Ralco Represa O Pobreza

Introducción

Domingo Namuncura Ralco:¿Represa o Pobreza? Prólogo Corresponde tomar muy en serio el trabajo de investigación que Domingo Namuncura ha hecho acerca de la situación actual de los Pueblos Indígenas. Esto tiene particular referencia al problema suscitado entre las comunidades Pehuenches en el Alto Bío Bío y la empresa que construye la represa Raleo. Sabemos la gravedad que asumieron los incidentes ocurridos y la importancia que el tema va tomando a medida que permanecen las divergencias. Para la búsqueda de soluciones nada mejor que un estudio profundizado de las circunstancias. Ellas provienen de una raíz histórica en que las contradicciones son muy grandes. Se inicia con una invasión de un país europeo sobre comunidades indígenas que no alcanzan a comprender ese hecho. La conducta de los conquistadores y las reacciones naturales de los indígenas ponen a prueba la capacidad de pensar la situación con arreglo a un comportamiento de respeto al ser humano, de un bando y de otro. Viene la larga y difícil guerra y por tanto, los actos increíbles de una parte y de otra. A la postre, los europeos permanecen y forman aquí su hogar sobre la base de que los indígenas no son iguales. La diferencia psicológica y cultural fácilmente se transforma en odiosidad permanente en unos y desprecio en otros. En el curso de los hechos, se puede entender mal o bien el problema pero siempre será con tremendas dificultades e incomprensiones. Por cierto, llega un instante en que las conveniencias del país y el espíritu de los grupos empresariales plantean obras destinadas a resolver las necesidades del país como es justamente la represa en Raleo, que suscita el difícil problema del momento. Hemos asistido pues a un período de conflictos en que la voz de las autoridades, las réplicas o iniciativas de los indígenas, la acción de las fuerzas policiales y las decisiones de los tribunales se ligan para crear un grave problema nacional. Vivimos hoy un período en que la mentalidad individualista lleva consigo una plaga de conflictos socio económicos. Fracasó el totalitarismo de izquierda, por sus mismos abusos; las ideas liberales en economía parecen triunfar sin respuesta posible y en ese marco se halla la intención de promover grandes iniciativas para las cuales, sea consciente o inconscientemente, el interés o los derechos de los indígenas que tratan de conservar su cultura, sus costumbres y también sus tierras, no posee mucha validez. Esto se hace más evidente en medio de situaciones de violencia y de alteración del orden público. Por suerte, en Chile hoy subsiste la mentalidad democrática en grado suficiente para que los tribunales corrijan la acción de autoridades administrativas. Ello significa que los indígenas, víctimas de una represión policial, pueden ganar judicialmente. Eso es posible. Más, el problema subsiste y se agrava si los actos de injusticia llevan a los indígenas a ser inducidos a acciones de confrontación para hacer valer sus derechos más esenciales. De ahí pues la importancia capital de estos estudios que dan cuenta del pasado histórico y lo ligan a los problemas de hoy. El libro de Domingo Namuncura es un documento esencial para comprender los temas a que aludimos. Aquí se presenta una amplia e incisiva historia de la forma cómo la sociedad ha asumido el problema básico al tratar de enlazar las necesidades materiales del país con el hecho de que afectan o pueden afectar la vida, costumbres, necesidades y formas de vinculación del Pueblo Indígena con la República de Chile, a la cual también pertenecen. El proyecto Raleo viene a ser el punto culminante de la cuestión en estos momentos. El lector tendrá aquí todos los antecedentes de cómo se tomaron las resoluciones sobre la materia. La historia está relatada paso a paso. Sin duda, es posible que se produzcan discrepancias sobre el fondo y la forma de la cuestión. Sin embargo, sobre un aspecto no podría haber dudas. Nos referimos a la capacidad del autor, a su conocimiento profundo de los hechos históricos y los aspectos culturales, geográficos y políticos. Su dedicación al tema es notable y no debería ser desdeñada por las partes de la controversia. Porque se trata de un fino espíritu que permite entender los dos aspectos en juego: el interés del país para realizar en su territorio las grandes

obras que el progreso implica y, al mismo tiempo, el reconocimiento de los indígenas como Pueblo. Ojalá el ensayo del autor pueda contribuir a ampliar nuestra comprensión de que los derechos del mundo indígena son también los derechos de todos los chilenos, a un desarrollo justo, humano y equilibrado. Jaime Castillo Velasco Presentación El escritor español, Camilo José Cela dijo que "la más noble función de un escritor es dar testimonio, como un acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir". Con este libro he iniciado esa experiencia de dar cuenta del muy especial tiempo que me ha tocado vivir y de una directa relación con la realidad de nuestras comunidades indígenas del país. Escribir sobre lo acontecido con los pehuenches de Chile y el megaproyecto Ralco ha sido fruto de una urgencia espiritual; de una necesidad de comunicar y compartir con Ud. los principales antecedentes de un conflicto aún latente. Agradezco muy sinceramente a la Editorial LOM su interés y acogida al proyecto inicial, sobre el cual conversamos en septiembre de 1998 y cuyos manuscritos originales fueron luego trabajados y pulidos hasta llegar a la versión que le estamos presentando. Dedico este libro a los funcionarios y profesionales de conadi, todos ellos personas dedicadas al mundo indígena. Quiero contribuir con esta obra al reconocimiento de los muchos dirigentes indígenas del país con quienes compartí muchos y muy hermosos momentos de trabajo y aprendizaje. También agradezco a quienes brindaron su apoyo mientras fui Director Nacional de conadi y a todas las personas con quienes compartí muchas reflexiones sobre la problemática indígena en Chile. De manera especial, dedico también este trabajo a la memoria de mi padre, Domingo Namuncura Huenchupán, descendiente de los Calfucurá, tehuelches pehuenches de fines del siglo XVIII y herederos del último Cacique Namuncura de la Patagonia, de quienes sus hijos y sus nietos hemos recibido el legado de una cultura ancestral que nunca desaparecerá de nuestra tierra. Este libro es también la muestra de mi afecto y cariño a mi familia, especialmente a María Inés, paciente compañera de tantas jornadas de compromiso y lucha social, y quisiera que este libro sea un regalo a mis hijos, Gustavo Enrique e Ignacio Salvador, quienes siguieron muy de cerca el trabajo casi diario de escribir estas páginas, comentando los hechos, mirando fotografías, viendo videos del Alto Bío Bío y analizando juntos las noticias que han rodeado los temas indígenas del último tiempo. Sin la comprensión y el apoyo de mi familia habría sido más difícil culminar este libro. A todos, mi saludo afectuoso, mi agradecimiento y mi expresión profunda del deseo de que este libro -gentilmente editado por LOM- sea una contribución para despertar nuevas conciencias en la lucha democrática contra toda forma de discriminación e injusticia social. Domingo Namuncura © LOM Ediciones Primera edición, junio de 1999 Registro de Propiedad Intelectual Nº 108.664 I.S.B.N. 956-282-181-1 Motivo de la cubierta: Fotografía de Héctor López Diseño, Composición y Diagramación Editorial LOM. Concha y Toro 23, Santiago. Fono: 688 5921-687 4877, Fax: 672 2633 Impreso en los Talleres de LOM Maturana 9 Santiago Fono: 672 2236 - 672 5612, Fax: 673 09 15 Impreso en Santiago de Chile.

Hechos consumados: ENDESA inicia obras en RALCO

Tayiñ noy (trawnmapu) kom epu keyiñmen, kom mogen rvf y amgey. La naturaleza nos da todo lo que tenemos; nosotros entendemos que todo lo que tenemos es sagrado. Nicolasa Quintremán Indice El consejo de Conadi fue informado de estos hechos Segunda misión técnica al Alto Bío-Bío Nueva sesión del consejo de CONADI Los temas y actores relevantes del período Reunión en la Moneda El informe Abeliuk Abeliuk asiste al Consejo Nacional del 23 de julio Nuevas gestiones en la Moneda Reacciona ENDESA Principales efectos del informe Abeliuk Análisis de los hechos La crisis del 5 de agosto de 1998 Hechos consumados: ENDESA inicia obras en Ralco A fines de abril de 1998 viajaron a Santiago varios dirigentes de las Comunidades Pehuenches radicadas en Ralco Lepoy y Quepuca Ralco encabezados por el Lonko mayor, el Presidente de la Junta de Caciques del Alto Bío Bío, Antolín Curriao. Solicitaron conversar con el Director de Conadi para presentarle una denuncia. Fue un viaje sacrificado desde estas alejadas localidades hasta la capital. Bajar desde Quepuca Ralco al poblado de Santa Bárbara, en período de invierno, puede significar un tránsito de hasta cinco horas en algún vehículo local. Luego, hay que trasladarse a Los Angeles (otras dos horas) y abordar ahí un bus a la capital (diez a doce horas). Para personas de edad, como los Caciques del Alto Bío Bío, esto representa un intenso esfuerzo. Sin embargo, pudo más la fuerza de los hechos que motivaron su viaje que el cansancio mismo que esto les significaba. Ya en Santiago, y en la reunión prevista, señalaron que la Empresa a cargo del Proyecto Ralco, Endesa, había iniciado importantes obras de ejecución de caminos en territorio indígena y deseaban saber, en forma directa si Conadi había autorizado tales obras. Se les señaló que la Corporación no estaba en antecedentes de estos hechos y que, por cierto, ni el Consejo Nacional ni la Dirección Nacional habían formulado autorización alguna en dicho sentido, además, por una razón de fondo y muy atendible: estando pendiente la resolución principal de conadi sobre solicitudes de permutas de tierras, mal podría la Corporación otorgar autorizaciones de obras en territorio indígena. En consecuencia, de acuerdo a lo denunciado por el Cacique Antolín Curriao, estábamos ante un hecho irregular. En conformidad a los antecedentes entregados en esa reunión de fines de abril de 1998, se resolvió efectuar una inspección técnica en la zona. Para dichos efectos, un equipo de profesionales de la Corporación viajó a Quepuca Ralco y se constituyó en dicha localidad sin previo aviso, a objeto de constatar en terreno los hechos. Así se hizo, y entre los días miércoles 20 y jueves 21 de mayo de 1998, una Misión Técnica, presidida por el Fiscal de la Corporación, don Carlos Vargas Tapia y personal jurídico de la Dirección de Conadi en Cañete, más profesionales topógrafos acompañados además por un camarógrafo de televisión. Ramón Daza, se instalaron en el Alto Bío Bío y recorrieron las zonas de faenas, constatando que efectivamente, Endesa había iniciado importantes obras de ejecución de caminos en la hijuela Nº 69 de propiedad de Juan Domingo y María Luisa Quipaiñán-Piñaleo y había iniciado la construcción de un importante puente en el sector El Avellano. En particular, en la hijuela de la familia Quipaiñán-Piñaleo se estaba construyendo un camino de unos 300 metros

hacia la base del sector denominado El Palmucho, donde se prevé instalar la base de la represa de 155 metros de altura. La ejecución de este camino se llevaba a cabo en territorio protegido por la Ley 19.253 de Pueblos Indígenas. Del recorrido efectuado se hizo un registro en video y los profesionales en terreno levantaron un completo informe técnico. El martes 26 de mayo de 1998, se efectuó una reunión en la Dirección Nacional de Temuco, presidida por el Director Nacional y el Fiscal de la Corporación. En dicha reunión se revisó el video con la filmación de estos trabajos y se conoció un informe preliminar del comité jurídico con observaciones críticas que formular bajo la hipótesis de estar ante una servidumbre voluntaria de caminos, que en cualquier caso, debía contar con la autorización de Conadi. Los hechos fueron analizados con rigor. Al comité jurídico de Conadi le asistía la convicción de estar frente a una irregularidad evidente. Con estos antecedentes, el Director de Conadi llamó a Santiago, el mismo día 26 de mayo de 1998, al Ministro de Mideplán, Germán Quintana Peña y le solicitó una urgente reunión en el Ministerio, la que quedó comprometida para el jueves 28 de mayo a las 15:30 horas en Santiago. Quintana, de militancia demócrata cristiana y de profesión ingeniero, cuenta con una importante trayectoria en el ámbito gubernamental. Fue asesor en el Gobierno del Presidente Aylwin y tuvo a su cargo tareas muy relevantes relacionadas con diseño informático en el Ministerio del Interior. Luego, fue nombrado Intendente de la Región Metropolitana por el Presidente Eduardo Frei RuizTagle. Desde la Intendencia fue trasladado al cargo de Ministro de Mideplán, el Ministerio de Planificación y Cooperación Social, en un momento crítico, cuando el Ministerio se encontraba sin Ministro titular por la anterior renuncia del socialista Roberto Pizarro, lo que significó dos meses sin Ministro, siendo el cargo ejercido por el Subsecretario Antonio Lara (DC) en calidad de Ministro Subrogante. Pizarro había reemplazado a otro socialista, el abogado y dentista político Luis Maira Aguirre, posteriormente nombrado Embajador en México. Ambos personeros habían realizado importantes esfuerzos para relevar la agenda social y los compromisos de la Concertación de Partidos por la Democracia en favor de los más pobres. De hecho, Mideplán -en tanto ente coordinador de la planificación de políticas gubernamentalescontaba con importantes instrumentos para medir los progresos de estas políticas en la tarea de superar la pobreza, entre ellos la Encuesta Casen. En 1997 los resultados de la Encuesta Casen golpearon crudamente al Gobierno, cuando los fríos datos indicaron que, en el caso de la IX Región de la Araucanía, donde está concentrada una importante cuota de población indígena rural, los índices señalaban que la pobreza no había sido superada en la mayoría de las localidades indígenas de la región y que, por el contrario, había aumentado. En forma progresiva los Ministros Maira y Pizarro comenzaron a enfatizar las debilidades y limitaciones de la estrategia gubernamental respecto de las metas de superación de la pobreza. Particularmente, Pizarro debió lidiar en forma constante con el sector financiero de Gobierno para lograr priorizaciones relevantes en el tratamiento presupuestario de la agenda social. Esto constituía su mayor preocupación y se reflejaba específicamente en la situación presupuestaria de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, respecto de la cual se requería una mayor asignación de recursos que permitiese a conadi cumplir adecuadamente con la aplicación de la Ley Indígena. La situación en general no mejoró sustancialmente y en marzo de 1998 el Ministro Roberto Pizarro renunció al cargo de Ministro de Mideplán, luego de constatarse su no participación en el tratamiento de una nueva propuesta de Agenda Social, cuyo diseño recavó en el equipo político ministerial, con predominio del titular de Hacienda, ante lo cual Pizarro consideró que se estaba excluyendo la competencia de Mideplán. A partir de ese momento, Mideplán quedó sin titular y la vacancia fue inusitadamente prolongada, puesto que el Partido Socialista, enfrentado a la salida de dos Ministros de su colectividad, optó por dejar el cargo de Mideplán a la libre disposición presidencial de poder nombrar a un personero de cualquier otra colectividad política de la alianza gubernamental, por considerar que el ejercicio de dicho cargo ministerial no contaba con todas las condiciones políticas suficientes para garantizar una adecuada influencia en la coordinación de políticas sociales. El Presidente nombró entonces al ex-Intendente de Santiago, Germán Quintana, quien llegó al cargo de Ministro de Mideplán a mediados del mes de mayo de 1998, cuando el tema Ralco estaba

en pleno desarrollo y su antecesor, Roberto Pizarro, venía efectuando un riguroso seguimiento ministerial desde los inicios del proyecto. El 28 de mayo llegó el Director de Conadi al Gabinete del nuevo Ministro de Planificación y junto al Fiscal del Ministerio, Alfonso Laso, y el Subsecretario Antonio Lara, examinaron los antecedentes de la misión técnica realizada en Ralco Lepoy. El Fiscal desplegó un mapa del Alto Bío Bío en la amplia mesa de reuniones del gabinete y fue indicando las zonas afectadas por el inicio de obras. Se analizó parte del video con la filmación recogida y se conversó sobre los efectos de esta situación. El Fiscal de Mideplán compartió el pre-informe jurídico de los abogados de Conadi: estábamos ante una irregularidad como resultado de una simulación de servidumbre de camino. Pero surgió una duda legal respecto del instrumento a través del cual se configuró esta servidumbre: un contrato de arriendo entre Endesa y la familia indígena Quipainán Piñaleo, materia que es aceptada por la Ley Indígena hasta por cinco años. El Ministro instruyó continuar con el examen legal y adoptar los cursos de acción correspondientes. El consejo de CONADI fue informado de estos hechos El martes 2 de junio de 1998, el Consejo Nacional se reunió en Santiago, en el Ministerio de Bienes Nacionales. El tratamiento del tema fue determinante en el debate del Consejo, lo que se puede deducir del Acta oficial de la Sesión correspondiente a esa fecha, luego que el Director Nacional informase de la situación. El tema, ese día, formó parte de los puntos principales de la agenda del Consejo. En efecto, la sesión de la tarde del Consejo comenzó a las 16:30 pm. El Fiscal de Mideplán, Alfonso Laso, informó sobre los exitosos resultados de un fallo de la Corte Suprema ganado frente a un recurso de protección en contra de la Declaración presidencial del Área de Desarrollo del Alto Bío Bío, interpuesto por un grupo de empresarios particulares de la zona, la Sociedad Agrícola y Ganadera y Forestal Trompelhueno S.A. Dichos particulares estimaban que en una parte del Área declarada no habían indígenas; que podía acreditarse la no existencia de Pehuenches; que las familias mapuches habían emigrado y que la Ley, al hablar de mapuches, no especificaba su calidad de Pehuenches... Por otra parte, dichos particulares argumentaron ante los Tribunales que la Declaración presidencial había afectado su derecho de propiedad y por ello recurrieron entonces de queja ante la respectiva Corte de Apelaciones. Mideplán se hizo cargo de la defensa del Decreto firmado por el Presidente, y al Fiscal Alfonso Laso le correspondió el deber de defender la Declaración de Área de Desarrollo Indígena para los Pehuenches, logrando finalmente un fallo contundente por cinco votos contra cero por parte de los miembros de la respectiva Sala de la Corte Suprema, cerrándose así, tal vez, uno de los pocos capítulos de litigios jurídicos en donde una etnia obtiene un triunfo legal tan destacado. El Consejo Nacional expresó su reconocimiento y felicitaciones al Fiscal de Mideplán por este éxito jurídico. Es en este marco que el Director de conadi informó entonces sobre la Misión Técnica realizada en el Alto Bío Bío a fin de verificar las obras que Endesa estaba ejecutando sin autorización de la Corporación. En su resumen informó de la reunión con el Ministro de Mideplán y señaló que se había procedido a solicitar informes a varios servicios sectoriales. Se abrió el debate sobre el punto. "El Consejero Juan Huenupi piensa que no hay más que esperar y que se debe actuar rápidamente porque Endesa está haciendo obras definitivas y han pasado por encima de la Ley Indígena". (Del Acta del 2 de junio de 1998). Huenupi conoce la zona. La visita de manera asidua. El fue electo Consejero Nacional Indígena en 1994 con una importante votación de los Pehuenches del Alto Bío Bío. Ha venido siguiendo, cotidianamente, la realidad de sus comunidades. Conoce a los Caciques y dirigentes de las comunidades. Ha estado en sus casas compartiendo con ellos junto al fogón y el mate. Huenupi siente dolor por su pueblo. Ha visto la división de las familias; sabe del quiebre de la organización ancestral. Cada visita suya al Alto Bío Bío lo devuelve a su tierra, Contulmo, en donde es Concejal del Municipio en representación de su partido, el PPD, con nuevas preocupaciones y dolores. Se siente impotente pero sigue confiando en que la Conadi podrá hacer algo en defensa de sus hermanos Pehuenches. Interviene Mylene Valenzuela, abogada del Ministerio de Justicia, Consejera Nacional en representación del Presidente. "¿Qué va a significar en definitiva para los Pehuenches el asunto

del Bío Bío? -reflexiona-. Cree que es necesario evaluar el desarrollo de la defensa jurídica y que se informe al Consejo sobre la estrategia a seguir". Mylene Valenzuela posee una importante trayectoria en el tratamiento del tema indígena desde los tiempos del Gobierno del Presidente Aylwin. Gran parte de su práctica profesional ha estado ligada al tema indígena, desde que nació la discusión pública sobre la Ley Indígena. Querida v respetada por los Consejeros Indígenas, ganó su confianza y afecto, además, por su compromiso y trabajo en favor de la difusión de los derechos de los Pueblos. Desde su cargo de Consejera Nacional de Conadi promovió diversas iniciativas; organizó Talleres sobre Estudio Jurídico de la Ley; impulsó Seminarios con Jueces de la VIII, IX y X regiones; inspiró y ayudó a organizar una relevante Semana Cultural Indígena en la Universidad Central de Santiago, logrando que por primera vez, una importante Universidad privada se interesase en la difusión del tema indígena. Había visitado en varias ocasiones el Alto Bío Bío y en terreno, compartiendo con las familias Pehuenches, escuchando sus relatos y conociendo directamente la realidad, se formó sus propias impresiones y convicciones que le llevaron a sostener una infranqueable crítica a las actuaciones de Endesa en la zona. El miércoles 29 de julio de 1998, luego de diversas reuniones ministeriales a las que fue citada, tuvo que presentar su renuncia.... El debate continuó en el Consejo del 2 de junio de 1998 con la intervención de José Santos Millao, Consejero Nacional Mapuche. "Este Consejo debe apurar los casos y ya debería pronunciarse (en relación al tema de fondo que son las permutas de tierras). Dar más tiempo es dar luz verde a Endesa". Santos cuenta con una reflexión política aguda. Aun cuando sus opciones ideológicas no se corresponden con la Concertación de Partidos por la Democracia, mantiene con los demás Consejeros Nacionales Indígenas una unidad de criterios muy sólida e indigenista, lo que hace que en todo coincida con Queupuán y Chodimán, ambos militantes destacados de la Democracia Cristiana; con Huenupi, Gómez y Hotus, del PPD; con los independientes Justo Zuleta y Beatriz Painequeo. Es que el tema indígena hermana a sus representantes más allá de las fronteras de partidos y Ralco sobre todo, solidifica con mucha fuerza la condición de sentirse parte de un mismo Pueblo, el Pueblo Mapuche y las Comunidades Aymara, Pascuense y Atacameña. José Queupuán expone su parecer: "Si la situación del Alto Bío Bío está llegando a su fase final, habría que adoptar una fórmula rápida para decidir. Este Consejo tiene que tomar una postura única. La Conadi tiene la obligación de defender los territorios indígenas". Francisco Chodimán, Consejero mapuche de la IX Región comparte la preocupación de Queupuán. "Cuando Endesa comienza a construir y aun nosotros no tenemos clara nuestra postura con respecto al Alto Bío Bío hay que hacer algo". El tema no requiere mayor análisis. Y queda instalada la sólida sensación de estar siendo sobrepasados por los hechos consumados por endesa y que la Corporación indígena no estaba siendo respetada. El Director señaló que se concurriría de nuevo al Alto Bío Bío. Que la fecha sería el 12 y 13 de junio. Que esa misión era definitiva para recabar todos los antecedentes. El Consejo acordó entonces reunirse el jueves 25 de junio de 1998 para conocer los antecedentes finales y resolver. Previamente, se resolvió notificar a Endosa de esta misión técnica y se solicitó la presencia de alguno de sus ejecutivos en la zona. Adicionalmente, el Consejo acordó solicitar a varios Servicios Públicos (Conama, Conaf, Sag, Vialidad) sus informes respecto de eventuales autorizaciones de obras en la zona. Segunda misión técnica al Alto Bío-Bío La misión, presidida ahora por el Director Nacional de conadi, la integraron además el Subdirector Nacional de la Corporación, Víctor Alonqueo; el Fiscal de Conadi, Carlos Vargas; el abogado de Conadi, Egon Matus; el abogado del Programa de Defensa Jurídica, Alfredo Grandón; profesionales topógrafos y nuevamente la cámara de Ramón Daza. A las 08:00 am del sábado 13 de junio de 1998 la Misión Técnica comenzó su trabajo visitando primero las obras de construcción de un puente en el sector de El Avellano. Ahí estaban esperando ejecutivos de Endesa y de la Empresa Besalco, quienes -informados con anterioridad de esta visita- permitieron el acceso de la comitiva hasta la zona misma de faenas. Siguiendo hacia Ralco Lepoy, la misión pudo constatar importantes obras viales, de ampliación y mejoramiento de caminos, además del corte de bosque nativo en las zonas de ensanchamiento.

En un momento del viaje el equipo se detuvo en un lugar en donde está la Piedra Machi Cura, declarada Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales. Este lugar estaba conformado por un bellísima entorno natural y la Piedra, de grandes dimensiones, forma parte de un espacio ceremonial religioso de carácter ancestral. Los Pehuenches la consideran una "piedra sagrada", pues -según cuentan las historias locales- debajo de esa piedra permanece enterrada una antigua Machi que obra milagros a través de las plantas medicinales que florecen alrededor de la Piedra. A fines de 1997 se produjo un importante problema en esta zona pues la empresa a cargo de las obras de mejoramiento y ensanchamiento de caminos, como resultado del desconocimiento de la religiosidad indígena, al momento de dinamitar los cerros adyacentes estuvieron a punto de demoler la Piedra Machi Cura, situación que fue advertida a tiempo por los Pehuenches, quienes realizaron urgentes gestiones para evitar que su Piedra Sagrada fuese demolida. El hecho generó algunos inconvenientes. La empresa seguía un estricto plan de manejo que no contemplaba desvíos. No obstante sus ejecutivos locales comprendieron la importancia de preservar la Piedra sagrada y cambiaron el trazado original a objeto de no tocar dicha piedra, lo que efectivamente se hizo, quedando pendiente por parte de endesa la recuperación del entorno original. En ese lugar la comitiva se detuvo un momento. Había una delegación de Pehuenches esperando el paso del equipo de profesionales de Conadi y se realizó una breve rogativa. Camino arriba la comitiva conversó con Berta Jara Curriao, quien suscribió un contrato de arrendamiento de sus tierras con Endesa. Muy cerca de su modesto hogar grandes maquinarias trabajaban en la construcción de una parte del camino que en el proyecto original empalma con la ruta que conduce hacia la represa Ralco. Kilómetros más arriba el equipo entabló un extenso diálogo con otra afectada, Francisca Curriao, una mujer de avanzada edad, esmirriada, con su rostro delgado surcado por muchas arrugas, nada de lo cual -sin embargo- opacaba su vitalidad. Con sencillas palabras explicó que estando muy enferma personas de Endesa la pasaron a buscar y la llevaron a Santa Bárbara con la promesa de ser atendida por personal médico, y que ahí le solicitaron firmar un documento que escasamente comprendió. Acto seguido la habrían hecho firmar con su dedo pulgar puesto que ella no sabe leer ni escribir. Junto con ella firmó un pariente. De este modo habría quedado "constituida" la escritura de arrendamiento, a través de la cual se autorizaba una servidumbre de camino... El testimonio de Francisca Jara fue registrado en video. La comitiva de Conadi recorrió la hijuela en su vasta extensión: efectivamente, los hechos hablaban por sí mismos. Diversos árboles nativos habían sido cortados y permanecían las señales de grandes maquinarias que habían abierto una amplia huella en su terreno. El equipo de Conadi continuó su marcha hacia El Palmucho. Ahí se conversó con Juan Quipaiñán. En la casa tenían una copia de la escritura suscrita con Endosa. Las otras personas consultadas señalaron no tener, en ese momento, una copia de dicho documento legal. Al examinar con detención la escritura, los abogados de Conadi confirmaron sus sospechas. En el contenido de la escritura se describían las características de la construcción de caminos según así se había solicitado también a la Superintendencia de Servicios Eléctricos (SEC) en la petición de la concesión definitiva para construir. Este elemento fue clave en el examen jurídico de rigor, puesto que aun cuando la Ley Indígena 19.253 permite contratos de arriendo hasta por cinco años, la constitución de cualquier tipo de gravamen sobre tierra indígena protegida por la Ley, legalmente requiere ser autorizada por la Corporación. Tal es el caso de servidumbres cuya finalidad es ajena a los fines específicos del propio terreno. Para corroborar los hechos la comitiva pudo acceder a la zona de construcción de caminos. Conforme nos adentramos hacia el Palmucho, la escena que se presentó ante nuestra vista era impresionante: entre tres y cuatro excavadoras y retro excavadoras de gran calibre se realizaba la fatigosa tarea de abrir huella y ensanchar camino. Grandes camiones entraban y salían con su carga de tierra y piedras. Una importante masa de árboles nativos había sido cortada a ras para permitir el avance de las poderosas máquinas excavadoras que avanzaban, metro a metro, sobre la planicie del río, zona destinada a la construcción de la base de la represa.

El amplio bosque natural del sector del Palmucho ahora era parte del pasado. Y la tierra de la hijuela de la familia Quipaiñán-Piñaleo sufría los efectos de una profunda e irreversible transformación. En una de las orillas del amplio camino en construcción, la comitiva de Conadi sólo observó en silencio la magnitud de las faenas. El Director dialogó con los ingenieros de Besalco, quienes le aseguraron que estas obras eran preliminares y que se contaba con las respectivas autorizaciones para ejecutarlas. Se les consultó sobre el plazo de la obra y señalaron que una vez concluida la represa el espacio territorial volvería a sus características naturales.... El Director preguntó cómo se haría volver a la tierra su estado natural y qué pasaría con los árboles cortados. Los profesionales de Besalco señalaron haber instalado un invernadero en donde tenían bajo control la siembra de nuevos árboles que reemplazarían a los que fueron cortados. Lo cierto es que a la comitiva de Conadi le asistió la convicción de estar ante una obra cuyos impactos no son reversibles y que lo que se veía, en terreno, era la ejecución de las obras principales destinadas a la construcción de la represa Ralco, aun antes que Conadi resolviese sobre el tema de fondo de las permutas de tierras. Así concluyó esta segunda Misión Técnica y el equipo de conadi, a su regreso a Temuco, elaboró su informe final. Nueva sesión del consejo de CONADI El jueves 25 de junio de 1998 se reunió el Consejo Nacional de conadi en el Ministerio de Bienes Nacionales en Santiago. Los antecedentes que a continuación se señalan son públicos y constan en el Acta oficial de la Sesión correspondiente a la fecha descrita. "El Presidente del Consejo (que en la Ley coincide con el de Director Nacional) informa acerca de la segunda visita técnica realizada al Alto Bío Bío los días viernes 12 y sábado 13 de junio de 1998, oportunidad en la que concurrió, previo acuerdo del Consejo Nacional de fecha 2 de junio de 1998, acompañado por el Subdirector Nacional Sur, Víctor Alonqueo; el Fiscal, Carlos Vargas; el abogado de Cañete, Egon Matus de La Parra; el abogado Alfredo Grandón, del Programa de Defensa Jurídica de la VIII Región; del ingeniero, Juan Escobar; el Jefe de Gabinete y conductores de la Corporación, con el objeto de realizar una segunda inspección. La primera se había llevado a cabo el 21 de mayo de 1998, materia que fue ampliamente informada en la Sesión del 2 de junio de 1998. "En esta segunda visita técnica del 12 y 13 de junio de 1998, el Director conoció en terreno los alcances de las obras de construcción de un puente en el sector El Avellano; recorrió la ampliación de caminos; se entrevistó con la familia de Berta Jara Curriao; Francisca Curriao y la familia de Quipaiñán-Piñaleo; revisó antecedentes en el lugar mismo de los hechos y conversó largamente con cada familia a objeto de interiorizarse de los detalles de suscripción de los contratos de arrendamiento, verificando en terreno la realización de importantes obras viales que a simple vista representan un carácter definitivo, a juzgar por la intensidad de las mismas y por su magnitud. "Con posterioridad, en vista del presente Consejo del 25 de junio de 1998, se reunió el equipo jurídico a cargo del tema Ralco y se llegó a la conclusión de estar frente a una infracción de la Ley Indígena, puesto que en el contexto del contrato de arriendo examinado, se habría constituido la figura de una simulación de servidumbre, materia que permite a Endesa, en una situación legal dudosa, llevar a cabo las obras detectadas en terreno. El Fiscal quedó encomendado de preparar un informe jurídico al Consejo, a objeto de solicitar su autorización para deducir ante tribunales la solicitud de nulidad de derecho público de tales contratos, y pedir como medida precautoria la paralización de faenas en el Alto Bío Bío. "El Fiscal de la Corporación informa sobre el particular. Se refiere a la situación que se ha producido en los últimos días en relación a los trabajos de carácter definitivo que ha iniciado la Endesa para la construcción de la represa Ralco en el Alto Bío Bío, a través de la empresa contratista Besalco. "Como ha informado el Sr. Director Nacional, la Endesa, amparada en contratos de arrendamiento suscritos con personas pehuenches, ha dado inicio a obras que, según nuestro concepto, corresponden a aquellas de carácter definitivo, orientadas a la construcción de la represa. Es necesario acotar que la concesión provisoria otorgada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por el plazo de dos años, venció en enero de 1998.

"A pesar de no existir por parte de la SEC la concesión definitiva, actualmente se construyen las obras a través de contratos que endesa, por privativa voluntad, por sí o mediante terceros inicie los trabajos relacionados con las obras de construcción y faenas de la central hidroeléctrica Ralco, cualquiera que sean las actividades conducentes a este objeto. A mayor abundamiento, la Endesa podrá instalar construcciones en la mencionada hijuela, construir caminos interiores y efectuar cortes de la vegetación de bosque nativo con el objeto de obtener los fines señalados. "De acuerdo al criterio del equipo jurídico encargado del tema Ralco, en este caso estaríamos en presencia de una grave vulneración de la Ley Indígena, por cuanto la Ley 19.253 en su artículo 13 establece claramente que todo gravamen que recaiga sobre tierras indígenas, debe ser con previa autorización de la Corporación. Sin duda, los trabajos descritos más arriba corresponden al gravamen de una servidumbre especial, definida en el DFL Nº 1 del año 1982, artículo 47 y siguientes, de tal manera que al haberlos iniciado, la endesa ha omitido hacer uso de la Ley aplicable para estos efectos (la Ley Indígena). "Que por su parte el Artículo 39, letra E de la Ley 19.253 señala como una de las obligaciones de la conadi el velar por la protección de las tierras indígenas a través de los mecanismos que establece esta Ley (Artículo 13, que señala además una serie de requisitos para que la propia conadi pueda autorizar los gravámenes), de tal manera que es nuestra opinión, que la Conadi, amparada en esta disposición legal, tiene el deber de iniciar las acciones judiciales tendientes a dar cumplimiento a la referida disposición legal. "Fundado en lo anterior, el contrato de arriendo celebrado entre las partes descritas constituye un fraude a la Ley Indígena, ya que ha existido una colusión voluntaria o no, informada o no entre el pehuenche y Endesa para eludir la norma aplicable a la situación descrita. Concretamente se ha buscado apoyo en una norma distinta para evadir el cumplimiento de la Ley Indígena. "Que por otra parte el propio artículo 13 mencionado establece en su inciso final que los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta, cuya acción corresponde a todo aquel que tenga interés en ella, y el interés de la Conadi estaría representado por el interés general en el cumplimiento de la Ley Indígena y particularmente en su deber de protección de las tierras indígenas (Artículo 1º, inciso final)". Concluyó así la información entregada al conocimiento de los Miembros del Consejo Nacional, integrado por Subsecretarios de Gobierno, representantes del Presidente de la República y Consejeros Nacionales Indígenas. Durante un par de horas transcurrió un extenso debate acerca de la forma y del fondo del problema detectado. Los Consejeros estimaron estar ante una situación delicada y de compleja maniobrabilidad legal. Las obras comenzaron a ser ejecutadas en abril. Los contratos datan de comienzos de año. Lo que indica que endesa venía preparándose para entrar en acción desde mucho antes de mayo. Cuando el Consejo de conadi conoció estos antecedentes ya habían transcurrido, a lo menos, dos meses de ejecución de obras y los Consejeros creyeron estar ante una política de hechos consumados que resultaba del todo perjudicial para la aplicación de la Ley Indígena. No obstante, y por la unanimidad de los Consejeros presentes en la reunión del 25 de junio de 1998, se acordó recurrir a la elaboración de un segundo informe jurídico, esta vez a cargo de un experto externo, no ligado a la Corporación, que asegurase un tratamiento técnico y legal, complementario a lo efectuado por el equipo jurídico y la Fiscalía de Conadi. Y dado que a los Consejeros les asistió la convicción de estar ante un hecho muy irregular e inaceptable, se puso un plazo de 15 días para la elaboración de dicho informe externo y se fijó como fecha para una nueva sesión del Consejo Nacional, el día jueves 23 de julio de 1998. Con acuerdo del Consejo la Dirección Nacional de conadi contrató los servicios profesionales del profesor en Derecho, don Rene Abeliuk, ex-Ministro de Estado en el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin. Los temas y actores relevantes del período Los días transcurrieron con cierta intensidad. Previo al Consejo Nacional del 25 de junio de 1998, en donde se abordó este delicado tema jurídico, el miércoles 24 de junio, se realizó en La Moneda un trascendental acto histórico: el Presidente Frei firmó el Decreto que declaró el día 24 de junio de cada año como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Con la presencia de 250 representantes de todas las etnias del país, esa tibia mañana del 24 de junio, cuando se celebra el Weñol Tripantu (Nueva Época), significó cumplir con un acto relevante, deseado por las comunidades indígenas durante muchos años.

