2 Gran encuesta sobre parapolítica. Revista Semana [23]

2.3 Percepción de los colombianos sobre las víctimas del conflicto armado y las ONG de derechos humanos. Oxfam -GB [23]

2.4 Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas? Programa de investigación sobre Construcción de la Paz (CONPAZ) y Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Angelika Rettberg [24]

Por la importancia de enriquecer los análisis sobre los derechos de las víctimas y la búsqueda de la paz en Colombia, a continuación se hace referencia a otros estudios cuantitativos que abordan temáticas iguales o relacionadas con este Panorama. Creemos que un análisis comparativo y complementario entre estos estudios aporta elementos para la comprensión de los resultados de este trabajo y además podría ser objeto de estudios posteriores. 19

1. Encuestas realizadas previamente por la Fundación Social

otras encuestas realizadas

A principios de 2006, la Fundación Social, en asocio con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, el Consejo Noruego para Refugiados y la Consejería en Proyectos - PCS, realizó una encuesta nacional urbana con el objeto de conocer las opiniones y percepciones de colombianos y colombianas sobre el conflicto armado y algunas medidas de justicia, verdad y reparación, así como sobre oportunidades y retos para la reconciliación en el país.

20

Para tal fin se contrató la empresa Econometría S. A., quien asesoró técnicamente la elaboración del formulario, aplicó la encuesta y sistematizó los resultados. Como se mencionó, la encuesta se realizó en zonas urbanas, a través de una muestra representativa de hogares residentes en cabeceras municipales del país (2.000 encuestas) y fue aplicada entre febrero y marzo de 2006. En ese momento se había expedido la Ley 975 de 2005, aunque todavía no había empezado su proceso de implementación y tam-

poco existía un pronunciamiento judicial sobre la constitucionalidad de la misma. La encuesta se realizó a personas no afectadas (60% de la muestra) y afectadas por delitos graves cometidos en el marco del conflicto armado y atribuibles a grupos armados ilegales (40% de la muestra). La aplicación dirigida a las dos poblaciones permitió hacer comparaciones entre las opiniones de ambos grupos. Los resultados de dicha encuesta se encuentran publicados en el libro Percepciones y opiniones de los colombianos sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación 8. Posteriormente, la Fundación Social realizó un estudio a profundidad sobre justicia transicional en el departamento de Nariño el cual tuvo dos fuentes: En primer lugar, un estudio cualitativo realizado para la Fundación Social por la empresa Econometría S. A., así como entrevistas y talleres realizados directamente por la Fundación Social. Tanto el estudio de Econometría

8. Fundación Social, Consejo Noruego para Refugiados, Centro Internacional para la Justicia Transicional, Consejería en Proyectos, Percepciones y opiniones de los colombianos sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, Bogotá, 2006.

como las entrevistas y los talleres realizados por la Fundación Social se hicieron en varios municipios de Nariño, a saber, Tumaco, Ipiales, La Unión, Ricaurte y Pasto9. En segundo lugar, una encuesta en 20 municipios del departamento, realizada en los meses de enero y febrero de 2008, en la cual se encuestaron 400 hogares; 200 de ellos de personas afectadas por el conflicto armado o por graves violaciones a los derechos humanos, y 200 de personas no afectadas. La encuesta realizada en Nariño, si bien se basó en el formulario de la encuesta nacional urbana realizada en 2006, sufrió algunas modificaciones para: i. Incluir como población afectada a víctimas de miembros de la fuerza pública; ii. Indagar no sólo sobre percepciones y opiniones generales sobre temáticas de justicia transicional, sino también sobre experiencias en el reclamo de sus derechos, dado que la Ley 975 de 2005 ya había sido implementada y resultaba relevante aprovechar el instrumento para evaluar dicho proceso; iii. Incorporar las modificaciones de lenguaje y de fondo que resultaran relevantes como fruto de la experiencia de la anterior encuesta. Con estos antecedentes, la Fundación Social realizó en 2008 un estudio nacional con profundización en Valle, Antioquia, Montes de María y Meta. Como se mencionó en la metodología, este estudio cuenta también con una encuesta nacional y cuatro encuestas regionales que también tienen como

base el formulario de los estudios anteriores actualizado y mejorado. Igualmente, con base en la experiencia del estudio cualitativo realizado en Nariño, se hicieron los estudios cualitativos en las cuatro regiones. La intención es que el actual estudio, cuyos resultados se analizan en este Panorama, permita la comparación, dentro de los límites metodológicos, entre las percepciones y opiniones de la población encuestada en 2006 y la encuesta en 2008; así como entre la población urbana y la población rural.

2. Encuestas realizadas previamente por otras entidades La selección que aquí se hace no es exhaustiva y, de otra parte, un diálogo entre los hallazgos no podría pretender ser comparativo porque, aunque estos esfuerzos son complementarios, en sentido estricto no son comparables por razones técnicas y científicas: por la fecha de su realización, por la muestra que le sirvió de base y por la metodología. Vale la pena destacar que ninguno de los estudios aquí referenciados estuvo dirigido a poblaciones rurales, como es el caso de la encuesta que en el presente Panorama incluye la Fundación Social.

9. En el marco del proyecto financiado a la Fundación Social por el Fondo Global para la Paz y la Seguridad (GPSF), del Gobierno de Canadá, DFAIT 07-118, 2007 – 2008.

21

2.1. ciudadanía y conflicto. encuestas de percepciones desde la cotidianidad.

Universidad de los Andes e Indepaz10

otras encuestas realizadas

Estas dos entidades realizaron una encuesta en 2006 sobre ciudadanía y conflicto. El estudio Ciudadanía y Conflicto se encontraba a su vez precedido por una encuesta similar realizada en 2005. La encuesta de 2006 se dirigió a hogares urbanos, con muestras estratificadas, aleatorias y de conglomerados; con una muestra de 2.000 encuestas realizadas cara a cara.

22

En la encuesta de la Universidad de los Andes e Indepaz se indagó por los principales problemas del país, por la victimización en los cuatro años anteriores al estudio, por los propósitos que podrían tener los grupos armados, por la caracterización de la situación de violencia que vive el país, por las acciones en programas de gobierno que las personas encuestadas consideraban importantes y la utilidad de la participación ciudadana para lograr la paz y la convivencia. Igualmente se indagó si las personas encuestadas habían hecho parte de actividades de participación ciudadana y a favor de la paz y los derechos humanos.

para apoyar iniciativas a favor de derechos humanos, para apoyar candidatos que promuevan la solución política negociada en oposición a los que promueven una solución militar, para participar en iniciativas de resistencia y para pagar más impuestos para programas de reparación a víctimas del conflicto. Se preguntó también por las consecuencias del conflicto armado en las condiciones de vida del hogar, por las medidas para buscar la paz en Colombia en los próximos 4 años y por la mejor solución para acabar el conflicto armado. Por último, se indagó por las opiniones sobre el Gobierno actual, sobre su política de seguridad democrática, sobre los mecanismos para liberar a las personas secuestradas y por el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. Los diferentes resultados de este estudio son útiles para el análisis en el presente Panorama de las temáticas sobre percepciones generales acerca del conflicto armado, las fuentes de las cuales se debería financiar la reparación, y la disposición a la reconciliación de la población no afectada por el conflicto.

Se averiguó si, en aras de lograr la convivencia y la paz, se tendría disposición de hacerse vecino o trabajar con personas desplazadas o desmovilizadas, distinguiendo entre los de guerrillas y autodefensas. También se averiguó por la disposición 10. Indepaz, Universidad de los Andes, Ciudadanía y Conflicto. II Encuesta de percepciones desde la cotidianidad, Documentos sobre Democracia y Paz, mayo de 2007.

2.2. gran encuesta sobre parapolítica. Revista Semana11 La Revista Semana encargó a Ipsos-Napoleón Franco la realización de una encuesta sobre parapolítica que se realizó en abril de 2007. El instrumento fue aplicado en siete ciudades del país. La muestra fue probabilística, de conglomerados de áreas. Se realizaron 719 encuestas a hogares, con entrevista cara a cara. La encuesta de la Revista Semana indagó sobre si el paramilitarismo es justificable y si fue necesario para acabar con la guerrilla. Se preguntó quién tiene más responsabilidad en la violencia en Colombia, a quién debería combatir con más fuerza el Gobierno, y sobre si el escándalo de la parapolítica tendría alguna relación con la imagen del Presidente de la República. También se indagó sobre las percepciones respecto del rol de los partidos políticos en el paramilitarismo y por la disposición de voto hacia políticos involucrados en la parapolítica. Aunque la encuesta de la Fundación Social no indaga directamente por el fenómeno de la parapolítica, en ésta se pregunta sobre la percepción de la población sobre si la extradición de varios jefes paramilitares a Estados Unidos afectaría la revelación de la verdad respecto de las complicidades entre grupos armados ilegales y políticos. La encuesta de la Fundación Social

también indaga sobre la responsabilidad de los políticos en los delitos cometidos en el conflicto armado y las graves violaciones a derechos humanos. Indaga igualmente por la disposición a que los agresores participen en política y por la responsabilidad en la reparación que deberían tener quienes se han beneficiado por las acciones de los grupos armados.

2.3. percepción de los colombianos sobre las víctimas del conflicto armado y las ong de derechos humanos. Oxfam GB12 Esta encuesta fue realizada para Oxfam GB por el Centro Nacional de Consultoría entre el 17 y el 24 de septiembre de 2007. El estudio fue realizado en 12 ciudades, con una muestra de 1.055 encuestas, a través de entrevista telefónica. La encuesta Percepción de los colombianos sobre las víctimas del conflicto armado y las ONG de derechos humanos indaga sobre la percepción acerca de quiénes son las víctimas en cuanto a su actividad o pertenencia poblacional principal; también averigua por los sentimientos de proximidad o no hacia las víctimas; sobre el reconocimiento de las víctimas y sus derechos; sobre los adjetivos que describirían las sensaciones hacia las víctimas y hacia las ONG y

11. Revista Semana, Gran encuesta sobre la para – política, edición 1305, mayo 7 a 14 de 2007, pág. 46 a 54. 12. Oxfam GB, Resumen de los resultados sobre: “Percepciones de los colombianos sobre las víctimas del conflicto armado y las ONG de derechos humanos”, Bogotá, mayo de 2008, mimeo.

23

las opiniones sobre las ONG de derechos humanos. El estudio de Oxfam se complementa con esta encuesta en el acápite relacionado con los sentimientos hacia las víctimas que se presenta en este Panorama.

2.4. reparación en colombia ¿qué quieren las víctimas? Programa de investigación sobre construcción de la paz – Conpaz

y Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Angelika Rettberg13

otras encuestas realizadas

De todos los estudios mencionados, tal vez este es el que tiene mayores complementariedades temáticas con la encuesta realizada por la Fundación Social. Sin embargo, las metodologías de ambos estudios cuentan con diferencias sustanciales que limitan su comparabilidad.

24

El estudio de Rettberg se desarrolló en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2008, en un marco muestral de personas adscritas a organizaciones de víctimas en todo el país, así como por personas que acudieron a jornadas informativas o de atención organizadas por la Fiscalía General de la Nación y la CNRR. La presentación de la metodología por parte de la autora es la siguiente: “La información fue recogida acudiendo a organizaciones

nacionales y regionales, privadas y públicas que trabajan con víctimas del conflicto armado colombiano. Se descartó una encuesta de hogares víctimas por razones de costo y de seguridad de las víctimas y de los encuestadores. Con base en la información obtenida de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se realizó un primer paneo de organizaciones. Aquellas cuyos datos se pudieron confirmar fueron consultadas respecto a su disposición de participar en el estudio. A su vez, siguiendo el método de bola de nieve, eran consultadas acerca de otras organizaciones potencialmente interesadas en participar en el estudio. A todas ellas se les aclararon los propósitos y alcances de la investigación, sobre todo su carácter consultivo” 14. El estudio de la profesora Rettberg, que, como se señaló, se dirigió exclusivamente a víctimas, indagó sobre formas de victimización, actores responsables, proximidad social entre víctimas y perpetradores en el nivel local, preferencias frente a medidas de reparación, preferencias frente a la verdad y a la justicia, conocimiento de la Ley de justicia y paz y evaluación de los programas de reparación. También se indagó por las víctimas como actores políticos y por las perspectivas de paz en Colombia.

13. Angelika Rettberg, Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas?, GTZ, Fiscalía General de la Nación, Universidad de los Andes, Embajada de la República Federal de Alemania – Bogotá, 2008. 14. Angelika Rettberg, Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas?, GTZ, Fiscalía General de la Nación, Universidad de los Andes, Embajada de la República Federal de Alemania – Bogotá, 2008, pág 35.

iii.

A

Los niveles de victimización y las percepciones frente al conflicto armado [27]

B

La búsqueda de la paz: retos para la desmovilización de grupos armados ilegales y la reintegración de ex combatientes

Panorama de la justicia transicional en Colombia y su situación en Valle, Antioquia, Montes de María y Meta

[45]

C

Las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación [97]

D

Reconciliación [165]

25

26

panorama

A

Los niveles de victimización y las percepciones frente al conflicto armado

A

27

contenido

1.

Población afectada por graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario

*A *

los niveles de victimización y las percepciones frente al conflicto armado

[29]

28

2.

Percepciones generales sobre el conflicto armado [35]

2.1. Las manifestaciones más graves del conflicto armado [35]

2.2. Perspectivas sobre la finalización del conflicto armado [37]

2.3. Las soluciones al conflicto armado y los efectos de su terminación [38]

2.4. Principales responsables de las violaciones a derechos humanos y de los delitos en el marco del conflicto armado [40]

2.5. Sentimientos hacia las víctimas [41]

panorama

1. Población afectada por graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario En la encuesta se indagó por la población afectada. Se entendió, para efectos del estudio, que una persona afectada era aquella que: i. Había sufrido alguna acción violenta en el marco del conflicto armado o por grave violación a los derechos humanos, en la cual hubieran tenido responsabilidad las guerrillas, los grupos paramilitares, la fuerza pública u otro agente estatal; ii. El delito por el cual había sido afectado era secuestro, extorsión, desplazamiento, asesinato, amenaza de muerte, tortura, desaparición forzada o reclutamiento de niños, niñas y jóvenes15; y iii.. El hecho le había ocurrido a la persona encuestada, o a su padre o madre, o a su compañero, compañera o cónyuge, o a su hijo o hija, o a su hermano o hermana16.

A

En el nivel nacional rural, el porcentaje de afectación encontrado fue del 20% de la población. En el Valle se encontró que era del 29%; en Antioquia17 y Meta, del 24%, y en Montes de María, del 35%. Igualmente, se indagó por los casos de violencia sexual conocidos por las personas encuestadas y que fueran atribuibles a grupos armados ilegales y a agentes estatales en los últimos años. En el nivel nacional, el 26% de la población afectada y el 15% de la población no afectada dijeron conocer casos de violencia sexual. En el plano regional reportó el conocimiento de casos: en Valle, el 8% de la población no afectada y el 18% de la población afectada; en Antioquia, el 14% de la población no afectada y el 20% de la afectada;

15. La lista no es exhaustiva por razones metodológicas, por lo cual la cifra no da cuenta del total de personas afectadas por los graves delitos de derechos humanos y derecho internacional humanitario. 16. La definición de víctima en la encuesta es restrictiva respecto de la que establece la jurisprudencia constitucional, que también incluye a otras personas cercanas que prueben el daño. Esto se debe a las características de la encuesta, en la que es imposible determinar ese punto. 17. En Antioquia, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social, la Universidad de San Buenaventura y el Instituto Popular de Capacitación presentaron en abril de 2008 la investigación Víctimas, Violencia y Despojo. La investigación hace un perfil socioeconómico de 4.108 víctimas de las 52.000 que han llenado el formato de justicia y paz en Antioquia.

29

en Meta, el 27% de la población no afectada y el 44% de la afectada, y en Montes de María, el 7% de la población no afectada y el 19% de la afectada reportaron el conocimiento de hechos de violencia sexual.

Para la evaluación de esta información se debe tener en cuenta que el porcentaje de conocimiento de casos no necesariamente indica el nivel de ocurrencia del hecho. Esto se debe a que el delito de violencia sexual es un delito poco denunciado

Se indagó igualmente por los casos de reclutamiento de niños y niñas conocidos por las personas encuestadas. En el nivel nacional el 26% de la población afectada y el 16% de la población no afectada dijeron conocer casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes menores de 18 años a grupos armados ilegales cometidos por grupos armados ilegales y/o por agentes estatales. Para las regiones, el conocimiento de casos es: en Valle, el 7% de la población no afectada y el 10% de la población afectada; en Antioquia, el 14% de la población no afectada y el 23% de la afectada; en Meta, el

Los resultados del estudio que se cita no son comparables con los resultados de la encuesta realizada por Fundación Social que se dirige únicamente a hogares rurales, es aleatoria y contempla víctimas de cualquier violación a derechos humanos o infracción al derecho internacional humanitario, independientemente del agente responsable del hecho, mientras que la Ley de justicia y paz sólo cobija víctimas de miembros de grupos armados al margen de la ley que se hayan desmovilizado, que hayan sido postulados al procedimiento por el Gobierno nacional y que no tengan procesos o condenas judiciales en su contra al momento de la desmovilización. Por lo anterior, la muestra de la encuesta presentada por la CNRR – Antioquia y otros, sólo da cuenta de víctimas que han superado las barreras de acceso al procedimiento de justicia y paz. Sin embargo, sin duda es un estudio relevante para perfilar las necesidades de las víctimas. D ­ e acuerdo con este estudio, el 71,5% de los denunciantes afirmó ser víctima de un delito; el 19,5%, de dos, y el 7,2%, de entre tres y siete delitos. El 74,6% de la población encuestada señala que gana menos de un salario mínimo y el 21,4% afirma haber recibido ayuda de Acción Social. El 77% de las personas que integran la muestra son mujeres y el principal delito que ha generado victimización es el homicidio, seguido por la desaparición forzada y el desplazamiento forzado. Información en: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, En Antioquia se presentó investigación de “víctimas, violencia y despojo”, en: www.cnrr.org.co/bvirtual/numero4/nota12.html. 18. Así se sostiene en el informe de la visita a Colombia de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujeres, en el informe de Amnistía Internacional (AI), en diferentes informes de la Ofi-

*A *

los niveles de victimización y las percepciones frente al conflicto armado

De acuerdo con lo anterior, se infiere que la ocurrencia de este delito es alarmante en Meta. Estas cifras podrían contribuir a la afirmación de que el delito de violencia sexual es de ocurrencia más bien frecuente, pero desconocida18.

y poco conocido - la mayoría de sus víctimas no lo denuncian ni lo dan a conocer, ni siquiera a sus seres más cercanos.

cina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el informe de

30

cia en las Américas, y en los informes de la Mesa de Trabajo sobre Mujer y Conflicto Armado, entre otros.

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violen-

panorama

20% de la población no afectada y el 36% de la población afectada, y en Montes de María, el 17% de la población no afectada y el 20% de la afectada reportaron el conocimiento de hechos de r­ eclutamiento.

María, en donde la investigación cualitativa arroja también que el conflicto por la tierra allí ha sido una causa determinante del conflicto social que ha generado violencia y que además, no ha sido resuelto19.

En esta ocasión, nuevamente Meta es el departamento más afectado por el delito, le siguen Montes de María y Antioquia.

Sobre el particular, existe un estudio a fondo realizado por la Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, Proceso Nacional de Verificación, que en su décimo primer informe a la Corte Constitucional, en el trámite de seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, da cuenta de una encuesta realizada para cuantificar y valorar los bienes y las tierras abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia. Si bien los resultados del estudio de la Comisión de Seguimiento no son comparables con los de esta encuesta20, sí profundizan en el tema de despojo de bienes y son complementarios a los hallazgos estadísticos de este informe21.

Se preguntó a las personas afectadas y a las no afectadas, si habían perdido bienes como tierra, vivienda, ganado, vehículos de transporte o vehículo de trabajo, debido al conflicto armado o a las graves violaciones a los derechos humanos. El 9% de la población rural nacional dijo haber perdido bienes, el 8% en Valle, el 10% en Antioquia, el 10% en Meta y el 23% en Montes de María. Lo anterior confirma que el conflicto ha afectado la tenencia, la posesión y la propiedad de bienes, tierras y vivienda. Además, demuestra que esta afectación fue más alta en Montes de

A

19. Al respecto ver: acápite B.1.3. del capítulo III. 20. Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, Proceso Nacional de Verificación, Décimo Primer Informe. Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia. Bases para el desarrollo de procesos de reparación, Bogotá, enero 19 de 2009. Los resultados de los estudios no son comparables porque el universo de las poblaciones preguntadas es diferente, mientras que en este estudio el universo es hogares rurales afectados y no afectados, el universo de personas preguntadas del estudio de la Comisión de Seguimiento es exclusivamente población desplazada. De otra parte, mientras que el universo de este estudio son hogares rurales únicamente, el universo del estudio de la Comisión de Seguimiento es, en general, población desplazada. 21. De acuerdo con la encuesta de la Comisión de Seguimiento, el 55,5% de los grupos familiares de población desplazada tenía tierra y el 94% de ellos la abandonaron por el desplazamiento. Así mismo, la proporción de familias que tenían animales llegaba al 78,9% y el 92,4% de ellas los dejó abandonados con el desplazamiento. De acuerdo con tal informe, se puede concluir que la renuncia a los animales tuvo unas proporciones aún más graves que la pérdida de tierras causada por el desplazamiento. El estudio destaca el mayor porcentaje de grupos familiares que tenían animales (78,9%) en comparación con quienes tenían tierras (55,5%) y la menor proporción de los que tenían cultivos (43,6%).

31

*A *

los niveles de victimización y las percepciones frente al conflicto armado

Por último, se preguntó, tanto a afectados como no afectados, si se consideraban víctimas de la violencia.

32

El 89% de la población afectada considera que sí es víctima, al igual que el 11% de la población no afectada. Con esta pregunta se quería indagar sobre el auto reconocimiento como víctima de población afectada y la sensación de victimización de quien no lo es. La mayoría se considera víctima de la guerrilla (63% población afectada y 78% población no afectada). En segundo lugar, de los paramilitares (44% población afectada y 51% población no afectada). En tercer lugar, de la fuerza pública (9% población afectada y 14% población no afectada). Sin embargo, aunque la principal

causa de sensación de victimización está relacionada con situaciones violentas, porcentajes inferiores al 6% manifestaron que se sentían víctimas por razones económicas y sociales o por sensaciones como intranquilidad, inseguridad, desconfianza, entre otras. A continuación los grupos más señalados como responsables, de acuerdo con la sensación de victimización en cada región. Al tratarse de una percepción el encuestado podía responder que se consideraba víctima de uno o más grupos. (gráficas 1 a 4)

Una muy alta proporción de los grupos familiares desplazados declararó haber tenido y abandonado aves (77,5% y 89,5%). El 87,6% y el 86,8% de los grupos familiares que poseían cerdos y ganado bovino los perdieron. El abandono de equinos afectó a una porción importante de las familias desplazadas: 36,7%, comoquiera que el 89,7% de estos grupos familiares se vieron forzados a abandonarlos, con un promedio de 2,7 semovientes. De acuerdo con los datos de la encuesta de la Comisión de Seguimiento, el total de hectáreas despojadas o forzadas a dejar en abandono sería del orden de 5,5 millones, que equivalen al 10,8% de la superficie agropecuaria del país. El área total dejada de cultivar por la población desplazada ascendería a 1.118.401 hectáreas a lo largo de los 11 años de desplazamiento contemplados en el mencionado estudio, con un promedio de 101.673 hectáreas cultivadas despojadas o forzadas a dejar en abandono por año. La primera cifra representa cerca del 25% del área cultivada del país y la segunda cerca del 2,3%. Además, el estudio profundiza en el tipo de cultivos perdidos y, por consiguiente, aporta elementos para hacer estimaciones del daño emergente y del lucro cesante de la población desplazada.

panorama

gráfica 1 *

en valle base:10.173 hogares afectados / 25.277 hogares no afectados

se consideran a sí mismos como víctimas del conflicto

Afectados

se consideran víctimas de… Total Nacional

No Afectados

La guerrilla

85%

Los paramilitares

Sí

46%

45%

No El Estado

9% 14%

3%

4%

29%

29% 3%

15%

No sabe

2%

6%

A

51%

5%

7% Ns/Nr

44%

8%

La fuerza pública

83%

78%

37%

11% 8%

63%

45%

2%

gráfica 2 *

en antioquia base: 22.372 hogares afectados / 71.534 hogares no afectados

se consideran a sí mismos como víctimas del conflicto

se consideran víctimas de… Total Nacional

44% Afectados

No Afectados

95% Sí

La guerrilla

59%

14% 5%

No

84%

2%

10% 20%

78% 44% 51% 9% 14% 4%

1% El Estado

No sabe Ns/Nr

63%

Los paramilitares

La fuerza pública

63%

87%

17%

29%

3%

3%

2%

2%

33

gráfica 3 *

en montes de maría base: 3.371 hogares afectados / 6.181 hogares no afectados

se consideran a sí mismos como víctimas del conflicto Afectados

No Afectados

se consideran víctimas de… Total Nacional

66%

78%

91% Sí

8% 98%

La fuerza pública

44%

100%

51% 9%

1%

14% 3%

1%

1%

No sabe

2%

Ns/Nr

gráfica 4 *

en meta base: 5.374 hogares afectados / 16.929 hogares no afectados

se consideran a sí mismos como víctimas del conflicto Afectados

No Afectados

99% Sí

se consideran víctimas de… Total Nacional

72% 28%

Los paramilitares

La fuerza pública

1% 87%

13% 4%

El Estado

No sabe

4%

4%

13% 3% 13%

63% 78% 44%

61%

9%

No

Ns/Nr

82%

La guerrilla

*A *

los niveles de victimización y las percepciones frente al conflicto armado

No

34

45%

Los paramilitares

2%

63%

La guerrilla

51% 9% 14% 4% 29% 3% 2%

panorama

2. Percepciones generales sobre el conflicto armado

2.1. las manifestaciones más graves del conflicto armado

En la encuesta se incluyó un capítulo referente a percepciones generales sobre el conflicto armado. En dicho capítulo se indagó sobre las perspectivas de finalización del conflicto armado, sobre las manifestaciones más graves del conflicto, sobre la forma de solucionar el conflicto, los efectos que dicha solución tendría, así como por los sentimientos de la población no afectada hacia las víctimas.

Hay algunas diferencias en las opiniones de población afectada y la no afectada en relación con las más graves manifestaciones del conflicto armado. Mientras que los afectados ponen en primer lugar los ataques a la población civil, muy de cerca al desplazamiento forzado, los no afectados piensan que son más graves el secuestro y la violencia sexual. (gráfica 5)

A

De las grandes manifestaciones del conflicto armado y las grandes violaciones a los derechos humanos, dígame ¿cuáles considera que son las tres más graves (Respuesta múltiple,RM)?

gráfica 5 *

base: 95.100 hogares afectados por la violencia base: 386.722 hogares no afectados por la violencia

Población Afectada

Población No Afectada

40%

Los ataques a la población civil

42%

33%

29%

29%

La violencia sexual

40%

20%

Las Masacres

17% 18%

18% 15%

La tortura El reclutamiento de niños y niñas en grupos armados

13% 9%

10%

La desaparición forzada La extorsión

8%

Las amenazas de muerte

8% 7%

La violencia contra mujeres y niñas La utilización de minas antipersonal

31%

36%

El secuestro Los asesinatos

La sensación de inseguridad permanente

38%

39%

El desplazamiento forzado

10% 4% 9%

6% 5%

6% 4%

4%

4%

La mala imagen que se genera afuera del país

4%

El odio y el resentimiento que deja en la gente

4%

6% 4%

4% 4%

5%

Niños y menores de edad que quedan huérfanos

El narcotráfico Los daños a la infraestructura La apropiación de bienes o terrenos

3%

6% 1%

35

los niveles de victimización y las percepciones frente al conflicto armado *A *

36

En Valle, la población afectada consideró que las violaciones más graves eran, en su orden: ataques a la población civil, la violencia sexual y el secuestro, y el desplazamiento forzado apareció en quinto lugar. Para la población no afectada, el orden fue: en primer lugar, la violencia sexual; en segundo, los ataques a la población civil, y en tercer lugar, el secuestro.

con porcentajes iguales, se encuentran el secuestro y el asesinato, y con un porcentaje muy cercano, le sigue la tortura.

En Antioquia, para la población afectada, la manifestación identificada como más grave son los asesinatos; en segundo lugar, el secuestro, y en tercer y cuarto lugar, con porcentajes similares, los ataques a la población civil y la violencia sexual. Para la población no afectada, las cuatro principales manifestaciones más graves son las mismas, pero los secuestros resultan más graves que las otras manifestaciones.

Igualmente, se preguntó cuáles eran las situaciones relacionadas con el conflicto armado y las violaciones a derechos humanos que más afectan a los niños, las niñas y los jóvenes. Tanto población afectada como la no afectada nacional coincidieron en que en primer lugar el desplazamiento forzado, en segundo lugar la violencia sexual y en tercer lugar la desintegración de la familia. El reclutamiento forzado aparece en el quinto puesto tanto para población afectada como para no afectada.

En Montes de María, para la población afectada, las manifestaciones más graves, en su orden, son el desplazamiento forzado, los asesinatos y los ataques a la población civil. Mientras tanto, para la población no afectada, la manifestación más grave son los ataques a la población civil, en segundo lugar se encuentra, casi con igual porcentaje, el desplazamiento forzado, los asesinatos, la violencia sexual y las masacres. Por último, en Meta, para la población afectada, las manifestaciones más graves han sido, en su orden, los secuestros, los asesinatos, la violencia sexual y los ataques a la población civil. Para la población no afectada, en cambio, en primer lugar, casi con igual porcentaje, se encuentran los ataques a la población civil y la violencia sexual; en segundo lugar,

De lo anterior se puede concluir que hay una cierta identidad en todas las regiones sobre las manifestaciones más graves. Sin embargo, hay diferencias significativas en su orden entre regiones, así como entre población afectada y la no afectada.

En Valle la respuesta de la población afectada fue, en primer lugar, la violencia sexual, en segundo lugar el desplazamiento forzado, y en tercer lugar, con igual porcentaje, tanto la desintegración de la familia como la pobreza generada por la violencia. Estos resultados son similares en Antioquia. Para la población no afectada del Valle, por su parte, el orden es, en primer lugar, el desplazamiento; en segundo lugar, la violencia sexual, y en tercero, la desintegración de la familia. En Antioquia las tres manifestaciones más graves son las mismas. La población no afectada, sin embargo, considera más grave la violencia sexual que el desplazamiento.

panorama

En Montes de María hay coincidencia entre la población afectada y la no afectada en que las manifestaciones más graves son en primer lugar, el desplazamiento y la violencia sexual, con porcentajes muy similares; en segundo lugar, quedar huérfanos y la desintegración de la familia, también con porcentajes similares. En Meta, las situaciones que más afectan a niños, niñas y jóvenes, de acuerdo con la población afectada y la no afectada, son el desplazamiento, la violencia sexual y las minas antipersona. Las tres tienen unos porcentajes muy similares y altos, tanto para población afectada como para población no afectada. La manifestación que le sigue es el reclutamiento forzado. Llama la atención que, excepto en Meta, en las otras regiones no se identificó el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes como una situación que afectara especialmente a esta población. A pesar de lo anterior, está probado que en Colombia persisten el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y jóvenes, con efectos devastadores para ellos22.

2.2. perspectivas sobre la finalización del conflicto armado A la pregunta sobre cuándo se va a terminar el conflicto armado, se responde con gran incertidumbre. En primer lugar, la respuesta con mayor apoyo fue la de quienes no saben, con el 48% de la población afectada y el 45% de la población no afectada. En segundo lugar, se encuentra la respuesta de quienes consideran que nunca se va a solucionar y quienes creen que entre 5 y 10 años, ambos con alrededor del 17% (sin diferencias entre población afectada y población no afectada). De acuerdo con lo anterior, más del 60% de la población no sabe cuándo se va a resolver el conflicto o cree que no va a ser nunca.

A

En Valle, cerca del 80% responde no saber cuándo será o piensa que nunca se terminará. Sólo el 4% de los afectados y el 8% de los no afectados piensan que el conflicto armado terminará en menos de 5 años. En Antioquia, entre el 70% y el 80% responde no saber cuándo será, o piensa que nunca se terminará. Sólo el 5% de los afectados y el 6% de los no afec-

22. Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Doc. A/HRC/39, 28 de febrero de 2008, párrs. 42 y 44.

37

tados piensan que el conflicto armado terminará en menos de 5 años.

Mientras tanto, el 15% de la población afectada y el 7% de la no afectada de Montes de María consideran que se acabará en menos de 5 años. En Meta este porcentaje es mucho más significativo, pues alcanza el 25% de la población. (gráfica 6)

Hay bastante coincidencia entre la población afectada y la población no afectada sobre el apoyo que le darían a diferentes soluciones al conflicto armado. (gráfica 7) En Valle, sin mayores diferencias entre población afectada y no afectada, se apoya en primer lugar una mayor presencia de las instituciones del Estado, y en último lugar el apoyo a la acción militar, siendo el apoyo a esta posibilidad en todo caso sig-

¿En cuántos años cree Usted que se va a solucionar el conflicto armado en Colombia?

gráfica 6 *

base: 95.100 hogares afectados por la violencia base: 386.722 hogares no afectados por la violencia

Población Afectada

En menos de 5 años

Nunca

12%

10%

17%

17%

De 5 a 10 años

En más de 10 años

Población No Afectada

7%

8%

18%

17%

*A *

los niveles de victimización y las percepciones frente al conflicto armado

En Montes de María y Meta, la población es un poco menos pesimista. Alrededor del 60% de la población de Montes de María y de Meta responden que no saben cuándo se acabará el conflicto o consideran que nunca.

2.3. las soluciones al conflicto armado y los efectos de su terminación

38

No sabe

48%

45%

panorama

nificativo (alrededor del 70%). Estos resultados son similares en Montes de María.

te la intervención de países amigos como mediadores, con alrededor del 52%.

En Antioquia, tanto la población afectada como la no afectada, pone en primer lugar una mayor presencia de las instituciones del Estado, y con el menor grado de apoyo la intervención de países amigos como mediadores, siendo nuevamente significativo el apoyo a esta posibilidad (alrededor del 62%). En Meta, es mayor el apoyo al diálogo y la negociación entre grupos armados ilegales y el Estado, y el menor apoyo se lo lleva nuevamen-

Además, si se alcanzara la paz, entre 6 y 7 de cada 10 personas, tanto afectadas como no afectadas, piensan que disminuirían la inseguridad, la pobreza y la injusticia; hay un poco de menos confianza en que disminuiría la corrupción. Ambos grupos coinciden en que lo que más aumentaría sería el sentido de pertenencia al país, pero sólo 4 de cada 10 personas consideran que aumentaría la obediencia a las normas.

A

De 1 ( no la apoyaría ), a 5 ( la apoyaría mucho ), ¿qué tanto apoyaría cada una de las siguientes posibles soluciones al conflicto con grupos armados ilegales en Colombia?

gráfica 7 *

base: 95.100 hogares afectados por la violencia base: 386.722 hogares no afectados por la violencia

Población No Afectada

Población Afectada

(1 y 2) Mayor presencia de instituciones del Estado

La acción militar del Estado

La intervención de países amigos como mediadores del conflicto

14%

17%

12%

76%

16%

17%

(1 y 2)

(4 y 5)

86%

10%

El diálogo y la negociación entre grupos 12% armados ilegales y el Estado

3

70%

66%

3

(4 y 5)

6% 11%

83%

11%

77%

12%

16%

17%

67%

18%

14%

68%

39

Con algunas variaciones en los porcentajes, estos resultados son similares en Valle, en Antioquia y Montes de María.

La mayoría de las personas encuestadas piensa que las guerrillas son las principales responsables por los delitos cometidos en el conflicto. Ponen a los políticos que han apoyado los grupos armados ilegales en segundo lugar, por encima de los grupos paramilitares; de hecho, para la población no

Si se alcanzara la paz en Colombia, ¿qué cree Usted que pasaría con cada uno de los siguientes aspectos?

gráfica 8 *

base: 95.100 hogares afectados por la violencia base: 386.722 hogares no afectados por la violencia

Población Afectada

El sentido de pertenencia al país

58%

La confianza en las instituciones del Estado

50%

La obediencia a las normas

Población No Afectada Disminuiría

Se mantendría igual

Aumentaría

42%

La corrupción

1o%

La inseguridad

9%

*A *

los niveles de victimización y las percepciones frente al conflicto armado

En Meta, se considera que lo que más disminuirá será la inseguridad, la corrupción y la injusticia y en menor grado la pobreza; mientras que, si se alcanzara la paz, entre 6 y 7 de cada 10 personas, tanto afectadas como no afectadas, piensan que aumentará la pertenencia al país y la confianza en las instituciones del Estado. (gráfica 8)

2.4. principales responsables de las violaciones a derechos humanos y de los delitos en el marco del conflicto armado

La pobreza

7%

33%

40

La injusticia

6%

36%

29% 34% 44%

4o% 23%

Aumentaría

13%

58%

16%

48%

14%

5o% 68%

45%

1o%

34%

Se mantendría igual

Disminuiría

27%

15%

33%

18%

39%

16%

56%

9%

23%

68%

61%

6%

32%

63%

59%

7%

32%

61%

panorama

afectada, los paramilitares están en el tercer lugar y por debajo se encuentran los sectores económicos y sociales que han apoyado a dichos grupos. Sólo el 2% considera que son responsables la fuerza pública y agentes del Estado. Esta percepción es similar en Valle, en Antioquia y en Montes de María. En Meta, también aparecen en primer y en segundo lugar, respectivamente, las guerrillas y los políticos que han apoyado a los grupos armados ilegales. Sin embargo, en tercer lugar aparecen los sectores sociales y económicos que también los han apoyado y, en cuarto lugar, los grupos paramilitares. (ver gráfica 9)

2.5. sentimientos hacia las víctimas Se preguntó a la población de no afectados acerca de los sentimientos que les despertaban las víctimas del conflicto armado. Para responder a la pregunta, se leía a los entrevistados en total 34 sentimientos (se rotaba el orden de lectura entre una entrevista y otra) y se les pedía que escogieran todas las opciones que reflejaran sus propios sentimientos.

A

De los siguientes, ¿quién cree Usted que es el principal reponsable de los delitos que se han cometido en el conflicto armado y de las graves violaciones a derechos humanos?

gráfica 9 *

base: 95.100 hogares afectados por la violencia base: 386.722 hogares no afectados por la violencia

Población No Afectada

Población Afectada

46%

Las guerrillas

Los políticos que han apoyado a los grupos armados ilegales

47%

21%

Los grupos paramilitares o de autodefensa

7%

Los sectores sociales y económicos que han apoyado a los grupos armados ilegales

24%

10%

14%

13%

Algunos miembros de la fuerza pública y/o agentes estatales

2%

2%

No sabe/No responde

2%

2%

41

los niveles de victimización y las percepciones frente al conflicto armado *A *

42

Frente a los resultados vale la pena mencionar algunos aspectos interesantes: De una parte, que –por persona– se mencionaron en promedio casi 4 sentimientos frente a las víctimas. De otra parte, que no hay tanto acuerdo frente a ninguno de los sentimientos en particular: el sentimiento más frecuentemente mencionado reúne al 49% de los entrevistados; de otra parte, de los 34 sentimientos propuestos, 30 fueron seleccionados por al menos el 2% de los entrevistados (las respuestas con menor porcentaje fueron clasificadas como “otros” de forma agregada). En relación con el análisis de las respuestas obtenidas, se propone una clasificación de los sentimientos con respecto a dos ejes: De una parte, el eje que agrupa sentimientos que sugieren una actitud activa (por ejemplo solidaridad, que sugiere acción), versus aquellos que sugieren una actitud pasiva (por ejemplo tristeza/ depresión, que no evoca ninguna acción). De otra parte, el de cercanía o lejanía hacia las víctimas donde se ubican respuestas desde “aburrimiento hacia las víctimas” (lejanía), hasta sentimientos como “odio hacia quien los dejó en esa situación” (cercanía). La organización de los sentimientos frente a cada uno de los ejes responde a una interpretación del equipo de Ipsos-Napoleón Franco, y es una visión cualitativa y sub-

jetiva de la relación que cada sentimiento tendría con cada eje. No se pretende ilustrar una magnitud, por lo que la distancia de cada sentimiento con el extremo del eje no tiene un significado específico. Los porcentajes al lado de cada sentimiento representan la proporción de entrevistados que dio cada respuesta; los porcentajes en los círculos en cada cuadrante, representan el peso de los sentimientos allí clasificados, sobre el total de las respuestas. En el total nacional, la mayoría de sentimientos es cercana a las víctimas, pero sugiere inactividad, aunque una cuarta parte de las respuestas muestra cercanía y actividad. En todas las regiones se mencionaron en promedio 3 sentimientos frente a las víctimas, algo menor al promedio encontrado en la muestra nacional. Al igual que en el total nacional, en todas las regiones el sentimiento más frecuentemente mencionado es la tristeza, aunque hay mayor nivel de acuerdo en Montes de María y Antioquia, donde este sentimiento reúne al 52% y al 50% de los entrevistados, respectivamente, en tanto que en Valle y Meta sólo reúne el 40% y al 39% de los entrevistados respectivamente. En general, en todas las regiones la mayoría de sentimientos es de cercanía con las víctimas, pero sugiere inactividad. (gráfica 10)

panorama

gráfica 10 *

¿Cuáles de estos sentimientos describen mejor lo que usted siente frente a las víctimas del conflicto armado? (RM) Opciones de respuesta leídas a los entrevistados.

3%

27%

ACTIVOS Intranquilidad hacia las víctimas (6%)

Solidaridad (29%)

A

Preocupación por su situación (25%) Molesto por lo que les pasó (19%) Curiosidad / interés (15%) Intimidado / miedo / temor, hacia las víctimas (4%)

Confusión sobre lo que siento por ellas (9%) Normal / en paz (5%)

Afinidad / camaradería hacia las víctimas (9%)

5%

LEJANÍA

CERCANÍA

No le despiertan ningún sentimiento (3%) Aburrimiento hacia las víctimas (8%)

Decepción / desilusión hacia las víctimas (3%)

Tristeza (49%)

Desconfianza hacia las víctimas (3%)

Lástima / pesar (30%)

Disgusto / descontento hacia las víctimas (3%)

Cansado / agotado de las víctimas (4%)

Enojo / furia hacia las víctimas (3%)

8%

Están siendo explotadas abusadas (22%)

Cálido hacia las víctimas (11%) Que las víctimas están solas / rechazadas (8%) Confianza hacia las víctimas (6%)

Respeto (21%) Apatía / indiferencia hacia las víctimas (2%)

Dolor (19%)

Shockeado / impactado por las víctimas (6%)

Odio hacia quien los dejó en esa situación (13%)

Avergonzado / apenado por las víctimas (4%)

Escéptico / incrédulo hacia las víctimas (2%)

Sorprendido / asombrado, por lo que les pasó (11%)

Culpa / remordimiento hacia las víctimas (3%)

INACTIVOS

57% 43

44

panorama

B

La búsqueda de la paz: retos para la desmovilización de grupos armados ilegales y la reintegración de ex combatientes

B

45

la búsqueda de la paz: retos para la desmovilización de grupos ilegales y la reintegración de ex combatientes *B *

46

contenido

1.

El derecho a la paz y la desmovilización de los grupos paramilitares: ¿realidad o esperanza fallida? [48]

1.1 Valle [54] 1.2 Antioquia [57]

3.

Los programas de reintegración de excombatientes [83]

3.6 Ausencia de pérdida de beneficios de desmovilizados que reinciden [91]

3.1 Participantes en programas de reintegración y nivel educativo [83]

3.7 Incertidumbre sobre la situación jurídica de las personas desmovilizadas [93]

1.3 Montes de María [61] 1.4 Meta [65]

2.

3.2 Reintegración económica y social [86]

Una oportunidad: las investigaciones por la parapolítica [70]

2.1 Valle [74] 2.2 Antioquia [74] 2.3 Montes de María [78] 2.4 Meta [82]

3.3 Salud física y mental de la población desmovilizada [89]

3.8 La situación particular de los mandos medios [95]

3.9 Discusión local de los programas de reintegración [96]

3.4 Retraso en los pagos [90]

3.5 Situación de seguridad de población desmovilizada [91]

En segundo lugar, se hará referencia al proceso conocido como de la parapolítica, que consiste en las investigaciones por los nexos existentes entre miembros de grupos paramilitares y políticos. Se considera que las investigaciones por la parapolítica son una oportunidad para desarticular el paramilitarismo en su integridad, en tanto el mismo no se ha limitado a ser un ejército militar, sino que ha contado también con el apoyo de políticos. Su creación y su fortalecimiento han sido favorecidos por políticas estatales, como lo ha encontrado probado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

panorama

En este capítulo se agrupan tres acápites que presentan lo que para este estudio se considera los retos principales para la desarticulación de los grupos paramilitares23. En primer lugar, se hará un recuento del proceso de desmovilización de los grupos con énfasis en cada región, mostrando las dificultades y falencias de los mismos en relación con el objeto de desarticular su estructura militar.

B

En tercer lugar, se hará referencia a los programas de reintegración de ex combatientes porque, sin duda, su fortaleza es clave para darles alternativas viables y sostenibles a quienes genuinamente están interesados en reintegrarse a la sociedad y no volver a delinquir.

23. No se hace referencia a los retos para la desarticulación de los grupos guerrilleros dado el hecho de que ellos no se encuentran en un proceso global de negociación que conduzca a su desmovilización, desarme y reintegración total, mientras que con los grupos paramilitares se adelantó, entre 2002 y 2006, un proceso de negociación que se planteó dicha finalidad y que dio lugar a un marco jurídico e institucional de justicia transicional. Sin embargo, el capítulo sobre programas de reintegración de ex combatientes es aplicable también a miembros de grupos guerrilleros que se han desmovilizado individualmente y que participan en ellos.

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la búsqueda de la paz: retos para la desmovilización de grupos ilegales y la reintegración de ex combatientes *B *

48

1. El derecho a la paz y la desmovilización de los grupos paramilitares: ¿realidad o esperanza fallida? El estudio arroja que en todas las regiones analizadas la desmovilización de los grupos paramilitares no fue integral. En ellas siguen actuando grupos que, con fuerte influencia del narcotráfico, atacan a la población civil y conservan una dinámica de persecución a líderes sociales, sindicales, estudiantiles, defensores de derechos huma-

nos, entre otros. Lo anterior permite afirmar que el accionar de estos grupos no se limita a defender intereses del narcotráfico, pues continúan en el ejercicio violento de conservación del poder a través de la amenaza. Igualmente, con diferencias dependiendo de cada región, el conflicto armado está en gran medida motivado por la posesión, la tenencia y la propiedad de las tierras. La anterior realidad se refuerza con lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)24 en relación

24. (...)12. “La CIDH observó que el incumplimiento de la presentación del listado permitió, y propició, la llegada al circuito de personas que no necesariamente pertenecían a la estructura armada a desmovilizarse. El incentivo eran los beneficios sociales y económicos ofrecidos como parte del proceso de desmovilización por los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (…) En la zona de ubicación se ventiló información indicando que en algunos casos, los líderes habían incentivado a civiles no combatientes a presentarse al circuito judicial invocando la pertenencia al grupo paramilitar para acceder a los beneficios económicos y retribuir al líder con un porcentaje de la suma recibida del Gobierno. Por su parte, el Estado advierte en sus observaciones que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no recibió información ni tuvo conocimiento sobre circunstancias de este tipo y agrega que en todo caso exigió a las AUC desmontar toda la estructura ilegal, incluida su red de apoyo. (...) 13. Durante su visita a los circuitos judiciales del Departamento del Cesar, la CIDH observó que numerosas personas que buscaban desmovilizarse no presentaban características de combatientes. Tanto en el circuito de Chimila como en el de La Mesa preocupó el bajo número de combatientes (“patrulleros”) en comparación con el número de personas que afirmaron ser operadores de radio (“radio chispas”), encargados de repartir víveres, o mujeres encargadas de tareas domésticas (“lavanderas”). Estas personas habrían sido en su mayoría pobladores del cercano corregimiento de Villa Germania, de las cuales un tercio resultaron ser mujeres. En forma reiterada y repetitiva habrían señalado que obedecían órdenes directas del líder máximo del Bloque Norte, Jorge 40, manteniendo silencio respecto de cualquier información referida a la identificación de los mandos intermedios de la estructura armada, y restando –por lo tanto- credibilidad a su declaración. (...) 14. Se ha indicado que estos desmovilizados, pese a no ser combatientes, conformarían los “frentes de apoyo social” del bloque en cuestión. Al respecto, la CIDH constató que no existían mecanismos para determinar cuáles eran las personas que verdaderamente pertenecían al bloque a desmovilizarse y que por lo tanto tenían derecho a recibir beneficios socioeconómicos, ni para establecer consecuencias en caso de fraude. En todos los casos, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz habría aprobado todas las listas de desmovilizados confeccionadas en el marco de las desmovilizaciones efectuadas”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la implementación de la ley de justicia y paz; etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales”, Doc. OEA / Ser.L / V / II.129 / Doc. 6, octubre 2 de 2007, párrs. 12, 13 y 14.

panorama

con que no es claro que la totalidad de las personas que se desmovilizaron pertenecieran efectivamente a grupos paramilitares. En segundo lugar, durante el proceso de negociaciones se presentaron grandes dificultades para hacer cumplir el cese de hostilidades, prerrequisito para el inicio del proceso. De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo sobre desmovilización, la institución registró entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004, 6.264 quejas por infracciones al derecho humanitario, de las cuales 1.909 correspondían a infracciones al derecho internacional humanitario presuntamente cometidas por los grupos paramilitares25. Por otro lado, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en 2004, que los grupos paramilitares habían cambiado de modus operandi, por lo que sus acciones tenían menos impacto público26. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Misión de Apoyo

al Proceso de Paz MAPP - OEA, también reportaron que, con posterioridad a la desmovilización, la fuerza pública descubrió depósitos clandestinos de armas no entregadas por algunos bloques desmovilizados27. En tercer lugar, después de las desmovilizaciones, en diferentes regiones del país están operando grupos armados que no existían antes de las desmovilizaciones. Estos grupos, bajo nuevas denominaciones, siguen atacando a la población civil, con participación de miembros de grupos paramilitares no desmovilizados, altos mandos paramilitares desmovilizados, así como de mandos medios que continuaron en la clandestinidad. Existen distintas interpretaciones sobre la caracterización de los grupos que están operando, y no es unánime que se trate de una nueva generación de grupos paramilitares, aunque es una de las hipótesis. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en su informe del área sobre desmovilización, desarme y reintegración

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25. Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial “Seguimiento al cese de hostilidades prometido por las Autodefensas Unidas de Colombia como signo de su voluntad de paz para el país”, www.defensoria. org.co, 2005, pág. 2 y 4. 26. “La dinámica del conflicto armado mostró un cambio de modus operandi de los grupos armados, y particularmente de los paramilitares, con estrategias más sutiles y con menor impacto público que los atentados al derecho a la vida de los defensores”. Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe sobre 2003, Doc. E/CN.4/2004/13, 13 de febrero de 2004, párr. 86. 27. Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAP/OEA, Séptimo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, Doc. OEA/Ser.G/CP/Doc. 4148/06, 30 de agosto de 2006, pág. 7; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la implementación de la ley de justicia y paz; etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales”, Doc. OEA / Ser.L / V / II.129 / Doc. 6, octubre 2 de 2007, párr. 33.

49

“Otra pregunta que surge frente a los grupos ilegales visibilizados, rearmados o reorganizados luego de la desmovilización de las AUC es si ésta es una situación transitoria característica de los procesos de desmovilización de organizaciones ilegales armadas o si estamos en el inicio de un nuevo período de violencia con características inéditas. Varios escenarios son posibles. En primer término, Vicente Castaño, jefe desmovilizado de las AUC, quien no regresó al sitio de concentración ordenado por el presidente Uribe en agosto de 2006 (La Ceja, Antioquia) alegando un incumplimiento por parte del Gobierno de supuestos acuerdos concertados entre ambas partes, podría estar alentando una unificación de las ‘bandas criminales emergentes’ para enfrentar al Estado. Es decir, una nueva versión cercana al ‘narcoterrorismo’ de los años 80 y 90 que desencadenó el Cartel de Medellín, empeñado en abolir la extradición a los Estados Unidos de los acusados de traficar con estupefacientes a ese país, con un componente adicional: el control territorial y político armado, y las amenazas contra las víctimas de los grupos paramilitares y las organizaciones que las apoyan, activas en el marco de la

aplicación de la Ley de justicia y paz. En segundo término, se puede estar gestando una alianza pragmática para traficar con drogas entre estas ‘bandas criminales emergentes’ con los grupos guerrilleros que persisten —ante todo las FARC y, en menor medida, con el ELN—. En tercer término, también se podría pensar en una lenta descomposición delincuencial de estas bandas que, de manera fragmentada, irían siendo desmanteladas lentamente por el Estado, como ocurrió en los años 60 del siglo pasado con el bandolerismo. Finalmente, no se puede descartar la posibilidad de la emergencia de una ‘tercera generación paramilitar’, con rasgos similares a las antiguas AUC y con las complicidades institucionales y privadas que ello conlleva, dadas la persistencia del conflicto armado interno y la incapacidad del Estado para ejercer un pleno control territorial. (…) Desde el punto de vista anterior, a la pregunta del título del informe sobre si los grupos disidentes de la negociación, los rearmados o los que se organizaron o visibilizaron luego de la desmovilización de los diferentes frentes de las AUC son una nueva generación de paramilitares o sólo bandas de criminales, es prematuro responder contundentemente. De ahí la propuesta de los posibles escenarios futuros mencionados antes” 28.

*B *

la búsqueda de la paz: retos para la desmovilización de grupos ilegales y la reintegración de ex combatientes

de agosto del 2007 “Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?” señala:

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28. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?, www.cnrr.org.co., págs, 7 y 8.

panorama

Organismos internacionales han constatado situaciones que permitirían sostener la tesis de un fenómeno de continuidad entre los grupos paramilitares y los nuevos grupos armados. Entre ellos se encuentra el informe sobre 2006 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos29, el décimo informe de la MAPP/OEA30 y el “Informe sobre la implementación de la Ley de justicia y paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos31.

Los nuevos grupos ejercen control social sobre la población y afectan a las comunidades más vulnerables. La MAPP/ OEA señaló que: “Las dinámicas regionales ligadas al surgimiento, fortalecimiento y expansión de las nuevas estructuras ilegales han afectado a las poblaciones y comunidades más vulnerables. La violencia contra las mujeres continúa siendo utilizada como estrategia de guerra por los actores armados del conflicto en su lucha por controlar territorios. La vulneración del núcleo familiar en aquellas áreas en donde operan las estructuras rearmadas

29. “Los grupos paramilitares, incluyendo los comprometidos en el cese de hostilidades, persistieron en la comisión de graves infracciones, tales como homicidios, amenazas, ataques contra la población civil, toma de rehenes, torturas y tratos degradantes o humillantes, desplazamientos forzados, reclutamiento de niños y niñas y actos de violencia sexual”.

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“Se atribuyeron a los grupos paramilitares homicidios, tanto individuales y selectivos como colectivos, que afectaron particularmente a líderes comunitarios, líderes indígenas, políticos y autoridades locales”. Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, Doc. E/ CN.4/2006/009, 20 de enero de 2006, párrs. 60 y 61. 30. “De acuerdo con las labores de verificación realizadas por la MAPP/OEA continúa la influencia de ex comandantes paramilitares que no se acogieron al llamamiento del Gobierno y la presencia de mandos medios que se encuentran en la clandestinidad. Preocupa a la Misión las informaciones relacionadas con la permanencia de cadenas de mando que tienen como propósito seguir controlando la ilegalidad en las zonas donde operaban”. Organización de los Estados Americanos, Misión de apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP/OEA, Décimo informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), OEA/Ser.G, CP/doc. 4249/07, 31 octubre 2007, párr. 3. 31. “La CIDH nota que poca información se ha dado a conocer al público sobre aquellos desmovilizados que sin participar del proceso de reinserción se han rearmado o formado nuevas bandas persistiendo en el fenómeno de la violencia. Sobre este panorama la información hecha pública en los Sexto, Séptimo y Octavo informes del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos al Consejo Permanente de la Organización ha revelado la existencia de fenómenos de violencia posteriores a las desmovilizaciones que preocupan a la MAPP, que obedecen a dinámicas diversas: 1) reagrupamiento de desmovilizados en bandas delicuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; 2) reductos que no se desmovilizaron; 3) aparición de

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la búsqueda de la paz: retos para la desmovilización de grupos ilegales y la reintegración de ex combatientes *B *

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y reductos es evidente” 32. La misma entidad internacional, en su décimo primer informe señaló que, después de la desmovilización de los grupos paramilitares: “varias comunidades continúan expuestas a las amenazas y acciones violentas por parte de facciones armadas ilegales –reductos no desmovilizados, estructuras emergentes y ejércitos privados de narcotraficantes-. La presencia de fenómenos de ilegalidad y de situaciones de disputa, no ha permitido la recomposición del tejido social. (…). “La Misión identifica que la afectación a la población civil puede estar vinculada a tres escenarios: a) La presencia de una estructura armada ilegal; b) La respuesta de las facciones armadas al margen de la ley a las acciones realizada por el Estado y; c) La disputa entre agrupaciones armadas ligadas al narcotráfico. Bajo estos contextos, el reclutamiento forzado aparece como una constante, afectando primordialmente a la población desmovilizada, y en algunos casos a menores de edad”.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) destacó en su informe sobre 2006 el hecho de que la fuerza pública hubiera detenido a más de 900 desmovilizados por reincidencia. Sin embargo, advirtió que había constatado, en regiones como Nariño y el sur de Cesar, la existencia de nexos entre miembros de la fuerza pública y los nuevos grupos al margen de la ley y que, a pesar de la evidencia de tales nexos, no se había conocido la suspensión preventiva de miembros de la fuerza pública comprometidos. De acuerdo con su informe sobre 2007, la única estructura no desmovilizada que sigue operando es la de las Autodefensas Campesinas del Casanare. Sin embargo, la Oficina sigue observando nuevos grupos armados ilegales en los departamentos de Meta, Vichada y Guaviare y que se siguen presentando acciones en Nariño atribuidas a las Autodefensas Campesinas - Nueva Generación. OACNUDH identifica a estos grupos, en particular, porque “están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos responsables y disponen

nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados. (…) “La CIDH mantendrá su preocupación respeto del fenómeno del rearme y la formación renuevas bandas, y reitera la necesidad de que el Gobierno colombiano implemente mecanismos efectivos destinados a garantizar la desarticulación de las estructuras de las AUC.” Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la implementación de la ley de justicia y paz; Etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales”, Doc. OEA / Ser.L / V / II.129 / Doc. 6, octubre 2 de 2007, párrafos 106 a 108. 32. Organización de los Estados Americanos, Misión de apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP/OEA, Noveno informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), OEA/Ser.G, CP/doc. 4237/07, 3 de julio de 2007, párrs. 28 y 29.

panorama

de capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares contra otros actores armados. Son un factor activo en la intensidad del conflicto armado, con consecuencias directas y graves para la población civil. Se ha recibido información que sugiere nexos, aquiescencia o tolerancia de algunos miembros de la fuerza pública en acciones atribuidas a algunos de estos grupos”.

deres desmovilizados sometidos a la Ley 975 de 200533. La Revista Semana, en su

Además de ellos, OACNUDH identifica nuevos grupos armados con estructuras, intereses y modos de operación heterogéneos, con una gama de actividades, objetivos y alianzas muy distintos. A pesar de ello, señala que: “independientemente de su denominación, constituyen fuente de legítima preocupación porque continúan ejerciendo violencia contra la población civil, como por ejemplo en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Putumayo”.

Existen además investigaciones y estudios que analizan tales grupos. De conformidad con el Informe sobre Nuevos Grupos Narcoparamilitares elaborado por Indepaz, de acuerdo con fuentes oficiales y no oficiales, para noviembre de 2007 existían 67 grupos que están reemplazando a los grupos paramilitares en 23 departamentos35. La Fundación Seguridad y Democracia señaló que entre julio de 2006 y febrero de 2007 se registraron 78 casos de rearme de organizaciones delictivas36.

Además, OACNUDH continuó detectando desmovilizados rasos y mandos medios en cabeza de estos grupos. Antes de las mencionadas extradiciones, la Oficina recibió información que evidencia vínculos entre los nuevos grupos y los lí-

informe Te llamo desde la prisión, reveló grabaciones que evidencian su conocimiento y control de la actividad de los “nuevos” grupos, de los asesinatos, los negocios ilícitos, y de dinámicas de control social que se mantienen para no perder la presencia territorial en ciertas zonas34.

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33. Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Doc. A/HRC/7/39, 28 de febrero de 2008, párrs. 39 a 43. 34. “SEMANA obtuvo decenas de grabaciones de los últimos cuatro meses en las que varios de los paramilitares recluidos en el patio 1 de la cárcel de Itagüí coordinan todo tipo de negociaciones ilegales a través de celulares y correos electrónicos. Los paras identificados en las conversaciones son hombres de confianza de algunos de los principales líderes de las AUC desmovilizados, como Salvatore Mancuso; Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco’, y Fredy Rendón, alias el ‘Alemán’”, Revista Semana, Te llamo desde la prisión, diciembre 5 de 2007. 35. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz, Informe Nuevos Grupos Paramilitares, www.indepaz.org. 36. Fundación Seguridad y Democracia, El rearme paramilitar, en: www.seguridadydemocracia.org/docs/pdf/especiales/informeEspecial16-2.pdf

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En relación con los datos cuantitativos, en términos generales, en todas las regiones la mayoría de la población considera que las desmovilizaciones individuales y colectivas han generado un debilitamiento tanto de los grupos paramilitares como de los guerrilleros. En Montes de María y en Meta esta percepción es algo más fuerte. Sin embargo, casi ninguna persona, en ocasiones ninguna, consideró que los grupos han dejado de existir. No deja de ser llamativo que en todas

las regiones se perciba mayor debilitamiento de los grupos guerrilleros que de los grupos paramilitares, a pesar de que estos pasaron por un proceso de desmovilización que habría debido conducir a su desaparición. Los totales en el nivel nacional rural fueron los siguientes. El 87% de la población afectada y el 86% de la no afectada considera que los grupos guerrilleros se han debilitado. Ninguna persona afectada considera que ya no existen,

mientras que sólo el 1% de los no afectados consideran que ya no e­ xisten. En cuanto a los grupos paramilitares, el 81% de la población afectada y el 84% de la no afectada consideran que los grupos se han debilitado. Sólo el 1% de ambas poblaciones considera que ya no existen. Además, el 82% de la población afectada y el 83% de la no afectada consideran que a raíz de las desmovilizaciones los niveles de violencia, en general, se han reducido.

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A continuación se expone la situación en cada una de las regiones estudiadas a profundidad:

1.1. valle El 18 de diciembre de 2004 se ­produjo la desmovilización del Bloque Calima. El Bloque Pacífico se desmovilizó en ­Chocó el 23 de agosto de 2005. Ambos bloques tenían impacto en el departamento. El compromiso de cese de hostilidades de los grupos paramilitares y su posterior desmovilización han generado cambios en las lógicas del conflicto. Sin embargo, es difícil afirmar que es-

tos grupos han dejado de existir o que el conflicto armado ha terminado. En el corregimiento de Galicia, ­municipio de Bugalagrande, entregaron armas 557 miembros de las estructuras del Bloque Calima. En lo que tiene que ver con el Bloque Pacífico, sólo después del retiro de “­Gordo Lindo” del proceso, el Gobierno permitió la desmovilización de este ­bloque, luego de descubrir que esta persona era un narcotraficante que había ­comprado la franquicia para solucionar su situación jurídica e impedir su extradición. Igual que en otras partes del país, al ­parecer, la desmovilización de los bloques que operaban en el Valle no fue comple-

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ta37. De acuerdo con Guzmán y Moreno, los paramilitares no desmovilizados pueden “responder a una estrategia frente a un posible fracaso de los diálogos con el Gobierno, o bien a una necesidad de mantener negocios ilegales ya establecidos; también puede tratarse de grupos insubordinados o, finalmente, de grupos que operan para organizaciones del narcotráfico” 38.

La Oficina de Gestión de Paz de la Gobernación del Valle ha identificado dos núcleos “que son grupos no desmovilizados del Bloque Pacífico: uno que persiste en la zona de Bugalagrande hacia Tuluá, Galicia, Chicoral, Ceilán, San Rafael, otro… en la zona de Calima–Darién, Yotoco, Riofrío… son grupos… de unos 50 miembros cada uno… supuestamente bien armados” 39.

El compromiso ambivalente de los líderes paramilitares para desmovilizar toda la estructura armada, que refleja el desfase de cifras, se vio comprobado con la huida de Hebert Veloza, nombre real de alias “HH” y otros miembros de las AUC, entre ellos Vicente Castaño, antes de ser recluidos en la sede de Prosocial en el Municipio de La Ceja, Antioquia. “HH” fue recapturado en abril de 2007 y, aunque por este hecho debería perder los beneficios de la Ley de justicia y paz, continuó rindiendo versión libre en tal procedimiento y, en el momento de la finalización de este documento, se encontraba pedido en extradición por el gobierno de Estados Unidos.

El sexto informe de la MAPP/OEA, en 2006, señalaba la presencia de “varios fenómenos que al parecer están vinculados al narcotráfico del Norte del Valle. Allí, dos grupos delincuenciales están siendo presentados como grupos de autodefensas con los nombres Autodefensas Unidas del Valle (AUV) y Rondas Campesinas Populares (RCP), respectivamente. Según algunas informaciones, para lograr este propósito, estarían adquiriendo armamento y reclutando nuevos combatientes entre desmovilizados y población civil. Pobladores de algunos municipios del norte del departamento del Valle del Cauca han informado a la Misión que han visto gente unifor-

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37. De acuerdo con la Fundación Seguridad y Democracia “Según lo manifestado por [“Hernán Hernández”], en la desmovilización habrían sido desarticuladas todas las estructuras del Bloque Calima, a excepción del frente Pacífico. Si se hace un ejercicio simple de sumar el número de hombres que, según la Tercera Brigada, tiene el Bloque Calima en el Valle, daría como resultado 900 combatientes y descontándoles los 100 del Pacífico, esta cifra sería de 800. Como se mencionó, los desmovilizados fueron 557, habría que preguntarse entonces por la suerte de los 243 restantes.” Fundación Seguridad y Democracia, Desmovilización del Bloque Calima, 2005, pág. 1 - 2. 38. Guzmán, Álvaro; Moreno, Renata. “Autodefensa, Narcotráfico y comportamiento estatal en el Valle del Cauca” En: Parapolítica la ruta de expansión paramilitar y los acuerdo políticos. Corporación Nuevo Arco Iris. Intermedio Editores. Pág. 297. 39. Guzmán, Álvaro; Moreno, Renata. “Autodefensa, Narcotráfico y comportamiento estatal en el Valle del Cauca” En: Parapolítica la ruta de expansión paramilitar y los acuerdo políticos. Corporación Nuevo Arco Iris. Intermedio Editores. Pág. 297.

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mada, con armas largas y portando brazaletes con la sigla “AUV”… En el barrio La Cristalina de Buenaventura, Valle del Cauca, la Misión tuvo información sobre la posible conformación de un nuevo grupo de autodefensa, que por ahora está reclutando miembros y que todavía no ha entrado a operar propiamente militarmente… En el mismo departamento, la aparición de panfletos y graffiti de grupos que se hacen llamar “Bloque Central” (municipio de Riofrío) y Frente Social Común por la Paz (municipio de Tuluá) son elementos de seguimiento por parte de la Misión” 40. Esos grupos parecieran identificarse o estar muy relacionados con los ejércitos de los carteles del norte del Valle, que tuvieron una fuerte disputa entre 2004 y 2005. Por una parte, los “Machos”, patrocinados por “Don Diego”. Por otra parte los “Rastrojos”, liderados por “Varela”. Varios municipios superaron la tasa regional de homicidios e incluso la doblaron, como sucedió en Bolívar41. Sin embargo, los carteles del norte del Valle fueron afectados por varias operaciones de la fuerza pública en las cuales fueron capturados miembros importantes. En particular, fue determinante la cap-

tura de “Don Diego” a finales de 2007 y la muerte de “Varela” en 2008. Aun después de estos golpes, siguen presentándose acciones de grupos armados. Además existe el grupo “Águilas Negras”. Aunque las personas entrevistadas señalaron que no había prueba de su presencia física, este grupo ha enviado amenazas contra líderes, dirigentes sindicales y estudiantes, entre otras poblaciones. Dirigentes sindicales señalan que buscan mantener el control y poder de territorios y de intereses económicos, estratégicos y políticos. Como el Valle es un territorio influido por el narcotráfico, estos grupos hacen alianzas con el narcotráfico, para poder ejercer tal control. En Valle, siempre han existido relaciones entre el narcotráfico y los grupos armados ilegales, especialmente con el paramilitarismo. Los grupos siguen estando asociados con motivaciones que no obedecen exclusivamente a intereses relacionados con el tráfico ilegal de narcóticos, como lo comprueba la persecución de líderes sociales. Estos grupos generan intimidación sobre las víctimas e imposibilitan el reclamo de sus derechos. Así lo confirma el decimoprimero informe de la MAPP/OEA42.

40. Sexto informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia. Febrero 16 de 2006. Pág. 11. Ver También sexto informe Pág. 9. 41. “Dinámica Reciente de la Violencia en el Norte del Valle”. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 2006 Pág. 19. 42. “En algunas de las zonas del país, en las que diversas facciones armadas ilegales tienen presencia, las víctimas continúan sintiendo temor. En otros casos han sufrido intimidaciones y amenazas que impiden que presenten sus denuncias y participen activamente del proceso de Justicia y Paz. Por ejemplo, en Nariño, ante la existencia de varios actores ilegales armados, la población civil e incluso las autoridades locales sienten temor de participar activamente en el proceso y de efectuar denuncias sobre los hechos que las afectaron. Así mismo, en el Valle del Cauca las víctimas son escép-

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¿Cómo percibe la población rural del Valle todo este contexto? De acuerdo con la información recogida en la encuesta rural en el Valle, una mayoría muy significativa de la población considera que tanto los grupos paramilitares como los grupos guerrilleros, debido a las desmovilizaciones individuales y colectivas, se han debilitado. El 86% de la población afectada

y el 87% de la no afectada consideran que los grupos guerrilleros se han debilitado. El 87% de la población afectada y el 84% de la no afectada consideran que los grupos paramilitares se han debilitado. Sin embargo, se rechaza contundentemente la idea de que los grupos ya no existan: sólo el 1% de población afectada considera que los grupos gue-

rrilleros ya no existen, y el 1% de la población no afectada considera que los grupos paramilitares ya no existen. De otra parte, el 68% de la población afectada y el 72% de la no afectada consideran que a partir de las desmovilizaciones se han reducido los niveles de violencia en general.

h 1.2. antioquia En el año 2003, el conflicto en Antioquia estuvo signado por el combate entre el Bloque Metro, comandado por alias “Doble Cero” y el Bloque Cacique Nutibara, comandado por “Don Berna”, que se desmovilizó en noviembre de 2003. Desde finales de 2002 se confirmó que Carlos Mauricio García, alias “Doble Cero”, no entraría al proceso de negociación ya que aparentemente estaba en contra de la designación de reconocidos narcotraficantes (entre ellos “Gordo Lindo”, “Cuco Vanoy”, Miguel Arroyave, “Macaco” y especialmente “Don Berna”), como comandantes de las AUC. A raíz de lo anterior, las estructuras del Bloque Cacique

Nutibara y en menor intensidad el Bloque Central Bolívar, que operaba en el noreste de Antioquia, iniciaron una guerra contra el Bloque Metro en el oriente antioqueño.

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La decisión de no desmovilizarse habría llevado al inicio de una fuerte persecución por parte de la fuerza pública; pero también por parte de los paramilitares. La magnitud del desplazamiento en 2003, de acuerdo con OACNUDH, dejó zonas rurales casi desoladas, como algunas del oriente antioqueño43. A raíz de lo anterior, el Bloque Metro fue desarticulado y se dio la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara el 25 de diciembre de 2003, con 873 perso-

ticas, tienen desconfianza de las instituciones y temor debido a la presencia en la zona de las FARC, el narcotráfico y de los nuevos grupos armados”. Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos MAPP/OEA, Decimoprimero informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, junio 25 de 2008. 43. Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia, 2004.

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nas. Su desmovilización sería la primera de todas las que se llevarían a cabo. Su miembro representante para la desmovilización fue Giovanni Jesús Marín. Como en todas las regiones, se presentaron dudas sobre si todos los desmovilizados eran efectivamente paramilitares: “De acuerdo con el Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, el 0,53% de los desmovilizados provenía de las guerrillas; el 9,48%, del Ejército; el 37,38%, de bandas; el 4,54%, de otros frentes paramilitares. El 48,1% restante señalaba que no procedía de una organización previa” 44. De hecho, se presentaron denuncias acerca de que, después de la desmovilización continuarían ejerciendo control social e intimidando a la población, como lo registraron los informes de la MAPP/OEA45 y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos46. El poder sobre las comunidades y los mercados legales e ilegales de “Don Berna” se hizo evidente en mayo de 2005

cuando varias empresas de transporte público de Medellín suspendieron la prestación del servicio en protesta por la orden de trasladarlo desde el Centro de Reclusión de La Ceja a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.47. Además, como se conocería con posterioridad, varios miembros del Cacique Nutibara, antes de la desmovilización, se integraron a una nueva estructura paramilitar. El Bloque Héroes de Granada estaría compuesto por varios ex miembros del Cacique Nutibara, entre los que se encontraban miembros de bandas, según la Fundación Seguridad y Democracia cerca del 75% de los miembros de la nueva estructura eran de Medellín48. Como en otras partes del país, el acuerdo de cese de hostilidades y la desmovilización de los bloques no llevó al cumplimiento de los compromisos pactados en la negociación, como lo confirmó el Quinto Informe Trimestral de la MAPP/OEA49.

44. El Bloque Cacique Nutibara: La red. En: Revista Arcanos. Corporación Nuevo Arco Iris. No. 11. Diciembre de 2005. 45. Organización de Estados Americanos, Misión de Apoyo al Proceso de Paz – MAP/OEA, Segundo Informe Trimestral de Septiembre de 2004, pág. 12. 46. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia, Diciembre de 2004, pág. 5, 35 - 38. 47. Revista Semana, La entrega de “Don Berna”, mayo 30 de 2005. 48. Juan Carlos Garzón, Desmovilización del Bloque Héroes de Granada de las AUC, Fundación Seguridad y Democracia, 2005, pág. 3. 49. “De acuerdo con la verificación de la Misión se pueden señalar los siguientes territorios y las estructuras armadas de las AUC responsables de violar el cese de hostilidades en este último trimestre: … Oriente Antioqueño; principalmente los municipios de San Carlos, San Luis y San Rafael. Actor: Bloque Héroes de Granada”. Organización de Estados Americanos, Misión de Apoyo al Proceso de Paz – MAP/OEA, Quinto Informe Trimestral de octubre de 2005, pág. 8.

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En agosto de 2005, en San Roque, se desmovilizó el Bloque Héroes de Granada. Su comandante jefe fue “Don Berna”, quien desmovilizó a 2.033 personas. Esta desmovilización tampoco estuvo exenta de polémicas, debido a que “Don Berna” fue sindicado del asesinato del diputado Orlando José Benítez, su hermana y su conductor en abril de 2005. Este paramilitar habría ordenado el asesinato, presuntamente porque el diputado había hecho proselitismo político en el municipio de Valencia, Córdoba, sin su autorización, siendo esta zona un bastión y refugio del narcotraficante y comandante. Al parecer, los nuevos grupos que funcionan en la zona guardan una relación de continuidad con los anteriores. Según un desmovilizado individual en declaración ante un Fiscal Especializado de Medellín: “No hay diferencia entre cuando nos llamábamos Héroes de Granada y ahora. Lo único que ha cambiado es el nombre, nada más… Como todos se entregaban, cogieron gente nueva que no se fuera a desmovilizar y ya quedé yo, el cargo me lo asignaron a mí. Quedé al mando de 18 muchachos. Mi trabajo era prestar la seguridad de los barrios, arreglar problemas y cobrar unas platas… Cuando ese programa de desmovilización terminó, ellos regresaron. Algunos se fueron para sus casas y otros siguieron colaborando. Después seguí funcionando con los patrones, quienes nos dijeron que

como este grupo se había entregado no se podía seguir llamando Héroes de Granada, sino dejarlo así, los muchachos y nada más, porque los perjudicados eran ellos” 50. La MAPP/OEA, durante 2007, alertó sobre la aparición de posibles rearmes en Antioquia tras registrar el hallazgo de armamento de las AUC y verificar que en la región del Bajo Cauca “se presume opera una estructura de desmovilizados del BCB con sesenta (60) integrantes aproximadamente. En los cascos urbanos mantendrían el control de la población, vistiendo de civil y usando armas cortas. En el área rural estarían patrullando de camuflado, realizando detenciones temporales y requisando viviendas. El control social sobre las comunidades les permitiría monopolizar el control de las economías ilícitas” 51.

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Durante las entrevistas a instituciones, la Personería de Medellín y la ­Procuraduría señalaron que estaban recibiendo denuncias sobre la complicidad de fuerza ­pública en acciones de los grupos paramilitares, que seguían existiendo. La Procuraduría Provincial y la CNRR regional también denunciaron que los grupos siguen operando, en muchos casos bajo el nombre de “Águilas Negras”. Las mismas instituciones señalaron que los grupos, en todo caso, mantienen el control económico. Por su parte, las organizaciones sociales continúan presentando quejas de personas desmovilizadas que siguen delinquiendo

50. Revista Semana, Las Trampas a la Reinserción, 16 de Julio de 2007. 51. Organización de Estados Americanos, Misión de Apoyo al Proceso de Paz – MAPP/OEA, Octavo Informe Trimestral de Febrero de 2007, pág. 7.

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en los barrios, en las comunas, con control territorial, “vacunando”52, manejando préstamos, controlando buses de servicio público. También se han generado desplazamientos y ha habido ataques contra organizaciones sociales y líderes. La Procuraduría Regional, la Gobernación y la Alcaldía de Medellín consideran que los nuevos grupos no tienen una naturaleza contrainsurgente, sino que son estructuras del narcotráfico. Según algunos entrevistados, la Gobernación y Acción Social estarían rechazando la atención a víctimas de paramilitares después de 2005, bajo la consideración de que después de las desmovilizaciones, los paramilitares no existen más. Acción Social precisó frente a esta afirmación que los rechazos se producían después de un estudio caso por caso. De acuerdo con el informe Corregir el curso: Las víctimas y la Ley de Justicia y Paz en Colombia, del International Crisis Group: “No existe evidencia sólida de que nuevos grupos armados ilegales operen en la actualidad en el oriente antioqueño, pero pequeñas bandas criminales con vínculos con ex grupos paramilitares siguen teniendo presencia en muchos municipios. Se afirma que ex miembros de las AMM [Autodefensas del Magdalena Medio] todavía patrullan en pequeñas unidades en antiguas zonas paramilitares, como

San Francisco, San Carlos, Argelia, Sonsón y San Luis. Algunos se autodenominan Águilas Negras, pero es evidente que simplemente utilizan el nombre para sembrar terror en la comunidad y crear la ilusión de que los paramilitares siguen en la zona para impedir el retorno de las FARC” 53. Después de la extradición de varios jefes paramilitares y, en particular, de “Don Berna”, el conflicto armado en Antioquia ha estado marcado por la guerra entre la banda de “Don Mario y los “Paisas”, que serían los sucesores de “Don Berna” en la Oficina de Envigado. La razón de una guerra a muerte, que ha generado decenas de muertes y desplazamientos, sería la disputa por las rutas del narcotráfico, pero también las tierras que eran de propiedad de los paramilitares extraditados. Esta confrontación llevó al asesinato de Antonio López, alias “Job”, quien era de confianza de “Don Berna”. Las autoridades también considerarían la versión según la cual estos grupos pretenden provocar temor para que víctimas no reclamen las tierras.

52. La expresión “vacunar” se refiere a la extorsión económica realizada por los grupos armados al margen de la ley. Cuando un grupo ilegal “vacuna” a alguien implica que ese alguien pagó una suma o entregó un bien al grupo ilegal a cambio de preservar su integridad personal o la de sus bienes. 53. International Crisis Group, Corregir el curso: Las víctimas de la ley de justicia y paz en Colombia. Informe sobre América Latina No. 29, 30 de octubre de 2008.

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Igual que en Valle, una mayoría muy significativa de la población rural de Antioquia considera que los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros se han debilitado debido a las desmovilizaciones individuales y colectivas. El 83% de la población afectada y el 85% de la no afectada consideran que los grupos guerrilleros se han debilitado. El 77% de la po-

blación afectada y el 80% de la no afectada consideran que los grupos paramilitares se han debilitado. A pesar de la clara percepción de debilitamiento de los grupos, se rechaza contundentemente la idea de que ya no existan: sólo el 1% de población afectada y la no afectada considera que los grupos guerrilleros y los paramilitares ya no existen.

Ninguna persona afectada consideró que los grupos guerrilleros no existían. De otra parte, el 82% de la población afectada y el 81% de la no afectada consideran que a partir de las desmovilizaciones se han reducido los niveles de violencia en general.

h 1.3. montes de maría En 2002, debido a la decisión de entrar en un proceso de negociación con el Gobierno nacional, los grupos paramilitares habrían dejado de cometer masacres. Sin embargo, estos grupos continuaron con los asesinatos selectivos. El 14 de julio de 2005, en Buenavista, corregimiento de Santa Rosa del Sur, Bolívar, se desmovilizaron 594 paramilitares del Frente Héroes de los Montes de María, bajo la comandancia de “Diego Vecino”. Este Frente haría parte del Bloque Caribe, comandado por “Jorge 40”. Sin embargo, quien se desempeñaba como comandante real de los grupos en la zona era Rodrigo Antonio Mercado Peluffo, alias “Cadena”, sanguinario jefe paramilitar cuyo centro de operaciones se encontraba ubicado en la Finca El Palmar, centro de tortura y de desaparición. Sin embargo, “Cadena” desapareció en la zona de ubicación para las negociaciones, en Ralito. Allí apareció su camione-

ta quemada. Aparentemente, la razón de su desaparición habría sido la disputa de rutas con “Diego Vecino”. El segundo al mando habría sido “Juancho Dique”.

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Después de las desmovilizaciones, tres situaciones caracterizan esta región del país. En primer lugar, el mantenimiento de grupos armados asociados al narcotráfico y con participación de desmovilizados al mando de “Jorge 40”. Este jefe paramilitar entraría en la zona después de la desmovilización, cuando “Cadena” desapareció. Al mando de “Jorge 40”, los grupos armados buscarían mantener el control del narcotráfico, así como el control político y económico. La MAPP/OEA en el octavo Informe Sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia mencionó que la nueva organización de rearme paramilitar de Sucre proviene “del Atlántico y tendría como objetivo apoderarse del control económico y político que ejercía el desmovilizado Blo-

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que Montes de María. Esta organización habría contactado a las personas que administraban las finanzas del bloque en la zona y a personas e instituciones que venían siendo extorsionadas para apropiarse de esos recursos. Esta situación habría generado una disputa entre desmovilizados, produciendo varios homicidios” 54. Los nuevos líderes serían Miguel Villarreal Archila, alias “Salomón”; Wílmer Ignacio Guerreo, alias “Cabo Guerreo”; Yury Rodríguez, alias la “Araña”, “tres… ex policías… que se dedicaban a proteger y transportar cargamentos de droga del cartel del norte del Valle [y que estuvieron] encargados de negociar la [escandalosa] devolución… de un cargamento de tres toneladas de cocaína incautada por la Policía cerca de Barranquilla en agosto de 2002” (…) “Aunque no tiene un remoquete específico, las estructuras de ‘Salomón’ se presentan como paramilitares y, al igual que lo hacían los hombres del Bloque Norte, cobran vacunas, extorsiones y realizan ‘limpiezas sociales’ en diferentes lugares de la Costa. Para la ciudadanía, ‘Salomón’ es el comandante de lo que llaman ‘nuevos grupos paramilitares’. Para las autoridades, el grupo de ‘Salomón’, conformado por aproximadamente 200 hombres, es lo que han denominado bandas criminales emergentes” 55.

Adicional a la estructura antes descrita, el reporte de Indepaz sobre nuevas organizaciones de rearme paramilitar señala que en Sucre también opera el “Frente común social por la paz de Sucre”56. Organismos internacionales entrevistados reportaron que aunque la presencia de los grupos paramilitares es ahora más velada, hay un juego de violencia matizada y privada. Se menciona la existencia de redes de prostitución y explotación infantil en prostitución, preocupación elevada igualmente por la Gobernación de Sucre y por las organizaciones sociales. Respecto a las Águilas Negras, igual que en otras zonas del país, se tiene conocimiento de volantes en donde se ha amenazado de muerte a varias personas. Un segundo aspecto que caracteriza a Montes de María es su alto grado de militarización. Desde 2002, los Montes de María han sido objeto de una fuerte intervención militar que hasta el momento no ha cesado. A partir de la declaración de conmoción interior en agosto de 2002 por parte del Ejecutivo, Montes de María se convirtió en zona de “consolidación y rehabilitación”57, con consecuencias en los fuertes controles militares y atribuciones de limitaciones de derechos, como capturas y allanamientos sin orden judicial, en muchos casos, masivos.

54. Octavo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia. 3 julio 2007 Pág. 11. Ver También sexto informe Pág. 7 y 8. 55. Revista Semana, Jorge 40 Recargado, Noviembre 18 de 2006. 56. INDEPAZ “Informe Nuevos Grupos Paramilitares” 24 de Noviembre de 2007. Pág. 1. 57. Esta zona fue declarada como tal por un Decreto de conmoción interior a través del decreto 2929 de septiembre 9 de 2002. Este decreto rigió hasta el 29 de abril de 2003, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible la segunda prórroga del estado de conmoción interior, a través de la sentencia C-327 de 2003.

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Al mando de estas operaciones estuvo desde el principio el Coronel Colón, conocido como el “pacificador de los Montes de María”. Entre sus resultados más destacados se encuentra la muerte de los comandantes guerrilleros Martín Caballero en 2007, y su reemplazo en abril de 2008, que habrían obligado a la guerrilla a un repliegue hacia el sur del departamento. Sus acciones contra los grupos paramilitares habrían generado el rechazo de élites sociales y políticas de Sucre: “Influyentes personajes de la vida sucreña empezaron a pedir por distintas vías que sacaran [al coronel] Colón de la zona. Se quejaban de que la Armada sólo perseguía a las AUC y no a las FARC. Argumento que pretendía bajar la presión sobre los paras. La verdad es que el 95% de la tropa está destinado a las zonas donde operan las FARC y apenas el 5% en la lucha contra las AUC, dice Colón” 58. Este visible grado de militarización se ha fortalecido con la política gubernamental denominada Recuperación Social del Territorio, que se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, en lo que allí se denomina la Consolidación de la Política de Seguridad Democrática. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, la consolidación de la política de seguridad democrática tiene como objetivos estratégicos: “1. Consolidar el control territorial y restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio nacional. 

2. Generar, a través del uso legítimo de la fuerza y la política social, las condiciones de seguridad y bienestar social que presionen a los grupos armados ilegales a entrar a una verdadera negociación política o a desmantelarse.  3. Romper, en todos los eslabones de la cadena, la libertad y habilidad de los narcotraficantes para desarrollar su negocio y con ello avanzar hacia la eliminación del narcotráfico en Colombia.  4. Formar una fuerza pública moderna, con los más altos estándares éticos y morales, que cuente con la confianza y el apoyo de la población.  5. Desarrollar la Doctrina de ­Acción Integral, a través del esfuerzo ­combinado de la fuerza legítima, la ­política social y las acciones de las demás instituciones del Estado y la sociedad civil” 59.

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La Recuperación Social del Territorio se desarrolla a través del Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI) en nueve zonas del país, varias de las cuales se ubican en los diferentes departamentos en los que se realizó este estudio. Es el caso de: 1. La zona sur, en varios municipios de Meta, Guaviare y Caquetá; 2. En Apartadó, Medio y Bajo Atrato, en varios municipios de Antioquia, sin embargo, no en la zona de profundización de este estudio, que es oriente antioqueño; 3. En Buenaventura en el Valle; y, 4. En Montes de María. Sin embargo, de las cuatro regio-

58. Revista Semana, La estrategia inteligente, julio 17 de 2005. 59. Plan Nacional de Desarrollo 2006–2010, Estado Comunitario: Desarrollo para todos, pág. 37.

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la búsqueda de la paz: retos para la desmovilización de grupos ilegales y la reintegración de ex combatientes *B *

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nes estudiadas, en donde más visibles son sus efectos es en la región de Montes de María, al parecer, debido a que ésta habría sido la zona piloto para el desarrollo de esta estrategia de recuperación territorial. En desarrollo de esta política, la fuerza pública asume en los territorios el liderazgo de acciones sociales del Estado, realiza obras de infraestructura e incluso labores humanitarias. En este contexto, se critica que el desarrollo queda supeditado a una fuerza armada, aunque sea la institucional y, a su vez, esta situación pone en riesgo a una población civil para la que recibir apoyo de uno de los grupos armados implica una exposición y riesgo respecto de los otros grupos en conflicto armado60. En ese marco se han presentado varios procesos de retorno de población desplazada. Sin embargo, varias entidades, instituciones y organizaciones entrevistadas señalaron que las comunidades no encuentran condiciones para regresar, porque no cuentan con servicios sociales básicos para permanecer en sus lugares de origen. Igualmente se señaló que en algunos casos las comunidades se sentían presionadas para retornar. Un tercer y último factor que ha sido determinante en la región es el de la propiedad de las tierras. Montes de María es una región de gran riqueza en materia de tierras, por su fertilidad. Los conflictos sociales por las tierras han sido tradicionales desde los años 60, cuando se aprobó la Ley 135 de 1961 de reforma agraria. La implementa-

ción de esta reforma fue imposible debido a la oposición de sectores sociales y políticos de la región, oposición que además llevó a una fuerte persecución violenta a grupos de campesinos y de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), creada en 1968 para la implementación de la reforma. Todas las organizaciones e instituciones entrevistadas dieron cuenta de la existencia de un proceso masivo de compra de tierras por parte de personas que vienen del interior del país, particularmente de Antioquia. Esta situación estaría generando tanto desplazamiento forzado como voluntario. La finalidad de la adquisición masiva de tierras no es clara. De acuerdo con información dada por la CNRR, así como por organizaciones sociales, en la región se están adelantando macroproyectos para la extracción de gas natural, petróleo y la construcción de una gran troncal. Si bien algunas personas mencionaron que se estarían presentando presiones violentas para quienes no están interesados en vender, otras informaron que esto no es así y que además los precios que se pagan serían razonables. En todo caso, este proceso de compras resulta sumamente atrayente para campesinos que estarían recibiendo un precio razonable después de que la ola de violencia de principios de la década dejó las tierras desvalorizadas, casi hechas maleza, de manera que para recuperarlas debían invertir dinero del que no disponían. En esas condiciones, los campesinos no estaban usufructuando sus tierras, pero además era casi imposible venderlas.

60. Para conocer algunos elementos del debate ver: Hechos del Callejón, Ejes de Reflexión sobre la Recuperación Social, No. 36, junio de 2008.

panorama

Lo que parece ser evidente es que esa situación generará en algún momento conflicto social, debido a un enorme proceso de concentración de la tierra que no va a ser sostenible para campesinos pobres que están perdiendo su único capital.

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Al preguntar a través de la encuesta a la población rural de Montes de María sobre la situación de los grupos después de la desmovilización, casi la totalidad de la población cree que estos se han debilitado. En este aspecto, es la región estudiada que más percibe a los grupos armados ilegales como debilitados. El 93% de la población afectada y el 97% de la no afectada consideran que los grupos guerrilleros se

han debilitado. El 90% de la población afectada y el 92% de la no afectada estiman que los grupos paramilitares se han debilitado. A pesar de la clara percepción de debilitamiento de los grupos, se rechaza contundentemente la idea de que ya no existan: sólo el 1% de población afectada y el 0% de la no afectada consideran que los grupos guerrilleros ya no existen. El 4% de la población afectada y

la no afectada consideran que los grupos paramilitares ya no existen, siendo un poco más alta esta percepción respecto de estos grupos que en las otras r­ egiones. De otra parte, el 93% de la población afectada y el 96% de la no afectada consideran que a partir de las desmovilizaciones se han reducido los niveles de violencia en general.

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h 1.4. meta Existe información según la cual, habría existido un acuerdo para la división territorial entre las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), de alias “Martín Llanos”, y el Bloque Centauros (BC), de Miguel Arroyave: “Según Martín Llanos, en una reunión con Vicente Castaño –al parecer en el 2002– se acordaron los límites territoriales para cada uno de los grupos: el centro del Meta y la mitad inferior del Casanare,

a partir del río Cravo Sur fue asignada a las ACC y el resto del Meta al Bloque Centauros” 61. Las ACC no participaron de la negociación y entraron en una guerra con el BC tal que el Gobierno dio en 2004 un ultimátum según el cual, de no concentrase y desmovilizarse, se daría por terminado el proceso de negociación. En el cuadro que sigue se muestran los grupos con actuación en Meta, sus

61. Barraza, Cecilia. y Caicedo, Luz Piedad. “Mujeres entre mafiosos y señores de la guerra”. Humanas Centro Regional de DDHH y Justicia de Género, UNIFEM, Embajada de España, Agencia Española de Coo­peración Internacional. 2007. Pág. 38.

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Tras el reordenamiento de los paramilitares, desde agosto de 2005 hasta abril de 2006 se desarrollaron cinco ceremonias de desmovilización, aunque todos los grupos paramilitares actuaron en Meta, sólo dos se llevaron a cabo en este departamento (cuadro 2).

grupos paramilitares del meta Bloques que investiga la Fiscalía por influencia en Meta en azul. cuadro 1 *

la búsqueda de la paz: retos para la desmovilización de grupos ilegales y la reintegración de ex combatientes

disputas y su posición en los procesos de desmovilización ( cuadro 1).

AUTODEFENSAS DE META Y VICHADA (AMV) Los “Carranceros” José Baldomero Linares, alias “Guillermo Torres”

AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CASANARE (ACC)

BLOQUE CENTAUROS Los “urabeños” Miguel Arroyave

Los “buitragueños”

(Asesinado en septiembre de 2004, presuntamente por “cuchillo”, bajo órdenes de Vicente Castaño)

Hector Buitrago (hijo) alias “Martín Llanos” (no entró en la negociación)

Agrupó a algunos de ACCU llamados “urabaenses”, otros nativos de los llanos y cundiboyacenses, entre los que se encontraban Jorge Piraban Garnica, alias “pirata” y Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias “cuchillo”

800 hombres Para controlar este enfrentamiento, el Ejército desarrolla la operación “Santuario”. Según Martín Llanos esa operación era la comprobación del apoyo de las fuerza pública al Bloque Centauros, de hecho denunció que durante los combates en Caño Melón “las tropas del ejército le limpiaban el camino a los negros de Castaño” y que incluso en combates contra este bloque pudo contar bajas de miembros activos de la fuerza de contraguerrilla del Ejército .

FRENTE VICHADA DEL BLOQUE CENTRAL BOLÍVAR Alias “Macaco”

DERROTADAS POR BC

Confrontación por incumplimiento de control de tierras en Casanare. Las bajas de BC fueron mayores, pero la ventaja numérica en el ejército hizo la diferencia.

2000 o 4000 hombres

Operó en el noroccidente de Meta

Apoyo de BVA a BC en guerra con ACC

Bloque central Bolívar “Macaco”

Desintegración para la desmovilización

BLOQUE CENTAUROS

BLOQUE HÉROES DEL LLANO

Vicente Castaño

Alias “Pirata”

Alias “Mauricio”

Conocido como Bloque Meta antes de la desmovilización. Influencia en Puerto Gaitán, Puerto Meta y norte del Departamento.

Fue el bloque mayoritario, conservó el nombre pero se le conocía como “los paisas” o los “leales”, por su relación con el mando de las AUC.

VENCEDORES DE ARAUCA

BLOQUE GUAVIARE O HÉROES DE GUAVIARE “Cuchillo” (inicialmente se había desmovilizado con el Bloque Héroes del Llano) Sur del Meta y Norte de Guaviare.

cuadro 2 *

panorama

fecha g rupo dpto. mpio. comandante alias armas hombres zonas de influencia 06/08/ Autodefensas Meta Puerto José Baldomero Guillermo 232 209 2005 de Meta y Gaitán Linares Torres Vichada 03/09/ Bloque Casanare Yopal Vicente Castaño El Profe 705 1.135 2005 Centauros 24/09/ Frente Vichada Cumaribo Carlos Mario Macaco 282 325 2005 Vichada Jiménez del BCB 23/12/ Bloque Arauca Puerto Miguel Ángel Pablo 399 548 2005 Vencedores Gaitán Mejía Múnera Arauca de Arauca Héroes del Meta Puerto Manuel de Jesús Pirata 1.006 1.765 Llano Lleras Pirabán 11/04/ 2006 Héroes del Pedro Oliveiro Cuchillo Guaviare Guerrero Castillo

Después de la desmovilización, un fuerte grupo al mando de alias “Cuchillo” sigue operando en Meta. De acuerdo con información suministrada a la Fundación Social por la Defensoría del Pueblo, las tropas de “Cuchillo” tienen presencia en Mapiripán, Puerto Rico, e incluso Mesetas y Vista Hermosa. El grupo de “Cuchillo” se hace denominar Frente Contrainsurgente del Meta, aunque también es conocido como los “Cuchillos”. De acuerdo con información brindada por la Secretaría de Gobierno, en el departamento estarían funcionando también otros grupos como los “macacos”, que vendrían

Pto. López y Pto. Gaitán Granada, San Martín, El Dorado El Castillo, Lejanías, Fuente de Oro, Guamal, Puerto López, Puerto Gaitán, Cumaral, Barranca de Upía Occidente de Meta

Norte de Meta

Puerto López, Puerto Gaitán San Martín San Martín, Mapiripán, Norte del Guaviare

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siendo los herederos del BC. También operarían “Buitragueños”, a pesar de su derrota por parte del BC. Incluso, de acuerdo con la misma fuente, habría presencia de grupos de Víctor Carranza62. En términos de la Secretaría de Gobierno, estos grupos buscarían alcanzar un control económico, del territorio y del narcotráfico. Según Barraza y Caicedo, “se estima que en el Meta estarían actuando alrededor de 669 personas, sin contar a los integrantes de las ACC que no se desmovilizaron, articuladas a distintos grupos paramilitares concentradas particularmente en los municipios

62. Víctor Carranza, conocido como el “Zar de las Esmeraldas”, fue exonerado en 2003 por los delitos de concierto para delinquir y secuestro. Ha sido vinculado en diferentes oportunidades con el surgimiento de los grupos paramilitares en los Llanos orientales y Boyacá, así como con actividades de narcotráfico.

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la búsqueda de la paz: retos para la desmovilización de grupos ilegales y la reintegración de ex combatientes

de Granada, Mapiripán, Pto. Concordia, Pto. Gaitán, Pto. Rico, y San Martín” 63.

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Respecto a la aparición de nuevos grupos de rearme paramilitar, la MAPP/OEA informó en febrero de 2007 la aparición de un grupo que puede ser parte de la estructura de los “Cuchillos”, “en el corregimiento de La Cooperativa, en el municipio de Mapiripán, donde se ha tenido información de un reducto no desmovilizado del Bloque Héroes del Guaviare de aproximadamente 200 integrantes. La estructura estaría creciendo por medio de reclutamiento de desmovilizados y amenazando a aquellos que no desean incorporarse” 64. También señaló “el descubrimiento, por parte de la fuerza pública, de algunas caletas (depósitos clandestinos) de armas no entregadas por algunos bloques de AUC desmovilizados... La Misión ha recibido información acerca del hallazgo de armamento perteneciente a las desmovilizadas Autodefensas por parte de la fuerza pública –incautación de armamento y hallazgo de caletas–, en [el departamento del] Meta” 65. De acuerdo con información brindada por la Defensoría del Pueblo, aunque los “Cuchillos” aparentemente sólo están interesados en el negocio del narco-

tráfico, también parece haber un interés por la explotación de las tierras. La dinámica que se presenta parece consistir en que, en primer lugar hay fumigaciones que provocan el desplazamiento y el abandono de tierras. Luego arriban los grupos armados y copan los territorios para el posterior desarrollo de monocultivos. En las áreas dominadas por “Cuchillo” habría kilómetros de tierras sembradas de palma, lo que ha traído como consecuencia la valorización de la tierra. Esta situación se complementa por el hecho de que hay zonas de economía meramente cocalera donde la moneda es reemplazada por la coca, como Rincón del Indio. Ahora bien, otras entidades, como el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Gobernación del Departamento, afirman que las actividades de este grupo obedecen exclusivamente a los intereses del narcotráfico. Las nuevas estructuras de rearme paramilitar tendrían además un motivo que fomenta sus intereses por logar el control militar de algunas regiones, se trata de las regalías petroleras, concentradas en los municipios del nororiente de departamento, las cuales “desde me-

63. Barraza, Cecilia. y Caicedo, Luz Piedad. “Mujeres entre mafiosos y señores de la guerra”. Humanas Centro Regional de DDHH y Justicia de Género, UNIFEM, Embajada de España, Agencia Española de Cooperación Internacional. 2007, pág. 55. 64. Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos MAPP/OEA, Octavo informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, febrero de 2007, pág. 11. 65. Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos MAPP/OEA, Octavo informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, febrero de 2007, pág. 6 y 7.

panorama

diados de la década pasada, se constituyeron en un recurso más en disputa… [este hecho hizo que la] estrategia paramilitar pasara de centrarse en la apropiación de la tierra a buscar el control político de los municipios para manejar las regalías” 66. De acuerdo con información de la Comisión Colombiana de Juristas, el desplazamiento tiene una motivación que supera los objetivos meramente militares, “el despojo violento se pretende legalizar también a través del repoblamiento de los predios por personas civiles, algunas de las cuales actúan por necesidad, que resultan funcionales al proyecto económico de los grupos

paramilitares en la siembra de monocultivos para la agroindustria. En el Chocó y en el Meta, predios abandonados por las personas desplazadas como consecuencia de la actuación de los grupos paramilitares y de la fuerza pública han sido repoblados y utilizados en proyectos agroindustriales impulsados por los mismos victimarios” 67. Ahora bien, al igual que en los otros departamentos, las organizaciones sociales informaron que se siguen presentando amenazas, incluso a quienes participaron en la marcha del 6 de marzo de 2008, convocada a favor de las víctimas de agentes del Estado.

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Una mayoría muy significativa de la población rural de Meta considera que los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros se han debilitado debido a las desmovilizaciones individuales y colectivas. El 93% de la población afectada y el 95% de la no afectada estiman

que los grupos guerrilleros se han debilitado. El 92% de la población afectada y el 95% de la no afectada creen que los grupos paramilitares se han debilitado. A pesar de la clara percepción de debilitamiento de los grupos, igual que en otras regiones, se rechaza contun-

dentemente la idea de que ya no existan. De otra parte, el 95% de la población afectada y el 94% de la no afectada consideran que a partir de las desmovilizaciones se han reducido los niveles de violencia en general.

h 66. Barraza, Cecilia. y Caicedo, Luz Piedad. “Mujeres entre mafiosos y señores de la guerra”. Humanas Centro Regional de DDHH y Justicia de Género, UNIFEM, Embajada de España, Agencia Española de Cooperación Internacional. 2007. Pág. 40. 67. Comisión Colombiana de Juristas “Revertir el destierro forzado: protección y restitución de los territorios usurpados: obstáculos y desafíos para garantizar el derecho al patrimonio de la población desplazada en colombia”. 2006. Pág. 32, 33.