En efecto, en forma tradicional las comunidades indígenas vienen celebrando en la semana del 20 al 24 de junio de cada año, la Fiesta del Año Nuevo Indígena. Es una fecha que coincide con el solsticio de invierno, cuando el sol se aleja de la tierra y ésta se renueva, dando paso a una nueva etapa de fertilidad. Los indígenas celebran este acontecimiento como parte de su cosmovisión religiosa y social. En la familia indígena rural, más tradicional, el Weñol Tripantu es esperado con entusiasmo y buenos deseos. La familia se baña en las aguas de la madrugada en el arroyuelo cercano; limpia su cuerpo y su mente; cambia sus ropas por otras nuevas y pulcras; preparan comidas y comparten con gran respeto y cariño. Se renuevan las promesas y se perdonan las faltas. La tierra recibe las primeras gotas del mudai con que se celebra la relación con ella. Se da gradas por los frutos recibidos y se ruega bendiciones por los frutos que han de venir. Luego, viene la fiesta, los juegos que comparten niños y mozalbetes; en tanto los ancianos gozan del afecto de sus seres queridos y ríen con sus propias anécdotas de antaño. El Año Nuevo Indígena es un momento de reencuentro y de amistad. Se renueva el compromiso de querer la tierra y amar la naturaleza. La familia y la comunidad adhieren así al significado de la Nueva Época. El Presidente Frei recibió en su gabinete al Consejo Nacional de la Corporación. Saludó cordialmente a los Subsecretarios de Gobierno y a sus representantes personales. En particular, saludó con especial deferencia a los Consejeros Nacionales Indígenas: Elias Gómez, aymara; Justo Zuleta, atacameño; Beatriz Painequeo, representante de los mapuches urbanos; Alberto Hotus, presidente del Consejo de Ancianos de Isla de Pascua; Juan Huenupi, mapuche de la VIII Región del Bío Bío; José Santos Millao, Presidente de Ad Mapu y mapuche de la IX Región; Francisco Chodimán, representante mapuche de la IX Región y José Queupuán, mapuche de la X Región. Cada Consejero Indígena expuso ante el Presidente sus preocupaciones: hay problemas con los derechos de aguas en el norte. Las comunidades Aymara están preocupadas por la instalación de megaproyectos turísticos y por la eventual desafectación de áreas reservadas. Las comunidades de Atacama resienten la sequedad del desierto, los problemas productivos y la carencia de oportunidades. Los mapuches urbanos constituyen una inmensa mayoría en Santiago: son casi 460 mil personas, en su mayoría pobres. En el sur, Juan Huenupi, del Bío Bío, expone ante el Presidente el drama de los Pehuenches, la división de las familias ante el proyecto Ralco, los efectos que se están produciendo en la organización ancestral de esta cultura. Le pide al Primer Mandatario ayuda para superar estos efectos. El Consejero Santos demanda un Nuevo Trato. Señala que más allá de Ralco está en riesgo el diálogo del mundo indígena con el Estado. Que se está llegando a un límite delicado v difícil. Queupuán está en silencio: tiene la responsabilidad de hablar, en breves instantes más, ante todos los asistentes que ya esperan en el Patio de los Cañones el inicio de la ceremonia que instala el 24 de junio como Día Nacional de los Pueblos Indígenas. La audiencia había concluido. El Presidente escuchó con respetuoso silencio. Tiene consigo una carpeta con los planteamientos de los representantes de los Pueblos Originarios. Los Consejeros bajaron entonces al patio principal. Más de 400 personas estaban dispuestas en el lugar. Los dignatarios indígenas provenientes de distintas regiones del país, comparten lugares con Ministros de Estado, Subsecretarios, Embajadores, Jefes de Servicios Públicos, personal de conadi, invitados de comunidades indígenas de Santiago, dirigentes políticos y de organismos no gubernamentales: es un encuentro cálido y expectante. El Presidente hace su entrada al recinto de la ceremonia. Los participantes aplauden. Lo acompaña su esposa, la Primera Dama de la Nación. En la testera principal lo esperan el Ministro de Mideplán, Germán Quintana, y el Director Nacional de Conadi. La Corporación de Desarrollo Indígena, con este acto de singular importancia, ha ganado para el país y su democracia un momento brillante de compromiso y reconocimiento hacia sus comunidades indígenas. Se anuncia el Himno Nacional. La ceremonia se inicia con ese marco solemne. Es el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. José Queupuán es Concejal en la comuna de San Juan de la Costa. De militancia democratacristiana. Fue elegido por las comunidades mapuches huilliches como Consejero

Nacional Indígena de conadi hace ya cuatro años. Ha mantenido intacta su identidad cultural y junto con ser un servidor público destacado en su Municipio, Queupuán ha representado con vitalidad al mundo indígena. Entre sus pares, fue elegido para dirigir el mensaje de las comunidades en este acto. Sus palabras fueron escuchadas en silencio por todos los asistentes. "Señor Presidente, Es para mí un gran honor representar en este acto la opinión de los Pueblos Indígenas de Chile. En primer lugar, debo destacar y valorar este importante gesto histórico que hoy estamos realizando el Gobierno y los Pueblos Indígenas. Creo que esto demuestra, de alguna manera, un paso importante en la lucha por la defensa de nuestros valores culturales como nuestro Weñol Tripantu para los Mapuches o Marakata para los Aymara. Gracias, Señor Presidente, por apoyar este llamado. "Junto con esto debo reconocer que durante los últimos años los Pueblos Indígenas hemos dado pasos muy importantes. La existencia de la Ley Indígena no es una mera casualidad, como tampoco lo es la conadi. Esto es el producto de las múltiples luchas que los Pueblos Indígenas han dado por muchos años en distintos momentos de la historia de este país, pero también es necesario destacar y reconocer la labor de un gran hombre que con su sencillez e inteligencia supo escuchar el clamor nuestro en los momentos más oscuros de nuestra historia. Me refiero a don Patricio Aylwin Azocar. Gracias, don Patricio, por su aporte a nuestra noble causa. "También es cierto que en estos años hemos recuperado importantes hectáreas de tierras, como financiado muchos proyectos en el sector urbano y rural a los jóvenes y mujeres. Hemos avanzado en la protección de nuestros recursos hídricos. En definitiva, hemos progresado pausadamente en la dignificación de nuestros pueblos. Así como se deben reconocer los logros, debemos también ser enfáticos en señalar que aun son insuficientes. "Señor Presidente: los Pueblos Indígenas de Chile necesitamos generar nuestro propio proyecto de futuro; queremos un desarrollo social, político, económico y cultural de acuerdo a nuestra propia identidad. ¿Qué queremos del Estado? mayor participación en la toma de decisiones cuando se trate de nosotros o tenga relación con nuestra cultura. Necesitamos del Estado un mayor compromiso y sensibilidad; exigimos que se respete nuestro patrimonio cultural y religioso; exigimos mayor respeto por nuestra idiosincrasia y valores propios. Consideramos que el Estado y la Sociedad chilena aun están en deuda con nosotros; por ello, exigimos y solicitamos un nuevo trato y un nuevo compromiso que nos permita orientar con mayor propiedad nuestro desarrollo. "Señor Presidente: los Pueblos Indígenas no nos oponemos al desarrollo ni al crecimiento económico, pero creemos que éste no debe hacerse a costa de la destrucción de la Madre Tierra o de nuestra cultura. Me refiero a los megaproyectos que se están implementando en nuestros territorios. Como dijo el Gran Jefe Sioux Seattle: "lo que le ocurra a la tierra, más tarde nos ocurrirá a nosotros". "También quiero recalcar que nunca renunciaremos a la defensa de nuestros derechos y valores ancestrales, como por ejemplo, lo que le ocurre a nuestros Hermanos Pehuenches del Alto Bío Bío; no renunciaremos a exigir mayor respeto y protección a nuestra ecología, a nuestro medio ambiente. En otras palabras, a nuestra naturaleza. "Por último, deseamos que este día sirva para generar un mayor compromiso y sensibilidad del Estado y de la sociedad chilena para con los Pueblos Indígenas. Lamentable sería que a partir de hoy avancemos menos que antes, que este Weñol Tripantu o Marataka nos ayude a compartir armónicamente nuestro destino, para unimos en pos del bien común para todos. "Como lo anunciara el poeta Neruda: "han envasado el agua; han envasado el aire; hoy han patentado el genoma humano, el conocimiento ancestral de nuestros Pueblos, las plantas y sus secretos medicinales". Esperamos que esta decretación no signifique envasar el Año nuevo Indígena; que eso no suceda en el futuro. Muchas gracias". Las palabras de José Queupuán Huaiquil fueron seguidas de un intenso y prolongado aplauso. A continuación hizo uso de la palabra el Director de Conadi. En parte central de su alocución, junto con destacar la importancia de este hecho, señaló: "Se hace justicia con este acto solemne de establecer un Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que en los próximos años podrá ser celebrado con mucha amplitud en colegios, municipios, juntas de vecinos, comunidades rurales y urbanas, servicios públicos y centros académicos. La temática indígena será parte de un proceso más amplio de conocimiento y sobre todo de descubrimiento.

"En efecto, decía que nuestra sociedad desconoce la riqueza de nuestro mundo cultural y de nuestra cosmovisión. Durante décadas lo indígena ha sido reducido a estereotipos e imágenes incorrectas de nuestra gente y comunidades. "La propia historia de Chile no ha sido justa en ese sentido con el mundo indígena, destacando sólo aspectos guerreros o conflictos, cuestión que en cierto modo todavía constituye algún foco de atención de ciertos medios comunicacionales. Importa conocer ahora al mundo indígena en su exacta dimensión social, cultural y antropológica. Esto significa que deben abrirse caminos para un encuentro intercultural entre indígenas y no indígenas, para pensar y construir juntos una sociedad mejor, más justa y sin discriminaciones. "La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, conadi, nació a la vida pública en abril de 1994. Cuenta con sólo cuatro años de existencia y ha llevado a cabo una importante labor de promoción y difusión de la Ley Indígena, en medio de procesos complejos, en donde no están ausentes las tensiones, pero en donde ha podido más el entendimiento y el diálogo con las comunidades indígenas. Nos sentimos orgullosos de haber contribuido a este momento, especialmente cuando Ud. Señor Presidente, en 1997, en una sesión de trabajo con nuestro Consejo Nacional, acogió nuestra solicitud de declarar el 24 de junio como Día Nacional de los Pueblos Indígenas. "Queda aun un vasto camino por recorrer. Las soluciones a los problemas históricos llegan con la paciencia del tiempo, de la experiencia y de la sabiduría de todos. Nos damos cuenta de las necesidades no satisfechas y de las importantes expectativas que tiene el mundo indígena en relación al reconocimiento cabal de sus derechos. En cuatro años de existencia de la Ley se han logrado avances importantes y todos sabemos que es así, y que será necesario continuar avanzando, tarea en la cual conadi y las comunidades están empeñadas de cara al nuevo siglo. "Señor Presidente: agradecemos su decisión de decretar el 24 de junio como Día Nacional de nuestros Pueblos. Se abre un camino ancho para transitar hacia mejores condiciones de vida para nuestras comunidades y, sobre todo, se abre la oportunidad para que nunca más lo indígena pueda ser motivo de desaire, indiferencia o marginación. "Las generaciones presentes y futuras recordarán este momento, como otro paso más, en el logro de ser reconocidos conforme a su dignidad de personas y de Pueblos. Muchas gracias". El Presidente de la República culminó la ceremonia con su Mensaje y compromiso. En parte sustancial de su discurso dijo que "al instituir este Día, satisfacemos un viejo anhelo de las comunidades indígenas: que esta fiesta fuera reconocida como parte del patrimonio cultural del país". "Por cierto, ello constituye una invitación que el gobierno formula a toda la sociedad para acoger, reconocer, difundir y respetar nuestras culturas ancestrales. Sólo un pueblo que reconoce y respeta sus orígenes puede enfrentar los desafíos de los tiempos actuales con una sólida identidad cultural. "Esta Declaración es también un llamado a superar la discriminación social y a mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades étnicas. Debemos conservar y promover el desarrollo de sus culturas, de su lengua y de su identidad, junto con adoptar las medidas legales que permitan ampliar sus derechos en la sociedad. "Este ha sido el centro de la preocupación gubernamental en cuanto al desarrollo de nuestras etnias. Desde el comienzo de los gobiernos de la Concertación, la política democrática hacia los pueblos indígenas ha buscado su incorporación al desarrollo nacional, respetando su diversidad y los patrones culturales y costumbres que les son propios; al mismo tiempo, hemos procurado solucionar sus problemas de tierras y aguas. Para ello se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y se promulgó la Ley 19.253 sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas." La intervención del Presidente dio cuenta de importantes realidades y lo principal, junto con Decretar el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, es que formuló importantes anuncios en beneficio de los estudiantes indígenas, el incremento de recursos -vía Agenda Social- para abordar los temas de tierras y aguas e importantes medidas legales tal como la agilización legislativa del proyecto de reconocimiento de la norma 169 de la OIT. Mientras tanto el abogado Rene Abeliuk realiza su estudio del tema encomendado por el Consejo Nacional de conadi. Son días que dejan transcurrir importantes acontecimientos. Se celebra en Santiago, en la Universidad Central, una Semana Cultural Indígena con la participación de representaciones étnicas del norte y sur del país. Y entre los días 18 y 20 de julio, se dan cita en la

localidad de Chiu Chiu, en la Segunda Región, 250 representantes de la totalidad de las comunidades indígenas atacameñas en su primer Congreso Nacional de Pueblos Atacameños. Para estas comunidades es un acontecimiento el que después de muchos años de espera y de muchas reuniones, logran consensuar un encuentro de esta magnitud, apoyados por conadi y otros servicios públicos. La plaza de Chiu Chiu se viste de gala; el colegio del poblado es la sede del evento social y cultural; los delegados reflexionan en 16 comisiones temáticas... Chiu Chiu está alegre y agitado: algo nuevo está naciendo entre su gente. Reunión en la Moneda: Autoridades se preocupan por efectos legales de una eventual demanda contra ENDESA El sábado 18 de julio, antes de partir a Calama para dirigirse al Congreso de Pueblos Atácamenos, el Director de Conadi fue citado a una reunión en el Palacio de La Moneda, por el nuevo Ministro de mideplán, Germán Quintana, la que comenzó alrededor de las 11:00 horas. Días antes, el 13 de julio. Rene Abeliuk había entregado su informe en derecho. Era una despejada mañana y las autoridades fueron llegando a la reunión con el objeto de conversar sobre el nuevo informe jurídico y los escenarios del Consejo próximo del 23 de julio. Concurrieron los subsecretarios miembros del Consejo y se repasaron los antecedentes que obraban en poder del Gobierno y que también habían sido entregados a los Consejeros. El Informe Abeliuk estaba en la mesa... Sus conclusiones son determinantes: confirmaba ampliamente el criterio jurídico de los abogados de conadi. El examen fue conclusivo: Endesa había incurrido en una infracción de la Ley Indígena. Se analizaron los cursos de acción. El Director de conadi era partidario de impetrar los cursos legales correspondientes. Estimaba que si la Ley Indígena había sido vulnerada debía actuarse consecuentemente demandando la responsabilidad de la endesa en Tribunales, puesto que no debieran existir privilegios ante la Ley. El punto fue objeto de intensa discusión y finalmente se llegó al acuerdo de acoger una recomendación que formuló el propio abogado informante en el sentido de efectuar, previamente, una notificación formal a ENDESA. Luego de este acuerdo, que debía ser sometido a la consideración del Consejo Nacional de 23 de julio de 1998, se efectuó un análisis del tema de permutas. La idea subyacente, planteada por el Ministro y algunos subsecretarios, era que aquellas permutas que no cumplieran con las formalidades dispuestas por la Ley no podrían ser aprobadas, pero que aquellas que sí las cumpliesen deberían ser aceptadas. El Director de Conadi expresó sus dudas respecto de esto último citando un ejemplo: en el caso de aquellas solicitudes cuyas familias deberán ser trasladadas al Fundo El Barco, los informes de conadi indican que los niveles de sustentabilidad en dicho fundo son muy precarios y de alto riesgo para la estadía y cotidianidad de las familias. El Barco está a poco más de 900 metros sobre el nivel del mar. Tratándose de cordillera, nieva intensamente la mayor parte del año, afectándose con ello la capacidad de cultivo y de forraje para los animales. En consecuencia, dar por aceptado este tipo de solicitud, aun cuando se cumpliese la formalidad del caso, implicaría someter a una familia pehuenche -de por vida- a condiciones muy negativas de sustentabilidad. Por lo tanto, en este caso, lo mínimo no es lo mejor. Y en estas circunstancias había varias solicitudes de permutas presentadas, todo lo cual hacía aconsejable su no aceptabilidad. El tema no fue zanjado en esta reunión, pero quedó en evidencia que se había configurado una diferencia de opinión, que días más tarde, el 5 de agosto de 1998, sería resuelta con la solicitud de renuncia del Director Nacional de conadi. Para comprender entonces la magnitud de estos acontecimientos, será necesario remontarse a la fuente del conflicto principal: la acción de endesa, de iniciar obras en el Alto Bío Bío, afectando la legalidad de la Ley Indígena. El informe Abeliuk: ENDESA ha incurrido en un acto contrario a Ley Indígena ¿Cometió ENDESA una irregularidad, al suscribir contratos de arriendo con familias Pehuenches y a través de este mecanismo lograr el hecho cierto de adelantar la ejecución de obras de gran envergadura, sin recurrir para ello a la autorización debida por parte de conadi, tratándose de obras en tierras indígenas?... La respuesta a esta pregunta era clave en el discernimiento gubernamental en el cual participaron Ministros de Estado, Subsecretarios, autoridades de conadi, abogados de la Corporación Indígena v expertos en derecho civil.

¿Por qué era una respuesta clave? Porque la constatación de esta irregularidad ponía a la Conadi ante el deber de presentar cargos legales en contra de la poderosa Compañía eléctrica, lo que significaba iniciar un juicio en donde se pondrían en juego intereses extremadamente relevantes, políticos y sobre todo financieros. Por otra parte, la verificación legal de los antecedentes implicaba que los miembros del Consejo Nacional se enfrentaban ante una política de hechos consumados, en la medida que endesa iniciaba las obras correspondientes, en territorio indígena, aun antes de que dicho Consejo, en tanto máxima autoridad estableada por Ley para dirimir los casos de solicitud de permutas de tierra, se hubiese reunido siquiera para resolver dicho propósito. ¿Cometió ENDESA una infracción? ¿Pasó a llevar la Ley Indígena? ¿Por qué no informó que estaba iniciando obras de gran envergadura en terrenos indígenas? Las preguntas quemaban, y con razón las autoridades de mideplán y de La Moneda estaban inquietas, pues de confirmarse los antecedentes sería inevitable para la Corporación Indígena demandar a endesa ante los Tribunales. Rene Abeliuk acogió el especial encargo del Consejo Nacional de conadi y durante intensos quince días, entre el 1° y el 15 de julio de 1998, se abocó al estudio de los antecedentes que se pusieron a su disposición. Por cierto, tratándose de la elaboración de un informe por parte de un experto externo, su examen fue absolutamente independiente de todo tipo de influencias, como corresponde al profesionalismo de un hombre respetado y querido en el foro jurídico y universitario. No fueron necesarios quince días... Los hechos estaban hablando por sí mismos. El 13 de julio de 1998, el profesor Rene Abeliuk entregó su informe a las autoridades de mideplán. Copia del mismo fue enviado al Director de conadi, el que luego de estudiarlo y conocer la trascendencia de sus conclusiones lo envió por correo expreso a cada miembro del Consejo Nacional teniendo en consideración la sesión acordada para el 23 de julio de 1998. El Informe de Rene Abeliuk contiene 47 páginas. Se inicia con el Capítulo I, "Planteamiento del Problema" y comienza del siguiente modo: "Lo que se me ha planteado -señala el destacado jurista- se refiere a la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento del 6 de noviembre de 1997, otorgado en Santa Bárbara ante el Notario Público, don Selim Parra Alvarez, entre los señores Juan Antonio y María Luisa Quipaiñán Piñaleo, en adelante en este informe los "propietarios" y la Empresa Nacional de Electricidad S.A., en adelante "ENDESA". En el punto II el jurista aborda las "Estipulaciones Contractuales" en relación a la "cosa arrendada": primero: En virtud de este contrato, los propietarios (indígenas) dieron en arrendamiento a ENDESA 4 retazos de terrenos, designados B, C, D y E de la Parcela N° 69, originada de la división del predio Fundo Ralco, sector Quepuca, de la localidad del Alto Bío Bío, inscrita a nombre de sus dueños a Fojas 1.445, vuelta Nº 10905 del Registro de Propiedades de 1991 del Conservador de Bienes Raíces de Los Angeles, con una superficie de 45,6 hectáreas. Rol de Contribuciones Nº 219-415 de Santa Bárbara y exenta de su pago. segundo: superficie arrendada. a) El retazo "B" tiene una superficie de 7,5 hectáreas, e incluye dentro de su perímetro al retazo "A" de aproximadamente media hectárea y con acceso independiente, que se excluye del arriendo, b) El retazo "C" tiene una superficie aproximada de 3 hectáreas, y c) El retazo "E" consiste en una faja de terreno sinuosa con un ancho promedio de 25 metros y una superficie total aproximada de 5 hectáreas. En total, aproximadamente 16,5 hectáreas. tercero: Objeto del Arriendo. El objeto del arriendo es, respectivamente: a) para los retazos "B" y "C": "instalaciones de faenas de las obras de construcción de la presa Ralco y actividades anexas. b) para el retazo "D": "para instalaciones de faenas y para el establecimiento de una línea de transmisión eléctrica y de una subestación eléctrica que forman parte del proyecto de la central hidroeléctrica Ralco", y c) para el retazo "E": "construcción, operación, mantenimiento y modernización de caminos necesarios para el acceso a las faenas y obras de construcción y mantenimiento de las obras del proyecto de central hidroeléctrica Ralco, ubicadas en este sector. cuarto: renta del Arrendamiento.

La renta del arrendamiento fue de $ 53 millones de pesos, pagaderos la mitad al contado, y quedando la otra mitad depositada en Notaría para pagarse 15 días después que el arrendatario tome posesión material de los terrenos. quinto: anexo del arriendo. El arriendo incluye otros retazos de terreno a determinarse por un anexo complementario a la escritura, con una renta de $ 3 millones 300 mil pesos por cada hectárea que se utilice. sexto: facultades del arrendatario. Se convino además que: "la arrendataria (endesa) queda especialmente facultada para hacer uso de los retazos arrendados y destinarlos a su privativa voluntad, por sí o mediante contratistas, a los fines relacionados con la construcción y faenas de la central hidroeléctrica Ralco, a la que se encuentra abocada, cualesquiera que sean las actividades que estime conducentes a este objeto. Asimismo, queda especialmente facultada la arrendataria para subarrendar a sociedades, filiales o coligadas con ella y a contratistas y subcontratistas el todo o parte del o de los retazos arrendados, durante toda la vigencia del presente contrato. Las partes están de acuerdo en que la arrendataria podrá establecer, en el o los retazos arrendados, depósitos de rocas y suelos, y efectuar cortes de la vegetación, árboles y arbustos, para obtener los fines señalados al comienzo de esta cláusula, debiendo la arrendataria obtener las autorizaciones correspondientes para tales fines y bajo su responsabilidad. séptimo: Término del Arriendo. El contrato se pactó por cinco años, conviniéndose que a su "término el arrendatario se obliga a restituir materialmente el predio arrendado al arrendador o a quien lo suceda, totalmente libre de ocupantes, materiales y equipos, sin perjuicio de la subsistencia posterior a ese término de los permisos o autorizaciones a que se refiere la cláusula tercera"( Cláusula 6a, parte final). Ahora, bien la cláusula tercera se refiere al plazo del contrato, por lo cual no se entiende a qué permisos o autorizaciones se refiere el contrato, en la parte antes transcrita, especialmente si es a las que le dio el arrendamiento para la ocupación del predio, o a las que se refiere la clausula novena. octavo: Cambio de destino del Inmueble. En la clausula octava se sujetan los terrenos arrendados a la prohibición de cambiar su destino en los términos de los artículos 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Agrega la estipulación: Sin perjuicio de los derechos que otorga la Ley General de Servicios Eléctricos a los titulares de concesiones definitivas para centrales hidráulicas, respecto de los retazos referidos. noveno: Mandato al Arrendador. Por la cláusula y los propietarios autorizan al arrendatario (endesa) "para elevar y suscribir en su representación las solicitudes que se requieran ante cualquier autoridad administrativa" necesarias para la consecución de los fines del contrato, siendo ellas de exclusiva responsabilidad del arrendatario y "eximiendo de toda responsabilidad al arrendador". Hasta aquí la descripción que hace el jurista Rene Abeliuk del contrato de arriendo en comento. En su extenso informe legal, el profesional abordó un completo análisis de la Ley Indígena y de la Ley Eléctrica. Refiriéndose a la Ley Indígena destacó el Artículo 13 que dice: "Las tierras indígenas, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta Ley; no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripciones, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. No obstante, se permitirá gravarlas, previa autorización de la Corporación (conadi). Este gravamen no podrá comprender la casahabitación de la familia indígena y el terreno necesario para la subsistencia. "Igualmente -dice la Ley- las tierras cuyos titulares sean Comunidades Indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración. Las de personas naturales indígenas podrán serlo por un plazo no superior a cinco años. En todo caso, éstas con la autorización de la Corporación (Conadi), se podrán permutar por tierras de no indígenas, de similar valor comercial, debidamente acreditado, las que se considerarán tierras indígenas, desafectándose las primeras. Los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta". ¿Cuál es la interpretación jurídica del problema? Abeliuk analizó el DFL N 1 del Ministerio de Minería, de fecha 22 de julio de 1982, en relación a la Ley Eléctrica, para analizar las normas aplicables al caso Ralco. Dicha Ley establece que la producción, el transporte, la distribución y el

régimen de concesiones v tarifas de la energía eléctrica son materias que se regirán por esta Ley, lo que comprende las concesiones para construir y explotar centrales hidroeléctricas. En materia de servidumbres eléctricas, el abogado explicó que hay normas que reglamentan los derechos que otorgan las servidumbres para construir represas y se refieren a la ocupación de terrenos, construcción de habitaciones para el personal y la guarda de materiales. En tal sentido, el titular del predio dominante tiene derecho a ocupar y cerrar los terrenos necesarios para embalses, vertederos, clasificadores, estanques de acumulación de aguas, cámaras de presión, cañerías, centrales hidroeléctricas con sus dependencias, habitaciones para el personal de vigilancia, caminos de acceso, depósitos de materiales y, en general, todas las obras requeridas para las instalaciones hidroeléctricas. En relación a procedimientos y competencias, Abeliuk señaló que la Ley Eléctrica concede al Juez en cuya jurisdicción esté ubicado el predio sirviente, las facultades para resolver las controversias del caso (art.70), pero que esto implica algunas diferencias importantes con la Ley Indígena, especialmente lo señalado en los artículos 56 y siguientes de esta Ley: "Las cuestiones a que diere lugar el dominio, posesión, división, administración, explotación, uso y goce de tierras indígenas, y los actos y contratos que se refieran o incidan en ellas, y en que sean parte o tengan interés indígenas, serán resueltas por el Juez de Letras competente en la comuna donde se encontrare ubicado el inmueble, de conformidad con las disposiciones de los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a las siguientes normas. La competencia, eso sí, coincide en ambas disposiciones, ya que el predio sujeto a la Ley 19.253 es el sirviente". Hechas estas descripciones de rigor, el jurista inició el examen del fondo del problema. Señaló que si se celebra un contrato de arrendamiento por un plazo no superior a cinco años sobre propiedades pertenecientes a personas naturales indígenas, este contrato en principio es válido y no requiere autorización de la conadi. Esta es, según veremos, una innovación de la Ley 19.253, ya que en la legislación anterior a ella, el arrendamiento requería autorización. En el caso del contrato de arriendo de ENDESA con Quipaiñán, sin embargo, se trata de una situación muy peculiar porque se obtienen los mismos resultados de la servidumbre en cuanto a sus efectos, derechos, obligaciones y cargas, utilizando la fórmula jurídica del arrendamiento. "La consulta que se me ha formulado, se refiere a la calificación del contrato descrito en el presente informe en relación a esta doble legislación, esto es, si corresponde efectivamente a la que han hecho las partes, de arrendamiento por cinco años, o realmente, no obstante la calificación de ello, es otro acto jurídico, y en tal caso, qué consecuencias esto acarrea en cuanto a sus requisitos, efectos y sanción en caso de existir alguna infracción legal". Para avanzar hacia las conclusiones, Abeliuk estimó indispensable ilustrar a los Miembros del Consejo Nacional de conadi acerca de la naturaleza jurídica del contrato en análisis. Para ello señaló que "los actos y contratos que otorgan los particulares son lo que son y no necesariamente lo que las partes o las autoridades que intervienen en el acto, como Notarios o Conservadores de Bienes Raíces u otros funcionarios, digan". Desde su experiencia académica y profesional. René Abeliuk, en el tratamiento sobre las obligaciones, señaló que "calificar un contrato es determinar su naturaleza jurídica, esto es, decidir si es compraventa, permuta, innominado, etc". Para el abogado tiene enorme trascendencia esta acción, porque ella permite establecer las disposiciones que lo rigen, y así aplicar las prohibiciones legales y las normas supletorias que gobiernan lo que las partes no consideraron en sus estipulaciones. "Esto tiene vital importancia cuando, con la calificación que las partes dan al acto, en el que otorgan, no se requiere de una autorización o de un requisito establecido por la Ley para cumplir sus finalidades en el acto o contrato que origina la duda de calificación". Cuando el Consejo Nacional de conadi resolvió recurrir al consultor, la consulta subyacente era saber si la Corporación de Desarrollo Indígena estaba ante un acto de simulación de una servidumbre en el contrato de arrendamiento suscrito entre endesa y Juan Quipaiñán. Los abogados de la Corporación ya habían emitido un primer informe jurídico señalando que la institución no tendría competencia en el acto mismo de suscripción del arriendo puesto que la Ley Indígena lo permite, tratándose de propietarios naturales indígenas, hasta por un plazo de cinco años. En este punto hay plena coincidencia entre lo ya informado por Abeliuk y lo previamente establecido por el equipo jurídico de conadi.

El punto principal de interrogante era si a través de dicho contrato de arrendamiento se realizó, en realidad, otro acto jurídico, que es el de simular una servidumbre voluntaria para la construcción de caminos con la finalidad de la represa, lo que -a juicio del equipo jurídico de conadi- es una forma de gravamen en donde sí cabía la necesidad imperativa de la autorización ex antes del Consejo Nacional de la Corporación. Abeliuk, en su informe, abordó, entonces, el delicado tema de La Simulación. Conceptualmente el hecho se caracteriza porque las partes, de común acuerdo, crean una situación jurídica aparente que difiere de la real; en ella existen dos acuerdos de voluntad: uno, el real, y el otro, que está destinado a crear una situación aparente, ficticia y distinta de la verdadera que permanece secreta entre las partes. Existe una forma de simulación que es lícita, que no tiene por objeto perjudicar a terceros; no tiene un fin fraudulento, sino que por múltiples razones deja oculta alguna parte de la declaración real de voluntad. Es el caso de una persona que por razones comerciales no desea que nadie se entere de una negociación por ella celebrada, o quiere efectuar un acto de beneficiencia, sin que lo sepa la persona favorecida, etc. Esta especie de simulación es perfectamente lícita y así se ha fallado. Hay una forma de simulación ilícita que sí tiene por objeto engañar a terceros o el fraude a la Ley. Para su configuración deben darse cuatro elementos: a) la disconformidad entre la voluntad interna y lo declarado; b) esta disconformidad debe ser consciente y deliberada, pues en caso contrario nos encontraremos frente a un error; c) por acuerdo de las partes, con lo que quedan al margen los casos de fuerza y de reserva mental. En ésta una de las partes ignora que existe diferencia entre la voluntad declarada por la contraparte y la real de ella, mientras que en la simulación las dos partes quieren una cosa distinta a la que declaran; y, d) la intención de perjudicar a terceros. Existe también una forma de simulación que puede ser absoluta, relativa o por interposición de personas. En la absoluta el acto es totalmente ficticio, y sólo existe formalmente. En la relativa, el acto que aparece al exterior existe, pero hay acuerdo entre las partes que lo modifica y queda oculto. El ejemplo que se da es el caso de que la simulación tenga "por objeto eludir una prohibición legal, como ocurre por ejemplo, con la que señala el artículo 1.796 para la compraventa entre cónyuges no divorciados que dicho precepto prohíbe". El acto se disfraza de otra convención para eludir la prohibición legal. Este discernimiento sobre la simulación era particularmente relevante para el análisis del Consejo Nacional de conadi, pues como consecuencia de lo expuesto, respecto de la calificación del acto de contrato y la simulación, no cabía la menor duda que, si se llegaba a la conclusión de que el acto real, en el caso del contrato de arriendo entre endesa y la familia Quipaiñán-Piñaleo, era la constitución de una servidumbre y no un verdadero arrendamiento, correspondía establecer la verdadera naturaleza jurídica de dicho acto, ya que de haberse constituido un gravamen, bajo la forma de arrendamiento, sin autorización de conadi, dicho acto podría quedar sometido a una sanción de nulidad absoluta, de acuerdo al inciso final del artículo 13 de la Ley 19.253. Así era de delicada la situación para endesa. Para el jurista era también preciso ahondar aun mucho más en el complejo tema analizando la relación existente entre Arrendamiento y Servidumbre. Hasta el momento lo que teníamos ante nosotros era lo siguiente: endesa suscribió un contrato de arriendo de terreno con Juan Quipaiñán: la hijuela 69. Este contrato se hizo por cinco años. El propietario natural indígena entregó la tierra a endesa y la empresa, ahora como arrendataria hace pleno uso de dicha tierra con el propósito de construir un camino que tiene como destino abrir una ruta hacia la construcción de la represa. La Ley Indígena permite el arrendamiento hasta por cinco años. Nuestra duda era si endesa había simulado o no, a través de la figura del arriendo una servidumbre que imponía un gravamen especial sobre la tierra arrendada, tratándose de tierra indígena. Si esto era así, la conadi tenía que haber sido informada para autorizar o no dicha servidumbre antes de haber sido suscrito el contrato. Al respecto Abeliuk dijo al Consejo Nacional: "Lo que distingue fundamentalmente al arriendo de la servidumbre, es que en ésta hay un gravamen de predio a predio, y en el arrendamiento, el traspaso temporal de la tenencia de una cosa para el uso y goce de una persona. Podrían llegar a coincidir ambas instituciones cuando en la servidumbre se paga una indemnización que equivale al precio, y en el arriendo, el uso y goce permite establecer una carga en favor de otro predio. Sin embargo, no hay confusión si lo único que contiene el acto jurídico es un gravamen sobre un predio en favor de otro predio, y no la

explotación personal del mismo, máxime si se trata de bienes raíces destinados a actividades económicas y no a viviendas. "En el caso que nos preocupa (contrato ENDESA-Quipaiñán) no cabe duda que la institución jurídica adecuada es la Servidumbre, y ello unido a los demás antecedentes que se mencionan a continuación, es lo que nos lleva a la conclusión de este informe". En palabras sencillas: ENDESA sabía que requería abrir un camino a través de la Hijuela 69 para llegar a la base del Palmucho, sector en donde debe construirse el muro de contención de las aguas. Para tal finalidad se imponía la forma de conseguir una servidumbre de tránsito. Para ello debía solicitar la autorización de conadi pues, de acuerdo a la Ley Indígena, sólo esta entidad puede autorizar dicha servidumbre cuando se trata de tierras indígenas. Para evitar este procedimiento, endesa escogió otro camino: suscribir un contrato de arriendo de la Hijuela. Abeliuk en su Informe al Consejo Nacional concluyó que lo que la empresa debió haber hecho era solicitar una servidumbre, la "institución jurídica adecuada" para sus propósitos. Previamente, el abogado René Abeliuk estimó indispensable analizar la situación correspondiente al carácter de los predios sometidos a esta singular forma de "contrato acorriendo" y en particular el efecto de cambiar el destino de los mismos. El interesante análisis que ofrece a los miembros del Consejo Nacional, también coincide con el enfoque experto del comité de abogados de conadi. Abeliuk buscó establecer si el contrato de arrendamiento que se analizó era posible constituirlo como tal cuando se trata de predios rústicos. Un predio rústico es "todo inmueble susceptible de uso agrícola, ganadero o forestal, que esté comprendido en zonas rurales o urbanas". A su juicio, complementariamente, el Código Civil (párrafo 6°, Título 26, libro 4) discurre sobre la idea de la explotación de un predio rústico sólo para fines agrícolas, tal como se desprende del Decreto Ley No 993 del 21 de abril de 1975, y no para la obtención de otros beneficios, como es el caso de la construcción de una central hidroeléctrica, aun cuando este mismo Decreto intenta flexibilizar las restricciones del caso. En otras palabras, el Decreto Ley Nº 993 no se aplica a los contratos de arrendamiento, medierías o aparcerías a que se refiere el Art. 8° de la Ley 17.729, que justamente era la anterior Ley de Protección Indígena. Dicha Ley en este punto era más restrictiva que la actual Ley Indígena puesto que para autorizar los arriendos de tierras indígenas se requería la autorización del Instituto de Desarrollo Indígena (ex -IDI), reemplazado hoy por la conadi. Además, de acuerdo a la Ley 17.729 las tierras sólo podían ser arrendadas a otros indígenas y para fines agrícolas, lo que confirma que el arrendamiento de predios rústicos para los efectos de este Decreto Ley es exclusivamente para estos fines. Esta obligación fue modificada por el artículo 78 de la actual Ley Indígena 19.253. El análisis que realizó Rene Abeliuk sobre el particular aspecto del arriendo de predios rústicos, sumado a los antecedentes previos del informe, le permite formular su primera y más relevante conclusión: "Dado que en el contrato que examinamos no hay explotación agrícola por el arrendatario, se aplica esta norma, y en consecuencia no se trataría ya de una arrendamiento". En palabras precisas: ENDESA no arrendó el terreno de Quipaiñán para usarlo con fines agrícolas, sino para constituir una servidumbre de camino y, por ende, cambió la finalidad del predio. Adicionalmente, al hacerlo constituyó un gravamen que requería autorización previa de Conadi. La duda jurídica estaba despejada. A juicio del abogado, esto traía dos consecuencias inmediatas: a) que si no es arrendamiento (el contrato) no cabría dentro de la excepción del Artículo 13 de la Ley 19.253, que sólo libera de autorización de la conadi a aquellos actos. En efecto, sería otro contrato, o uno innominado que establece un gravamen, y requeriría, por ende, la autorización de la conadi, ya que sólo los contratos enumerados en el inciso 2° del artículo 13 no lo necesitan y, b) se aplican las normas de la mediería y aparcería, que evidentemente exigen cultivos y explotación agrícola. Y como tal no es el caso, no se cumpliría la Ley. A igual importante conclusión habían llegado los abogados de conadi en su informe preliminar. Sin embargo, la valiosa síntesis del jurista Rene Abeliuk, por provenir precisamente de un calificado profesional externo, no vinculado de modo alguno a conadi, dio a su informe una connotación objetiva necesaria para que la totalidad de los miembros del Consejo asumieran la verdad irredargüible de que la Ley Indígena había sido gravemente afectada por endesa. Esto incluyó,

inevitablemente, al conjunto de los Consejeros: Indígenas, Subsecretarios de Gobierno, representantes del Presidente de la República y Director Nacional. El extenso análisis jurídico abordó también otro capítulo de temas que se relacionan con las Servidumbres Administrativas y su correspondencia con la Ley Eléctrica. Persiste en el escenario del tema Ralco la eventualidad de una severa controversia jurídica entre la Ley Indígena y la Ley Eléctrica. En cierto modo, la forma de resolver dicha controversia será muy relevante para el futuro de las relaciones entre el movimiento ciudadano indígena y el Estado. Por otra parte, la simulación de una forma de servidumbre a través de un contrato de arrendamiento de un predio rústico que cambia su destino, tiene como contenido las características propias de una concesión eléctrica. Esto había sido detectado por el equipo jurídico de conadi que había concurrido al Alto Bío Bío en el mes de mayo de 1998 en la inspección técnica correspondiente. Al respecto el abogado Abeliuk informó claramente que la Ley General de Servicios Eléctricos contempla sólo servidumbres y ninguna otra forma para imponer limitaciones a los predios afectados por la construcción de una represa. Y acota de manera determinante: Para nada esta Ley contempla los arrendamientos. En el capítulo XI del Informe Abeliuk (Otras consideraciones) se abordó finalmente lo obrado por endesa en Quepuca Ralco. Al respecto señaló: "En la solicitud de concesión definitiva de líneas eléctricas para la central hidroeléctrica Ralco, publicada en el Diario Oficial del 2 de enero de 1998, Endesa dijo: para los efectos de las servidumbres que se impondrán, se adjunta la lista de propiedades afectadas y 29 planos especiales de servidumbres, y en la "lista de servidumbres" figura al final: "Juan Antonio Quipaiñán Piñaleo; María Luisa Quipaiñán Piñaleo, Hijuela 69, Quepuca Ralco, área 4.800 M2, Subestación. Esto se refiere a las líneas eléctricas, pero para la construcción. La solicitud de concesión definitiva de la central misma se publicó en el Diario Oficial del 15 de abril de 1998. En ella se dijo: "Las obras ocuparán las propiedades que se indican en la siguiente tabla, con el nombre del respectivo propietario. En las propiedades particulares se deberán constituir servidumbres en conformidad al DFL antes citado." "Con el Nº 66 en la lista se indica "Quipaiñán Piñaleo María Luisa; Quipaiñán Piñaleo Juan Antonio. Hijuela 69, Quepuca, Alto Bío Bío, Sector Palmucho, Comuna de Santa Bárbara, 45,60 hectáreas de superficie afectada (que es la superficie total del predio). "Pues bien, si el peticionario (endesa) entiende que debe constituir servidumbre en conformidad a la Ley Eléctrica, es obvio que con mayor razón debemos concluir lo propio, quienes estimamos que no es el arrendamiento la fórmula adecuada para estos efectos, y menos cuando con ello se afectan tantas disposiciones legales citadas. Reafirman también lo señalado las cláusulas mismas del arrendamiento, a que nos hemos referido y que tampoco corresponden a este tipo de contratos. "a) Desde luego, porque en este caso la renta de arrendamiento se paga anticipada por todo el período del arriendo. Ello es obviamente posible en los contratos de arrendamiento, pero no es lo normal. Unido a todos los demás elementos señalados, permiten concluir que esta suma es la indemnización de la servidumbre, y no una renta de arrendamiento". Cabe destacar que, previamente a este conclusión del consultor, los abogados de conadi, en mayo de 1998, es decir, dos meses antes del Informe Abeliuk, habían llegado exactamente a iguales resultados luego de examinar el contrato suscrito entre ENDESA-Quipaiñán. Rene Abeliuk establece: "b) Los usos del predio no son los de un arrendamiento de predio rústico, sino corresponden exactamente a las facultades que la servidumbre eléctrica establece para el concesionario en el DFL 1 citado. "c) El arriendo incluye otros retazos de terrenos a determinarse. "d) No está para nada claro lo que ocurre al término del arriendo, pues como se ha señalado en este Informe, quedan subsistentes los permisos y autorizaciones a que se refiere la clausula 3, donde ellos tampoco se contemplan. Pero, además, tampoco está claro cómo queda afectado el predio mismo una vez que la represa esté construida, elemento que sólo quedará totalmente definido a la extinción del arriendo". En sus Conclusiones, el jurista termina señalando que el caso analizado corresponde, entonces, a una servidumbre y que, por tanto, "la figura del arriendo no es la que correspondía". Ergo: endesa había incurrido en una importante falta. "Se trata de una servidumbre.

"De acuerdo a lo señalado, de que la calificación de las partes no define la naturaleza jurídica del acto, estimo que éste es realmente una servidumbre. Ahora bien, sin necesidad de pronunciarse respecto a si la servidumbre establecida en la Ley Eléctrica es legal y sujeta a lo que se ha dicho en este informe, la que se ha pactado es obviamente convencional y, por ende, habría requerido todas las autorizaciones correspondientes, y entre ellas la de Conadi. Es cierto que en las llamadas servidumbres administrativas no siempre es posible distinguir el predio dominante, y en tal caso puede no ser propio hablar de "servidumbre". Pero, tratándose de una central hidroeléctrica este problema no se da. Cabe señalar que los objetos del arrendamiento en examen coinciden con los de la Ley Eléctrica para las servidumbres que ella reglamenta, e incluso una es claramente una servidumbre de tránsito. Además, para los efectos que nos interesa no cabe duda que el predio sirviente sufre un gravamen, por lo cual, de todos modos se le aplicaría el artículo 13 déla Ley Indígena". La conclusión de Rene Abeliuk, experto externo consultado por el Consejo de la Corporación, es tajante y decisiva para el debate del 23 de julio de 1998: "Como consecuencia de todo lo dicho puedo contestar que, en opinión del suscrito, el contrato examinado (endesa - familia Quipaiñán Piñaleo), no constituye un arriendo sino que una servidumbre voluntaria, o en todo caso, un gravamen sobre el predio supuestamente arrendado, por lo que requiere la automación de Conadi". El jurista en todo caso diferencia su conclusión estricta sobre la naturaleza jurídica de dicho contrato, de su opinión particular respecto de la central Ralco propiamente tal. Al respecto dice que "Esto corresponde a una planificación nacional de antigua data, y que es el pivote energético en que se asienta gran parte del desarrollo y crecimiento del país. Y es por ello -dice- que deben respetarse escrupulosamente las leyes que se han ido dictando para evitar o paliar los inconvenientes que se le critican a esta planificación". Por cierto, en este contexto de simpatía personal por el proyecto Ralco, es aun mucho más notable para la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, conadi, el hecho de que el jurista Rene Abeliuk haya efectuado su riguroso análisis con entera imparcialidad, profesionalismo y convicción jurídica, lo que en su momento, durante el debate del Consejo Nacional del 23 de julio fue reconocido por los Consejeros Nacionales y así se le expresó al prestigioso profesor en Derecho y ex-Ministro de Estado del Presidente Patricio Aylwin. Abeliuk asiste al Consejo Nacional del 23 de julio Los Consejeros Nacionales habían recibido el Informe de Rene Abeliuk y cada uno lo había analizado en profundidad. El Consejo Nacional se reunió en el Ministerio de Bienes Nacionales el jueves 23 de julio de 1998. Concurrió especialmente invitado el experto legal. También asistió en pleno el equipo jurídico de conadi integrado por el Fiscal Carlos Vargas, la abogada Sandra Jelves, de Temuco; el abogado Egon Matus de la Parra, de la Dirección regional de Cañete y el abogado Sergio Oliva, profesional de apoyo externo. La sesión se inició con una extensa exposición de parte del abogado Abeliuk acerca de su informe. Los Consejeros le formularon diversas preguntas y luego, se abrió el debate respectivo. En términos generales, de acuerdo al Acta oficial de la Sesión del 23 de julio de 1998, los Consejeros llegaron a la conclusión de enviar un oficio a endesa, solicitándole dejar sin efecto el contrato suscrito con la familia Quipaiñán Piñaleo y paralizar las obras puestas en ejecución en Ralco. El Consejo acordó otorgarle a endesa un plazo de cinco días, el que culminaría el miércoles 29 de julio de 1998. De igual modo, el Consejo acordó recibir sólo hasta ese día nuevas solicitudes de permutas y toda documentación complementaria que fuere pertinente, luego de lo cual no se daría por aceptado ningún nuevo documento. En todo este procedimiento se actuó con la plena unanimidad del Consejo. Es importante destacar este antecedente pues ello implicó la aprobación respectiva por parte de los Subsecretarios representantes del Gobierno y de quienes representan al Presidente. En síntesis, se actuó con su total acuerdo. De este modo, el Consejo se preparó para entrar a la resolución de los temas de fondo y de forma relacionados con Is permutas de tierras. Para dicho efecto, fijó los días jueves 6 y viernes 7 de agosto de 1998 como fechas para dar inicio al procedimiento de resolución de permutas. Acordó que la sesión se llevaría a efecto en la ciudad de Concepción, en la VIII Región. A las 10:17 horas del viernes 24 de julio, el Director Nacional de conadi ingresó a la oficina de partes de Endesa en Santiago, el Oficio Nº 328, en donde dio a conocer a los ejecutivos de esta empresa las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional. Dicho oficio señalaba lo siguiente:

"Sres. ENDESA, De nuestra consideración, El Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, conadi, reunido en la ciudad de Santiago, el jueves 23 de julio de 1998, ha dispuesto informar a Ud. el siguiente acuerdo: 1.-E1 Consejo Nacional ha resuelto iniciar el procedimiento de resolución definitiva de las solicitudes de permutas y constitución de servidumbres, ingresadas a esta Corporación por intermedio de Endesa y relacionadas con el proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, a partir del día jueves 6 de agosto de 1998. 2.-Para dicho efecto, el Consejo ha resuelto establecer como último día para el ingreso de nuevas solicitudes, tanto de permutas como de servidumbres y documentos anexos relacionados con las solicitudes referidas, el día miércoles 29 de julio de 1998. 3.-E1 Consejo Nacional ha resuelto además solicitar a Endesa efectuar las acciones pertinentes a fin de resciliar o dejar sin efecto el contrato de arrendamiento suscrito entre Endesa y los hermanos Juan Francisco y María Luisa Quipaiñán Piñaleo, toda vez que, habiéndose tomado conocimiento de su existencia, y previo el análisis jurídico de rigor, se ha concluido que tal acto jurídico vulnera la Ley 19.253, por cuanto se han obtenido a través de éste, los efectos propios correspondientes a una servidumbre voluntaria que no ha sido autorizada por esta Corporación. Al mismo tiempo, se solicita a Endesa poner término de inmediato a las faenas que actualmente se ejecutan dentro del predio indígena. Lo anterior, se hace extensible a los demás contratos de arrendamiento de similares características. 4.-E1 Consejo Nacional ha resuelto otorgar un plazo perentorio de 5 días a contar de la fecha de notificación del presente acuerdo, para dar cumplimiento a lo solicitado en el punto anterior, dejando establecido que, en caso contrario, esta Corporación, en ejercicio de las facultades que le otorga el Artículo 39 de la Ley 19.253, deberá ejercer las acciones legales pertinentes. Lo que pongo en su conocimiento. Firmado: Director Nacional de Conadi". A través de un comunicado escrito se informó de este acto soberano a todos los medios de prensa. Se cumplió así la resolución del Consejo de notificar a endesa de las irregularidades cometidas. En los días posteriores autoridades de mideplán sostuvieron una reunión con abogados de endesa, a quienes indicaron la necesidad de reforzar la documentación agregando los antecedentes complementarios que faltasen a objeto de que las solicitudes fuesen acogidas a trámite. Nuevas gestiones en la Moneda El lunes 27 de julio el Director de conadi se reunió con el Ministro de mideplán en donde se efectuó un extenso análisis del tema Ralco y de los escenarios probables. El martes 28 de julio viajó a Temuco y sostuvo otra extensa reunión de trabajo con el equipo jurídico de conadi en la tarea de supervisar la prepararación de las carpetas con la documentación de resumen de las solicitudes de permutas de tierras. El miércoles 29 de julio asistió a La Moneda a una reunión con los Ministros Brunner (Secretario General de Gobierno), Germán Quintana (Mideplán) y el Subsecretario Sergio Galilea (Secretaría General de la Presidencia). La preocupación por el procedimiento de resolución de permutas y su aprobación ya estaba instalada en el Ejecutivo con intensidad. La conversación fue indicando que habría posiciones diferenciadas en el tratamiento de fondo de tales solicitudes. Al Director de conadi le asistía la certeza de que el Informe Jurídico de la Corporación era correcto y que no sería posible aprobar dichas solicitudes. Las autoridades presentes estimaron que, en el caso a caso, habría solicitudes que cumplen las formalidades indicadas por la Ley Indígena y que podrían ser aprobadas. El Director señaló que aun en aquellos casos que reuniesen las formalidades mínimas, los efectos que la relocalización tendrá para la sustentabilidad definitiva de las familias pehuenches resultarían precarias y de difícil superación para siempre. Por lo tanto, en tales condiciones, los aspectos de forma no dan cuenta de los problemas de fondo y por ello, tales solicitudes no eran aceptables. Señaló además que dado que endesa había incurrido en una grave infracción a la Ley Indígena, confirmado por dos informes jurídicos, uno de ellos solicitado por el propio Gobierno, era necesario impetrar una demanda legal en contra de la empresa. Se llegó de este modo a un punto de conversación en donde fue evidente la diferencia de opinión entre el Director de conadi y las autoridades presentes en la reunión.

La conversación se hizo más compleja, pues el Director tenía conocimiento de reuniones previas, privadas, que se estaban llevando a cabo con los Consejeros Mylene Valenzuela y Cristian Vives, y le asistía la preocupación en cuanto a que se les pudiese hacer renunciar... Señaló entonces a las autoridades que compartía con dichos Consejeros las mismas certezas y convicciones, y que sería una muy mala señal política para el mundo indígena su salida del cargo de Consejeros Nacionales de conadi, estando a muy pocos días del histórico Consejo Nacional del 6 y 7 de agosto. Lo que no sabía el Director de conadi es que a primera hora de la mañana de ese mismo día, el Consejero Cristian Vives había sido invitado a presentar su renuncia. Y que lo mismo acontecía al mediodía con la Consejera Mylene Valenzuela. De ambos hechos sólo tomó conocimiento en la media tarde del 29 de julio, oportunidad en la que llamó por teléfono al Ministro Quintana para presentarle su protesta por estas renuncias prácticamente obligadas y su preocupación por los efectos que esto implicaría para la conadi y sus relaciones con el mundo indígena. Acto seguido, le informó al Ministro que había enviado con carácter de urgente un oficio a La Moneda solicitando una audiencia con el Primer Mandatario para antes del Consejo del 6 y 7 de agosto, a objeto de informarle personalmente y con el equipo jurídico de conadi, de la real situación existente en el Alto Bío Bío. El Director mantuvo hasta el último minuto del 5 de agosto de 1998 la esperanza de que el Presidente le recibiera junto a los abogados de conadi... A los medios de prensa diría, luego de su obligada renuncia, que tenía la certeza de que el Presidente escucharía sus planteamientos y que habría dispuesto las medidas para corregir los graves problemas de fondo detectados y comprobados. Sin embargo, la situación se mezcló con un intempestivo cambio de gabinete que copó, por cierto, las preocupaciones del Primer Mandatario, todo lo cual hizo imposible la urgente audiencia solicitada. Agravó la situación el hecho de que asumieron nuevos Ministros en el área política del Ejecutivo, Raúl Troncoso (DC) en Interior; Jorge Arrate (PS) en la Secretaría General de Gobierno y John Biehí (DC) en la Secretaría General de la Presidencia. Los tres Ministros asumieron sus cargos y entre sus temas prioritarios, puestos en su agenda por los Subsecretarios respectivos y autoridades de mideplán, estaba el conocimiento de los hechos relativos al tema Ralco, la situación del Consejo de conadi y a esa altura, las dificultades de no poder contar con el voto favorable del Director de conadi, para hacer aprobar las solicitudes de permutas. Coincide que los tres ministros nuevos, ciertamente, desconocían en su absoluta totalidad los antecedentes del tema y su principal preocupación política es dar una inmediata imagen de coherencia institucional: conadi sería el ejemplo más inmediato y urgente de estas medidas. Arrate (PS) lo reconoce con varios días posteriores a la crisis desatada por Mideplán en conadi, cuando da por aceptado que si se cometió un error político con la renuncia del Director de conadi, ello era inevitable... El destino y la suerte de la Corporación fue echada con la misma oportunidad del cambio de Gabinete, sumado al hecho de que el Presidente no pudo conceder la audiencia solicitada por el Director de conadi. A la situación hay que agregar un viaje del Ministro Germán Quintana a Portugal, precisamente, en los días más complejos que enfrentaba la conadi, con lo cual las gestiones políticas del caso quedaron en manos de dos Subsecretarios: Sergio Galilea, de la Secretaría General de la Presidencia y Antonio Lara, en calidad de Ministro subrogante de Mideplán. En la tarde del 29 de julio se cumplió el plazo dado por el Consejo Nacional de conadi a endesa para dejar sin efecto el contrato de arriendo con la familia Quipaiñán Piñaleo y paralizar las obras en Ralco. Diversos medios estaban expectantes pues se entendía que endesa debía cumplir con lo exigido por conadi. Mientras tanto, decenas de personas acudieron hasta Ralco para comprobar si endesa acataría lo ordenado legalmente por conadi. Reacciona ENDESA Antes de las 17:00 horas del 29 de julio, al final del plazo dado por conadi, la endesa ingresó dos oficios a la Corporación en la Dirección Nacional de Temuco: 1) el Oficio 229 y 2) el Oficio Nº 373. A continuación declaró su "satisfacción respecto a que el Consejo Nacional haya acordado iniciar, a partir del 6 de agosto de 1998, el procedimiento de resolución definitiva de las solicitudes de permutas y constitución de servidumbres ingresadas a Conadi a contar del mes de agosto de 1998".

En el párrafo principal de su Oficio 229, y en relación a nuestra solicitud concreta de dejar sin efecto el contrato de arriendo suscrito con Juan y María Luisa Quipaiñán Piñaleo y paralizar las obras en Ralco, la empresa señaló que "no obstante no estar de acuerdo con la calificación de servidumbre voluntaria que el Consejo ha efectuado respecto de los contratos de arriendo, Endesa, sin renunciar a su posición jurídica y con el propósito de evitar cualquier mala interpretación que pudiera derivarse de la decisión de suscribir en su oportunidad dichos contratos, ha decidido someter su contenido a la autorización de la Conadi, para lo cual consideramos que, una vez obtenida dicha autorización, las partes suscriptoras de los contratos, junto con el representante legal de Conadi, podrían suscribir una escritura modificatoria o aclaratoria sobre el particular. Lo anterior permite evitar una confrontación en cuanto a la interpretación jurídica de dichos contratos, situación que se podría prolongar en el tiempo, sin una solución concreta al problema existente en perjuicio de todas las partes. A su vez, en cuanto a una eventual resciliación, no podríamos pronunciarnos, toda vez que no hemos advertido una manifestación de voluntad de nuestros cocontratantes en tal sentido". En resumen: Endesa informaba de su negativa a dejar sin efecto el contrato señalado y, por otra parte, manteniendo su criterio jurídico favorable al contrato de arriendo, informaba que ahora sí, solicitaría la autorización respectiva a la Corporación; esto es, tres meses después de iniciadas las obras y a pesar de existir dos informes jurídicos negativos, el del equipo de abogados de Conadi y el del experto externo Rene Abeliuk. El segundo documento es un oficio conductor con el resumen de nuevos antecedentes y documentos complementarios a las solicitudes de permutas. Se trata de un oficio de la Gerencia del proyecto Ralco con el número 373, fechado al 29 de julio de 1998, en donde se informó de la incorporación de documentación complementaria a las solicitudes de permutas, consistente en certificados notariales en donde se verifica la infraestructura existente en las parcelas que se señalan en los fundos El Barco y El Huachi; copias de contratos de construcción de las referidas infraestructuras; copias autorizadas de boletas bancarias de garantía relativas a casas e infraestructuras pendientes o en actual construcción en los fundos El Barco y El Huachi, emitidas a favor de personas pehuenches contratantes de las promesas respectivas; escritura pública de poder mediante la cual el Directorio de endesa faculta, irrevocablemente, a los Seremis de Agricultura y Bienes Nacionales de la VIII Región, "para que cualquiera de ellos, en representación de la compañía, suscriba los contratos de cesión y transferencia de bien raíz a favor de personas pehuenches, consistentes en la devolución de saldos de terreno y un certificado en relación a la capacidad de contratar del señor Segundo Alamán Huenchucán". El señor Alamán es una persona muy mayor de edad, ciego y sordo, que no sabe leer ni escribir y que firmó la permuta a ruego, es decir un familiar firmando por él... De ambos documentos la Dirección de conadi envió inmediata copia por correo expreso a los miembros del Consejo Nacional. Pero en lo sustantivo, el oficio 229 de endesa dejaba entender claramente que la empresa no paralizaría las obras y que al no contar con la manifestación de voluntad del co-contratante (la familia indígena) no podía cumplir con nuestra solicitud. En el Alto Bío Bío, mientras tanto, se encontraba una determinada cantidad de personas, concentrada a la espera de los acontecimientos. Querían comprobar por sí mismos si endesa paralizaría las obras. La tensión en la zona recién se iniciaba. El jueves 30 de julio el Director de conadi se reunió en privado con el Arzobispo de la Iglesia Católica de Santiago, Monseñor Francisco Javier Errázuriz. En la confidencia del encuentro le narró todos estos acontecimientos y le presentó un resumen general de la situación de Ralco, le explicó los procedimientos aplicados por endesa y las dificultades que encuentra la aplicación de la Ley Indígena frente a los megaproyectos. Monseñor Errázuriz escuchó con respetuoso silencio el extenso relato que le presentó el Director Nacional; solicitó más antecedentes y confidenció sus propias preocupaciones sobre estas delicadas materias. Como la reunión fue privada su contenido sólo permanece en la reserva de quienes conversaron. A la salida de la audiencia, que duró una hora, el Arzobispo de Santiago, saludó y despidió afectuosamente al Director de Conadi. En la tarde del mismo jueves 30, el Director se reunió con consultores expertos en temas ambientales (técnicos y profesionales de nivel académico y consultores de gran experiencia y prestigio), con quienes pudo compartir una completa visión de los hechos relacionados con Ralco, la demanda energética del país y los proyectos en desarrollo, más sus implicancias en la Ley Indígena, confirmando de este modo, muchas de sus aprensiones frente al proyecto.

El viernes 31 de julio, desde Mideplán, el Ministro subrogante le hizo llegar copia de un oficio interno de la Fiscalía del Ministerio en donde se declaraba inhábil la ciudad de Concepción para la sesión del Consejo del 6 y 7 de agosto, aludiendo fundamentalmente al hecho cierto de que al no existir sede de conadi en dicha ciudad, los acuerdos del Consejo pudiesen ser impugnados legalmente a posterior. En precaución de esa posibilidad, aunque fuese remota, el Subsecretario Lara solicitó trasladar la sesión a Santiago. Para dicho efecto, el Director le señaló que debía consultar la opinión formal, por escrito, de todos los Consejeros Nacionales, lo que se hizo por distintos medios: fax, teléfono, telegrama, etc. Paralelamente, a través de un comunicado de prensa se informó desde mideplán del nombramiento de los dos nuevos Consejeros Nacionales en reemplazo de Mylene Valenzuela y Cristian Vives. Se trataba del abogado Rodrigo González (PS), asesor jurídico en la Secretaría General de la Presidencia y de Hernán Correa (DC), ingeniero del Banco del Estado, con lo cual el Ejecutivo completaba una votación segura de 8 consejeros (cinco subsecretarios y tres representantes presidenciales), respecto de 8 consejeros indígenas. El Director, en este recompuesto escenario, quedó como el voto dirimente del Consejo Nacional, según así lo establece el artículo 43 de la Ley Indígena. Durante el día viernes 31 se trabajó intensamente en la oficina de la dirección nacional de conadi en Santiago, en la elaboración de un informe especial para el Ministro de mideplán. Dicho informe contiene un resumen cronológico de actividades relacionadas con el tratamiento del tema Ralco desde junio de 1997 a julio de 1998. La idea era que el Ministro contase con la información fidedigna de cuánto se había hecho en el Alto Bío Bío en este tema pues carecía de la historia previa. El informe fue entregado en su propio domicilio la noche del viernes 31 de julio. El Ministro, en tanto, en cumplimiento de deberes institucionales viajó a Portugal. Durante este día, la Fiscalía de conadi había iniciado el despacho por correo expreso, a los Consejeros Nacionales, de las carpetas conteniendo la importante documentación-resumen de las solicitudes de permutas de 84 familias pehuenches. El proceso de toma de decisiones había comenzado. Principales efectos del informe Abeliuk Por cierto, los directivos y abogados de la conadi acogieron con beneplácito el contundente informe de Rene Abeliuk. Se hacía justicia con su propia labor, pues se confirmaba en todo su ancho y profundidad su diagnóstico y juicio preliminar. Como bien acotó el jurista externo, estábamos ante una clara infracción por parte de endesa que afectaba de manera severa a la Ley Indígena y vulneraba las facultades legales de conadi. Copias del mismo texto fueron analizadas con extrema rigurosidad por otros abogados: los de la Fiscalía de Mideplán, de la Secretaría General de Gobierno, de la Sub-Secretaría General de la Presidencia, por asesores del Ministro de Planificación; del Subsecretario de Bienes Nacionales... Se veía un asunto complejo y muy difícil. Era evidente que este daño a la Ley Indígena no sería desconocido por el Consejo Nacional de conadi y se preveía una dura y justificada reacción institucional hacia endesa. El sábado 18 de julio de 1998, como ya se dijo, se realizó la reunión privada en el Palacio de La Moneda y se analizó la fórmula planteada por el propio jurista externo, en orden a recomendar al Consejo Nacional de la Corporación la notificación, por oficio, a endesa de esta irregularidad con la exigencia de dejar sin efecto el contrato de arriendo y paralizar de inmediato las obras en el Alto Bío Bío, otorgándosele un plazo breve a la Compañía Eléctrica. En esta misma reunión se estimó que, desde el punto de vista político-jurídico lo más relevante era resolver el tema de fondo relativo a las solicitudes de permutas. En consecuencia, las autoridades presentes en la reunión convinieron también en poner en tabla, a plazo breve, la resolución de tales permutas. De hecho, días antes el Subsecretario General de Gobierno, Claudio Huepe, había adelantado a la prensa, de motu proprio que "en un plazo de dos meses la conadi debería resolver" el tema de permutas... El Director de conadi salió esa mañana del sábado 18 de julio desde La Moneda con destino al aeropuerto y abordó un avión a Calama. Más de 250 dirigentes indígenas, de las distintas comunidades atacameñas de la segunda región, se reunirían por primera vez en su Primer Congreso Nacional de Pueblos Atácamenos. Compartiría con ellos tres días de trabajo, junto a los profesionales de la conadi de San Pedro de Atacama y de la Subdirección Nacional del norte. El Director inauguró el Congreso esa noche en la concurrida plaza de Chiu Chiu, con una importante

presencia de autoridades, y en parte de su reflexión le dice a los dirigentes de las comunidades indígenas reunidas que se acercan tiempos muy difíciles; que la Ley Indígena está siendo probada con extrema intensidad. "¿Por qué estamos aquí, en Chiu Chiu? Ustedes vienen desde lugares muy remotos. Pero esto no es sólo un asunto de distancias. Ustedes vienen desde largas injusticias y después de atravesar por muchas discriminaciones. La Ley Indígena fue aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional para ustedes, sus hijos, sus familias, pero sobre todo para promover y defender su cultura y sus valores. "Estamos aquí, en esta noche de Chiu Chiu, porque queremos re-encontramos. Entre ustedes primero, porque han pasado muchos años sin reflexionar en común sobre su presente y su futuro. Por eso esto es el Primer Congreso del Pueblo Atacameño. En mayo, en 1997, fue el Primer Congreso de las Comunidades Aymara. En noviembre, de 1997, fue el Congreso Nacional del Pueblo Mapuche. Hace poco, en Magallanes, fue el reencuentro de las comunidades Kawhaskar. Estamos aquí para compartir dolores y esperanzas, para organizamos mejor, para que la sociedad nos conozca y nos escuche mejor. "Estamos aquí para que Chile los reconozca realmente como parte de su cultura y de su patrimonio. Tenemos una Ley que es de Uds. Confíen en la Ley. Confíen en la conadi. Nosotros tenemos un compromiso con Uds., con su historia y con su cultura. Confíen en los caminos de la paz y del diálogo..." ¿Por qué endesa tomó el camino de vulnerar las facultades de conadi y afectar el Artículo 13 de la Ley Indígena? Hay una posible explicación más política y económica que jurídica. Para endesa existe un calendario de construcción que tiene estrecha relación, por cierto, con los capitales invertidos y por invertir. En realidad, esta obra debió haber comenzado en agosto de 1997, a más tardar, según se desprende de declaraciones públicas del ex Gerente de Ralco, Gastón Aigneren, que salió del cargo mientras transcurre el escándalo de la venta de Chispas a endesa España. Los primeros informes sectoriales sobre Ralco en el ámbito gubernamental no fueron positivos. Este proyecto fue sometido a dos importantes "ventanillas" sectoriales: la Ley 19.300 del Medio Ambiente y la Ley 19.253 de Pueblos Indígenas, al tratarse de una obra que afecta territorio y comunidades indígenas. La autoridad gubernamental aplicó primero las normas de certificación ambiental. Comenzó con la Ley 19.300. Es decir, procuró despejar las relevantes limitaciones ambientales del proyecto. En el estudio de este tema intervinieron tres Directores de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama: José Goñi, quien se alejó del cargo para asumir como diplomático en el extranjero. Le reemplazó Viviano Blanlot. Bajo su gestión la Conama fue determinando diversas recomendaciones al proyecto Ralco y en junio de 1997, finalmente, lo dio por aprobado. Esta resolución, apelada posteriormente por endesa, implicó importantes reacciones del mundo indígena. La sede de conama fue ocupada por indígenas y ambientalistas de Santiago. También fueron ocupadas las sedes de Conadi en Santiago, Temuco e Iquique. La aprobación ambiental de Ralco abrió las primeras heridas... En este contexto Vivianne Blanlot tuvo que dejar el cargo de Directora de conama y fue reemplazada por Rodrigo Egaña, proveniente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. A Egaña le correspondió hacerse cargo de la apelación presentada por endesa al fallo de conama, el que fue ratificado en parte sustancial por el Consejo de Ministros de conama un par de meses después, con lo que el Proyecto Ralco quedó absolutamente aprobado en términos ambientales. En el caso de conadi, la situación tenía otras aristas. Los informes de la Corporación en 1996 relativos al Proyecto Ralco fueron negativos. En marzo de 1997, la Dirección Nacional de conadi emitió un nuevo informe negativo hacia el proyecto calificándolo además de "ilegal". El Director Nacional de ese entonces, Mauricio Huenchulaf, se reunió con los Pehuenches en Ralco, junto con los Consejeros Nacionales Indígenas; les informó sobre lo resuelto y adelantó su propia opinión sobre la materia, manifestando su rechazo al Proyecto. Cuatro semanas después, el 22 de abril de 1997, tuvo que dejar su cargo en un marco ambiguo de imputaciones administrativas y conflictos internos en conadi... Lo cierto es que para el movimiento indígena esto era la primera señal de intervención de conadi. Apreciación personal de estos hechos

El 22 de abril de 1997, semanas después de estos acontecimientos protagonizados por el Consejo Indígena y el Director institucional en Ralco, el Gobierno destituyó a los tres principales directivos de conadi, el Director Mauricio Huenchulaf, el Subdirector Sur, Víctor Hugo Painemal y al Fiscal de la Corporación, Nelson Zúñiga. Se informó a la opinión pública que estos cambios obedecían a la necesidad de producir un reordenamiento de la institución, debido a complejos desórdenes internos, conflictos personales y políticos entre directivos e importantes deficiencias orgánicas. El cuadro de conadi no era alentador para el Gobierno y tampoco lo era para el mundo indígena. En ese contexto, el reemplazo de Huenchulaf implicaba nombrar a un director con perfil profesional, con experiencia política nacional y con mayor capacidad en la gestión gubernamental. Por cierto, se necesitaba que el nuevo Director pudiese manejar adecuadamente las múltiples relaciones con las autoridades de gobierno, especialmente del nivel central. Este reemplazo no fue fácil pues se realizó en medio de una tensión muy importante, especialmente en la zona sur. Los directivos fueron destituidos en muy pocas horas y el nombramiento del nuevo Director no demoró más de 48 horas, luego de intensas gestiones llevadas a cabo por el Subsecretario Sergio Galilea, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. El tercer recambio demoró tres meses... En honor a la verdad, asumir el cargo de Director Nacional de conadi no fue una decisión fácil. Y deseo referirme en términos personales a ello en este capítulo. Las informaciones disponibles sobre el Proyecto Ralco y lo sucedido en la conama, indicaban que la endesa había copado importantes niveles de influencia en el aparato gubernamental. De hecho, los directivos de Servicios Públicos que habían dado señales "negativas" o que habían presentado "diferencias insalvables" fueron removidos de sus cargos. Esto implicaba escaso margen de maniobralidad para ejercer funciones públicas con la debida seriedad política que cada caso revestía. La situación del mundo indígena era muy compleja. Había aumentado su desconfianza hacia el Gobierno; había disminuido su credibilidad hacia las políticas públicas indígenas... Las comunidades se sentían abandonadas... Y sin el suficiente respaldo político, cualquier Director que reemplazase a Mauricio Huenchulaf, quien ya venía con una carga de críticas muy fuertes por parte del mundo indígena, no estaría en condiciones de responder de manera eficiente. Dado que el cargo de Director de conadi estaba siendo ocupado por un militante del Partido Por la Democracia (PPD), en el marco de los equilibrios internos de la alianza, correspondía que otro militante del PPD asumiese. Eso apuntó entonces a muy pocos nombres en el PPD, puesto que el Partido estaba recién iniciando un proceso interno de convocatoria a la militancia indígena y ya se había constituido una incipiente Comisión Nacional Indígena, pero no era suficiente. Siendo Asesor del Ministro Ricardo Lagos, en la tarde del jueves 24 de abril de 1997, la agenda del Ministro permitió cerca de las 19:00 horas una tranquila y reservada conversación sobre esta materia, dado que en tanto colaborador del Ministro, era indispensable conocer su parecer ante la insistencia de varias autoridades de La Moneda y de Mideplán, Ministerio que a esa altura del proceso ya estaba al frente de la operación de recambio. Es importante destacar la extraordinaria sensibilidad del Ministro Lagos ante la materia indígena. Durante la conversación, rodeada de un clima de respeto y afecto, y luego de analizar los pro y los contra de este difícil paso, y después de adoptar la decisión correspondiente, de colaborar con nuestras autoridades en asumir esta tarea, llamé entonces al Ministro Roberto Pizarro (PS) y le comuniqué que estaría en su despacho a las 16:00 horas del viernes 25 de abril. Esa noche del jueves 24 de abril, redacté una nota personal al Subsecretario Sergio Galilea, militante del PPD y con quien compartíamos tareas comunes en la Dirección Nacional del Partido. Galilea había realizado las principales gestiones internas encaminadas a mi nombramiento en el cargo de Director de conadi y me pareció adecuado presentarle una reflexión por escrito que a la postre, con el paso del tiempo, resultó ser una evaluación anticipada de lo que venía por delante. En parte le escribí esa noche lo siguiente: "Todos los observadores que he consultado coinciden en señalar que estamos asistiendo a una fase de término de las relaciones establecidas en el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989. Es más, en la reciente Asamblea racional Mapuche de Temuco, que concluyó antes de ayer (21 de abril de 1998), ya se habla en sus conclusiones de la fase Nueva Imperial-Ralco, como el paradigma del proceso de crisis de la relación indígenas-Gobierno.