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Aunque no hay fórmulas mágicas para solucionar situaciones tan complejas de violencia, un proceso que potencialmente pueda conducir a la desarticulación del paramilitarismo debe partir de un adecuado diagnóstico de lo que es el paramilitarismo. Por razones obvias, las fórmulas de solución sobre un diagnóstico inadecuado no pueden tener la idoneidad para resolver el problema. El paramilitarismo ha sido mucho más que un ejército contrainsurgente que surgió por la ausencia del Estado. El paramilitarismo ha tenido fuerte arraigo regional, ha actuado conjuntamente con la fuerza pública, y ha sido el ejército de sectores políticos, económicos y sociales que, a través del poder armado y cruel de los grupos paramilitares, garantizó su éxito electoral y aseguró su poder económico en las regiones. Adicionalmente, el Estado colombiano ha sido declarado responsable por haber expedido un marco jurídico que propició la creación de los grupos paramilitares y ha encontrado que estos grupos han actuado, en numerosos casos, en complicidad con miembros de la fuerza pública: “76. De lo anterior se desprende que el Estado propició la creación de grupos de autodefensas con fines específicos,

pero éstos se desbordaron y empezaron actuar al margen de la ley. Al respecto, la Corte ha observado que dichos ‘grupos paramilitares son responsables de numerosos asesinatos […] y de una gran parte de las violaciones de derechos humanos en general’ cometidas en Colombia. Además, se ha demostrado ante este Tribunal ‘la existencia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y miembros de la fuerza pública en relación con hechos similares a los ocurridos en el presente caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes de la fuerza pública respecto de las acciones de dichos grupos’. En tales casos, el Tribunal ha declarado la responsabilidad internacional del Estado colombiano por haber incumplido ‘con su obligación de garantizar los derechos humanos [y, en ese sentido,] haber faltado a sus deberes de prevención y protección’” 68. En este contexto, es difícil suponer que el fenómeno paramilitar podría dejar de existir sólo porque se desmovilice su componente militar. Aunque la desmovilización de las estructuras militares es positiva, no lo es tanto, sin embargo, la renuencia a aceptar que es necesario también adoptar las medidas que sean del caso para cambiar las condiciones regionales, sociales e institucionales que favorecieron su creación y fortalecimiento.

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la búsqueda de la paz: retos para la desmovilización de grupos ilegales y la reintegración de ex combatientes

2. Una oportunidad: las investigaciones por la parapolítica

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68. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, noviembre 27 de 2008, párrafo 76.

panorama

Así, resultaría indispensable asumir medidas para transformar también las condiciones que permitieron el apoyo de sectores de la fuerza pública, de los organismos de seguridad del Estado y de fuerzas sociales y políticas que apoyaron o facilitaron su consolidación. En ese contexto, el descubrimiento del denominado “escándalo de la parapolítica” puede ser una oportunidad para avanzar en una solución integral al fenómeno paramilitar. Los vínculos entre grupos paramilitares y sectores políticos y sociales se han hecho evidentes a través de lo que se ha denominado el escándalo de la parapolítica. La parapolítica es el fenómeno de acuerdos y alianzas entre políticos y sectores sociales con los grupos paramilitares, para que el grupo armado pusiera su fuerza sanguinaria y militar a disposición de los intereses políticos y económicos de tales sectores. En una entrevista concedida a los investigadores de la Corporación Nuevo Arco Iris, Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, manifestó, que “a lo largo de 1999 y en los años siguientes, la cúpula de las autodefensas empezó a reunirse con dirigentes políticos regionales, con narcotraficantes, con empresarios, con algunos militares, que acudían a buscar colaboración para establecer fuerzas paramilitares en múltiples sitios del país. Aportaban dinero, armas, contactos regionales”.

La investigación mencionada señala también que la consolidación y la expansión paramilitar, especialmente entre 1999 y 2003, trajeron como consecuencia importantes cambios en el mapa electoral. De esta manera la investigación llegó a la siguiente conclusión: “En una gran ola de expansión, los paramilitares ganaron varias guerras y en ese proceso lograron modificar sustancialmente el mapa político en 12 departamentos, transformar parcialmente el de otros, establecer una gran bancada parlamentaria, influir en las elecciones presidenciales, capturar el poder local en diversas regiones del país y entrar en un proceso de negociación con el Estado” 69.

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Dentro de las investigaciones, se ha tenido conocimiento de numerosas reuniones entre políticos regionales y comandantes paramilitares. La más renombrada de ellas y primera conocida fue la que se dio en julio de 2001 en Santa Fe Ralito, donde se firmaría el pacto de la misma denominación. Dicho pacto consistía en un acuerdo que contaba con el respaldo de no pocos políticos que en 2002 llegarían a ser congresistas. También se conoce el pacto de Chivolo - Magdalena, firmado el 28 de septiembre de 2000 en una reunión con-

69. León Valencia, “Los caminos de la alianza entre los pararamilitares y los políticos”. En: Mauricio Romero (editor), Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, Serie Conflicto y Territorio, Corporación Nuevo Arco Iris, Cerec, primera edición, agosto de 2007, pág. 12.

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la búsqueda de la paz: retos para la desmovilización de grupos ilegales y la reintegración de ex combatientes *B *

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vocada por “Jorge 40” y a la que habrían asistido más de 400 personas, principalmente políticos regionales. El otro pacto conocido es el pacto de Pivijay – Magdalena, firmado en noviembre de 2001. La justicia adelanta investigaciones también por otros pactos regionales que se habrían realizado en Meta y Casanare, Urabá, Magdalena Medio y el eje cafetero70. En el 2002, el comandante p ­ aramilitar Salvatore Mancuso declaró que los ­grupos paramilitares habían ­obtenido el control del 35% del Congreso. Una vez en el Congreso, se abrió la posibilidad de influir fuertemente en las políticas nacionales. En efecto, los congresistas firmantes de los mencionados pactos participaron en el debate y votaron numerosas iniciativas legislativas, entre ellas la Ley de justicia y paz. Además, como congresistas han participado en la elección de quienes desempeñarían altos cargos del Estado, en la rama judicial y en los organismos de control. También han influido en la elección de cargos públicos en el nivel regional. De esta manera, la corrupción local que les sirvió de base para su llegada al Congreso ha podido, en algunos casos, retroalimentar el poder y el control local. Al mismo tiempo, después de varias investigaciones periodísticas sobre la materia, se presentó la incautación, por parte de la Fiscalía General de la Nación, del computador de alias “Don Antonio”, y

allí se encontraron detalles de los contactos entre alias “Jorge 40” y políticos. Para las elecciones de 2006, varias listas de partidos políticos para candidaturas al Congreso fueron purgadas. Sin embargo, los políticos fueron incluidos con posterioridad en otras listas y eventualmente fueron elegidos congresistas71. Entre 2007 y 2008 avanzaron procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia, principalmente contra congresistas. Inicialmente, en mayo de 2007 dictó orden de captura contra varios congresistas por haber participado en la reunión de Ralito. En la decisión, la Corte señaló que a través de la asistencia a esta reunión estos congresistas aceptaron un poder paraestatal ilegal en aras de beneficiarse de él: “El fenómeno de las Autodefensas Unidas de Colombia, que empezó a posicionarse en la Costa Atlántica a comienzos de los años 90, contó con el apoyo decidido de un amplio sector de la sociedad a partir de esa década, pero sólo a comienzos de la presente década el paramilitarismo se proyectó al campo político y comenzó a ocupar diferentes esferas de la administración pública y cargos de elección popular a través de candidatos apoyados por sus cabecillas. Sólo a comienzos del nuevo milenio parece idearse el proyecto de aquellos grupos ilegales de incidir de

70. Claudia López, Óscar Sevillano, Balance político de la parapolítica, Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris. 71. Semana.com, Breve guía práctica para entender todo el escándalo de la “parapolítica”, por: Élber Gutiérrez Roa, febrero 23 de 2007, www.semana.com/wf.InfoArticulo.aspx?idArt=101168

panorama

manera directa en la conformación de todos los cuadros regionales del poder público. Los aspirantes a elegirse jefes del ejecutivo territorial y miembros de corporaciones públicas del mismo nivel son entonces contactados y convocados por los dirigentes paramilitares con el propósito de pactar las nuevas reglas del juego o simplemente de imponer las propias. Asumido de esta manera el control del aparato político, municipios enteros fueron doblegados por estas organizaciones que además, en no pocos casos, impusieron igualmente sus agentes en cargos claves de las administraciones territoriales. Cuando se opta por compartir con el líder de la agrupación ilegal y se acude a una cita para acordar la refundación de la Patria y la suscripción del nuevo pacto social, es decir, cuando a pesar de que era posible asumir otra conducta la persona invitada acepta el poder ilícito a cambio simplemente de que le sea permitido continuar en el ejercicio de la actividad política, se promociona el paramilitarismo. Ese reconocimiento del agente del estado del poder paraestatal, que pretende copar las institucionales para usufructuarlas en beneficio particular, fortalece a la organización delictiva y por lo mismo constituye un claro acto de promoción, no derivado de la sola concurrencia a la reunión, sino también del comportamiento real que a partir de entonces y desde antes

en algunos casos asume el cumplido invitado. El documento de Ralito recoge un acuerdo entre paramilitares e invitados a la reunión que, diseñado sobre el propósito de refundar la Patria, a simple vista parecería no tener otra finalidad que la de lograr un acuerdo plausible; sin embargo, mirado desde otra perspectiva, el convenio que allí se plasma refleja la consolidación de propósitos ilícitos en los que el paramilitarismo estaba empeñado y a los cuales se plegaron los asistentes a la reunión” 72. Varios de los congresistas investigados renunciaron a su fuero constitucional, de conformidad con el cual es la alta Corte a quien le corresponde juzgarlos. Se ha debatido públicamente el hecho de que, al darse la competencia a jueces y fiscales ubicados en las regiones de influencia de los políticos, estos funcionarios judiciales no cuenten con las garantías para llevar a cabo investigaciones independientes que conduzcan a la justicia.

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Algunos firmantes del pacto han sido absueltos por la justicia posteriormente, debido a que se ha considerado que la firma del documento per se no configura el delito de concierto para delinquir. Algunos de los absueltos habían renunciado a su curul como congresistas, con lo cual la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia sobre sus procesos.

72. Corte Suprema de Justicia, decisión del 14 de mayo de 2007.

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Adicionalmente, en 2008 han empezado a quedar en libertad algunos políticos, especialmente aquellos que se acogieron a sentencia anticipada, debido a las rebajas a las que accedieron por la aceptación de los hechos –quienes lo hicieron–, o debido a que recibieron rebajas de penas por trabajo y estudio, o recibieron el beneficio de detención domiciliaria sustentando, en algunos casos, en el hecho de ser cabezas de hogar. A continuación se presenta la información más relevante de la parapolítica en cada región estudiada.

2.1. valle La justicia investiga a algunas de las personas mencionadas en la investigación “Los Caminos de la alianza entre los paramilitares y los políticos” 73, sin tener todavía decisiones definitivas sobre su presunta responsabilidad por recibir o dar apoyo a grupos paramilitares en el Valle. La Senadora Dilian Francisca Toro, del Partido de La U, fue citada por la Corte Suprema de Justicia el 7 de julio de 2008; su proceso por presuntos nexos con paramilitares está en etapa de investigación preliminar, lo que implica

que hasta el momento la instancia judicial no tenía pruebas para vincularla formalmente al proceso, aunque mantiene la investigación abierta. El senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, de Convergencia Democrática, fue llamado a rendir versión libre ante la Corte Suprema el 19 de septiembre de 2008 porque “según declaraciones de Hebert Velosa, alias ‘HH’, lo apoyaron los paramilitares en el Valle del Cauca para que obtuviera su elección en el año 2006. Alias ‘HH’ indicó que en los pagos de favores del Bloque Calima de las AUC a los narcotraficantes del Valle del Cauca, este senador de Convergencia Ciudadana tuvo cierta participación” 74. También se encontraba investigado el representante a la Cámara Luis Carlos Restrepo Orozco, del partido de La U. El 13 de agosto de 2008 rindió versión libre ante la Corte Suprema de Justicia 75.

2.2. antioquia De acuerdo con el documento: “La Ruta de la Expansión Paramilitar y la Transformación Política de Antioquia 1997–2007” 76,

73. Guzmán, Álvaro; Moreno, Renata. “Autodefensa, Narcotráfico y comportamiento estatal en el Valle del Cauca” En: Parapolítica la ruta de expansión paramilitar y los acuerdo políticos. Corporación Nuevo Arco Iris. Intermedio Editores. Págs. 287. 74. El Espectador, 24 de septiembre de 2008 (http://www.elespectador.com/node/40053) 75. El Espectador, 13 de agosto de 2008 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-luiscarlos-restrepo-rinde-version-libre-corte-suprema-0. 76. López, Claudia; “La ruta de la Expansión Paramilitar y la Transformación Política en Antioquia”, En: Para política la ruta de expansión paramilitar y los acuerdo políticos. Corporación Nuevo Arcoiris. Intermedio Editores. Págs. 146 y 164.

panorama

en esos diez años el mapa político del departamento pasó de ser protagonizado por el bipartidismo tradicional a ser dominado por un pequeño grupo de movimientos caracterizados por votaciones atípicas 77 en municipios específicos de marcado dominio paramilitar. El criterio de la atipicidad electoral no puede constituir prueba condenatoria de ninguna persona y sólo la justicia tendrá la última palabra. Sin embargo, la investigación es y ha sido un punto de partida importante para que la administración de justicia adelante su tarea. De acuerdo con el análisis de las elecciones a gobernación de 1997, 2000 y 2003, el oriente antioqueño no fue una excepción, ya que “presenta atipicidades altas (un candidato obtiene más del 70% de la votación) que han tendido a incrementarse. Mientras en 1997 se registraron sólo dos municipios con altas atipicidades, en 2000 fueron tres y en el 2003 cinco. Las atipicidades intermedias (un candidato obtiene entre el 50% y 70% de la votación) han crecido mucho más; de seis municipios en el 97 a 18 en el 2000 y 14 en el 2003. Tanto las atipicidades altas como las intermedias han favorecido

fundamentalmente al Partido Conservador y sus tendencias, esto es, al Movimiento Nacional Conservador y en el 2003 a la coalición encabezada por Cambio Radical” 78. Las elecciones para Congreso de 2002 y 2006 ratifican el cambio de los partidos tradicionales hacia Alas Equipo Colombia y Cambio Radical, precisamente este último concentra las mayores votaciones en ambos perídos para Senado encabezado por el Senador Rubén Darío Quintero79, quien el 27 de marzo de 2008 fue detenido al ser acusado “de concierto para delinquir agravado, por sus presuntos nexos con el ex jefe ‘para’ Freddy Rendón, alias el ‘Alemán’, comandante del bloque Élmer Cárdenas” 80. De acuerdo con Claudia López, “Rubén Darío Quintero… en las elecciones para el Congreso de 1998 sacó en la zona [Urabá] 37.611 votos y cuatro años después llegó a 65.850. Algo que sorprendió, pues Quintero no tiene lazos con la zona y su caudal político está en el oriente antioqueño, especialmente en Rionegro, de donde fue alcalde en varias oportunidades”81. Rubén Darío Quintero renunció a su fuero y fue llamado a juicio

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77. El concepto de atipicidad fue el criterio central en el que se basó el análisis propuesto por la autora y se refiere al porcentaje de votos obtenidos por un partido o por un candidato durante la elección analizada. En general, votaciones en donde un candidato o partido obtiene más del 50% del total de los votos del municipio fueron consideradas atípicas. Para más claridad ver: Claudia López, “La ruta de la Expansión Paramilitar y la Transformación Política en Antioquia”, En: Para política la ruta de expansión paramilitar y los acuerdo políticos. Corporación Nuevo Arcoiris. Intermedio Editores. Págs. 146 y 164. 78. Ibíd. Pág. 150. 79. Ibíd. Pág. 173. 80. El Tiempo. Fue capturado el senador Rubén Darío Quintero por presuntos vínculos con los paramilitares. Justicia. Marzo 27 de 2008. 81. Revista Semana. El Turno de Antioquia. 14 de Abril de 2007.

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la búsqueda de la paz: retos para la desmovilización de grupos ilegales y la reintegración de ex combatientes

el 21 de noviembre de 2008; a diciembre de 2008 no se había dictado sentencia.

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La Revista Semana publicó que “Don Berna” tendría nexos con “congresistas como Rocío Arias y Carlos Arturo Clavijo… así como [con] varios diputados y concejales de Medellín, el oriente de Antioquia y Córdoba”82. Sin embargo, la ex representante Arias sólo ha mencionado a un alcalde de San Carlos83, con esta excepción y la del senador Óscar Suárez Mira, no existe mucha más información que vincule al jefe del Bloque Héroes de Granada con políticos.

El ex senador Clavijo se acogió a sentencia anticipada al aceptar “que sí recibió apoyo económico y político de las autodefensas durante la contienda electoral de 2002, por lo cual aceptó los cargos imputados por el delito de concierto para delinquir agravado… Clavijo ha sido señalado en repetidas oportunidades como una de las cuotas del paramilitarismo en el Congreso de la República, por parte del cabecilla de las autodefensas en proceso de judicialización Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’” 84. El

presentante se presentó a las elecciones parlamentarias de 2002 bajo el Movimiento Convergencia Popular Cívica, el cual obtuvo grandes votaciones en el noreste y el Magdalena medio antioqueño, así como en el municipio de Sonsón.

14 de octubre de 2008 fue “condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito especializado de Antioquia, por el delito de concierto para delinquir […] deberá pagar una pena de 45 meses de prisión y una multa de 3.250 salarios mínimos legales mensuales luego de que la justicia comprobara sus vínculos con el paramilitarismo” 85.

Carlos Arturo Clavijo era un ganadero del Magdalena medio que lideró el movimiento de no al despeje del sur de Bolívar, mediante un paro campesino y el bloqueo de varias carreteras, con el fin de impedir la autorización de una zona de despeje en la que se realizaran diálogos de paz con el ELN. Tal movimiento ocurrió en paralelo con la arremetida paramilitar a los campamentos de esa organización en el sur de Bolívar.

Por su parte, Rocío Arias, quien era periodista y corresponsal de varios noticieros de televisión, a su llegada al Congreso como representante a la Cámara impulsó proyectos de ley que beneficiaban abiertamente a los comandantes paramilitares, como la prohibición de la extradición. Junto con la también Representante Eleonora Pineda, gestionó la sesión del Congreso en la que fueron recibidos Salvatore

La dupla Clavijo senador y Arias re-

82. Revista Semana. Los Secretos de “Don Berna”. 14 de Julio de 2007. 83. Revista Semana. “Yo ayudé al brazo político de las AUC, pero no soy paramilitar”: Rocío Arias. 22 de Enero de 2008. 84. El Periódico, Clavijo se acoge a sentencia anticipada, 3 de abril de 2008. 85. Diario Vanguardia Liberal, 14 de octubre de 2008, http://www.vanguardia.com/archivo/10325-condenado-carlos-clavijo-por-vinculos-con-las-autodefensas

panorama

Mancuso, Ramón Isaza e Iván Roberto Duque86. Rocío Arias se acogió a sentencia anticipada y fue condenada por un juzgado especializado de Medellín por el delito de concierto para delinquir agravado a 45 meses de prisión. La sentencia se profirió a mitad de julio de 2008 87. Por último, el senador de Alas – Equipo Colombia Óscar Suárez Mira, conductor de buses y reconocido líder comunitario en el municipio de Bello, llegaría a ser alcalde, en parte por su relación con Hugo Albeiro Quintero, empresario dueño de Bellanita de Transportes88 a quien le extinguieron el dominio de sus bienes por sus relaciones con Vicente Castaño89, fundador y líder de las Autodefensas Unidas de Colombia en compañía de su hermano Carlos, desmovilizado el 3 de septiembre de 2006 con el Bloque Centauros y quien se retiró del proceso en 2006 tras la orden del gobierno de recluir a los jefes desmovilizados en una cárcel de máxima seguridad. A la fecha se presume muerto. El Senador Óscar Suárez Mira se desempeñó como Primer Vicepresidente del Sena-

do90 en el período legislativo 2008-2009. La Corte abrió investigación preliminar en su contra el 11 de abril de 2007, quiere esto decir que la Corte no cuenta aún con elementos probatorios suficientes para vincularlo formalmente al proceso. En igual situación se encuentra el representante Mauricio Parodi, quien fue presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol y Secretario de Salud de Bello. Ambos tuvieron votaciones atípicas en ese municipio durante las elecciones de 2006. El primero obtuvo el 80% de la votación para Senado, y el segundo, el 60% del total de la votación del municipio para la Cámara de Representantes. Además de esto, Suárez Mira fue el mayor elector del departamento, con más de 70 mil votos 91. Según la Revista Semana, Suárez Mira “es hermano de la actual alcaldesa de Bello, Olga Lucía, cuyas amistades han generado dudas. Según las versiones, el clan de

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los Suárez Mira es muy cuestionable. Por eso, la misma noche en que Óscar resultó electo senador, 35 desplazados llegaron a la Personería de Medellín. Llevaban la queja de que grupos armados los sacaron de sus

86. Revista Semana, La Fiscalía llama a la ex congresista Rocío Arias para que responda sí recibió respaldo de los paras, 24 de Septiembre de 2007. 87. Revista Semana on-line, 16 de julio de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo. aspx?idArt=113636 88. Hugo Alberto Quintero era dueño de la empresa de buses Bellanita de Transportes y se le acusa de presuntos vínculos con la organización de Vicente Castaño, en los municipios de Bello, Yolombó, Cisneros y Turbo, en Antioquia. Fue capturado el 25 de septiembre de 2008, y está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. 89. El Colombiano, Elecciones 2006. Candidatos Congreso, 2006. 90. Página Web de la Cámara de Representantes, 20 de julio de 2008. http://abc.camara.gov.co/prontus_senado/site/artic/20080720/pags/20080720211130.html 91. El Colombiano, Suárez y Parodi irán a la Corte, 2006.

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2.3. montes de maría Los vínculos entre grupos armados ilegales y sectores políticos y sociales han afectado de manera especial los Montes de María. Un buen resumen de esta relación se encuentra en la sentencia en la que la Corte Suprema de Justicia condenó al ex representante a la Cámara Eric Morris y que se transcribe a continuación: “A partir de 1996, sin desconocer que en los años anteriores de esa década grupos armados ilegales habían operado en Sucre y llevado a cabo atentados contra la población, empezaron

a actuar en la región organizaciones paramilitares que se proclamaron como expresión de los movimientos de autodefensas ya existentes en otros lugares del país y que adujeron como razón fundamental de su establecimiento hacer frente a los grupos guerrilleros. Se reaccionaba así a quienes bajo la declaración de hacer la revolución terminaron sometiendo a los habitantes a través de la violencia, recurriendo las nuevas asociaciones armadas ilegales a prácticas similares a las que se ­buscaba contrarrestar, obteniendo como ­resultado su consolidación a través de masacres sucesivas, ­desplazamiento forzado de personas, apropiación de tierras y copamiento de grandes superficies. Esas organizaciones, cuyos líderes intentarían justificar posteriormente sus desmanes en el abandono en el cual los dejó el Estado –a expensas de las fuerzas criminales de la guerrilla–, establecieron vínculos desde el principio, entre otros, con empresarios agropecuarios y políticos, quienes en no pocas oportunidades se convirtieron en parte de la agrupación, como sucedió en Sucre con el ganadero Joaquín García Rodríguez y con el entonces congresista Álvaro García Romero, relacionados como asistentes a una reunión realizada en 1997 en la hacienda Las Canarias de propiedad del político y ganadero Miguel Nule Amín, a la cual concurrió Salvatore Mancuso Gómez y que re-

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tierras porque no habían votado por aquel candidato… Los resultados en Antioquia no pudieron ser más satisfactorios para su campaña. Allí obtuvo un total de 65.496 votos. Los [bellanitas] han denunciado que muchos de ellos se obtuvieron porque el día de las elecciones, personas conocidas por trabajar con paramilitares pasaron en una camioneta gritando que todos debían salir a votar por Suárez. Les advertían que era mejor ‘que se les viera realmente’”. Según investigaciones periodísticas, Suárez fue visitado en la sede de su campaña por varios lugartenientes de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”. Los testimonios dicen que era frecuente ver a Fabio Acevedo, comandante del bloque Cacique Nutibara de las AUC, entrar a su despacho 92.

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92. Revista Semana. El Turno de Antioquia. 14 de Abril de 2007. Ver también: Daniel Coronel. Ni Tan Bello. Revista Semana. 4 de Julio de 2007.

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sultó trascendental en la expansión del paramilitarismo en el departamento de Sucre” 93. Según revelaciones del senador Gustavo Petro durante el debate sobre parapolítica realizado en el Congreso en el 2006, la principal aliada política del jefe paramilitar de Montes de María, alias “Cadena”, era la ex representante a la Cámara Muriel Benito Rebollo. Ella habría intervenido para que la esposa de “Cadena” no fuera capturada durante los operativos de la Armada en los que él era buscado y nunca promovió un solo debate de denuncia sobre las arbitrariedades de los hombres de “Diego Vecino” ni de “Jorge 40” en la región 94. Unas grabaciones publicadas por la

rante 20 años el 17 de diciembre de 2008 96. Como se mencionó, Eric Julio Morris, ex gobernador y ex representante a la Cámara por Sucre fue condenado por la Corte Suprema de Justicia el 19 de diciembre de 2007. El 15 de julio de 2008 le concedieron la detención domiciliaria97. También la ex representante a la Cámara Muriel Benito Rebollo fue condenada el 25 de febrero de 2008 a 47 meses de prisión por nexos con paramilitares, y hoy está cumpliendo su pena en prisión domiciliaria98. Adicionalmente, algunos de los políticos investigados se encuentran en libertad por cumplimiento de pena. (cuadro 3)

Revista Semana corroborarían esa tesis 95.

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Pero las conexiones entre comandantes del Frente Héroes de Montes de María no se reducirían a una representante, el escándalo de la parapolítica en Sucre tiene numerosos implicados, aunque la justicia no se ha pronunciado contra todos ellos. El ex senador Álvaro García Romero fue inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación para ejercer cargos públicos du93. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia condenatoria contra Eric Morris, 19 de diciembre de 2007. 94. Revista Semana, El imperdonable, febrero 12 de 2006. www.semana.com/wf.InfoArticulo. aspx?IdArt=92057 95. Revista Semana, Grabaciones confirman que las relaciones de varios congresistas con los paramilitares eran mucho más cercanas de lo que hasta ahora se conoce, 19 de marzo de 2007. www.verdadabierta.com/web3/ nunca-más/asesinatos/periodistas/353-grabaciones.de-parapoliticos 96. Diario Vanguardia Liberal, 17 de diciembre de 2008, http://www.vanguardia.com/pais/103pais/15613-alvaro-garcia-romero-fue-destituido-e-inhabilitado-por-20-anos 97. El Tiempo, 18 de julio de 2008, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3019039 98. Revista Semana, 25 de febrero de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=109693

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cuadro 3 *

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Johnny Villa Diputado

Vicepresidente de la Asamblea departamental por el partido Liberal. En octubre de 2007 se acogió a sentencia anticipada y “reconoció que asistió a una reunión en Santa Marta con gente de ‘Jorge 40’, en enero de 2006” 99.



Obtuvo la libertad en junio de 2008 tras cumplir con las “tres quintas partes de una pena por sus vínculos con paramilitares, es decir, un año, 8 meses y 16 días en la cárcel de La Vega, Sincelejo” 100.



Johnny Villa, además, es hermano de Fredy Villa, quien en unas grabaciones publicadas por la Revista Semana, aparece en una reunión entre políticos y paramilitares de Sucre. En dichas grabaciones se señala que Fredy Villa es “miembro de la organización”, es decir, de los grupos paramilitares 101.

Ángel Daniel Diputado Villareal Barragán

Acusado de que su campaña fue financiada por “Cadena”. Era Presidente de la Asamblea Departamental por el Movimiento Nacional Progresista. Quedó libre en junio de 2008 tras cumplir “con las tres quintas partes de su condena (20 meses) por concierto para delinquir agravado”102.

Nelson Stamp Diputado Berrío

Ex inspector de Policía y ex abogado del representante a la Cámara Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilse López, la ‘Gata’ 103. De acuerdo con el libro Las comadres de la parapolítica, él habría sido el encargado de gestionar los acuerdos políticos entre paramilitares y la clase política de la región 104. En junio de 2007 fue condenado a tres años de cárcel. El Juzgado Único Penal Especializado de Sincelejo le estableció además una multa equivalente a mil salarios mínimos mensuales vigentes 105.



“Confesó que su curul en la Asamblea de Sucre la alcanzó gracias al apoyo que recibió del bloque paramilitar ‘Héroes de los Montes de María’” 106. El 22 de enero de 2008 cumplió la pena por concierto para delinquir agravado “pero sigue preso por otro proceso en Sabanalarga (Atlántico)” 107. A finales de diciembre de 2008 la Procuraduría elevó pliego de cargos en su contra por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares108.

99. El Tiempo, octubre 7 de 2007, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2681977 100. El Tiempo, junio 14 de 2008, http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/2008-06-14/salio-de-la-carcel-primer-condenado-por-parapolitica-en-sucre-el-ex-diputado-jhony-villa-uparela_4273444-1 101. Revista Semana, Así se cuajó la conspiración parapolítica, noviembre 11 de 2006. www.semana.com/wf_ InfoArticulo.aspx?IdArt=98171 102. El Tiempo, 17 de junio de 2008, http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/2008-06-17/quedo-enlibertad-ex-presidente-de-la-asamblea-de-sucre-involucrado-en-parapolitica_4300464-1 103. Empresaria de los juegos de suerte y azar, detenida desde 2006, acusada de lavado de activos y peculado por apropiación. Actualmente en prisión domiciliaria por homicidio agravado y concierto para delinquir. Recaen sobre ella sospechas por sus relaciones con el paramilitarismo. 104. Juan Carlos Giraldo, Las comadres de la parapolítica, Editorial Intermedio, 2008, pág. 84. 105. El Tiempo, junio 22 de 2007, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3607357 106. El Tiempo, junio 22 de 2007, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3607357 107. El Tiempo, junio 22 de 2007, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3607357 108. El Espectador, 29 de diciembre de 2008, http://www.elespectador.com/articulo102576-procuraduriaabre-pliego-de-cargos-contra-benitorevollo

panorama

Otros políticos regionales se encuentran investigados109 y otros ya han sido absueltos: Jairo Merlano Ex alcalde Renunció al fuero y fue absuelto por el Juzgado 3º Especializado de Sincelejo de Bogotá de todos los cargos por nexos con paramilitares, el 19 Senador de junio de 2008110. El caso se encuentra en apelación111. William Montes Senador Renunció al fuero y fue absuelto el 19 de agosto de 2008. El caso se encuentra en apelación112. Luis Carlos Ex La Fiscalía precluyó la investigación en su contra el 2 de Ordosgoitia Representante septiembre de 2008, pues “de acuerdo con el ente acusador, se comprobó que, a diferencia de otros políticos, Ordosgoitia no se benefició electoralmente con la firma del pacto [de Ralito] porque era funcionario del Gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, que gobernó de 1998 a 2002”113.

109. Entre ellos se encuentran: José María Conde, representante a la Cámara. La Corte Suprema abrió investigación preliminar en su contra el 23 de febrero de 2008 (Caracol Radio, Otros dos congresistas Jose María Conde y Sandra Arabella Velásquez, fueron vinculados al escándalo de “parapolítica”, febrero 22 de 2008, www. caracol.com.co/notas.aspx?id=553127). Jorge Luis Feris Chadid, ex representante a la Cámara y hermano del comandante paramilitar Salomón Fersi Chadid, quien fue llamado a juicio en septiembre de 2008 por haber firmado el pacto de San José Ralito; se encuentra prófugo de la justicia (Radio Santa Fe, Confirman Resolución de Acusación contra cinco de los firmantes del “Pacto de Ralito”, www.radiosantafe.com). Walberto Estrada, ex diputado de Sucre, indígena, investigado por haber firmado el pacto de Santa Fe Ralito, y quien no se acogió a sentencia anticipada y fue llamado a juicio y se encuentra detenido desde 2006 (www.semana.com, Tiem-

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blan los políticos, 30 de septiembre de 2006, www.semana.com/wf_infoartúculo.aspx?idart=97304). Jairo Fernandez Quessep, ex representante, está siendo investigado preliminarmente y no se encuentra privado de la libertad (Caracol Radio, Ex paramilitar rinde testimonio en investigación contra Jairo Fernandez Quessep por “parapolítica” septiembre 4 de 2007, www.caracol.com/nota.aspx?id=475752) Salvador Arana, ex gobernador de Sucre quien el 29 de mayo de 2008 fue capturado en Santa Marta (El Espectador del 29 de mayo de 2008), y sobre quien su abogado admitió que Arana “se reunió con grupos paramilitares, pero aclaró que lo hizo en desarrollo de gestiones de paz” (Caracol Radio, agosto 20 de 2008, http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=655473). En diciembre de 2008 se revelaron amenazas en contra de uno de sus principales testigos (El Nuevo Día, Ibagué, 12 de diciembre de 2008, http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/politica/notas-politicas/2727-amenazascontra-el-testigo-en-juicio-de-salvador-arana-seran-llevadas-a-los-estrados.html). Jorge Anaya, gobernador, sobre quien alias el “Oso” mencionó que “Diego Vecino” ordenó apoyar su candidatura. El 21 de agosto de 2008 se entregó al CTI de la Fiscalía por la investigación que le inició dados sus “presuntos vínculos con el bloque Héroes de los Montes de María de las AUC” (Caracol Radio, 21 de agosto de 2008, http://www.caracol.com.co/ nota.aspx?id=656365). En octubre de 2008 “La Fiscalía le concedió el recurso de suspensión provisional de la privación de la libertad por estado de enfermedad” (Radio Santa Fe, octubre 20 de 2008, http://www.radiosantafe.com/2008/10/20/ex-gobernador-de-sucre-jorge-anaya-hernandez-recobro-su-libertad/). 110. El Espectador, 19 de junio de 2008, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-absuelven-excongresista-jairo-merlano-procesado-parapolitica. 111. Claudia López, Oscar Sevillano, Balance político de la parapolítica, Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris. 112. Claudia López, Oscar Sevillano, Balance político de la parapolítica, Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris. 113. El Espectador del 3 de septiembre de 2008, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-libertad-ex-congresista-luis-carlos-ordosgoitia.

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En prensa también se han presentado informaciones que relacionarían a otros políticos regionales con representación en el Congreso, pero que no tienen investigaciones abiertas por la justicia.

2.4. meta La injerencia de los paramilitares en las elecciones para alcaldes y gobernadores en Meta habría sido evidente de acuerdo con la investigación de Nuevo Arco Iris, varias veces citada: “El caso más escandaloso se presenta en las elecciones regionales donde al principio existían cinco candidatos a la gobernación… [los paramilitares] hicieron renunciar a tres de ellos” 114, el candidato que no aceptó renunciar, Euser Rondón, ex alcalde de El Dorado y quien también tenía reconocidas relaciones con paramilitares del Bloque Centauros fue asesinado en Bogotá” 115 (…) “En este contexto electoral se inscriben los asesinatos de la diputada Nubia Inés Sánchez y un ex gobernador del Meta, precedidos en unos días por el del ex alcalde de Villavicencio López Robayo” 116.

Posteriormente, se dio a conocer información periodística que comprometería a los gobernadores de Casanare, Miguel Ángel Pérez, y Meta, Edilberto Castro, con los grupos paramilitares. Los vínculos consistirían en redes de corrupción que robaban dinero del erario vía contratos que terminaban en manos de los grupos armados. El ex gobernador del Casanare fue condenado en 2006 a seis años de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia “al hallarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito de particulares” 117. El Gobernador de Meta, por su parte, fue condenado a 40 años de prisión “por el triple homicidio de los dirigentes políticos Eusser Rondón Vargas, Nubia Inés Sánchez Romero y Carlos Javier Sabogal Mojica, en hechos ocurridos el 13 de septiembre de 2004, en el municipio de Tocancipá (Cundinamarca)” 118. Ambos gobernadores habrían partici­pado en una “reunión de coordinación”, en la que se habrían comprometido a seguir instrucciones de alias “Martín Llanos”, quien nunca se acogió al proceso de negociación del Gobierno 119. La destitución de los dos gobernadores, especialmente la del gober-

114. “Los caminos de la alianza entre los paramilitares y los políticos” ASDI. Corporación Nuevo Arco Iris. Pág. 8. 115. Gonzáles, José Jairo. “Los paramilitares y el Colapso Estatal en Meta y Casanare” En: Parapolítica la ruta de expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Corporación Nuevo Arco Iris. Intermedio Editores. Págs. 325. 116. Gonzáles, José Jairo. “Los paramilitares y el Colapso Estatal en Meta y Casanare” En: Parapolítica la ruta de expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Corporación Nuevo Arco Iris. Intermedio Editores. Págs. 325. 117. Caracol Radio, 28 de julio de 2006, http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=313810 118. El Espectador, 30 de septiembre de 2008, http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-fiscalia-se-abstiene-de-asegurar-ex-senador 119. Claudia López, Óscar Sevillano, Balance político de la parapolítica, Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris.

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nador del Casanare, quien fue grabado en video mientras recibía dinero de los paramilitares, al parecer enviado por miembros de las ACC, no detuvo la relación entre la clase política y los paramilitares. De acuerdo con la investigación de Nuevo Arco Iris, y con fundamento principal en el concepto de votaciones atípicas, se habrían presentado situaciones dignas de investigación judicial en las elecciones de 2006120. De acuerdo con tal documento, en términos generales, el impacto de los grupos armados en la gobernabilidad de los municipios se puede denominar de “subordinación, y, en algunos casos, de colapso, de las administraciones locales y de los sistemas de representación electoral frente a las presiones de los paramilitares en los cascos urbanos”121. De acuerdo con la Corporación Nuevo Arco Iris, algunos congresistas actuales tendrían relaciones con grupos paramilitares en Meta. Luis Carlos Torres, de Cambio Radical, es mencionado en investigaciones de la Fiscalía en las cuales se dice que “el desaparecido jefe paramilitar Miguel Arroyave había pactado un acuerdo político y económico con Edilberto Castro y Luis Carlos Torres a cambio de que ejerciera presión armada contra Rondón, asegurando el control del territorio”. El ex congresista renunció a su fuero y fue llamado a

indagatoria por la Fiscalía el 2 de octubre de 2007. A finales de septiembre de 2008 “la Fiscalía citó nuevamente al ex congresista para ampliar su diligencia de indagatoria y, de paso, formularle cargos por el delito de concierto para delinquir por sus presuntos nexos con las autodefensas” 122.

3. Los programas de reintegración de ex combatientes A continuación se presenta, de manera principalmente descriptiva, la información más relevante en lo relacionado con el avance de los programas de reintegración dirigidos a ex combatientes desmovilizados en las cuatro regiones en las que el estudio se desarrolló a profundidad.

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3.1. participantes en programas de reintegración y nivel educativo De acuerdo con información recibida de la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), a septiembre de 2008, en el Valle del Cauca había 1.174 personas participan-

120. Gonzáles, José Jairo. “Los paramilitares y el Colapso Estatal en Meta y Casanare” En: Parapolítica la ruta de expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Corporación Nuevo Arco Iris. Intermedio Editores. Págs. 325. 121. Gonzáles, José Jairo. “Los paramilitares y el Colapso Estatal en Meta y Casanare” En: Parapolítica la ruta de expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Corporación Nuevo Arco Iris. Intermedio Editores. Pág. 334. 122. El Espectador, 30 de septiembre de 2008, http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-fiscalia-se-abstiene-de-asegurar-ex-senador

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do en los programas de reintegración, 1.071 hombres (91%) y 103 (9%) mujeres. De estas personas, 542 se habían desmovilizado colectivamente (46%) y 632 individualmente (54%). 387 personas que participan en el programa tienen entre 18 y 25 años (33%); 604 entre 24 y 40 años (51%) y 160 es mayor de 40 años (13%). En relación con el nivel educativo de las personas participantes, 119 adelantan estudios de primaria dentro del programa (10%), 148 de secundaria (12,6%) y 4 universitaria (0,3%), mientras que 903 no adelantan estudios en la actualidad (76,9%). La mayoría de las personas desmovilizadas de los Bloques Calima y Pacífico son afrodescendientes y venían de población muy pobre y vulnerable. En Antioquia había 8.360 participantes en los programas de reintegración, 7.689 hombres (91,9%) y 671 mujeres (8,02%). De estas personas, 7.428 se habían desmovilizado colectivamente (88,85%) y 932 individualmente (11,1%). 2.350 personas que participan en el programa tienen entre 18 y 25 años (28,1%); 5.205 entre 24 y 40 años (62,2%) y 744 es mayor de 40 años (8,8%). En relación con el nivel educativo de las personas participantes, 2.036 adelantan estudios de primaria dentro del programa (24%), 2.619 de secundaria (31,32%) y 75 universitaria (0,8%), mientras que 3.520 no están adelantando estudios en la actualidad (42,1%). En lo referente a Montes de María, no es posible tener datos cuantitativos integrados de acuerdo con los municipios que componen la región, debido a que no corresponde a una división político administrativa.

Por consiguiente, se tomarán los datos de Bolívar y Sucre. En ambos departamentos, para septiembre de 2008, había 1.451 participantes en los programas de reintegración, 813 en Bolívar y 638 en Sucre. En Bolívar, 93 son mujeres (11,4%) y 720 hombres (88,56%); mientras que en Sucre 34 son mujeres (5,32%) y 604 hombres (94,67%). En Bolívar, 714 se habían desmovilizado colectivamente (87,8%) y 99 individualmente (12,17%); en Sucre, 577 personas se desmovilizaron colectivamente (90%) y 61 individualmente (9,56%). En Bolívar, 191 personas que participan en el programa tienen entre 18 y 25 años (23,48%); 534 entre 24 y 40 años (65,68%) y 81 es mayor de 40 años (9%). En Sucre, 154 personas que participan en el programa tienen entre 18 y 25 años (24,1%); 433 entre 24 y 40 años (67,86%) y 43 es mayor de 40 años (6,7%). En relación con el nivel educativo de las personas participantes, en Bolívar 293 adelantan estudios de primaria dentro del programa (36,03%), 286 secundaria (35,17%) y 5 universitaria (0,61%), mientras que 229 no adelantan estudios en la actualidad (28,1%). En Sucre 175 adelantan estudios de primaria dentro del programa (27,42%), 272 secundaria (42,6%) y 11 universitaria (1,72%), mientras que 179 no adelantan estudios en la actualidad (28,056%). En Meta, había 1.090 participantes en los programas de reintegración, 937 hombres (85,96%) y 153 mujeres (14,03%). De estas personas, 638 se habían desmovilizado colectivamente (58,53%) y 452 individualmente (41,46). 291 personas que participan en el programa tienen entre 18 y 25 años (26,69%); 590 entre 24 y 40 años (54,12%)

panorama

y 105 es mayor de 40 años (9,63%). En relación con el nivel educativo de las personas participantes, 294 adelantan estudios de primaria dentro del programa (26,9%), 415 secundaria (3,07%) y 14 universitaria (1,28%), mientras que 366 no adelantan estudios en la actualidad (33,57%). De lo anterior se resalta que en Valle el nivel educativo de los desmovilizados en el programa es muy inferior comparativamente con las otras regiones. Igualmente, se destaca que Antioquia y Montes de María son regiones de recepción de personas que se han desmovilizado colectivamente.

cuadro 4 *

A pesar de los bajos niveles educativos de la mayoría de la población desmovilizada, dentro del programa se han presentado progresos en el nivel educativo de los participantes. (cuadro 4)

Sin embargo, estos avances siguen siendo insuficientes dado el alto porcentaje de personas desmovilizadas que no acuden a los programas de educación provistos por el programa. El documento del Consejo de Política Económica y Social (CONPES) sobre reintegración señala algunos propósitos en esta materia. En primer lugar, señala que las secretarías de educación prestarán el servicio a través de los establecimientos de educación pública para adultos. Igualmente, señala que desde que se da la desmovilización individual, mientras que esté en el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa, la ACR coordinará con las instituciones competentes el levantamiento del perfil educativo de la persona desmovilizada. Para quienes se encuentran en proceso de reintegración, se diseñará una estrategia de atención y la definición de la oferta necesaria para iniciar los correspondientes niveles de estudios.

B

Transformación educativa de la población desmovilizada al momento de la desmovilización, a julio de 2008

Al momento de la desmovilización Perfil educativo

A julio de 2008

co l e c t iva

individual

col e ct i va



Analfabeta

8,19%

11,79%

1,40%

0,61%

Primaria

51,59%

59,99%

41,68%

47,90%

Secundaria

39,15%

27,60%

53,04%

47,14%

1,06%

0,62%

3,89%

4,35%

individual

Educación Superior

Fuente: PAHD-Mindefensa y ACR123

123. Documento Conpes 3554, Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y Grupos Armados Ilegales, aprobado diciembre 1 de 2008, pág. 16.

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Igualmente, el CONPES señala que el Ministerio de Educación, con el apoyo de la ACR, trabajará en la sensibilización de las autoridades locales con la finalidad de que a través de los Comités Regionales de Educación, se incluya en los Planes de Desarrollo de Educación a la población en proceso de reintegración. El Ministerio de Educación, con el apoyo de la ACR, formulará orientaciones técnicas para la atención diferencial de la población desmovilizada. El CONPES señala que la ACR financiará, por demanda, cursos pre – Icfes. ACR y el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), a través de un fondo cuenta, financiarán la matrícula o sostenimiento de programas de educación superior, a través de un convenio en el que se aporta el 50% que no es objeto de devolución, y un 50% que es objeto de crédito y que se apoyará en recursos de cooperación internacional y sector privado. Por otra parte, el CONPES proyecta una estrategia para el estímulo a la permanencia y la disminución de la repetición escolar, con el ánimo de reducir la deserción al 9%. Esto se pretende hacer a través de capacitación y actualización de docentes en educación diferencial para población en proceso de reintegración. Adicionalmente, señala que se iniciarán estrategias para la garantía de bienestar estudiantil de la población en proceso de reintegración, también con el apoyo de las secretarías de educación de municipios y gobernaciones. Señala, por último, que se aplicarán las estrategias para que los beneficios económicos de la población desmovili-

zada estén condicionados a su inclusión y permanencia en el sistema educativo.

3.2. reintegración económica y social De acuerdo con lo encontrado en la investigación de campo, así como en otras fuentes, el programa presenta dificultades en la reintegración económica. A pesar de los importantes avances en el establecimiento del programa, el nivel de empleo y, por consiguiente, de auto sostenibilidad económica de las personas desmovilizadas participantes del programa es insuficiente. En Valle, de las 1.174 personas, sólo 10 se encuentran trabajando (menos del 1%) y 6 desarrollando proyectos productivos (menos del 1%), mientras que 262 están en programas de formación para el trabajo (22,31%). En Antioquia, de las 8.360 personas participantes en el programa, sólo 21 se encuentran trabajando (menos del 1%) y 96 desarrollando proyectos productivos (poco más del 1%), mientras que 1.881 están en programas de formación para el trabajo (22,5%). En Montes de María, se hace un estimado a partir de las cifras de los departamentos de Sucre y Bolívar. En Bolívar, de las 813 personas participantes en el programa, sólo 1 se encuentra trabajando y 3 desarrollando proyectos productivos, mientras que 220 están en programas de formación para el trabajo (27,06%). En Sucre, de las 638 personas participantes en el programa, sólo 5 se encuentran trabajando (menos del 1%) y

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ninguna está desarrollando proyectos productivos, mientras que 253 están en programas de formación para el trabajo (39,65%). Dentro de los convenios con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la ACR y la Federación de Ganaderos (FEDEGAN) de Sucre, ha realizado un diplomado en mayordomía y negocios ganaderos. En Meta, de las 1.090 personas participantes en el programa, sólo 20 se encuentran trabajando (menos del 2%) y 30 desarrollando proyectos productivos (menos del 3%), mientras que 263 están en programas de formación para el trabajo (24,12%). Quienes no se encuentran trabajando prestan un servicio social que es un programa creado por la ACR como herramienta para la participación social de la población desmovilizada y alternativa de reintegración a su comunidad, buscando una formación en competencias ciudadanas y laborales. El servicio social puede comprender dos tipos de actividades: i. Actividades comunitarias a través de la concertación entre Policía Comunitaria y convenios de cooperación con alcaldías municipales; ii. Actividades como salvavías124 a través de la concertación con la Dirección de Tránsito y Transporte, el Fondo de Prevención Vial y el Ministerio de Transporte. En el momento, no se dispone de cifras regionales sobre los participantes en pro-

gramas como salvavías y comunitarios. Sin embargo, de acuerdo con información suministrada por ACR, a diciembre de 2008 se habían inscrito 2.328 participantes, de los cuales 1.071 son comunitarios y 1.257 salvavías. Igualmente, todas las personas inscritas habían sido capacitadas en competencias ciudadanas por la Fundación para la Reintegración en Barrancabermeja, Tarazá y Tierralta; y con la Fundación FES Social en Medellín, Apartadó, Carepa, Necoclí, Caucasia, Mutatá, Arboletes, Malambo, Barranquilla, Cartagena, Magangué, Mompós, Sogamoso, Manizales, Chinchiná, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Quibdó, Sahagún, La Apartada, Montería, Bogotá, Mosquera, Riohacha, Neiva, Santa Marta, Granada, San Martín, Villavicencio, Pasto, Tumaco, Cúcuta, Armenia, San José del Guaviare, Pereira, Bucaramanga, Sincelejo, Ibagué, El Espinal, Cali, Palmira, Tuluá y Cartago. ACR reporta que en la actualidad desmovilizados participantes de este programa desarrollan el servicio social en 48 municipios.

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La escasa vinculación laboral y a proyectos productivos parece obedecer a varias razones. En primer lugar, al bajo nivel educativo de la mayoría de personas desmovilizadas en el programa, especialmente en Valle, donde el bajo nivel de escolaridad es alarmante. Aunque se están desarrollando esfuerzos para involucrar a los desmo-

124. El Programa Salvavías se desarrolla con “personas reinsertadas, que apoyan de manera pedagógica y educativa la labor de la policía en las carreteras, especialmente en fechas como la Semana Santa (…) los cuales no están armados y están bajo la dirección y supervisión de la Policía Nacional”. Tomado de www.presidencia.gov.co, noticias de abril de 2006.

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vilizados en espacios de formación para el trabajo, este esfuerzo es insuficiente, pues sólo cobija alrededor del 25% de la población inserta en el programa, siendo el nivel más alto el de Sucre (39%), que sin embargo es bajo, porque el 61% de la población no se encuentra en dicho proceso. En segundo lugar, a la falta de receptividad de parte de la comunidad y, en particular, de las empresas para otorgar empleos a las personas desmovilizadas. Esta situación es corroborada por las cifras de la encuesta125. El servicio social parece ser una alternativa interesante de reintegración. Sin embargo, igual que la vinculación laboral, tiene una cobertura muy baja y enfrenta iguales dificultades. Estas dificultades han sido reconocidas incluso en la Política de Reintegración proyectada en el documento CONPES 3554 que menciona: “Entre los principales obstáculos al proceso de reintegración, se encuentran los asociados con: i) el perfil de los desmovilizados, que dificulta su inclusión social y económica; ii) en algunos casos, la falta de articulación, disponibilidad, pertinencia, suficiencia y oportunidad de la oferta de servicios a nivel local y nacional que faciliten su proceso de reintegración; y iii) la falta de receptividad de algunos sectores de la sociedad y de las comunidades víctimas de la violencia armada” 126. Para enfrentar estas dificultades, el CONPES señala que el “reto de la estrategia de

formación para el trabajo es consolidar un proceso que responda a las necesidades de los sectores productivos y al interés de la población en proceso de reintegración”. Para este fin ACR asesora y ofrece cursos de formación a personas en proceso de reintegración, que tengan en cuenta sus perfiles e intereses, así como las condiciones de mercado de las regiones en las que residen. La formación la continuará ofreciendo el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y las Entidades de Capacitación (ECAP) contratadas por la ACR. Para promover la permanencia en el empleo, el CONPES señala que se capacitará a la población en proceso de reintegración en el conocimiento de normas de una empresa, la relación con la autoridad, la disciplina, la presentación personal y el trabajo en equipo. Por otra parte, se continuará con la estrategia de planes de negocios, en los que la ACR facilitará el análisis técnico, comercial y financiero de los mismos. La estrategia estará acompañada y asesorada a lo largo de todo el proceso, no sólo en las primeras fases del negocio, sino aun después de consolidado. Se ofrecerá también asesoría empresarial, asistencia técnica, formación gerencial, entre otras. Por último, se facilitará el acceso de la población a los programas de asignación de tierras, en el marco de la Ley 1152 de 2007, asesorando a la población desmovilizada.