"En los temas que le son más sensibles, como el de la propiedad de la tierra, lo que perciben es que se han ido sumando nuevos conflictos y que los antiguos permanecen pendientes y sin resolución eficaz. Se suma a esto la percepción de que los megaproyectos, tales como el de Ralco, vienen a ser más bien la expresión de una manera de entender el desarrollo económico con prescindencia del elemento cultural y étnico, lo que es tremendamente sensible en el Alto Bío Bío. "El panorama del mundo indígena, en consecuencia, es hostil en este momento. La recomposición de los acuerdos y el restablecimiento de las confianzas es una tarea enorme. Todas las opiniones consultadas coinciden en que el tema no se recupera con un simple cambio en la dirección de conadi. Los cambios tienen que ser globales en la estrategia de fondo y se requiere de parte del Gobierno una actitud nueva y un compromiso real de encarar, con sentido autocrítico, nuestras falencias como Gobierno en este tema. "Las señales respecto de esto tienen que ser sin dudas ante el país: reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas; la ratificación del Convenio 169 de la OIT; asignación de mejores recursos; involucramiento efectivo de los Ministerios, etc., entendiéndose que estas señales sólo ayudarán a recomponer el escenario de conversaciones, quedando pendiente la resolución de conflictos de propiedad que son los factores demostrativos de una nueva conducta y, ojalá, la recuperación de ciertos niveles de credibilidad y confianza. "Sitúo el tema Ralco. Definitivamente este tema permitirá al mundo indígena acumular fuerza contestaría. Se le percibe como un símbolo. En la Asamblea de Temuco se ha hablado de la "tercera conquista", en referencia a su materialización. Y el tema comienza a tener efectos en la conadi : su Director expresa un tipo de planteamiento polémico sobre el proyecto. Y el efecto es su alejamiento. Así se percibe. Y para no ser menos, el Consejo aprueba una resolución que pone en riesgo la estabilidad de conadi, puesto que los Consejeros Indígenas anuncian anticipadamente su retiro del Consejo y con ello el quiebre del Acuerdo de Nueva Imperial, en caso de ejecutarse el proyecto. Ralco aglutinará importantes expresiones de entidades ecologistas del país y del extranjero; las comunidades indígenas verán en Ralco parte de su propia destrucción... La palabra etnocidio podría comenzar a ser un lugar común en la denuncia publica (...) En el tema de los megaproyectos, particularmente en el caso Ralco, tiene que existir disposición a establecer condiciones, requisitos y medidas que impidan, en definitiva, que este Proyecto signifique la destrucción de los términos culturales y materiales del mundo indígena. Soy franco: sustancialmente este proyecto no debiera realizarse. Pero, la realidad política y económica está indicando algo distinto. En consecuencia, el Gobierno tiene que anunciar la instalación de una Comisión Nacional de Diálogo, de muy alto nivel, que examine las implicancias del tema. Esta Comisión integrada por representantes gemimos de los Pueblos afectados y por personalidades sin discusión en el ámbito nacional, tiene que contar con facultades para establecer las condiciones de una negociación, avalada por el Gobierno y en particular por la Presidencia, en orden a que las compensaciones sean de tal naturaleza, que no quede duda alguna en el mundo indígena y en la sociedad, que Ralco es sólo un accidente y no un factor de destrucción de la simbología más trascendental indígena. Todo esto, destinado a cautelar que este Gobierno nuestro en particular, no sea juzgado en el mediano plazo, como el Gobierno que en el umbral del siglo XXI autorizó una obra que, en definitiva, trajo nuevos conflictos, violentó el alma de los Pueblos Indígenas y, lo que es más duro de comprender, que con esta obra borró el espíritu de los compromisos históricos logrados en Nueva Imperial. Cabe señalar que el Pacto de Nueva Imperial es único en la Historia reciente de Chile. Saber valorar este punto es importante. "En lo personal y en lo político quiero mantener mi consecuencia con mi historia y mi compromiso en materia de Derechos Humanos. Como sabes, 17 años estuve al frente del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, y presidí muchas campañas del movimiento de Derechos Humanos. Continué bajo el Gobierno del Presidente Aylwin, en la Secretaría General de Gobierno, presidiendo la Comisión Asesora en DDHH. Es un tema que inspira mi vitalidad como hombre y como cristiano. Comprenderás entonces que no liaré nada que vaya en sentido contrario de este compromiso. "Los Pueblos Indígenas me son muy queridos. Soy parte de su tradición y cultura, y tuve la oportunidad de educarme y de integrarme de manera distinta. Comprendo bien su realidad y me gustaría mucho que cambiara. No deseo asumir una responsabilidad tan compleja y difícil si en esto, como ha sucedido hasta la fecha, se ha descargado sobre conadi responsabilidades que -con creces- han excedido sus capacidades'.

"También quiero ser concreto: ante eventuales movilizaciones futuras de comunidades indígenas se precisará una conducta tremendamente cuidadosa de la fuerza pública. No estaré en condiciones políticas y morales de avalar actos represivos. Deberá emplearse todo esfuerzo de la autoridad, hasta el agotamiento, en orden a disminuir al máximo el factor de respuesta que no sea proporcional a la magnitud de los hechos que se pretende cautelar. "Si luego de examinar esta nota de principios básicos, aun persiste en ti y en los Señores Ministros que estudian esta delicada situación, la idea de designarme en el cargo de Director de conadi, quisiera entenderlo entonces como una acuerdo formal con lo expuesto, más el memo de ayer jueves, relacionado con el desarrollo de conadi propiamente tal. De ser así, espero confiado en el Señor y en la capacidad política de nuestro Gobierno, poder hacer lo que esté a la altura de mis capacidades". Redactada esta carta en la noche del jueves 24 de abril de 1997 fue entregada a primera hora del viernes 25, en La Moneda al amigo Sergio Galilea. Sobre la misma conversé días después con el Ministro Roberto Pizarro, a quien le entregué una copia reservada. A mediodía día del viernes se había resuelto mi nombramiento. Simultáneamente se informó a la prensa de la destitución de Mauricio Huenchulaf... Las noticias provenientes desde Temuco no eran alentadoras. Dirigentes de diversas comunidades indígenas habían ocupado la sede de la Dirección Nacional en protesta por la destitución de Huenchulaf y habían firmado una durísima declaración descalificando el nombramiento del nuevo Director, al que motejaron como "yanacona" de Endesa... Decirle a un descendiente indígena "yanacona" es una dolorosa ofensa, pues se trata de aquel indígena que se puso al servicio del conquistador español. O sea... un traidor a su pueblo. Para alguien procedente desde el mundo de los Derechos Humanos y con un intenso compromiso social, dicha declaración -firmada además por todos los Consejeros Nacionales Indígenas- fue una herida muy profunda. Creo que algunas autoridades nunca comprendieron el impacto que este hecho implicó en lo personal, aunque ahora está superado y con creces, pero visto en el tiempo, y ubicados en el escenario crítico de los sucesos de abril de 1997 esto era inevitable, a juzgar por el modo como la autoridad efectuó los cambios en la dirección de conadi. Todo ello, ciertamente, fue fruto de urgencias políticas del momento... Ralco estaba en el horizonte. A las 16:00 horas del viernes 25 de abril de 1997, fui recibido por el Ministro de Mideplán Roberto Pizarro, Antonio Lara, Subsecretario, Alfonso Laso, Fiscal y otras autoridades del Ministerio, iniciándose una extensa reunión de trabajo. El lunes 28 de abril debía abordar un avión a Temuco y tomar posesión del cargo. Ciertamente, la prensa regional en Temuco estaba lo suficientemente agitada esa mañana del lunes 28 de abril de 1997. En el aeropuerto de Temuco me esperaban funcionarios del Gobierno Regional con quienes nos trasladamos de inmediato a la Intendencia. Un amigo, el Intendente Oscar Eltit, fue el anfitrión durante tres difíciles días. En los meses siguientes brindaría un importante respaldo a la gestión regional de conadi. Hasta la zona debió concurrir el Ministro Pizarro para parlamentar con los ocupantes de la sede de conadi. Logró establecer ciertos compromisos, pero los dirigentes no querían dejar la sede y continuaban sin aceptar al nuevo Director. En algún momento, desde el Ministerio del Interior surgieron instrucciones de "descomprimir" estos hechos y las Fuerzas Especiales de Carabineros de Temuco se aprestaron a actuar para desocupar la sede nacional. En la tarde del martes 29 de abril me negué rotundamente a cualquier fórmula de desalojo policial, conducta que mantuve permanentemente en situaciones posteriores, y señalé que de hacerse efectivo retornaría de inmediato a Santiago sin asumir el cargo... La situación era crítica, porque alrededor de la ocupación de la sede de la Dirección Nacional en Temuco se estaban produciendo otras movilizaciones que estaban teniendo eco nacional e internacional. No obstante la orden de desalojar fue suspendida. Los Ministros Brunner y Villarzú llamaron telefónicamente a la Intendencia regional para conversar con las autoridades sobre estos hechos. Señalaron su total respaldo al nuevo Director y la confianza de que contaría con todo el apoyo necesario para su gestión. Esa misma tarde en una concurrida e improvisada conferencia de prensa en Temuco declaré que "la sede de la conadi en Temuco, es la casa de los Pueblos Indígenas y que ellos pueden permanecer ahí el tiempo que lo estimen necesario, porque es su casa". Estimaba que era su derecho conversar a puerta cerrada

sobre lo que acontecía en conadi. Era necesario además enviar una señal de concordia hacia los ocupantes indígenas y Consejeros de las Etnias. El miércoles 30 de abril llegaron a Temuco el Subsecretario Antonio Lara y el Fiscal Alfonso Laso. La sede de conadi continuaba ocupada. En un momento de la mañana, resolvieron concurrir personalmente al lugar de la ocupación y parlamentar con los indígenas ocupantes. De la sede colgaban lienzos y mucha gente se movía alrededor. En medio de un agitado clima, Lara y Lazo lograron ingresar a la sede y luego de un cierto tiempo y en medio de insultos y alguna escaramuza de golpes tuvieron que regresar a la Intendencia con algunos resultados menores. El Subsecretario Antonio Lara (PDC) asumió esa decisión de enfrentar un clima difícil y hostil, tanto al momento de asumir yo el cargo de Director de conadi, como al momento de dejar dicho cargo, un año y tres meses después, cuando en Santiago, en la sede de conadi, fue el blanco de airadas reacciones de otro grupo numeroso de indígenas. En justicia, hay que señalar que Antonio Lara brindó siempre un sólido respaldo a mi gestión como Director de conadi, en todo lo concerniente al desarrollo administrativo de la Corporación, incluso en situaciones que afectaron a algunos de sus propios camaradas de partido (PDC) en actos administrativos irregulares, como fue el caso de la oficina de conadi en Santiago, en donde aplicamos severas medidas por situaciones irregulares ocurridas entre 1994 y 1996 y que afectaron a dos funcionarios militantes de su partido. Es en el tema Ralco, y en el modo de proceder en el momento más determinante de las decisiones de conadi, en donde el Subsecretario debió actuar con otros imperativos. Al mediodía del miércoles 30 de abril fue posible, finalmente, asumir el cargo de Director Nacional de conadi en la sede de la Subdirección Nacional Sur, hasta donde llegamos, siendo recibidos cordialmente por los expectantes funcionarios de dicha subdirección. Por alguna razón, dicha sede no había sido ocupada por los dirigentes indígenas, de tal modo que fue posible efectuar ahí la sencilla ceremonia de asunción del cargo, que consistió en una conferencia de prensa, en donde el Subsecretario Antonio Lara dio a conocer el nombramiento y el nuevo Director dio a conocer los alcances básicos de su gestión. A partir de ese momento, fue necesario recorrer un pedregoso e intenso camino para restablecer la confianza del movimiento indígena en la Ley, la conadi y el Gobierno, lo que significó recorrer el país, a lo menos, en dos ocasiones entre 1997 y 1998, sosteniendo intensos encuentros con dirigentes de todas las etnias y con unas 250 comunidades en terreno. En eso estábamos cuando se llegó al 5 de agosto de 1998, fecha en que las autoridades me solicitaron la renuncia, esta vez nítidamente por "diferencias insalvables" en relación al tema Ralco, abriéndose un nuevo período de tensiones, esta vez más profundas que las reacciones ocurridas en abril de 1997. La crisis del 5 de agosto de 1998 y sus efectos El lunes 3 de agosto se iniciaron los preparativos para coordinar la sesión del Consejo Nacional en Santiago, en la sede metropolitana. El martes 4 de agosto el Director viajó a Temuco para reunirse con el equipo jurídico. Se revisó a fondo el informe enviado a los Consejeros y el Director señaló su conformidad con el trabajo técnico realizado por el equipo jurídico. Estando en Temuco recibió una llamada del Ministro (S) Antonio Lara quien le citó a una reunión temprano, al día siguiente, miércoles 5 de agosto, en Mideplán, en Santiago. Dicha reunión comenzó a las 09:30 am y sorpresivamente se hizo presente el Subsecretario General de la Presidencia, Sergio Galilea. En efecto, durante dos horas y media, con grados distintos de intensidad, las tres autoridades intercambiaron diversos puntos de vista sobre el tema de las permutas. Cerca del mediodía quedó claro que no había acuerdo en el procedimiento sustancial de tratamiento y que el informe jurídico de los abogados de conadi sería aprobado con los votos conforme de los ocho Consejeros Nacionales Indígenas y el voto dirimente positivo del Director Nacional de la Corporación. En síntesis, nueve votos se impondrían ante los ocho votos de gobierno, con lo cual el Consejo aprobaría el Informe Jurídico de la institución y no daría por aprobadas las solicitudes de permutas. Esta reunión fue decisiva para la suerte del Consejo Nacional que debía constituirse al día siguiente. La expectativa noticiosa ya estaba instalada. ¿Aprobaría la Corporación las solicitudes de permutas? ¿Se demandaría a endesa en los Tribunales?... Todo indicaba que la votación sería estrecha. De ahí la justificada expectación de los periodistas. No obstante, la importancia de esta conversación en mideplán se relacionó con el modo de encarar la resolución de las diferencias establecidas. Para comprenderlo es necesario describir los contenidos esenciales de lo conversado.

No hay dudas en los Subsecretarios Galilea y Lara de los efectos políticos y financieros que la decisión del Consejo tendría para el proyecto Ralco. El punto de partida era que se trataba de un proyecto ya aprobado por las autoridades ambientales del Gobierno, y que así estaba comprendido en la certificación ambiental de conama. En consecuencia, no le correspondía a la conadi pronunciarse sobre el proyecto sino, fundamentalmente, sobre las solicitudes de permutas. Y si éstas cumplían con las formalidades mínimas, desaprobarlas podría significar incurrir en un acto institucional imposible de sostener legalmente. Si había solicitudes que no cumplían con tales formalidades ellas no tendrían que ser aprobadas, pero nada impedía que en vez de lo uno o lo otro, el Consejo pudiese pronunciarse sobre la significación de nuevas condiciones para mejorar la oferta de endesa, para lo cual la empresa estaría obligada a aceptar lo nuevo solicitado si es que quería ver aprobadas las permutas. A este argumento político el Director respondió con el análisis jurídico efectuado por la Corporación. Esto es que si bien el proyecto cuenta con la aprobación de conama, para cumplir sus expectativas requiere de la aprobación de la Ley 19.253, es decir, de la conadi. En este caso no se trata de una ventanilla inserta en conama sino de una segunda ventanilla decisional. Así fue reconocido por lo demás en la propia resolución de conama en 1997, como veremos en el capítulo correspondiente al análisis del Proyecto Ralco. En consecuencia, la resolución de permutas es parte importante de la decisión final sobre el proyecto. En segundo lugar, el extenso trabajo del equipo jurídico a lo largo de siete meses de labor, tanto en terreno como examinando la documentación pertinente, indicaba claras deficiencias de forma y de fondo en las solicitudes presentadas, todo lo cual hacía desaconsejable su aprobación, aun en el caso de aquellas solicitudes que cumpliesen el mínimo de condiciones. A modo de ejemplo, se citó el caso del Fundo El Barco, que no ofrece condiciones razonables de sustentabilidad permanente en el tiempo para una familia. En este caso, aun cuando la solicitud cumpliese las normas básicas, la familia quedaría condenada a una condición precaria de por vida. Se argumentó entonces que el informe jurídico de los abogados de la Corporación era deficiente y que la información entregada a los Consejeros contenía errores importantes y que estaba incompleta. Al respecto se dijo en la reunión que tales errores -de existir podían ser evaluados y corregidos durante el transcurso de la tarde del miércoles 5 de agosto, entre los abogados de conadi y el Fiscal de Mideplán, para lo cual el Director pidió una reunión de trabajo a partir de las 15:00 pm., lo que se dio por aceptado. Efectivamente, los abogados se reunieron y lo que se logró establecer era que entre la Fiscalía de Mideplán y los abogados de la Corporación existían ángulos diversos para evaluar un mismo antecedente. Lo que correspondía entonces era que las diferencias de opinión fuesen expuestas donde correspondía: el Consejo Nacional que se reuniría al día siguiente, instancia soberana de decisiones de acuerdo a la Ley Indígena. Se dijo entonces que dicho informe no podía entrar al debate si contenía errores. El Director contra-argumentó señalando que si efectivamente el informe jurídico-técnico no dejaba conforme a los miembros del Consejo, nada impedía que el Consejo, por mayoría o unanimidad, tal como se había hecho muchas veces, solicitase un segundo informe y se diese un nuevo plazo para resolver. Estaba en sus facultades plenas el poder hacerlo. Surgió entonces la aprensión de fondo: ¿Y qué sucedería si el Consejo aprobaba el Informe? Eso indicaba que entonces no había errores o que el Consejo lo consideraba un informe adecuado. En ese caso, el Consejo pasaba a la etapa de resolución de las solicitudes de permutas, caso a caso, tal como lo estipula el Instructivo 582 de diciembre de 1997, sobre permutas de tierras indígenas. En esas circunstancias, consultado el Director sobre su voto, en el caso a caso, el Director señaló que no concurriría, definitivamente, a la aprobación de tales permutas. La segunda aprensión se relacionó con el mejor mensaje comunicacional previsible al finalizar el Consejo. Para el Subsecretario Galilea, el mensaje no era que el Consejo de conadi aprobase o no las permutas, sino que el Consejo impusiese mejores condiciones para que tales permutas pudiesen ser aprobadas con mejores ofertas, lo que daría a la conadi una valiosa oportunidad para enmendar lo obrado por endesa y de paso potenciar las ofertas hechas a los Pehuenches y lograr para ellos una mejor negociación. El Director respondió que ése no era el mensaje más adecuado para la situación actual de las relaciones del mundo indígena con el Gobierno. Había un asunto de confianza y de credibilidad que estaba en juego, especialmente cuando estaba comprobado que endesa había pasado a llevar

la Ley Indígena y había vulnerado las facultades del Consejo de Conadi. El mensaje comunicacional sugerido significaba abrir confrontaciones innecesarias con el mundo indígena. Pero el asunto no era sólo político, sino también jurídico. Es decir, se requería dar una señal contundente ante el país y las comunidades indígenas de que ciertos abusos y procedimientos inadecuados, que afectasen a la Ley Indígena y a las comunidades, no serían aceptados. El país debía saber que el Gobierno velaba efectivamente por la protección de las etnias, particularmente, de la etnia pehuenche y que ciertas empresas debían saber cumplir con la luz indígena. Para ello, el mensaje comunicacional que debía entregar la conadi era simple (aunque no por ello menos complejo): que en el cumplimiento de sus deberes institucionales y de acuerdo al examen jurídico de rigor, el Consejo declaraba no aceptables las solicitudes de permutas y, además, resolvía impetrar la demanda ante Tribunales de nulidad absoluta del contrato suscrito entre endesa y la familia Quipaiñán Piñaleo, junto con exigir por la vía de Tribunales la paralización de las obras en ejecución que no contaban con la autorización del Consejo de la Corporación. Eran dos decisiones inevitables de adoptar, además, porque endesa ante lo solicitado por el Consejo Nacional del 23 de julio no había dado siquiera una señal de buena voluntad. La empresa sólo paralizó las obras, con posterioridad, y luego de que se desencadenaron en el Alto Bío Bío importantes movilizaciones y las comunidades cortaron el tránsito de camiones en el Puente Ñireco. Los Subsecretarios Lara y Galilea insistieron en su opinión. En un momento, el Subsecretario Lara creyó pertinente entonces suspender la sesión del Consejo Nacional, aun estando a pocas horas de su instalación. El Director señaló que no estaba en sus facultades revocar una decisión anterior del Consejo, el que por su composición mixta (Gobierno-Pueblos Indígenas), cuenta con una jurisprudencia de respeto a sus decisiones soberanas. Máxime cuando no existía causal justificada para suspender el Consejo. La reunión concluyó al mediodía y cada personero volvió a sus labores habituales. Camino hacia conadi, el Director de la Corporación comprendió en ese momento que su permanencia en el cargo sólo era cuestión de días o de pocas horas. Ya en conadi se reunió con el equipo asesor en Santiago y le comunicó que estaba pronto el desenlace de importantes acontecimientos político-institucionales. Solicitó a la Jefa de Prensa preparar un borrador de comunicado y pidió que se informase a los Consejeros Indígenas que ya estaban en Santiago que estuviesen atentos al curso de los hechos, especialmente, porque era probable que el Consejo fuese suspendido a última hora por órdenes superiores del Ministerio. Cerca de las 14:30 horas recibió una llamada telefónica del Ministro (S) de Mideplán. Se le informó que hubo una reunión con el Presidente de la República y que el Primer Mandatario compartía el análisis de sus colaboradores cercanos. En consecuencia se pidió al Director de conadi suspender de inmediato el Consejo Nacional. El Director insistió en que no estaba en sus facultades dicha suspensión sin causal justificada y reiteró que le permitieran instalar el Consejo de acuerdo a las normas de la Ley Indígena. Se le indicó que la orden gubernamental era suspenderlo. Como no fue posible acceder a dicha instrucción, se le informó entonces al Director que el Ministro estaba autorizado por el Presidente para requerir su renuncia inmediata al cargo de Director Nacional de la Corporación. A las 16:00 pm un administrativo de mideplán hizo llegar por mano al Director de conadi un sobre "reservado" con una nota en donde se formuló la solicitud de renuncia, "la que debe hacerse efectiva ahora". El Director convocó de nuevo al equipo asesor y a Directivos que ya habían llegado a la conadi en Santiago y a las 17:00 hrs les informó la situación producida. A continuación, redactó una nota de renuncia, la que dirigió al Presidente, con copia al Ministro (S) de Mideplán: Santiago, 05 de agosto de 1998. Excmo.Señor Presidente de la República don Eduardo Freí Ruiz-Tagle Palacio de La Moneda Presente Apreciado Señor Presidente, El Señor Ministro (S) de Mideplán me ha comunicado en el día de hoy, miércoles 5 de agosto de 1998, la decisión gubernamental de solicitar mi renuncia al cargo de Director Nacional de conadi,

luego de cumplirse una serie de reuniones, relacionadas con la decisión del Consejo Nacional de conadi, de fecha 23 de julio de 1998, en orden a iniciar el procedimiento de resolución de solicitudes de permutas de Tierras indígenas Pehuenches vinculadas con el Proyecto Ralco. Con esta nota hago efectiva dicha solicitud de renuncia. En nuestro examen institucional, conforme a Derecho, y de acuerdo a las normas de la Ley Indígena y reglamentos aprobados por el Consejo de la Institución, llegué a la convicción de que tales solicitudes no pueden ser aprobadas, por no cumplirse un conjunto de requisitos de forma y de fondo analizados con rigor. Existe, además, un hecho real y contundente que es, que el Proyecto Ralco implica efectos irreversibles para la Cultura Pehuenche, su modo de vida, su identidad, sus raíces y su cosmovisión, todo lo cual requiere una consideración de procedimiento que es de superior calidad a la formalidad de permutas que se generaron como resultado de la puesta en marcha de un proyecto industrial en particular, y no como fruto de una decisión y voluntad consciente de los Pehuenches y de sus comunidades. La Ley Indígena, aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional en octubre de 1993, mandata al "Estado y a todas sus instituciones" la tarea de "respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación". Se desprende de este artículo la exigencia que tenemos todos los chilenos de cuidar la existencia de nuestros Pueblos originarios. El Proyecto Ralco, sin duda, afecta este hecho de manera muy definitiva. De ahí, que se hace imprescindible un procedimiento transparente ante la sociedad, que tenga como finalidad generar un amplio consenso nacional en torno al valor que tiene el impacto irreversible para nuestras culturas. En este sentido, los procedimientos empleados por endesa, en su relación con las familias y las comunidades pehuenches merecieron de parte de nuestra Corporación profundas y muy sentidas observaciones que hacen dudosa su propuesta de compensación territorial y de mitigaciones sociales y culturales. Luego de compartir estos y muchos otros elementos de análisis con autoridades ministeriales, quedó de manifiesto que se produjo una diferencia importante de opinión respecto de nuestras conclusiones institucionales, y como resultado de esto se me ha informado entonces de la necesidad de presentar mi renuncia al cargo de Director Nacional de conadi. Deseo expresar a Ud. Señor Presidente mis sinceros agradecimientos por brindarme la oportunidad de ponerme al servicio de conadi y de las comunidades indígenas del país. En un año y medio de labor hemos tratado de hacer lo mejor que sea posible para relevar el tema indígena en la sociedad, en los servicios públicos y en la opinión de muchas personas. Recorrí gran parte de diversas comunidades en el país. Restablecimos un importante margen de credibilidad y de confianza en las políticas indígenas del Gobierno y en la aplicación de la Ley Indígena. Ud. ayudó poderosamente en esto al brindar mayor acogida a estas realidades, declarando el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, aumentando de manera significativa la cobertura del Programa de Becas Indígenas e incentivando nuevos recursos para el Fondo de Tierras y Aguas. Encontré acogida en su persona a nuestros planteamientos institucionales y le estoy agradecido por ello y por la oportunidad brindada de servir a nuestros pueblos, de lo cual estoy orgulloso por sus enseñanzas y por su historia. Chile tiene en los Pueblos Indígenas una gran riqueza social y cultural. Nuestras comunidades esperan mejores oportunidades para sostener y desarrollar su Cultura y su Identidad. El Gobierno puede hacer mucho más todavía por nuestros indígenas. Agradezco la oportunidad que Ud. me dio de haber podido colaborar en ello en este breve tiempo. Le saluda con afecto y le deseo mucho éxito en su gestión". Alas 18:00 pm del miércoles 5 de agosto de 1998 caía este telón. Pero, de manera impredecible, se abrió un nuevo proceso. Desde La Moneda, se filtró la información de esta renuncia y los periodistas acudieron agitadamente a la sede de conadi en Santiago. Algunas radioemisoras alcanzaron a difundir noticias extras. Probablemente, ello ayudó a que también llegaran hasta la sede de Arturo Prat 134, dirigentes de diversas comunidades indígenas de la capital. A las 19:00 horas, al momento de tener que retirarse desde conadi, el ahora ex-Director Nacional debió hacer frente a la prensa nacional y explicar ante la opinión pública los delicados acontecimientos. El Consejo Nacional de conadi había sido abortado.

Dos de sus Consejeros Nacionales tuvieron que renunciar. Y con la nueva renuncia no voluntaria del Director Nacional institucional, en menos de un año y medio, en la relación entre mundo indígena. Estado y sociedad se abrió una mayor herida. Los días siguientes estarían plagados de hechos noticiosos provenientes de distintas regiones. La renuncia del Director de conadi, ordenada por mideplán, traspasó las fronteras de Santiago. Los Consejeros Nacionales Indígenas se reunieron la noche del miércoles 5 de agosto con el renunciado Director Nacional quien les explicó los hechos. Al día siguiente, el jueves 6 de agosto, se hicieron presentes en la Conadi y exigieron la presencia del Ministro (S) de Mideplán antes del mediodía. Antonio Lara llegó, efectivamente, acompañado del Fiscal Alfonso Laso y otros funcionarios del Ministerio. Se reunió en privado con los Consejeros Indígenas a quienes entregó la versión gubernamental de los hechos. En La Moneda, el recién nombrado Ministro del Interior, Raúl Troncóso, (DC) declaró que la renuncia del Director de conadi obedecía a su obstinación de no querer suspender el Consejo de conadi para dar más plazo a reunir antecedentes...Más tarde, autoridades de mideplán señalarían a los medios de prensa que la razón de la renuncia radicaba en un deficiente informe jurídico sobre permutas que el Director no había querido completar. Luego, se insinuaría incluso que el Director habría ocultado información... El Ministro Secretario General de Gobierno, Jorge Arrate, en un programa noticioso televisivo sólo señaló que se trataba de diferencias insalvables con el funcionario y que por ello, tratándose de un cargo de confianza, tenía que irse del cargo... Las autoridades tenían varios argumentos para un mismo hecho y no había coincidencia en las razones de fondo. Concluida la reunión con los Consejeros Indígenas, en donde no se llegó a resoluciones, el Ministro (S) Lara ofreció una improvisada conferencia de prensa en la misma sede de conadi, la que se vio interrumpida y alterada por un amplio grupo de dirigentes de las Comunidades Mapuches de Santiago que reaccionaron ante su persona con inusitada hostilidad, lo que hizo necesario que el Ministro y acompañantes tuvieran que refugiarse en una oficina contigua al salón de reuniones, para salir horas después custodiados con fuerzas policiales especiales. Los Consejeros Nacionales Indígenas demandaron que el Consejo se constituyese de inmediato y solicitaron que éste fuese presidido por el Fiscal de la Corporación, Carlos Vargas, el que ante la renuncia del Director titular, por Ley asume como Director Nacional subrogante, no pudo concurrir hasta la sede de conadi. De hacerlo se habría constituido el quórum necesario para efectuar una reunión que sería exigida por los Consejeros apenas apareciese. Vargas permaneció en Santiago, a la espera de nuevas instrucciones y sin poder acercarse hasta la conadi para tomar el control de la situación. En Mideplán debió firmar obligadamente una resolución, previamente preparada, suspendiendo el Consejo Nacional hasta nueva fecha.... Hasta la sede de Arturo Prat llegó mucha gente durante el día jueves 6 de agosto. Esta situación causó natural preocupación en las autoridades del Ministerio. Se solicitó entonces y se constituyó en el área un fuerte piquete de Carabineros. Se aisló la sede con vallas anti-motines y se ordenó el cambio de las chapas de las puertas principales de la Corporación, de tal modo que ni los funcionarios de la Corporación pudieron ingresar a sus oficinas. En ese sentido, es válido aceptar el hecho de que la Corporación, con estos procedimientos y señales, estaba interdicta e intervenida ante los ojos del mundo indígena. Así lo entendieron los Consejeros Nacionales Indígenas quienes en su insistencia por constituir el Consejo, concurrieron de nuevo en la mañana del viernes 7 de agosto de 1998 hasta la sede de conadi para intentar ingresar a su propia casa institucional, pero se encontraron con un amplio resguardo policial y las puertas cerradas. Mediante un teléfono celular llamaron al Ministro (S) de Mideplán para que concurriese a explicar por qué se había intervenido de este modo a la Corporación dando un plazo hasta el mediodía de dicho viernes 7 de agosto. Llegada la hora, y dado que las autoridades de mideplán no llegaron a la zona en conflicto, el Consejero Indígena José Quepuan, en representación de sus pares, improvisó una conferencia de prensa en plena vía pública y declaró congeladas las relaciones del mundo indígena con el Gobierno. La calle Arturo Prat estaba convulsionada adicionalmente en ese momento con la presencia de más de un centenar de miembros de comunidades indígenas que protestaron por la destitución del Director Nacional de conadi e intentaron ocupar parte de la vereda para manifestarse, siendo impedidos de hacerlo por efectivos policiales.

En la sede del Partido Por la Democracia, en tanto, se anunció una conferencia de prensa de la directiva. El ex-Director, miembro de la Comisión Política del partido, fue convocado a una reunión urgente con la Mesa Directiva Nacional y durante casi dos horas se examinó la situación, luego de lo cual, ante una concurrida conferencia de prensa, el Presidente del Partido, Senador Sergio Bitar, expresó su total respaldo y el reconocimiento del Partido a la labor cumplida por el ex-Director en conadi. Lamentó lo sucedido y señaló que en el Gobierno se había producido una grave desinteligencia política al destituir a un dirigente nacional que cumplía con la tarea de hacer cumplir la Ley Indígena. "En Chile no hay privilegiados y si una empresa afecta los intereses del mundo indígena y no cumple con las exigencias legales pertinentes, esa empresa debe sentir el rigor de la ley", dijo Bitar, y demandó una mayor sensibilidad por los Pueblos Indígenas del país. Los hechos se fueron desencadenando en forma impredecible. El gobierno regional de la VIII Región tuvo que enviar fuerzas policiales al Alto Bío Bío. A la zona comenzaron a llegar en forma masiva centenares de personas. En Temuco se realizó una multitudinaria concentración aun en medio de una intensa lluvia. Dirigentes y comunidades indígenas de Osorno, ocuparon pacíficamente la sede de conadi en Osorno. En Santiago, la noche del 5 de agosto más de 1.500 personas desfilaron por el centro capitalino expresando su protesta. En el norte reaccionaron las comunidades aymarás y atacameñas con actos en la Plaza de Arica, en Iquique, Calama y con declaraciones públicas y movilizaciones. Ralco estremeció las noticias. La televisión transmitía despachos noticiosos constantes. Un grupo representativo de dirigentes mapuches de Santiago inició una larga caminata por la carretera 68, hacia Valparaíso, hasta la sede del Congreso Nacional. Era un hecho inédito: mujeres y hombres con sus vestimentas típicas, jóvenes, adultos y niños realizaron la sacrificada marcha a pie por casi 120 kilómetros que caminaron esforzadamente en tres días. Las imágenes de televisión, transmitidas desde la carretera misma, impactaron la conciencia de muchas personas en el país. En el Alto Bío Bío miembros de comunidades pehuenches, estudiantes y ambientalistas ocuparon el privilegiado Puente Ñireco que delimita el amplio territorio Pehuenche y resolvieron con ello impedir el paso de camiones de la empresa Besalco a cargo de las obras iniciadas en Ralco. Se expresaron de ese modo las acciones en contra de endesa, la que -ahora sí- se vio obligada a paralizar las obras que había iniciado en el Alto Bío Bío sin autorización de la conadi. Durante todo el mes de agosto, el tema Ralco, conadi y los Pehuenches ocupó planas periodísticas. La opinión pública se sensibilizó ante estos hechos. Y se sucedieron diversos reportajes en televisión, informes especiales y crónicas en diarios y radios; también acudieron importantes corresponsales extranjeros al área de conflicto. La Cadena norteamericana CNN brindó un reportaje especial para millones de tele espectadores... La crisis impuesta en conadi abrió frentes nacionales e internacionales sin precedente. ¿En qué consistió, en realidad, la desinteligencia política a la que aludió el Senador Sergio Bitar, Presidente del PPD? Lo adecuado era que las autoridades hubiesen permitido el normal desenvolvimiento del Consejo Nacional de conadi en las fechas estimadas, 6 y 7 de agosto de 1998. Si de verdad, el informe jurídico de la Corporación no hubiese dejado conforme a los miembros del Consejo, nada impedía que el Consejo hubiese fijado un nuevo plazo para resolver las permutas de tierras. Y en lo concerniente a la demanda de nulidad absoluta sobre lo obrado por endesa en el Alto Bío Bío, era absolutamente indispensable que dicha demanda se hubiese interpuesto como correspondía hacerlo cuando se había confirmado, de manera fehaciente, que la empresa había incurrido en una falta jurídica. Esto era lo normal que correspondía que un Servicio Público autónomo y descentralizado como conadi hiciera. ¿Por qué la autoridad de mideplán intervino este normal curso de los acontecimientos? ¿Se contaba con órdenes taxativas de hacer aprobar las permutas a como diera lugar? No es posible, porque de ser efectivo, eso sería una intervención en las decisiones del Consejo Nacional de conadi. ¿Por qué ocurrió entonces? Lo dijo el Senador Bitar: por una desinteligencia política. Y cabe agregar: por un acto de desconfianza hacia el Consejo Nacional de la Corporación, lo que produjo la renuncia de los Consejeros Mylene Valenzuela y Cristian Vives, primero, el 29 de julio, y luego, la renuncia del Director Nacional horas antes de iniciarse el Consejo Nacional propiamente tal, el 5 de agosto de 1998. ¿Qué habría sucedido si el Consejo se hubiese reunido?

El primer punto de la tabla era el informe relativo al cumplimiento de nuestra solicitud a endesa, en orden a dejar sin efecto el contrato de arriendo y paralizar las obras. Como los hechos eran de sobra evidentes, esto era -a esa altura- un punto de fácil e inmediato despacho. En consecuencia, se habría resuelto presentar la demanda ante los Tribunales. Los abogados de conadi, por instrucciones del Director Nacional, estaban listos para ello apenas concluyese el Consejo. El segundo tema en tabla (conocido previamente por todos los Consejeros) era el Informe Jurídico del Comité de abogados de conadi encargados del tema Ralco. Ese informe abordaría la globalidad de las solicitudes de permutas de tierras Pehuenches y se extendería por casi una hora y media, luego de lo cual el Director sometería a la aprobación o no, por parte del Consejo, de dicho Informe. Si era aprobado, se iniciaba entonces el procedimiento acordado el 23 de julio, de examinar cada una de las 83 solicitudes de permutas, conforme al Instructivo 582 sobre Resolución de Permutas, aprobado en diciembre de 1997, lo que fácilmente llevaría hasta el día siguiente. Por cierto, de acuerdo al tenor del examen era un hecho cierto que las solicitudes de permutas no serían aceptadas. Si el informe jurídico no era aprobado, entonces los Consejeros, en uso de sus facultades legales, habrían dispuesto un nuevo plazo para decidir, con lo cual la resolución contaría con una nueva fecha. Ahora bien, obviamente, era difícil que el informe de los abogados de la conadi fuese rechazado. Se trata de un equipo muy competente de profesionales, que venían trabajando el tema desde casi un año, con procedimientos rigurosos que serán demostrados más adelante. Gran parte de su labor estuvo acompañada por la Fiscalía de Mideplán. En consecuencia, con dificultad y sólo ante errores de gran magnitud, dicho informe podría haber sido declarado insuficiente. Por lo tanto, era más que proba- ble que la reunión prevista completase su propósito. ¿Por qué esto no fue apreciado del mismo modo por las autoridades de mideplán y del Ejecutivo? La respuesta es que se había instalado la aprensión de que conadi, en tanto organismo de Gobierno, no podía aparecer incoando un juicio contra endesa con el consiguiente riesgo de hacer aparecer al Gobierno en una posición judicialmente insostenible, especialmente frente a empresas cuya influencia en el campo de las inversiones privadas es muy relevante. De hecho, hay que señalar que después de producidos los cambios ordenados en conadi, los efectos del Informe Abeliuk prácticamente se diluyeron y transcurridos los últimos meses de 1998, la exigencia de la demanda legal contra endesa desapareció de la agenda gubernamental, quedando de ese modo dos informes jurídicos sin su debida aplicación... En segundo lugar, para algunas autoridades del Ejecutivo, el proyecto Ralco está aprobado ambiental y definitivamente. Por lo tanto, lo que conadi debe cautelar es que los Pehuenches afectados por el proyecto obtengan las mejores compensaciones posibles, de acuerdo a la legalidad vigente y en correspondencia con la Ley Indígena. Se ha dicho también que era razonable que Mideplán estimase necesario requerir más tiempo para completar el informe jurídico de la Corporación y que por ello se creía necesario suspender el Consejo, lo cual -a su juicio- dependía exclusivamente de la voluntad política del Director Nacional de conadi. Afirmar esto implica desconocer la mecánica del Consejo Nacional de conadi. Si dicho Consejo estuviese conformado sólo por funcionarios de Gobierno el tema sería fácilmente zanjado, puesto que tratándose de funcionarios dependientes de la autoridad gubernamental, simplemente se les habría notificado la suspensión del Consejo y punto. Sin embargo, en virtud de la Ley Indígena, el Consejo cuenta con una composición mixta, con 8 representantes del ámbito gubernamental y 8 representantes de las etnias, los que además son elegidos por sus comunidades. El Consejo de conadi es la única instancia en donde los representantes de los Pueblos Indígenas ejercen una forma concreta de co-gobierno sobre políticas indígenas y en donde su voto vale igual que el voto de un Subsecretario gubernamental o un representante del Presidente. Esto es en virtud de la Ley Indígena. Por lo tanto, en la jurisprudencia del Consejo, sólo el Consejo puede revocar un acuerdo anterior y el Director tiene limitadas sus atribuciones, entre ellas, no poder suspender el Consejo sin causal justificada. En otro aspecto procedimental, se señaló que el pronunciamiento de conadi se relaciona sólo y exclusivamente con el valor comercial, superior o equivalente de las tierras a permutar. Toda otra consideración sería ajena a su resolución.

Pero el punto es contradicho con la existencia formal del Instructivo 582 sobre Resolución de Permutas, el que fue aprobado por la unanimidad de los Consejeros Nacionales en diciembre de 1997, participando en ello, por cierto, los representantes gubernamentales. Dicho Instructivo, en sus artículos 7 y 9 indica como factor de evaluación de permutas la plusvalía presente y futura y el valor cultural agregado de las tierras indígenas. Las solicitudes presentadas por endesa hasta el plazo del 29 de julio de 1998 sólo contemplaban el valor comercial de los terrenos a permutar, los que en algunos casos alcanzaban ciertamente el valor superior o equivalente, pero en otros casos no. Prácticamente desde el 5 de agosto hasta octubre de 1998 el Consejo Nacional no pudo constituirse. La institución funcionó con importantes limitantes. El comité Ralco, constituido en conadi para efectuar el seguimiento del tema, fue disuelto. La documentación principal fue trasladada a dependencias de mideplán y otros funcionarios se hicieron cargo del examen de las permutas. La realidad de los hechos, con su carga de temores y desconfianzas hacia el mundo indígena, con la imperiosa necesidad de que no se generasen conflictos con la poderosa influencia de endesa, hizo posible la desinteligencia que puso al Alto Bío Bío, y sobre todo al mundo indígena y su relación con el Estado en uno de los momentos más difíciles de superar. Fuentes Bibliográficas 1.-Acta de la Sesión del Consejo Nacional de Conadi, del 2 de junio de 1998. 2.-Acta de la Sesión del Consejo Nacional de Conadi, del 25 de junio de 1998. 3.-Informe jurídico del abogado Rene Abeliuk, en relación al contrato de arriendo suscrito entre Endesa y la familia Quipaiñán-Piñaleo en Ralco. 4.-Acta de la Sesión del Consejo Nacional de Conadi, del 23 de julio de 1998. 5.-Informe de la Fiscalía Nacional de conadi sobre las solicitudes de permutas de tierras Pehuenches, presentado al Consejo Nacional el 30 de julio de 1998.

El proyecto de la Central Hidroeléctrica Ralco "Faw el kvnveymen ta Gvñechen, Fav erkvtuy kuyfikeche, tayiñ chau, tayiñ pu peñika faw erkvtuayiñ inchiñ ka anter amutuliyiñ" "Aquí nos puso Nguichen, aquí descansan los mayores, nuestros padres nuestros hermanos. Aquí descansaremos nosotros cuando partamos". Indice Los efectos del Informe Downing El Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Ralco El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Ralco: antecedentes históricos 1996: incorporación de la Conadi en el Estudio de Impacto Ambiental de Ralco Mayo de 1996: el Primer Informe de Observaciones de Conadi al Estudio de Impacto Aclaraciones de la Conama sobre el proyecto Programa de Defensa del Patrimonio Cultural Indígena Enero de 1997: Informe de Evaluación Económica encomendado por Conadi Marzo de 1997: el segundo informe de la Conadi Cambios en la Conadi y el inmediato Addendum 2 de ENDESA El tercer informe de Conadi y el clima político de 1997 El consolidado de la Conama: su propia síntesis final El Informe de Conama respecto del Plan de Relocalización Nuevo oficio de Conadi a Conama RALCO es aprobado por CONAMA Reacciones a la Resolución de CONAMA Reacciona la empresa ENDESA Respuesta a la apelación de ENDESA Mayo de 1996: el Informe Downing sobre la central Pangue Un antecedente previo a Ralco. En abril de 1998 visitó el país el Presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, quien en conferencia de prensa reconoció la mala evaluación de la central Pangue, en el marco de la Segunda Cumbre de las Américas. Señaló que esa institución hizo un "mal trabajo" en la evaluación del impacto de la central hidroeléctrica Pangue. Así lo consignó la crónica del Diario La Época, del lunes 20 de abril de 1998: "Wolfensohn dijo que durante esta visita al país pudo constatar que las minorías étnicas de la zona del Alto Bío Bío "fueron desalojadas de sus tierras". De hecho, Wolfensohn aseguró que si el proyecto Pangue se hubiera presentado en este momento, "habría hecho las cosas de otra manera". El Presidente del Banco Mundial dijo también que ya que esa institución "había ayudado a crear el problema" tenía que"contribuir a buscar una solución". Luego, reconoció que este hecho le "molesta" y aseguró que hará todo lo posible para que "haya un acuerdo con esas familias. Tengo esto presente y me hago responsable. Un error así no volverá a ocurrir", afirmó". La construcción de la represa Pangue precede a Ralco. La legislación ambiental estaba en proceso y la Ley Indígena, aprobada por el Congreso en octubre de 1993, recién entró en vigencia en 1994 con la creación de la Conadi. Básicamente, entonces, la situación de las familias pehuenches afectadas por la represa Pangue estaba caracterizada por la ausencia de una legislación ambientalmente protectiva. Para mitigar los efectos de esta obra en el mundo pehuenche, se creó la Fundación Pehuén que tuvo por finalidad hacerse cargo de los impactos respectivos. La labor de esta Fundación fue evaluada en profundidad. El 7 de mayo de 1996 fue dado a conocer el informe titulado: "A Participatory Interim Evaluation ofthe Pehuen Foundation" (Evaluación interna de la Fundación Pehuen), en el que se analizaron las actividades de Endesa en relación a Pangue, específicamente el efecto de mitigación de las

consecuencias negativas del proyecto patrocinado por la Corporación Financiera Internacional (IFC). Su autor fue Theodore Downing. Dicho informe fue mantenido en condiciones reservadas, dado que endesa habría expresado su preocupación ante el Banco Mundial, porque se abordaban en él variables económicas cuyos componentes serían confidenciales para la empresa. Downing realizó un acucioso trabajo y en su informe dio cuenta de las propias responsabilidades que tiene la IFC en los efectos del proyecto Pangue. Como resultado de estos informes, la IFC desistió de otorgar nuevos préstamos. La empresa Pangue S.A., por su parte, resolvió entonces, en marzo de 1997, prepagar sus créditos directos con la IFC. Los informes también son influyentes en decisiones semejantes, adoptadas por agencias de Suecia y Noruega que habían participado en el financiamiento de la construcción de la Central Pangue. Para los efectos de una mayor ilustración sobre la importancia de este punto resumiremos aspectos relevantes del Informe Downing, quien señaló que el Banco Mundial, la empresa Pangue S.A. y la IFC "crearon un mecanismo financiero e institucional mediante el establecimiento de una fundación sin fines de lucro, para mitigar los efectos de largo plazo que podría tener el desarrollo de la infraestructura privada en la población indígena. Pangue convino en sentar las bases de un desarrollo sostenible aportando a la Fundación hasta el año 2001 incluido, la mayor de las cantidades siguientes: a) un monto anual equivalente al 0.30% de los ingresos netos de la Compañía o b) el equivalente a 5.780 Unidades de Fomento chilenas. Después del año 2001, la Compañía aportará a la Fundación un monto anual equivalente al 0.30% de sus ingresos netos. El objeto de este arreglo era disponer de una pequeña base financiera para poder hacer frente a los efectos perjudiciales que podría tener el proyecto a largo plazo". La Fundación Pehuén recibió desde comienzos de 1992 US$ 535 mil dólares, de los cuales el 95% lo aportó Pangue. Continúa el informe: "De esa suma, US$ 357 mil dólares se destinaron a gastos directos del programa. Dos tercios de esos fondos se destinaron al programa de compras colectivas con descuento (CCD), en combinación con más de US$ 82 mil dólares en fondos de las familias Pehuenches. Como parte del programa se hicieron 5.111 compras, con un movimiento de más de 50.000 productos. El otro tercio de los fondos de la Fundación se destinó a donativos de beneficiencia para las comunidades (16,8%), estudios de diagnóstico (7,4%), construcción vial (3,7%), capacitación (4,5%) y actividades para ejercer influencia a fin de obtener subsidios del Gobierno y donaciones privadas (l%)". La evaluación realizada por Downing tenía por finalidad "comparar el desempeño de la Fundación Pehuén con los objetivos establecidos en el convenio jurídico entre la IFC y Pangue y las directrices ambientales de la IFC". Su informe concluyó que después de cuatro años de operación, la Compañía no había incorporado cuatro de los cinco elementos claves del convenio: a) que la Fundación lograse ser el instrumento capaz de aportar beneficios de largo plazo y con capacidad de sustentabilidad y desarrollo sostenible de las familias Pehuenches afectadas por el proyecto Pangue (la represa anterior a Ralco); b) capacitación de las comunidades para compensar los efectos negativos del Proyecto al concluir su construcción; c) preservar la identidad cultural de los Pehuenches y d) extender el beneficio de suministro eléctrico a las comunidades. En lugar de lo anterior, dice Downing, la Compañía orientó el trabajo de la Fundación a una acción más bien asistencial, organizando un sistema de bienestar social que consistió en la prestación de servicios materiales de corto plazo. Los propios pehuenches consideran a la entidad como un centro de actividades comerciales más que un espacio de cooperación para su desarrollo. Tal es así que la mayoría de los fondos de la Fundación se emplearon en mejoramiento de los hogares (58,4%), sostenimiento de precios de insumos básicos (33,9%), materiales de apoyo a estudiantes (5,2%), y realización de eventos culturales (0,6%). Según este mismo análisis, los recursos para capacitación fueron menores. La inexistencia de un plan de desarrollo de la comunidad y la ausencia de variables de participación ciudadana indígena, hizo que las principales iniciativas de la Fundación se restringieran a compras llevadas a cabo por sus funcionarios y donaciones distribuidas sin un plan de ordenamiento. Esto estuvo precedido por algunas consultorías relacionadas con estudios económicos de la población pehuenche. Sin embargo, las empresas a cargo de estas consultorías no contaban con experiencia en el área de desarrollo indígena y, por cierto, no consideraron la opinión de las

comunidades. Downing concluyó entonces que "los resultados de los programas de la Fundación eran insignificantes, "al no haber centrado las actividades en el logro de los objetivos acordados de desarrollo socioeconómico sostenible, mitigación, desarrollo cultural y suministro de energía eléctrica.(...) En 1992, todas las familias de Callaqui, Pitril y Quepuca Ralco se encontraban por debajo del umbral de pobreza nacional. Tras cuatro años de actividades de la Fundación y con el 30% de las unidades familiares de Callaqui y Quepuca Ralco empleadas temporariamente en las obras del proyecto, sólo el 1% de ellas supero ese umbral. Un tercio de la población sigue en la pobreza". Downing fue describiendo, entonces, paso a paso los factores irregulares del funcionamiento de la Fundación Pehuén y los efectos insuficientes de su labor y de sus propósitos. Indicó que la participación pehuenche era limitada. "Desde el inicio del proyecto, los pehuenches no han sido participantes informados de las acciones tomadas por Pangue y la IFC que afectarían en forma definitiva su futuro". El fenómeno de administración de la Fundación y su desenvolvimiento cotidiano implicó la selección de personal sin la respectiva capacitación cultural y sin contar con experiencia en el ámbito del trabajo social indígena. En su mayoría se trató de personal no mapuche. Quienes realizaron los estudios previos para instalar esta Fundación no recurrieron a asistentes bilingües ni expertos en interculturalidad social e indígena, de tal modo que la Fundación se constituyó como una entidad con predominio de personas no indígenas y ajenas a la realidad de los pehuenches. Un punto en extremo delicado tiene que ver con el método con el cual la Fundación abordó la relación con los pehuenches. Al respecto Downing señaló que: "En ciertos casos, los programas de la Fundación no se circunscribieron a las comunidades especificadas en su estatuto e incorporaron a comunidades cuyas tierras y opiniones se consideraron de interés directo para la Compañía o para su propietario, mientras que dejaron de lado a otras que no revestían tal interés. El modelo de cultura pehuenche empleado por la Fundación y su falta de experiencia con el desarrollo de las poblaciones indígenas la llevaron a ignorar el vínculo fundamental que existe entre la cultura pehuenche y el ecosistema. Por esa razón la Fundación no logró detectar un problema ambiental inminente relacionado con el Proyecto que amenaza a la cultura Pehuenche". El análisis de Downing sobre los objetivos relacionados con la capacitación de los pehuenches para enfrentar de mejor manera los efectos de la represa Pangue en el Alto Bío Bío fue igualmente desalentador: "En los últimos cuatro años el desarrollo de los recursos humanos ocupó un lugar prácticamente insignificante en las actividades de la Fundación, contando con menos del 4% de los gastos directos. La poca capacitación impartida redituó a la economía local una ganancia de más del 200% sobre la inversión. A pesar de los prometedores esfuerzos iniciales destinados a elaborar programas de capacitación que aumentarían el acceso de los pehuenches a las oportunidades de empleo, las actividades de capacitación se suspendieron en 1993. (...) Entre las amenazas inminentes para la economía y cultura pehuenches cabe citar la gran deforestación, un serio peligro de reasentamientos involuntarios, el desempleo y una mayor ingerencia de no indígenas en su cultura y sus tierras". La evaluación sobre los efectos de la represa Pangue en el ámbito económico, en cierto modo, constituye un anticipo de lo que se espera para los efectos de Ralco. El informe habla de pérdida neta en la economía pehuenche de sus recursos naturales. "El camino al proyecto abrió el acceso al bosque pehuenche. De 1988 a 1994 se ha extraído madera por valor de entre US$ 3 y US$ 18 millones de dólares de las tierras de las comunidades. Desde 1991 la tasa de deforestación ha sido de un nivel excesivamente elevado (entre 1,3% y 8,5% anual). Una parte mínima de los ingresos derivados de la explotación forestal llegó a manos de los pehuenches. Como consecuencia de las talas realizadas por personas ajenas en tierras indígenas, ahora los pehuenches deben hacerse responsables del pago de enormes multas que superan sus recursos económicos y que están socavando sus derechos civiles". Es interesante destacar el análisis que Downing realizó a propósito del tema de los reasentamientos indígenas como resultado de estos megaproyectos. Se trata de situaciones que pueden implicar todavía mayor empobrecimiento de los pehuenches, dificultar su acceso a la tierra, a la seguridad alimenticia y sanitaria, problemas serios de vivienda, de ingresos y propiedad comunitaria. 'También pueden aumentar la marginalización socioeconómica y la desintegración socio cultural de las tres comunidades".

"Los otros tres posibles reasentamientos serían consecuencia, aguas arriba, de la presa de Ralco, propuesta por endesa, empresa propietaria de Pangue. Aunque no se trata de un proyecto de la IFC ni está técnicamente vinculado a Pangue, los pehuenches los consideran acontecimientos relacionados. Esta opinión se convalidó cuando la Fundación comenzó a realizar numerosas actividades también en Ralco Lepoy. Estos tres reasentamientos amenazan en forma sustancial la integridad de entre el 70% y el 85% de las unidades familiares de Quepuca Ralco, incluidos todos los asentamientos de Quepuca-Estadio, Palmucho y Los Avellanos. Los preparativos de la construcción de la represa Ralco ya han empezado a afectar a los pehuenches y a tener consecuencias en las operaciones de la Fundación". En mayo de 1996 la endesa informó que la Fundación Pehuén sería el organismo a cargo de mitigar los reasentamientos de Ralco-Lepoy y Quepuca Ralco. La IFC (Corporación Financiera Internacional), entidad que había contratado el estudio de Downing, no había previsto incluir un análisis de la Fundación como institución con capacidad para mitigar tales nuevos reasentamientos. Y de hecho, el consultor Downing declaró el 5 de mayo de 1996 que él se había enterado de esta decisión horas antes de entregar su informe, el 6 de mayo de dicho año... La Corporación Financiera Internacional y el grupo sociológico del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) tenían sus reservas respecto de los impactos de la represa Pangue y del funcionamiento de la Fundación Pehuén. La investigación efectuada por Downing confirmó sus aprensiones. Pero la IFC no había supervisado adecuadamente el proyecto, de tal manera que la investigación en realidad se realizó a instancias del Banco Internacional. La conclusión principal del consultor independiente fue decidora. "No cabe duda que las actividades de la IFC, Endesa y la Compañía están acelerando el ritmo de transformación sociocultural de una zona, que en una época, era un rincón aislado de Chile. De ahora en más, el futuro económico y cultural de los Pehuenches dependerá de la voluntad política y de la capacidad técnica de las tres partes, y del sector público, para respetar a los pehuenches y colaborar con ellos a fin de corregir las distorsiones señaladas en esta evaluación y evitar el surgimiento de otras nuevas. Lo que queda por verse es si este grupo pequeño y empobrecido de pehuenches se beneficiará con los frutos del proyecto o subsidiará el desarrollo hidroeléctrico de Chile a expensas de su economía, recursos y cultura. Hasta ahora, a decir por la información recogida, están subsidiando el proyecto". Los efectos del Informe Downing En 1997, Theodore Downing, miembro de la Asociación Americana de Antropología, presentó al Comité de Derechos Humanos de la Asociación una queja en relación a la situación que afectaba a los pehuenches y, en particular, en relación a sus derechos como investigador, antropólogo y consultor. El reclamo del profesional era respecto de la IFC, endesa y pangue s.a. La IFC lo había contratado para examinar la actuación de endesa y de la Fundación Pehuén y reclamó por el hecho de que su informe fuese mantenido en reserva y sin poder cumplir el propósito acordado de compartir sus conclusiones con las comunidades pehuenches. En lo principal, de acuerdo al propio informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación Americana de Antropología, Downing apuntó básicamente a las responsabilidades que le cabían a endesa y a la propia IFC, en lo que la Comisión determinó como "violaciones a los derechos humanos de los pehuenches". Dice el informe de la Comisión: "1.- La IFC y ENDESA violaron los DDHH de los pehuenches. Negociaron convenios secretos sobre el futuro de un grupo étnico sin el conocimiento ni la participación del grupo o de las autoridades gubernamentales responsables de asuntos indígenas (Conadi). Implementaron un programa de reasentamiento que no incorporó los derechos de los indígenas, y cometieron una grave falta al no compensar adecuadamente a todas las personas afectadas. 2.- ENDESA utilizó la Fundación Pehuén, organización creada como resultado de acuerdos negociados secretamente, para trasladar fondos asignados a las comunidades de la zona de Pangue a la comunidad adyacente a Ralco, la segunda represa proyectada. Esta acción demuestra que el proyecto de la IFC no era para una central autónoma, como se dio a conocer públicamente, sino que para establecer la infraestructura para conseguir una serie de represas. Además, alegó Downing, pangue s.a. nombró a un no-indígena como Presidente de la Fundación Pehuén (quien también es co-propietario de una empresa involucrada en la preparación del plan de traslado para la represa Ralco). Todo esto apoya la aseveración que la represa Pangue y la

represa Ralco son proyectos ínter-relacionados y no separados, y que sus impactos acumulativos debieron haber sido evaluados desde un comienzo. 3.- La IFC y ENDESA omitieron identificar en sus evaluaciones iniciales el impacto de la represa Pangue en los indígenas y los impactos acumulativos de financiar un proyecto que establece las bases para la construcción de otras represas. Esto representa un deliberado intento de eludir las directrices del Banco Mundial que en sus proyectos protege los derechos de los indígenas. 4.- La distribución selectiva del informe de Downing realizado por la IFC y ENDESA, entregándoselo en forma confidencial solamente a los representantes no-indígenas del directorio de la Fundación Pehuén, mientras lo ocultaban a los miembros pehuenches del directorio, constituye una discriminación racial". Según la Comisión de DDHH, el Informe Downing fue mantenido en reserva durante varios meses, mientras ENDESA negociaba paquetes de reasentamiento de familias pehuenches en forma individual, asegurando que la Fundación Pehuén implementaría el programa de reasentamientos. Habiendo recurrido Downing de queja ante la Comisión, ésta realizó la investigación del caso. Para dicho efecto, se consultó a distintas fuentes independientes, lo que incluyó a funcionarios del Banco Mundial, de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y del IBRD. Concluida la etapa de investigación, la Comisión de DDHH de la Asociación americana presentó su Informe. Es interesante destacar de ella secuencia de datos históricos que conforma la Parte II: El caso Pangue/Ralco. De acuerdo al informe, a fines de 1989, el Gobierno chileno aprobó los planes de ENDESA para el desarrollo hidroeléctrico del río Bío Bío. ENDESA solicitó al Banco Mundial el financiamiento correspondiente para el primero de sus seis proyectos de represas en este río: Pangue. El Banco Mundial concurrió al financiamiento solicitado a través de su filial "Corporación Financiera Internacional" (IFC). En 1990 la IFC inició los estudios del proyecto de la represa Pangue. En diciembre de 1992, la Corporación aprobó la decisión de invertir en el proyecto. En octubre de 1993 la IFC y ENDESA suscribieron un Acuerdo de Inversión, con un préstamo de US$ 170 millones de dólares para construir Pangue. En dicho Acuerdo la IFC asumió la propiedad del 2,5% de Pangue S.A. con una inversión de US$ 4,7 millones de dólares. Adicionalmente, la IFC consiguió con el Consejo Sueco de la Cooperación Industrial y Técnica (BITS) la suma de US$ 28 millones de dólares y, complementariamente, de la Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (NORAD), otros US$14 millones de dólares, más US$ 100 millones de dólares provenientes de diez bancos europeos. El préstamo del IFC/Banco Mundial fue devuelto por ENDESA en marzo de 1997 y la IFC refinanció el proyecto Pangue con recursos provenientes de un consorcio privado de bancos alemanes. El denominado Grupo Banco Mundial está integrado por cuatro organismos casi autónomos: el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (IBRD); la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA), que conforman el Banco Mundial propiamente tal y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones ( MIGA) y la Corporación Financiera Internacional (IFC). Theodore Downing, al ser contratado por la IFC en mayo de 1995, en calidad de consultor externo, para realizar una evaluación de la Fundación Pehuén, elaboró un procedimiento de trabajo en terreno y cuidó de que se incorporara en el contrato una suerte de cláusula que permitiese informar los resultados de su investigación a los propios pehuenches, de un modo cultural mente razonable para ellos, lo que fue aceptado por la IFC. En octubre de 1995, Downing viajó entonces a Chile para iniciar su investigación y se reunió con un número aproximado de 60 personas representativas de diferentes instancias vinculadas al proyecto. El trabajo de campo concluyó en diciembre de 1995. Luego, Downing estudió la información recogida y presentó su informe a la IFC en mayo de 1996. El17 de noviembre de 1995, mientras el profesional actuaba en terreno, dice el informe de la Comisión de DDHH de la Asociación Americana de Antropología, que diversos ciudadanos, indígenas y no-indígenas, presentaron una apelación ante el Panel de Inspección del Banco Mundial, señalando que la IFC había violado las normas del Banco Mundial sobre evaluación ambiental y sus políticas ambientales y sociales en relación a proyectos de represas y embalses, sobre pueblos indígenas y reasentamientos involuntarios, administración de propiedad cultural, protección y manejo de tierras vírgenes y supervisión de proyectos. Señalaron además que fondos

asignados a Pangue S.A. para la construcción de la represa Pangue habían sido transferidos al proyecto Ralco, contraviniendo el hecho de que la propia IFC habría indicado que sus recursos sólo se destinaban a Pangue. El Panel no acogió el reclamo por no tener jurisdicción sobre la IFC. Pero el Presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn comprometió una investigación interna y en mayo de 1996 designó al ecólogo Jay Hair para evaluar el cumplimiento por parte de ENDESA del acuerdo IFC -ENDESA. Hair es Presidente Emérito de la Federación Nacional de la Vida Silvestre (National Wildlife Federation). Hair presentó su informe en abril de 1997. Según la Comisión de DDHH, la IFC entregó una "versión severamente censurada del Informe Hair. Un tercio del documento fue eliminado, incluyendo mucho material que describía el impacto social y las posibles violaciones a los DDHH". De acuerdo a esa investigación, en torno al proyecto Pangue, la IFC no cumplió con e180% de sus directivas ambientales y sociales. En cambio, en la respuesta de la IFC al informe Hair se informa que: "La IFC considera que el proyecto Pangue cumplió con cinco de las ocho políticas y procedimientos aplicables" (citado en Crawford, 1997)". ¿Por qué la Corporación Financiera Internacional, filial del Banco Mundial, no entregó el Informe Downing a los pehuenches y al público? La respuesta a esta pregunta está contenida en el Informe de la Comisión de DDHH de la Asociación Americana de Antropólogos: "La pregunta tiene que entenderse en el contexto más amplio de desarrollo y controversias casi contemporáneas relacionadas con el proyecto del Bío Bío. Durante la primavera de 1996, más o menos en el mismo momento en que la IFC estaba decidiendo suprimir el Informe Downing, el Grupo de Acción por el Bío Bío, GABB, encargó un estudio de la evaluación de impacto ambiental de Ralco. "El crítico informe resultante hizo que Conama rápidamente declarara que el Estudio de Impacto Ambiental de Ralco era insatisfactorio (...) A mayor abundamiento, en marzo de 1997, la Conadi emitió un informe resolutivo en el que señalaba que el proyecto Ralco era "absolutamente ilegal" de acuerdo a la Ley Indígena de 1993". "A nosotros nos parece que la IFC ocultó el Informe de Downing por la volatilidad política de la información y de los hallazgos descritos. El Informe contenía evidencias de daño ambiental extensivo, no mitigado, resultante de la deforestación de las tierras comunitarias de los pehuenches, de múltiples amenazas confirmadas de relocalización involuntaria, de prácticas de la Fundación Pehuén que constituyen un dramático asalto a las costumbres y tradiciones culturales de los pehuenches, y de acciones para encubrir información vital que permitiría la discusión de alternativas que disminuyeran el presente daño, económico y ambiental. (González Parra, 1997:5)". En septiembre de 1996 se llenó el embalse de la nueva Central Hidroeléctrica de Pangue. En febrero de 1997, la IFC cuestionó que la ENDESA no hubiese cumplido con ciertas condiciones ambientales establecidas en el Acuerdo Pangue-IFC. Así y todo, en marzo de 19971a represa Pangue fue inaugurada oficialmente con la presencia de las más altas autoridades gubernamentales. Adicionalmente, y como resultado de estos informes, el Vice Presidente y Consejero General de la IFC, Carol Lee, terminó reconociendo parte sustancial de los contenidos de tales informes, aceptando que la IFC podría haber tenido un acercamiento mejor a los impactos sociales y ambientales del proyecto Pangue y haber analizado con mayor la situación de los indígenas afectados. Admitió, en síntesis, las debilidades del accionar de la IFC y señaló que éstas debieran entenderse como parte de "la curva de aprendizaje" de la Corporación. En el foro de la Asociación dijo que las deficiencias, aunque desafortunadas, fueron "consistentes con los procedimientos ambientales establecidos en ese momento". Luego de estos informes la IFC tuvo que aumentar personal, crear una unidad de revisión ambiental y preparar un borrador de políticas para el tratamiento de temas ambientales con incidencia en reasentamientos humanos. El 28 de mayo de 1997 el Directorio de la Fundación Pehuén integró varios de los cambios recomendados por el Informe Downing, entre ellos la incorporación de la variable lingüística, una mayor presencia de pehuenches en sus actividades y otros aspectos menores.

A juicio de la Comisión de DDHH de la Asociación americana de antropología, nada de esto -sin embargo- salva la responsabilidad última de la IFC en los delicados acontecimientos analizados por los Informes de Downing y Hair. "Específicamente -dice el Informe de la Comisión de DDHH- el personal de la IFC falló al no identificar al Pueblo Indígena y al no aplicar las políticas del Banco Mundial respecto de éstos. Sin embargo, la represa (Pangue) ha sido construida, y el préstamo de la IFC ha sido devuelto. Salvo por el 2,5% de propiedad de Pangue, la IFC ya no tiene ningún rol en el proyecto chileno. ¿Quién es ahora responsable de enfrentar los problemas sociales, económicos, políticos y de supervivencia cultural que enfrentan los pehuenches, problemas causados por una planificación ineficiente y decisiones erradas tomadas al construir la represa Pangue y ahora Ralco? ..." La Corporación Financiera Internacional (IFC) es una entidad que tiene como propósito cuidar que los grupos vulnerables de poblaciones indígenas sean beneficiarios y participantes con conocimiento de causa en el desarrollo y no sus víctimas. La empresa Pangue S.A., de propiedad de ENDESA, construyó una represa de 450 MW en el Río Bío Bío, con 113 metros de altura y una cota de 103 metros. Incluyó un embalse de 175 millones de metros cúbicos de agua cubriendo una superficie de 500 hectáreas. La IFC financió US$ 120 de los US$ 465 millones de dólares de costo total del proyecto. La IFC había clasificado al Proyecto Pangue en la categoría II A " , reflejando de ese modo su preocupación por los efectos ambientales en el ecosistema del Bío Bío y particularmente en los pehuenches. En 1992 un informe del Ministerio de Planificación había indicado que los pehuenches habitantes de la orilla norte del embalse tendrían que verse obligados a reasentarse. Para facilitar los avances de este proyecto en 1990 el Gobierno y ENDESA construyeron un camino hacia el Alto Bío Bío. En 1991, un consultor antropológico del comité de Evaluación Ambiental de Pangue consideró que el proyecto era una amenaza para la cultura pehuenche. Otros antropólogos del Banco Mundial alentaron entonces la iniciativa de formar una Fundación para ayudar a mitigar los efectos negativos en el largo plazo. El17 de diciembre de 19921a idea fue aprobada por el Directorio de la IFC y el 22 de octubre de 1993 fue firmado el Convenio de inversión. La Fundación Pehuén fue diseñada y se insertó en la sociedad pehuenche sin un adecuado proceso de información y participación ciudadana indígena. De hecho, con arreglo al Convenio, el Directorio de la Fundación está integrado por siete miembros: tres fueron nombrados por el Directorio de Pangue S.A.; otro miembro fue elegido por cada comunidad (Callaqui, Pitril y Quepuca-Ralco) y un séptimo integrante fue nombrado por el Director de Pangue. El equilibrio de poderes fue materia de intensa discusión. Los estatutos de la Fundación protegen a Pangue de un posible cambio en este equilibrio manteniendo bajo control la "representación" pehuenche. Por ejemplo, el Director Ejecutivo de la Fundación tiene derecho a un octavo voto en el Directorio, con lo cual Pangue S.A. siempre tendrá votación de mayoría en la Fundación. Se establece además que con voto de mayoría simple es posible destituir a cualquier integrante del Directorio con quien pudiesen presentarse "diferencias insalvables "... También se estableció la condición de socios para aquellos indígenas que habiendo recibido su carné de tales, cada dos años, puedan elegir a sus representantes ante dicho Directorio. Al margen de esto, los "socios" no tienen ninguna otra ingerencia en los asuntos de la Fundación. Con ese carné ante Pangue diversos pehuenches podían optar a algún trabajo cuando se construyó la represa. A comienzos de 1995, Pangue S.A. a través de la Fundación Pehuén inició un plan de servicios en la localidad de Ralco-Lepoy. Se dijo, en ese momento, por parte de ENDESA, que esto no estaba vinculado con perspectiva alguna de reasentar, posteriormente, a las familias pehuenches de Ralco-Lepoy que se verían afectadas por el proyecto Ralco. En su accionar la Fundación Pehuén ha sido objeto de diversas críticas por parte de estudiosos nacionales e internacionales. Sin embargo, es el consultor Downing quien mejor resumió los riesgos que esta Fundación representa para el mundo indígena pehuenche: "La Fundación se estableció sin haber realizado un análisis preliminar de la cultura Pehuenche. Los datos básicos de que se disponía procedían de encuestas gubernamentales de unidades familiares diseñadas para administrar la distribución de asistencia social (los subsidios). La experiencia y los conocimientos en cultura pehuenche se encuentran en el extranjero y entre intelectuales chilenos; pero a éstos, Pangue S.A. los consideraba demasiado críticos del Proyecto propuesto para realizar

un estudio objetivo. El equipo de Evaluación ambiental subcontrató a un especialista chileno en folklore, sin experiencia en trabajo de campo entre los pehuenches y con escasa formación en sectores tales como efectos de la infraestructura sobre la población indígena, teorías de cambio étnico o ecología cultural, indispensables para su labor. El consultor llegó a la conclusión de que los pehuenches estaban atrapados en un proceso "inevitable" de mezcla de culturas, y que la mayoría de ellos ya se había convertido de indígenas en campesinos rurales pobres, como los que se encuentran por todo Chile. "Esta conclusión dio a Pangue la falsa impresión de que los grupos étnicos están irremediablemente predestinados a la extinción. Los pehuenches no participaron activamente en esta evaluación crítica de su futuro ni en la investigación que condujo a esta conclusión". (pto. 70 del informe). En relación a los indicadores económicos, el Informe Downing demuestra que las comunidades de Callaqui, Pitril y Quepuca-Ralco, en definitiva, a mayo de 1996, estaban más estratificadas internamente que antes de iniciarse el proyecto Pangue y los programas de la Fundación. "Los datos CAS II coinciden con lo que se oye en la comunidad de que algunas personas son ahora relativamente más pobres que antes de la llegada de la Fundación y el proyecto. Para 1995, e134% más pobre era tan pobre como antes"(pag. 45, punto 88 del Informe). Asociado a este tipo de datos está el hecho de que la construcción de la represa Pangue implicaba posibilidades de trabajo para los pehuenches y con ello, una mejoría importante de sus ingresos y de su calidad de vida. Sin embargo, de los puestos ofrecidos sólo se ocuparon a 240 pehuenches. Fueron beneficiados mayoritariamente trabajadores no indígenas provenientes de Santa Bárbara o Ralco, especialmente calificados y semi calificados. Los empleos variaron en medias de 80 a 120 cupos por mes para los indígenas, en su mayoría provenientes de Callaqui y Quepuca-Ralco y que cumplían más bien labores de jornaleros. Cuando se terminó la construcción de Pangue estas personas quedaron sin trabajo. La Fundación Pehuén no había incluido el tema de las mitigaciones como resultado del término de las obras". Durante la fase de construcción de la represa de Pangue hubo efectos beneficiosos para la zona indígena: mejoramiento de caminos, ingresos, compras con descuento (CCD), reducción de un nivel de deforestación doméstica, etc. Pero en el otoño de 1995 aparecieron los primeros efectos del carácter temporal de estos beneficios. En la primavera de 1996 ya habían comenzado los primeros despidos. En forma natural los beneficios insertos durante la construcción de la obra fueron concluyendo... Es en este contexto que aparece la temática de Ralco. Downing lo explicita nítidamente: "Tres, y posiblemente cuatro reasentamientos involuntarios comienzan a surgir sobre el horizonte inmediato de la zona de la Fundación. Cualquiera de ellos socavaría sustancialmente la capacidad de la Fundación para mitigar y reducir la pobreza. Uno es consecuencia de la represa de Pangue. Otro proviene de la cercana represa de Ralco, que forzará el reasentamiento de los miembros de la Fundación que viven en Quepuca Ralco. El tercero, en el asentamiento adyacente de Ralco-Lepoy, puede tener un fuerte efecto derivado sobre la Fundación. La represa Ralco no está patrocinada por la IFC, pero Pangue, una nueva compañía con capital aportado por ENDESA y la IFC, ha invertido US$ 40 millones de dólares en la preparación del proyecto hidroeléctrico de Ralco". A inicios de 1996, la Compañía esperaba ser la constructora de Ralco. Sin embargo, meses más tarde, el Directorio de ENDESA cambió de opinión y siendo ella poseedora del 97% de las acciones de Pangue S.A. decidió construir directamente la represa Ralco. El Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Ralco El Río Bío Bío nace en las lagunas Icalma y Galletué en la Novena Región de la Araucanía. Su cuenca comprende el 45% de la Octava Región del Bío Bío, ocupando una superficie de 24.260 kilómetros cuadrados y 380 kilómetros de largo. Es uno de los ríos chilenos con mayor potencial energético en materia hidroeléctrica y posee una de las principales riquezas ecológicas existentes en el sur de Chile. En el Alto Bío Bío habitan alrededor de 5.000 personas pehuenches en la localidad de Santa Bárbara y se estima en otros 5.000, aproximadamente, la población pehuenche en Lonquimay (Monte tupido). Todo el Alto Bío Bío representa un rico ecosistema que comprende una biodiversidad única. Estudios especializados indican que en sus aguas habitan a lo menos siete especies de peces endémicos, entre otras numerosas bellezas naturales y paisajísticas.