125. Ver: acápite sobre reconciliación. 126. Documento Conpes 3554, Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y Grupos Armados Ilegales, aprobado diciembre 1 de 2008, pág. 18.

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3.3. salud física y mental de la población desmovilizada A pesar del bajo nivel de vinculación laboral, la mayoría de los desmovilizados se encuentra afiliada al régimen de salud. Así, en Valle el 83% están activos en el sistema de salud; en Antioquia, el 95%; en Bolívar, el 88%; en Sucre, el 87%, y en Meta, el 84%. En todo caso, la brecha no es menor y se debería dar cobertura total. Además, como lo menciona el documento CONPES de reintegración, las entidades territoriales cuentan con contratos de prestación de salud con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), pero la información está desactualizada, lo que afecta también la cobertura y la oportunidad en la prestación del servicio127. Adicionalmente, la población en proceso de reintegración, no en pocos casos, manifiesta patologías mentales y el consumo de sustancias psicoactivas, que no son adecuadamente atendidas y que impiden o dificultan el proceso de reintegración128. El CONPES reitera la necesidad de lograr la afiliación total de la población desmovilizada al régimen subsidiado de salud, delegando esto en las entidades territoriales. Para ese fin, además, el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), según el CONPES, asumirá los costos del 100% de los cupos requeridos para el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas

Sociales (SISBEN). Por su parte, las EPS entregarán prótesis de miembros inferiores para el 100% de la población desmovilizada que lo requiera. Para la población que tenga problemas de adicción a sustancias psicoactivas, la ACR dispondrá su traslado a instituciones de atención especializada. El CONPES señala que se promoverá la formación y capacitación especializadas de profesionales en psicología y trabajo social para que puedan dar una atención especializada, de acuerdo con las particularidades de la población desmovilizada. De otra parte, señala que se incluirá esta población y su familia en actividades culturales, recreacionales y deportivas, en particular en el Programa Nacional de Mejoramiento de la Condición Física y Nutricional y en el Programa Deporte y Recreación para Todos, que ejecuta el Ministerio de Cultura a través del Instituto Colombiano para el Deporte (Coldeportes).

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Estas medidas, de acuerdo con el CONPES, se complementarán con programas de promoción de salud y prevención de enfermedad dirigidos a población desmovilizada, pero también a comunidades receptoras. Con esa finalidad, el CONPES plantea que el Ministerio de Protección Social, las secretarías de salud y las EPS, trabajarán en la transformación de condiciones de salud de los desmovilizados y sus familias en salud mental, prevención y reducción del consumo de sustancias psico-

127. Documento Conpes 3554, Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y Grupos Armados Ilegales, aprobado diciembre 1 de 2008, pág. 21. 128. Ibídem

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activas, violencia intrafamiliar, salud sexual y reproductiva y estilos de vida saludables, servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes e implementación de una Política Nacional de Seguridad Alimentaria. Por otra parte, el CONPES señala que se realizarán Brigadas de Salud para incrementar la cobertura y acceso al sistema y, la ACR adelantará estudios de cultura en salud y levantará cifras de morbilidad de la población para fortalecer la estrategia de intervención en salud. Por último, con el apoyo de la Superintendencia de Salud, se aplicarían encuestas para medir niveles de satisfacción en los servicios de salud.

3.4. retraso en los pagos El programa ha presentado serios problemas para el pago del apoyo económico para la reintegración, especialmente en Valle. De acuerdo con información de la ACR, en Valle, sólo el 40% de los desmovilizados recibe el apoyo económico, y el 35% lo recibe sólo por 4 meses. En Antioquia, la ACR reconoce que ha habido retrasos para el pago por el cambio de software en la implementación de pago por resultados. El retraso en los pagos también parece obedecer al hecho de que estos se encuentran centralizados en Bogotá, debido a la necesidad de aplicar controles fiscales. En Montes de María, aseguran que son muy pocos los reclamos por retraso en los pagos y se dan porque están haciendo auditoría en registros psicosociales y cum-

plimiento de objetivos. Según la ACR, en Sucre, se mandaron 703 registros a Bogotá y rechazaron varios porque no tenían todas las condiciones, pero en general, ACR regional afirma que los pagos llegan al día. En Meta, la ACR tampoco mencionó dificultades especiales o relevantes en los pagos. Adicionalmente, debido a los cambios introducidos en el programa de reintegración, desmovilizados que venían recibiendo alrededor de $800.000 mensuales, pasaron a recibir $400.000 en octubre de 2007. La intención fue la de unificar la situación de las personas desmovilizadas, individual y colectivamente. Sin embargo, al igualar por el monto menor, se generaron deserciones y desconfianza en el programa por el cumplimiento de compromisos. Esta situación afectó incluso a quienes están cumpliendo con los requerimientos del programa y ha traído serias consecuencias. En primer lugar, ha generado falta de credibilidad del programa por parte de la población desmovilizada, por lo cual se corre el riesgo de que busquen otras alternativas diferentes a la reintegración. Esta situación ha tenido manifestaciones en Valle, incluso violentas, contra la sede de ACR y sus funcionarios, lo que ha provocado la renuncia de algunos funcionarios de la entidad en dicha región.

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3.5. situación de seguridad de población desmovilizada Existen graves problemas de seguridad para la población desmovilizada, los asesinatos de personas desmovilizadas lo comprueban. En Valle, de enero a septiembre de 2008, 13 personas desmovilizadas habían sido asesinadas. Aunque se presentaron asesinatos en Bolívar y Sucre, incluso en Sincelejo y Cartagena, ninguno de ellos se presentó en los municipios de los Montes de María. En Meta, fueron asesinadas 10 personas desmovilizadas en el mismo período. Aunque la hipótesis principal sobre estas ejecuciones está relacionada con venganzas y retaliaciones entre grupos de narcotraficantes, también hay casos en que las guerrillas están interesadas en victimizar a esta población129. En Antioquia, también entre enero y septiembre de 2008, habían muerto 110 personas desmovilizadas, por homicidio. Algunas

autoridades y entidades entrevistadas señalaron que a pesar de la gravedad de esta situación, se considera que no se han efectuado todas las investigaciones y que no se ha dado seguimiento a estos hechos. Había, entre otras hipótesis, una según la cual los grupos armados ilegales buscan reclutar desmovilizados que, cuando se niegan, son amenazados y algunos asesinados.

3.6. ausencia de pérdida de beneficios de desmovilizados que reinciden A pesar de la evidente reincidencia de personas desmovilizadas, en Valle ninguna de ellas ha perdido los beneficios. De acuerdo con ACR, el 5,4% de los desmovilizados del Valle han sido capturados, lo que equivale a 63 personas; el 30% de las capturas a desmovilizados en el departamento fueron hechas en la ciudad de Buenaventura.

B

129. Según Guzmán y Moreno “En la zona de Galicia, lugar donde se realizó la entrega de armas, según una desmovilizada, las FARC habrían retenido y torturado a un compañero suyo para que delatara a los demás excombatientes de las AUC que se encontraban en la zona”. Guzmán, Álvaro; Moreno, Renata. “Autodefensa, Narcotráfico y comportamiento estatal en el Valle del Cauca” En: Parapolítica la ruta de expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Corporación Nuevo Arco Iris. Intermedio Editores. Págs. 297. Por su parte, la MAPP/ OEA reseña que “en barrios de Buenaventura, Valle del Cauca (área de influencia del ex Bloque Calima), después de la captura de un desmovilizado, hubo una violenta dinámica que arrojó 14 desmovilizados muertos; 6 en zona rural de Palmira y en Florida, Valle (también del ex Bloque Calima)” confirmando el riesgo que sufre esta población. Sexto Informe Trimestral Del Secretario General Al Consejo Permanente Sobre La Misión De Apoyo Al Proceso De Paz En Colombia. Febrero 16 de 2006. Pág. 11. Ver también decimoprimero informe Trimestral Del Secretario General Al Consejo Permanente Sobre La Misión De Apoyo Al Proceso De Paz En Colombia. Junio 25 de 2008. Pág. 10.

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A pesar de lo anterior, en Valle la pérdida de beneficios no se ha dado debido a que hace falta una sentencia judicial. La suspensión de beneficios ni siquiera se hace en casos de flagrancia, como el porte de armas, mientras que los desmovilizados siguen recibiendo los beneficios jurídicos y socioeconómicos sin que estén contribuyendo a la paz. En todo caso, es fundamental que la rama judicial les dé prioridad a la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los casos de reincidencia. En Antioquia, 517 desmovilizados han sido capturados por reincidencia, lo que corresponde al 4.9% de todos los desmovilizados que se encuentran en programas de reintegración. Se han producido 7 actos administrativos de pérdida de beneficios en Medellín. Según información dada por ACR, en todo caso, la suspensión se da provisionalmente en el momento de la detención, pero ésta es definitiva cuando hay sentencia. En Meta, 52 desmovilizados han sido capturados por su participación en grupos armados ilegales y 5 han sido dados de baja. Sobre Montes de María, no fue posible obtener información. Adicionalmente, de acuerdo con información brindada por ACR a la Fundación Social, no pocos desmovilizados estarían portando armas legalmente, lo cual resulta ser un desconocimiento de un compromiso de la desmovilización, cual debe ser el desarme, especialmente aquél avalado por las entidades estatales que autorizan el porte de armas. De acuerdo con información de ACR, desmovilizados incluidos en el programa

han tenido situaciones de violencia intrafamiliar. Estas situaciones han sido tramitadas a través del apoyo psicosocial que reciben los miembros del programa. Dado que la violencia intrafamiliar es un delito que afecta especialmente a mujeres, niños y niñas, resulta muy grave que un nuevo factor de impunidad de este hecho se propicie debido a que las mujeres deben cargar con la responsabilidad de no generar la pérdida de beneficios para sus compañeros, o porque entienden que deben contribuir a la viabilidad de los programas de reintegración. La responsabilidad por reincidencia es crucial por varias razones. En primer lugar, porque es una manera de hacer sostenible el proceso, rodeándolo de credibilidad. Es apenas normal que la población no confíe suficientemente en la población desmovilizada y que las empresas no quieran darles empleo si quienes participaron en un grupo responsable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra siguen incumpliendo sus compromisos de desmovilización y no reincidencia, y no hay consecuencias. Esta situación mina la credibilidad del proceso de negociación y las condiciones para avanzar regionalmente hacia la reintegración de las personas desmovilizadas que sí están cumpliendo sus compromisos. Por otra parte, el hecho de que no haya consecuencias de pérdida de beneficios para los reincidentes alienta la reincidencia, pues muestra que no hay consecuencias punitivas por volver a delinquir. El documento CONPES de reintegración señala la “tentación” que para los desmovilizados implica el hecho de que las condiciones de seguridad y de orden público sigan siendo graves:

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“En cuanto a las condiciones de seguridad y orden público, algunas de las zonas de ubicación de la población en proceso de reintegración se caracterizan por estar influenciadas por la cadena productiva del narcotráfico (producción, procesamiento y comercialización), el contrabando de recursos naturales y mercados laborales ilegales. Por otro lado, en estos territorios es significativa la presencia de GAI, de milicias, pandillas y combos. Es decir, en ellas conviven los saboteadores que pueden llegar a afectar el proceso de reintegración, al ofrecer a los desmovilizados medios y recursos ilegales que incentivan el retorno a la violencia” 130. Sin embargo, dicho entendimiento del problema es limitado. Sin lugar a dudas, como se vio antes en el capítulo sobre la desmovilización de los grupos paramilitares, en todas las regiones existen grupos que siguen actuando con fuerte influencia del narcotráfico. Sin embargo, estos ataques se dan en el marco de un conflicto armado, donde los grupos son producto, por lo menos en parte, de la desmovilización incompleta de los grupos paramilitares. En ese marco, dichos grupos siguen persiguiendo líderes sociales, sindicales, estudiantiles, defensores de derechos humanos, entre otros. Adicionalmente, muchos de estos grupos amedrentan a las víctimas, impidiendo el ejercicio y los re-

clamos de su derecho a la justicia. Así, las víctimas observan que quienes siguen delinquiendo no asumen consecuencias por el incumplimiento de sus compromisos. Esta situación, de hecho, vulnera además el deber del Estado de adoptar garantías para la no repetición de los hechos. En este marco, resulta indispensable complementar la política de reintegración con una política no sólo militar, sino judicial y de prevención y desarticulación de los grupos armados en sus componentes militares, políticos y económicos.

3.7. incertidumbre sobre la situación jurídica de las personas desmovilizadas

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Los programas de reintegración siguen cobijando personas cuya situación jurídica no ha sido resuelta. De acuerdo con información de ACR, a diciembre 13 de 2007, el 81% de las personas participantes en el programa tenía su pasado judicial tramitado. Sin embargo, muchas de las personas desmovilizadas ni siquiera rindieron la versión libre que debieron haber rendido durante el proceso de desmovilización. En la sentencia del 11 de julio de 2007 de la Corte Suprema de Justicia se estableció que los miembros de grupos paramilitares no cometían delitos políticos, por lo cual no podrían acceder a los beneficios jurídicos señalados en el Decreto 128 de

130. Documento Conpes 3554, Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y Grupos Armados Ilegales, aprobado diciembre 1 de 2008, pág. 25.

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2003131 y tendrían que someterse a la ley, es decir, deberían ser postulados a la Ley 975 de 2005. Sin embargo, los desmovilizados siguen siendo atendidos por ACR y no han sido sometidos a la justicia. Al respecto, el documento CONPES de reintegración señala que: “La ACR construirá un inventario con el detalle de la condición jurídica de los desmovilizados. Es decir, levantará un ‘historial de procesos’ entre otras con la información que recoja de la Fiscalía General de la Nación (FGN), para diseñar una estrategia regional que permita detectar faltantes y acciones a seguir. Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, la FGN, con el apoyo de la ACR, realizará brigadas para recepcionar las versiones libres pendientes, de tal manera que se logre evacuar el 100% de los atrasos. Paralelo a ello, y con recursos de la cooperación, se continuará con el fortalecimiento de los sistemas de información que contienen los expedientes con el registro de las versiones libres que reposan en la FGN. Al mismo tiempo, la ACR con el acompañamiento de la FGN, el Consejo Superior de la Judicatura y el Departamento Nacional de Planeación, diseñarán un plan que permita acelerar

la resolución de la situación jurídica de las personas que cometieron delitos políticos. Este plan además, propondrá mecanismos que ayuden a los fiscales y jueces que conocen de los casos de la población desmovilizada, a notificar y oficializar los beneficios jurídicos a los organismos de seguridad del Estado y a las entidades responsables de la reintegración social y económica, una vez se obtenga el marco jurídico que corresponde”. Sin duda, ha habido muchos tropiezos debido a que no se ha tomado suficientemente en serio el hecho de que la respuesta jurídica a la situación legal de ex combatientes no es fácil. Aunque muchos de ellos no tenían mando dentro del grupo, es altamente probable que hubieran participado en los crímenes. Esto se puede inferir de dos hechos. El primero, la mayoría de las masacres, por ejemplo, eran cometidas por tropas de centenares de hombres. Es el caso de la masacre de El Salado que habría sido cometida por unos 300 hombres132. Sin embargo, de los 594 hombres que se desmovilizaron, sólo 129 fueron postulados al procedimiento de la Ley de justicia y paz. Es decir, menos de la mitad de los que habrían participado en la masacre de El Salado. El segundo hecho son los altos niveles de impunidad que persisten en Colombia, a

131. Los beneficios son: indulto, suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, según el estado del proceso (art. 13 del decreto 128 de 2003). 132. Revista Semana, La masacre de El Salado, agosto 30 de 2008. www.verdadabierta.com/web3/nuncamas/masacres/40-masacres/412-masacre-de-el-salado-bolivar-febrero-de-2000

panorama

pesar de valiosos esfuerzos. Como se verá en el capítulo sobre derecho de las víctimas a la justicia, de acuerdo con la encuesta,el 61% de la población afectada rural, en el nivel nacional, afirma que no se está adelantando investigación por los hechos de los que fue víctima, mientras que el 88% de ellas sostiene que sus agresores no han sido condenados. Por lo anterior, es altamente probable que desmovilizados en proceso de reintegración hubieren participado en delitos graves, a pesar de que al momento de su desmovilización no tuvieran procesos o condenas por delitos graves. El desconocimiento de esta realidad ha hecho que el proceso no haya tenido soluciones jurídicas serias ni perdurables y, de otra parte, ha generado una situación de incertidumbre para la población desmovilizada que no es conveniente para su reintegración. Este aspecto es muy importante, pues es el punto de encuentro de los derechos de las víctimas y la necesidad de avanzar a la paz y dar oportunidades de reintegración a miles de ex combatientes. Sin duda, lograr el equilibrio entre ambos intereses no es fácil y no existen fórmulas. Sin embargo, la solución que se adopte debería tener en cuenta que la concesión de beneficios a la población desmovilizada puede estar condicionada a su contribución a la realización de los derechos de las víctimas, teniendo en cuenta su grado de responsabilidad en los hechos y que, en la mayoría de los casos, la población en proceso de reintegración no tenía funciones de mando dentro de la tropa. Así, se puede combinar una generosa política de beneficios ju-

diciales, a cambio de serios compromisos de no reincidencia, así como de su contribución al descubrimiento de la verdad.

3.8. la situación particular de los mandos medios Uno de los retos más grandes del programa de reintegración es el del diseño de una oferta dirigida a los mandos medios. Esta población enfrenta especiales dificultades para la reintegración, pues hay muchos factores que hacen que la continuidad en las estructuras armadas constituya una tentación grave. Estos mandos medios son especialmente atractivos para las lógicas de persistencia del conflicto armado y del rearme, porque tienen el conocimiento de las técnicas de la guerra, no tienen la visibilidad de los altos mandos, tiene capacidad de reclutamiento y eso les puede significar el ascenso de posiciones dentro de las estructuras armadas. El documento CONPES aborda la situación especial de los mandos medios y señala que se diseñará y aplicará una estrategia de capacitación para potenciar aptitudes de liderazgo de esta población, partiendo del hecho de que se trata de personas con calidades de liderazgo desarrolladas inadecuadamente. La ACR construirá un modelo de participación de estos líderes en las estrategias de reconciliación con las comunidades. Dicha estrategia, de acuerdo con el CONPES, consiste en procesos de formación ciudadana a la comunidad y a la población en proceso de

B

95

*B *

la búsqueda de la paz: retos para la desmovilización de grupos ilegales y la reintegración de ex combatientes

reintegración; proyectos de iniciativa ciudadana en los que participan personas desmovilizadas; y acciones simbólicas133.

96

El CONPES señala que los mandos medios accederían a los mismos beneficios que el resto de la población en proceso de reintegración. Ahora bien, es muy poco probable que haya mandos medios que no estén comprometidos en delitos graves de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, teniendo en cuenta que todos los bloques paramilitares están comprometidos seriamente en delitos cometidos masivamente contra la población civil. Por tal razón, es necesario garantizar que estas personas respondan por los delitos que han cometido directamente o a través de las tropas a su cargo.

3.9. discusión local de los programas de reintegración Por último, es importante que se haya avanzado a nivel regional en el involucramiento de autoridades locales en la adopción de políticas de reintegración y, en particular, la discusión del tema en los planes de desarrollo locales134. Las autoridades locales son quienes, en la práctica, tienen que lidiar con los retos de la implementación de los programas de reintegración y con la problemática de la reincidencia, por lo cual su solución pasa necesariamente por la discusión de políticas locales.

133. Un análisis sobre la propuesta dirigida a comunidades en el CONPES se encuentra en el capítulo sobre reconciliación. Al respecto ver: Acápite D.2 del Capítulo III. 134. De acuerdo con el documento CONPES: “Finalmente, se han construido de manera estratégica y participativa 16 agendas de reintegración en los departamentos de Magdalena, Cesar, Atlántico, Antioquia, Sucre, Córdoba, Bolívar, Valle, Chocó, Meta, Nariño, Tolima, Norte de Santander, Santander, Huila y Cundinamarca, con el fin de trabajar de la mano con los gobiernos locales la Política de Reintegración. De esta manera, se ha logrado incluir la Política Nacional de Reintegración en los planes de desarrollo de 16 departamentos y 106 municipios del país”. Documento Conpes 3554, Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y Grupos Armados Ilegales, aprobado diciembre 1 de 2008, pág. 18.

panorama

C

Las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

C

97

contenido

1. 2.

La extradición de los principales jefes paramilitares [100]

Atención a víctimas y acceso a la administración de justicia [106]

2.1. Acceso dispar a la justicia de víctimas de acuerdo con el agresor

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

[106]

98

2.2 Los funcionarios no tienen suficiente conocimiento del marco jurídico que rige las rutas que deben seguir las víctimas y este, a su vez, es muy complejo [108]

2.3 Existe una proliferación de formatos y registros de víctimas, sin embargo, no existe un sistema de registro confiable de víctimas [108]

2.4 En el marco de justicia y paz, el sistema de reconocimiento de víctimas es muy lento y ha generado muchas frustraciones [108]

2.5 Existen graves falencias en la protección a las víctimas y testigos que acuden a la justicia

2.11 Dificultades de las víctimas para contar con representación judicial [120]

[110]

2.6 Escasa conciencia y actuación a favor de la población desplazada como víctima de un delito [112]

2.7 La mayoría de las víctimas no cuentan con las condiciones para asistir a los centros de atención y a los procesos penales [113]

2.8 Las instituciones no cuentan con la infraestructura, los recursos físicos, técnicos y humanos para atender adecuadamente a las víctimas [117]

2.9 Desinformación sobre la programación de las versiones libres de los jefes paramilitares desmovilizados [119]

2.10 Conocimiento de la Ley de justicia y paz [119]

2.12 Ausencia de una estrategia de atención psicosocial a víctimas [121]

2.13 Las campañas de difusión y la información que se brinda a víctimas deben ser realistas y no generar falsas expectativas [122]

2.14 No existen condiciones materiales para una adecuada atención a víctimas de violencia sexual [123]

2.15 Acceso a la justicia de población indígena y afrodescendiente [125]

2.16 Experiencias de coordinación interinstitucional [126]

a. Valle [126] b. Antioquia [126] c. Montes de María [128] d. Meta [128] e. Aspectos comunes a todas las regiones [129]

panorama

contenido

3.

Derecho a la verdad [130]

3.1 Percepciones y actitudes sobre el derecho a la verdad [131]

3.2 Las versiones libres en el marco de justicia y paz [137]

4.

Derecho a la justicia

5.

Derecho a la reparación

[147]

[152]

5.1 ¿Quién debe reparar, de dónde deben salir los fondos para la reparación y quién debe liderar el proceso? [153]

3.3 El trabajo del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [143]

a. Encuesta de Fundación Social en los municipios afectados por las masacres de Trujillo [144]

b. Desarrollos a partir del informe del GMH sobre las masacres de Trujillo [145]

5.2 La reparación aún no llega [154]

5.3 La restitución de bienes tampoco ha llegado [156]

5.4 El proceso de búsqueda de personas desaparecidas apenas está empezando, en medio de enormes dificultades [158]

C

99

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

1. La extradición de los principales jefes paramilitares

100

El 13 de mayo de 2008, el Gobierno nacional tomó la decisión de extraditar a 13 jefes paramilitares a Estados Unidos en cumplimiento de órdenes de “indictments” –resoluciones de acusación dictadas por las cortes federales de ese país, relacionadas con delitos de narcotráfico. Los extraditados fueron Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’; Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordo Lindo’; Manuel Enrique Torregrosa; Salvatore Mancuso Gómez; Alberto Ruiz Arroyave; Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’; Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’; Juan Carlos Sierra, alias el ‘Tuso’; Martín Peñaranda, alias el ‘Burro’; Edwin Mauricio Gómez Lara; Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’; Hernán Giraldo Serna, alias el ‘Patrón’; Nodier Giraldo Giraldo, y Eduardo Enrique Bengoechea. Días antes, el 7 de mayo, se había extraditado a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.

De acuerdo con las siguientes declaraciones del Presidente de la República, la decisión de extradición se produce por el incumplimiento de los compromisos de desmovilización y contribución a la realización de la justicia de los jefes paramilitares: “Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque ­algunos de ellos habían reincidido en el ­delito después de su sometimiento a la Ley de justicia y paz, otros no cooperaban ­debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega” 135. La extradición en principio fue ­suficiente para que los jefes dejaran de ­delinquir. Sin embargo, no parece ser clara la ­forma como la extradición contribuiría a la realización de la verdad y la reparación. No obstante, el Gobierno anunció la implementación de convenios con Estados Unidos para hacer viable la ­continuidad de los procesos de justicia y paz.

135. “Intervención del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, con motivo de la orden de entrega en extradición de unas personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz”, Casa de Nariño, mayo 13 de 2008, en: www.presidencia.gov.co/alocuciones/alocucion2008/mayo.

panorama

cuadro 5 *

Entre los comandantes extraditados se encuentran quienes ejercieron comandancia o influencia de grupos paramilitares en las regiones objeto de este estudio.

A continuación se presenta un cuadro con los comandantes visibles de cada región y su situación jurídica. (cuadro 5)

región

bloque

comandante

situación jurídica

Valle

Calima

- Ever Veloza, alias “HH”

- En Ley de justicia y paz, pendiente para extradición al momento del cierre de este documento

- Vicente Castaño

- Prófugo

- “Don Diego”136

- Extraditado

- Giovanni de Jesús Marín

- No postulado a justicia y paz

Antioquia

Cacique Nutibara

- Fabio Orlando Acevedo

Héroes de Granada

Montes de María

Meta

Montes de María

- Daniel Alberto Mejía Ángel - Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna” - Édwar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”

- No postulado a justicia y paz - Muerto - Extraditado - En Ley de justicia y paz

- Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”

- Extraditado

- Rodrigo Antonio Mercado Peluffo, alias “Cadena”

- Desaparecido

- Uber Enrique Banquéz Martínez, alias “Juancho Dique”

- En Ley de justicia y paz

- Salvatore Mancuso

- Extraditado

- Marco Tulio Pérez, alias el “Oso” - José Baldomero Linares, alias “Guillermo Torres”

- En Ley de justicia y paz

- Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”

- Extraditado

- Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”

- En Ley de justicia y paz

Bloque Centauros

- Vicente Castaño Gil

- Prófugo

Bloque Héroes del Llano

- Alias “Mauricio” - Manuel de Jesús Piraban, alias “Pirata”

- Asesinado - En Ley de justicia y paz

- Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias “Cuchillo”

- Prófugo

Autodefensas de Meta y Vichada AMV, “los carranceros” Frente Vichada del Bloque Central Bolívar

- En Ley de justicia y paz

136. Este capo del cartel del norte del Valle es reconocido por su participación y responsabilidad en la masacre de Trujillo.

C

101

¿Cómo fue percibida la decisión de extradición en las regiones en las que se desarrolló la investigación? En todas las regiones se pudo percibir mucho desconcierto e incertidumbre entre las entidades, instituciones y organizaciones entrevistadas.

*C *

102

De acuerdo con los datos cuantitativos, aunque las opiniones están divididas, la población rural nacional parece considerar que el aspecto que más se pone en riesgo con la extradición de los jefes paramilitares es la ubicación de los cuerpos de las personas desaparecidas. (gráfica 11)

¿Cree Usted que con la extradición a Estados Unidos de varios jefes paramilitares se facilita, se dificulta, o no se ve afectada para nada? base: 95,100 hogares afectados por la violencia gráfica 11 *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

La mayoría señaló que la extradición afectaría principalmente el derecho a la verdad, no tanto en relación con los casos específicos, sino en relación con los nexos de los grupos con políticos y miembros de la fuerza pública. Igualmente, en este punto los sentimientos son ambivalentes, pues en muchos casos, especialmente las organizaciones de víctimas, sentían

que antes de la extradición las confesiones eran muy demoradas e incompletas. A pesar de la incredulidad en el proceso, muchas de ellas manifestaron que si antes era difícil, ahora sería imposible. Ahora bien, al cierre de este documento, Mancuso y “Cuco Vanoy” habían retomado su versión libre desde Estados Unidos.

Población Afectada

se facilita

se dificulta

no se ve afectada

no sabe no responde

… la posibilidad de que cumplan penas de cárcel ajustadas a la gravedad de sus delitos

42%

39%

18%

2%

… la revelación de las complicidades entre paramilitares y políticos o sectores económicos

39%

42%

18%

1%

… la revelación de la verdad en casos individuales

38%

46%

15%

1%

… la ubicación de los cuerpos de las personas desaparecidas

35%

50%

14%

1%

… la entrega de los bienes para la reparación por parte de esos jefes

34%

45%

20%

2%

panorama

gráfica 12 *

La población no afectada parece ser ligeramente más optimista (gráfica 12): ¿Cree Usted que con la extradición a Estados Unidos de varios jefes paramilitares se facilita, se dificulta, o no se ve afectada para nada?

Población no Afectada

base: 386.722 hogares no afectados por la violencia se facilita … la posibilidad de que cumplan penas de cárcel ajustadas a la gravedad de sus delitos

45%

… la revelación de las complicidades entre paramilitares y políticos o sectores económicos

41%

… la revelación de la verdad en casos individuales

41%

… la ubicación de los cuerpos de las personas desaparecidas

37%

… la entrega de los bienes para la reparación por parte de esos jefes

37%

no se ve afectada

se dificulta

35%

38%

39%

no sabe no responde

19%

2%

20%

2%

18%

45%

17%

40%

21%

2%

1%

2%

cuadro 6 *

En las regiones, existen variaciones significativas. En Valle, parece haber un poco más de pesimismo que a nivel nacional (cuadro 6): Población Afectada

… la posibilidad de que cumplan penas de cárcel ajustadas a la gravedad de sus delitos Valle Se dificulta 46% Se facilita 34% No se afecta 20% Antioquia Se dificulta 33% Se facilita 51% No se afecta 11% Montes de Se dificulta 45% María Se facilita 44% No se afecta 11% Meta Se dificulta 30% Se facilita 41% No se afecta 29%

… la revelación de las … la … la entrega complicidades ubicación … la de los bienes entre de los revelación de para la paramilitares cuerpos la verdad en reparación y políticos de las casos por parte o sectores personas individuales de esos jefes económicos desaparecidas 46% 29% 24% 44% 42% 10% 49% 34% 17% 40% 30% 29%

48% 27% 22% 58% 31% 7% 46% 40% 14% 58% 18% 23%

51% 27% 21% 57% 30% 9% 50% 43% 7% 38% 32% 29%

52% 26% 20% 58% 29% 9% 44% 40% 16% 53% 17% 28%

C

103

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

cuadro 7 *

De lo anterior se concluye que para la población afectada los aspectos, en términos generales, que se cree más se afectan con la extradición son: la ubicación de cuerpos de personas desaparecidas, especialmente en Antioquia y Meta; la revelación

104

Población no Afectada

… la posibilidad de que cumplan penas de cárcel ajustadas a la gravedad de sus delitos Valle Se dificulta 42% Se facilita 39% No se afecta 15% Antioquia Se dificulta 30% Se facilita 52% No se afecta 12% Montes de Se dificulta 39% María Se facilita 45% No se afecta 16% Meta Se dificulta 34% Se facilita 41% No se afecta 24%

de la verdad en casos individuales, especialmente en Antioquia, Valle y Meta, y la entrega de bienes, particularmente en Antioquia, Valle y Meta. A lo mejor por tratarse de población afectada, se manifiesta mayor preocupación por aspectos relacionados con pedidos individuales.(cuadro 7)

… la revelación de las … la … la entrega complicidades ubicación … la de los bienes entre de los revelación de para la paramilitares cuerpos la verdad en reparación y políticos de las casos por parte o sectores personas individuales de esos jefes económicos desaparecidas 48% 34% 15% 45% 35% 13% 60% 33% 7% 36% 33% 31%

49% 34% 14% 55% 26% 13% 54% 33% 13% 52% 21% 27%

45% 33% 19% 50% 28% 15% 51% 37% 13% 38% 35% 27%

46% 33% 17% 51% 25% 17% 52% 34% 14% 56% 9% 35%

panorama

Por su parte, para la población rural no afectada por la violencia, parece que los aspectos cuya realización más se afectaría con la extradición serían: la entrega de bienes, especialmente en Meta, Montes de María y Antioquia; la ubicación de personas desaparecidas, especialmente en Antioquia, Montes de María y Meta; la revelación de la verdad en casos individuales, especialmente en Antioquia y Montes de María. Ahora bien, es destacable que en Montes de María el 60% de la población rural no afectada considera que la extradición dificultará la revelación de las complicidades entre paramilitares y políticos o sectores económicos. En la misma región, para la población afectada, este punto también es de mayor preocupación que en el resto de las regiones: 49%. En todo caso, la proporción de población afectada de Montes de María que cree que no se afectará (17%) o se facilitará (34%) es mayor, sumando 51%.

C

105

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación *C *

106

2. Atención a víctimas y acceso a la administración de justicia

2.1. acceso dispar a la justicia de víctimas de acuerdo con el agresor

A continuación se presentan los aspectos más problemáticos sobre el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Dado que la Ley 975 de 2005 tiene un alcance reducido en cuanto al universo de víctimas que puede cobijar137, las víctimas de grupos guerrilleros o de agentes estatales son desatendidas por los funcionarios, debido a que no se da igual importancia a los mecanismos de justicia penal ordinaria que a los mecanismos de la Ley de justicia y paz. Igual ocurre con las víctimas de los grupos ilegales que dan continuidad a las acciones de los grupos paramilitares138 y con las víctimas de grupos paramilitares o autodefensa que se encuentran fuera del rango de inicio de actuación de dichos grupos. Así por ejemplo, en Montes de María, la Fiscalía estaba investigando únicamente hechos atribuibles a grupos paramilitares a partir de 1998. Sin embargo, en el momento de culminar esta investiga-

137. La Ley 975 de 2005 de justicia y paz cobija a víctimas de miembros de grupos armados ilegales que se hayan desmovilizado individual o colectivamente antes de la fecha de expedición de la misma, es decir, el 25 de julio de 2005. Estos desmovilizados además deben haber sido postulados por el Gobierno nacional y haber ratificado su voluntad de permanecer en ese procedimiento. Por último, acuden a este procedimiento quienes no hayan sido beneficiados por los mecanismos que establece la Ley 782 de 2002 de Orden Público y que fue prorrogada por la Ley 1106 de 2006, es decir, quienes en el momento de su desmovilización no tuvieren procesos o condenas judiciales por delitos no indultables. En la práctica, sólo alrededor del 10% de los desmovilizados han sido postulados a este procedimiento. Sin embargo, debido a la responsabilidad que tienen por cadena de mando quienes ejercieron como comandantes, las víctimas de los hechos del bloque pueden acudir a reclamar sus derechos en el procedimiento de justicia y paz aunque el autor material del hecho no estuviere postulado. La consecuencia práctica de todas estas consideraciones jurídicas es que la Ley 975 tiene capacidad de amparar principalmente derechos de víctimas de grupos paramilitares desmovilizados antes de julio de 2005, no así a víctimas de otros grupos paramilitares, de grupos surgidos después de la desmovilización de grupos paramilitares, de grupos guerrilleros, ni a víctimas de agentes estatales. 138. Sobre la caracterización de dichos grupos armados ver acápite B.1 del Capítulo III.

panorama

ción se estaba considerando la inclusión de casos desde 1986 para incorporar hechos atribuibles a las CONVIVIR139, debido a que se habían presentado solicitudes de víctimas respecto a dichos hechos. En lo que tiene que ver con los hechos atribuibles a los grupos surgidos después de las desmovilizaciones, también hay gran confusión. Muchos funcionarios rechazan las solicitudes de víctimas, especialmente en materia de reparación, acceso a medidas asistenciales y de ayuda humanitaria y de registro a población desplazada, porque consideran que dichos grupos son de violencia común o, sencillamente, se considera que los grupos paramilitares en general ya no existen. Este elemento se pudo constatar en todas las regiones, sin embargo, no existe un criterio unificado, por lo que la situación de la víctima puede variar dependiendo de la institución a la que acuda. En todo caso, en lo relacionado estrictamente con la justicia penal, la mayoría de los funcionarios maneja el criterio de que si el procedimiento penal no es el de Ley de justicia y paz, la alternativa no es la justicia penal, sino la asistencia humanitaria o la indemnización administrativa. Así por ejemplo, la sede regional de la CNRR del Valle sólo acompaña las denuncias de víctimas de la guerrilla y de los grupos paramilitares, no así a las víctimas de agentes estatales. La CNRR argumenta que se debe a que la Ley 975 sólo tiene como destinatarios de sus benefi-

cios a los miembros de grupos armados ilegales. Por su parte, en todas las regiones estudiadas la Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo sólo representa a víctimas de hechos que se pueden tramitar por el procedimiento de la Ley 975, debido a que el mandato legal de representación de víctimas se basa en dicha ley. Esta situación afecta a las víctimas de los ataques contra la Unión Patriótica (UP), por ejemplo, como sucede en Meta. En esta región la persecución de víctimas de la UP fue muy fuerte y la organización que las representa adelanta importantes acciones para la realización de sus derechos, para la preservación de la memoria y para la no repetición de los hechos. Aunque el movimiento que agrupa a las víctimas de la UP en Meta no está de acuerdo con la participación en el procedimiento de la Ley 975, lo cierto es que ellas no son beneficiarias de la infraestructura y los recursos dirigidos al fortalecimiento de lucha contra la impunidad en el marco de la Ley 975, porque éstos se han dirigido prioritariamente a víctimas que participan en el procedimiento establecido por dicha ley. En lo que tiene que ver con las víctimas de la guerrilla, en Meta y en Montes de María, por ejemplo, la Fiscalía y la Defensoría Pública reciben denuncias de ellas durante las jornadas de atención a víctimas o cuando éstas se presentan a las entidades. Sin embargo, no es claro qué trámite se le da a esa información.

C

139. CONVIVIR se les denominaba a cooperativas de seguridad privada que tuvieron acceso a armas de uso privativo de la fuerza pública y que dieron lugar a violaciones a derechos humanos cometidas por particulares a principios de los años 90.

107

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

2.2. los funcionarios no tienen suficiente conocimiento del marco jurídico que rige las rutas que deben seguir las víctimas y éste, a su vez, es muy complejo

108

Como se mencionó, las víctimas que no tienen acceso a la Ley de justicia y paz son remitidas a los procedimientos de atención a población desplazada (Ley 387 de 1997), a los mecanismos de asistencia humanitaria de la Ley de orden público (Ley 418 de 1997 y sus sucesivas reformas), o se les informa sobre la reparación del programa administrativo de indemnización (Decreto 1290 de 2008). Sin embargo, la mayoría de los funcionarios no maneja bien estos procedimientos, debido a la falta de formación y a su complejidad, por lo que la información varía de un funcionario a otro y de un municipio a otro. Por tal razón, es indispensable diseñar rutas integrales de atención a víctimas, fomentar programas de formación, así como su divulgación. Dichos programas y rutas deben tener en cuenta y articular los diversos mecanismos legales, tales como la Ley 975 de 2005, la justicia penal ordinaria, la Ley de orden público (Ley 418 y sus sucesivas prórrogas), la Ley de desplazamiento (Ley 387 de 1997), la Ley de atención a víctimas de minas antipersona (Ley 759 de 2002), la Ley para protección a víctimas y familiares de personas secuestradas (Ley 986 de 2005) y la Ley sobre desaparición forzada (Ley 589 de 2000), entre otras.

2.3. existe una proliferación de formatos y registros de víctimas, sin embargo, no existe un sistema de registro confiable de víctimas Debido a la existencia de distintas normas y procedimientos para la atención a víctimas, éstas deben diligenciar diferentes formularios y seguir diferentes procedimientos dependiendo del delito y el agente del que son víctimas. Existe un registro para víctimas en el marco de la Ley 975, otro para registrarse como población desplazada, otro para reportar una persona desaparecida y otro para acceder a la indemnización del programa de reparación administrativa del decreto 1290 de 2008. En consecuencia, no existe un registro unificado de víctimas.

2.4. en el marco de justicia y paz, el sistema de reconocimiento de víctimas es muy lento y ha generado muchas frustraciones A pesar de que el diligenciamiento de formatos de justicia y paz ha sido masivo y de que lo hacen casi todas las instituciones, la cantidad de víctimas reconocidas formalmente por la Fiscalía es mínima. Esta entidad ha señalado que la mayoría de las víctimas registradas inicialmente no aportaron la documentación necesaria y, dado

panorama

que la mayoría de casos son de muerte o desaparición, exigen una prueba mínima del parentesco140, prueba que en la mayoría de los casos no existe. Esto se ha traducido en que la Fiscalía pida que se complete la documentación faltante o, en otros casos, niegue la calidad de víctima dentro del proceso de Ley 975.

cuadro 8 *

Debido a la demora en el reconocimiento, algunas víctimas se han registrado dos veces, bajo la consideración de que de repente la Fiscalía no las ha reconocido porque nunca recibió su formato. Al solicitar información de cuántas víctimas habían llenado el registro de hechos atribuibles a

grupos armados ilegales, la Fiscalía suministró los siguientes datos141. (cuadro 8) En relación a la pregunta de cuántas personas de las registradas han sido reconocidas como víctimas por la Fiscalía en el procedimiento de justicia y paz, la institución respondió que se trataba de una actividad dispendiosa y en proceso de consolidación. Tampoco fue posible determinar cuánto tiempo transcurre entre el momento en que la Fiscalía recibe el formato y el momento en que se da el reconocimiento de la persona como víctima.

bloque

registros

Cacique Nutibara

8.662

Montes de María

6.844

Calima

5.115

Centauros

3.972

Héroes de Granada

2.096

Héroes del Llano

1.729

Héroes del Pacífico

671

Autodefensas de Meta y Vichada

219

Vichada

6

C

140. De acuerdo con el inciso 2º del artículo 5 de la ley 975 de 2005 “También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”. 141. Fiscalía General de la Nación, respuesta a derecho de petición, octubre 31 de 2008.

109

2.5. existen graves falencias en la protección a víctimas y testigos que acuden a la justicia

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

En septiembre de 2007, debido al asesinato de varias personas en situaciones relacionadas con el reclamo de sus derechos en el marco de justicia y paz, el Gobierno nacional expidió el Decreto 3570. Dicho decreto estableció un programa de protección especial para víctimas y testigos de justicia y paz a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia.

110

De acuerdo con las entrevistas realizadas, se pudo constatar que la mayoría de las autoridades no conocía el mencionado programa. Sólo tenían conocimiento del programa de protección a testigos de la Fiscalía General de la Nación, que es preexistente al Decreto 3570 y de carácter general. En todo caso, varias autoridades de diferentes regiones señalaron que en la práctica, los mecanismos de protección operan en función de la “importancia” de los casos. Adicionalmente, la aplicación de la norma del Decreto 315 de 2007, que exige la renuncia a la identidad de las víctimas para participar en el procedimiento, es un obstáculo que ha desmotivado la participación en casos comprobados, de acuerdo con información dada por las instituciones entrevistadas, porque no todas las víctimas están dispuestas a enfrentar el riesgo de develar su identidad para adelantar su caso ante la justicia.

Debido a graves casos de ausencia de protección a víctimas que participan en el procedimiento de justicia y paz, en mayo de 2008 la Corte Constitucional expidió una sentencia en la que resolvió una acción de tutela interpuesta por la Alianza de Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz. En la sentencia T-496 de 2008, la Corte Constitucional encontró que el programa establecido por el Decreto 3570 de 2007 era insuficiente para garantizar de manera efectiva la protección a víctimas y testigos en el marco de la Ley 975 de 2005, en especial a las mujeres, pues la mayoría de las víctimas de justicia y paz son de sexo femenino142. La Corte dio un plazo de 6 meses para que el Gobierno implementara cambios en el programa. Mientras tanto, la situación de las víctimas sigue siendo sumamente grave. De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación143, esta institución ha constatado casos de personas amenazadas o asesinadas en situaciones relacionadas con el reclamo de sus derechos en todas las regiones en las que se realizó el estudio. (cuadro 9) Ahora bien, esta información da cuenta de las personas que acudieron a la justicia. Sin embargo, de acuerdo con los datos arrojados por el estudio cuantitativo, muchas de las víctimas no acuden a la justicia debido al miedo a sufrir represalias. Luego, parecería resultar sumamente importante que los mecanismos de protección operen desde el momento mismo en que se realiza la denuncia, y no sólo cuando surge la situación de riesgo.

cuadro 9 *

panorama

>

bloque

víctimas amenazadas

víctimas fallecidas

Cacique Nutibara

6

-

Montes de María

27

-

Calima

17

-

Centauros

11

-

Héroes de Granada

6

1

Héroes del Llano

20

-

Héroes del Pacífico

2

-

Autodefensas de Meta y Vichada

1

2

Vichada

-

-

El 51% de la población rural afectada por la violencia en el nivel nacional no ha denunciado el delito del que fue víctima. De ellas, el 60% no lo ha hecho por miedo a represalias, hay un 20% que no sabe cómo hacerlo y un 19% que no confía en que la justicia vaya a funcionar. En Valle, el 48% de la población rural afectada por la violencia no ha denunciado el

delito del que fue víctima; de ellas, el 71% no lo ha hecho por miedo a represalias. En Antioquia, el 51% de la población rural afectada por la violencia no ha denunciado el delito del que fue víctima; de ellas, el 50% no lo ha hecho por miedo a represalias. En Montes de María, 39% de la población rural afectada por la violencia no ha denunciado el delito del que fue víctima; de ellas, el

60% no lo ha hecho por miedo a represalias. En Meta, el 58% de la población rural afectada por la violencia a nivel nacional no ha denunciado el delito del que fue víctima; de ellas, el 67% no lo ha hecho por miedo a represalias. Lo que se puede ver es que la mayor tasa de denuncia se encuentra en Montes de María y la menor en Meta, de acuerdo con lo reportado por las personas encuestadas.

C

142. De acuerdo con un estudio de IMP, el 87% de quienes se registran en justicia y paz son mujeres. Iniciativa de Mujeres colombianas por la Paz, Mesa Nacional de Incidencia por el Derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación con perspectiva de género, Documento Público No. 3, Análisis demográfico de las víctimas del Conflicto Armado: Brechas de género, Bogotá, octubre de 2007. Así se corrobora por el estudio de Angelika Rettberg, según el cual el la mayoría de víctimas adscritas a instituciones son mujeres: 69,8%, frente a 30,2.% de hombres. Angelika Rettberg, Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas?, GTZ, Fiscalía General de la Nación, Universidad de los Andes, Embajada de la República Federal de Alemania – Bogotá, 2008. 143. Fiscalía General de la Nación, respuesta a derecho de petición, octubre 31 de 2008.

111

Por consiguiente, la implementación de un programa integral de protección a víctimas y testigos, no sólo de aquellas que participan en la Ley 975, sino en general de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, parece ser crucial para poder enfrentar uno de los mayores obstáculos de acceso a la justicia por parte de las víctimas.

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

2.6. escasa conciencia y actuación a favor de la población desplazada como víctima de un delito

112

En muchas ocasiones, las víctimas del desplazamiento forzado son remitidas a los mecanismos de la Ley 387 de 1997 sin que se les registre como víctimas en el procedimiento de la Ley 975 de 2005, pues no se tiene suficiente conciencia de que el desplazamiento forzado es un delito que debe dar lugar a la investigación penal. Sin embargo, los fiscales de justicia y paz están haciendo un esfuerzo muy valioso por investigar estos delitos y, por ejemplo, en Valle han pedido a Acción Social que les remita la información sobre población desplazada para incluir los hechos en la investigación. Igualmente, la Defensoría del Pueblo está diligenciando el formato para

población desplazada desde diciembre de 2007, pero para la denuncia remite a las personas desplazadas a la Fiscalía, en vez de apoderarlas directamente como representantes judiciales de víctimas o, por lo menos, diligenciar el formato de justicia y paz. En Antioquia, la Fiscalía incluso afirmó que no sólo lo está investigando como un delito aislado, sino como una estrategia de guerra usada por los grupos paramilitares.

2.7. la mayoría de las víctimas no cuenta con las condiciones para asistir a los centros de atención y a los procesos penales De acuerdo con los datos cuantitativos, al clasificar por nivel socioeconómico (NSE) los hogares entrevistados, se encuentra una presencia significativamente mayor de hogares de estrato 1 entre los afectados que entre los no afectados. (gráfica 13)

panorama

estrato de la vivienda

no afectados

De la misma forma, se encuentran viviendas con características en la construcción que sugieren menor calidad de vida entre los afectados, que entre los no afectados. En los hogares afectados hay mayor uso de “peores materiales” en paredes y pisos, comparados con los hogares no afectados,

y hay menos presencia de gas natural domiciliario, acueducto y recolección de basuras. Por último, se encuentran personas con un nivel educativo menor (con significancia estadística) entre los afectados, que en los no afectados, lo mismo que una mayor proporción de personas desempleadas bus-

Los datos de la encuesta de Fundación Social coinciden con los resultados de otros estudios. De acuerdo con la Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP), el 87% de las víctimas sobrevivientes son mujeres, y el 67% de ellas asumieron la jefatura femenina de hogar después del hecho violento que les implicó además asumir responsabilidades de sostenimiento del núcleo familiar, a pesar de que en muchos casos ellas no trabajaban an-

21%

20% NSE 2

18%

45%

27%

38%

29%

NSE 1

>

afectados

51%

total

52%

gráfica 13 *

base: 481.822 hogares totales

NSE 3 -4

cando un trabajo, en el grupo de afectados. En los hogares afectados por las graves violaciones a los derechos humanos hay mayor presencia de personas viudas, con un menor nivel educativo, cuyas condiciones de calidad de vida son algo más difíciles que las de los no afectados.

tes del suceso violento. Además, la mayoría de estas mujeres tuvo que seguir haciéndose cargo de las labores domésticas y de crianza.

C

De acuerdo con una muestra tomada directamente por IMP, los trabajos a los que acceden las mujeres son informales y los ingresos promedio son de $192.000. En medio de una situación de endeudamiento permanente, el estimado de gastos es de $370.000 en promedio, dejando por fuera acceso a derechos como salud y educación144.

144. Iniciativa colombiana de Mujeres por la Paz, Mesa Nacional de incidencia por el Derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación con perspectiva de género, Documento Público No. 3, Análisis demográfico de las víctimas del conflicto armado: Brechas de género, Bogotá, octubre de 2007.

113

cuadro 10 *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación *C *

114

Por su parte, de acuerdo con la investigación Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas? 145, la mayoría de las víctimas consultadas fueron mujeres, correspondiendo éstas al 69,8%. El 61,5% de las personas reportó menos de $360.000 de ingresos mensuales, y el 16,6% no reporta ningún ingreso. Además, las mujeres tienen en promedio 4 hijos, aunque en este aspecto, su situación es parecida a la de los hombres146.

de atención a víctimas. Ahora bien, a pesar de algunos esfuerzos de capacitación a las personerías, su capacidad de atención es mínima, no sólo por situaciones relacionadas con el acceso a información de parte de estas entidades, sino también con las capacidades de estructura y personal para hacerlo. Esta situación ha redundado en que el porcentaje de participación de víctimas en los procesos sea muy bajo.

Por lo anterior, resulta apenas normal que a la mayoría de las víctimas les resulte difícil acudir a las ciudades principales donde se encuentran los centros de aten-

De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía147, estas son las cifras sobre víctimas que han participado en las versiones libres de justicia y paz. (cuadro 10)

ción a víctimas. La única entidad presente en todos los municipios es la personería, entidad a la que la Ley de justicia y paz no le atribuye explícitamente funciones

En lo que tiene que ver con justicia y paz, se ha pretendido adoptar varias solucio-

bloque registros

nes. En primer lugar, se ha intentado transmitir o retransmitir las versiones libres de

cantidad de víctimas que han participado

porcentaje de participación

Cacique Nutibara

8.662

529

6.1%

Montes de María

6.844

539

7.8%

Calima

5.115

29

0.56%

Centauros

3.972

1.282

32.2%

Héroes de Granada

2.096

260

12.4%

Héroes del Llano

1.729

252

14.5%

Héroes del Pacífico

671

66

9.8%

Autodefensas de Meta y Vichada 219 370

Información inconsistente

Vichada

0%

6

0

145. La muestra consistió en una encuesta aplicada a víctimas del conflicto armado adscritas a organizaciones de víctimas de todo el país o que acudieron a jornadas informativas o de atención de víctimas organizadas por la CNNR y la Fiscalía. 146. Angelika Rettberg, Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas?, Deutsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit (GTZ), noviembre de 2008. 147. Fiscalía General de la Nación, respuesta a derecho de petición, octubre 31 de 2008.

panorama

cuadro 11 *

los desmovilizados. De acuerdo con información brindada por la Fiscalía, esta entidad reporta un total de 129 videoconferencias realizadas en todo el país148. Igualmente, en lo referente a cuántas versiones libres se han adelantado, la Fiscalía suregión bloque

ministró a la Fundación Social información sobre las relacionadas con los bloques que operaron en las cuatro regiones en las que se realizó el estudio. Las versiones libres rendidas, de acuerdo con tal información149, son las siguientes: (cuadro 11)

cantidad de postulados que rinden o han rendido versión libre

cantidad de cantidad de sesiones sesiones versión libre transmitidas

Valle

Calima

8

35

NID*

Antioquia

Héroes de Granada

67

88

NID*



Cacique Nutibara

20

52

NID*

Montes de María Montes de María

32

100

NID*

Meta

Héroes de los Llanos

17

148

NID*



Centauros

12

54

2



Meta y Vichada

3

14

6

TOTAL

491

*NID: no hay información disponible.