La represa Ralco se construirá a 120 kilómetros de la ciudad de Los Angeles ya 27 kilómetros aguas arriba de la actual represa Pangue, inaugurada en marzo de 1997. Estará ubicada en la angostura Ralco. Será construida de hormigón rodillado, con una extensión de 370 metros, de cerro a cerro y con una altura de 155 metros. La represa de Ralco sería 8 veces más grande que la actual represa de Pangue. Quienes diseñaron este megaproyecto señalan que Ralco permitirá generar una energía anual promedio de 3.380 GWH, con una inversión de US$ 474 millones de dólares para la central propiamente tal y US$ 12 millones de dólares para la conexión al Sistema Interconectado Central (SIC). De acuerdo a un informe técnico de calificación, las características del proyecto son: una central de embalse de 1.222 millones de metros cúbicos de agua y su respectivo enlace con el sistema interconectado central (SIC). Ocupará una superficie máxima de 3.467 hectáreas que abarcarán los valles de los ríos Bío Bío, Lomín, Villacura (Piedra del Hambre) y Lolco (Agua de pozo) , hasta una cota máxima de aguas crecidas que se estima podrían llegar a los 730 metros sobre el nivel del mar. Las obras que están indicadas para la ejecución de este proyecto comprenden la construcción del embalse (presa, túnel de desvío y vertedero); las obras de toma, aducción y zona de caída; la caverna de máquinas, la sub estación encapsulada, el patio de mufas, piques de compuertas de difusores, obras de evacuación y servicios auxiliares; el enlace respectivo con el sistema interconectado y las correspondientes obras de infraestructura. El embalse captará las aguas y las conducirá a través de un túnel de 7 kilómetros de largo hasta la caverna de máquinas, lugar en donde se instalarán tres unidades generadoras de electricidad. La superficie de tierras indígenas afectadas sería de 638 hectáreas. Los predios afectados serían 98. Los propietarios afectados serían 112 y los propietarios a relocalizar, 76. La población a ser reasentada es estimada en casi 600 personas. Para ENDESA, "los pehuenches de la antigua comunidad de Ralco han sufrido los efectos del contacto con el mundo occidental, observándose un fuerte grado aculturativo en términos de sus sistemas de subsistencia pero, a la vez, han conservado una serie de elementos que les permiten mantener una estructura simbólica coherente con su pasado cultural y que puede ser un factor que contribuya a la formulación de políticas de desarrollo sustentable para estas comunidades cordilleranas. Las comunidades pehuenches están sujetas a dos fuerzas, a veces antagónicas: una, que trata de mantener una cultura tradicional, operativa, sobre todo en el plano simbólico, y otra, que los empuja hacia la sociedad mayor, en busca de aquellos beneficios que poseen todos los chilenos, trabajo, educación, salud, etc. (Fuente: Resumen Ejecutivo presentado ante el Consejo de Conadi en octubre de 1997) Se describen también los predios que serán afectados según el siguiente cuadro:

Viviendas

Lepoy

Quepuca

Total

Afectadas

41

22

63

No afectadas

111

53

164

TOTAL

152

75

227

De acuerdo a la información proporcionada por ENDESA en octubre de 1997 al Consejo de Conadi, no todos los predios serían afectados a1100% por el proyecto, según lo consignan en el siguiente cuadro:

Tramos de afectación (% superficie afectada)

Lepoy

Quepuca

Total

01% - 25%

15

14

29

26%- 50%

6

8

14

51%- 75%

12

2

14

76%- 99%

13

3

16

100%

20

5

25

TOTAL

66

32

98

Lo anterior se describe también en porcentajes de superficie de terrenos afectada, según el siguiente cuadro complementario:

Superficie afectada (hás)

Lepoy

Quepuca

Total

01 - 2,0

24

14

38

2,1 - 4,0

20

4

24

4,1 - 6,0

10

3

13

6,1 - 10,0

4

3

7

10,0 - 20,0

5

4

9

20,1 - 40,0

0

3

3

40,1 - 73,0

1

3

4

TOTAL

64

34

98

PROMEDIO

4,4

10,8

6,5

En su informe, en octubre de 1997, ENDESA señaló que se pondría en práctica un Programa de Asistencia de continuidad por 4 años. Este plazo fue corregido, posteriormente, por el Informe Técnico de Conama que elevó la continuidad de 4 a 10 años, según analizaremos más adelante. El programa de asistencia contemplaría: 1.- Un Programa Productivo: con capacitación, asistencia técnica y apoyo al desarrollo de proyectos. 2.- Un Programa turístico: con estudio de desarrollo laguna El Barco y sector Río Quillaileo más financiamiento de la primera etapa. 3.- Un Programa Social: con atención de grupos vulnerables; promoción, participación y organización de la comunidad; actividades de enlace (escolar, paramédico, subsidios). 4.- Un Programa Cultural: para la resignificación y puesta en valor de lugares sagrados y la resemantización de los lugares de relocalización; incorporación cultural indígena a educación formal; traducción de textos en mapudungun; un museo y centro de información pehuenche; mantención de lazos comunitarios y monitor de enlace psicopedagógico. 5.- Fondo de Asistencia Productiva: con una duración del programa: 4 años (corregido posteriormente a 10 años). En materia de Recursos Actuales y Ofertas de compensación, ENDESA informó al Consejo de Conadi en octubre de 1997 sobre los siguientes parámetros:

Recurso

Comunidades

Oferta

Tierra

Se afectan 638 hás

21.337 hás

Superficie cultivable

Se afectan 230 hás

11.050 hás

Superficie de riego

Se afectan 98 hás

565 hás

Valor tierra

$ 129, 3 millones

$1.956 millones

Valor mejoras

$ 172 millones

$ 1.083 millones

Bosques

No se afectan

10.307 hás con 2.796 hás de araucarias.

Altitud

650-1100 mtrs. sobre El Barco: 850-1100 msnm

invernadas

nivel mar

Santa Laura: 600-1100 El Huachi: 350

Exposición al sol

sur-oriente

Todas las exposiciones

Trashumancia

Ajenas y propias

Sólo propias veranadas

Recolección piñones

Bosques ajenos

Bosques propios

Infraestructura Mínima y de baja Vivienda con servicios básicos: calidad; sin servicios galpón, bodega, cercos, corrales, básicos infraestructura comunitaria Empleo

No

Sí

Apoyo financiero

No hay

Obras asociadas al Plan están generando importantes fuentes de empleo.

Apoyo Técnico Muy limitado

Intensivo por 4 años y continua con Fundación de Desarrollo

Estos antecedentes variaron a partir de septiembre de 1998 al tener que incorporar ENDESA nuevos beneficios. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Ralco: antecedentes históricos En diciembre de 1994 ENDESA presentó una solicitud ante la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, para que este organismo público acogiese voluntariamente a trámite de evaluación el proyecto "Central Hidroeléctrica de Ralco". Esta solicitud fue respondida favorablemente por la Conama. La aceptación de dicha solicitud se fundamentó en el Instructivo Presidencial N 888 del 30 de septiembre de 1993 que "sugiere un proceso de carácter voluntario para los Estudios de Impacto Ambiental, de aquellos proyectos, ya sean públicos o privados, que tengan un alcance significativo en esta materia". Ello de septiembre de 1995, entre la empresa y la Conama se suscribió un texto titulado "Documento Consolidado de Acuerdos entre la Conama y ENDESA" en el cual se detallaron los "Términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EIA) del Proyecto Ralco". De acuerdo a este documento se suscribió un "Acta General de Acuerdos para el proceso de evaluación". Una vez firmada el Acta de Acuerdo, ENDESA desarrolló entonces su estudio de impacto ambiental y lo ingresó a la Conama el 29 de marzo de 1996. Durante un plazo de 60 días, a partir de la fecha de inicio del estudio, se desarrolló un proceso de consulta durante el cual diversas entidades ciudadanas expusieron su opinión sobre el proyecto. Por cierto, también fueron consultados diversos Servicios Públicos, incluida la Conadi. Un Comité técnico revisó los informes presentados y redactó sus conclusiones en un documento titulado " Informe Técnico de Calificación del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco de la Empresa ENDESA ", el que fue dado a conocer con fecha 23 de julio de 1996 por la Dirección Ejecutiva de la Conama. Es importante consignar que dicho documento recomendó el rechazo del proyecto, aduciendo las siguientes razones, entre otras, porque: no se describió adecuadamente el proyecto, la Línea de Base era insuficiente para evaluar con posterioridad los impactos, se incurrió en errores metodológicos en la evaluación de tales impactos, se mencionó un futuro Plan de Relocalización, pero éste no fue presentado y por tanto no se pudo evaluar sus impactos.

No obstante las severas conclusiones del comité revisor, semanas después, mediante el oficio 071/961805 del 23 de agosto de 1996, la Conama informó a ENDESA que podía presentar un Addendum, ( adiciones a un escrito) indicándose de manera especial un plan de participación ciudadana. Presentado dicho documento habría un plazo de 60 días para que personas y entidades habilitadas pudiesen formular observaciones. En la nota de Conama se hizo presente que ENDESA debía cesar las obras preliminares que había comenzado en el Alto Bío Bío, y que no contaban con la autorización de la Conama, otorgando para ello un plazo de 10 días. El 12 de septiembre de 1996, ENDESA respondió a Conama y presentó una contrapropuesta para evaluar el Plan de Relocalización y las otras aclaraciones solicitadas. Propuso que el Addendum fuese revisado en un plazo de 50 días y que a partir del décimo día de entregado, se abriera un plazo de consulta a terceros dentro de 25 días, a realizarse según lo determine un Panel de Expertos a establecerse por acuerdo entre ambas partes (Conama y ENDESA). En la nota, ENDESA propuso además un listado de " Obras Preliminares del Proyecto Ralco acordadas conforme a lo estipulado en el Artículo 17 del Acta de Acuerdo" lo que incluía: camino público existente en el Alto Bío Bío, desde la actual presa Pangue hasta la zona de la presa Ralco; línea de transmisión de energía de 66 KV desde la subestación Pangue hasta la subestación de la zona de la presa Ralco y campamentos en las zonas de trabajo de las obras. La Conama, a través del oficio 026/961982 del 13 de septiembre de 1996, es decir al día siguiente de la nota de ENDESA, respondió dando por aceptadas las proposiciones de la empresa y autorizó las obras preliminares, exigiendo su ajuste a las condiciones básicas de reducción de impactos y reparaciones. La Conama adoptó entonces como política pedirle a ENDESA antecedentes complementarios del proyecto, puesto que sus primeras observaciones indicaban muchas insuficiencias. Esto se convirtió en el primer Addendum, en donde se indicó la necesidad de precisar la propuesta de relocalización de familias pehuenches afectadas, entre otros aspectos. Este Addendum fue entregado por ENDESA a la Conama el7 de febrero de 1997, consistente en 5 Tomos y varios miles de páginas, equivalentes a un nuevo EIA y más amplio que el primero. El12 de febrero de 1997 la Conama informó a ENDESA que no podía acoger a trámite de revisión el Addendum hasta que no se acompañase el informe del Panel de Profesionales. ENDESA, en pocas horas, con extrema rapidez y acelerada eficacia remedió el problema al día siguiente, y acompañó el informe, con lo cual el 13 de febrero de 1997 se pudo reiniciar el proceso de evaluación.... Apreciará el lector, la sorprendente rapidez con que Conama y ENDESA resolvieron complejos pronunciamientos que, en condiciones normales, requerirían varios semanas, a lo menos, de acucioso estudio. ¿Qué ocurrió que Conama revirtió rápidamente el pronunciamiento inicial de rechazo del proyecto? ... Aun así, el primer Addendum no satisfizo las expectativas de la Conama ni de los organismos ciudadanos que seguían muy de cerca las respuestas de la ENDESA. Había dos aspectos sobre los cuales existía especial preocupación: uno, sobre los recursos naturales. Esto implicaba considerar los impactos sobre la cuenca del río Bío Bío, la identificación de la flora y fauna afectada, especialmente la que cuenta con un valor de conservación; el flujo de aguas entre la represa y la zona de la casa de máquinas; los cambios climáticos; impactos sobre la fauna íctica; pérdida de ejemplares de especies vegetales; la alteración de la continuidad y la ordenación del paisaje; riesgos potenciales para la existencia de los peces nativos de los ríos. El Grupo de Acción del Bío Bío y otras entidades efectuaban su propio y riguroso monitoreo de estos temas y hacían públicas sus observaciones, ejerciendo así un importante control social tanto sobre la empresa como sobre Conama. El segundo aspecto de preocupación se relacionó con los poderosos impactos que el proyecto significaría para las comunidades pehuenches. Serían afectadas 638 hectáreas de tierra indígena y 98 familias pehuenches, unas 600 personas indígenas. Para abordar los impactos sociales del proyecto se constituyó un Panel de profesionales independientes que colaboraron en el diseño del plan de relocalización. En los meses de enero y febrero de 1997 se realizó una especie de consulta en las comunidades. La Directora de Conama estimaba que debía considerarse la opinión no sólo de las comunidades afectadas sino del conjunto de comunidades del Alto Bío Bío, las que suman siete.

Al ser interrogada sobre este aspecto, en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente del Parlamento, la Directora Blanlot señaló que pese a que este trámite no se contemplaba para el caso del Addendum, se había llegado a un acuerdo con la empresa y se había llevado a cabo una consulta con las personas que habían participado en la etapa previa, a los propios pehuenches y a todas las demás organizaciones que habían participado con anterioridad. Por último, señaló que a su juicio, las comunidades pehuenches no tenían la capacidad de decidir libremente las condiciones de relocalización aceptables en el largo plazo y que era menester definir si los predios ofrecidos por la ENDESA cumplían o no con las condiciones consignadas por la Ley de Bases del Medio Ambiente (Informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, en relación a una visita efectuada al Alto Bío Bío en abril de 1997. El informe tiene fecha 10 de junio de 1997. Cámara de Diputados). Sobre el mismo tema, el entonces Director Nacional de la Conadi, Mauricio Huenchulaf, exponiendo ante la comisión mencionada señaló que: "las comunidades no han podido expresarse de manera legítima acerca de la conveniencia o inconveniencia del proyecto, y que en este sentido ENDESA y la fundación Pehuén deberían abstenerse de participar en este proceso. Los representantes de la empresa expresaron a su vez, que se había trabajado por espacio de dos años con las comunidades para la determinación de los terrenos y que pensaban que la comunidad podría mantener su unidad basados en las encuestas realizadas" id. informe citado de la Comisión de Recursos Naturales de junio de 1997). Es interesante destacar de este informe parlamentario, que la empresa informaba ya de una inversión de US$ 12 millones 161 mil 477 dólares en el plan de relocalización. Que ya había dispuesto las compras de los fundos El Barco (19.270 hectáreas); el Huachi (que en mapuche, curiosamente, significa "trampa", con 436 hectáreas), y Santa Laura (1.400 has). Ante la Comisión la ENDESA informó además que su plan de compensaciones comprendía viviendas, bodegas, galpones, cercos, electrificación, sistemas de riego y agua potable, asistencia para el traslado (incluyendo flete), asistencia para el desarme de viviendas y alimentación, fondo de asistencia productiva con 50% en especies productivas y 50% en efectivo, más un programa de desarrollo... ¿Qué es lo interesante de esta información? Que mientras la Conama recomendaba oficialmente ante el Parlamento la necesidad de extender la consulta ciudadana "a todos los pehuenches del Alto Bío Bio" y mientras la Conadi señalaba su aprensión respecto a la directa ingerencia de la ENDESA en este proceso consultivo, la empresa ya había resuelto todos los principales aspectos relacionados con la relocalización, en forma más que anticipada y basados según ellos informaron, en su propio diagnóstico surgido de dos años anteriores de trabajo en la zona... Las recomendaciones de Conama y Conadi estaban francamente de más. El Gobierno local tenía una mirada crítica hacia este proyecto y así lo expresó nítidamente el Gobernador de la Provincia de Los Angeles ante la Comisión parlamentaria ya citada, don Juan Carlos Coronata (PDC): "En lo que dice directa relación con la relocalización de 77 familias indígenas, de las cuales 45 (ENDESA) se propone ubicar en el Fundo El Barco y 32 en los Fundos El Huachi y Santa Laura, (el Sr. Gobernador) considera que más que una amenaza podría traer oportunidades, pero que sin embargo, el plan ha sobreestimado la calidad de los recursos productivos del área y la capacidad de respuesta de los pehuenches a la innovación y la transferencia tecnológica. A su juicio, se ha subestimado, además, en cuanto a la rigurosidad del clima y la dinámica real de explotación de la tierra por parte de los indígenas. Señala que al respecto ha recorrido el Fundo El Barco, el cual tiene una superficie de 72 kilómetros de caminos interiores. El plan no ha considerado el potencial forestal ni el potencial ganadero, puesto que el programa se ha desarrollado considerando sólo el desarrollo del ganado vacuno, siendo que el ganado de los indígenas está conformado principalmente por ganado ovino o caprino. Otro aspecto que, a su parecer, tampoco se ha contemplado, es el relativo a la propiedad comunitaria, ni el eventual desarrollo turístico. Una de las interrogantes que aun no ha sido respondida es la que dice relación con el crecimiento demográfico y cómo se sustentará el proyecto cuando aumente la población. Como tampoco se ha dicho nada sobre el tema de los riesgos e imprevistos. Finalmente (el Sr. Gobernador) expresó que creía más conveniente que el plan de relocalización se llevara a cabo tierras abajo y no en el Fundo El Barco" (id. Informe de la Comisión de Recursos Naturales, junio de 1997).

La Comisión parlamentaria sesionó sobre este tema los días 18 de marzo; 1, 8 y 15 de abril; 13 de mayo y 4 y 10 de junio de 1997. El informe se refiere a las primeras sesiones. 1996: incorporación de la Conadi en el Estudio de Impacto Ambiental de Ralco El 17 de abril de 1996 tuvo lugar en la Gobernación de Los Angeles una importante reunión con personeros de la Comisión Regional del Medio Ambiente, Corema, de la propia Gobernación y de Conadi. Se informó en dicha ocasión de la apertura del proceso de evaluación ambiental del Proyecto Ralco y de la participación de distintos servicios públicos en el análisis de dicho proyecto. Se convino que cada organismo recibiría de parte de la Corema la documentación correspondiente. Al día siguiente, el 18 de abril de 1996 los antecedentes fueron remitidos según lo acordado. En términos sustanciales, el documento presentado por ENDESA, en lo relativo a los aspectos étnicos, parte señalando que "las medidas de mitigación que se proponen están orientadas a minimizar la aceleración del proceso aculturativo que está teniendo lugar en las comunidades pehuenches, de tal modo de evitar la interrupción de elementos culturales y sociales que actualmente existen". En relación a la formulación de un Plan de Relocalización, ENDESA indicó que: "Se diseñará e implementará un Plan de Relocalización que permita realizar el proceso de relocalización de las personas afectadas por el proyecto de forma armónica, coherente y participativa, lo cual minimizará los efectos socioculturales sobre los grupos afectados". En su presentación ENDESA planteó también la necesidad de reducir el contacto de los pehuenches con trabajadores externos. Este antecedente es importante pues estos megaproyectos implican la presencia de cientos de trabajadores, ajenos a la cultura local. Al respecto ENDESA recomendó diversas acciones para velar por el cumplimiento de la normativa interna de Protección Ambiental mediante una adecuada fiscalización del contacto de los trabajadores externos con los miembros de las comunidades pehuenches. ENDESA planteó también reducir el distanciamiento de los miembros de las comunidades. Al efecto, cabe citar la propuesta tal como fue formulada en el capítulo 5 del Plan de manejo ambiental: "En el Plan de Relocalización se deberá minimizar el número de reasentados. La permanencia en la comunidad será aplicable para personas afectadas en forma mínima o parcial por la inundación, o bien para aquellas que no deseen irse del área. Estas personas podrían ver reubicadas sus viviendas en terrenos propios localizados sobre la cota de inundación, y/o mediante saldos de terreno de personas relocalizadas, evitando así su desplazamiento". Con el propósito de evitar la interrupción de actividades tradicionales, "en los lugares de relocalización deberá asignarse un terreno equivalente para continuar ejerciendo comunitariamente sus actividades tradicionales". Y en materia de reforzamiento de la cultura tradicional se planteó implementar "programas de desarrollo cultural, a través de la enseñanza de su historia, idioma y cultura, la recuperación de manualidades, etc. Dichos programas deberán ser realizados en las comunidades de Ralco-Lepoy y Quepuca-Ralco, y en los nuevos asentamientos, de manera que no se interrumpa el sentido de identidad étnica que los une". Agregándose que "se aconseja realizar un proyecto turístico de carácter étnico que permita incorporar a los turistas a participar del estilo de vida pehuenche. Esto debería ser incorporado lentamente a la comunidad pehuenche y coordinado por expertos sociales. Lo anterior, además de reforzar la cultura tradicional, permitiría minimizar cambios aculturativos drásticos asociados al desarrollo de actividades turísticas, especialmente en los aspectos valorativo y conductual. Estos programas deberán ser insertos en un programa de desarrollo socioeconómico y cultural de largo plazo". En relación a los aspectos históricos y arqueológicos el Plan apuntó a un programa de manejo de tales recursos, lo que deberá ser elaborado por un especialista en conformidad a los requerimientos que para el efecto establezca el Consejo de Monumentos Nacionales. ENDESA reconoció en su presentación que los recursos emplazados en el área de inundación y obras, requieren ser ''exhaustivamente estudiados y documentados", particularmente cementerios indígenas. Este tema hace referencia a una importante herencia arqueológica existente en el Alto Bío Bío tales como el Panteón del Río Quepuca y los cementerios ubicados en El Invernizo, La Bandera, Río Pinca y Estero Lepoy.

Otros aspectos contemplados en el Plan de Manejo ambiental comprende la restauración de los componentes ambientales efectuados por el Proyecto Ralco con el objeto de que tales componentes retomen a su estado original luego del daño causado. "Los principales impactos en el período de construcción se manifestarán en la compactación de los suelos por faenas relacionadas con la construcción de las obras, ocupación de terreno por construcciones e instalaciones provisorias, de aperturas de yacimientos para la extracción de áridos y finalmente la disposición de botaderos. La compensación en general debe ser monetaria y correspondiente a los efectos económicos para el propietario derivados del roce y limitaciones de uso. La figura legal que corresponde en estos casos es la de una servidumbre y para fijar los montos de las indemnizaciones asociadas a éstas corresponden iguales mecanismos a los descritos para el caso de la compensación por pérdida de suelos". El capítulo más relevante del plan de relocalización se vinculó con el sub-capítulo Compensación global a las comunidades Pehuenches. ENDESA reconoció que el proyecto implicará impactos de tipo étnico, cultural y socioeconómico en el territorio pehuenche y por lo tanto sugirió un programa de desarrollo socioeconómico de largo plazo, medida que sería válida para las comunidades de Quepuca-Ralco y Ralco Lepoy, incluyendo tanto a los relocalizados como a los no relocalizados. En el proyecto se recomendó que este plan fuese llevado a cabo por la Fundación Pehuén, cuya estructura debería ser modificada para adaptarse a estos nuevos fines. Esto está planteado como recomendación en la presentación que ENDESA realiza en abril de 1996, pero como se analizó en el punto correspondiente al Informe Downing, esta materia ya estaba resuelta por la empresa en los primeros meses de dicho año. Las propuestas de la ENDESA fueron funcionales con su propósito de enmarcar a la Fundación Pehuén en el proyecto de erradicación de los pehuenches desde la zona de construcción de Ralco. Para cumplir sus objetivos ENDESA propuso desarrollar programas de capacitación en técnicas de producción propias de las comunidades (agricultura, horticultura, ganadería, artesanía, etc). Propuso organizar la comercialización de productos locales y la capacitación específicamente orientada a las nuevas fuentes de ingreso que generará el proyecto Ralco. "Por otra parte, las comunidades de Quepuca-Ralco y Ralco Lepoy, después de construida la central, dispondrán de más de 20 kms de orilla de lago. Este hecho abre una enorme expectativa de nuevas fuentes de ingreso para las comunidades. Para aprovechar la oportunidad que se crea sería conveniente desarrollar programas que identifiquen posibles proyectos para el aprovechamiento de este recurso y considerando el marco cultural de las comunidades". Mayo de 1996: el Primer Informe de Observaciones de Conadi al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Ralco Cuando la Conadi recibió el Resumen Ejecutivo del proyecto Ralco, le encargó a la Unidad de Estudios y Planificación de la Corporación el estudio técnico correspondiente. Se acudió también a profesionales externos y, finalmente, el 31 de mayo de 1996 se concluyó el informe titulado Observaciones de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco de ENDESA. Este informe fue enviado con el Oficio No 239 de fecha 3 de junio de 1996 a la entonces Directora de Conama, Vivianne Blanlot, y comprende tres capítulos: "Aclaraciones sobre fuentes de información; b) Precisiones de información y c) Rectificaciones de información y se acompaña un capítulo de apreciaciones generales. Es importante dar cuenta de este último capítulo que abordó los aspectos culturales e identitarios. Son aspectos fundantes de la política institucional de la Corporación en el tratamiento del tema Ralco, lo que será seguido por las Direcciones institucionales y el Consejo Nacional de los períodos 1994-1996 y 1997-julio de 1998 de modo invariable. Dice Conadi: "La relocalización y las compensaciones que ella implica, deben dar cuenta no sólo de aspectos económicos (ingresos) o sociales (infraestructura familiar y social básica, comunicaciones, etc), sino que debe ser consistente con la propia apreciación del Estudio de impacto ambiental (EIA) en cuanto a que para las familias indígenas la tierra tiene un sentido de identidad étnica y el reconocimiento de la pertenencia histórica al lugar y que la relación de esta cultura con la tierra es de asociación y participación y no sólo de dominio o usufructo.

"Más aun, la identificación de las compensaciones en una eventual relocalización debe garantizar no sólo los aspectos económicos, sino que inclusive los productivos, pues a diferencia de los modelos formales de sistemas productivos campesinos el sistema productivo pehuenche está asociado a situaciones ceremoniales, rituales y creencias que escapan a dicho modelo", (p.10, punto 3.2 Aspectos Culturales e identitarios) La conclusión del informe de Observaciones de parte de Conadi es intensa y vale citar textualmente lo referido a los efectos sociales tal como fueron analizados por los expertos indígenas de la Corporación. "Los antecedentes que aporta el propio EIA son preocupantes pues señala como probables impactos: la desestructuración de la comunidad y del sistema productivo, la interrupción de las fiestas ceremoniales, la alteración del territorio étnico y sus simbolismos y las perturbaciones emocionales que ello acarreará en las familias indígenas. Lo anterior se une a la destrucción y/o intervención de cementerios y sitios sagrados de la comunidad, lo que en cualquier cultura es causa de profundas dolencias. Baste recordar al respecto el trauma del exilio y la desaparición de personas que vivió Chile en épocas recientes, heridas que aun no pueden ser curadas del todo. "Complementariamente a esto, la ejecución del proyecto significará la movilización de cerca de 2.000 personas para las labores en las faenas de la obra, que potenciarán el efecto que Pangue ya ha tenido en las familias indígenas. La utilización de las tierras arables, el empleo asalariado en la construcción y el agotamiento de las labores después de seis años de empleo, redundarán en la necesidad de salir a buscar empleos fuera del entorno pehuenche. "Ciertamente que el fenómeno de la migración temporal o definitiva ya existe, como en todo el país, pero debe verse como el resultado de la insuficiencia de las políticas públicas de desarrollo local más que como opción deliberada de vida. Las opiniones de las familias pehuenches respecto a su reasentamiento así lo demuestran. Luego, un proceso que acentúe la expulsión de las familias de su habitat y que implique la desestructuración de su cultura y su final extinción antes de una década, no puede sino catalogarse como etnocidio. "La diferencia entre etnocidio y evolución cultural ha sido suficientemente documentada por antropólogos, particularmente en Latinoamérica. Por medio está la capacidad de las personas, familias y comunidades de realizar una selección de aquellas prácticas ventajosas y de rechazar aquellas que son desventajosas o ponen en riesgo su integridad indígena. Precisamente, lejos de un purismo étnico, lo que la Ley 19.253 persigue es una nueva relación entre Estado y sociedad chilena y sus etnias indígenas, caracterizados por el respeto y reconocimiento mutuos. "Finalmente, en relación a este último aspecto la actuación de ENDESA, a través de sus instituciones relacionadas (léase Fundación Pehuén), no ha aportado a un clima propicio entre sociedad chilena e indígenas, e incluso al interior de las propias comunidades. La estrategia de la Fundación Pehuén en cuanto a contratar indirectamente al Presidente de una de las Comunidades indígenas como capataz de obras de las casas que se están construyendo en el fundo El Barco, no resulta demostrativa del interés que se tiene en la situación de las familias indígenas". El informe de observaciones formuladas por Conadi el 31 de mayo de 1996 incorporó también una evaluación de los aspectos legales que involucra el proyecto. Se dice al respecto en el punto 3.4: "Las disposiciones de la Ley No 19.253 establecen la prohibición absoluta de gravar las tierras indígenas, impidiendo las transacciones entre indígenas y no indígenas. No obstante, establece la posibilidad que Conadi autorice la permuta de tierras indígenas por otras no indígenas a expresa solicitud de las partes interesadas en la transacción. "Lo anterior entraña un acto de manifestación de voluntad que hasta la fecha no ha sido ejecutado formalmente, en términos jurídicos, por ningún indígena. "Más aun, el EIA señala expresamente el rechazo que la mayoría de las familias pehuenches han expresado en diversas reuniones. (...) Luego, cabe plantearse la pregunta sobre cuáles son los elementos que permiten a ENDESA prever que obtendrán el consentimiento de las aproximadamente 60 familias que deberán abandonar sus casas que serán inundadas. Claramente, cuando se declara expresamente en el EIA que se han levantado monolitos indicando las cotas de inundación y se han sostenido múltiples reuniones con las comunidades y caso a caso, con las familias, no se puede pensar en otra cosa que se está en presencia de acciones que a lo menos intensifican la angustia de las familias pehuenches ante la incertidumbre por su futuro, aspecto que el propio EIA señala".(...)

"Señalado lo anterior y en términos del continuo ecológico que significan los trayectos de los cuerpos hídricos del Alto Bío Bío, considerando sus afluentes y sus efluentes, la construcción de la represa Ralco implica un antes y un después que rompe totalmente la condición geofísica y biotópica sin posibilidad de retorno, afectando toda la conformación de la cuenca del Bío Bío. "Esta ruptura significa el quiebre del frágil ecosistema que sustenta la ancestral existencia del Pueblo Pehuenche que vive en el tránsito estacional de la invernada y veranada; significa, necesariamente un reasentamiento que provocará un cambio en su sistema de vida, su economía de subsistencia, costumbres, tradiciones y cosmovisión. Además, el reasentamiento, traslado o erradicación, no permite opción alguna de continuidad identitaria y cultural, pues la asociación tierra-hombre (ecosistema-hombre) es el lazo que permite la existencia del Pueblo Pehuenche. (...) En definitiva, cualquier medida de compensación económica es insuficiente ante la pérdida de una cultura aborigen; los daños son inmitigables cuando está en juego parte del patrimonio cultural de la humanidad". El intenso Informe de Observaciones de Conadi, del 31 de mayo de 1996, estableció a fin de cuentas un conjunto de condiciones estrictas antes de acoger a trámite -de acuerdo a la Ley 19.253- el proyecto de Estudio ambiental de Ralco. Es por tal motivo, que el equipo de profesionales de la Corporación se esmeró en requerir a la Conama y ENDESA un conjunto de Aclaraciones que se enumeran a continuación: "* listado detallado de la superficie y porcentaje de tierras totales, por cada familia pehuenche que será inundada por el embalse y para distintos niveles de cota (máxima normal, crecidas de envergadura, coronamiento de presa, etc). | * detalle de superficie y porcentaje de tierras con pequeños cultivos y huertas destinados al autoconsumo, por cada familia pehuenche, que será inundada por el embalse contemplado en obras civiles del proyecto. * localización de viviendas de cada familia pehuenche que se encuentra en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, definidas para distintos niveles de cota. * localización del embalse del proyecto para distintos niveles de cota. * superposición de los antecedentes señalados precedentemente a través del desarrollo de cartografía 1:20.000 bajo coordenadas UTM, generadas a través del uso de tecnología Global Position System (GPS), utilizada en la etapa de levantamiento de información del proyecto. * descripción de modalidad de uso colectivo de tierra, con particular énfasis en relaciones sociales de reciprocidad para efectos de realización de labores productivas. * localización de sitios de interés históricos y arqueológicos, particularmente cementerios, en cartografía 1:20.000, bajo coordenadas UTM. * detalle de tipo de faenas que desarrollarían pehuenches contratados en obras civiles del proyecto y salarios que efectivamente recibirían. * detalle cartográfico de propiedad del suelo potencialmente urbanizable a orillas , del eventual embalse, a escala 1:20.000, coordenadas UTM. * descripción del tipo de mejoramiento de la infraestructura vial (ripiado, asfaltado) y permanencia en el tiempo de su mantención (financiamiento, ejecución de obras). * detalle de nivel de cota de inundación del embalse del proyecto, utilizado para estimar la población afectada por dicha inundación. * listado detallado de familias "potencialmente afectadas" por tipo de impacto, superficie afectada, localización de vivienda y terrenos aledaños para subsistencia en superficie afectada. * detalle de pérdida de suelos por familia afectada, clase de suelo y tipo de impacto ambiental. * localización del emplazamiento de los sectores de faenas, en relación con las tierras indígenas, particularmente yacimientos pétreos de Malla y Lepoy Alto". En síntesis: "lista detallada de pérdida de producción y bienes para pequeños propietarios; presentación de propuesta de plan de ordenación del embalse Ralco como anexo al EIA; presentación de propuesta de Plan de relocalización completamente acabada como anexo al EIA; presentación de propuesta de Plan de compensaciones completamente acabada como anexo al EIA; presentación de propuesta de Programa de Desarrollo Socioeconómico y Cultural de largo plazo completamente acabado como anexo al EIA, especificando sus objetivos, actividades, resultados, metas, indicadores de evaluación, institucionalidad, financiamiento, recursos humanos involucrados, etc".