De acuerdo con lo anterior, se puede constatar que, pese al importante esfuerzo que significa para la Fiscalía la transmisión de estas versiones y que ha sido una iniciativa de la misma entidad, ha sido altamente insuficiente para las necesidades de participación de las víctimas en dichas diligencias. Únicamente en las cuatro regiones estudiadas se han dado 491 sesiones de versión libre y, en todo el país, sólo se han transmitido 129 sesiones en total. Además de que estos esfuerzos han sido aislados, varían mucho de región a región. Mientras que en Antioquia ha habido trans-

misiones con apoyo de la Gobernación, en Montes de María, Meta y Valle no se conoció de apoyo de parte de las entidades de gobierno local. Ahora bien, los problemas no son sólo técnicos o de recursos. En Meta, hubo la intención de retransmitir las audiencias en Puerto Gaitán y Villavicencio, sin embargo, las mismas autoridades decidieron no hacerlo porque consideraron que era muy riesgoso para las víctimas.

C

En todo caso, las retransmisiones impiden que las víctimas participen oportunamente y algunas entidades y organizaciones manifestaron que prefieren no impulsar

148. Fiscalía General de la Nación, respuesta a derecho de petición, octubre 31 de 2008. 149. Fiscalía General de la Nación, respuesta a derecho de petición, octubre 31 de 2008.

115

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

las transmisiones porque éstas se desarrollan sin condiciones para que las víctimas participen y sin que haya atención psicosocial. Además, a veces se organiza la participación de grupos de víctimas y las audiencias se cancelan. En Antioquia, por ejemplo, la CNRR organizó la participación de varias víctimas en una versión que se canceló y por esa razón se habrían perdido 40 millones de pesos.

116

En segundo lugar, la CNRR y la Defensoría del Pueblo han promovido la creación de un Modelo de atención integral a víctimas. Se trataría de un modelo para implementar en sedes regionales, inicialmente en las sedes de la CNRR, exclusivamente para víctimas que participan o están interesadas en participar en el proceso de justicia y paz. El modelo pretende ser una estrategia de coordinación interinstitucional para construir mecanismos de atención, orientación, remisión, seguimiento y acompañamiento de las víctimas en los niveles territorial y nacional, para facilitar los requerimientos en el ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Se pretende que sea una estrategia conjunta e interdisciplinaria que permita ordenar el seguimiento a la atención de las víctimas. Se busca que el modelo tenga un enfoque de orientación psicojurídica; un enfoque de promoción de derechos; así como un enfoque de atención especializada en áreas sociales y de la salud con multiplicadores comunitarios. Además, se espera que en la atención directa se dé orientación y asesoría psicojurídica directa de víctimas; atención y acompañamiento psicosocial previo,

durante y después de diligencias judiciales; y se realice un registro y caracterización de las víctimas para hacer seguimiento y monitoreo del proceso de atención integral interinstitucional. El modelo se propone diseñar protocolos y rutas críticas de intervención interinstitucional en procedimientos de atención integral; así como en atención y acompañamiento psicosocial formando profesionales y multiplicadores comunitarios de la estrategia de atención psicosocial. También se propone contar con sistemas de referencia y contrarreferencia para garantizar la atención integral de las víctimas en la oferta institucional territorial; y diseñar rutas críticas por institución responsable de los grupos de necesidades tales como salud, educación, capacitación y atención a niños y niñas víctimas. El modelo se implementaría en las sedes de regionales de la CNRR; en unidades móviles y a través del fortalecimiento de redes de atención interinstitucional en el nivel regional para dar cuenta de manera integral de las necesidades de las víctimas. Los centros en los que se implemente el modelo contarían con salas de transmisión de audiencias y con salones para el cuidado de niños y niñas. Estas medidas favorecen el acceso a la justicia. Para ello, se requiere de un alto nivel de concertación con autoridades locales, para aprovechar las experiencias regionales y las lecciones aprendidas. En algunas regiones, como Antioquia, se ha encontrado la resistencia de autoridades locales que encuentran ésta como una política centralizada que no potencia la experiencia regional.

panorama

Igualmente, en Antioquia, el Ministerio Público manifestó preocupaciones por la falta de personal suficiente para la implementación de este modelo en los centros de atención integral. Señalaron que, por ejemplo, la Procuraduría no tiene cómo asignar un funcionario a cada uno de estos centros. Igual preocupación manifestó la Personería de Medellín. Aunque la Personería en Medellín es una institución fuerte, pues hay casi 50 personas dedicadas a la atención de víctimas, ellas son insuficientes y las filas para que atiendan su caso son de hasta 6 horas. En todo caso, parece ser que una política pública de atención integral a víctimas debería contemplar recursos para que las versiones se transmitan y para fortalecer el sistema nacional de Defensoría Pública para que se amplíen las posibilidades de la participación de las víctimas, por lo menos a través de un servicio de representación judicial gratuito.

>

De acuerdo con la encuesta nacional, la población rural afectada acude a presentar su denuncia, en primer lugar, a la Fiscalía (38%), y en segundo lugar, a la Personería (21%). En Valle, la población afectada acudió en primer lugar a la Fiscalía (48%), y en segundo lugar a la Policía o a la Personería (ambas con el 17%). En Antioquia, quienes denunciaron acudieron en primer lugar a la

2.8. las instituciones no cuentan con la infraestructura, los recursos físicos, técnicos y humanos para atender adecuadamente a las víctimas La expedición misma de la Ley de justicia y paz y las campañas de difusión sobre ella han generado grandes expectativas para las víctimas. Algunas, como se dijo antes, no participan debido al miedo o al desconocimiento, otras, al enterarse por diferentes medios, se han acercado a pedir información y asesoría. Sin embargo, no se cuenta con la infraestructura estatal suficiente para atender esta demanda. La personería municipal es la entidad del Ministerio Público más cercana a las comunidades, lo que hace indefectible que las víctimas acudan a ellas para solicitar información y atención.

Fiscalía (30%), y en segundo lugar la Personería (27%). En Montes de María, la entidad a la que más se acudió fue la Personería (29%), y en segundo lugar a la Alcaldía (28%). En Meta acudieron en primer lugar a la Fiscalía (37%), en segundo lugar a la Policía (23%), y en tercer lugar a la Personería (20%). En conclusión, de acuerdo con la encuesta, en general, des-

pués de la Fiscalía, la Personería es la principal receptora de víctimas para su atención. En todo caso, en todos los municipios se evidencia que, después de la Fiscalía, se prefiere a las entidades que hacen presencia en los municipios, esto es, además de las personerías, las alcaldías y la Policía.

C

117

En segundo lugar, las personerías no cuentan con las capacidades de estructura y personal para hacerlo y sus presupuestos son muy limitados. En todas las regiones, las personerías se quejaron de la diversidad de diligencias que deben atender: penales, de atención a población desplazada, despacho de ayuda humanitaria, entre otras. Si bien muchas de estas funciones les corresponden legalmente, les es imposible atenderlas. Esta situación se agrava en municipios pequeños, en donde la infraestructura de las personerías es aún más reducida. Sin embargo, personerías como las de Meta no tenían conocimientos bá-

sicos relacionados con la atención de víctimas de justicia y paz. A las víctimas se les daba la atención sobre procedimientos específicos para población desplazada o para recepción de ayuda humanitaria. En relación con las procuradurías provinciales y regionales, los funcionarios de esta entidad también señalan que carecen de recursos suficientes para cumplir sus labores. En Antioquia, por ejemplo, la Procuraduría señaló que las procuradurías provinciales no tienen un equipo especial para atención de víctimas, así que al tiempo que atienden público deben cumplir sus tareas ordinarias, como son las relacionadas con materias disciplinarias por las cuales además es medida su gestión. En este marco, la Fiscalía, especialmente después de su fortalecimiento a principios de 2008, así como la CNRR, son las instituciones que cuentan con mejor estructura y formación especializada para la atención de víctimas. Sin embargo, la capacidad de la CNRR es insuficiente, pues las regionales que existen en la actualidad atienden varios departamentos y sus funcionarios no dan abasto con la demanda. En otros casos, como el de Meta, aún no hay una sede de la CNRR. En cuanto a la Fiscalía, si bien sus funcionarios atienden víctimas, ellos manifestaron que no consideran esta labor como parte de sus funciones, por lo que la atención a víctimas no es una labor estructurada ni sistemática en dicha entidad.

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

En todas las regiones, tanto las personerías mismas, como otras instituciones y las organizaciones sociales, señalaron importantes falencias para que la Personería pueda cumplir adecuadamente la función de atender víctimas. En primer lugar, por falta de capacitación. A pesar de los valiosos esfuerzos que se dan en distintas regiones y que complementan el Programa de Capacitación de Personeros liderado por la Procuraduría General de la Nación, que en 2008 desarrolló su segunda fase. Este programa ha dedicado una parte amplia de sus contenidos a asuntos relacionados con la Ley de justicia y paz. Para ello, la Procuraduría diseñó y publicó una Metodología de Capacitación para personeros municipales en materia de justicia y paz 150.

118

150. Procuraduría General de la Nación, Metodología de Capacitación para personeros municipales en materia de justicia y paz, primera edición, junio de 2008.

panorama

2.9. desinformación sobre la programación de las versiones libres de los jefes paramilitares desmovilizados Las versiones libres deberían ser un espacio clave de respuesta a las víctimas en sus necesidades de acceder a la verdad, así como de contrastación de las versiones de los desmovilizados. La Fiscalía informó que la programación de las versiones se hace a través de diferentes medios como la página web de la institución, radiodifusión y edictos. Sin embargo, la mayoría de las y los funcionarios de otras entidades, en todas las regiones, se quejaron de no tener conocimiento oportuno de los días y horarios en que se programan versiones libres, en particular la Defensoría del Pueblo y la CNRR. Igual queja fue recurrente en las organizaciones que acompañan víctimas. Por lo anterior, estas instituciones no tienen posibilidad de convocar oportunamente a las víctimas interesadas. En algunas regiones, la MAPP/OEA ha puesto a disposición buses para trasladar a las víctimas a las versiones libres. Sin embargo, es preocupante que muchos de los esfuerzos para hacer efectivo el acceso a la justicia dependan de un organismo internacional y no de las instituciones del Estado. En Antioquia y Montes de María, varias instituciones señalaron que la convocatoria es difícil, especialmente para las víctimas que viven en veredas donde no existen direcciones y, o se demoran mucho en llegar los correos, o terminan devolviendo la co-

rrespondencia ante la imposibilidad de encontrar la dirección. Por eso la Defensoría Pública en todas las regiones ha optado por informar a la víctima que es su responsabilidad estar pendiente y llamar frecuentemente a pedir información, de lo contrario, no pueden asegurar que sean informadas.

2.10. conocimiento de la ley de justicia y paz En Antioquia, la CNRR, con apoyo de la Gobernación, ha realizado capacitaciones dirigidas a víctimas a través de jornadas de atención. En 2007 se realizaron 6 jornadas en las que estuvieron presentes la Procuraduría y la CNRR. Para agosto de 2008, además se habían realizado jornadas en bajo Cauca y oriente antioqueño, en Remedios, Segovia y Puerto Berrío. Sobre los casos recibidos en tales jornadas la CNRR dio traslado a la Defensoría del Pueblo para que asignara defensores públicos. Las organizaciones sociales y que acompañan víctimas señalaron que en algunas ocasiones se propende porque las jornadas de atención sean acompañadas por líderes, práctica que ha resultado positiva, pues facilita la generación de confianza entre comunidades, víctimas y autoridades.

C

119

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

>

120

En el nivel nacional, 6 de cada 10 entrevistados (ligeramente más entre afectados que entre no afectados), saben que a los desmovilizados los están juzgando a través de una “ley especial que les da rebajas de penas a cambio de que cumplan ciertas condiciones”, lo que de alguna forma sugiere un conocimiento relativamente alto de la legislación actual. Cuando se pregunta cómo se llama esa ley, se encuentra que alrededor del 40% de los entrevistados no recuerda o no sabe, y que cerca

del 60% menciona específicamente la Ley de justicia y paz, sin mayores diferencias entre afectados y no afectados. Esta proporción es similar en todas las regiones, excepto en Montes de María, en donde aunque 6 de cada 10 personas respondieron que saben que las personas desmovilizadas están bajo una “ley especial que les da rebajas de penas a cambio de que cumplan ciertas condiciones”, sólo alrededor del 40% de las personas la distinguen como la Ley de justicia y paz. En Meta, se

respondió la primera pregunta por 7 de cada 10 entrevistados, y de estos cerca del 85% menciona específicamente la Ley de justicia y paz, sin mayores diferencias entre afectados y no afectados. Esto puede indicar que, a pesar de que en Meta no hay suficiente institucionalidad con capacidad de respuesta, la Ley de justicia y paz es conocida, y ello puede deberse a las campañas nacionales de difusión por diferentes medios de comunicación.

h 2.11. dificultades de las víctimas para contar con representación judicial Este es un punto uniforme en todas las regiones y también parece ser crucial para la participación adecuada de las víctimas en los procesos de justicia y paz, pero también debería serlo para todas las víctimas de violaciones a derechos humanos que se encuentran en igual o peor situación en cuanto a su representación judicial. Las unidades de Defensoría Pública sólo se ubican en las ciudades en donde se encuentran los tribunales de justicia y paz, a saber, Bogotá, Medellín y Barranquilla. En el resto de ciudades se encuentran abogados que sirven de enlace entre defensores y defensoras públicas y las víctimas. Por tal razón, como se verá a continuación, Medellín

es la ciudad, de las analizadas, que con más planta de defensa pública cuenta. En Antioquia, de acuerdo con información dada por la Defensoría del Pueblo, la atención a víctimas que se acercan a la Defensoría se rota entre los 14 abogados que son los mismos que tienen que seguir los casos. Sólo hay dos personas encargadas del apoyo administrativo para oficios y envío de información. Cada defensor o defensora representa entre 300 y 500 casos. Además, estas personas atienden víctimas rotativamente: 3 abogados hacen turnos en las mañanas y en las tardes. Cada defensor o defensora pública tiene a cargo casos atribuibles a diferentes bloques de grupos armados ilegales, lo que les impone que deban seguir los casos ante fiscales diferentes. En las otras regiones, la Defensoría tenía previstos dos abogados o abogadas en cada

panorama

regional para atención al público. Sin embargo, esto no se estaba cumpliendo en todas las regiones. Por ejemplo, en Valle, al momento del desarrollo de la investigación, aunque estaba prevista por la Defensoría del Pueblo la existencia de dos abogados o abogadas para atención a víctimas, sólo había una persona contratada. En todas las regiones tanto la Defensoría del Pueblo como las organizaciones sociales hicieron referencia a la demora en la designación de abogados. La Defensoría del Pueblo de Antioquia señaló que la asignación de un defensor público podía demorar entre 15 días y 4 meses, mientras que las versiones libres y los procesos siguen su curso sin la participación de las víctimas. Esta situación ha propiciado que las víctimas otorguen poder a abogados inescrupulosos que les cobran montos de dinero inaccesibles para ellas y que no representan adecuadamente sus intereses. Esta situación se ha presentado, en particular, en Montes de María. Adicionalmente, la Defensoría no siempre cuenta con las mejores instalaciones de trabajo para atención a víctimas, pues no dispone de cubículos cerrados que permitan privacidad y confianza, a veces abogados o abogadas deben compartir el escritorio con otros profesionales, en otros casos ni siquiera cuentan con computador. A pesar de lo anterior, se han presentado esfuerzos de las autoridades locales para compensar esta situación. Por ejemplo, en Medellín, la Alcaldía dispone del Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, programa que cuenta con abogados y abogadas que atienden a las víctimas.

2.12. ausencia de una estrategia de atención psicosocial a víctimas Tal vez, uno de los temas en los que más confusión y desatención se presenta es en el de la atención psicosocial. La Fundación Social pudo constatar que cada institución tiene una idea diferente de a dónde remitir a las víctimas para la prestación de atención psicosocial, a la vez que ninguno de ellos cuenta con posibilidades de brindarla directamente. Los funcionarios y funcionarias entrevistadas señalaron que remitirían a las víctimas al ICBF, al Ministerio de Protección Social, al sistema de salud pública, a Comisarías de Familia, a Casas de Justicia, a Acción Social. Esta situación contrasta fuertemente con el hecho de que los desmovilizados cuentan con programas de tutores y acompañamiento psicosocial. Por medio de la Resolución 1113 de 2006 de la Defensoría del Pueblo se creó el programa de atención a víctimas, el cual prevé la asistencia psicosocial. No obstante, no todas las regiones cuentan con profesionales contratados. Por ejemplo, para agosto de 2008, la Defensoría regional en Cali no contaba con profesionales capacitados para brindar este tipo de atención, y sólo la CNRR ofrecía este servicio. En Antioquia, existe una Mesa Interinstitucional de Atención Psicosocial, que trabaja sobre diferentes modelos de atención a víctimas. Básicamente el trabajo psicosocial consiste en la atención en crisis y el acompañamiento a las víctimas, por ejemplo en las versiones libres, en las declara-

C

121

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación *C *

122

ciones, durante las jornadas de atención y en la retransmisión de audiencias. La mesa está coordinada por la CNRR, que cuenta con una psicóloga, y participan en ella el ICBF y el Programa de Víctimas de la Alcaldía, que también tiene un componente psicosocial. Adicionalmente existen esfuerzos desde la sociedad civil muy interesantes, como el de la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR), que han sido líderes en esta materia, a partir de la creación de grupos municipales para prestar ayuda psicosocial. En 2005 esos grupos conformaron la Asociación de Víctimas del Oriente Antioqueño (APROVIASI). Estas mujeres han logrado que en varios planes de desarrollo municipales se incluyan programas de atención a víctimas. En Montes de María, la CNRR también está liderando procesos con otras instituciones como el ICBF y ha aplicado una herramienta para medir el impacto psicosocial de situaciones de violencia en la comunidad de La Libertad. Dicha herramienta se denomina minimental, ha sido usada y reconocida internacionalmente y permite identificar los principales traumas que ha sufrido una comunidad afectada por la violencia. Para la atención psicosocial universal a víctimas, además de que las instituciones cuenten con profesionales y, en todo caso, con formación mínima sobre la materia, es necesario que se diseñe un programa de atención psicosocial para víctimas que opere dentro del sistema general de salud, de manera que no se reduzca a un programa de atención puntual y de crisis, sino que se trate de un programa permanente.

2.13. las campañas de difusión y la información que se brinda a víctimas debe ser realista y no generar falsas expectativas La necesidad de una información amplia, integral y completa sobre los derechos de las víctimas y la ruta jurídica para hacerlos valer, debe ser respaldada con procesos de formación a los funcionarios que deben atenderlas, para evitar desorientarlas, revictimizarlas o, en muchos casos, frustrarlas. Desafortunadamente, las campañas y los esfuerzos de difusión realizados por todas las instituciones, como la Fiscalía, Acción Social o la CNRR, entre otras, han generado expectativas en las víctimas que en la mayoría de los casos son imposibles de satisfacer. Esta dinámica genera nuevas frustraciones y falta de credibilidad en los procesos. Por tal razón, puede ser recomendable que los contenidos de programas de formación a funcionarios sean muy generosos, de manera que impulsen a los funcionarios a cumplir su labor de la manera más exigente en términos de garantía de los derechos de las víctimas. Sin embargo, a su vez, en la información que se entrega a víctimas se debe aplicar más cautela para evitar generar expectativas. Es importante que el Estado conozca los tiempos en los que está en posibilidad de dar respuesta a las demandas de las víctimas para darles a conocer, con claridad, lo que el Estado está en capacidad de dar. A la vez, es importante emprender estra-

panorama

tegias serias para responder a las necesidades de recursos físicos, humanos, de formación y de toda índole que sean necesarios para cumplir la ley a cabalidad.

2.14. no existen condiciones materiales para una adecuada atención a víctimas de violencia sexual Aunque varios funcionarios entrevistados tienen algunas ideas de cómo atender casos de violencia sexual, no cuentan con la infraestructura para hacerlo efectivamente. Por ejemplo, algunos funcionarios señalaron que sabían que era preferible que mujeres víctimas de violencia sexual fueran atendidas por mujeres, pero desafortunadamente ello no siempre es posible. Esta situación se combina con el hecho de que no se reportan casos de violencia sexual en las instituciones, lo cual comprueba que siguen existiendo temor y resistencia de parte de las víctimas

para llevar sus casos ante las autoridades, y que la institucionalidad no brinda condiciones adecuadas para que estos temores y prevenciones se superen. De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación151, la denuncia de delitos sexuales atribuibles a miembros de los grupos paramilitares que operaban en la región es mínima. (cuadro 12) Por otra parte, el Decreto 1290 de 2008 contempló la posibilidad de dar indemnización administrativa a víctimas de violencia sexual. Sin embargo, Acción Social, que es la entidad encargada de tramitar las solicitudes de reparación administrativa mencionó en las entrevistas realizadas por la Fundación Social que no cuenta con un protocolo específico para la atención de estos delitos. En todo caso, la atención no es uniforme, hay mucha confusión y la respuesta que reciben las víctimas varía sustancialmente de región a región, de municipio a municipio y depende también de la institución a la que acuda. A continuación se presentan las iniciativas existentes en cada región estudiada.

cuadro 12 *

C

bloque

delitos sexuales denunciados

Valle

Calima

4 por acceso carnal violento

Antioquia Cacique Nutibara

6 por acceso carnal violento 1 por acto sexual violento



Héroes de Granada

1 por acceso abusivo con menor de 14 años

Meta

Centauros Héroes del Llano Vencedores de Arauca

2 por acceso carnal violento 3 por acceso carnal violento 1 por acto sexual violento

Montes de María

Montes de María

6 por acceso carnal violento

151. Fiscalía General de la Nación, respuesta a derecho de petición, octubre 31 de 2008.

123

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

En Valle, la Fiscalía de justicia y paz señaló que contaba con dos abogadas entrenadas para atender casos de violencia sexual, pero que hasta el momento no había recibido casos. Por su parte, para agosto de 2008, la CNRR en Cali se encontraba elaborando un protocolo de atención psicológica a víctimas de violencia sexual.

124

En Antioquia, la Fiscalía de justicia y paz señaló que cuando se le reporta un caso lo remite a una investigadora mujer quien aplica protocolos especiales. Sobre violencia sexual, las preguntas a los postulados se hacen primero en entrevista individual. Dicha entrevista no es abierta. Además, en Medellín existe el programa Centro de Atención Inmediata a la Víctima de violencia sexual (CAIVAS), en el que participa la Alcaldía. En este programa las víctimas son remitidas a la Fiscalía y a Medicina Legal cuando se encuentran interesadas en interponer la denuncia, independientemente de que su caso sea de competencia de justicia y paz o no. De lo contrario, las víctimas reciben atención y se les da la información sobre la opción de interrumpir el embarazo para remitirlas a las instituciones que pueden acompañarlas en ese proceso. La CNRR, por su parte, señaló que en las jornadas de atención a víctimas se motivaba a las mujeres a hablar de casos de violencia sexual, cuando estos se hubieran presentado. La Defensoría, por su parte, indicó que era muy difícil documentar los casos de violencia sexual, porque la mayoría de los casos no eran recientes y por la ausencia de pruebas ésta se supeditaba a la confesión del desmovilizado. Así,

no se contempla la valoración psicológica como una prueba de la violencia sexual. En el oriente antioqueño, a través de las redes de mujeres, como AMOR y APROVIASI, se ha creado un trabajo de apoyo psicosocial mutuo, no necesariamente a través de profesionales de psicología, pero es una iniciativa muy interesante, de sociedad civil, que ha animado a varias mujeres a denunciar. En Montes de María, la Fiscalía señaló que no había recibido, hasta agosto de 2008, muchas denuncias de violencia sexual, excepto las formuladas contra Marco Tulio Pérez, alias el “Oso”, acusado de graves casos de violencia sexual en San Onofre y, en particular, en el corregimiento La Libertad. Las denuncias se habrían dado con el acompañamiento de organizaciones sociales y de la CNRR. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en asocio con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), ha venido desarrollando un trabajo con mujeres para fortalecer sus procesos de empoderamiento, de apropiación de sus derechos, así como para el reconocimiento de las mujeres como víctimas. PNUD y UNIFEM también adelantan actividades con la institucionalidad: con los concejos municipales y las alcaldías para promover y garantizar los derechos de las mujeres. De otra parte, se encontró que para algunas instituciones, la violencia sexual es vista como un asunto de derecho familiar y personal, es decir, privado. Por tal razón, remiten a las víctimas hacia pro-

panorama

cedimientos y autoridades competentes en derecho de familia, o al ICBF. Por último, en Meta, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo manifestaron su preocupación por la gravedad de la situación en este aspecto. Dichas entidades han recibido denuncias, sin embargo, igual que en otras regiones, las entidades no tienen infraestructura para atender los casos. Ahora bien, la Gobernación de Meta cuenta con el Programa de la Mujer en la Secretaría Social y de Participación. El programa enfoca sus esfuerzos en la capacitación de mujeres en proyectos productivos, así como en la prevención del maltrato infantil y la violencia intrafamiliar. Igualmente, la Oficina Promotora de Paz de la Gobernación ha promovido un observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. A pesar de estos importantes esfuerzos, no hay programas específicos dirigidos a la atención de víctimas de violencia sexual.

2.15. acceso a la justicia de población indígena y afrodescendiente Todas las regiones estudiadas cuentan con población indígena, especialmente Valle y Montes de María. En Valle, la CNRR reportó trabajo en relación con la comunidad del Alto de Naya, víctima de la masacre en la que habrían muerto alrededor de 120 personas en abril de 2001. La masacre afectó especialmente población indígena y afrodescendiente. A pesar de que la comunidad se encuentra

ubicada en el departamento de Cauca, los efectos del hecho en la situación de los pueblos indígenas del Valle son indudables. De acuerdo con las entrevistas, tanto con miembros de grupos indígenas como con instituciones, los pueblos indígenas desconfían especialmente de las instancias de justicia, debido a la discriminación que han sufrido, al impacto que todavía tiene la persecución que sufrieron y la masacre misma. Por tal razón, los grupos indígenas tienden a creer que la resolución de sus casos no se dará en instancias de justicia y paz. La Fundación Social recibió información de que en los pueblos indígenas se siente una falta de acompañamiento por parte de las instituciones del Estado, así como una despreocupación por su situación particular. Esta circunstancia se aúna a la falta de conocimiento de los procedimientos, así como a la diferencia de idioma. La Fundación Social pudo constatar que la mayoría de las instituciones del Valle no cuenta con mecanismos para atención bilingüe, sin embargo, a la mayoría de ellas no se han acercado miembros de pueblos indígenas. En el caso de pueblos indígenas, así como de afrodescendientes, a su condición de víctimas se suma el alto nivel de analfabetismo, el cual impide, entre otros, el conocimiento de los mecanismos de acceso a la justicia.

C

En Valle, la CNRR reportó estar trabajando con algunas organizaciones de afros, especialmente con los Consejos Comunitarios en la zona de Buenaventura y la costa pacífica. El Coordinador de la CNRR señaló que ha habido un aceramiento con estas organizaciones, éstas participan en la Mesa Interinstitucional

125

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

existente en Valle. Igualmente, la CNRR trabaja con estas organizaciones lo relacionado con información y consulta de las actividades que se van a realizar en los territorios y hace trámite de denuncias y acciones para la protección de los territorios.

126

En relación con Montes de María, la CNRR reportó haber tenido dificultades para el trabajo con la población afrodescendiente, debido a las débiles instancias organizativas con las que estas organizaciones cuentan. No obstante, en 2008 se realizó un congreso de comunidades afrodescendientes en San Onofre, donde se empezó a tratar el tema en relación con las víctimas y su condición étnica. Igualmente, la CNRR reportó que se han hecho acercamientos para el trabajo con miembros de la etnia Zenú. Ahora bien, desde una perspectiva nacional, parece ser evidente que en ninguna de las regiones existe un trabajo estratégico y organizado para diseñar y ejecutar políticas públicas con enfoque diferencial por razones étnicas. En efecto, el Área de Género y Poblaciones Específicas de la CNRR a nivel nacional reportó que no han desarrollado actividades específicas en ese sentido. Por supuesto hay atención a miembros de estas poblaciones, pero no existe un análisis específico del tema por razón de su pertenencia a un grupo étnico, lo que constituye una grave falencia de la política pública en la materia.

2.16. experiencias de coordinación interinstitucional A continuación se hace una exposición de los aspectos regionales de la oferta y la coordinación institucional en atención a víctimas en las cuatro regiones.

a. Valle En Valle del Cauca el tema de justicia y paz se ha ido consolidando. En Cali y en Buenaventura se han creado mesas de coordinación interinstitucional sobre justicia y paz, lideradas por la CNRR. En ellas participan Acción Social, la Unidad de justicia y paz de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el ICBF, la Oficina de Paz de la Gobernación, la Dirección de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, la MAPP/OEA, la Consejería Municipal de Paz y el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder). Las instituciones entrevistadas señalaron que dicho espacio, era necesario pues ha permitido iniciar la articulación de esfuerzos para la atención a las víctimas. La mesa de Cali se reúne cada 15 días, y a través de ella han coordinado diferentes actividades como las jornadas de atención a víctimas. En especial, se destaca una jornada que hicieron en Cali que tuvo una duración de tres días seguidos. Esta mesa fue concebida como un escenario para compartir información, recursos y apoyos entre las diferentes entidades, y en la que los funcionarios y funcionarias se puedan capacitar, e intercambiar infor-

panorama

mación sobre los recursos para la atención psicosocial y para atender a la niñez. En el caso de Buenaventura la mesa tiene otra composición pues, además de las instituciones, también participan representantes de la comunidad y de las víctimas. La mesa en Buenaventura se ha reunido más que la de Cali, pero se atienden más situaciones tipo emergencia humanitaria para apoyar a víctimas, para protegerlas y reubicarlas y para visibilizar la problemática ante las autoridades nacionales. En Buenaventura la mayoría de víctimas no acude a las jornadas debido al temor a represalias. A esto se suma que hay mucha desconfianza de las personas en las instituciones. En Buga existe un espacio de coordinación mixto, que no ha sido creado a propósito del tema de atención de los derechos de las víctimas, porque ha sido un espacio de discusión de la problemática de población desplazada básicamente. Sin embargo, en la mesa de coordinación se ha planteado el tema de justicia y paz y han empezado a trabajarlo incipientemente, aunque en él no participan todas las instituciones concernidas. De esta mesa hacen parte el Servicio Jesuita para Refugiados, Pastoral Social, Acción Social, la MAPP, la Unidad de Atención y Orientación (UAO), la Mesa de Atención a población desplazada y la personería. En Cali y Buga, la CNRR está organizando reuniones de alcaldes para sensibilizarlos y para propiciar que incluyan el tema de atención a víctimas en los programas de gobierno y en los planes de desarrollo.

b. Antioquia En general, las entidades entrevistadas señalaron que disponen de una institucionalidad consolidada. Sin duda, Medellín es la ciudad donde mayor oferta institucional de atención a víctimas hay y de mejor calidad. De hecho, allí hay una fuerte y consolidada red de organizaciones de derechos humanos y de víctimas, hay presencia de la comunidad internacional, pues cuenta con sede regional del PNUD, de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, MAPP/OEA, entre otros. Además, en Medellín hay Sala de justicia y paz en el Tribunal Superior de Distrito Judicial, hay sede regional de la CNRR, además de las instituciones ordinarias del Estado como la Personería, la Defensoría, la Procuraduría y Acción Social. Tanto la Gobernación como la Alcaldía de Medellín han creado programas específicos de atención a víctimas y también han incorporado políticas en torno al tema de desmovilización, desarme y reinserción. La Gobernación ha liderado procesos con las alcaldías de los municipios, igualmente. Además, en Antioquia existe el Comité de coordinación interinstitucional liderado y coordinado por la CNRR. Las grandes ventajas que tiene la región en oferta institucional no la eximen de problemas en atención de víctimas. En primer lugar, Medellín es receptora de víctimas por centenas. Dichas víctimas vienen no sólo de la ciudad, del oriente antioqueño, del resto de Antioquia, sino incluso de toda Colombia, debido a que allí se ubica uno de los

C

127

tres tribunales de justicia y paz del país. Eso hace que las entidades no puedan responder con suficiencia a la demanda masiva de atención. En cuanto a la coordinación interinstitucional, algunas instituciones señalaron que ésta es insuficiente debido a que no existe un flujo adecuado de información y a que la articulación entre ellas es deficiente.

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

c. Montes de María

128

En Montes de María no existe un comité interinstitucional o una mesa de trabajo específica y permanente sobre el tema de víctimas. Sin embargo, el PNUD ha venido promoviendo espacios de articulación junto con la MAPP/OEA, la Defensoría del Pueblo, Redepaz y la Fundación Montes de María, mediante encuentros para la formulación de una agenda común en torno a los temas relacionados con las víctimas. Las diferentes entidades como Defensoría, Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y CNRR participan de las jornadas o brigadas de atención a víctimas tanto en Sincelejo como en los municipios y allí coordinan aspectos relacionados con lo operativo de las jornadas o brigadas. Igualmente, algunas instituciones convocan reuniones puntuales para el análisis de situaciones o problemáticas específicas, siendo estos espacios de carácter ocasional. En principio, parece haber una buena relación entre las diferentes instituciones, y voluntad de coordinar acciones de acuerdo con las responsabilidades que tienen.

En lo referente a la atención a población desplazada, existe un espacio interinstitucional permanente que se reune cada mes y en el que participan la Defensoría, la Procuraduría y Acción Social. Los Montes de María han sido una región con amplia presencia por parte de las organizaciones, la comunidad internacional y por el Estado mismo. Eso ha generado situaciones positivas, tales como la difusión amplia de los derechos de las víctimas. Pero, de otra parte, la inestabilidad y la intermitencia de las intervenciones hacen que muchas organizaciones y víctimas se sientan abandonadas o que no exista un compromiso serio y estable con su causa. En general, no hay mayor involucramiento de las autoridades locales en el tema de atención y protección de los derechos de las víctimas. Sin embargo, PNUD viene trabajando en 15 municipios y con las gobernaciones de Sucre y Bolívar para incluir el tema de atención a víctimas en los planes de desarrollo locales.

d. Meta En el Departamento de Meta, el espacio de trabajo más reconocido no es interinstitucional, sino que agrupa a diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos. Se trata de la Mesa Humanitaria que lleva trabajando tres años y que agrupa a los sectores sociales más importantes de la región. El PNUD ha acompañado y apoyado dicho espacio. Sin embargo, este no es un espacio de trabajo exclusivo sobre el tema de la búsqueda de justicia de las víctimas de violaciones a derechos humanos e infraccio-

panorama

nes al derecho internacional humanitario, aunque sí se centra, en general, en temas de derechos humanos. En la institucionalidad no existen espacios de coordinación y, al contrario, las entidades se quejan de que hay mucho desconocimiento del trabajo que deben hacer las unas y las otras en relación con la atención de víctimas. Como ya se mencionó, en el departamento de Meta, para el momento de cierre de este estudio, no hay sede local de la CNRR y tampoco hay un equipo local de la MAPP/OEA, que son las entidades que más procesos de articulación y formación han generado sobre esta temática en las otras regiones. Esto ha redundado en que las entidades, con algunas excepciones y en distintos grados, no están actualizadas ni conocen las funciones que deben cumplir en temas de justicia y paz y atención a víctimas, y, por consiguiente, no las ejercen. De hecho, hasta agosto de 2008, la Personería de Villavicencio no conocía el formato sobre hechos atribuibles a grupos armados ilegales, ni tampoco sus funcionarios tenían información o un protocolo de cómo informar a las víctimas sobre justicia y paz. La Fiscalía conoce y cumple sus funciones, pero considera que la atención de víctimas no debería ser su responsabilidad principal, por lo que remite a las víctimas a otras instituciones que no tienen capacidad ni información para atenderlas adecuadamente. Esto ha propiciado que las víctimas reciban atención principalmente en cuanto población desplazada, cuando procede, y en todo caso con un enfoque principalmente humanitario. Además, las

víctimas están sometidas a la falta de respuesta y son remitidas repetidamente de institución en institución, sin conseguir respuesta a sus inquietudes.

e. Aspectos comunes a todas las regiones > En general, se encuentra como un fenómeno común la inestabilidad laboral de los servidores encargados de cumplir funciones sobre justicia y paz. A pesar de algunos esfuerzos institucionales, todavía no se adoptan medidas permanentes y estructurales para garantizar que el acceso de las víctimas a la justicia no dependa de vicisitudes relacionadas con la financiación de proyectos puntuales de las instituciones. > La MAPP/OEA ha tenido un importante liderazgo en la coordinación interinstitucional y en el apoyo al fortalecimiento institucional, pues brinda recursos, capacitación y acompañamiento a las instituciones y a las víctimas. Dicho apoyo ha impulsado muchos procesos locales. Sin embargo, es importante que las instituciones asuman que la atención a las víctimas no debería depender enteramente de la cooperación internacional. > Algunas autoridades señalaron que no consideran que se esté teniendo suficientemente en cuenta la afectación psicosocial de quienes trabajan permanentemente en atención a víctimas. Es necesario que quienes atienden víctimas estén en condiciones aptas para atenderlas, pero principalmente, que su salud mental y emocional no se vean afectadas por su

C

129

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

trabajo. De acuerdo con información brindada por la Fiscalía en Sincelejo, el director nacional de la Unidad de justicia y paz de la Fiscalía, Luis González, les informó a funcionarios de la Fiscalía que la institución tomaría medidas sobre el particular. De hecho, la Fiscalía ha contratado varios profesionales en psicología para esos efectos, pero no todos los funcionarios han sido atendidos.

130

3. Derecho a la verdad Aunque existen varios aspectos relacionados con el derecho a la verdad, como la verdad judicial en el marco de justicia y paz, la búsqueda de la verdad que tiene que adelantar la justicia ordinaria, y la verdad en su dimensión más social, en esta investigación se profundizó en la búsqueda de la verdad en el marco de los instrumentos creados por la Ley de justicia y paz, tales como las versiones libres en el marco del proceso penal, así como el trabajo del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

panorama

3.1. percepciones y actitudes sobre el derecho a la verdad De acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta, el 51% de la población rural colombiana afectada por la violencia no conoce las razones, circunstancias y responsables del hecho que les afectó. En Valle, este porcentaje es del 46%; en Antioquia, 53%; en Montes de María, 42%, y en Meta, 49%. En términos generales, no es despreciable la cantidad de personas afectadas que no quieren que la verdad de su caso sea revelada públicamente. El 48% de la población rural nacional afectada no quisiera que la verdad de su caso fuera informada públicamente. En Valle este porcentaje es similar (51%) y en Meta es mayor (56%). Sin embargo, en Antioquia es del 44% y en Montes de María es del 25%. Es decir que en Montes de María es donde más intención hay de que se conozca públicamente la verdad, con el 75% de la población rural afectada. En cuanto al interés en asistir a declaraciones donde los agresores confiesen los hechos, el 63% de la población rural nacional afectada manifestó interés en hacerlo. En Valle es del 62%; en Antioquia y Montes de María es mayor, con el 68% y el 69%, respectivamente; y en Meta es mucho mayor, con el 78%. La mayoría de los entrevistados, tanto afectados como no afectados por igual, considera importante recordar los hechos relacionados con el conflicto armado y las

violaciones de derechos humanos. En el nivel nacional rural este porcentaje es del 61%. Sin embargo, excepto Meta, que tiene el mismo porcentaje nacional, en las tres regiones restantes se presenta un porcentaje mayor al nacional, así: Valle 65%, Antioqua 71% y Montes de María 76%. En la encuesta se preguntó qué aspectos de la verdad estaban interesadas en conocer las personas encuestadas. En el nivel nacional, el 46% de la población afectada señaló que no conoce la verdad. De estas personas, el 46% quiere conocer quién lo agredió y las razones y el 45% dice que prefiere no saber nada. Por otra parte, de toda la población afectada, incluidas la que sabe la verdad de su caso y la que no, el 63% quisiera asistir a las versiones libres. (cuadro 13) Las principales razones para querer conocer lo sucedido, entre la población afectada, de acuerdo con la encuesta nacional, son, en primer lugar, para poder entender lo que pasó, 35% y, en segundo lugar, para poder reclamar justicia, 28%. En Valle, sin embargo, la razón que más identifica a los afectados es poder entender lo que pasó, con el 38%; en segundo lugar se ubica el deseo de tener paz personal, 26%, y en tercer lugar se ubica la intención de reclamar justicia, con 24%. En Antioquia, la primera razón es comprender lo que pasó, con el 46% de la población afectada; y en segundo lugar se encuentra la intención de reclamar justicia, con el 28%. En Montes de María nuevamente la principal razón es entender lo que pasó, con el 50%, y la segunda reclamar justicia con un 25% de afectados. En el departamento de Meta, es mayor la población que quiere saber la verdad para reclamar

C

131

cuadro 13 *

valle población afectada ¿quiere asistir a las versiones libres?

Sí

No



62%

38%



Conoce la verdad

No conoce la verdad



54%

46%



Quiere conocer quién lo



agredió y las razones



No quiere saber nada

45%

Otras

9%





46%

antioquia población afectada

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

¿quiere asistir a las versiones libres?

132



Sí

No



68%

32%



Conoce la verdad

No conoce la verdad



47%

53%



Quiere conocer quién lo



agredió y las razones



No quiere saber nada

44%



Otras

10%

justicia, con el 35%, mientras que el 31% de la población quiere entender lo que pasó. Entre quienes no quieren saber la verdad, las principales razones para no querer conocer lo sucedido, a nivel nacional son: porque las personas encuestadas no quieren pensar en el pasado y porque les da miedo que tomen represalias contra ellas, cada una de estas razones fue elegida por el 39% de la población afectada. En tercer lugar, el 27% de la población rural afectada responde que considera que no servirá para garantizar reparación. En Valle las principales razones son el miedo a repre-

46%

salias (43%), y la creencia de que no servirá para garantizar reparación (39%). En Antioquia, la principal razón elegida es el rechazo a pensar en el pasado (39%), y en segundo lugar el temor a las represalias (22%). En Montes de María la principal razón por la que no se quiere saber la verdad es para no pensar en el pasado (59%), seguida del temor a las represalias (46%). En Meta, el miedo a las represalias es muy alto, con el 66%; en segundo lugar se encuentra el rechazo a pensar en el pasado (46%). En relación con la percepción de la población encuestada sobre la acción de la justi-

panorama

montes de maría población afectada ¿quiere asistir a las versiones libres?

Sí

No



69%

31%



Conoce la verdad

No conoce la verdad



58%

42%



Quiere conocer quién lo



agredió y las razones

42%



No quiere saber nada

46%



Otras

12%

meta población afectada ¿quiere asistir a las versiones libres?

Sí

No



69%

31%



Conoce la verdad

No conoce la verdad



51%

49%



Quiere conocer quién lo



agredió y las razones



No quiere saber nada

22%

se está esclareciendo judicialmente la verdad base: 95.100 hogares afectados / 386.722 hogares no afectados gráfica 14 *

cia y del Estado para encontrar la verdad, el 71% de la población afectada consideró que no se está esclareciendo judicialmente la verdad sobre el hecho que le había afectado. Mientras tanto, el 63% de la población no afectada considera que la justicia sí está esclareciendo la verdad. Lo anterior muestra que es cierto que la percepción sobre el esclarecimiento de la verdad es diferente y más positiva por parte de quienes no han sido víctimas. (gráfica 14)

78%

afectados

C

no afectados

29% Sí 63%

No

71% 36% 133

Los porcentajes son los siguientes en las regiones estudiadas: (gráfica 15)

gráfica 15 *

¿se está esclareciendo judicialmente la verdad?

afectados

no afectados

en montes de maría

en valle

base: 3.371 hogares afectados / 6.181 hogares no afectados

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

base: 10.173 hogares afectados / 26.277 hogares no afectados

134

29%

Sí

71%

No

32%

Ns/Nr

No

87% 44% 13%

1%

en antioquia

en meta

base: 22.372 hogares afectados / 71.534 hogares no afectados

base: 5.374 hogares afectados / 16.929 hogares no afectados

40%

Sí

63%

Sí

26% 71%

60%

No Ns/Nr

56%

Sí

67%

35% 2%

No

74% 29%

panorama

Estos resultados podrían corroborar la hipótesis según la cual la percepción de avances de la justicia para la población afectada es mayor en los lugares donde hay tribunales e institucionalidad de justicia y paz, como Antioquia; y menor en donde no la hay, como Meta.

cuadro 14 *

Cuando se preguntó sobre el nivel de conocimiento sobre desmovilizados confesando delitos ante la Fiscalía, el 38% de la población afectada rural nacional respondió que sí sabe que hay desmovilizados confesando sus delitos, mientras que el 47% de la población no afectada considera lo mismo. Al preguntar a la población afectada si su agresor estaba rindiendo declaraciones, el 71% respondió que no y sólo el 8% respondió que sí. (cuadro 14)

De estos datos se puede concluir que: i. La cantidad de desmovilizados confesando es relativamente baja de acuerdo con la población no afectada, mientras que la población afectada percibe que este porcentaje es mayor; ii. La percepción de que hay desmovilizados declarando es mayor, en todo caso, respecto de los casos en que la población afectada sabe que su agresor está declarando efectivamente su delito ante la Fiscalía; iii. Los afectados tienden a creer que aunque su agresor no esté declarando ante la Fiscalía, hay otros que sí lo están haciendo; y iv. En la práctica, son muy pocos los perpetradores que están rindiendo declaración ante la Fiscalía de acuerdo con la percepción de las víctimas. Adicionalmente, de acuerdo con la encuesta, la mayoría de la población afectada y la no afectada, tanto en el

¿hay desmovilizados declarando sus delitos ante la fiscalía?

Población afectada Población no afectada



SÍ

NO NS/NR

SÍ

NO

¿su agresor está declarando sus delitos ante la fiscalía? (sólo para población afectada) SÍ

NO

NS/NR

C

NS/NR

Valle

28% 69%

3%

53%

28%

20%

5%

75%

20%

Antioquia

31% 64%

5%

50%

29%

21%

8%

69%

22%

Montes de María

57% 43%

0%

59%

26%

15%

7%

60%

34%

Meta

42% 58%

0%

58%

21%

21%

3%

79%

17%

135

nivel nacional como en el nivel regional, se enteró por los medios de comunicación.

do su caso en justicia y paz, el 100% de la población no afectada cree que se está descubriendo la verdad de lo ocurrido.

*C *

136

¿Cuáles entidades cree usted que son las búsqueda de la verdad? (RM)

tres

Del universo de la población afectada rural nacional cuyo agresor ha rendido declaraciones ante la justicia (el 8% de la población afectada), el 72% cree que esas declaraciones han servido para dar a conocer lo que ha ocurrido en el país, mientras que el 28% no piensa lo mismo. Por último, se preguntó cuáles eran las tres instituciones que deberían jugar un rol más importante en la búsqueda de la verdad. En el plano nacional, las respuestas fueron las siguientes (gráfica 16):

que juegan un papel más importante en la

base: 95.100 hogares afectados por la violencia base: 386.722 hogares no afectados por la violencia gráfica 16 *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

El 91% de la población rural no afectada nacional considera que las declaraciones están sirviendo para conocer la verdad de lo que ha ocurrido en el país. Este porcentaje es del 89% en Valle y Antioquia, y el 88% en Meta; el 100% en Montes de María, lo que corrobora el optimismo de esta última región. Resulta sorprendente el contraste con la cantidad de víctimas que creen que su agresor está rindiendo versión en justicia y paz. Así por ejemplo, mientras en Montes de María sólo el 5% de las víctimas dice que su agresor está confesan-

Población Afectada

Población no Afectada 49%

La Fiscalía General de la Nación La Comisión Nacional de Reperación y Reconciliación

39% 49%

41%

La Presidencia de la República

38%

La Defensoría del Pueblo

36% 34%

30%

Naciones Unidas

20%

22%

La Personería

17%

Los jueces Los medios de comunicación

13%

Iglesia católica

13%

Las organizaciones sociales

13%

La Procuraduría

48%

45%

6%

15% 14% 17% 11% 5%

Otras iglesias

2%

2%

Ninguna

1%

1%

panorama

cuadro 15 *

En todas las regiones, la institución que se encontró que juega un papel más importante es la Fiscalía General de la Nación. A continuación se muestran las respuestas de acuerdo con cada región. (cuadro15)



valle

antioquia

montes de maría

meta

1

Fiscalía

Fiscalía

Fiscalía

Fiscalía

2

Presidencia de la CNRR República

Presidencia de la República

Presidencia de la República

3

Naciones Unidas

CNRR

Defensoría del Pueblo

4 CNRR

Personería

Presidencia de la Defensoría del Pueblo República

3.2. las versiones libres en el marco de justicia y paz Es difícil contar con un análisis completo de las versiones libres en el marco de la Ley de justicia y paz debido a la cantidad que se adelanta. De los 31.671 paramilitares desmovilizados colectivamente152, 2.913 fueron postulados a la Ley de justicia y paz en un primer momento. Actualmente, de acuerdo con la información disponible en el portal electrónico de la Fiscalía, hay 3.666 postulados, entre los que se encuentran también desmovilizados de los grupos guerrilleros. Sin embargo, de acuerdo con información

Naciones Unidas

de la misma Fiscalía, 2.183 de ellos no tenían, en el momento de su desmovilización, procesos o condenas por delitos diferentes a la participación en los grupos. De hecho, en julio de 2008, más de 1.100 de las personas postuladas se habrían retirado del proceso de justicia y paz pues, por el hecho de no tener procesos o condenas judiciales en contra, podrían aspirar a los beneficios de la Ley 782 de 2002 y sus respectivas prórrogas, es decir, a beneficios que los eximirían de cumplir cualquier pena de prisión. Ahora bien, para octubre de 2008 se estaban desarrollando 329 versiones libres153.

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152. Alto Comisionado para la Paz, Proceso de Paz con las Autodefensas. Informe Ejecutivo, diciembre de 2006, en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/libro/Libro.pdf. 153. Fiscalía General de la Nación, respuesta a derecho de petición, octubre 31 de 2008; portal electrónico de la Fiscalía General de la Nación, www.fiscalia.gov.co; International Crisis Group, Corregir el curso: Las víctimas y la ley de justicia y paz en Colombia, Informe sobre América Latina No. 29, 30 de octubre de 2008.

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las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

Las observaciones que aquí se hacen corresponden al producto de la entrevista de instituciones y organizaciones en las regiones, así como de organizaciones litigantes que han seguido las versiones libres de los paramilitares postulados a la Ley 975154. Las principales conclusiones encontradas son las siguientes:

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En primer lugar, en la práctica, la verdad judicial a la que se llegue depende en gran medida de la confesión de los desmovilizados, y por consiguiente de su motivación para revelarla. De acuerdo con la Fiscalía: “A la par de la exposición del versionado, el Fiscal del caso adelanta actividades de investigación y verificación de los hechos enunciados o confesados, con el fin de establecer la veracidad de lo afirmado y preparar la formulación de la imputación ante el Magistrado de Control de Garantías. La verdad entonces no es la que vierte el postulado sino el resultado de la actividad de la Unidad Nacional de Fiscalía, enriquecida con los aportes de las víctimas y otras fuentes de información como acertadamente lo precisó el Consejo de Estado, lo que nos permite aseverar que sólo cuando el Fiscal del caso agote estas actividades podrá determinar si el postulado–versionado ha confesado sus crímenes de manera completa y veraz, lo que deberá hacerse siguiendo la metodología prevista para la recepción de la diligencia de versión” 155.

Sin embargo, lo que parece ser cierto es que si la Fiscalía imputa un delito pero el postulado lo niega, se genera una carga probatoria para la Fiscalía y para la Defensoría muy alta, que impide que en la práctica se pueda condenar por los hechos no confesados, los cuales además deberán ser investigados en la justicia ordinaria. La escasa confesión de los paramilitares sí ha limitado en la práctica el ámbito de investigación de la Fiscalía. Por ejemplo, en Montes de María los desmovilizados sostienen que sólo son responsables de hechos ocurridos a partir de 1998, porque sólo en esa época entraron los grupos paramilitares a la región. Sin embargo, las víctimas y organizaciones conocen y presentan casos anteriores. Como ya se mencionó más arriba en este estudio, la Fiscalía está ampliando su investigación desde 1986 para incluir esos y otros casos, en los que se encuentran hechos atribuibles a las CONVIVIR. Igualmente, en Antioquia, la Fiscalía corroboró que no investiga los hechos cometidos por el Bloque Metro, que era comandado por alias “Doble Cero”, dado que este bloque fue exterminado por el Bloque Cacique Nutibara por haberse apartado desde sus orígenes del proceso de desmovilización. Sin embargo, antes de que se iniciara el conflicto entre el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Metro, este último hacía parte de la

154. Un seguimiento organizado de las versiones libres ha sido realizado por el Observatorio internacional DDR – Ley de Justicia y Paz del Centro Internacional de Toledo para la Paz CITpax. 155. Fiscalía General de la Nación, respuesta a derecho de petición, octubre 31 de 2008.

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estructura de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). En segundo lugar, parece haber más esperanza en lograr avances en casos individuales que en responsabilidades de sectores políticos o económicos o sobre la determinación de las causas de los hechos. Como ya se mencionó, de acuerdo con la encuesta, la población afectada, y también la no afectada por la violencia, considera que la extradición afectó especialmente la revelación de la verdad en casos individuales y el hallazgo de personas desaparecidas. Sin embargo, en el estudio cualitativo, en términos generales, tanto las organizaciones como varias entidades estatales señalaron que perciben que los postulados no han dicho toda la verdad. En general, parece haber más esperanza en conocer verdades puntuales, o el paradero de las personas desaparecidas. El contraste de la información cualitativa y cuantitativa puede obedecer al conocimiento más profundo de las víctimas organizadas y las entidades, frente a imaginarios no necesariamente ciertos, de parte de la población general. Sin embargo, no se puede tampoco desconocer que varios comandantes paramilitares han mencionado a altos funcionarios del Estado y regionales, a miembros de la fuerza pública y a miembros de sectores económicos. Esos casos deben ser investigados de manera independiente e imparcial para avanzar en el proceso de esclarecimiento de la verdad. Así por ejemplo, debido a la confesión de Mancuso, “H.H.” y el “Alemán”, se abrió

investigación contra el empresario bananero Raúl Emilio Hasbún Mendoza, por contribuir a la financiación del paramilitarismo. Algunos han considerado que ese caso es el inicio de la “paraeconomía” o el fenómeno relativo a las relaciones entre grupos paramilitares y sectores económicos156. En tercer lugar, la revelación de la verdad varía según el desmovilizado que está rindiendo versión libre. En cuanto a los comandantes, pareciera que las confesiones dependen de su situación jurídica o de posiciones muy personales. En lo que tiene que ver con mandos medios y bajos, sus confesiones, en general, dependen de la autorización de los comandantes. Si bien no es posible hacer una evaluación exhaustiva de lo dicho por los comandantes en sus versiones, se destacan algunos aspectos relevantes mencionados por las organizaciones y entidades entrevistadas. Es el caso de Mancuso quien en su primera declaración presentó una versión de la historia del paramilitarismo en la que se refirió a la existencia a lo largo de la historia colombiana de políticas estatales de dar armas a grupos de justicia privada y a la responsabilidad estatal en el favorecimiento del paramilitarismo a través de políticas legislativas, así como por el apoyo de sectores estatales, especialmente de la fuerza pública. Dicha versión coincide con lo probado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias sobre los casos de las masacres de los 19 comerciantes, La Rochela, El Aro y La Granja y Mapiripán.

156. El Espectador, A juicio empresario bananero, miércoles 3 de diciembre de 2008, pág. 4. www. elespectador.com/impreso/articuloimpreso95989-juicio-empresario-bananero

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Antes y después de su extradición, Mancuso ha hecho mención a la masacre de El Aro y La Granja, reconociendo su responsabilidad y reiterando que en la masacre hubo un helicóptero de la Gobernación de Antioquia y que el Secretario de Gobierno del Departamento de la época, Pedro Juan Moreno, estuvo enterado de la masacre.

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En lo que tiene que ver con “Don Berna”, las organizaciones sostienen que su compromiso con la revelación de la verdad fue mínimo. En cuanto a “Ernesto Báez”, este jefe paramilitar se ha autoeximido de toda responsabilidad penal y ha mencionado que su rol dentro de los grupos paramilitares ha sido el de ser un “cronista”, con liderazgo político y se ha autodenominado como un “artillero de la palabra” que nunca estuvo relacionado con aspectos operativos. Por su parte, las organizaciones y víctimas han señalado que la versión del “Alemán”, ha sido una “afrenta” a las víctimas, pues las revictimiza y señala como colaboradoras de las guerrillas permanentemente, además de tener poco compromiso con la revelación de la verdad. Hebert Veloza, alias “H.H.”, quien a la finalización de este documento se encontraba pendiente de extradición a Estados Unidos, ha suministrado información muy importante que es materia de investigación judicial. “H.H.” empezó por el rango más bajo de la estructura paramilitar llegando a ser el hombre de confianza de Vicente Castaño y por esta razón tiene información no sólo de los aspectos militares y operativos, sino también los nexos con los sectores políticos y económicos que han apoyado a los paramilitares. Esto hace que la información

con la que cuenta “H.H.” sea muy completa y valiosa para la revelación de la verdad. “H.H.” confesó su participación en las masacres del Alto del Naya, La Alaska, y las dos masacres de Sabanetas. Involucró al ex gobernador del Cauca y ex embajador Juan José Chaux por nexos con los grupos paramilitares y dio información que implica al general retirado Rito Alejo del Río con graves delitos cometidos contra la población civil. También hizo referencia a la presunta colaboración de miembros del Batallón Palacé y de la Brigada 17 en la ejecución de varias masacres; suministró información que involucra al coronel retirado Byron Carvajal –implicado en la masacre de Jamundí– por haber patrullado con los paramilitares en Urabá; y señaló que el empresario bananero Raúl Hasbún había contribuido con los grupos paramilitares. “H.H.” señaló que sólo entre 1995 y 1996 participó en el asesinato de 1.500 personas en Urabá, sin contar las masacres y muertes de las que sería responsable en el sur del país. Algunas organizaciones entrevistadas que siguen las versiones libres de “H.H.” señalan que sus confesiones son bastante completas y que al parecer este desmovilizado estaría genuinamente interesado en contribuir a la verdad. Sin embargo, ha solicitado en varias ocasiones reunirse con los hombres que patrullaron con él o estuvieron bajo su comandancia, para completar la información, situación que no ha sido posible, entre otras razones, porque muchos de esos hombres no se encuentran sometidos al procedimiento de justicia y paz. Uber Enrique Bánquez Martínez, alias “Juancho Dique”, por su parte, ha hecho

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mención a las masacres de El Salado, Chengue y Bolívar, así como a la desaparición de dos investigadores del CTI que habían sido capturados por grupos paramilitares en Rincón del Mar, Sucre, sobre los que señaló que habían sido descuartizados y sus cuerpos echados al río. “Jorge 40” también reconoció autoría intelectual sobre la masacre de El Salado. Sin embargo, las organizaciones señalan que no toda la verdad se ha revelado o parte de la información se habría presentado de manera diferente para evitar que se evidenciara la presunta responsabilidad de la fuerza pública en la masacre o la crueldad de los actos. En cuarto lugar, la contribución a la verdad por parte de los mandos medios y de los rasos parece depender de la autorización de los superiores. Algunos miembros de organizaciones de víctimas señalaron que han tratado de tener acercamientos con desmovilizados rasos que pueden tener información sobre el paradero de personas desaparecidas. Sin embargo, señalaron que ellos se encuentran vigilados y bajo la orden de no dar información sin autorización de mandos superiores. Igual parece ocurrir con los mandos medios que se encuentran rindiendo su versión en el marco de justicia y paz, quienes señalan que no pueden confesar si no tienen la autorización de sus comandantes. Incluso, una organización que litiga los casos señaló que estuvieron durante un año

esperando el permiso de “Don Berna” para que los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara hablaran, incluso después de su extradición. Al parecer, “Don Berna” finalmente dio la autorización y han empezado a hablar. Además, algunos fiscales mencionaron que hay muchas presiones y amenazas entre los grupos en las cárceles, para que no se revelen hechos. En quinto lugar, en los delitos de violencia sexual y reclutamiento forzado es más difícil avanzar en la búsqueda de la verdad. La mayor preocupación se presenta en casos de violencia sexual en los que, como ya se mencionó, el nivel de confesiones y de denuncias es muy bajo. Sin embargo, las organizaciones conocen de casos muy graves que las mujeres no se atreven a comentar públicamente, mucho menos a llevar a la justicia. En Montes de María, por ejemplo, es de común conocimiento que “Hernán Giraldo” recibía a las jóvenes de la región para “iniciarlas” sexualmente; era una práctica de dominación en la que las familias debían participar para aceptar la autoridad del comandante paramilitar. Por tal razón, uno de los alias por el que se le conocía en la región es “taladro”157.

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La ausencia de denuncia se soporta además en fenómenos culturales y patriarcales. Por ejemplo, como mencionaban algunas organizaciones de mujeres en Montes de María, el hecho de que en algunas comunidades de La Guajira exista la dote, favorece prácticas de violencia sexual contra las

157. La denominación “taladro” hace referencia a la comparación entre la herramienta usada para abrir orificios en superficies, llamada de esa manera, y el miembro viril masculino en el momento de acceder carnalmente a las mujeres.

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mujeres en el conflicto armado. Además, los hombres no quieren que se sepa que sus mujeres fueron víctimas de violencia sexual, porque esa situación cuestiona su hombría y su capacidad de “defender a sus mujeres”.

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las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

Otro de los delitos que no se confiesan es el de reclutamiento forzado.

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Alias el “Alemán” confesó el reclutamiento de 358 niños y niñas en versión libre ante el Fiscal 19 de la Unidad de Justicia y Paz.158 Sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría, el 40% de los menores de edad reclutados pertenecía a las autodefensas. De acuerdo con las cifras más optimistas, que habla de 6.000 niños y niñas en la guerra, 2.400 muchachos habrían estado en ese grupo armado159. La Fiscalía, sin embargo, planteará explícitamente el tema en las versiones libres. Por ejemplo, de acuerdo con información de prensa, se espera que a Ramón Isaza se le pida información por centenares de niños y niñas que habían sido reclutados bajo su mando. La Fiscalía habría adelantado un amplio llamado a que las víctimas reclamen sus derechos en esta versión libre. A Isaza le preguntarían además “por unos 200 ex Auc de esa

zona que se desmovilizaron siendo mayores de 18 años, pero que declararon haber entrado al grupo cuando aún eran menores de edad, usualmente entre los 13 y los 15 años. La Fiscalía tiene pruebas de que los bloques de Isaza cometieron este delito y por eso será acusado formalmente”160. El 20 de octubre, la Fiscalía 13 especializada de Medellín profirió la primera medida de aseguramiento por el delito de reclutamiento ilícito de menores en contra de Ramón Isaza 161. En sexto lugar, en las distintas regiones se encontraron grandes diferencias y entre ciudades principales y municipios para el acceso a las versiones libres. Esto se debe a que los tribunales sólo se encuentran en tres ciudades del país y los esfuerzos de transmisión o retransmisión de las versiones han sido esporádicos y se surten con mucha dificultad, como ya mencionó. Así por ejemplo, mientras en Medellín hay mayor conocimiento del avance de las versiones, en Rionegro el proceso es más lejano para las organizaciones de víctimas. Igual ocurre en Sincelejo, Carmen de Bolívar, Cali, Buga y Villavicencio.

158. Revista Semana, No aparecen niños reclutados de bloques desmovilizados. Bandas emergentes reclutan niños en Medellín, 24 de septiembre de 2008, http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/uraba-jovenesguerra/115817.aspx. 159. Revista Semana, Cuarenta por ciento de los niños reclutados pertenecían a las autodefensas, jueves 25 enero 2007, http://www.semana.com/wf_infoarticulo.aspx?idart=100619. 160. El Tiempo, Fiscalía le exigirá a jefes ‘paras’ explicar reclutamiento de niños, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-23/fiscalia-le-exigira-a-jefes-paras-explicar-reclutamiento-de-ninos-_4391031-1. 161. El Espectador, Aseguran a Ramón Isaza por reclutamiento de menores, http://74.125.47.132/ search?q=cache:LDl9dmkWkkUJ:www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo85023-aseguran-ramonisaza-reclutamiento-de-menores+reclutamiento+y+justicia+y+paz&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=co

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En séptimo lugar, existen enormes retos para la revelación de la verdad en el marco de la Ley 782 y el Decreto 128 de 2003. Dado que el Decreto 128 de 2003, reglamentario de la Ley 782 de 2002, no impuso condiciones de revelar la verdad para acceder a sus beneficios (indulto o medidas equivalentes), la mayor cantidad de desmovilizados accedió a los beneficios sin tener que aportar la información que conocían. La solución jurídica que se dé a los 19.000 desmovilizados en todo el país que no fueron indultados antes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia puede ser una oportunidad para superar las dificultades del Decreto 128162. Es indispensable darles a estos desmovilizados una salida jurídica para no afectar su compromiso con la desmovilización. Sin embargo, se puede y debe llegar a una salida alternativa que combine las necesidades de buscar la paz con la contribución a la verdad que pueden hacer los desmovilizados rasos. No sólo los comandantes que están siendo procesados por la Ley 975 tienen información para las víctimas, también los que no están en Ley 975163. Al cierre del presente Panorama se encontraba en trámite un proyecto de ley que le permitía a los desmovilizados acceder al principio de oportunidad, siempre que no tuvieran procesos por delitos diferentes a concierto para delin-

quir agravado, porte ilegal de armas y uso ilegal de uniformes e insignias164.

3.3. el trabajo del grupo de memoria histórica de la comisión nacional de reparación y reconciliación En septiembre de 2008, el Grupo de Memoria Histórica de la CNRR (GMH) expidió su Primer Gran Informe de Memoria Histórica, sobre las masacres de Trujillo, en las que grupos paramilitares, con el apoyo del narcotráfico y la fuerza pública, fueron responsables de la muerte y desaparición forzada de cientos de personas a principios de los años 90. El informe se denomina “Trujillo, una tragedia que no cesa”. En la elaboración del informe participaron 12 investigadores e investigadoras de muy alto nivel académico y reconocimiento, liderados por el historiador Gonzalo Sánchez, coordinador del GMH. El informe aborda en varios capítulos los hechos, los contextos y los actores de la masacre; recopila los esfuerzos oficiales y no oficiales por la preservación de la memoria; y las deudas del Estado en materia de verdad, justicia y reparación. En un documento adicional, el grupo

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162. El 11 de julio de 2007, la Corte Suprema de Justicia, prohibió la concesión de indultos o medidas similares a miembros de grupos paramilitares al considerar que el paramilitarismo no es un delito indultable. 163. Por ejemplo, en Antioquia, de acuerdo con información dada por las organizaciones que representan víctimas, en agosto asesinaron a un desmovilizado que iba a dar información de varias fosas comunes. 164. Para información actualizada sobre este proyecto de ley ver: www.observatorio.derechoshumanosypaz.org

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de memoria formuló varias Recomendaciones para la construcción de una política pública centrada en las víctimas.

a. Encuesta de Fundación Social en los municipios afectados por las masacres de Trujillo

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La Fundación Social, en el marco de la encuesta nacional rural y sus muestras regionales, aplicó una encuesta en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío, afectados por las masacres de Trujillo. Dicho informe fue entregado al GMH con la finalidad de que nutriera los hallazgos de su investigación. A continuación se resaltan algunos de los más importantes165.

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Los resultados de la encuesta muestran que el 28% de los hogares encuestados han sido afectados por alguna de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de grupos armados ilegales o por agentes estatales. Esta cifra representa una proporción del 28% de afectados, que es mayor a la proporción encontrada en el estudio rural, el 20% y en el urbano del año 2006 el 12%166. Por otra parte, los resultados señalan que han transcurrido 9,4 años –en prome-

dio– desde los sucesos reportados, y de hecho el 72% de las víctimas reporta sucesos ocurridos hace 10 años o menos, lo cual corrobora que la victimización continúa en la actualidad. El 21% reporta ser víctima de hechos ocurridos entre hace 11 y 20 años –época en que se presentaron las masacres–, y el 7% hace más de 20 años. De acuerdo con la encuesta, la mayoría de las víctimas considera que los paramilitares –seguidos por la guerrilla– fueron los grupos causantes de estos hechos. Sin embargo, este orden cambia al preguntarse sobre quién es el principal grupo responsable de los delitos y se especifican las opciones, se señala en primer lugar a los grupos guerrilleros (43% de población afectada y 49% de población no afectada), en segundo lugar los grupos políticos que han apoyado a los miembros de grupos armados ilegales (22% de población afectada y 18% de no afectada), en tercer lugar se encuentran los grupos paramilitares para la población afectada (18%), y los sectores sociales y económicos que han apoyado a los grupos armados ilegales para la población no afectada (17%). Por último, se ubican los miembros de la fuerza pública tanto para población afectada (4%), como para

165. Los resultados completos se encuentran en un documento específico. Ipsos-Napoleón Franco, estudio preparado para Fundación Social, Percepciones sobre Justicia, Paz, Verdad, Reparación y Reconciliación en población rural colombiana. Informe Bolívar, Riofrío y Trujillo, Bogotá, octubre de 2008. (Ver CD anexo) 166. Es importante anotar, en todo caso, que el estudio del año 2006 se limitaba a identificar los afectados por la acción de GAI, mientras que el actual indaga también por la acción de Agentes del Estado; por supuesto no se puede concluir que la diferencia entre la afectación urbana y la rural se deba exclusivamente a esto, pero es un factor adicional a tener en consideración. En cambio, es evidente y directa la comparación con los datos del estudio rural: Hay más afectación en Bolívar, Riofrío y Trujillo, que en el promedio rural nacional.

panorama

población no afectada (3%). Igual que en otras regiones, en estos municipios el nivel de denuncia es bajo, pues el 62% de la población afectada no ha denunciado el delito del que fue víctima. De este 62%, el 56% no ha denunciado por miedo a represalias. Además, de la población afectada que ha denunciado (38%), el 12% señaló haber recibido amenazas o ha sido víctima de hostigamientos por haberlo hecho. A pesar de que la encuesta reporta un alto nivel de credibilidad en la justicia (superior al 80% de la población), la impunidad es un hecho que se mantiene, como lo comprobó el informe del GMH. El 63% de la población afectada señaló que no hay ninguna investigación por los hechos de los que fue víctima, y sólo el 12% de las víctimas señaló que la persona responsable del delito fue condenada. En relación con el derecho a la verdad, el 43% de las víctimas no quiere conocer la verdad. De quienes quieren conocer la verdad, la mitad está interesada en que se conozca públicamente, mientras que la otra mitad, no. El 74% de la población afectada considera que no se está esclareciendo judicialmente la verdad, lo que da mayor importancia a los esfuerzos realizados por el GMH. Sin embargo, al preguntar por las tres entidades más importantes para el descubrimiento de la verdad en la región, se ubicó en primer lugar a la Fiscalía (47% de población afectada y 42% no afectada), en segundo lugar a la Presidencia de la República (45% de población afectada y 46% no afectada), en tercer lugar a la Defensoría del Pueblo (39% de población afectada

y 34% no afectada) y en cuarto lugar a la CNRR (37% de población afectada y 32% no afectada). Sin embargo, como se puede ver, la diferencia estadística del apoyo a estas cuatro entidades no es muy alta. En relación con la reparación, sólo el 18% de la población afectada señaló haber solicitado reparación, y de estos, sólo el 16% mencionó haberla recibido. Por último, en lo relacionado con la reconciliación, la mitad de la población afectada señaló que no está en disposición de reconciliarse con su agresor y la otra mitad, que sí.

b. Desarrollos a partir del informe del GMH sobre las masacres de Trujillo El GMH presentó el informe en presencia del Vicepresidente de la República, la Procuraduría General de la Nación y varias víctimas organizadas en la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT). El Vicepresidente de la República señaló que había sugerido al Fiscal General de la Nación que los procesos penales fueran trasladados a Bogotá, y le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura examinar la situación de los jueces que no han llevado adelante el juicio de los responsables. Esto, debido a que una de las conclusiones del informe es que el caso se encuentra en la impunidad. Por su parte, la Procuraduría expidió la Directiva 0019, en la que pide al Ministerio de Defensa la realización de un acto público de petición de perdón a la comunidad de Trujillo. Igualmente, invitó a revisar con el Ministerio Público, los archivos

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de inteligencia militar que incluyeran los nombres de las víctimas. En la directiva también se solicita al Ministerio de Educación Nacional, así como a las autoridades locales de educación, excluir de los currículos, del material educativo y de las prácticas pedagógicas toda tesis revisionista, reduccionista o que negara los hechos violentos de este municipio del Valle del Cauca. De igual forma, la directiva pide a la Policía Nacional diseñar un programa de policía comunitaria, en coordinación con los demás servicios especializados en protección de las personas y las comunidades afectadas por la violencia, con el fin de garantizar la no repetición de los hechos.

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La vocera de AFAVIT señaló que su organización acogía el Informe, pero recordó el olvido al que han estado expuestas las personas de su asociación y la impunidad que ha caracterizado el caso. Por ello, frente al Informe del GMH pidió enfáticamente que la efervescencia del momento no fuera abandonada nuevamente con el paso del tiempo. Recordó que así había ocurrido cuando se dio a conocer el informe de la Comisión de Investigación de los sucesos violentos de Trujillo en 1994, que conllevó a que el Presidente de la República de la época pidiera perdón por los hechos, pero que no condujo a la adopción de medidas de reparación integral ni a la

justicia. Igualmente, solicitó que el informe, de carácter académico fuera presentado en versiones pedagógicas aptas para la apropiación de las víctimas, muchas de las cuales están en situación de pobreza y tienen bajos niveles de formación escolar. Después de la publicación del Informe se entregó, por su participación en la masacre, el político Rubén Agudelo, ex alcalde de Trujillo y presidente de la Asamblea del Valle. No obstante, la representante de AFAVIT señaló que se encontraba sorprendida, pues “no tenía informes que lo vincularan con las muertes” y, por el contrario, habían recibido apoyo del funcionario167. Posteriormente, la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento con detención preventiva, sin beneficio de excarcelación168. Un año antes de la publicación del informe, la Fiscalía General había conformado una comisión de investigación de alto nivel al interior de la institución para reabrir el caso. Con fundamento en los avances de la investigación, la Fiscalía libró 20 órdenes de captura. Entre los procesados había 12 miembros de la fuerza pública retirados, que en la época de la masacre tenían jurisdicción en el centro y norte del Valle. Entre los involucrados se encontrarían coroneles, capitanes, tenientes, agentes y soldados adscritos al Batallón Palacé de Buga y a la Policía de Tuluá y Trujillo.

167. El Tiempo, Se entrega el político Rubén Agudelo, por nexos con la ‘masacre de Trujillo’, septiembre 18 de 2008, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-18/se-entrega-el-politico-rubenagudelo-por-nexos-con-la-masacre-de-trujillo_4537916-1 168. El País, Asegurado por masacre de Trujillo, septiembre 30 de 2008, http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Septiembre302008/jud1.html.

panorama

Entre los investigados estaría un miembro de la fuerza pública que trabajó en el Comando del Ejército en Bogotá, en inteligencia, hasta septiembre del año pasado. Otro de los involucrados, después de retirarse del Ejército, se desempeñó como diplomático en Chile y luego como juez penal militar169. La Fiscalía también llamó a juicio al coronel retirado Alirio Urueña, detenido desde marzo de 2008170. Además también se libraron órdenes de captura contra dos ex paramilitares y sicarios que trabajaron bajo órdenes de Henry Loaiza Ceballos, alias el “Alacrán” y Diego León Montoya, alias “Don Diego”. Ambos narcotraficantes y paramilitares se encuentran investigados por la masacre. Sin embargo, alias “Don Diego” fue extraditado a finales de 2008. Dos de las fincas donde se realizaron torturas y masacres, ‘Las Violetas’ y ‘Villa Paola’, se encuentran en proceso de extinción de dominio y serían destinadas a la reparación de las víctimas. Además, la Fiscalía estaría documentando casos contra al menos 60 personas más, entre quienes se encontrarían servidores públicos171.

El GMH, en la actualidad avanza en el estudio de dos casos emblemáticos más, el caso de la masacre de Segovia–Antioquia en 1988, que es una de las primeras masacres paramilitares en Antioquia; y el caso de Bojayá, donde en medio de un enfrentamiento entre las FARC y los paramilitares, murieron 119 personas en 2002.

4. Derecho a la justicia A pesar de esfuerzos importantes de lucha contra la impunidad en Colombia, la justicia todavía es un anhelo lejano para la mayoría de las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones en el conflicto armado. El 61% de la población rural nacional encuestada afirma que no se está adelantando una investigación por los hechos de los que fue víctima, mientras que el 88% de ellas señala que sus agresores no han sido condenados. En el marco del procedimiento de justicia y paz, a la fecha del cierre de este documento, no se había producido la primera sentencia condenatoria, después de 3 años de aprobación de la Ley 975.

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169. El Espectador, Un episodio por esclarecer. La Fiscalía espera recibir la declaración del general (r) Manuel José Bonnet, 25 de Octubre de 2008, http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso86108-unepisodio-esclarecer?page=0,0 170. El Tiempo, Coronel implicado en masacre de Trujillo trabajó hasta el martes pasado en inteligencia militar, 3 de octubre de 2008, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-10-03/coronel-implicadoen-masacre-de-trujillo-trabajo-hasta-el-martes-pasado-en-inteligencia-militar_4580924-1 171. El Tiempo, 20 órdenes de captura contra supuestos responsables de masacre de Trujillo (Valle) dictó la Fiscalía, septiembre 24 de 2008, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-25/20-ordenes-de-captura-contra-supuestos-responsables-de-masacre-de-trujillo-valle-dicto-la-fiscalia_4564317-1

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las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

cuadro 16 *

A continuación se muestran las variantes regionales (cuadro 16):

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región ¿se está adelantando investigación? Sí No

¿los agresores han sido condenados?

No sabe, no responde

Sí Sí

No No sabe, No no responde

Valle

39%

61%

0%

19%

70%

11%

Antioquia

41%

51%

8%

9%

81%

10%

Montes de María

44%

56%

0%

10%

90%

0%

Meta

40%

58%

3%

15%

72%

13%

Sin embargo, la población afectada y la no afectada por estos delitos parecen creer en la importancia de la justicia. De acuerdo con la encuesta nacional rural, alrededor del 80% de la población encuestada cree que juzgar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y de delitos durante el conflicto armado es un medio efectivo para superar la violencia en Colombia. Esta proporción es de alrededor del 70% en Valle, del 76% en Antioquia, de alrededor del 90% en Montes de María y de más del 93% en Meta. Lo anterior parece corroborar que el optimismo respecto de la posibilidad de hacer justicia, igual al que se vio respecto de la búsqueda de verdad, no está asociado necesariamente a la experiencia. El optimismo persiste aunque la realidad no sea alentadora. Alrededor del 85% de las personas encuestadas es optimista frente a la posibilidad de hacer justicia respecto de las graves violaciones cometidas. Esa proporción es de más del 80% en Valle, del 87% para la población afectada y el 80% para la población no afectada en Antioquia, del 93% en Montes de María y del

84% para la población afectada y el 94% para la población no afectada en Meta. En promedio 8 de cada 10 personas, sin diferencia entre población afectada y no afectada, están de acuerdo con que tanto los comandantes como los miembros rasos deben ser juzgados. Mientras tanto, en el nivel nacional, el 15% considera que sólo deben ser juzgados los comandantes. (cuadro 17) Alrededor del 86% de las personas encuestadas considera que enjuiciar a los miembros de grupos armados ilegales sirve para revelar la verdad. En Valle esa proporción es del 79%, en Antioquia del 78% para población afectada y del 86% para población no afectada, en Montes de María es de alrededor del 95% y de más del 96% en Meta, sin distinciones entre población afectada y no afectada. Alrededor del 81% de la población nacional rural considera que hacer justicia es útil para conseguir la reconciliación. En Valle, el 79% de la población afectada y el 73% de la no afectada consideran lo mismo; en Antioquia, alrededor del 80% –sin distinciones entre población afectada y la no afectada–; en Montes de María, el 93% –sin distinciones entre población afectada

cuadro 17 *

panorama

de los miembros de los grupos armados ilegales, ¿quiénes deben ser juzgados? Región

Tanto los comandantes como los rasos

Sólo los comandantes

Valle

87% (población afectada)

12% (población afectada)



88% (población no afectada)

11% (población no afectada)

Antioquia

85% (población afectada)

13% (población afectada)



90% (población no afectada)

9% (población no afectada)

Montes de María

90% (población afectada)

9% (población afectada)



88% (población no afectada)

11% (población no afectada)

Meta

77% (población afectada)

20% (población afectada)



80% (población no afectada)

14% (población no afectada)

y no afectada–, y en Meta, el 83% de la población afectada y el 86% de la no afectada.

gráfica 17 *

La entidad que más confianza genera para hacer justicia es la Fiscalía, seguida por la Presidencia de la República y por la jus-

ticia internacional. Es de resaltar el papel de la Presidencia de la República en la medida en que no hace parte de la Rama Judicial. Sin embargo, parece evidenciar que la lucha contra la impunidad requiere del

¿Qué instancias o instituciones podrían servir para hacer justicia con respecto a delitos cometidos en el conflicto armado y graves violaciones a los derechos humanos? (RM) base: 95.100 hogares afectados por la violencia base: 386.722 hogares no afectados por la violencia Población Afectada

Población no Afectada 62%

La Fiscalía

La Corte Penal Internacional o tribunales internacionales especiales

33%

38%

34%

35%

Las instancias creadas por la Ley de Justicia y Paz

23%

23%

Los jueces penales La justicia de Estados Unidos a través de la extradición a ese país

26%

23%

25%

23%

La Personería

2%

C

46%

47%

La Presidencia de la República

Ninguno

64%

3%

149

compromiso de las tres ramas del poder público y, por supuesto, de la voluntad política del Gobierno nacional. (gráfica 17) Estos resultados son similares en todas las regiones, excepto en Meta, en donde las personerías ocupan un segundo lugar. La población rural, parece ser partidaria de una justicia penal con un fuerte énfasis

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

cuadro 18*

retributivo. El 64% de la población afectada y el 62% de la no afectada consideran que

150

para superar las violaciones a derechos humanos y el conflicto armado se deben aplicar las penas tal como están en la ley penal, sin ningún tipo de tratamiento especial. Por su parte, el 27% de población afectada y la no afectada consideran que se deben aplicar penas más altas de las establecidas en la ley ordinaria. En el plano regional rural, los resultados son los siguientes (cuadro 18):

para superar las violaciones a derechos humanos y el conflicto armado… Región

Se deben aplicar las penas tal como están en la legislación penal, sin ningún tratamiento especial

Se deben aplicar penas más altas a las establecidas en la ley ordinaria

Valle

56% (población afectada)

35% (población afectada)



60% (población no afectada)

29% (población no afectada)

Antioquia

61% (población afectada)

26% (población afectada)



69% (población no afectada)

24% (población no afectada)

Montes de María

76% (población afectada)

21% (población afectada)



68% (población no afectada)

25% (población no afectada)

Meta

65% (población afectada)

25% (población afectada)



65% (población no afectada)

28% (población no afectada)

Sin embargo, el nivel de judicialización y privación de la libertad de los miembros de los grupos paramilitares desmovilizados es muy bajo. A continuación se muestra la relación de cantidad de personas desmovilizadas, personas postuladas a la Ley 975 de 2005 y de personas privadas de la libertad. (cuadro 19) En la encuesta también se preguntó por las medidas que se deberían adoptar en relación con los miembros de grupos armados ilegales. En particular se preguntó a las personas encuestadas si estarían de acuerdo

con que los miembros de grupos guerrilleros y paramilitares deberían ser: i. Juzgados y condenados; ii. Combatidos militarmente; o iii. Perdonados por el Estado. En general, tanto la población afectada como la no afectada tiende a mostrar altos niveles de acuerdo con la primera opción (juzgar y condenar), menor acuerdo –aunque aún elevado– frente a la opción de combatirlos militarmente, y en general alto desacuerdo con la opción de perdonarlos. Se evidencian muy po-

cuadro 19 *

panorama

Región Bloque Cantidad de desmovilizados 172

Cantidad de postulados ratificados a la Ley 975 de 2005173

Cantidad de privados de la libertad174

Valle

Calima

564

26

8



Pacífico

358

11

1

Antioquia

Cacique Nutibara

868

23

13



Héroes de Granada

2.033

78

13

Montes de María

Montes de María

595

129

19

Meta

Centauros

1.134

238

45



Héroes del Llano

1.765

192

42



Meta y Vichada

209

12

5



Vichada

325

6

2

cas diferencias en las opiniones si se trata de grupos guerrilleros o paramilitares. Al comparar con los resultados encontrados en la población urbana en el año 2006, se ve que la población rural expresa opiniones más contundentes: frente a la opción de combatir a los grupos armados ilegales, el acuerdo urbano era del 60% vs. el 70% rural; la opción de juzgarlos y condenarlos era apoyada por el 75% urbano vs. casi el 90% rural; finalmente, el perdón mostraba apenas un “ligero desacuerdo” ur-

bano vs. más de dos tercios en desacuerdo en la población rural. Estas respuestas corroboran la tendencia de la población por políticas de responsabilización judicial de los miembros de grupos armados ilegales, al lado del rechazo de políticas conducentes a amnistías o indultos. (gráfica 18)

C

Estos resultados son similares en Valle y Antioquia, mientras que en Montes de María y Meta hay un pedido más enérgico de justicia a los grupos, con porcentajes mayores al 95%.

172. Alto Comisionado para la Paz, Proceso de Paz con las Autodefensas. Informe Ejecutivo, diciembre de 2006, en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/libro/Libro.pdf. 173. Página web de la Comisión Nacional de Reparación, en: cnrr.org.co. 174. Fiscalía General de la Nación, respuesta a derecho de petición, octubre 31 de 2008.

151

pensando en la situación actual de los grupos armados ilegales, qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones.

gráfica 18 *

base: 95.100 hogares afectados por la violencia base: 386.722 hogares no afectados por la violencia

Total/ Algo Desacuerdo La guerrilla debe ser juzgada y condenada

La guerrilla debe ser combatida militarmente

4% 6%

18%

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

Los paramilitares o autodefensas deben ser juzgados y condenados Los paramilitares o autodefensas deben ser combatidos militarmente Los paramilitares o autodefensas deben ser perdonados por el Estado

Indiferente

Total/ Algo de Acuerdo

89%

9%

La guerrilla debe ser perdonada por el Estado

152

Población no Afectada

Población Afectada

18%

67%

11%

15% 11%

68%

8%

11%

19%

24%

Total/ Algo de Acuerdo

69%

12%

20%

87%

6%

73%

65%

12%

23%

88%

Indiferente

85%

7% 8%

73%

5% 7%

Total/ Algo Desacuerdo

12%

66%

70%

12%

22%

h 5. Derecho a la reparación En los últimos años, el Estado ha dado algunos pasos para garantizar reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario. La Ley 975 de justicia y paz contempla dentro del procedimiento penal un incidente de reparación para las víctimas. La misma ley creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, con un mandato de 8 años, y le encomendó hacer seguimiento y evaluación periódica de la reparación y señalar recomendaciones para su adecuada ejecución, y coordinar la actividad de Comisiones Regionales para la Restitución de

Bienes, encargadas de facilitar los trámites para la restitución de bienes. Sin embargo, tres años después de iniciados los procedimientos de justicia y paz, los incidentes de reparación no se han desarrollado en casi ningún caso. Por lo anterior, en abril de 2008, el Gobierno aprobó el Decreto 1290, que estableció un programa de reparación por vía administrativa. Este decreto se centra sobre todo en la indemnización como medida de reparación, no cobija a víctimas de la fuerza pública, ni hechos posteriores a la fecha de su expedición (abril 22 de 2008). Además, dicho decreto está basado en el principio de solidaridad y no en el deber de respe-

panorama

to y garantía estatal de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló sobre el punto que “corresponde al Estado un rol central y una responsabilidad principal en garantizar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario un acceso efectivo y en condiciones de igualdad, a medidas de reparación (…). La CIDH entiende que el concepto de reparación tiene sus raíces en un principio de obligación, en contraste con un pago ex gratia”175. Al cierre de este informe, existía un proyecto de ley en trámite ante el Congreso176 que contenía como uno de sus aspectos centrales la adopción de medidas de reparación. Preocupa, sin embargo, que de acuerdo con el texto aprobado hasta el momento por el Congreso, el proyecto de ley da un tratamiento desigual para las víctimas del Estado, quienes tienen que enfrentar requisitos adicionales al resto de las víctimas para acceder a la reparación; considera la reparación como una ayuda solidaria y no como deber del Estado; y permite que medidas de asistencia y ayuda humanitaria, así como programas sociales del Estado, sean validados como medidas de reparación177.

Así las cosas, el debate sobre la adopción de políticas públicas en materia de reparaciones en Colombia está en curso. A continuación se presentan algunos resultados de la encuesta que pueden dar elementos para enriquecerlo.

5.1. ¿quién debe reparar, de dónde deben salir los fondos para la reparación y quién debe liderar el proceso? De acuerdo con la encuesta, la mayoría de la población, sin diferencias sustanciales entre población afectada y no afectada, considera que quienes deben reparar son aquellas personas que directamente cometieron el daño o la agresión, los máximos jefes, y quien dirigía a quien cometió la agresión, con porcentajes entre el 50% y el 70%. Después se ubica al Estado colombiano, con el 35%; quien se benefició política o económicamente, con el 30%; y en último lugar, otros países, con el 5%. Así, la población estaría de acuerdo con la regla jurídica según la cual el Estado es responsable subsidiariamente por la reparación. Sin embargo, las personas encuestadas no parecen ubicar fuertemente entre

C

175. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Lineamientos principales para una política integral de reparaciones, Doc. OEA/Ser/L/V/II.131, 19 de febrero de 2008. 176. Proyecto de ley 157 de 2007 – Senado y 044 de 2008 – Cámara. 177. La Fundación Social, adicional al seguimiento técnico permanente prestado a la agenda legislativa en materia de derechos humanos y paz, diseñó y desarrolló la metodología y sistematizó la realización de nueve audiencias públicas regionales convocadas por el Congreso de la República para la discusión con las víctimas del Proyecto de Ley denominado Estatuto de Víctimas.

153

*C *

154

Ahora bien, a quienes respondieron que la reparación debería estar a cargo del Estado, se les preguntó cuál sería la mejor forma de conseguir los fondos. Alrededor del 67% respondió que los fondos deberían venir del presupuesto nacional, mientras el 32% considera que de un impuesto especial destinado únicamente a la reparación. En el nivel regional los resultados fueron los siguientes. (cuadro 20) En cuanto a las entidades que deberían liderar el proceso de reparación, la población afectada y la no afectada consideran cuadro 20 *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

los responsables a quienes se beneficiaron, que vendrían a ser las personas procesadas por parapolítica o por financiar los grupos desde sectores económicos. Sólo en Antioquia y Montes de María, los porcentajes de población que piden reparación del Estado son similares a quienes piden reparación de quienes se beneficiaron económicamente. En Meta, es muy bajo el porcentaje de personas que creen que quienes más deberían contribuir a la reparación son quienes se beneficiaron económica o políticamente (0% de población afectada y 2% de no afectada), mientras que creen que quien más debería contribuir a la reparación es el Estado, y en segundo lugar los miembros de los grupos armados.

Región

que deben ser la CNRR, la Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. Mientras la población afectada opta en primer lugar por la CNRR, la no afectada opta por la Presidencia de la República. En las regiones las cuatro entidades se mantienen como las más importantes, pero en Valle lidera la Defensoría del Pueblo, y en Antioquia, la Fiscalía. En Meta lidera la CNRR, pero la Procuraduría desplaza a la Fiscalía. Este resultado es especialmente llamativo dado el hecho de que no existe sede regional de la CNRR en Meta. En Montes de María lidera la Presidencia de la República, y Acción Social desplaza a la Fiscalía del cuarto lugar para la población afectada, y es la favorita entre la población no afectada.

5.2. la reparación aún no llega A la pregunta de si ha solicitado reparación, el 65% de la población afectada rural nacional que se considera víctima señaló que no lo ha hecho, y sólo el 28% sí lo ha hecho. (gráfica 19)

Del presupuesto nacional

De un impuesto especial

Población afectada

Población no afectada

Población afectada

Población no afectada

Valle

61%

62%

33%

38%

Antioquia

47%

49%

49%

51%

Montes de María

83%

93%

17%

7%

Meta

59%

50%

41%

50%

panorama

gráfica 19 *

base: 85.093 hogares afectados que se declaran víctimas del conflicto armado base: 55.102 hogares no afectados que declaran no haber solicitado reparación

Población Afectada ¿ha solicitado reparación o compensación por el delito del cual fue víctima? (el 89% de los hogares afectados que se consideran víctimas)

¿por qué no ha solicitado reparación o compensación ? desconocimiento No sabe como hacerlo / falta información

No

4%

Ya no están en el lugar donde ocurrieron los hechos

2%

No sabe que existía la ley de Justicia y Paz

2%

Otros inferiores 2%

3%

temor

28%

7%

24%

Ocurrió hace mucho tiempo

65%

Temor a represalias

19%

Miedo / miedo a que lo maten

16%

Para evitar problemas

4%

Amenazas

2%

Otros inferiores

2%

desinterés

NS/NR

Sí

No le interesa / prefiere dejarlo así

8%

Quiere olvidar lo sucedido

2%

Exigen mucho /muchos trátimes /papeles

2%

desconfianza No sirve de nada / no solucionan nada

6%

Porque no le van a devolver al ser querido/papá

3%

Porque no le prestaron atención

2%

No cree que lo vayan a compensar

2%

Otros inferiores al 2%

2%

económicas Porque no tiene recursos para hacerlo/pagar abogado

otros

En Valle, el 72% de la población afectada no ha solicitado reparación y el 18% sí. En un nivel similar de solicitud se encuentra Meta, en donde el 77% de la población afectada que se considera víctima no ha solicitado reparación, mientras el 21% sí lo ha hecho. En Antioquia y Montes de María, en cambio, el nivel de solicitud de reparación es mucho mayor. En Antioquia, el 48% no ha solicitado reparación y el 41% sí lo ha hecho. En Montes de María, el 43% de la población no ha solicitado reparación, mientras el 52% afirma que sí lo ha hecho.

3% 11%

Del 28% que sí ha pedido reparación en el nivel nacional, sólo al 24% le fue resuelta favorablemente; al resto no le fue resuelta o está en trámite.

C

El 93% de quienes se consideran víctimas afirmó no haber recibido reparación por fuera de un proceso judicial, y sólo el 5% respondió que sí. En Valle, el porcentaje de población que afirmó que sí había recibido reparación por fuera de un proceso judicial es de tan sólo el 3%; en Antioquia, 8%; en Montes de María, 6%, y en Meta, el 4%. Ahora bien, lo anterior es explicable por el hecho de que justicia y paz no ha sido

155

*C *

156

5.3. la restitución de bienes tampoco ha llegado Del 9% de la población total que afirmó que había perdido bienes, el 83% afirmó que no ha pedido su devolución, mientras que el 15% sí lo ha hecho. De quienes pidieron devolución, el 95% afirmó que no lo cuadro 21 *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

un mecanismo efectivo para la reparación porque sólo este año empezaron algunos incidentes de reparación y, como se verá más adelante, son muy pocos los bienes entregados al Fondo de Reparación de Víctimas. Como se mencionó, en abril del 2008, el Gobierno expidió el Decreto 1290 de 2008, que establece un programa de reparación administrativa dirigido a víctimas de grupos armados ilegales. El formulario para empezar a reclamar las medidas contempladas en el Decreto se empezó a distribuir en agosto.

Región

Perdió bienes

había recibido, mientras que sólo al 5% sí le fue devuelto el bien. Esta cifra es alarmante porque significa que de los 43.363 hogares rurales que podrían estar afectados por pérdida de bienes (correspondiente al 9% de hogares que reportaron pérdida de bienes), sólo 325 habrían obtenido la restitución, lo que equivale a menos del 1% de los hogares que perdieron bienes. (cuadro 21) De acuerdo con lo anterior, Antioquia es la región en donde mayor devolución de bienes ha habido, siendo esta ínfima, pues sólo corresponde al 20% del 16% que lo solicitó. Ningún hogar encuestado en Montes de María reportó devolución de los bienes. A través del procedimiento de justicia y paz, el fondo para la reparación de víctimas ha recibido una cantidad muy reducida de bienes, como se muestra en el siguiente cuadro181 .(cuadro 22) De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía y por Acción Social, además de los bienes aquí reportados, los desmo-

¿Solicitó su devolución?178

Obtuvo su devolución 179

Sí

No

Sí

8%

10%

90%

5%

95%

10%

16%

77%*

20%

80%

Montes de María

23%

16%

84%

0%

100%

Meta

10%

16%

84%

14%

86%

Valle Antioquia 180

No

*No sabe / No responde: 7%

178. Pregunta formulada a quienes declararon haber perdido bienes. 179. Pregunta formulada a quienes declararon haber perdido bienes y solicitado devolución. 180. En Montes de María sólo reportó pérdida de bienes población afectada por la violencia. 181. Fondo para la Reparación de las víctimas, Acción Social, en: http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=455&conID=1667.

panorama

cuadro 22 *

Bienes en el Fondo para la reparación de las víctimas:

Región

Bloque

Desmovilizado

Bienes entregados

Lugar del bien

Valle

Calima

-

-

-

Antioquia

Cacique Nutibara

-

-

-



Héroes de Granada

-

-

-

Montes de María

Montes de María

-

-

-

Meta Héroes del Llano “Pirata”

3 lotes de 200 m2 c/u 3 Toyota Land Cruiser 152 toros 2 caballos 500 millones de pesos en efectivo

San Martín - Meta

Luis Arlex Arango Cárdenas alias “Chatarro”

32 millones de pesos en efectivo Un automóvil Mercancías de ropa y calzado, 652 prendas de vestir y 70 pares de zapatos Una motocicleta

-



4 millones de pesos en efectivo

-

Javier Domingo Romero

Francisco Antonio Arias

3 millones de pesos en efectivo Predio rural La Orquídea de 40 Ht y 1250 m2 Predio rural Pensar hoy La Cabaña de 375. 74 Ht Predio Rural Hacienda El Cairo Predio Rural hacienda La Uno



Ferney Tovar Rarmírez alias “Fercho”

4 millones de pesos en efectivo



-

Centauros

Paraje La Pipola, vereda Guicamal Alicante Córdoba

Antioquia

C

-

-

Meta y Vichada José Baldomero Linares Moreno alias “Guillermo Torres” o “El Colorado” o “porra de león”

Hacienda Lucitania de 399 hectáreas y 8835 m2 Inmueble urbano de 248.31 m2 construido y 182.59 m2 de área libre 26.600.000 en efectivo 1 casa de 85.14 m2

Puerto Gaitán Meta Puerto López Meta



-

-

Vichada

-

Villavicencio

157

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

vilizados han entregado u ofrecido entregar otros bienes. Sin embargo, estos no han entrado al Fondo de Reparaciones debido a que estos bienes no se encontraban saneados (de deudas tributarias, de servicios públicos, ocupantes, arrendatarios, etc.), por lo que el Fondo no los habría recibido.

158

Por las anteriores razones, se puede afirmar que no está en curso ningún proceso de restitución de bienes. La cantidad de bienes entregados al fondo o restituidos contrasta con la cantidad de hogares afectados por la pérdida de bienes, así como con la cantidad de tierras que habrían sido apropiada por los grupos armados ilegales. De acuerdo con un estudio de la Universidad de los Andes y el Banco Mundial, como consecuencia del desplazamiento forzado, se han expropiado aproximadamente 4 millones de hectáreas. Por su magnitud, este proceso ha sido considerado como una “contrarreforma agraria” en la medida en que triplica la cantidad de tierras redistribuidas por más de cuatro décadas a través de políticas de reforma agraria. El desplazamiento forzado es un delito que afecta con mayor probabilidad a personas que son propietarias de tierras que a las que no lo son. Además, el desplazamiento forzado y la usurpación de

tierras son conductas que han caracterizado las acciones de los grupos paramilitares182. Estas conclusiones tan desalentadoras deberían llevar a la adopción de urgentes medidas de reparación en materia de bienes y tierras.

5.4. el proceso de búsqueda de personas desaparecidas apenas empieza En septiembre de 2007, la Fundación Social, en asocio con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); el Centro de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad (De Justicia) y la Universidad del Rosario realizaron el seminario Desaparición Forzada, derecho penal y procesos restaurativos que condujo a la publicación Desaparición Forzada, política criminal y procesos restaurativos. La publicación aborda, entre otros temas, los retos de la búsqueda de personas desaparecidas en el marco de procesos de justicia transicional y presenta un diagnóstico del tema con propuestas para mejorar las respuestas para el esclarecimiento de la verdad en los procesos penales que por este delito adelantaría la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía183. En abril de 2008, la organización

182. Banco Mundial y Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Colombia: Una Política de tierras en transición, Documento elaborado por el Banco Mundial, Documento CEDE 2004-29, ISSN 1657-7191 (Edición electrónica), agosto de 2004, págs. 8 y 27. 183. Fundación Social, Desaparición Forzada, política criminal y procesos restaurativos. Dilemas y desafíos de la verdad, la justicia y la reparación en el contexto colombiano, Bogotá, 2006.

cuadro 23 *

panorama

no gubernamental internacional Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas184 a solicitud de autoridades colombianas concernidas en la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, realizó el informe Respuesta de Colombia a la Desaparición Forzada, que contiene un detallado diagnóstico que concluye con varias recomendaciones para mejorar y fortalecer los esfuerzos de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia185.

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, esta entidad recibe reportes de personas desaparecidas de desmovilizados, de víctimas, así como de otras fuentes. Una vez verificada la información se programan y realizan las diligencias respectivas. Igualmente, la Fiscalía señala que sus fiscales y técnicos de la Subunidad de apoyo para la búsqueda de desaparecidos y personas muertas, han recibido formación especializada para ese fin.

Debido a la implementación de la Ley 975 de 2005, el volumen de información disponible sobre personas desaparecidas y reportes sobre posibles lugares de ubicación de personas desaparecidas se incrementó de manera considerable; en respuesta, la Fiscalía cuenta ahora con fiscales especializados en exhumaciones.

De conformidad con sus datos, la Fiscalía suministró la siguiente información186, correspondiente a todo el país. (cuadro 23)

Fosas exhumadas

A continuación se mencionan algunos de los elementos que la Fundación Social considera que son principales para la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. Este análisis resulta de la información recabada en los viajes regionales,

1.386

Cuerpos encontrados

1.698

Cuerpos con reconocimiento indiciario

538

Cuerpos entregados a familiares

223

187

C

184. Se trata de una organización no gubernamental de origen estadounidense y con sede en Bosnia – Herzegovina, con una amplia experticia en búsqueda de personas desaparecidas en diferentes países del mundo, especialmente en la antigua Yugoslavia. Su portal electrónico es www.ic-mp.org. 185. Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, Respuesta de Colombia a las Desapariciones Forzadas, agosto de 2008, en: http://www.ic-mp.org/wp-content/uploads/2008/10/icmp-cos-110-3-doc.pdf. 186. Fiscalía General de la Nación, respuesta a derecho de petición, octubre 31 de 2008. 187. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, por reconocimiento indiciario se entiende “la situación en que se encuentra un cadáver exhumado, respecto del cual se tiene información ante mortem sobre prendas, elementos u objetos, se ha ubicado a la familia y tomado muestra de sangre para análisis de ADN pero está pendiente el resultado de laboratorio”. Fuente: Fiscalía General de la Nación, respuesta a derecho de petición, octubre 31 de 2008.