El Informe de Observaciones abarcó también un conjunto de Rectificaciones que Conadi solicitó a Conama, para que a su vez las requiriese a la ENDESA, pues la empresa había incurrido en errores importantes de apreciación, especialmente sobre la variable cultural pehuenche. Al respecto el Informe señaló: "En relación al punto 3.12 y totalidad del EIA: la etnia reconocida legalmente es la mapuche y sus agrupaciones menores se reconocen en los documentos históricos y antropológicos como picunches, pehuenches, huilliches, etc. Debe reemplazarse la expresión "etnia pehuenche" por comunidades, agrupaciones, familias, etc., mapuche de ascendencia pehuenche o mapuchepehuenche. "En relación al punto 4.1.1.2 y totalidad del EIA: la relocalización no es un impacto ambiental sino un efecto probable del proyecto. La definición de impacto ambiental correspondiente debería denominarse inundación, constitución de servidumbres, excavaciones u otros nombres que den cuenta de los caracteres irreversibles y/o compensables del daño que se produce (...). "Se debe considerar como condiciones de un eventual Plan de Relocalización la mantención de las actividades productivas, sociales y rituales desarrolladas por las comunidades indígenas en la actualidad, de modo tal de ser consistentes con lo señalado en la línea de base del EIA, respecto a la relación entre trabajo de la tierra y cultura indígena. El indicador de ingresos, como variable para medir calidad y cantidad de tierras entregadas, debe ser relativizado en función de las variables culturales señaladas(...). "Desde el punto de vista del valor cultural, los cementerios son sitios sagrados cuya destrucción no es compensable. La distinción debe ser hecha en función de evitar su mero tratamiento como sitios históricos o arqueológicos. El EIA debe dar cuenta, desde un punto de vista intercultural, del impacto en la salud de las familias indígenas, derivado de la destrucción y/o intervención en sus cementerios y el eventual reasentamiento en zonas extrañas a ellas. Ello porque desde el punto de vista de sus costumbres, creencias y rituales, se trata de ámbitos sagrados de la vida familiar y colectiva, íntimamente vinculados con su concepción de salud ("bien y mal"). Luego, el EIA debe establecer claramente si considera compensables tales impactos, cómo y en qué medida". Hasta aquí parte sustantiva del Informe de Observaciones concluido por Conadi el 31 de mayo de 1996 y entregado a Conama el 3 de junio de ese año. En justicia, cabe reconocer y valorar el excelente análisis realizado por el equipo de la Unidad de Estudios y Planificación de la Corporación, elaborado en circunstancias modestas de plazo y aun así rigurosas en su formulación. Previamente, el Consejo Nacional de la Corporación se había reunido el día 23 de mayo de 1996 y en conocimiento de los procedimientos de evaluación solicitados por Conama, adoptó un acuerdo institucional que tuvo por finalidad cautelar la plena vigencia de la Ley Indígena. El Director Nacional Mauricio Huenchulaf, en el Memorándum No 696 de fecha 31 de mayo de 1996, junto con el Informe de Observaciones entregado a Conama, informó a los Directivos Nacionales de Conadi acerca del tenor de dicho acuerdo: "La Corporación asumirá la defensa de los derechos de las comunidades indígenas afectadas por los estudios o construcción de los megaproyectos de obras, u otros, hasta que las mismas comunidades se pronuncien por estudiar acuerdos o negociaciones, o se pronuncien por otras instancias jurídicas, velando la Conadi, especialmente, por el cumplimiento del Art. 34 de la Ley 19.253. "Por consiguiente, en relación con el megaproyecto de la represa Ralco, es imperioso que la Corporación mantenga una sola línea de acción, a la que en la actualidad corresponde asumir la defensa de los derechos de las Comunidades del Alto Bío Bío afectadas por el mencionado proyecto, de modo que nuestro trabajo esté coordinado y sea consecuente con la acción que mantienen las comunidades en la defensa de sus derechos. Por lo mismo, salvo que exista un acuerdo expreso de las comunidades, la Conadi no puede iniciar otras acciones destinadas a negociaciones que no se encuentren en la voluntad de las comunidades indígenas". Este memorándum estableció el marco de acción y de coordinación de la Conadi para el tema Ralco y ello se mantuvo como criterio institucional, al menos hasta comienzos de agosto de 1998. Fue un antecedente no suficientemente considerado, sin embargo, por el nivel ejecutivo del Gobierno y de la propia ENDESA puesto que se señaló con extrema claridad que, previo a cualquier procedimiento, debía considerarse la variable de un acuerdo expreso de las comunidades, con lo cual la Corporación, en cumplimiento de la Ley Indígena, marcaba el perfil de

quiénes debían resolver realmente sobre su propio destino, incorporando en ello a las organizaciones y autoridades ancestrales del Alto Bío Bío, sus comunidades y familias. Hemos analizado, a través del Informe Downing, que la idea de trabajar en relación con la organización indígena comunitaria nunca estuvo presente, realmente, en el diseño del proyecto Pangue. En lo concerniente a Ralco, se implemento una línea de continuidad que dejó fuera a la instancia organizacional ancestral de la comunidad. Siendo un organismo constituido por expertos en el tema indígena, la Conadi sabía de la importancia de este hecho. Pero ENDESA había optado por el camino de llevar a cabo negociaciones directas con las familias propietarias de las hijuelas que a la empresa interesaba permutar, y excluyó al cacicazgo tradicional no reconociéndole su autoridad para generar las condiciones para un eventual acuerdo con los líderes pehuenches. En resumen, los profesionales de Conadi habían apuntado a un procedimiento participativo socialmente válido, pero esto no fue atendido a su debido tiempo ni por ENDESA ni por las autoridades gubernamentales correspondientes. Conadi araba, en ese sentido, en el desierto... Aclaraciones de la Conama sobre el proyecto Junto con el Informe de Observaciones de Conadi, otros Servicios Públicos incumbentes en el EIA, hicieron lo propio formulando diversas objeciones y exigencias de aclaraciones, precisiones y rectificaciones ante el insuficiente estudio presentado por ENDESA. A partir de estos antecedentes, la Conama solicitó entonces formalmente a la empresa un primer Addendum para corregir las fallas. Esto produjo en ENDESA una intensa molestia, hasta el punto que su estado de ánimo "se filtró" a ciertos medios escritos, el 28 de agosto, en tanto el tema Ralco ya era objeto de importantes controversias públicas. Esto hizo que el 30 de agosto de 1996 la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, entregase una Declaración Pública en donde formuló importantes precisiones sobre los procedimientos normalmente seguidos en el proceso de evaluación de impacto ambiental de grandes proyectos, "en particular, sobre aquellos sometidos voluntariamente se dice en la minutaal sistema". En resumen la Conama señaló que su rol es la coordinación de los distintos organismos públicos en materia ambiental, especialmente en relación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La Conama, en su respuesta pública a ENDESA señaló que la ventanilla única y los plazos acotados para calificar un proyecto son elementos sustantivos de la Ley 19.300. Que el EIA es su responsabilidad y que por lo tanto, de acuerdo al artículo 24 de dicha Ley, la Conama se pronuncia sobre la viabilidad de los proyectos en base a los Estudios que se le presentan. "En relación a la polémica suscitada por el EIA de la Central Hidroeléctrica Ralco, la Conama no ha hecho otra cosa que atenerse rigurosamente a los procedimientos establecidos y al espíritu de la Ley 19.300, lo cual siempre estuvo en conocimiento de la empresa, desde el momento que se sometió voluntariamente al sistema de EIA. Sorprende, por lo tanto, los comentarios de la empresa, trascendidos en un medio de comunicación escrito, que reflejan aparentemente un desconocimiento por parte de ENDESA del EIA, que obliga a la Conama a señalar las deficiencias o insuficiencias de un EIA y a exigir las rectificaciones necesarias para proceder al otorgamiento de los permisos que la Ley le faculta". ENDESA cuestionaba en su trascendido el derecho de la Conama y de otros Servicios Públicos a exigir información adicional y corregir su proyecto. De acuerdo a la Ley, si los proyectos no cuentan con tal información, los Servicios no podrían comprometer posteriormente los permisos sectoriales correspondientes. Para la Conama, la exigencia de un Addendum implicaba "la continuación de un diálogo con la empresa para lograr un EIA técnicamente correcto". Dice la declaración de Conama: "Por ejemplo, la empresa plantea que se ha solicitado información exagerada respecto del impacto en el cauce del Río Bío Bío. Conviene aclarar que la validez de analizar este impacto no es menor, y es universalmente aceptada en proyectos de esta naturaleza. Las eventuales modificaciones en los flujos de un río como éste no sólo tienen impacto potencial en la flora y fauna íctica, sino también en las actividades productivas que consumen agua, aguas abajo del proyecto (...) "Lo que la Conama ha hecho es exigir la aclaración, rectificación y ampliación de aspectos deficientes del EIA, según la evaluación hecha por el conjunto de servicios públicos. (...) "El trascendido de prensa mencionado se hace cargo de un porcentaje muy bajo (del orden de un 5%) de las observaciones hechas por Conama; de otros hace una interpretación errada. En ningún

caso, se ha solicitado a la empresa estudios académicos, sino lo habitual según lo que las metodologías reconocidas internacionalmente exigen, tales como las utilizadas o propuestas por el Banco Mundial. (...) "Lo más conveniente en este momento es retomar el cauce técnico del diálogo, de manera que este proyecto, indudablemente complejo en muchos planos, tenga la oportunidad de solucionar los aspectos que no han sido abordados desde una perspectiva ambiental adecuada (...) "Es importante destacar la importancia que el eventual Addendum, en lo que se refiere al Plan de Reasentamiento requerirá de un proceso de participación ciudadana adicional, debido a que los elementos fundamentales de éste no fueron presentados formalmente en la primera versión del estudio. Esta es una condición a la que la autoridad, de acuerdo a la Ley, no puede renunciar, considerando el impacto potencial sobre minorías étnicas. "Por otra parte, en estos temas siempre debe tenerse presente que el futuro ambiental de los proyectos tendrá necesariamente un impacto en el desarrollo futuro del país. Uno de los factores con que la competitividad de nuestra economía exportadora está siendo evaluada crecientemente en el mercado internacional, es su nivel de protección del medio ambiente y el cumplimiento de la legislación respectiva; cumplir con ello evitará que se nos acuse de amparar prácticas de dumping ecológico, que finalmente constituyen una agresión contra la integridad de nuestros recursos y nuestro territorio. No es conveniente que el país aparezca subsidiando una generación de energía cuya localización es motivo de conflictos mayores con el medio ambiente y la comunidad, en una economía globalizada, cada vez más preocupada por la sustentabilidad del desarrollo. Y sobre todo, no podemos comprometer nuestro auspicioso posicionamiento internacional, que podría verse lamentablemente afectado por un proyecto que, tal como está formulado, aparece atentando contra un tema tan sensible en la opinión pública internacional como es el respeto a los derechos de las minorías étnicas'. (Fuente: Declaración Pública de Conama del 30 de agosto de 1996). En 1990 se inició el período voluntario de Estudios de Impacto Ambiental. Al mes de agosto de 1996 se habían analizado 145 proyectos: 70 fueron aprobados con una inversión de US$ 10.700 millones de dólares. Sólo 4 proyectos habían sido rechazados. Otros estaban en evaluación. Se cumplía así una instrucción presidencial en cuanto a hacer operativa una institucionalidad que velase por la normativa ambiental vigente que el país había adoptado sin detener el desarrollo económico que el país necesita. Hacia mediados de 1996 era evidente que la totalidad de los Servicios Públicos consultados por Conama en relación al EIA de Ralco, incluida la Conadi, habían manifestado una serie de reparos de fondo y necesidades de mayor información, lo que indica que dicho estudio, tal como lo señaló la Conama era, franca y definitivamente deficiente. ENDESA, a pesar de sus trascendidos de prensa, tuvo que allanarse a la exigencia de formular sus precisiones a través del Addendum exigido. Programa de Defensa del Patrimonio Cultural Indígena La Conadi presentía que en los meses siguientes a mayo de 1996, vendría un período en que el tema Ralco se levantaría en el horizonte como un problema de gran envergadura, que pondría en juego la Ley Indígena, a la propia Conadi y las relaciones del mundo indígena con el Estado y la sociedad. Sin embargo, aun no se sospechaba su verdadero impacto en estos ámbitos. Los profesionales de la Unidad de Estudios y los Directivos de la Corporación realizaron en 1996 un proceso interno de discernimiento acerca de los contenidos que habría que considerar en la defensa del patrimonio cultural de los Pueblos, entendiendo que lo de Ralco era sólo la expresión de muchos otros problemas que conllevan los megaproyectos en su relación con el mundo indígena. El año 1997 sería expansivo en ese sentido. Al efecto, entonces, el Departamento de Desarrollo preparó una propuesta de trabajo que se tituló Programa de Defensa del Patrimonio Cultural Indígena, en donde se abordó un enfoque desde la perspectiva de los Derechos Humanos, reconociéndose, entre otros, el Derecho al Desarrollo, al Medio Ambiente y los Derechos de los Pueblos Indígenas, derechos que tienen como titulares a las personas y a los grupos humanos en su dimensión social y cultural. Al analizar los roles de Conadi y sus obligaciones legales emanadas de la Ley Indígena, la propuesta dio cuenta de la dificultad que se presenta a nivel de la coordinación con otros organismos del Estado, "por la insistencia de una práctica política tradicional, excluyente y homogeneizante, interpretada como un desconocimiento acerca de la existencia de los Pueblos

Indígenas y de la actual Ley, situación que a su vez es un reflejo de lo que se observa en la sociedad civil en general, donde el asunto indígena es visto como un problema puntual de las regiones o localidades del país con presencia indígena. "Ante esta dificultad la Corporación aporta elementos a la discusión acerca del desarrollo y de una sociedad multicultural, lo cual se traduce en su tarea de sensibilizar al aparato público y a la opinión pública respecto al reconocimiento de la diversidad cultural. Porque no puede existir democracia, desde el punto de vista de los propios sectores postergados como son los Pueblos Indígenas, si no se crean además los espacios y posibilidades que aseguren el derecho a la igualdad con respecto a la diversidad cultural" (Fuente: Documento titulado "Programa de defensa del patrimonio cultural indígena"). La Corporación, en 1996, alentaba la idea de que los Pueblos Indígenas pueden y deben introducir nuevos elementos que favorezcan la tarea de marcar una nueva entrada al debate sobre modernización y desarrollo con identidad. Se destacaba también la importancia de la participación activa de los Pueblos originarios en la búsqueda y establecimiento de nuevos marcos de interpretación y diseño de estrategias para el cambio de su realidad, materia considerada como incipiente y potencialmente relevante. A partir de este esquema básico se apeló entonces a un conjunto de Derechos, entre los cuales destaca el Derecho al Desarrollo y el Derecho al Medio Ambiente. El programa indicó que el derecho al desarrollo es todavía un concepto en formación. "Sin embargo podemos señalar que la relevancia de este derecho radica en que es de un carácter superior al conjunto de derechos humanos, porque innova en la forma de pensar la vida, la libertad, la participación y la institucionalidad". Se reconoció que en la transición democrática Chile ha alcanzado un importante grado de estabilidad política y financiera. Esto permite, a juicio del programa, que la inversión extranjera concentre sus intereses en objetivos bastante específicos de recursos naturales como son los bosques, los recursos marinos, mineros y turísticos, amén del potencial que representa el recurso hidroeléctrico. Todo ello no da cuenta, sin embargo, de las insuficiencias del Estado para incentivar procesos de regulación social para este tipo de inversiones, como también de las incapacidades de la propia sociedad civil de influir decididamente en la toma de decisiones públicas. En relación al Medio Ambiente el documento tiene una conclusión tajante: "La experiencia observada en otros países demuestra que los modelos de desarrollo basados en la extracción y exportación de recursos naturales, si bien pueden producir ganancias en el corto plazo, ponen en serio peligro la sustentabilidad del desarrollo, hipotecando a las futuras generaciones". A partir de estas apreciaciones el Programa se propone entonces fomentar el reconocimiento, respeto y protección de las culturas indígenas; fomentar la inclusión de los propios indígenas en la búsqueda de solución a problemas específicos que los afecten en alguna de las líneas definidas para el programa, con capacidad propositiva; favorecer el crecimiento integrado y armónico en la comunidades y áreas silvestres protegidas; difundir el respeto de las culturas indígenas y participar en procesos de definición de políticas de estas áreas en conjunto con Conaf y Ministerio de Agricultura. Este trabajo interno demuestra que existía en la Corporación, en sus directivos y profesionales, una consistente y correcta intuición política, jurídica y valórica. Durante la semana del 23 al 27 de septiembre de 1996, se reunieron en la oficina de Conama en Santiago, los representantes de ENDESA y personal de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, con el objeto de revisar el "'Informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones al EIA del proyecto central hidroeléctrica Ralco", cuyo contenido estaba constituido por el conjunto de objeciones y solicitudes de aclaraciones de parte de todos los organismos consultados. La revisión consistió en el análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos observados como deficientes por distintos servicios públicos. Para ENDESA, de acuerdo a su minuta de presentación del Addendum, las observaciones formuladas por Conama corresponderían principalmente a "simplificaciones y rectificaciones de datos puntuales y actualizaciones del diseño general del proyecto". En relación al marco de referencia legal y administrativo del proyecto, ENDESA comprometió una descripción de las medidas en el Addendum, señalándolas en la forma que corresponde para cada servicio público.

Su informe lo acompañó con un cuadro denominado "Normativa ambiental aplicable al proyecto central hidroeléctrica Ralco", en donde se describen los normas que el proyecto debe cumplir. Se incluyó una nómina de Servicios Públicos y el tipo de permisos requeridos. Es interesante señalar cuántos son los Servicios que participaron en la calificación ambiental propiamente tal y los tipos de permisos otorgados según la normativa vigente. Enero de 1997: Informe de Evaluación Económica encomendado por Conadi Con motivo del Addendum 1 de ENDESA, la Dirección de Conadi se esmeró en proveerse de la mejor documentación y del análisis más riguroso posible, orientándose a mantener la postura institucional señalada en el Informe de Observaciones preliminar. En el mundo indígena existían sobradas inquietudes sobre lo que acontece en el Alto Bío Bío. El tema estaba aun restringido a segmentos públicos informados y no necesariamente al gran público. El proceso de tratamiento de Ralco estaba situado todavía en ámbitos acotados del Gobierno y sus organismos públicos incumbentes, centros académicos, ONGs ambientalistas y dirigencia indígena...Será a partir de mediados de 1997 y durante 1998 cuando el tema irrumpe en la discusión pública con toda su fuerza. Para las autoridades era más o menos evidente que el estudio de impacto ambiental de Ralco, con el conjunto de severas observaciones formuladas por diferentes organismos públicos había entrado en una fase muy compleja. El Informe de Observaciones de la Conadi fue conocido por las autoridades ambientales; fue analizado y se percibió que algo distinto había en su tenor, pero como todavía faltaba tiempo para que el Consejo de Conadi formulase su eventual aprobación de permutas, y a juicio de la autoridad ése era su cometido y no otro, se subentendía que lo primero que debía resolverse bien y con eficiencia era el logro de la certificación ambiental que debía otorgar la Conama. En ese contexto nos acercamos entonces a 1997. Entre septiembre y diciembre de 1996, la Dirección Nacional de Conadi encomendó a Risopatrón Consultores, organismo privado, especializado en temas de economía y valoración de Impactos Ambientales, un completo estudio orientado a la "Valoración Económica de Propiedades en el Área de Ralco, en el Alto Bío Bio". Su contenido fue inspirador para la reflexión institucional de la Corporación y ayudó a formular el segundo informe de Conadi, semanas después, en marzo de 1997. En el capítulo correspondiente a los Antecedentes Básicos, Risopatrón efectuó un análisis pormenorizado de los aspectos formales que implica el proyecto Ralco, el que a su juicio "constituye un precedente crucial para determinar la efectividad de la actual Ley Indígena No 19.253, y la futura relación de sus beneficiarios con el actual Gobierno". Para respaldar su afirmación, Risopatrón realizó un examen del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por 27 Estados miembros, 14 de ellos latinoamericanos, y que establece normas mínimas para una relación armoniosa entre Pueblos indígenas y países, compatible con los instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación. Sobre el particular, el consultor señaló lo siguiente: "Al examinar el proyecto Ralco a la luz del Convenio 169 se observa que éste establece que los derechos de estos pueblos a los recursos naturales existentes deberán protegerse, en particular el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de estos recursos. "El Convenio establece que los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. Cuando el traslado y la reubicación se consideren necesarios sólo deberán efectuarse con su consentimiento, en caso contrario, sólo debe ejecutarse al término de procedimientos establecidos por la legislación nacional en que los interesados puedan estar representados". La ratificación del Convenio 169 por parte de Chile está aun pendiente, aun cuando está contemplada en los compromisos del programa de Gobierno del Presidente Frei. En junio de 1998, con motivo de la Declaración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, el gobierno anunció que daría extrema urgencia al proyecto respectivo. A marzo de 1999 tal iniciativa continuaba pendiente... En el segundo capítulo los consultores efectuaron un análisis de "Los impactos económicos del proyecto". Señalaron que la evaluación de impacto ambiental del proyecto revela una importante confusión entre la legislación ambiental y la ley indígena en lo que dice relación con la protección jurídica de estas propiedades, pues "no cumple con determinar el valor ambiental del territorio

como lo establece la Ley 19.300. Por otra parte, las medidas de mitigación, reparación y compensación propuestas en el EIA no son apropiadas para compensar los impactos ambientales adversos del proyecto77. "La población no relocalizada supuestamente no afectada, en la práctica vería afectado su sistema sociocultural y su red de intercambio económico en forma importante". "El sistema económico local, basado en estrategias de economías de subsistencia consistente en pastoreo y recolección debería ser fuertemente afectado. El territorio étnico afectado incluye no sólo las hectáreas, sino a los lugares de Nguillatún, cementerios indígenas y otras referencias sociales y culturales difíciles de valorar por una transacción de predios. La construcción de la central implicará además el cambio de la estructura demográfica con un incremento de la población masculina no mapuche en edad económicamente activa. Los impactos negativos sobre los recursos históricos y arqueológicos son desconocidos según el EIA". En el tercer capítulo de su informe, abordaron las Propuestas de Compensación que propuso ENDESA en el marco de solicitudes de permutas. En relación a las permutas de tierras se indicó que: "La estrategia de la empresa es adquirir los predios por negociación directa. Otras compensaciones son servidumbres no monetarias de ocupación para las propiedades donde no se compromete la vivienda ni el terreno para el sustento familiar, y una compensación monetaria y proporcional al costo económico derivado de las limitaciones por el uso del suelo para el tendido eléctrico. Un tema de importancia central para este estudio es la compensación global a las comunidades pehuenches por los impactos económicos, sociales y culturales basados en un programa de desarrollo de largo plazo. La propuesta de la empresa es que esta compensación sea ejecutada por la Fundación Pehuén. El libre acceso al Fundo El Barco, de propiedad de ENDESA, que comprende una superficie de 19.000 has junto a la localidad de Chenqueco es presentado por la empresa como una compensación por la vegetación inundada. "En el mismo estilo la empresa presentaba como compensaciones la realización de estudios científicos de reproducción de especies nativas y peces, y la difusión de la información de estudios arqueológicos recomendados. Sin embargo, estos tres argumentos no corresponden en la práctica a reales compensaciones por los costos internalizados por las comunidades, sino que son funcionales a las necesidades del proyecto hidroeléctrico". A partir de estos elementos, los consultores sugieren entonces los fundamentos de una adecuada política de compensaciones para este tipo de permutas: "Las mitigaciones de impactos ambientales son recomendadas cuando el costo a la comunidad local es colectivo, en este caso la reducción o eliminación del impacto negativo es percibido por toda la comunidad como una compensación ambiental. "Las alternativas y posibilidades de compensación pueden ser organizadas calculando el costo esperado neto de un proyecto hidroeléctrico para un miembro de la comunidad local. El costo esperado neto se obtiene de la suma de cada uno de los costos, ponderados por la probabilidad del individuo de ser afectado por ese costo, menos la suma del valor de los beneficios, ponderados por la probabilidad del individuo de recibir cada beneficio, menos los pagos en dinero recibidos como compensación. El propósito de un esquema de compensaciones es reducir a un mínimo este costo esperado neto (...). "El uso de compensaciones basadas en la creación de áreas protegidas y programas de forestación ha demostrado ser un mecanismo exitoso solamente cuando va asociado con beneficios a las comunidades locales impactadas por el proyecto hidroeléctrico. En la medida que los recursos renovables son más escasos, la oposición ideológica y ambientalista es incorporada por las comunidades locales (...). "La esencia del esquema de compensaciones exitoso es hacer que la comunidad local esté más dispuesta a aceptar un proyecto hidroeléctrico por su propio balance entre costos y beneficios, y no por forzarlos a aceptar el proyecto contra su voluntad. "Es importante que las compensaciones sean discutidas y acordadas públicamente antes o durante la etapa de factibilidad económica del proyecto, de manera de evitar correcciones en la etapa de ejecución u operación del proyecto". En el informe, en toda su extensión, se hace un análisis de la Fundación Pehuén, que no difiere sustancialmente de lo ya examinado por el Informe Downing', se describe las características básicas de las causas de conflicto entre hidroeléctricas y comunidades; se evalúan las alternativas

de compensación probable; se formula un componente conceptual sobre compensaciones y equidad; se describen algunas fórmulas básicas de negociación de compensaciones; se analizan largamente experiencias similares en otros países y se abordan las opciones energéticas existentes y se formulan interesantes criterios para establecer una evaluación socio-económica del proyecto Ralco. "Desde un punto de vista estrictamente económico no existen antecedentes suficientes para afirmar que la construcción de una central hidroeléctrica de 570 MW en Ralco, sea la solución económica óptima para proveer de energía eléctrica a la economía chilena en el mediano plazo. La diferencia entre el costo de inversión privado del proyecto y el costo privado de satisfacer a la demanda eléctrica con generación térmica por gas natural es de sólo US$ 4,1 millones de dólares. La empresa ha publicado en la prensa que está dispuesta a pagar al menos US$ 25 millones de dólares para solucionar y mitigar los problemas ambientales de Ralco. Considerando que las plantas de ciclo combinado a gas natural cumplen con las normas ambientales a un mínimo costo adicional como lo demuestra la aprobación de las termoeléctricas de Renca y Quillota, entonces el costo ambiental y socioeconómico del proyecto, reconocido por la empresa, es muy superior a la diferencia entre el costo privado entre el proyecto Ralco y su mejor alternativa. En consecuencia, es posible afirmar que la alternativa termoeléctrica al proyecto Ralco provee al menos, el mismo beneficio económico neto a un menor costo económico para la economía chilena". (Las cursivas son del autor). El Informe efectuó también un análisis del Costo Económico de Inversión. Se señaló al respecto que "el costo económico para el país de la ejecución de Ralco corresponde al costo privado del proyecto, más el costo de oportunidad de los beneficios de sus usos alternativos, los cuales avanzan un rango mínimo de US$ 249.896.292 dólares y un máximo de US$ 708.647.835 dólares. Como el costo privado es cercano a los US$ 500 millones de dólares, el costo económico base del proyecto para la economía chilena estará en el rango de US$ 749.896.000 dólares y US$ 1.208 millones 647 mil dólares. Se ha estimado que con estos recursos es posible, al menos, duplicar la capacidad de generación eléctrica propuesta por el proyecto mediante alternativas termoeléctricas". Citando resultados de la evaluación de ambos proyectos publicada por la Comisión Nacional de Energía para el período 1996-2000, Risopatrón señaló que, en definitiva, "la represa de Ralco genera mayores costos económicos que una planta a gas natural". Para calcular el valor económico de un recurso estratégico como la cuenca del Bío Bío, los consultores propusieron a Conadi en enero de 1997 considerar su valor de uso actual, más su valor de opción, más su valor de existencia. "El valor de uso incorpora todos los beneficios que obtienen los actuales usuarios de los recursos de la cuenca. El valor de opción incorpora a todos los beneficios potenciales que se reflejan en la disposición a pagar por la preservación de los recursos renovables. El valor de existencia es la disposición a pagar para preservar el recurso para el beneficio de terceros (generaciones futuras y etnias locales). "El valor económico total del Alto Bío Bío surge de su irreversibilidad, su incertidumbre y su unicidad. Irreversibilídad porque si el activo no es preservado, entonces los tres valores que forman el valor total del activo conservado en su estado natural (uso, opción y existencia) serán eliminados. Incertidumbre, porque es extremadamente alta la probabilidad que el valor económico futuro de este activo sea mayor en el futuro debido a su creciente escasez relativa. Unicidad, porque las mediciones económicas de valores de existencia se relacionan con vistas escénicas únicas y con grupos étnicos indígenas, en cuyos casos la teoría económica sugiere mantener un equilibrio entre preservación y crecimiento económico". En el capítulo correspondiente a la Metodología de Valoración Económica los consultores indicaron, a lo menos, cuatro componentes de extrema importancia para tener en cuenta una adecuada compensación: el costo económico total, los valores económicos y financieros, la sustentabilidad económica y la metodología correspondiente. Básicamente estos temas se orientan a la consideración de los costos directos que se relacionan con la inversión inicial y la administración del proceso productivo, los costos indirectos por los daños ocasionados por la utilización de los recursos renovables y los costos de oportunidad por la pérdida de potenciales beneficios que se pierden cuando una actividad económica es irreversible. Se trata también de cautelar que los beneficios netos privados no sean distintos de los beneficios netos sociales, o que

éstos, en definitiva, sean mayores que los primeros. El criterio de sustentabilidad, de acuerdo al informe, implica que los daños netos (costos ambientales menos costos beneficios ambientales) del proyecto sean menores o iguales a cero. Y debe resguardarse que el monto financiero de este proyecto ambientalmente compensatorio sea equivalente al valor presente neto de los costos o beneficios ambientales de los proyectos que causan impacto ambiental. Luego de efectuar un análisis detallado de los impactos producidos por otros proyectos privados de centrales hidroeléctricas, los consultores concluyeron su análisis con un examen del valor económico de la existencia de recursos de Ralco; el valor de producción agropecuaria de las comunidades pehuenches de Ralco; el costo de oportunidad de actividades deportivas o turísticas y otros valores a ser considerados en una negociación. El detallado análisis de la Consultoría de Carlos Risopatrón es de mucha importancia para la reflexión institucional de la Dirección de Conadi en enero de 1997. Estaba en pleno proceso el estudio del Addendum 1 de ENDESA entregado a Conama y se preparaba el Segundo Informe de la Corporación, cuya fecha estimada de presentación se cumplía en marzo de 1997. El estudio de Risopatrón demostró que la Conadi venía siguiendo un análisis meticuloso de los principales contenidos del proyecto Ralco. Lo que quedaba en evidencia, con este tipo de estudios independientes, era la complejidad del proyecto, sus impactos en el ecosistema del Alto Bío Bío y, en particular, los tremendos efectos que este proyecto tendrá sobre la Etnia Pehuenche, lo que aumentó las cautelas de los profesionales indígenas de la Corporación. ^ Marzo de 1997: el segundo informe de la Conadi El 7 de marzo de 1997 el Director Nacional de la Corporación de Desarrollo Indígena, Mauricio Huenchulaf Cayuqueo envió a la Directora de la Conama, Vivianne Blanlot, el Oficio No 08/80 remitiendo la opinión oficial de Conadi en relación al "Addendum del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, incluyendo el documento denominado "Divulgación y consulta a los afectados"". Es un extenso oficio de 25 páginas, cuya copia fue enviada a su vez a diversos Ministros de Estado y Jefes superiores de Servicios Públicos incumbentes al proyecto, un total de 25 autoridades nacionales. El resultado final de este Informe encendió varias alertas en instancias superiores del Ejecutivo. En efecto, cito las importantes observaciones con que termina el Oficio 08/80 de Conadi: "A modo de conclusión, los antecedentes expuestos ameritan nuestra recomendación de rechazar en su integridad el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, en virtud de no dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Bases del Medio Ambiente y del artículos 1° y 13° de la Ley Indígena. Es decir, en virtud de tratarse de un proyecto ilegal en el cual no puede comprometerse el Estado". ¿Qué llevó a la Dirección Nacional de Conadi bajo la Presidencia de Huenchulaf, a esta conclusión? El Informe de Conadi dio cuenta de un extenso y fundamentado proceso de investigación y estudio. En el primer capítulo se hace un examen de la inclusión del proyecto de la Central en el Plan de Obras de la Comisión Nacional de Energía (CNE), señalándose que no se percibía la conveniencia del proyecto, independientemente de haber sido declarado en construcción por parte de ENDESA. La Corporación indicó que al adelantar la construcción de Ralco, del 2006 al 2002, el país incurriría en un costo adicional de US$ 36,3 millones de dólares, en circunstancias que tomando como referencia el Plan de Obras de la CNE, de marzo de 1996, la alternativa de usar dos centrales de ciclo combinado (gas natural), en reemplazo de Ralco, le cuesta al país sólo US$ 4,14 millones de dólares adicionales. "Por los antecedentes expuestos, consideramos que no se presenta una justificación apropiada del proyecto que involucre sus reales costos económicos, sociales y ambientales para el país, pese a existir antecedentes y un debate público abierto sobre la materia, en el cual la propia ENDESA ha participado". El capítulo II del Informe de Conadi abordó el tema denominado Línea de Base del proyecto. Se refiere a las áreas de influencia, clima y meteorología, suelos, paisaje y estética, áreas de riesgo, aspectos sociales y estructurales de relaciones primarias y organización social y cultural. En referencia al Área de Influencia señaló que no se aprecia el destino de 470 familias no indígenas que serían afectadas por el proyecto. (En noviembre de 1998, sólo un tercio de estas familias fueron incorporadas improvisadamente en una propuesta de extensión de los beneficios que la ENDESA ofrece a cambio del proyecto).

También se hace mención a la presión extractiva de la industria forestal. De acuerdo a una evaluación ambiental sobre Pangue, realizada en 1991, tres comunidades pehuenches (Callaqui, Pitril y Quepuca Ralco) poseían en conjunto 30.350 hectáreas de bosques, de las cuales 11.000 eran renovales jóvenes, intervenidos o bosques de Araucaria. De acuerdo al Informe Downing, entre 1988 y 1994 estas comunidades perdieron entre 3.700 y 6.850 has de bosque como efecto del corte industrial de árboles nativos. Como resultado de ello no hubo forestación alguna. "Desde 1991 dice Downing- la tasa de deforestación parece estar entre 1,3 y 8,5% por año, una preocupante tasa para cualquier ecosistema humano sin reforestación". En relación a este tema el informe de Conadi es taxativo para denunciar las irregularidades que se cometen en el Alto Bío Bío. Los intermediarios forestales (entre 20 y 30 grupos) toman ventaja ofreciendo a los pehuenches agilizar sus trámites para conseguir planes de manejo forestal. A cambio, acuerdan cosechar el bosque y le cancelan un porcentaje al propietario indígena. Luego, con subcontratistas y maquinarias proceden a cortar el bosque. Estos no reforestan debido a que esa responsabilidad recae en los pehuenches propietarios de las tierras. Al constituir talas ilegales de bosques, los indígenas encaran multas y hasta riesgo de cárcel ante la imposibilidad de pagar. Técnicamente han cometido "delito". Dice el informe de Conadi: "Si la apertura de cerca de 30 kilómetros de caminos en la cuenca del Bío Bío, a que hace referencia el "Informe Consolidado", se lee a la luz de estos antecedentes y a ello se suma que cerca de 3.000 hectáreas de Bosque Nativo serán inundadas por el embalse contemplado en el proyecto, se puede concluir que el tema de la presión forestal sobre las Reservas Nacionales de Ralco y Nalcas no ha sido tratado en el Estudio de Impacto Ambiental y su Addendum con la profundidad que se requiere".(...) El punto sobre Clima y Meteorología está relacionado con el Fundo El Barco. El informe de Conadi indica que es imposible afirmar que las condiciones climáticas prevalecientes en este Fundo sean semejantes a las existentes en las veranadas y señala que el tema es de mucha relevancia pues se relaciona directamente con la integridad física de los indígenas que pudiesen ser reasentados en dicho Fundo. El tema Suelos hace referencia a la caracterización productiva de los suelos trumao en relación con aquellos de carácter aluvial. El informe dice: "No hay una caracterización acabada del estado del recurso suelo para cada sector, superficie afectada, grado y tipo de deterioro para cada tipo de propietario indígena. No se presenta una evaluación de los factores que estarían incidiendo en las bajas productividades de los cultivos. La calidad del recurso suelo no es contrastada con otras hipótesis que explicarían la baja productividad, relacionadas con factores climáticos, fertilidad del suelo, problemas fitosanitarios, variedad y calidad de la semilla utilizada... Tampoco se hace referencia a las técnicas de manejo de suelos que pueden estar incidiendo en los resultados de la familia pehuenche". Sobre Paisaje y Estética el Informe de Conadi nota la ausencia a referencias a actividades turísticas que se desarrollen en el área; proyectos turísticos que el sector público o privado tienen previstos para el área; circuitos turísticos que se realizan en el área y sitios involucrados en su recorrido y la contribución de las Reservas Nacionales de Ralco y Nalcas a ellos. "El Estudio de Impacto Ambiental y su Addendum no se hace cargo de este diagnóstico y sus probables impactos. Lo mínimo hubiera sido dar cuenta de la actual dinámica del mercado inmobiliario en las orillas del futuro embalse de Central Pangue, donde ya se ha procedido a realizar loteos para viviendas de veraneo, y de la situación que al respecto han vivido las personas y comunidades indígenas adyacentes, como las que se encuentran reclamando la propiedad del Fundo El Avellano, a orillas del embalse de la Central Pangue. "No se especifican las fluctuaciones del agua del embalse y su impacto en la franja árida para determinar mejor los efectos paisajísticos y la verdadera aptitud turística del lugar, para aquellas familias pehuenches que quedarían localizadas a orillas del eventual embalse de la Central Ralco". En relación a las Áreas de Riesgo Conadi señala, simplemente, la ausencia de la cartografía que relacione zonas de riesgo y asentamientos indígenas. Y en el punto vinculado a los Antecedentes Generales de Población, el informe de Conadi indica: "No se considera en la línea de base como área de influencia a las siete comunidades del Alto Bío Bío, como se solicitó expresamente, dada la fuerte interrelación existente entre ellas, que constituye una característica esencial de su cultura y sistema de vida.

"No se entrega el listado detallado de la superficie y porcentaje de tierras totales, por cada familia pehuenche, de la totalidad de las comunidades de Quepuca Ralco y Ralco-Lepoy. El listado se restringe a las familias afectadas. Tampoco se entrega la cartografía solicitada en escala 1:20.000, en coordenadas UTM, como se solicitó. No se entrega un detalle de la superficie y porcentaje de tierras con cultivos y huertas destinados al autoconsumo por cada familia pehuenche de la totalidad de las comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy. No se entrega la localización de las viviendas de cada familia pehuenche que se encuentra en el área de influencia directa e indirecta del proyecto. No se establece durante cuánto tiempo se mantiene cerrado el camino por nevazones o corte de las vías debido a otros factores durante el invierno. "No se presenta el impacto para los pehuenches que quedarán en las cercanías del lago artificial, derivados de procesos de licuefacción y deslizamientos, originados en la existencia misma del embalse. Tampoco se presenta cartografía sobre el particular, que permita relacionar zonas de riesgo y comunidades indígenas". Los Aspectos Sociales y Estructurales de relaciones primarias fueron observados con especial detenimiento por parte de Conadi en el informe de marzo de 1997, señalándose que no se entregaron los antecedentes sobre el número de familias indígenas que acceden a los recursos de la Reserva Nacional Ralco; la distancia y vías de acceso y si todos están, por ello, en condiciones de participar en su uso: "No hay una referencia exacta a la composición de la masa ganadera, especies, número de cabezas de ganado y animales de laboreo para cada familia indígena". En materia de Organización Social y Cultural se dice que no se presenta un análisis del impacto de los programas de la Fundación Pehuén en la calidad de vida de las comunidades sujetas a ellos. Que no se informa sobre la frecuencia y temporalidad de las visitas a cementerios actuales y sobre quiénes concurren a ellos, residentes o no. En capítulos subsiguientes el Oficio 08/80 de Conadi, de marzo de 1997, abarcó situaciones más específicas aun, relacionadas con el Addendum I de ENDESA. Dio cuenta de los problemas detectados en relación al tema de la Población, aspectos socio-económicos y calidad de vida, indicando que no hay detalle del impacto diferencial de contratación de mano de obra para aquellos pehuenches que se relocalizarían en el Fundo El Barco, con peores condiciones de accesibilidad respecto a aquellos que permanecerán en sus actuales predios en Ralco. "Tampoco se prevé como impacto la alta valorización de los bordes del eventual embalse y las presiones que pueden sufrir los pehuenches por parte de especuladores del mercado inmobiliario orientado al turismo, como ya ha ocurrido en otras zonas del país, y que se traduce en transacciones fraudulentas que perjudican a los indígenas". En relación al Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Ralco el informe de Conadi destacó que el Estudio respectivo no hace referencia a programas ni proyectos financiados por ENDESA destinados a fomentar el aprovechamiento turístico del eventual embalse por parte de los pehuenches. Y en relación al Fundo El Barco, señaló que dicho fundo fue propuesto como "medida de mitigación ecológica por la pérdida de 3.000 has de bosque nativo que quedarían bajo inundación" o que serían afectadas por las obras. "No obstante, en el Addendum 1 se presenta abiertamente el Fundo El Barco como espacio para la relocalización de las familias pehuenches afectadas por la inundación de sus invernadas". El tema del Fundo El Barco es de vital importancia para comprender las profundas objeciones formuladas por Conadi en marzo de 1997 y ratificadas posteriormente por la nueva Dirección Nacional. Originalmente, se entendía que dicho fundo compensaba en términos ecológicos la pérdida de bosque nativo, pero en la práctica fue destinado casi íntegramente a la relocalización de familias pehuenches. Se trata de un fundo con una superficie de 19.000 hectáreas, de las cuales sólo un porcentaje menor representa algún grado de sustentabilidad en precarias condiciones, lo que fue comprobado por Conadi en terreno. Conadi puso en duda también la capacidad de carga animal de 600 U.A. indicada para este fundo, agregándose a ello los informes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que apuntaron a la nula aptitud del fundo para fines de eventual reasentamiento. En términos históricos, en 1970 el fundo Guayalí fue parcelado y expropiado para asentar a los actuales colonos de la zona. Ya en esa fecha El Barco fue mantenido en propiedad privada debido a que carecía de condiciones para asentamientos humanos...