159

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

en las entrevistas a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y a la Comisión Colombiana de Juristas; y toma en cuenta las conclusiones y recomendaciones de las publicaciones antes mencionadas.

160

Colombia cuenta con una legislación completa y con muchos mecanismos de protección en materia de desaparición forzada. A pesar de las dificultades que se enfrentaron para que en su momento se expidiera, la Ley 589 de 2000 tipificó la desaparición forzada como delito; ordenó la creación del Registro Único de Personas Desaparecidas; dispuso la creación del mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas, que más tarde sería desarrollado por la Ley estatutaria 971 de 2005; y creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es una comisión mixta de alto nivel. Adicionalmente, la Ley 986 de 2005 estableció mecanismos de protección para víctimas de secuestro, medidas que fueron extendidas para víctimas de desaparición forzada a través de la sentencia C-394 de 2007 de la Corte Constitucional. Por otra parte, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas acordó en 2007 un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que tiene como objetivo principal encontrar con vida a las personas desaparecidas o ubicar y entregar los cuerpos de personas desaparecidas a sus familiares. Sin embargo, la legislación y los instrumentos adoptados no han sido oportuna y

adecuadamente implementados y la búsqueda de personas desaparecidas enfrenta situaciones que exceden las soluciones legales. El proceso de búsqueda de personas desaparecidas en el marco de justicia y paz no se ha desarrollado e insertado en la infraestructura y la experiencia institucional previa a la expedición e implementación de la Ley 975. A continuación se exponen algunos de los principales retos del proceso de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. > En primer lugar, en relación con la implementación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. El artículo 9 de la Ley 589 de 2000 “Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones” dispuso la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas en el que se debería incluir todos los datos de identificación de las personas desaparecidas, de inhumación y exhumación de cadáveres de personas no identificadas. De acuerdo con la ley, el Registro sería coordinado por el Instituto Nacional de Medicina Legal. El Registro fue reglamentado sólo 5 años después, a través del Decreto 4218 de 2005. Posteriormente, se puso en funcionamiento una plataforma virtual para instalar allí el Registro, que empezó a funcionar en diciembre de 2007. Este sistema se denomina Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC)188. A diciembre de 2008 se habían reportado 20.000 des-

188. El SIRDEC es el sistema para conformar el Registro Único de Personas Desaparecidas cuya creación fue dispuesta por la Ley 589 de 1999. El registro puede ser consultado por las entidades miembros de

panorama

apariciones en el registro, en el que se encuentran los casos que cuentan con la información básica necesaria para hacer el registro. La alimentación del registro todavía está en proceso. Adicionalmente, se han presentado retrasos debido a que la Policía no ha hecho la migración de datos al registro189. Existe un sistema alterno, denominado Sistema Internet Consulta Masiva de Información (SICOMAIN), que registra otros casos que no cuentan con la información básica y que además no han sido cruzados, por lo que el mismo caso puede estar registrado varias veces. Se pretende que en la medida en que se depure esta información, estos casos también alimenten el Registro instalado en SIRDEC. SICOMAIN cuenta con 60.000 registros que se encuentran en proceso de depuración.

Los avances que se han dado, si bien

acuerdo con su mandato. Es indispensable su fortalecimiento para que pueda contribuir de mejor manera a su finalidad. Es necesario que las entidades que de ella hacen parte se comprometan con las discusiones y las decisiones que allí se toman. Al adelantar las entrevistas con las distintas entidades miembros de la CNBPD, estas se quejaron de falta de articulación, de que no existía un compromiso de alto nivel al interior de cada una de las instituciones y de que las políticas conjuntas no contaban con el suficiente respaldo de todas en la ejecución de las decisiones. Además de lo visto en relación con el Registro de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cumplimiento del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PNBPD) es otro ejemplo de desarticulación y falta de compromiso al más alto nivel en su implementación.

han sido lentos, son muy valiosos. El registro se debería seguir alimentando por las entidades involucradas, pero complementarse con información proveniente de organizaciones no gubernamentales. Para seguir avanzando es indispensable que el Gobierno proporcione una financiación sostenible a las instituciones responsables del SIRDEC.

En este aspecto es crucial que las autoridades de alto nivel asistan con mayor regularidad a las reuniones de la CNBPD, ya que su asistencia puede asegurar de mejor manera el compromiso con la implementación de las decisiones.

> En segundo lugar, en relación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD), esta es una instancia que ha impulsado de manera muy positiva la búsqueda de personas de

De acuerdo con la información recolectada en el estudio cualitativo, los fiscales entrevistados señalan que enfrentan dificultades climáticas y de solicitud de permisos a los habitantes de los lugares

C

> En tercer lugar, el proceso de exhumaciones se ha realizado de manera apresurada y sin aplicar el PNBPD.

la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero las estadísticas se pueden consultar en www.comisiondebusqueda.com o www.comisiondebusqueda.org. 189. Información suministrada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

161

*C *

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

donde se encontrarían los cuerpos. Tanto fiscales como organizaciones sociales afirmaron que la Fiscalía enfrenta también dificultades de seguridad para realizar sus diligencias. El hecho de que estas dificultades se evidencien en el momento en que se va a adelantar la exhumación es una muestra de que las mismas se adelantan sin aplicar el PNBPD en sus fases de planeación y ejecución, no sólo en sus aspectos técnicos, sino también en cuanto a las necesidades de coordinación con las instituciones que tienen diferentes responsabilidades en cada una de las fases de ejecución del PNBPD.

162

Muchas veces la urgencia con que se adelantan las diligencias de exhumaciones va en contra de un adecuado proceso de identificación de los restos. En algunos casos, esto llevó a que los procedimientos forenses no fueran adecuadamente aplicados o a que los restos fueran almacenados en condiciones que ponen en riesgo el proceso de identificación. El rezago en la capacidad estatal de identificación y almacenamiento de restos, frente a la cantidad de fosas exhumadas, no es conveniente para el adecuado proceso de búsqueda e identificación. Así, no es recomendable adelantar las exhumaciones hasta tanto no se cuente con suficiente información sobre la identidad potencial de las víctimas y hasta que se cuente con las condiciones logísticas, operacionales y de seguridad. Esta recomendación ha sido realizada en el informe Colombia de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, antes citado.

Para una respuesta más oportuna y eficiente se requiere entonces: la aplicación del PNBPD, la coordinación con todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda y que se fortalezca la estructura y capacidad de búsqueda, ampliando los equipos para exhumación y adecuando técnicamente todo el proceso. La aplicación integral del PNBPD que todas las entidades miembros de la CNBPD, incluso la Fiscalía, han adoptado, podría contribuir a no desperdiciar esfuerzos y recursos por una inadecuada planeación. > Así como es necesario que haya coordinación y colaboración interinstitucional, es determinante que se ajusten los niveles de coordinación en la Fiscalía. De acuerdo con información recogida en las entrevistas de Fiscales en las regiones y de organizaciones de víctimas, se conoció de casos extremos en los que, al llegar al terreno para realizar las exhumaciones, se encuentran funcionarios de la Unidad de justicia y paz y de la Unidad de derechos humanos de la Fiscalía en disposición de realizar la misma exhumación, sin conocer que la otra autoridad también lo haría. A través de la Resolución 1678 de 2005, el Fiscal General de la Nación dispuso que corresponde a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía la representación en la CNBPD, así como coordinar y desarrollar mecanismos para el seguimiento del delito de la desaparición forzada de personas. La Unidad, igualmente, debería presentar un plan de trabajo semestral para avanzar en la búsqueda de personas

panorama

desaparecidas. La resolución, igualmente, creó un grupo de trabajo e investigación de la desaparición forzada y dio lugar a la creación de una base de datos nacional para control pronto y oportuno de las investigaciones por el delito de desaparición forzada. Posteriormente, en diciembre de 2007, la Fiscalía creó el Centro Único Virtual de Identificación (CUVI). La intención fue que el CUVI sirviera para la cooperación y la coordinación entre la Fiscalía General y otras agencias, para apoyar científica y técnicamente al proceso de exhumaciones e identificaciones y para disminuir la brecha entre las actuaciones de la Unidad de Derechos Humanos y la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Sin embargo, el CUVI se ubicó funcionalmente en la Unidad de Justicia y Paz, lo cual contradice el espíritu de la Resolución 1678 y propicia nuevamente la descoordinación entre el ámbito de justicia y paz y el ordinario. > Por otro lado, existen dificultades para el acceso de las víctimas a las diligencias de exhumación. Los familiares de las personas desaparecidas, que también son víctimas del delito, tienen derecho a participar activamente y a ser informadas de los avances procesales, así como del proceso de búsqueda e identificación de su familiar. El artículo 37 de la Ley 975 prevé explícitamente el derecho a participar en el proceso judicial. Por su parte, el PNBPD establece el derecho de los familiares de la persona desparecida a participar en el proceso de búsqueda. Sin embargo, el acceso de las víctimas a las diligencias y a los procedimientos de

la identificación es limitado. Las víctimas y las organizaciones que acompañan a las víctimas en las regiones se quejaron de demoras para hacer el cotejo de las muestras y de que ellas mismas deben pagar su transporte para poder acudir a las diligencias. En algunos casos, por ejemplo en Antioquia, las organizaciones señalaron que deben recurrir a la vía de la tutela para lograr acceso a la información. En este aspecto, resulta clave el papel que pueda cumplir la Defensoría del Pueblo, así como la Procuraduría General de la Nación, no sólo de cara a los procesos judiciales, sino en relación con el apoyo a las víctimas. > La mayoría de las víctimas no conoce los beneficios a los que tiene derecho en virtud de la Ley 986 de 2008 y la sentencia C-394 de 2007. Por lo anterior, la mayoría de ellas no los reclama. La CNBPD, en respuesta a tal falencia, ha anunciado la publicación de cartillas con estos contenidos, en aras de distribuirlas entre las víctimas y afianzar los procesos de capacitación iniciados. De hecho, la CNBPD ha decidido que el año 2009 será el año de las víctimas, lo que se traduce en acciones nacionales y en algunas regiones del país para realizar esfuerzos de capacitación para víctimas. > Las víctimas de desaparición forzada no tienen derecho a la asistencia humanitaria si no han tramitado la declaración judicial de muerte presunta por desaparición. Los artículos 15 y 16 de la Ley 418 de 1997 (prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006), señalan que las personas de la población

C

163

las víctimas: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación *C *

164

civil que sufran perjuicios “en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno”, así como las personas desplazadas, tienen derecho a la asistencia humanitaria, que se traduce en una ayuda de 40 salarios mínimos legales mensuales. Sin embargo, debido a que la definición de víctima de la mencionada ley no hace referencia expresa a las víctimas de desaparición forzada, Acción Social solicita a las víctimas presentar la declaración judicial de muerte presunta por desaparición, que es un trámite judicial para el que se requiere representación judicial, así como pagar unos edictos que se surten dentro del proceso, que exceden la capacidad económica de la mayoría de las víctimas. En conclusión, Colombia cuenta con una legislación robusta y llena de mecanismos en materia de desaparición forzada que en su implementación y puesta en práctica tiene muchos retos. Retos que tienen que ver con asumir y respetar las decisiones y políticas adoptadas en el nivel interinstitucional, en particular el PNBPD, así como con la coordinación y la colaboración interinstitucional.

panorama

D

Reconciliación D 165

contenido

1.

Significado del término reconciliación [167]

2.

Disposición a la reconciliación e inserción de la población desmovilizada en las comunidades [168]

a. Valle [170] b. Antioquia [170] c. Montes de María [171]

*D *

reconciliación

d. Meta [171]

166

3.

Entidades más importantes para la búsqueda de la reconciliación [175]

panorama

1. Significado del término reconciliación En este aspecto, de acuerdo con la información cuantitativa, 9 de cada 10 personas entrevistadas, por igual entre afectados y no afectados, piensan que la reconciliación implica que el Estado y los grupos armados ilegales lleguen a un acuerdo. Estos resultados son similares en Valle, Antioquia y Montes de María, mientras en Meta este porcentaje es de casi el 100%.

perdonar sin condiciones y olvidar el pasado. Esto resulta altamente preocupante porque, desde esa perspectiva, la defensa de los derechos a la verdad a la justicia y la reparación podría ser vista como un impedimento para la reconciliación, lo cual es contrario a la experiencia internacional y a los estándares de derechos humanos. La política de Reintegración proyectada en el documento CONPES 3554 de 2008, define Reconciliación así:

La población encuestada da prioridad a entender que la reconciliación implica contar con acciones de no repetición. En segundo lugar, se considera que consiste en perdonar con la condición de que se respeten los derechos de las víctimas y, en tercer lugar, que es vivir juntos en armonía. Estos resultados son similares en Valle y Antioquia. (gráfica 20) En Meta los resultados también son similares, pero se le da más importancia a entender la reconciliación como reconstrucción de relaciones sociales que como poder vivir juntos en armonía. En Montes de María, aunque la población afectada también asocia principalmente el término reconciliación a contar con garantías de no repetición; la población no afectada da más relevancia al significado relacionado con vivir juntos en armonía. Igualmente, tanto para población afectada como para no afectada, hay un fuerte énfasis en entender que reconciliación es

“Es un proceso de (re)construcción de relaciones y vínculos sociales que se basa en las relaciones de confianza y cooperación entre los ciudadanos y de estos hacia las instituciones políticas. La reconciliación implica reconocer y reflexionar sobre el pasado para construir un futuro común. Además, aceptar las diferencias y forjar actitudes como la tolerancia y el respeto por el otro. Este principio contempla la creación de espacios y lugares para el encuentro de actores en conflicto. La reconciliación se puede abordar desde tres dimensiones: la interpersonal, que contempla la construcción o reconstrucción de confianza y cooperación entre individuos; la social, que involucra a la sociedad y a los afectados por la violencia, y la política, que implica la restauración y/o el fortalecimiento de las relaciones de confianza entre la sociedad y el Estado” 190.

D 190. Documento Conpes 3554, Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y Grupos Armados Ilegales, aprobado diciembre 1 de 2008, pág. 10.

167

además de lo anterior, pensando en la superación del conflicto armado y de las graves violaciones a los derechos humanos, ¿cuáles de las opciones de esta tarjeta representan mejor lo que significa para usted la palabra reconciliación? (RM)

gráfica 20 *

base: 95.100 hogares afectados por la violencia base:386.722 hogares no afectados por la violencia

Población Afectada

Población no Afectada

Reconciliación es contar con garantía por parte del Estado para que las situaciones de violencia no se repitan

55%

Reconciliación es perdonar con la condición de que se respeten los derechos de las víctimas

33%

Reconciliación es generar confianza entre ciudadanos y entre estos y sus instituciones

Reconciliación es perdonar sin condiciones

*D *

reconciliación

Reconciliación es olvidar el pasado

168

39%

39%

Reconciliación es poder vivir juntos en armonía

Reconciliación es reconstruir las relaciones sociales

46%

33% 31%

31% 20% 19% 17%

Esta definición integra, entonces, los enfoques interpersonal, social y político. Sin embargo, no incorpora la relación de los procesos de reconciliación –en el marco de políticas públicas de reintegración– con la satisfacción de los derechos de las víctimas. Los procesos de reintegración de ex combatientes y los derechos de las víctimas, antes que oponerse, se pueden ver como aspectos que se complementan, democratizan la sociedad y la hacen más incluyente. En ese sentido pueden abrir las puertas para la reconciliación como un proceso de largo alcance, completo y sostenible jurídicamente.

22% 24% 24%

2. Disposición a la reconciliación e inserción de la población desmovilizada en las comunidades La disposición a la reconciliación no es muy alta. El 53% de la población afectada y el 48% de la no afectada manifestaron que no se encontraban en disposición de reconciliarse, mientras que el 46% de la población afectada y el 51% de la no afectada señalaron que sí estarían en disposición de hacerlo.

panorama

Estos resultados son similares en Valle, mientras en Antioquia hay mayor disposición a la reconciliación, pues 6 de cada 10 hogares, un poco más entre los afectados, estarían dispuestos a reconciliarse con sus agresores. En Meta, 5 de cada 10 hogares afectados y 6 de no afectados estarían dispuestos a reconciliarse.

En lo relacionado con la cercanía con los agresores, no siendo muy alta, es mayor la aceptación de ellos cuanto menor es el grado de cercanía. Mientras que parece haber un alto rechazo a que cumplan funciones de seguridad o participen en política. Igualmente, el grado de aceptación es ligeramente mayor para los miembros de la fuerza pública que para miembros de grupos armados ilegales. Estos resultados son similares en Valle, Antioquia y Montes de María. (gráfica 21)

En Montes de María la disposición a la reconciliación es un poco más baja, pues 6 de cada 10 personas no estarían dispuestas a reconciliarse, se presenta un poco menos disposición a la reconciliación entre población afectada.

En Meta, el rechazo a que los agresores fueran vecinos o a que cumplan fun-

valle, antioquia y montes de maría una vez solucionado el conflicto armado y superadas las graves violaciones de derechos humanos, dígame si estaría de acuerdo, con cada una de las siguientes afirmaciones: gráfica 21 *

base:386.722 hogares no afectados por la violencia Población no Afectada

Población Afectada Para Guerrilla Aceptaría que los agresores vivieran en su municipio

Aceptaría ser vecino de agresores

Les daría trabajo o aceptaría trabajar con los agresores

Paramilitares

34%

32%

Para Fuerza Pública

31%

42%

21%

23%

22%

33%

20%

24%

24%

33%

Estaría de acuerdo en que los agresores formaran parte de las fuerzas armadas del Estado Colombiano

11%

11%

11%

19%

Estaría de acuerdo en que los agresores formaran parte de empresas privadas de seguridad

11%

12%

12%

19%

8%

9%

10%

17%

Estaría dispuesto a que los agresores participaran en política y si fueran elegidos gobernaran

D 169

ciones de seguridad es menor. Pero es similar el rechazo a que participen en política y gobiernen. (gráfica 22) A continuación se hace mención a algunas experiencias regionales de encuentro entre víctimas y población desmovilizada.

a.

Valle

De acuerdo con información suministrada por ACR – Valle, la Hacienda Sangrana y Samaria, que era de propiedad del narcotraficante “Chepe” Santacruz, de 1.600 hectáreas y tierras muy fértiles, está siendo utilizada para proyectos productivos en los que participan campesinos, desmovilizados y desplazados, en el marco de la creación de una empresa asociativa. El programa ha sido

impulsado por el Ministerio de Agricultura, Acción Social, ACR e Incoder. La CNRR Valle también informó que se está en la fase inicial de un proceso en el marco de experiencias de reconciliación que busca identificar un grupo focal de víctimas y otro de desmovilizados para trabajar desde un enfoque de justicia restaurativa. En esta iniciativa participan también la ACR y la MAPP-OEA.

b.

Antioquia:

ACR comenzó un trabajo fuerte en 2008 con proyectos de intervención comunitaria en el oriente antioqueño. Se han facilitado procesos de reparaciones simbólicas y actos de reconciliación. Este trabajo lo realizan operadores como la

meta una vez solucionado el conflicto armado y superadas las graves violaciones de derechos humanos, dígame si estaría de acuerdo, con cada una de las siguientes afirmaciones:

gráfica 22 *

base: 5.374 hogares afectados por la violencia base: 16.374 hogares no afectados por la violencia Población Afectada

*D *

reconciliación

Aceptaría a los agresores de usted o su familia como vecinos

170

20%

Población no Afectada Para Guerrilla

21%

Para Paramilitares

18%

Para fuerza pública

32%

Aceptaría que los agresores de usted o su familia vivieran en su municipio

14%

Les daría trabajo o aceptaría trabajar con los agresores de usted o su familia

11%

17%

17%

27%

11%

16%

19%

27%

10%

15%

22%

Estaría de acuerdo en que los agresores de usted o su familia formaran parte de las empresas privadas de seguridad Estaría de acuerdo en que los agresores de usted o su familia formaran parte de las fuerzas armadas del Estado Colombiano Estaría dispuesto(a) a que los agresores de usted o su familia participaran en política y si fueran elegidos que gobernaran

5%

23%

12%

23%

13%

35%

32% 18%

panorama

Universidad de Antioquia. En el proceso participan los desmovilizados del programa, las instituciones, las víctimas y familias de la comunidad. Primero se hace un trabajo independiente para cada actor, y después se articula todo en los actos simbólicos. Finalmente, los proyectos son liderados por la población destinataria. Además, ACR estuvo a cargo de procesos que se realizaron en bienes de los desmovilizados en los que había proyectos en desarrollo y que se entregaron a personas en proceso de reintegración que accedían a trabajar ahí. Se buscó que familias desplazadas también se integraran a los proyectos. Por su parte, Acción Social ha implementado un “Servicio social reparatorio” de la mano con las alcaldías. Se trata de programas de trabajo de los desmovilizados en la comunidad a la cual retornaron, como auxiliares cívicos, guías ciudadanos, turísticos o de museos, trabajadores con tercera edad, niños, con la comunidad. Finalmente, el Programa de Reintegración de la Alcaldía de Medellín ha promovido actividades de reconciliación con familias desplazadas y desmovilizados.

c.

Montes de María

La Gobernación de Sucre ha intentado impulsar proyectos productivos entre desmovilizados y desplazados, pero estos últimos se han opuesto. De acuerdo con información de la misma Gobernación, algunos miembros de la población desplazada temen por las capturas masivas que se presentaron durante la con-

moción interior declarada en 2002, por lo que consideran que participar en esos programas los pondría en riesgo. Por su parte, la CNRR regional y la Diócesis organizaron en el 2008, el “Vía crucis de la reconciliación”. Y esta última desarrolló un estudio sobre las oportunidades de la reconciliación donde participaron víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, instituciones del Estado, las iglesias, desmovilizados, miembros de la fuerza pública, entre otros. Finalmente, la OIM y la organización Narrando Vida desarrollan un proyecto que contempla asesoría psicosocial para 30 desmovilizados y víctimas.

d.

Meta

La ACR hace seguimiento a procesos en los que participa población desmovilizada, adelantando algunas labores y trabajos en el nivel comunitario en barrios y municipios, como el arreglo de parques y zonas deportivas, la limpieza de zonas verdes, entre otras. Además, en los talleres psicosociales se hacen actividades comunitarias y con la familia. Sin embargo, ACR señala que se presentan dificultades relacionadas con el estigma sobre la población desmovilizada. Estas experiencias regionales se enmarcan en una política de reintegración que cuenta con un componente de trabajo con comunidades, que se complementa con el enfoque de reintegración individual. De acuerdo con el CONPES de reintegración, “En el tema comunitario, se ha intervenido en 31 municipios con 28 proyectos, se han realizado 16

D 171

El trabajo de comunidades, de acuerdo con el CONPES, contiene los siguientes aspectos: 1. Formación ciudadana: Se imparten a la comunidad y a la población en proceso de reintegración, cursos de formación en ciudadanía, derechos humanos, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, cultura de la no-violencia y cultura de la legalidad. Igualmente, se impulsan una red interinstitucional y una red ciudadana para la promoción de la convivencia y la reconciliación entre la población desmovilizada y la comunidad receptora, poniendo en práctica las herramientas adquiridas durante dicha formación. 2. Proyecto de iniciativa ciudadana: Se trata de proyectos impulsados por la ciudadanía, en los que participan los beneficiarios de los programas de reintegración identificando, deliberando y concertando respuestas a problemas socialmente relevantes, en torno a la convivencia. 3. Acciones simbólicas: Se trata de eventos públicos que buscan visibilizar los procesos de intervención en las comunidades en actos culturales y lúdicos. La idea es que la población en proceso de reintegración diseñe y realice los actos, incluya en ellos a otros actores sociales relevantes.

Sería conveniente que esta política tuviera en cuenta las posiciones de las víctimas y las comunidades, sus temores, sus resistencias a interactuar de manera cercana con los desmovilizados, así como su disposición a la reconciliación. En todo caso, parece que no es muy conveniente forzar procesos de cercanía entre víctimas y victimarios. A continuación se muestran algunos aspectos que se encontraron en el estudio cualitativo, respecto de las dificultades para desarrollar procesos de reconciliación. En todas las regiones, las personas entrevistadas, tanto de instituciones como de organizaciones sociales, se mostraron incrédulas respecto de las posibilidades de reconciliación. Las principales razones señaladas fueron las siguientes: > La falta de credibilidad en el proceso de desmovilización, particularmente debido a las situaciones de reincidencia y la falta de contribución efectiva por los desmovilizados a la verdad y a la reparación. En general, aunque algunas personas e instituciones ven el proceso de desmovilización como un proceso incipiente, otras definitivamente no ven esperanza de que este llevará a una situación de post conflicto. En todo caso, la generalidad de las personas entrevistadas coincide en que no existe una situación de post conflicto. > La percepción de que no existen, en general, garantías de no repetición. En particular, en Antioquia, varias instituciones mencionaron que no se pue-

*B *

la búsqueda de la paz: retos para la desmovilización de grupos ilegales y la reintegración de ex combatientes

procesos de formación ciudadana y 9 acciones simbólicas, y están en proceso de ejecución 11 proyectos ciudadanos. Además, se han beneficiado 1.836 personas de las comunidades y 230 desmovilizados” 191.

172

191. Documento Conpes 3554, Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y Grupos Armados Ilegales, aprobado diciembre 1 de 2008, pág. 18.

panorama

den iniciar procesos de reconciliación mientras no se desarticulen las estructuras, no sólo las militares, sino también las de control político y social. Se requieren escenarios democráticos con garantías para las víctimas. > La reincidencia y la ausencia de garantías de no repetición, en la medida en que afectan gravemente las condiciones de seguridad para las víctimas, especialmente cuando estas quieren reclamar justicia. > La falta de credibilidad en el proceso de desmovilización, además de impedir que existan condiciones materiales y perspectivas de reconciliación en el nivel regional, es un tropiezo para el éxito de los programas de reintegración, pues los empresarios no quieren contratar a los desmovilizados y las comunidades tienen muchas prevenciones para recibirlos. Conforme a lo visto en el capítulo sobre reintegración, esta situación es más o menos grave dependiendo de la región en cuestión. > Existe una percepción de que, a pesar de la existencia de fenómenos de reincidencia, los desmovilizados in-

cluidos en el programa de ACR no han perdido los beneficios. Esto fue particularmente grave en Valle. > En general, el hecho de que los desmovilizados reciban más beneficios que las víctimas, genera la creencia de que es más beneficioso hacer parte de grupos armados. En efecto, los desmovilizados reciben un apoyo económico para la reintegración, reciben apoyo sicosocial y, en caso de que sean postulados a justicia y paz, reciben representación judicial gratuita sin necesidad de que se realice una entrevista para evaluar la necesidad económica. En el mismo sentido, la ACR ha promovido discusiones de programas de reintegración en planes de desarrollo locales, lo cual es muy conveniente192; sin embargo, no se ha hecho lo mismo respecto del tema de atención, asistencia y reparación a víctimas en todos los planes locales de desarrollo. Por ejemplo, en Antioquia ha sido así, en Sucre hay un esfuerzo inicial, pero en Meta y Valle no había sido así hasta el momento de cierre del estudio.

192. Al respecto, la MAPP señaló en su informe número 11: “La Misión ha verificado avances en materia de reinserción enfocada en los individuos, representada en la asistencia psicosocial, atención en salud y educación. Además se han comenzado a dar los primeros pasos para la inclusión en este proceso de las comunidades receptoras. Bajo este marco, de se destaca la elaboración de Planes Regionales construidos de manera participativa para la implementación e institucionalización de la Política de Reintegración en diez departamentos. En esta actividad se contó con la presencia de actores como las administraciones municipales y departamentales, entidades del Gobierno nacional, organismos de control, empresas, academia, medios de comunicación, ONG, organismos internacionales, la fuerza pública, representantes de participantes, víctimas y otras organizaciones de la sociedad civil. También, es importante resaltar la inclusión de la política de reintegración contextualizada a las dinámicas locales, en los planes de desarrollo de 14 departamentos y 31 municipios”. Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos MAPP/OEA, Decimoprimero informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, junio 25 de 2008.

D 173

> Si bien es necesario mantener y fortalecer los programas de reintegración, también se deberían mostrar voluntad política y respuestas estatales de alto nivel y con destinación presupuestal a las necesidades de las víctimas. La desatención de las necesidades de las víctimas, frente a una atención mayor a la reintegración, genera un efecto perverso en el equilibro que debe existir entre el reconocimiento a la dignidad de las víctimas y el rechazo a los hechos graves de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. A su vez, ese equilibrio es fundamental para las garantías de no repetición, pues sólo un rechazo serio a los hechos, puede enviar un mensaje coherente de no admisión de la repetición de las conductas en el futuro.

*D *

reconciliación

> La mayoría de los desmovilizados que se encuentran en el proceso de la Ley 975, en el marco de las versiones libres, se reivindican como héroes y no asumen la responsabilidad sobre la gravedad de los actos que cometieron en la mayoría de los casos. Por tal razón, muchas víctimas no creen en su genuina voluntad de paz y su disposición a la reconciliación, teniendo como base la redignificación y el reconocimiento de las víctimas.

174

> Se requieren procesos de retorno con garantías. El hecho de que los desplazados no puedan regresar a sus tierras con garantías dificulta la reconciliación e impide una percepción de seguridad y tranquilidad. En particular, en Montes de María, donde se han presentado muchas difi-

cultades para que se presenten retornos con garantías, como se mencionó antes, varias personas y entidades entrevistadas señalaron que esta situación constituía un obstáculo para la reconciliación. > Se requiere superar la estigmatización hacia la población desplazada, la discriminación de la que son víctimas, el rechazo permanente, así como el desconocimiento reiterado de sus derechos impide que encuentren condiciones propicias para la reconciliación.

panorama

3. Entidades más importantes para la búsqueda de la reconciliación La encuesta indagó por las entidades más importantes para la reconciliación en el país, una vez superado el conflicto. Allí, la Defensoría del Pueblo tendrá un papel muy importante, seguida por la Presidencia de la República y por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Con algunos

cambios en los órdenes de prioridad, estos resultados son similares en Valle, Antioquia y Montes de María En Meta, aunque también está en primer lugar la Defensoría del Pueblo y en segundo la Presidencia de la República, en tercer lugar están la Policía y el Ejército. (gráfica 23)

¿cuáles de estas instituciones cree usted que son las tres más importantes para el logro de la reconciliación en el país, una vez se superen el conflicto armado y las graves violaciones a los derechos humanos?

gráfica 23 *

base: 3.141 hogares afectados por la violencia base: 1.354 hogares no afectados por la violencia

Población no Afectada

Población Afectada

14% 19%

19%

El Ejército La Iglesia católica

18%

Las organizaciones sociales y comunitarias

17%

22% 17%

14%

La Policía

11%

11%

Los Organismos internacionales

12% 11%

9%

La alcaldía de su municipio

8%

La Fiscalía Líderes espirituales y religiosos

6%

Las personerías

6%

Los jueces

25%

22% 20%

Acción Social

Partídos políticos

40%

43%

La Cruz Roja Colombiana

Otras iglesias

48%

44%

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

La Produraduría

45%

46%

La Defensoría del Pueblo La Presidencia de la República

8% 7% 6%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

3%

D 175

176

conclusiones y recomendaciones

iv. Conclusiones y

recomendaciones

Población rural afectada por las violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario La victimización de la población rural por violaciones a derechos humanos e infracciones a derecho internacional humanitario, parece ser mayor que la urbana. El 20% de los hogares rurales colombianos ha sido afectado por las graves violaciones a los derechos humanos y por delitos en el conflicto armado. En la encuesta urbana de 2006, esta cifra ascendía al 12%. Hay que enfatizar que en aquella ocasión las preguntas para identificar la afectación se limitaron únicamente a aquella victimización generada por miembros de grupos armados ilegales, sin incluir la causada por agentes estatales. Con ello no se puede concluir que la mayor afectación rural se deba exclusivamente a la acción de representantes del Estado, pero sí es un factor a considerar. En el plano regional, Valle es el departamento con mayor nivel de afectación, con el 29% de su población rural, seguido por Antioquia y Meta, con el 24%, y por último se encuentra la región de Montes de María, con el 20% de afectación. El estudio muestra que en los hogares afectados por las graves violacio-

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nes a los derechos humanos hay mayor presencia de personas viudas, con un menor nivel educativo, cuyas condiciones de calidad de vida son algo más difíciles que las de los no afectados. Esto pone en evidencia que la población que actualmente tiene mayor grado de vulnerabilidad es la afectada, aunque no es posible concluir que las violaciones hayan victimizado más a los más vulnerables, o si entraron en esta condición de vulnerabilidad por haber sido victimizados. La encuesta también muestra que 4 de cada 10 hogares afectados por los graves delitos han perdido bienes o propiedades.

conclusiones y recomendaciones

El 9% de la población rural nacional afectada y la no afectada por los delitos graves, dice haber perdido bienes. El mayor nivel de afectación por pérdida de bienes fue el reportado en Montes de María, con un porcentaje del 23% de la población.

178

En cuanto al grado de los casos de violencia sexual conocidos por las personas encuestadas, se encontró que el 26% de la población afectada y el 15% de la no afectada dijeron conocer por lo menos un caso de violencia sexual. Esta proporción es igual para los casos de reclutamiento forzado. Existiendo diferencias significativas entre cada una de las regiones en estos porcentajes, la región en que más casos de violencia sexual se dijo conocer fue el departamento de Meta, en donde el 26% de la población no afectada y el 44% de la no afectada conocen por lo menos un caso. Nuevamente, la región en la que la población afectada conoce más casos es la del departamento de Meta, en la que el 20% de la población no

afectada y 36% de la afectada dicen conocer al menos un caso de reclutamiento forzado. De la población afectada y la no afectada, se considera víctima el 89% de quien en efecto lo es y el 11% de quien no lo es. Quienes se consideran víctimas y pertenecen a población afectada, estiman que el responsable de su afectación es, en primer lugar, la guerrilla; (63%), en segundo lugar, los paramilitares (44%), en tercer lugar, la fuerza pública (9%) y en cuarto lugar, el Estado (4%). De acuerdo con las respuestas, la percepción por parte de la población afectada sobre la responsabilidad de guerrillas y paramilitares fue muy similar en Valle (alrededor del 45%); mientras que en Montes de María la población afectada señala más a la guerrilla (66%) que a los paramilitares (45%), al igual que en Meta, donde el señalamiento a la guerrilla es significativamente mayor (82%) que a los paramilitares (28%). Antioquia es la única región donde se responsabiliza en mayor medida a los grupos paramilitares (63%) que a la guerrilla (44%). En relación con la percepción sobre responsabilidad de miembros de la fuerza pública, en todas las regiones se responsabiliza en un porcentaje bajo respecto de los otros grupos, pero no deja de ser muy grave, teniendo en cuenta que se trata de la fuerza pública y no de miembros de grupos armados ilegales. Este porcentaje es mayor en Antioquia y Valle, en donde la población afectada señala en el 10% y 9%, respectivamente, la responsabilidad de miembros de esta. El porcentaje es del 4% en Meta, y comparativamente muy bajo en Montes de María, donde sólo se señala al 1%.

Ahora bien, al preguntar por otros agentes del Estado –diferentes a miembros de la fuerza pública–, la población afectada prácticamente no señala su responsabilidad, con porcentajes entre el 0 y el 4%. Llama la atención que las personas encuestadas no encuentren responsabilidades en otros agentes del Estado, a pesar de los probados nexos de los grupos armados ilegales y sectores políticos.

Percepciones generales sobre el conflicto armado Al preguntar sobre los sentimientos de la población encuestada hacia las víctimas, se encontró que la mayoría era de cercanía hacia las víctimas, pero sugieren inactividad respecto a su situación. Mientras la población rural afectada por la violencia considera que las manifestaciones más graves del conflicto son los ataques a la población civil y el desplazamiento forzado, la población no afectada considera que lo son el secuestro y la violencia sexual. En todas las regiones hay una cierta identidad sobre las manifestaciones más graves; sin embargo, hay diferencias significativas en su orden de acuerdo con la región, así como entre población afectada y la no afectada. Al preguntar sobre las manifestaciones más graves del conflicto armado en niños, niñas y jóvenes, la población afectada y la no afectada coincidieron en darle el primer lugar al desplazamiento forzado, el segundo a la violencia sexual y el tercero a la desintegración de la familia. Llama la atención que el reclutamiento forzado aparece tan solo en un quinto puesto.

Ahora bien, existe mucha incertidumbre sobre la finalización del conflicto armado. Más del 45% de la población rural no sabe cuándo se acabará el conflicto, mientras que alrededor del 17% considera que nunca se va a solucionar. Es decir, alrededor del 60% de la población no sabe cuándo se va a resolver el conflicto o cree que nunca se va a resolver. Las variaciones regionales son mínimas, siendo Meta la región menos pesimista. En relación específicamente con el tema de la paz, y la solución del conflicto, la encuesta rural muestra altos niveles de apoyo a todas las opciones de solución que les fueron planteadas a los entrevistados: la mayor presencia del Estado, el diálogo, la mediación internacional, e incluso la acción militar. Parece que la población colombiana, independientemente de ser o no afectada, quiere la paz, sin darle mayor importancia a cómo llegar a alcanzarla, seguramente porque hay altos niveles de acuerdo en lo que serían sus beneficios: disminución de la inseguridad, la pobreza y la injusticia principalmente. Por último, en cuanto a los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos y de los delitos en el marco del conflicto armado, la población encuestada considera que los principales responsables son las guerrillas, en segundo lugar, los políticos que han apoyado a los grupos armados ilegales. En tercer lugar, para la población no afectada se encuentran los grupos paramilitares, y para la población afectada se encuentran los sectores económicos y sociales que han apoyado dichos grupos. Sólo

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el 2% considera que la fuerza pública y agentes del Estado son responsables. Estos lugares, en general, se conservan en las regiones estudiadas. Sin embargo, en Meta se atribuye mayor responsabilidad a los sectores sociales y económicos que han apoyado a los grupos armados ilegales que a los grupos paramilitares. De esta manera, estos sectores ocupan un tercer lugar y los grupos paramilitares un cuarto lugar.

conclusiones y recomendaciones

El derecho a la paz y la desmovilización de los grupos paramilitares: ¿Realidad o esperanza fallida?

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En general, en todas las regiones, la desmovilización de los grupos paramilitares no fue integral y siguen actuando grupos que, con fuerte influencia del narcotráfico, atacan a la población civil y conservan una dinámica de persecución de líderes sociales, sindicales, estudiantiles, defensores de derechos humanos, entre otros. Esta dinámica permite afirmar que, estos grupos, aunque defienden intereses del narcotráfico, no se limitan a eso, sino que siguen siendo un ejercicio violento de conservación del poder frente a poblaciones que se perciben como amenaza al mismo. Igualmente, con diferencias dependiendo de cada región, el conflicto armado tiene como una gran motivación la posesión, la tenencia y la propiedad de las tierras. En todas las regiones, la población encuestada considera que las guerrillas y los paramilitares se han debilitado, pero en ninguna consideran que hayan dejado de existir. Sin embargo, en Montes

de María, el 4% de la población afectada y la no afectada consideran que los grupos paramilitares ya no existen. En Valle, hacen presencia grupos de facciones del cartel del norte del Valle, lo cual, sin embargo, no es suficiente para objetar su calidad de grupos paramilitares, dado el hecho de que los grupos paramilitares siempre han tenido fuerte influencia de parte del narcotráfico en la región. Por una parte, se encuentran los “Machos”, patrocinados por “Don Diego”, quien fue capturado y extraditado; y los “Rastrojos”, liderados por “Varela”, dado de baja también en el 2008. La MAPP/OEA también ha verificado la existencia de dos grupos en el norte del Valle, denominados Autodefensas Unidas del Valle y de las Rondas Campesinas Populares. Por último se han presentado amenazas de las llamadas “Águilas Negras”. En oriente antioqueño, se desmovilizó el Bloque Cacique Nutibara (BCN), y no lo hizo el Bloque Metro (BM), al mando de alias “Doble Cero”. Al entrar en disputa con el BCN, el BM fue perseguido hasta su exterminio por la fuerza pública y también por los mismos paramilitares. Posteriormente, en oriente se desmovilizó el Bloque Héroes de Granada, al mando de “Don Berna”. Sin embargo, después de estas desmovilizaciones han seguido operando grupos armados, que se mantuvieron al mando de “Don Berna” a pesar del compromiso de cese de hostilidades e incluso de su desmovilización. Estos hechos han sido documentados en investigaciones periodísticas. La MAPP/OEA también ha verificado la presencia de grupos del Bloque Central Bolívar en el Bajo Cauca. Lo ante-

rior fue corroborado en las entrevistas con las instituciones. Estos grupos se presentan en ocasiones como “Águilas Negras” y mantienen control social y económico. Sin embargo, una de las causas de la continuidad de la violencia armada ha sido la disputa entre los “paisas” de “Don Berna” y la banda de “Don Mario”, aparentemente por el control de la “Oficina de Envigado”. En mayo de 2008, “Don Berna” fue extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes. En Montes de María, después de la desmovilización del Bloque Héroes de María, se han mantenido grupos armados asociados al narcotráfico con la participación de desmovilizados al mando de “Jorge 40”. De acuerdo con la MAPP/OEA, estos grupos provendrían del Atlántico y tendrían como objetivo apoderarse del control económico y político en la región. Estos grupos estarían al mando de Miguel Villareal Archila, alias “Salomón”; Wílmer Ignacio Guerrero, alias “Cabo Guerrero”, y Yuri Rodríguez, alias la “Araña”. Por otra parte, Indepaz también reseña la existencia del grupo “Frente Social Común por la Paz” y, además, también se presentan amenazas de las denominadas “Águilas Negras”. La región se caracteriza por un alto grado de militarización, de conformidad con la cual, las Fuerzas Armadas estarían cumpliendo no sólo funciones de seguridad y defensa, sino también funciones civiles y sociales. Por último, a pesar de que históricamente el conflicto por la tierra ha sido muy fuerte en la región, en la actualidad se está dando un proceso de compra masiva de tierras por personas que no son de la re-

gión y que, aunque en lo inmediato parece ser una opción adecuada para los campesinos de la región, podría agravar el conflicto por la tierra a mediano y a largo plazo. En Meta, un fuerte grupo armado al mando de alias “Cuchillo” sigue operando en particular, en Mapirián, Puerto Rico, Mesetas y Vistahermosa. El grupo se hace llamar Frente Contrainsurgente del Meta y también es conocido como los “Cuchillos”. De acuerdo con información oficial de la secretaría de Gobierno, también estarían funcionando grupos como los “urabeños” y los “buitragueños”. Aunque un interés primordial de este grupo estaría asociado con el narcotráfico, la Fundación Social recibió información según la cual, este grupo también está asegurando un proceso de acumulación de la tierra para la siembra de monocultivos en la región. Igual que en los otros departamentos, se han presentado amenazas contra personas que organizaron y participaron de la marcha del 6 de marzo, para apoyar a las víctimas de crímenes de Estado y de grupos paramilitares. En mayo, el Gobierno extraditó a 14 jefes paramilitares debido al incumplimiento de los compromisos de desmovilización. Su extradición habría impedido que siguieran delinquiendo, pero ha generado graves conflictos entre mandos medios a cargo de los negocios ilícitos y redes de control social que se encuentran en proceso de reacomodamiento, mientras la población civil sigue siendo víctima de actos de su responsabilidad. Ahora bien, la extradición de los comandantes paramilitares ha sido muy cuestionada porque dificulta su confesión y su aporte a la reparación, así como el ac-

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ceso de las víctimas a la justicia. Además, la extradición para enfrentar procesos penales por tráfico de estupefacientes dificulta que enfrenten los procesos en Colombia por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

conclusiones y recomendaciones

Ahora bien, un reto enorme para la finalización del paramilitarismo, aun si se hubiere desarticulado su componente militar, es la terminación del paramilitarismo en toda su dimensión. Por ello, reconocer una adecuada caracterización de lo que ha sido paramilitarismo es fundamental, pues el desarme de un ejército no es suficiente para eliminar las causas que propiciaron la creación y el fortalecimiento de ese ejército. En ese sentido, resulta indispensable partir de una caracterización del paramilitarismo que tenga en cuenta que este fue un fenómeno que surge en el marco de medidas normativas expedidas por el Estado que propiciaron su ampliación y fortalecimiento, como lo ha encontrado probado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Igualmente, se debe reconocer que los grupos paramilitares cometieron delitos en muchas de las ocasiones con participación o tolerancia de miembros de la fuerza pública, lo cual también compromete la responsabilidad estatal. Además, los grupos paramilitares fueron promovidos y fortalecidos en muchas regiones por sectores sociales, pero también por sectores políticos y económicos que se beneficiaron de sus crímenes. Dicho fenómeno es conocido como la “parapolítica”. Esta forma de apoyo de agentes estatales a los grupos paramilitares también compromete la responsabilidad del Estado, así como de sectores sociales y económicos con poder regional.

En todas las regiones estudiadas los nexos entre políticos y grupos paramilitares se han evidenciado por varios medios y ha conducido a la investigación e incluso la condena de varios congresistas y políticos vinculados. Esta situación ha sido especialmente grave en Antioquia y en Montes de María. Sin embargo, se presenta también en Valle y Meta. La judicialización de los políticos que podrían estar involucrados en el paramilitarismo abre una ventana de oportunidad para descubrir la verdad, para avanzar en la construcción de la memoria histórica en cuanto a la búsqueda de las causas y los orígenes de la violencia paramilitar, para exigir responsabilidad penal y contribución a la reparación por parte de quienes han apoyado desde la “civilidad” los grupos paramilitares y los crímenes que han cometido. Pero además, es una oportunidad para avanzar en el estudio de las causas del fenómeno paramilitar, con miras a su no repetición. En este sentido resulta crucial que las investigaciones sigan adelante cubiertas de las mayores garantías de independencia e imparcialidad para que se sepa la verdad y se garantice justicia sin desconocer el debido proceso.

Los programas de reintegración de ex combatientes Indudablemente los cambios introducidos a los programas de reintegración a partir de la creación de la Alta Consejería para la Reintegración en 2007 han sido muy importantes. Sin embargo, subsisten retos enormes para que los programas funcionen adecuadamente. El diagnóstico realizado por el

Documento CONPES de Reintegración es muy completo y exhaustivo y, sin lugar a dudas, marca derroteros que pueden contribuir a avanzar en procesos de reintegración serios, beneficiosos para las personas comprometidas con los procesos de reintegración y sostenibles. Las principales dificultades encontradas en el estudio fueron: > El bajo nivel de vinculación laboral o desarrollo de proyectos productivos de los desmovilizados vinculados al programa de reintegración. En las regiones estudiadas, menos del 1% de los desmovilizados están vinculados laboralmente o tienen proyectos productivos. Esta situación, que obstaculiza de manera grave los procesos de reintegración, puede estar asociada a varias causas. En primer lugar, el bajo nivel educativo de la mayoría de los desmovilizados. En segundo lugar, la falta de receptividad de parte de las comunidades que ven en los desmovilizados un riesgo para la seguridad o, aunque no lo vean, prefieren tenerlos alejados por el daño que han causado.

micidios de desmovilizados es alarmante, como se vio en el capítulo correspondiente, y esto se debe a que muchos de ellos continúan involucrados en actividades delictivas, a la persecución de las guerrillas, al hecho de que la pena de muerte es la sanción a la deserción, al hecho de que son fuente de información valiosa, entre otros. Por lo anterior, es indispensable tomar medidas de política pública para la protección de esta población. > La falta de discusión y apropiación local de los programas de reintegración, así como que el proceso de descentralización se acompañe de respaldo presupuestal a los entes territoriales para tal fin.

> El retraso en los pagos, por lo menos en Valle. Este retraso no necesariamente está derivado del incumplimiento de los requisitos por parte de los desmovilizados, sino debido a que el proceso de pago es lento y dispendioso. Tal situación ha generado amotinamientos y presiones violentas contra los funcionarios y propicia la deserción del programa.

Como lo menciona el CONPES de Reintegración, estas situaciones han tenido efectos contraproducentes en la política de reintegración: “Los efectos de un proceso de reintegración no exitoso en Colombia son: i) la disminución de las desmovilizaciones, los combatientes desconfían de las oportunidades que tienen en la civilidad; ii) el aumento en los niveles de inseguridad, alimentando nuevamente la espiral de la violencia armada; iii) la disminución de las posibilidades de convivencia y reconciliación de las comunidades afectadas por dicha violencia; iv) la disminución de las oportunidades económicas y sociales de las familias de los desmovilizados, que en algunos casos pueden llegar a ser expulsoras; v) la desconfianza y reducción del apoyo político y económico de la comunidad nacional e internacional” 193.

> La grave situación de seguridad de la población desmovilizada. El número de ho-

Adicionalmente, es muy importante que la política de reintegración se desarrolle en el

193. Documento Conpes 3554, Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y Grupos Armados Ilegales, aprobado diciembre 1 de 2008, pág. 19.

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marco de una política integral de atención a todas las necesidades de la paz, esto es, unos procesos de desmovilización, desarme y reintegración serios y sostenibles, de una parte; y que estos procesos no choquen con los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación. En ese marco, es preocupante que no se pierdan los beneficios jurídicos y socioeconómicos por reincidencia, lo cual retroalimenta dicha reincidencia. Igualmente, la incertidumbre sobre la situación jurídica de las personas desmovilizadas se debería resolver de manera que sea atrayente para quienes se han desmovilizado, sin que se vulneren y desconozcan los derechos de las víctimas. En ese mismo marco, es indispensable no forzar procesos de cercanía entre víctimas y desmovilizados. Los procesos en aras de construir condiciones para la reconciliación deben pasar por reconstruir las relaciones sociales y hacer el proceso de desmovilización cada vez más creíble para las comunidades y las víctimas.

conclusiones y recomendaciones

Atención a víctimas y acceso a la administración de justicia

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Las principales dificultades encontradas en el estudio regional sobre el acceso a la justicia son las siguientes: > Acceso dispar a la justicia de acuerdo con el agresor, pues se tiende a ofrecer justicia penal únicamente a las víctimas co-

bijadas por los mecanismos de la Ley de justicia y paz, excluyendo a las víctimas de las guerrillas y de agentes estatales, así como a las víctimas de los grupos que le dan continuidad al paramilitarismo. Lo anterior está íntimamente relacionado con la fecha de ocurrencia del hecho, pues si el hecho ocurrió después de la fecha formal de la desmovilización, o antes de la fecha que se considera como de entrada del grupo paramilitar a la región, a la víctima se le dificulta o no recibe alternativas reales de atención en justicia. Si bien la justicia penal ordinaria es una opción legal para estas víctimas, ésta no cuenta con mecanismos de atención como los existentes para justicia y paz. Por tal razón, la mayoría de estas víctimas es remitida a mecanismos de asistencia humanitaria o de indemnización administrativa, que tampoco las cobija a todas. Además, este criterio es variable de región a región, y de institución a institución. > Los funcionarios no tienen conocimiento suficiente del marco jurídico que rige las rutas que deben seguir las víctimas y este, a su vez, es muy complejo, pues existen procedimientos específicos de atención a población desplazada, mecanismos de asistencia humanitaria, el programa administrativo de indemnización, y otros mecanismos específicos para ciertas víctimas dependiendo del delito. Aunque esa situación per se no es negativa, sí preocupa que la ruta sea tan

compleja y que los funcionarios no conozcan los distintos mecanismos ni sepan cómo encontrar complementariedades más que exclusiones entre unos y otros. > Existe una proliferación de formatos y registros de víctimas, sin embargo, no existe un único registro confiable de víctimas. > En el marco de justicia y paz el sistema de reconocimiento de víctimas es muy lento y ha generado muchas frustraciones. > Existen graves falencias en la protección a víctimas y testigos que acuden a la justicia. Sin embargo, la sentencia T-496 de 2008 es una ventana de oportunidad que está abriendo caminos para avanzar en la materia. > Escasa conciencia y actuación a favor de la población desplazada como víctima de un delito. Con algunas variantes regionales, se tiende a ofrecer a la población desplazada asistencia humanitaria, pero no necesariamente se tramita su caso ante la justicia penal como un delito. > La mayoría de las víctimas no cuenta con condiciones materiales para asistir a los centros de atención y a los procesos penales. > Las instituciones no cuentan con la infraestructura, los recursos físicos, técnicos y humanos para atender adecuadamente a las víctimas. > A pesar de importantes esfuerzos, las víctimas, e incluso las instituciones encargadas de su atención, no tienen información oportuna sobre la programación de las versiones libres de los postulados al procedimiento de justicia y paz. > La población conoce la Ley de justicia y paz. Seis de cada diez personas encues-

tadas, ligeramente más entre población afectada que entre no afectada, conoce la Ley de justicia y paz. Esta proporción es menor en Montes de María, donde la proporción es de cuatro de cada diez, pero mayor en Meta, donde el 85% de las personas conocen la existencia de dicha ley. > Existen serias dificultades de las víctimas para contar con representación judicial, pues el programa de la Defensoría del Pueblo sólo está dirigido a víctimas que participan en el procedimiento de la Ley 975, y aun para ellas es insuficiente, pues cada defensor público atiende alrededor de 300 casos. > Desarticulación y ausencia de una estrategia de atención psicosocial a víctimas, pues cada institución tiene una idea diferente de a dónde remitir a las víctimas para atención psicosocial, a la vez que ninguna institución cuenta con posibilidades de brindarla directamente. > Aunque es necesario y conveniente realizar campañas de difusión a víctimas, éstas han generado expectativas entre las víctimas que no pueden ser atendidas por las instituciones. Es indispensable que las instituciones conozcan los tiempos en los que están en posibilidad de dar respuestas a las demandas de las víctimas para que ellas conozcan con claridad, lo que el Estado está en capacidad de dar. > No existen condiciones para una adecuada atención a víctimas de violencia sexual y, aunque algunos funcionarios y funcionarias cuentan con algunas ideas sobre cómo hacerlo, no tienen la infraestructura para materializarlo de una manera estratégica y organizada. Esto

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ha repercutido en la cantidad de denuncias de violencia sexual que se reciben, que sigue siendo muy baja. > En ninguna de las cuatro regiones, las instituciones cuentan con programas o protocolos de atención para poblaciones específicas, especialmente para grupos étnicos, indígenas y afrodescendientes, quienes además, en general, desconfían especialmente de la justicia en general y de las instancias de justicia y paz en particular. > Las entidades no cuentan con posibilidades de atender a población indígena que no hable el idioma español, lo cual se suma al alto grado de analfabetismo total o funcional de dicha población. A pesar de algunos esfuerzos aislados, la visión de la población indígena no ha sido tenida en cuenta para el diseño de mecanismos de justicia y de atención a víctimas.

conclusiones y recomendaciones

Coordinación interinstitucional y esfuerzos de la sociedad civil

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> En todas las regiones, en las ciudades capitales, existen espacios de coordinación interinstitucional sobre atención a víctimas, en particular en el marco de justicia y paz. Estos esfuerzos son liderados en Cali y Medellín por la CNRR, con diferentes grados de desarrollo y por la Defensoría del Pueblo en Meta. En Sucre, además, funciona un Comité Tripartito integrado por la Defensoría, Acción Social y la Procuraduría. > El estudio permitió comprobar la diferencia de oferta y coordinación interinstitucional, no sólo entre municipios, o

entre municipios y capitales, sino también entre diferentes regiones. Los dos extremos que lo demuestran son Antioquia y Meta. El oriente antioqueño y, en particular Medellín, cuenta con una amplia oferta institucional del Estado, incluyendo de las autoridades locales, también de la comunidad internacional y un trabajo organizado y consolidado de organizaciones sociales. Esto permite que las víctimas tengan acceso a diferentes programas y medidas de acceso, no exentas de dificultades. En contraste, en Meta el tema es desconocido por las autoridades quienes, a pesar de su buena voluntad, no cuentan a veces ni siquiera con la información básica. Las autoridades locales están escasamente involucradas, no había sede regional de la CNRR para el cierre del estudio, y el Ministerio Público, en particular, la Defensoría del Pueblo, lideraba el tema en la región. La Fiscalía recién abrió su sede satelital en mayo, y en todo caso la atención a víctimas no es su prioridad misional. A pesar de lo anterior, Meta es la región estudiada donde más se conoce la Ley de justicia y paz, pues el 85% de la población, sin diferencias significativas entre afectados y no afectados, sabe que la Ley de justicia y paz es una ley que les da rebajas especiales a quienes han cometido delitos graves, a cambio de que cumplan ciertas condiciones. Dicha proporción es de alrededor del 40% en Antioquia y Valle, y de 60% en Montes de María. El alto conocimiento de la existencia de la ley por parte de la población puede obedecer a la difusión en medios de comunicación.

> En general, se encuentra como un fenómeno común la inestabilidad laboral de los servidores encargados de cumplir funciones sobre justicia y paz. A pesar de algunos esfuerzos institucionales, todavía no se adoptan medidas permanentes y estructurales para garantizar que el acceso de las víctimas a la justicia no dependa de vicisitudes relacionadas con la financiación de proyectos puntuales de las instituciones. > En todas las regiones, la MAPP/OEA ha tenido un importante liderazgo en coordinación interinstitucional y en el apoyo al fortalecimiento institucional, pues brinda recursos, capacitación y acompañamiento a las instituciones y a las víctimas. Dicho apoyo ha impulsado muchos procesos locales que sin este no se habrían dado. Sin embargo, es importante que las instituciones asuman los procesos institucionales como autónomos y no depender de la cooperación internacional. > Es necesario que quienes atienden víctimas estén en condiciones aptas para atenderlas, pero además, que su salud mental y emocional no se vean afectadas por su trabajo, por lo que sería conveniente incorporar o fortalecer, cuando es del caso, programas organizados de atención psicosocial a funcionarios encargados de atención a víctimas. > En lo relacionado con procesos provenientes de la sociedad civil, existen diferentes y muy variados esfuerzos en las diferentes regiones. En particular, cabe destacar que a raíz del proceso de deliberación y audiencias congresionales del proyecto de ley conocido como “Esta-

tuto de Víctimas”, se han creado comités regionales en Medellín, Meta y Montes de María, que lideraron ese proceso, pero que han seguido trabajando los temas relacionados con los derechos de las víctimas, después de las audiencias. Este Comité ha fortalecido el trabajo regional especialmente en las tres regiones.

Derecho a la verdad > La satisfacción del derecho a la verdad avanza, pero muy lentamente y en medio de muchas dificultades. El 51% de la población rural colombiana no conoce las razones, circunstancias y responsables del caso que les afectó. Este porcentaje es similar o un poco inferior en las cuatro regiones estudiadas. Alrededor de la mitad de la población afectada no quisiera que la verdad de su caso fuera revelada públicamente. Sin embargo, el 61% de la población rural nacional considera que es importante recordar los hechos relacionados con el conflicto armado y las violaciones a derechos humanos. Esta proporción es igual o mayor en todas las regiones estudiadas. Lo anterior sugiere que el esfuerzo por revelar públicamente la verdad se debe concentrar en la verdad histórica, es decir, en las causas y formas en que se ha desarrollado del conflicto y las violaciones a derechos humanos. Los esfuerzos de revelación individual de los casos no son muy bien aceptados por las víctimas y no satisfacen las aspiraciones de revelación de la verdad. > Alrededor del 63% de la población rural afectada está interesada en asistir a las

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conclusiones y recomendaciones

versiones libres, esta proporción es ligeramente mayor en Antioquia y Montes de María, y mucho mayor en Meta, donde el 76% de la población estaría interesada. Esto comprueba que la demanda de atención por parte de las víctimas en Meta puede ser mucho mayor a la escasa oferta institucional. La mayoría de la población afectada se enteró de las versiones libres a través de los medios de comunicación, la Fiscalía y amigos o familiares. Mientras tanto, la población no afectada se enteró de ellas principalmente por los medios de comunicación.

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> Se comprobó además que la población interesada en conocer la verdad lo hace para poder entender o para reclamar justicia, principalmente. Mientras tanto, las principales razones para no querer conocer la verdad son el no querer pensar en el pasado y porque les da miedo que se tomen represalias. En Meta, el temor a las represalias es especialmente alto, pues el 66% de la población rural afectada que no quiere conocer la verdad manifestó que no quiere hacerlo por miedo a represalias. Este porcentaje es de alrededor del 40% en el nivel regional y en Valle y Montes de María, y menor en Antoquia, con el 22%. > La percepción de la población afectada y de la no afectada en relación con la acción del Estado en la búsqueda de la verdad es diametralmente opuesta. Mientras el 71% de la población rural nacional afectada considera que la justicia no está haciendo nada para conocer la verdad, el 63% de la población no afectada considera que sí. Ahora bien, la percepción de avances

de la justicia en búsqueda de la verdad es mayor en Antioquia y menor en Meta, lo que corroboraría la hipótesis según la cual la percepción de la justicia es mejor donde hay más oferta institucional. > De acuerdo con la información estadística, es mayor la creencia de que hay desmovilizados rindiendo declaraciones ante la Fiscalía de los que en realidad hay; esa creencia es mucho mayor entre no afectados que entre afectados. De otra parte, los afectados tienden a creer que aunque su agresor no esté declarando ante la Fiscalía, hay otros que sí están haciéndolo, pero en la práctica, son muy pocos los perpetradores que están rindiendo declaración ante la Fiscalía, de acuerdo con las respuestas de las víctimas. La mayor cantidad de agresores rindiendo declaración ante la justicia está en Antioquia, y la menor en Meta, lo que puede obedecer a que Antioquia cuenta con abundante institucionalidad y organizaciones trabajando en justicia y paz, mientras que Meta cuenta con muy pocas. > La población rural nacional y también en las cuatro regiones, considera que las instituciones más relevantes en la búsqueda de la verdad son la Fiscalía General de la Nación, la CNRR y la Presidencia de la República. > En lo relacionado con las versiones libres adelantadas, se encontró que: i. En la práctica, la verdad judicial a la que se llegue depende en gran medida de la confesión de los desmovilizados; ii. Parece haber más esperanza en lograr avances en casos individuales que en responsabilidades de sectores políticos o económicos o

sobre la determinación de las causas de los hechos; iii. La revelación de la verdad varía según el desmovilizado que está rindiendo versión libre; iv. La contribución a la verdad de parte de los mandos medios y de los rasos parece depender, en muchos casos, de la autorización de sus superiores; v. En los delitos de violencia sexual y desplazamiento forzado es más difícil avanzar en la búsqueda de la verdad. > Existen enormes retos para la revelación de la verdad en el marco del cumplimiento de la Ley 782 de 2002 y del Decreto 128 de 2003, debido a que, de acuerdo con dicha normatividad, de los 31.671 paramilitares desmovilizados colectivamente, 28.758 tendrían posibilidad de acceder a los beneficios de indulto o equivalentes. De ellas, aproximadamente 9.000 personas desmovilizadas habrían recibido efectivamente el indulto, y las 19.000 restantes se encontraban en ese proceso hasta julio de 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia determinó que los paramilitares desmovilizados no podían ser indultados debido a que este es un beneficio exclusivo para delincuentes políticos y estos no lo eran. Sin embargo, la Fiscalía no cuenta con la información con la que disponen estas miles de personas, a pesar de que podría ser útil para conocer la suerte de personas desaparecidas y determinar la verdad en casos individuales. > En lo referente a la verdad histórica, el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica expidió un informe sobre la masacre de Trujillo que motivó la adopción de varias medidas para enfrentar la impunidad del caso. Actualmente, el gru-

po trabaja en informes específicos sobre los casos de la Bojayá y de la masacre de Segovia – Antioquia de 1988.

Derecho a la justicia > La justicia es un anhelo todavía lejano. El 61% de la población rural afectada afirma que no se está adelantando una investigación por los hechos de los que fue víctima, mientras que un 88% considera que sus agresores no han sido condenados. > A pesar de lo anterior, la población afectada y la no afectada creen en la importancia de que la justicia avance, pues 8 de cada 10 personas consideran que juzgar a los responsables de los delitos graves es un medio efectivo para superar la violencia, el 86% considera que es útil para conocer la verdad y el 81% considera que es útil para conseguir la reconciliación. El 85% considera que se puede hacer justicia respecto de dichos delitos. > El esfuerzo realizado por la Rama Judicial, a pesar de las dificultades y los retos que existen, ha sido descomunal. A diciembre de 2008, más de 160.000 víctimas se habían registrado en el marco de justicia y paz, la Fiscalía había reportado un total de 129 versiones libres transmitidas por videoconferencias en todo el país, así como cientos de versiones libres realizadas. Esta tarea se realiza en medio de amenazas a las víctimas, testigos y funcionarios, y debiendo enfrentar el grave impacto psicosocial que genera todo esto en las víctimas y en los funcionarios. La Fiscalía, sin que fuera obligatorio que lo hiciera y con ayuda de otras instituciones,

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ha transmitido un total de 129 videoconferencias realizadas en todo el país. La Fiscalía ha asumido un reto enorme, sin que se le hubieren suministrado, desde el principio, los recursos para hacerlo.

conclusiones y recomendaciones

> A pesar de que el marco jurídico de justicia y paz propicia que sólo los comandantes sean investigados y juzgados, 8 de cada 10 personas encuestadas consideran que deben ser juzgados tanto los comandantes como los rasos. Igualmente, a pesar de que la Ley de justicia y paz daría rebajas de penas importantes a desmovilizados a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones, el 64% de la población afectada considera que se deben aplicar las penas tal como están en la legislación ordinaria, mientras que el 27% considera que se deben aplicar penas más altas de las establecidas en la ley ordinaria. Sólo alrededor de un 20% considera que paramilitares y guerrilleros deben ser perdonados.

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> El nivel de personas desmovilizadas, sometidas a justicia y paz privadas de la libertad es mínimo. En ninguna región la proporción de personas sometidas a justicia y paz que están privadas de la libertad supera el 35%, existen casos, como en el Bloque Pacífico, en que este porcentaje es del 9%. Es decir, en las cuatro regiones estudiadas, por lo menos el 65% de los paramilitares desmovilizados sometidos a justicia y paz que tienen investigaciones en contra por delitos contra los derechos humanos y el derecho humanitario, no están privados de la libertad. > La entidad que más confianza genera para hacer justicia es la Fiscalía, seguida por la Presidencia de la Repúbli-

ca y por la justicia internacional. Llama la atención el hecho de que, a pesar de que la Presidencia no tiene funciones de justicia, sea vista como una entidad determinante para hacer justicia.

La reparación aún no llega > De acuerdo con la encuesta, quienes deben reparar son, en primer lugar, los que cometieron el delito o sus jefes; en segundo lugar, el Estado, y en tercer lugar, quien se benefició política o económicamente de los delitos. El 67% de quienes creen que se debe hacer por un impuesto, consideran que los fondos deben provenir del presupuesto ordinario sin establecer un impuesto especial. > Dos tercios de los hogares afectados no han solicitado reparación, principalmente por temor o por desconocimiento de cómo hacerlo. Tampoco han recibido reparación o compensación por fuera de un proceso judicial. Entre quienes manifestaron haber sido reparados, existe el sentimiento de no haber sido adecuadamente reparado. Quienes sí han solicitado reparación reportan mayoritariamente que su solicitud aún está en trámite o no ha sido resuelta favorablemente. Tampoco hay evidencia de reparación extra judicial en la encuesta, ni de devolución de los bienes que les fueron arrebatados en el marco del conflicto: apenas el 5% dice haber sido reparado extrajudicialmente; el 15% ha solicitado devolución de sus bienes, y de ellos apenas al 5% se los han devuelto. Esto quiere decir que de los 43.363 hogares que habrían perdido bie-

nes en el marco del conflicto, sólo 325 habrían recibido restitución de los mismos. > Por tal razón, el Gobierno nacional impulsó la creación de un programa de reparaciones administrativas a través del Decreto 1290 de 2008. Sin embargo, la mayoría de las víctimas entrevistadas en el estudio cualitativo en las regiones no lo conoce, lo cual es explicable si se tiene en cuenta que fue expedido en abril de 2008 y sólo en agosto se expidieron los formularios para iniciar el proceso de reclamación. Sin embargo, las víctimas se quejan de que los montos son bajos respecto del daño sufrido, así como del hecho de que la indemnización se vaya a recibir gradualmente. Por otra parte, organizaciones de derechos humanos y de víctimas, especialmente de crímenes de Estado, reprochan que el programa no las contemple como beneficiarias y sólo se dirija a víctimas de miembros de grupos armados ilegales. > Tanto la población afectada como la no afectada, por igual, esperan como reparación que haya restitución de los bienes o dinero que les fueron arrebatados, pero van más allá de eso, pues también ven como parte de la reparación: 1) la justicia (que los responsables paguen penas de cárcel), 2) la verdad (que colaboren en la ubicación de secuestrados y desaparecidos, y que haya verdad, y solicitud pública de perdón de parte de los agresores), y 3) la acción del Estado (a través de la atención a las víctimas). Se veía algo muy parecido en la encuesta urbana del año 2006.

Búsqueda e identificación de personas desaparecidas Colombia dispone de una legislación perfectible pero, en términos generales, muy amplia y completa en materia de protección de víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, enfrenta grandes retos para su adecuada implementación, tanto en el marco de la justicia ordinaria como en el de la justicia excepcional de justicia y paz. El proceso de búsqueda de personas desaparecidas en el marco de justicia y paz no se ha desarrollado e insertado en la infraestructura y experiencia institucional previa a la expedición y la implementación de la Ley 975. A pesar de los esfuerzos y la experiencia recolectada previamente a la aplicación de la Ley 975, el proceso de búsqueda de personas desaparecidas enfrenta enormes retos. Los principales encontrados son los de consolidar el Registro de Personas Desaparecidas; el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la aplicación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en las diligencias de exhumación que se realicen, independientemente del marco legal dentro del cual se den; el fortalecimiento de la estructura y la capacidad de búsqueda, ampliando los equipos para la exhumación y adecuando técnicamente todo el proceso; fortalecer la coordinación y la colaboración interinstitucional, así como al interior de las diferentes dependencias de la Fiscalía relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas; implementar mecanismos y políticas públicas efectivas para garantizar la participación de los familia-

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res en la búsqueda de personas desaparecidas; difundir y hacer efectivos mecanismos para dar cumplimiento a la Ley 986 de 2008; hacer las reformas legislativas necesarias para que las víctimas de desaparición forzada puedan acceder a la asistencia humanitaria provista por Acción Social.

La lejana reconciliación

conclusiones y recomendaciones

> Para casi todas las personas entrevistadas, la reconciliación implica primero un acuerdo de paz entre el Estado y los GAI; implica además la garantía de no repetición, y el respeto a los derechos de las víctimas. Al menos la mitad de los encuestados, algo más entre los afectados que entre los no afectados, dice no estar dispuesta a reconciliarse con su agresor, proporción mucho más baja a la encontrada en 2006 en la encuesta urbana, cuando el 74% de los entrevistados, sin diferencias entre afectados y no afectados, decía sí estar dispuesto a hacerlo.

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> Los escenarios de reconciliación en el post conflicto muestran igualmente poca aceptación a los agresores como residentes del municipio, vecinos o compañeros de trabajo, entre otros escenarios planteados, con cifras que se mueven entre el 10% y el 30%. En la encuesta urbana del 2006, en cambio, al menos la mitad de los encuestados aceptaría a los miembros de los GAI como vecinos o en el ámbito laboral. La menor aceptación en ambas encuestas está alrededor de los escenarios de participación en política y como miembros de las fuerzas armadas.

> En todas las regiones, las personas entrevistadas en el estudio cualitatitvo, tanto de instituciones como de organizaciones sociales, se mostraron muy incrédulas respecto de las posibilidades de reconciliación en cada una de sus regiones. Las principales razones señaladas fueron: i. La falta de credibilidad en el proceso de desmovilización, particularmente debido a las situaciones de reincidencia y la falta de contribución efectiva por los desmovilizados a la verdad y a la reparación, así como de pérdida de beneficios por el incumplimiento de requisitos; ii. La percepción de que no existen, en general, garantías de no repetición; iii. Las graves condiciones de seguridad para las víctimas, especialmente cuando estas quieren reclamar justicia; iv. El hecho de que los desmovilizados reciban más beneficios que las víctimas genera la creencia de que es más beneficioso hacer parte de grupos armados; v. El hecho de que los desmovilizados que se encuentran en el proceso de la Ley 975, en el marco de las versiones libres, se reivindican como héroes y no asumen la responsabilidad sobre la gravedad de los actos que cometieron, vi. El hecho de que no haya procesos de retorno de población desplazados con garantías; y, vii. La estigmatización hacia las víctimas y, en particular, hacia la población desplazada. > Las instituciones encontradas como más importantes para la reconciliación fueron la Defensoría del Pueblo, seguida por la Presidencia de la República y por la Comisión Nacional de

Reparación y Reconciliación. Con algunos cambios en los órdenes de prioridad, estos resultados son similares en Valle, Antioquia y Montes de María.

recomendaciones Programas de reintegración de ex combatientes El documento CONPES expedido en diciembre de 2008 es un avance muy interesante que parte de un diagnóstico completo sobre las principales dificultades que enfrentan los programas de reintegración. Sin embargo, es indispensable que los aspectos relacionados con la situación jurídica de los ex combatientes tengan en cuenta los derechos de las víctimas, y no favorezcan medidas de impunidad a mandos medios comprometidos con graves violaciones a derechos humanos o infracciones a derecho internacional humanitario. Igualmente, en cuanto a los combatientes rasos desmovilizados, si bien es necesario resolver su situación jurídica, los beneficios que se ofrezcan se deberían condicionar a su serio compromiso de no reincidencia, así como a su contribución a la verdad. > Es recomendable que la Alta Consejería para la Reintegración suspenda de inmediato los beneficios socioeconómicos de aquellas personas que se encuentran en situaciones de reincidencia mientras se produce la condena penal que permita la pérdida de beneficios. Esta suspensión se podría dar en lo casos en que hay flagrancia u orden de captura. Para

tal fin es indispensable que la Fiscalía dé prioridad a la investigación de denuncias de reincidencia para que el programa no ampare a quienes no están cumpliendo los compromisos de reintegración. > A la Alta Consejería para la Reintegración se recomienda implementar los correctivos necesarios para que los pagos a las personas desmovilizadas se hagan oportunamente, particularmente en Valle. En ese sentido se podrían examinar alternativas como la descentralización de los pagos. > A la Alta Consejería para la Reintegración, se recomienda fortalecer los programas de protección para población desmovilizada, para evitar que sigan siendo asesinados. Dichos programas deberían contener y dar prioridad a las medidas preventivas, así como medidas de reacción ante situaciones de riesgo inminente. > A la Alta Consejería para la Reintegración se recomienda que, dentro de sus programas de tutoría psicosocial para desmovilizados, en ningún caso se asesore a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el sentido de no denunciar el delito para impedir la pérdida de beneficios por parte de los desmovilizados, pues esto fomenta la violencia contra la mujer en el ámbito familiar y favorece su impunidad. > A las autoridades locales, a la Alta Consejería de Reintegración y al área de DDR de la CNRR, con cooperación de la MAPP/OEA, se les recomienda establecer mecanismos estables y permanentes de coordinación y evaluación de la situación

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conclusiones y recomendaciones

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de los desmovilizados y de los programas de reintegración en los nivel municipal y departamental, para coordinar políticas públicas y medidas relacionadas con la reintegración de ex combatientes.

bordinados. Así, la Fiscalía no estaría en la obligación de investigar a todos los miembros de los grupos paramilitares desmovilizados, sino únicamente a aquellos que tenían mando, fuera alto o medio.

> Igualmente, es indispensable que el trabajo con comunidades dentro de la política de reintegración tenga en cuenta que las prevenciones y resistencias de las comunidades son naturales, si el proceso de reintegración no se enmarca en una seria política de reconocimiento integral de las víctimas. Dicho proceso debería procurar de manera seria que las víctimas y las comunidades no continúen siendo amenazadas y atacadas, mientras que se les invita a la reconciliación con antiguos combatientes cuyo compromiso con la no reincidencia no se encuentra siempre garantizado.

En aras de contribuir al proceso, los combatientes rasos (que ya no puedan ser indultados o recibir medidas similares conforme a la sentencia de julio de 2007 de la Corte Suprema de Justicia), deberían estar obligados a colaborar con la Fiscalía proporcionándoles toda la información necesaria para que se descubra la verdad y se posibilite la reparación. Para los combatientes rasos desmovilizados, se podría conceder un beneficio jurídico teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

> Al Congreso de la República se recomienda adoptar medidas legislativas que permitan distinguir en el tratamiento entre la responsabilidad de altos comandantes paramilitares, mandos medios, y miembros rasos. La Fiscalía podría adoptar la investigación por bloques, independientemente de que una persona pueda tener responsabilidad en las acciones de varios bloques. Dicha investigación se debería centrar en la aplicación de la responsabilidad por cadena de mando. De conformidad con lo anterior, la Fiscalía podría acusar, y los jueces condenar, a los comandantes, no sólo por los delitos que directamente hubieren cometido, sino también por los que hubieren cometido sus su-

a. Que el beneficio no consista en una medida de indulto, pues esto implicaría desconocer la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. b. A cambio, se puede ofrecer una medida de suspensión condicional de la pena, que esté supeditada al aporte a la verdad y a la reparación, así como a su compromiso de no reincidencia. c. Que el beneficio no cobije, bajo ninguna circunstancia, a altos mandos ni a mandos medios, que debido a su responsabilidad de mando estarían comprometidos con delitos de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, que deberían ser tramitados a través de la Ley de justicia y paz.

Atención integral para todas las víctimas > Tal vez el primer paso para contar con una política pública realista de atención a víctimas con miras a la satisfacción de sus derechos fundamentales, es saber cuántas víctimas hay en Colombia. De acuerdo con la encuesta realizada, el 20% de los hogares rurales tiene entre sus miembros al menos una víctima de graves violaciones a derechos humanos cometidas por GAIL y por fuerza pública. De acuerdo con la encuesta realizada por la Fundación Social en 2006, el 12% de la población urbana es víctima de delitos cometidos por GAIL. El diseño de las políticas públicas dirigidas a víctimas debe tener en cuenta, por consiguiente, la magnitud de las violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y por consiguiente, la cantidad de víctimas. La decisión de ubicar sedes regionales de instituciones de atención a víctimas también debería tener en cuenta estudios sobre los porcentajes de victimización. > Garantizar que todas las políticas públicas a víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario se dirijan a todas las víctimas por igual, sin discriminación en función de su victimario. El hecho de que haya normas o políticas que deban estar focalizadas a unas víctimas no se puede convertir en pretexto para excluir a otras, en particular a las víctimas de agentes del Estado. De acuerdo con la encuesta, el 9% de la población afecta-

da afirma que la afectación fue provocada por un miembro de la fuerza pública. Esta población no puede ser desatendida, ni sus derechos desconocidos. > Todas las entidades del Estado, incluido el Gobierno nacional, así como las autoridades judiciales y aquellas que registran y atienden víctimas, deberían reconocer y atender a las víctimas generadas por los grupos armados que les dan continuidad a los grupos paramilitares. Más allá de su caracterización o razones de existencia, estos grupos siguen generando delitos de violaciones a derechos humanos e infracciones a derecho humanitario. La distinción de las víctimas de estos grupos debido a una discusión teórica sobre su configuración se traduce en su discriminación, a pesar de que se encuentran en una situación de grave afectación de sus derechos a la que el Estado debe responder, conforme a su deber de garantizar los derechos humanos. > Al Congreso de la República, continuar avanzando en el trámite y la aprobación de una ley que sea una herramienta legal que permita atención, asistencia humanitaria y establecimiento de medidas de reparación que se dirijan universalmente a todas las víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, independientemente del agente agresor. Es muy importante que dicha ley establezca un Sistema Nacional de Atención y Reparación de Víctimas, a cargo de una entidad coordinadora de alto nivel político, ejecutivo y de legitimidad, que permita avanzar en la superación de los problemas

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conclusiones y recomendaciones

de atención discriminatoria de las víctimas en función del victimario, que distinga entre medidas de reparación y medidas de atención y asistencia humanitaria, así como entre medidas de reparación y políticas sociales, que incorpore enfoques diferenciales, que respete a las normas jurídicas constitucionales e internacionales, que establezca mecanismos efectivos para la restitución de bienes y patrimonio y que adopte mecanismos para subsanar los principales obstáculos para el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Si dicha ley no se aprueba, se recomienda promover reformas legales que, sin derogar las medidas existentes a favor de las víctimas, refuercen o creen nuevas que permitan que estas accedan adecuada y oportunamente a sus derechos.

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> Dado que la población encuestada no considera el reclutamiento forzado entre los delitos que más afectan a los niños, niñas y jóvenes en el conflicto armado, sería necesario realizar campañas de sensibilización sobre el reclutamiento forzado, su gravedad, así como sobre el hecho de que aunque un niño o niña decida unirse a filas de grupos ilegales o no oponga resistencia, este también es un delito grave y se considera igualmente forzado y ellos y ellas son víctimas. Es posible que una importante parte de la población considere que el reclutamiento no es un delito o que, de serlo, no es grave. Esta errada percepción impide la denuncia de los hechos, por consiguiente favorece su impunidad y su repetición, e impide que las víctimas de este delito sean consideradas y atendidas como tales.

Derecho a la justicia > A la Rama Judicial, continuar avanzando en las investigaciones por los procesos de la parapolítica e impulsar también investigaciones contra miembros de sectores económicos que estén involucrados en apoyo y financiación de esos grupos. > Todavía subsiste la necesidad de adoptar mecanismos específicos para responsabilizar a miembros de la fuerza pública involucrados en los crímenes de los grupos paramilitares por haber actuado con tolerancia, connivencia y aquiescencia con esos grupos. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía contiene una sub unidad encargada de investigar los nexos entre miembros de la fuerza pública y los grupos paramilitares que podría jugar un rol muy importante en esa materia. > A la Rama Judicial y, en particular, a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Superior de la Judicatura, implementar mecanismos que permitan hacer cruces de información entre los diferentes fiscales de justicia y paz, así como con fiscales que tienen información por los procesos ordinarios que se seguían antes de la entrada en vigencia de la Ley 975, de procesos judiciales por nexos con miembros de la fuerza pública, así como con la información que ha hallado la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en los procesos por la parapolítica. > A la Rama Judicial, tomar todas las medidas necesarias para que los hechos atribuibles a grupos paramilitares sean investigados con adecuadas condiciones de independencia e im-

parcialidad, garantizando que el cambio de competencia de jueces o fiscales no se convierta en una forma de favorecer la impunidad de los delitos. > Es indispensable garantizar que existan consecuencias claras y certeras para aquellos desmovilizados que incumplan sus compromisos de no reincidencia. Sería recomendable que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía asuma como casos prioritarios los relacionados con la reincidencia, para garantizar que se produzca la pérdida de beneficios a quienes no han cumplido sus compromisos de desmovilización, tanto en el marco de la Ley 782, como en el de la Ley 975 de 2005. > A la Fiscalía General de la Nación se le recomienda fortalecer la justicia para todos los delitos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, de manera que cuando no sea viable la aplicación del procedimiento de justicia y paz, la justicia penal ordinaria pueda actuar con la misma capacidad de respuesta. > A la Defensoría del Pueblo se le recomienda explorar la posibilidad de crear una dirección especial de Defensoría Pública de víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Una dirección especial permitiría trabajar bajo principios y formaciones especiales que no entren en colisión con la función tradicional del defensor público, pero que además cuenten con las herramientas especializadas necesarias para la adecuada defensa de los intereses de las víctimas. Además, esto permitiría que el

programa de cobertura a todas las víctimas y no sólo a aquellas que participen en el procedimiento de justicia y paz. > Mejorar los sistemas de información de programación de las versiones libres e implementar mecanismos de transmisión de las mismas en municipios, por teleconferencia e Internet, para garantizar el acceso de las víctimas a dichas diligencias. Resulta indispensable asignar recursos para tal fin. > Diseñar guías y protocolos integrales de atención a víctimas, es decir, que permitan que las víctimas no sean sometidas a tratos discriminatorios dependiendo de su situación individual, como el agente o el delito del que es víctima. En ese sentido, la iniciativa del área de atención a víctimas de la CNRR y la Defensoría del Pueblo de construir un Modelo de Atención Integral puede ser un buen punto de partida, siempre que se incorpore en los protocolos de atención guías que sean integrales, es decir, que tengan en cuenta los diferentes mecanismos de atención, reparación y justicia para delitos de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, tales como la Ley 975 e 2005, la justicia penal ordinaria, la Ley de orden público (Ley 418 y sus sucesivas prórrogas), la Ley de desplazamiento (Ley 387 de 1997), la Ley de atención a víctimas de minas antipersona (Ley 759 de 2002), la Ley para protección a víctimas y familiares de personas secuestradas (Ley 986 de 2005) y la Ley sobre desaparición forzada (Ley 589 de 2000), así como meca-

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nismos para víctimas de reclutamiento forzado y poblaciones específicas.

conclusiones y recomendaciones

> Diseñar y distribuir ampliamente material de difusión y formación que contenga un mapa o ruta integral donde se encuentren los diferentes mecanismos de atención a víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. El material debería incluir información sobre mecanismos de atención, reparación y justicia para delitos de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, tales como la Ley 975 e 2005, la justicia penal ordinaria, la Ley de orden público (Ley 418 y sus sucesivas prórrogas), la Ley de desplazamiento (Ley 387 de 1997), la Ley de atención a víctimas de minas antipersona (Ley 759 de 2002), la Ley para protección a víctimas y familiares de personas secuestradas (Ley 986 de 2005) y la Ley sobre desaparición forzada (Ley 589 de 2000), así como mecanismos para víctimas de reclutamiento forzado y poblaciones específicas.

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> Diseñar y realizar programas integrales de formación a funcionarios encargados de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones a derecho internacional humanitario. Sería recomendable que los programas incluyeran formación sobre los diferentes mecanismos de atención, reparación y justicia para delitos de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, tales como la Ley 975 e 2005, la justicia penal ordinaria, la Ley de orden público (Ley 418 y sus sucesivas prórrogas), la Ley de desplazamiento (Ley 387

de 1997), la Ley de atención a víctimas de minas antipersona (Ley 759 de 2002), la Ley para protección a víctimas y familiares de personas secuestradas (Ley 986 de 2005) y la Ley sobre desaparición forzada (Ley 589 de 2000), así como mecanismos para víctimas de reclutamiento forzado y poblaciones específicas. > Fortalecer especialmente los programas de formación en atención a víctimas de las personerías. La CNRR y el Ministerio Público han realizado esfuerzos valiosos que podrían se fortalecer y mantener de manera constante. > Establecer, en los lugares de atención a víctimas y donde se desarrollan las diligencias penales, guarderías con los recursos necesarios para cuidado de los niños y niñas a cargo de las víctimas, de manera que se facilite su acceso a la justicia. Estas condiciones están previstas en el Modelo de Atención Integral promovido por la CNRR y la Defensoría del Pueblo. > Realizar procesos de acercamiento a víctimas, especialmente pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que se realicen en su idioma, cuando sea del caso, y que tengan en cuenta sus niveles de alfabetización. Las instituciones encargadas de atender víctimas deberían contar con mecanismos para atender a población indígena que no habla el idioma español. > Señalar claramente a las víctimas en el momento del diligenciamiento del formato los documentos que deben anexar, así como informar que el proceso es demorado e indicar que el hecho de que su solicitud no haya sido respondida no quiere decir que su caso haya sido des-

cartado. Es indispensable que la Fiscalía establezca correctivos urgentes para que se tramite la evaluación y la respuesta pronta a las víctimas que siguen esperando una respuesta. Resulta conveniente establecer un plazo para reconocimiento de la calidad de víctima que resulte razonable para la Fiscalía y también para la víctima. Igualmente, dicho plazo debe garantizar que el reconocimiento se dé dentro de un término oportuno respecto del avance de las versiones libres de las personas desmovilizadas. > Dado que es un hecho que se han presentado numerosos casos de violencia sexual y violencia de género, la Fiscalía y las otras entidades encargadas de atención a víctimas deberían tomar medidas afirmativas para el incentivo de denuncia y judicialización de casos de violencia de género y establecer las condiciones materiales necesarias para que las víctimas cuenten con atención adecuada en casos de violencia sexual. > Al Congreso de la República y al Ministerio Público se les recomienda el fortalecimiento de las personerías, de manera que cuenten con recursos humanos y logísticos para estar en condiciones de dar información completa y pertinente a las víctimas y servir de puente para tener acceso a otras instituciones. > Al Gobierno nacional se le recomienda derogar el artículo 6 del Decreto 315 de 2007, que establece como condición para la participación de las víctimas la renuncia a la reserva de identidad y, a cambio, fortalecer los programas de protección a víctimas y testigos, atendiendo la sentencia

T-496 de 2008 y la opinión de las víctimas y las organizaciones que las representan. > Al Gobierno nacional, destinar recursos para sufragar los gastos de traslado, manutención y alojamiento en que incurren las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por su asistencia a las diligencias penales de sus casos. > Al Congreso de la República y al Gobierno nacional se recomienda establecer un programa de atención psicosocial especializado, focalizado, universal y gratuito para víctimas dentro del sistema general de salud que ofrece el Estado. Este programa se debe diseñar teniendo en cuenta las condiciones particulares de las víctimas y los impactos de los delitos que han padecido. > A Acción Social y a la Fiscalía se les recomienda remitir a la Fiscalía la información disponible sobre hechos de desplazamiento forzado, con la finalidad de que esta institución pueda avanzar en investigaciones sobre este delito. Algunos fiscales de Justicia y Paz ya han solicitado esa información, sin embargo, esa práctica se podría extender por parte de todos los fiscales que investigan delitos de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. > Al Congreso de la República se le recomienda aprobar normas que contengan medidas para protección y restitución de bienes, tales como la presunción de ilegalidad y el traslado de la carga de la prueba, así como el establecimiento de áreas amparadas con presunción de negocios espurios, sin desconocer el derecho a la

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consulta previa de las comunidades étnicas, de conformidad con los parámetros normativos y jurisprudenciales aplicables. > Al Congreso de la República se le recomienda derogar normas que impiden en la práctica la restitución, tal es como la Ley 1182 de 2008, que establece un proceso especial para el saneamiento de la propiedad inmueble, según el cual, quienes han poseído un bien por 5 años después de que lo han comprado a una persona que no tenía el título para venderlo, pueden legalizar la propiedad si lo reclaman ante un juez.

conclusiones y recomendaciones

> Al Gobierno nacional y a las instituciones encargadas de cumplir funciones de atención, reparación y justicia para víctimas, se les recomienda dar estabilidad laboral a los funcionarios encargados de las funciones de atención, reparación y justicia para las víctimas, teniendo en cuenta no sólo a las víctimas que pueden ser parte en los procesos de justicia y paz, sino en general a las víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

200

> Al Gobierno nacional, tomar medidas urgentes para que todas las personas postuladas a la Ley de justicia y paz sean privadas de la libertad.

Coordinación interinstitucional y esfuerzos de la sociedad civil para promover los derechos de las víctimas > Fortalecer las instancias locales de coordinación interinstitucional existentes e incorporar a ellas, cuando todavía

no lo están, a las autoridades locales, para que incluyan en sus políticas públicas locales, la atención a víctimas. > A la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, crear oficinas regionales en todos los departamentos. La ausencia de ellas retrasa el desarrollo de las competencias institucionales de entidades del Estado en materia de atención a víctimas. Meta es la comprobación de lo anterior. Dichas oficinas deben ser por departamento, pues el hecho de que la oficina de regional centro, ubicada en Bogotá, tenga las funciones de atención a víctimas en Meta y otros departamentos, no ha garantizado adecuadamente el impulso de la temática en la región. > En todo caso, dada la competencia limitada de la CNRR para atención a víctimas –sólo víctimas en el ámbito de la Ley 975–, así como su mandato temporal –ocho años desde julio de 2005–, es indispensable que se fortalezca la capacidad de atención de las entidades ordinarias del Estado, tales como las personerías, la Defensoría del Pueblo y las Procuradurías regionales y provinciales. Estas entidades deberían ser dotadas de recursos y personal para cumplir sus funciones. > Fortalecer y mantener los Comités Regionales de discusión que se generaron a partir del trámite del proyecto de Ley de víctimas 044 de 2008 – Cámara y 157 de 2007 – Senado. Dichos espacios, especialmente en Meta y Montes de María, se pueden consolidar como espacios locales de impulso de las propuestas de víctimas en las regiones.

Derecho a la verdad y a la reparación > Adoptar correctivos al programa de reparaciones administrativas creados por el Decreto 1290 de 2008, para que se funde en el deber del Estado de garantizar los derechos humanos, distinga entre medidas de reparación y medidas de asistencia humanitaria, se dirija a todas las víctimas independientemente de su agresor, se elimine la gradualidad en 10 años en el pago de la indemnización y no valide como indemnización, el subsidio de vivienda para la población desplazada. > A la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y a las entidades que la conforman, se recomienda continuar avanzando en la instalación y la migración de datos del Registro de Personas Desaparecidas. En particular, es indispensable que todas las autoridades con información migren la información al Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC). > A las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, fortalecerla respetando las decisiones que allí se adoptan y asumiéndolas e implementándolas al interior de sus instituciones, en coordinación y colaboración con las otras entidades que la componen. > A la Fiscalía General de la Nación y a todas las entidades con competencias en la búsqueda de personas desaparecidas, aplicar el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en las diligencias de exhumación que se

realicen, independientemente de si la diligencia se realiza en la justicia ordinaria o en el marco de justicia y paz. > Al Gobierno nacional, incorporar en el presupuesto nacional los recursos que sean necesarios para fortalecer técnicamente y en cobertura los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. > A la Fiscalía General de la Nación, permitir la participación de las víctimas de desaparición forzada en todo el proceso judicial, incluso en las diligencias de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, de conformidad con su derecho, como víctimas, a conocer la verdad, a reclamar justicia y a obtener reparación. A la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, diseñar e implementar mecanismos particulares de asesoría y apoyo a las víctimas de desaparición forzada, para garantizar su acceso a procesos judiciales. > A la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, continuar adelante con sus esfuerzos para difundir y promover que se hagan efectivos mecanismos para que las víctimas de desaparición forzada conozcan y tengan acceso a las medidas de protección establecidas en la Ley 986 de 2008. > Al Congreso de la República, adelantar las reformas legislativas necesarias para que las víctimas de desaparición forzada puedan acceder a la asistencia humanitaria provista por Acción Social, contemplada en la Ley 418 de 1997 y sus respectivas prórrogas y modificaciones. 201

anexo 1: equipo de trabajo Paula Gaviria Betancur Directora del Área de Incidencia en Políticas Públicas Fundación Social Iris Marín Ortiz Coordinación del estudio y redacción del Panorama María Paula Gómez Méndez Edición Astrid Gómez Hilarión Coordinación operativa Catalina Lleras Cruz Juan Pablo Fayad Sierra Natalia López Ortiz Equipo de recolección de información en las regiones Ángela María Eraso Pacheco Recolección de información sobre instituciones y organizaciones en cada región Francisco Hurtado Gamboa

anexos

Elaboración de contextos regionales

202

anexo 2: autoridades, organizaciones sociales y organismos internacionales entrevistados Valle Organizaciones sociales: 1.

Red Nacional de Mujeres

2.

Centro de Educación e Investigación en



Desarrollo Comunitario Urbano y Rural (CEDECUR)

3.

Ruta Pacífica de las Mujeres

4.

Taller Abierto

5.

Asociación “Tiberio Fernández” - Galería de la Memoria

6.

Kumahaná, organización perteneciente al Proceso de Comunidades Negras



(PCN)

7.

Centro de Justicia y Acción Contra el Racismo (CEJAR)

8.

Fundación Paz y Bien

9.

Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ)

10.

Representante Resguardo Indígena de Pradera

11.

Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

12.

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS)

13.

Servicio Jesuita para Refugiados (Buga)

14.

Pastoral Social (Buga)

Autoridades: 1.

Defensoría del Pueblo en Cali: defensor regional, coordinador de defensoría pública y abogado de justicia y paz

2.

Alcaldía de Cali, asesor de participación ciudadana

3.

Gobernación del Valle del Cauca, Coordinador Oficina de Gestión de Paz

4.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)

5.

Fiscalía: fiscal 18 de Unidad de Justicia y Paz

6.

Personería de Cali: personera delegada DDHH y director operativo del Ministerio Público

7.

Procuraduría en Cali: funcionario encargado de atención de víctimas de justicia y paz

8.

Alta Consejería para la Reintegración (ACR)

9.

Procuraduría de Buga

10.

Personería de Buga

11.

Fiscalía Unidad de Reacción Inmediata en Buga

12.

Alcaldía en Buga, Secretaría de Gobierno





203

Organismos internacionales: 1.

Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA)

2.

Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)



Antioquia Organizaciones sociales de Medellín: 1.

Corporación para la Participación Ciudadana (Conciudadanía)

2.

Mujeres Creativas con Esperanza

3.

Madres de la Candelaria

4.

Ruta Pacífica de las Mujeres

5.

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

6.

Corporación Jurídica Libertad

7.

Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos

8.

Hijos e Hijas - Madres de la Candelaria Línea Fundadora

Organizaciones de la sociedad civil en Rionegro: 1.

Observatorio de Paz y Reconciliación

2.

Consejo Provincial de Paz

3.

Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación

4.

Representantes de mujeres víctimas y de mujeres cabeza de hogar

5.

Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanos y Ciudadanas (APROVIACI)

6.

Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR)

7.

Asociación de Víctimas de Granada (ASOVIDA)

8.

Asociación de Víctimas del Guarne

Autoridades en Medellín y Rionegro 1.

Alta Consejería para la Reintegración (ACR)

2.

Fiscalía, Unidad de Justicia y Paz: Coordinador y fiscal del Bloque Héroes de Granada

3.

Procuraduría Regional: Procuradora y encargada de Derechos Humanos

4.

Gobernación. Coordinador de la Oficina de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

5.

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación

6.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)

7.

Programa de Atención a Víctimas de la Alcaldía de Medellín

anexos



204



8.

Personería de Medellín: Personero y encargado de derechos humanos

9.

Defensoría del Pueblo

10.

Personería de Rionegro

11.

Fiscalía seccional en Rionegro y asistente judicial

12.

Oficina de Gestión Social de la Alcaldía de Rionegro

13.

Procuraduría Rionegro

Organismos internacionales: 1.

Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA)

Montes de María Organizaciones sociales: 1.

Fundación Restrepo Barco

2.

Universidad Centro de Educación Contínua, Abierta y a Distancia (CECAD)

3.

Sembrando Paz

4.

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

5.

Fundación Tomás Moro

6.

Colectivo de Comunicaciones de Montes de María

Autoridades: 1.

Defensoría del Pueblo de Sincelejo y de Cartagena: persona encargada de justicia y paz (Sincelejo), Defensor regional, dos abogados de justicia y paz y psicólogo (Cartagena).

2.

Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Sucre

3.

Procuraduría Regional de Sincelejo

4.

Procuraduría Provincial de Sincelejo

5.

Coordinador de la oficina de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)

6.

Unidad Satélite de Justicia y Paz: fiscales encargados del Bloque Montes de María y el Bloque Mojana

7.

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación

8.

Alta Consejería para la Reintegración (ACR)

9.

Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la



Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA)





205

Organismos internacionales 1.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

2.

Médicos sin Fronteras

Meta Organizaciones sociales: 1.

Programas de Desarrollo y Paz de Meta (CORDEPAZ)

2.

Comité Cívico de Derechos Humanos de Meta

3.

Pastoral Social

4.

Mesa Humanitaria de Meta

5.

Coordinadora de Víctimas de la Unión Patriótica (UP)

Autoridades: 1.

Defensoría del Pueblo: dos abogados de justicia y paz y psicólogo.

2.

Personería de Villavicencio: personera y encargada de atención a víctimas

3.

Oficina de Paz de la Gobernación

4.

Secretaría de Gobierno de la Gobernación

5.

Procuraduría Provincial

6.

Unidad Satélite de Justicia y Paz: Fiscal de justicia y paz en cargado del Bloques Vichada y el Bloque Meta y Vichada.

7.

Cuerpo Técnico de Investigación

8.

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación

9.

Alta Consejería para la Reintegración (ACR)



Organismos internacionales 1.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

2.

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)

3.

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

4.

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

anexos

Autoridades Nacionales

206

1.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Áreas: Grupo de Memoria Histórica; Grupo encargado de pilotajes sobre reparaciones colectivas; Área de Género y Poblaciones Específicas; Área de Reconciliación; Área Jurídica; y Área de Atención y Reparación a Víctimas.

2.

Defensoría del Pueblo, Área de Atención a Víctimas



3.

Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Defensoría Pública

4.

Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz

5.

Fiscalía General de la Nación, Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

6.

Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República

7.

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación

8.

Procuraduría General de la Nación, Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos

9.

Alta Consejería para la Reintegración (ACR)

10.

Secretaría de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD)







Organismos internacionales 1.

Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)

2.

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)

3.

Organización Internacional de Migraciones (OIM)

4.

Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA)



Organizaciones de derechos humanos 1.

Corporación Nuevo Arco Iris

2.

Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ)

3.

Fundación País Libre

4.

Corporación Reiniciar

5.

Comisión Colombiana de Juristas

6.

Corporación Humanas

7.

Corporación Sisma Mujer

8.

Consultoría para los Derechos Humanos y al desplazamiento (CODHES)

207

anexo 3: cuadro de siglas

AI

Amnistía Internacional

ACC

Autodefensas Campesinas de Casanare

ACCU

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá

ACNUR

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

AFAVIT

Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo

AMM

Autodefensas del Magdalena Medio

AMOR

Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño

ANUC

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos

APROVIACI

Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanos y Ciudadanas

ASOVIDA

Asociación de Víctimas de Granada

AUC

Autodefensas Unidas de Colombia

AUV

Autodefensas Unidas del Valle

BC

Bloque Centauros

BCB

Bloque Central Bolívar

BCN

Bloque Cacique Nutibara

BM

Bloque Metro

CAIVAS

Centro de Atención Inmediata a la Víctima de Violencia Sexual

CCAI

Centro de Coordinación de Acción Integral

CEDECUR

Centro de Educación e Investigación en



Desarrollo Comunitario Urbano y Rural

CEJIL

Centro para la Justicia y el Derecho Internacional

CEJAR

Centro de Justicia y Acción contra el Racismo

CIDH

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CICR

Comité Internacional de la Cruz Roja

CNBPD

Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas

CNRR

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

CODHES

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

CONCIUDADANÍA Corporación para la Participación Ciudadana anexos

CONPES

208

Consejo de Política Económica y Social

CORDEPAZ

Programa de Desarrollo y Paz de Meta

CTI

Cuerpo Técnico de Investigaciones

CUVI

Centro Único Virtual de Información

CUT

Central Unitaria de Trabajadores

DEJUSTICIA

Centro de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad

ECAP

Entidades de Capacitación

ELN

Ejército de Liberación Nacional

EPS

Entidad Promotora de Salud

FARC

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FEDEGAN

Federación Nacional de Ganaderos

FGN

Fiscalía General de la Nación

FOSYGA

Fondo de Solidaridad y Garantías

GAIL

Grupo Armado Ilegal

GMH

Grupo de Memoria Histórica

GPSF

Fondo Global para la Paz y la Seguridad

ICBF

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

ICTJ

Centro Internacional para la Justicia Transicional



(por su sigla en inglés)

ICETEX

Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior

IMP

Iniciativa de Mujeres por la Paz

INCODER

Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural

INDEPAZ

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz

JT

Justicia Transicional

MAPP/OEA

Misión de Apoyo a Proceso de Paz / Organización de Estados Americanos

NSE

Nivel Socioeconómico

OACNUDH

Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas



para los Derechos Humanos

OCHA

Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

209

anexos

210

OIM

Organización Internacional para las Migraciones

ONU

Organización de Naciones Unidas

PCN

Proceso de Comunidades Negras

PNBPD

Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas

PNUD

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

RCP

Rondas Campesinas Populares

REDEPAZ

Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra

RM

Respuesta Múltiple

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

SICOMAIN

Sistema Internet Consulta Masiva de Información

SIRDEC

Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres

UAO

Unidad de Atención y Orientación

UNIFEM

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

UP

Unión Patriótica

isbn 978-958-8049-44-1

h Este libro se compuso en caracteres Stempel Garamond

UNION EUROPEA