Otro aspecto importante abordado por el informe de Conadi, en marzo de 1997, fue el relativo a la metodología de tasaciones prediales para el plan de relocalización, es decir, los instrumentos y parámetros empleados por ENDESA para establecer el valor de los terrenos. Al respecto, Conadi señaló: "La metodología empleada no constituye herramienta válida desde el punto de vista de la teoría económica y de la práctica comercial inmobiliaria, tal como le toca constatar a la Conadi en las negociaciones tendientes a la compra de cualquier predio reclamado por comunidades indígenas. Lo anterior, no sólo porque el avalúo fiscal tiende sistemáticamente a subvalorar las propiedades, sino también por el hecho que un predio reclamado por las comunidades indígenas por razones históricas y culturales, presenta un valor único que ha obligado sistemáticamente a pagar una cantidad superior a la de mercado. "En nuestro parecer, la proposición de que las tierras pehuenches constituyen un activo único en el Alto Bío Bío queda corroborada por el propio estudio de capacidad de uso de suelos anexados al Addendum 2, donde se aprecia que las mejores tierras del fundo El Barco no contienen suelos de clase IIIª y IVª. La metodología de tasación propuesta por ENDESA, que valora tierras del valle central a precios del año 1979, actualizados por inflación, y hace referencia procediendo a realizar un descuento según distancia por camino pavimentado y camino de tierras, y luego por altitud, sólo sirve para comparar lo incomparable. "En teoría económica la existencia de un atributo único en el recurso natural, permite al propietario capturar una cuasi-renta monopólica, derivada de la posesión de un activo específico para el proyecto. A mayor abundamiento, en una transacción privada con plena información, los propietarios podrían capturar la diferencia entre la renta normal y la renta económica del recurso. En lo anterior, no estamos considerando en absoluto externalidades sociales ni ambientales causadas por el proyecto y a las que ENDESA debería responder con medidas de mitigación y compensación correspondientes". Luego de abordar una propuesta propia de aplicación metodológica de un estudio de valorización amparado en diversos instrumentos gubernamentales y no gubernamentales, el oficio 08/80 de Conadi abordó una "Opinión global sobre el plan de relocalización propuesto en el Addendum al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Ralco". Es, probablemente, el contenido más decidor en el planteamiento institucional porque abordó los aspectos jurídicos relacionados con las permutas y servidumbres de tierra indígena; formuló un análisis etnográfico; expuso sobre el Plan de relocalización y la manifestación de intenciones de los Pehuenches. En relación al tema de permutas y servidumbres, el informe señaló lo siguiente: "ENDESA vuelve a insistir, aunque con mayor claridad, en la tesis de la permuta y las servidumbres. Siendo explícita la afectación de la casa-habitación de las familias y pudiendo deducirse que se comprometen terrenos necesarios para la subsistencia, se debe señalar que expresamente la Conadi no está autorizada legalmente para aprobar servidumbres en tales condiciones. Para el caso de predios comunitarios afectados, ni siquiera la permuta es aplicable, situación que afecta a nueve predios comunitarios. Por lo anterior, se debe declarar abiertamente la ilegalidad del proyecto. "Por si esto no fuera suficiente, el Acuerdo del Consejo Nacional de la Conadi, de junio de 1996, estableció la prohibición para que se autorizara cualquier permuta para los fines de la Central Hidroeléctrica Ralco, basándose en el artículo 1° y 36° de la Ley Indígena. Como instancia resolutiva máxima de la Conadi, el Consejo Nacional ha fijado a través de este acto su posición y la de la Corporación en su conjunto. "Luego, el único camino que le queda a ENDESA es recurrir al uso de las disposiciones del DFL No 1 de 1980 e intentar imponer legalmente una servidumbre sobre las tierras de su interés, sea para inundarlas o para instalar obras del proyecto (...). "La tesis que se deja entrever en la proposición y accionar abierto de ENDESA de acordar permutas junto a traslados individuales y luego presentar los predios como hijuelas sin casahabitación o no necesarios para la subsistencia, no amerita la entrega de una autorización sino la declaración judicial de nulidad absoluta de la transacción, que puede ser solicitada por cualquier indígena, en cualquier momento posterior a la relocalización (por ejemplo, si se declara no satisfecho con las nuevas condiciones de vida), como también por la Conadi, en virtud del mandato general que le confiere la Ley Indígena".

Otro tema de especial relevancia guardó relación con los cementerios indígenas. Eventualmente alguno de ellos quedaría bajo la inundación. Así lo estimó el informe de Conadi en marzo de 1997 y la dirección señaló al respecto lo siguiente: "La proposición de ENDESA de "conservar" "bajo agua" los cementerios de uso actual, si bien permite obviar el tema del consentimiento expreso de las familias para la realización de excavaciones, coloca a la empresa en la necesidad de hacerse responsable tanto por los impactos presentes como por las contingencias futuras respecto a tales sitios. En ninguna parte del país se observa que los cementerios en uso sean expropiados para construir conjuntos residenciales y luego se declaren "en conservación bajo tierra"...Precisamente, lo que define a un cementerio como tal no es su inmersión bajo tierra sino la posibilidad del contacto de los vivientes a través de un espacio habilitado para ello con los restos de los difuntos". El análisis etnográfico de Ralco consideró el efecto de los reasentamientos humanos y también de cierto tipo de propuesta de desarrollo. Sobre el particular el informe de Conadi es crítico. "La Ley Indígena fue la respuesta del Estado y la sociedad chilena a los "efectos del desarrollo" y, en tal modo, ha establecido el interés general de la Nación sobre el privado. En segundo lugar, se puede demostrar que hay alternativas socialmente más eficientes que el Proyecto Ralco para producir electricidad, por lo que los intereses de la empresa no tienen necesariamente correspondencia, en este caso, con los de la sociedad chilena en su conjunto. "La opción no es Ralco o el abandono, tal como fue planteado. Las familias pehuenches tienen en la Ley Indígena una real posibilidad de desarrollo.(...) Con el Decreto de Declaración de Área de Desarrollo Indígena del Alto Bío Bío, que se firmará durante marzo del presente año (1997), se espera para 1998 un sustantivo incremento de los recursos públicos. Esto, sin necesidad de que las familias deban sufrir pérdidas patrimoniales de todo orden que significa la relocalización". El capítulo relacionado con la manifestación de intenciones por parte de las familias pehuenches abre una importante controversia respecto de las capacidades o incapacidades de los indígenas de poder actuar con convicción y consentimiento. La propia ENDESA en la formulación de su Addendum planteó, de modo implícito, que la Ley Indígena dejaba al indígena en una condición de ciudadano de segunda clase "en la medida que no le permite transar sus bienes sin una autorización de la autoridad estatal, considerándolo inapto para asumir de manera adulta sus decisiones económicas". Al respecto, el informe de Conadi replica señalando que lo aseverado no se corresponde con la gruesa y documentada historia de usurpaciones legales que han sufrido los indígenas a manos de normas jurídicas que desconocen. De ahí que en lo relativo a la"manifestación de intenciones" el informe de Conadi estimó necesario hacerse cargo de las "cartas de intenciones" firmadas por algunos pehuenches y que se indicaron en el Addendum de ENDESA como ejemplos de manifestación de voluntad. Al respecto, Conadi se refirió al Informe del Banco Mundial sobre las acciones de la Fundación Pehuén (organizada por ENDESA en el Alto Bío Bío), a propósito de la "manifestación de voluntad" de los pehuenches que "apoyaban" la construcción de la represa Pangue: "(En 1992) la Fundación inició un monitoreo de tuberculosis para la totalidad de las siete comunidades en el Alto Bío Bío en colaboración con instituciones gubernamentales. El personal de la Fundación encaró una compleja tarea logística requiriendo el transporte de sobre mil personas desde sus comunidades a Ralco. "Dos semanas antes del examen. Pangue requirió al personal para acompañar a un Notario para recoger firmas en favor del proyecto. Durante tales encuentros, los pehuenches recordaron el anuncio de la Fundación sobre el examen de tuberculosis. Casi ninguno conocía qué significaba "TB". Algunos firmaron la petición creyendo que ellos estaban cambiando su apoyo para la represa por un examen médico, aun cuando las hojas firmadas no decían nada de tal orden. Sin embargo, muchas personas no podían leer, incrementando los mal entendidos. Si ellos actualmente cambiaron firmas en apoyo a la represa Pangue por un examen médico general no es menos importante que ellos, en los hechos, piensan que lo hicieron". Estos son -entre otros- los antecedentes que permitieron a la Dirección de Conadi, en marzo de 1997, su categórica conclusión de rechazo al proyecto en su conjunto y que al ser entregado a la Conama, despertó serias y muy complejas reacciones en la propia Conama, las que fueron transmitidas al Ejecutivo, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, entidad de la cual Conama es dependiente.

En los hechos, este informe de Conadi aceleró la decisión gubernamental de efectuar cambios en la plana directiva de la Corporación Indígena. El Director Nacional y los Consejeros Nacionales indígenas de Conadi concurrieron al Alto Bío Bío a un encuentro con dirigentes pehuenches a fines de marzo de 1997 y en terreno expresaron públicamente su oposición al proyecto. Este hecho, de connotaciones más políticas, hizo entender al Gobierno que la Dirección institucional de Conadi -a su juicio- había sobrepasado varios límites: 1.- el informe excedía el tipo de consulta formulada, por cuanto no le correspondía a la Conadi opinar sobre los aspectos ambientales del proyecto, sino más bien sobre la propuesta de relocalización. Aun así, se entendía que este tema también formaba parte del pronunciamiento ambiental de la Conama, de tal modo que el nivel de resolución de parte de la Conadi estaba aun mucho más acotado. 2.- tampoco le correspondía a la Conadi -de acuerdo a la versión gubernamental opinar sobre la juridicidad del proyecto, puesto que éste ya estaba acogido a trámite. En consecuencia el "rechazo" y la declaración de "ilegalidad" del mismo estaban fuera de lugar. 3.- finalmente, la actuación pública del Director Mauricio Huenchulaf, declarando ex-ante de la certificación ambiental, su total oposición al proyecto Ralco, fue considerado como "inapropiado" y "fuera de lugar"... El daño, no obstante, a juicio de autoridades gubernamentales, estaba instalado. Por lo tanto, el plazo para reemplazar el cuadro directivo de Conadi había iniciado su cuenta regresiva.... Por cierto, esto se vio facilitado por las complejas situaciones internas de la Corporación, de orden administrativo, y las disputas personales y políticas entre directivos de la institución, lo que hacía precario el sostenimiento del Director Nacional y de parte importante de su equipo técnico e institucional en ese momento de 1997. Un segundo aspecto a examinar dice relación con la conclusión jurídica del segundo informe de Conadi de marzo de 1997. En síntesis, se señaló ahí que "la Conadi no está autorizada legalmente para aprobar servidumbres" siendo explícita la afectación de la casa-habitación y los terrenos necesarios para la subsistencia. El informe precisa, además, que "para el caso de predios comunitarios afectados ni siguiera la permuta es aplicable por lo que se debe declarar abiertamente la ilegalidad del proyecto". Se señaló también la existencia de un acuerdo del Consejo Nacional de Conadi, de fecha 13 de junio de 1996, mediante el cual se estableció "la prohibición para que se autorizara cualquier permuta para los fines de la Central Ralco, basándose en los Artículos l°y 36° de la Ley Indígena". El Artículo 1° de la Ley 19.253, en el Título Primero, trata sobre los Indígenas, sus Culturas y sus Comunidades. El artículo en comento forma parte de los Principios Generales de la Ley y señala que: "El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. "El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile: a la Mapuche, Aymara, Rapa Nui o Pascuense; la de las Comunidades Atacameñas, Quechuas y Collas del norte del país; las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagan de los canales australes. "El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores. "Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación". El Artículo 13, por su parte, señala que: "Las tierras a que se refiere el artículo precedente (las tierras indígenas), por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta Ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. "No obstante, se permitirá gravarlas previa autorización de la Corporación. Este gravamen no podrá comprender la casa-habitación de la familia indígena y el terreno necesario para su subsistencia.

Igualmente, las tierras cuyos titulares sean Comunidades indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración. "Las de personas naturales indígenas podrán serlo por un plazo no superior a cinco años. En todo caso, éstas con la autorización de la Corporación, se podrán permutar por tierras de no indígenas, de similar valor comercial, debidamente acreditado, las que se considerarán tierras indígenas, desafectándose las primeras. Los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta". Ahora bien, ¿cuáles son las tierras indígenas que quedan bajo la protección e imperio del Artículo 13 de la Ley 19.253 Las define claramente el Artículo No 12, precedente: "Son tierras indígenas: 1.- Aquellas que las personas o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o posesión provenientes de los siguientes títulos: Títulos de comisario de acuerdo a la Ley de junio de 1823. Títulos de merced, de conformidad a las leyes del 4 de diciembre de 1866; del 4 de agosto de 1874 y del 20 de enero de 1883. Cesiones gratuitas de dominio efectuadas conforme a la ley Nº 4.169, de 1927; ley Nº 4.802 de 1930; Decreto Supremo Nº 4.111 de 1.931; ley Nº 14.511 de 1961 y ley Nº 17.729 de 1972, y sus modificaciones posteriores. Otras formas que el Estado ha usado para ceder, regularizar, entregar o asignar tierras a indígenas, tales como la Ley Nº 16.436 de 1966; Decreto Ley Nº 1.939 de 1977 y Decreto Ley Nº 2.695 de 1979, y Aquellas que los beneficiarios indígenas de las Leyes Nº 15.020, de 1962 y Nº 16.640 de 1967, ubicadas en las Regiones VIII, IX y X, inscriban en el Registro de Tierras Indígenas, y que constituyan agrupaciones indígenas homogéneas, lo que será calificado por la Corporación. "2.- Aquellas que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades mapuches, aymarás, rapa nui o pascuenses, atacameñas, quechuas, collas, kawashkar y yamanas, siempre que sus derechos sean inscritos en el Registro de Tierras Indígenas que crea esta Ley, a solicitud de las respectivas comunidades o indígenas titulares de la propiedad. "3.- Aquellas que, proviniendo de los títulos y modos referidos en los números precedentes, se declaren a futuro pertenecientes en propiedad a personas o comunidades indígenas por los Tribunales de Justicia. "4.- Aquellas que indígenas o sus comunidades reciban a título gratuito del Estado. La propiedad de las tierras indígenas a que se refiere este artículo, tendrá como titulares a las personas naturales indígenas o a la comunidad indígena definida por esta Ley. "Las tierras indígenas estarán exentas del pago de contribuciones". De acuerdo a la Ley Indígena las tierras pehuenches son tierras pertenecientes a personas naturales indígenas, que recibieron de parte del Estado, vía INDAP, los respectivos títulos de dominio en 1990. En consecuencia, su propiedad territorial está afecta a las condiciones estipuladas por los Artículos 12 y 13, esto es que, las tierras de personas naturales indígenas "podrán ser arrendadas, dadas en comodato y cedidas a terceros en uso, goce o administración hasta por un plazo no superior a cinco años y también se podrán permutar por tierras de no indígenas, de similar valor comercial, debidamente acreditado". Para ser más claros: si las hijuelas indígenas de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, afectadas por el proyecto Ralco, estuviesen bajo la figura de tierras comunitarias, es decir, inscritas como propiedad comunitaria, ENDESA tendría que haber considerado, obligatoriamente, otro lugar para construir su represa. Todo esto, por el simple hecho que de acuerdo al Artículo 13 de la Ley 19.253, el gravamen de la tierra indígena "no podrá comprender la casa-habitación de la familia indígena y el terreno necesario para su subsistencia, en los casos correspondientes a tierras comunitarias". La Ley Indígena no previo suficientemente el caso de megaproyectos a ejecutarse en territorio indígena. Esto representa una importante limitación de la Ley y es una materia a cautelar para las futuras reformas a la Ley, en el sentido de precaver las modalidades que permitan la efectiva protección de las tierras indígenas y elevar, consecuentemente, las restricciones. De hecho, la Ley Indígena borró la condición de la anterior Ley, en el sentido de prohibir incluso el arriendo de terrenos indígenas, según así lo ha demostrado el Informe Abeliuk. En efecto, el Artículo 8 de la anterior Ley 17.729, exigía para los arriendos de predios rústicos la autorización del ex-IDI (Instituto de Desarrollo Indígena), reemplazado por la actual Conadi. La Ley

anterior era más restrictiva. La nueva Ley 19.253 eliminó esta restricción. Y de hecho, ello permitió que ENDESA emplease el mecanismo de un contrato de arriendo, ya analizado in extenso en el Capítulo primero, a través del cual constituyó una servidumbre voluntaria que le permitió iniciar obras en Ralco sin recurrir a la autorización de la Corporación. Este hecho indica que en el caso del Proyecto Ralco están comprometidas propiedades de personas naturales indígenas, las que sí pueden ser permutadas, siempre y cuando se cumplan un conjunto de condiciones que serán motivo de un examen posterior. En consecuencia, no existía una situación de ilegalidad en la tramitación del proyecto. Por el contrario, estando acogido al trámite de la certificación ambiental, se entraba -por cierto- al área más compleja y conflictiva que es, en definitiva, la autorización de permutas de tierras. Un tercer aspecto se relaciona con la sesión del Consejo Nacional del 13 de junio de 1996 en donde se habría adoptado el acuerdo de prohibir autorizaciones para cualquier tipo de permutas de tierras en relación al proyecto Ralco. De acuerdo a la Ley Indígena, el Consejo Nacional de la Corporación "decide sobre todas las otras materias que la presente Ley le encomienda" (letra g) del Artículo 42). Previo, en las letras precedentes del artículo 42, la Ley le confiere al Consejo un conjunto de atribuciones que, para todos los efectos legales, tienen imperio y de la cual emanan resoluciones con fuerza legal, por ejemplo, para el caso de la compra de predios en conflictos, materia que involucra el porcentaje mayoritario de los recursos económicos de los que dispone la Corporación. Para funcionar, el Consejo formalmente requiere de un quórum correspondiente a la mitad más uno de sus integrantes, es decir, nueve Consejeros Nacionales de un total de 17. Es este quórum el que proporciona la base de los acuerdos legales de la Corporación. Tratándose de una institución tan compleja como la Conadi, con un Consejo Nacional en donde se da una forma de co-gobierno, entre representantes gubernamentales y representantes de los Pueblos Indígenas, una adecuada conducción institucional indica la necesidad de constituir, ojalá en la mayoría de los casos, decisiones por consenso o con un respaldo superior a la mitad más uno de los votos, especialmente, tratándose de materias de gran relevancia. ¿Qué sucedió en junio de 1996? La Dirección de Conadi quiso ayudar a determinar un marco de intenciones que hiciera posible un pronunciamiento de la Corporación en donde no hubiese duda respecto de su compromiso con la aplicación de la Ley Indígena y que el Consejo Nacional se allanase a esa fórmula. La resolución prohibitoria respecto de resolver cualquier permuta era, en cierta medida, un candado para el sector no indígena del Consejo Nacional, y se asumió el riesgo político de adoptar dicha resolución, exante de tomar conocimiento de tales permutas, aun cuando dicho acuerdo no era formalmente vinculante. Fue un riesgo institucional y jurídico asumido a cabalidad. El acuerdo fue adoptado, efectivamente, en la sesión del Consejo Nacional, según así lo consigna el Acta de la sesión respectiva del 13 de junio de 1996 y es un acuerdo en donde participan algunos representantes de los Subsecretarios de Gobierno, representantes del Presidente y Consejeros Nacionales Indígenas, quienes concurren a su aprobación. En efecto, de acuerdo al Acta de dicha Sesión el punto descrito como "número 4.4, en la Hoja 13, denominado Tema del Alto Bío Bío", se aborda con claridad esta materia: "Se entra a analizar el tema relativo a la situación que afecta a las comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, por el proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica, teniéndose como marco el informe del Señor Oliva (Sergio, abogado consultor externo), denominado "Informe sobre situación del Alto Bío Bío en relación con el Proyecto Ralco", el que se agrega a esta Acta como Anexo Once, y el informe de la Corporación a la Conama, denominado Observaciones de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco de la Empresa Nacional de Electricidad S.A.", el que se agrega a la presente Acta como Anexo Doce". Luego del debate respectivo, en donde intervienen distintos Consejeros Nacionales, tanto de Gobierno como Consejeros Indígenas, se adoptaron los siguientes acuerdos: "Acuerdo 78-96: "a) Se acuerda que se velará por la aplicación estricta de las normas del Artículo 13 de la Ley, en relación con la protección de las tierras indígenas amenazadas en el sector de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy del Alto Bío Bío, afectadas por la empresa en sus proyectos de Ralco.

"b) En virtud de lo anterior, se acuerda solicitar formalmente a MIDEPLÁN para que se declare la zona del Alto Bío Bío, Área de Desarrollo Indígena, en conformidad con el artículo 26° de la Ley 19.253. "c) Se acuerda que se efectúe un levantamiento social de la Población Pehuenche que vive en la zona para tomar conocimiento cabal de la opinión que ellos tienen sobre la represa Ralco. "d) Se acuerda velar especialmente por la aplicación de los Artículos 13°, 19° y 34° de la Ley 19.253, con el fin de impedir, por los recursos legales correspondientes, la desprotección de la tierra indígena, facultando al Director Nacional y a los equipos jurídicos de la Corporación para que presenten todos los recursos que emanan de las normas de los Arts. 13°,19° y 34° mencionados. En virtud de esto, la Conadi manifiesta su voluntad de no autorizar las permutas que se soliciten en el sector Alto Bío Bío". [Subrayado es del autor]. "Acuerdo 79-96: "El Consejo acuerda constituirse en forma extraordinaria, como tal, en el sector de Alto Bío Bío, para dar a conocer en el mismo lugar el acuerdo adoptado en relación con el problema. Se acuerda que se invitará especialmente a los Consejeros representantes de los Ministerios, para dicho acto, el que se realizará en Ralco el 27 de junio (de 1996)". Sustancialmente, el Acuerdo 78-96, letra d) fue adoptado por la unanimidad de los Consejeros miembros de la Corporación, presentes en dicha ocasión, a saber, los Consejeros Nacionales indígenas, los tres representantes presidenciales y quienes, en ese momento, representaban a algunos de los Subsecretarios titulares del Consejo, más el Director Nacional Mauricio Huenchulaf. En consecuencia, se trató de una resolución ajustada al imperio de la soberanía del Consejo Nacional. Sin embargo, es un acuerdo complejo pues formalmente no es vinculante. Es decir, se trata de una declaración de intención ex ante de tener que resolver efectivamente sobre alguna solicitud de permutas. Al efecto, para comprender este especial aspecto legal, es necesario realizar el siguiente discernimiento. El Artículo 7° de la Constitución señala que un órgano público, en este caso la Conadi, dispone de derechos o autoridad que le hayan sido otorgados "expresamente". De acuerdo a este precepto, la Conadi está sujeta a un orden jurídico que establece la obligación de ejercer su autoridad sin exceder lo autorizado por el legislador. Por lo tanto, un Servicio Público debe cumplir como requisitos para resolver un tema el cuidar la legalidad de sus actos y cautelar su no arbitrariedad. La falta de proporción y razonabilidad en una determinada acción o resolución institucional configura una forma de arbitrariedad. El profesor en Derecho y ex-Ministro de Justicia, Francisco Cumplido es claro al respecto cuando señala que "nuestros tribunales han entendido por arbitrariedad aquella carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; la falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; la ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aun más, la inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar". En el caso concreto de las atribuciones y facultades legales del Consejo Nacional de la Conadi, una resolución sobre hechos aun no existentes, como son las solicitudes concretas de permutas de tierras, respecto de lo cual se adopta a priori un pronunciamiento prohibitorio, constituiría una forma de arbitrariedad que habría sido impugnada de haberse mantenido en el tiempo. ENDESA cuenta con un poderoso equipo jurídico que examina paso a paso cada movimiento de los organismos públicos incumbentes en el tema Ralco. Sus constantes reacciones ante lo obrado por Conama así lo demuestran. Conadi no era una excepción en su rigurosa vigilancia legal en favor de sus intereses. Al mes de junio de 1996, el tema de solicitudes de permutas era teórico, desde el punto de vista formal. Es decir, no existía aún solicitud alguna sobre la cual resolver. Tiempo más tarde, en sesiones posteriores del Consejo, en el marco de nuevos debates institucionales sobre esta materia, se reconocería que la resolución adoptada el 13 de junio de 1996, a lo más, constituía un " téngase presente", pero en ningún caso una decisión vinculante pues, para que dicho acuerdo tuviese efectividad se requería tener a la vista la cosa por juzgar, es decir, la solicitud respectiva de permutas o el conjunto de ellas, las que una vez presentadas formalmente tenían (y tienen) que ser resueltas en su mérito. En otras palabras, es dudoso que un organismo de derecho público adopte de manera anticipada un acuerdo en que se niegue de antemano a tratar y resolver determinados casos. Aceptar algo de esta naturaleza, tratándose de procedimientos normativos básicos, constituiría una franca

irregularidad jurídica, lo que habría implicado un recurso de protección ante Tribunales contra la Conadi, por incurrir en un acto arbitrario, o al menos legalmente impropio. ¿Por qué el Consejo de Conadi adoptó entonces este acuerdo, el número 7896, letra d) ("La CONADI manifiesta su voluntad de no autorizar las permutas que se soliciten en el Alto Bío Bío"), sin existir la solicitud o el hecho concreto sobre el cual resolver? En junio de 1996 se estaba recién entrando al comienzo de un intenso proceso de debate que se iría acelerando conforme avanzaban los meses siguientes. Prueba de ello es que el propio debate de esta sesión es indicativo de una reflexión jurídica que recién comenzaba también en lo relativo a Ralco: ¿Podía Conadi considerar la permuta de tierras pehuenches? Se decía que no, por un lado, interpretándose el Artículo 13... Se decía que sí, por otra parte, porque la mayoría de las propiedades son de personas naturales indígenas... En cualquier caso, le asistía a los Consejeros Nacionales la intuición de que Ralco era un tema que ponía en tensión la Ley Indígena y por ello buscaron, adecuadamente, precaver los aspectos más relevantes, incorporando incluso la variable de la defensa jurídica de los derechos de los pehuenches como medio representativo de la voluntad institucional. El debate, sin duda, se fue haciendo más claro conforme avanzó el proceso de estudio de los impactos ambientales de Ralco y, particularmente, del Plan de Relocalización. El ámbito gubernamental en general, con excepción de MIDEPLÁN, no tenía un adecuado conocimiento del tratamiento institucional del tema y sólo viene a adquirirlo a partir de mediados de 1997. Esto porque básicamente el interés principal del Gobierno estaba radicado en la certificación ambiental que tenía que otorgar la Conama y el éxito del mecanismo de ventanilla única ambiental. Se trata, por lo demás, de un proceso nuevo y Ralco puso también a prueba la eficacia de la nueva institucionalidad ambiental. La aplicación de la Ley Indígena y sus normas constituían, nítidamente, un plano distinto y de menor preocupación. Basado en esta reflexión de situaciones legales y normativas, la política de la nueva dirección institucional, a partir de mayo de 1997 fue la de poner el tema Ralco en un estricto escenario jurídico, cautelando que cada variable de este proyecto, primero, fuese materia de discusión efectiva de los Consejeros Nacionales. Segundo, que se constituyese un comité jurídico, interdisciplinario, con especialidad en el tema Ralco. Tercero, que se involucrase abiertamente a los organismos públicos competentes y cuarto, que estas materias fueran de constante conocimiento de las autoridades de mIDEPLÁN y de La Moneda, lo que se cumplió puntualmente hasta el 5 de agosto de 1998. Habría que agregar un punto cinco: que esta discusión institucional fuese abierta a las comunidades y a la opinión pública. Para este efecto, el Director Nacional resolvió no privatizar ningún documento, de tal modo que todos los antecedentes relativos al tema Ralco fueron ubicados en un Archivo de documentación único, el Archivo Ralco, compuesto entre otros documentos, por todo tipo de informes, reportes, memorándum, oficios, etc. A lo que se agregó un especial registro fotográfico y en videos, todo lo cual, hasta el 5 de agosto de 1998, a lo menos, estaba bajo la estricta tutela de la institución en la sede de la Dirección Nacional en Temuco. Para salvaguardar los originales, se trabajó con copias. Ningún documento relativo al tema Ralco fue declarado "confidencial", "reservado", "secreto" o "embargable" en Conadi, entre el 1° de mayo de 1997 y el 5 de agosto de 1998. De tal modo que cualquier ciudadano puede acceder al conocimiento de los mismos, no existiendo impedimento legal alguno para ello. Cabe destacar que adicionalmente, en la Dirección Nacional de Conadi en Temuco, están archivados una cantidad muy relevante de videos, que consignan -para la posteridad- la belleza del Alto Bío Bío, el entorno natural de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, y sobre todo está registrada una cantidad muy significativa de diálogos con los Pehuenches, visitas a terreno y reuniones en las comunidades, todo lo cual, en pocos años, supuesta la construcción de la represa, será un importante material histórico. Cambios en la Conadi y el inmediato Addendum 2 de ENDESA Las observaciones formuladas por diversos Servicios Públicos al Addendum 1 de ENDESA fueron favorables sólo en medida relativa. Sin duda, el segundo informe de Conadi levantó importantes dificultades y todo ello implicó la necesidad de que ENDESA preparase un Addendum 2 solicitado nuevamente por la Conama, esta vez para reforzar los componentes de rectificaciones, precisiones

y aclaraciones. Para este propósito se realizaron varias gestiones encaminadas a reorientar los respectivos pronunciamientos sectoriales hacia la facilitación de la certificación ambiental. Conadi estaba claramente en desventaja respecto de este propósito y dado que su situación institucional y administrativa ofrecía flancos débiles, en el Ejecutivo se estimó que había llegado la hora de readecuar la Corporación. Para ello se procedió entonces a la destitución de los tres principales directivos de la Conadi, Director y Subdirector Nacional Sur y Fiscal, para reemplazarlos por profesionales con mayor experiencia en el trabajo gubernamental. A pocas semanas de producidos los cambios en la Corporación, materia ampliamente tratada en el Capítulo primero de este libro, ya estaba en manos de la nueva Dirección Nacional el documento titulado "Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, Estudio de Impacto Ambiental, Addendum Número 2, de fecha abril de 1997". En medio de la situación de cambio y navegando a través de conflictos de confianza por parte del mundo indígena, el nuevo Director se abocó a tomar inmediato conocimiento de estas materias. La Unidad de Estudios y Planificación aportó los insumes correspondientes y se dio inicio a un primer análisis jurídico del tratamiento de solicitudes de permutas. Todo esto mientras, simultáneamente, se abordaba el desafío de reordenar la labor institucional y se buscaba una perspectiva de reorganización de la Corporación. En el Addendum 2, ENDESA abordó con particular detalle distintos aspectos del Plan de Relocalización. Al respecto, señaló que el Plan "ha sido diseñado no sólo con el simple propósito de mitigar o compensar los impactos socioculturales del Proyecto, a fin de cumplir con las exigencias de la Ley 19.300, sino que más importante aun, posibilita el mejoramiento claro y sustantivo de las actuales condiciones de vida de la población pehuenche afectada por el proyecto, situación que queda suficientemente acreditada por el Informe del Panel de Profesionales y por las opiniones del Experto Internacional". El Panel a que alude ENDESA en su Addendum 2 se refiere a un grupo de profesionales que constituyeron un equipo multidisciplinario, cuya tarea fue conocer el proyecto y analizarlo en sus principales detalles. La opinión conclusiva de este Panel fue positiva para el proyecto Ralco. El experto internacional es un antropólogo argentino, Leopoldo Bartolomé, que realizó el estudio relativo al plan de relocalización. Bartolomé estuvo a cargo de asesorar el plan de reasentamiento humano de la Central Yasiretá. En el Addendum 2, ENDESA describe cada uno de los aspectos que componen el Plan de Relocalización. Para ello abordó: a) la separación física de miembros de las comunidades y grupos familiares; b) la alteración del sistema productivo; c) la interrupción de fiestas ceremoniales; d) la Alteración del territorio Étnico; e) los efectos emocionales derivados del Plan de Relocalización; f) las cautelas ante la aceleración del proceso de aculturación; y g) los conflictos sociales generados al interior de las comunidades. Para ENDESA "el Plan de Relocalización es una instancia dinámica en el tiempo, el que ha sido pensado a la luz del principio positivo de ir siempre de menos a más, sin fragmentaciones académicas o teóricas que impliquen la visualización de un "fin de la medida" y por lo tanto de un "impacto residual". En relación a las cuestionadas capacidades de sobrevivencia en el Fundo El Barco, ENDESA abordó con detalle este tema en su Addendum 2. El Barco fue comprado en 1994 y, según la empresa, contaba con una capacidad de carga animal de 600 cabezas de ganado bovino, ganado menor y algunos equinos. El fundo cuenta con zonas de invernada, veranada e intermedios. La capacidad productiva ocupa 11.664 has. Dice ENDESA: "La zona de invernada corresponde al lugar donde se mantiene el ganado durante los cuatros meses de invierno (mayo a agosto). Se ubica entre los 850 y 1.100 metros sobre el nivel del mar (msnm) y ocupa una superficie aproximada de 1.379 has. En este sector existen praderas naturales con algunas áreas que se regaban con recursos provenientes de quebradas y vertientes, con sistemas de riego precarios. "La zona intermedia corresponde al lugar donde se mantiene el ganado durante los meses de otoño (marzo y abril) y primavera (septiembre a noviembre). Se ubica entre los 1.100 y 1.450 msnm y ocupa una superficie aproximada de 2.810 has. En este sector existen praderas de gramíneas amacolladas o coironales y ramoneo de quila. "La zona de veranadas corresponde al lugar donde se mantiene el ganado durante los meses de verano (diciembre a febrero). Se ubica sobre los 1.450 msnm y ocupa una superficie de 7.475 has.

En las zonas altas o veranadas existen valles o mallines húmedos, laderas y cajones, con pastos naturales que crecen en verano, matorrales y bosques. "El ganado se ha mantenido tradicionalmente en las tres zonas mencionadas, moviéndose en ellas de acuerdo con las condiciones climáticas imperantes. Hay inviernos rigurosos, en los cuales el ganado se mantiene permanentemente en las zonas bajas; sin embargo, hay inviernos más benignos en que el ganado pastorea entre las zonas bajas e intermedias, las que son importantes desde el punto de vista de producción y conservación de los recursos, permitiendo regular la disponibilidad de forraje en la invernada y veranada y así evitando el sobrepastoreo (...). "Según la simulación de la relocalización presentada en el Anexo 4, del Volumen Anexos Tomo III, del Addendum No 1, las familias que se relocalizarían en El Barco son 45. El número total de animales que estas familias poseen alcanza a 145,2 UA (una unidad animal corresponde a un animal adulto de 500 kg de peso). "Debido a las precarias condiciones de talaje de los terrenos que usan las comunidades, los afectados por el proyecto que han manifestado su opción de ser relocalizados en El Barco, solicitaron ingresar sus animales a este predio. ENDESA autorizó el ingreso de 207 animales, que corresponden a la totalidad de las UA de los afectados que se relocalizarán en El Barco. Todos estos animales actualmente (abril de 1997) están en El Barco, habiendo permanecido en una sola veranada (Chalcupe) hasta el 30 de marzo. Posteriormente fueron trasladados a uno de los sectores intermedios (Valle del Treputreo). "Las familias pehuenches han solicitado mantener sus animales en el Fundo El Barco durante todo el año. Recientemente han solicitado ingresar una masa de 150 UA adicionales que ellos habrían conseguido en el sector, bajo el régimen de mediería y/o arriendo de talaje. Esto demuestra que sólo haciendo uso de algunos sectores del predio es posible mantener en buenas condiciones aproximadamente 300 UA, que corresponde -aproximadamente- al doble de la masa ganadera estimada de las familias que se relocalizarán en El Barco. "Los antecedentes anteriores permiten demostrar que este predio, en las condiciones actuales, sin ningún tipo de mejoramiento o de programa de desarrollo, ofrece condiciones que permiten mejorar la explotación ganadera de las familias relocalizadas. "Por otra parte, las familias de las comunidades pehuenches afectadas, además realizan una agricultura destinada al autoconsumo con cultivos de hortalizas y algunos cultivos anuales como trigo y avena, en muy pequeña escala. "La capacidad productiva del Fundo El Barco supera ampliamente la de los terrenos afectados de las familias que se relocalizarán allí. La superficie afectada total de las familias asciende a 271,7 hectáreas, de las cuales sólo 109,5 has son de cultivo. Según el estudio agrocológico realizado por el Ingeniero Agrónomo Alberto Valdés, los terrenos de cultivo permanente del Fundo El Barco abarcan una superficie de 392,1 has y otras 762 has se clasificaron de cultivo ocasional. De esta manera, el Fundo El Barco tiene 3,6 veces más de terrenos de cultivo permanente que los terrenos de las familias que allí se relocalizarán, aparte de las 762 has de cultivo ocasional". Concluye así el Resumen ejecutivo del Addendum 2 de ENDESA El tercer informe de Conadi y el clima político de 1997 Entre los meses de mayo y junio de 1997, la relación con el movimiento indígena fue compleja y difícil. Los cambios introducidos en la Dirección Nacional de Conadi implicaron esfuerzos consistentes destinados a generar condiciones de confianza y credibilidad con las comunidades indígenas en distintas partes del país. En Iquique se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional Aymara, que tuvo la virtud de concentrar a más de 500 delegados provenientes de la primera y segunda región y otras zonas del país. El tema Ralco ya ocupaba parte importante de las preocupaciones de la mayoría de los Delegados andinos. A fines de marzo de 1997 el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo, había declarado las localidades de San Pedro de Atacama, Alto Bío Bío y Lago Budi como Áreas de Desarrollo Indígena. Eran las primeras Áreas declaradas en el marco de la aplicación de la Ley Indígena 19.253. Esto ayudó a la coordinación con distintos Servicios Públicos. El nuevo Director Nacional realizó entonces una extensa gira para conocer a fondo la realidad de las comunidades aymara y atacameñas; se reunió en Santiago con las comunidades indígenas metropolitanas; estableció contactos importantes con comunidades y dirigentes de la VIII, IX y X regiones. Junto a

la nueva Subdirección Nacional Sur, la dirección nacional se empeñó en abrir caminos de diálogo con las autoridades indígenas ancestrales restableciendo el diálogo político con los Cacicazgos tradicionales. En este marco la Unidad de Estudios y Planificación de Conadi preparó el tercer informe de Conadi con toda la documentación posible de respaldo. Desde Conama, mediante el Oficio No 971395 del 16 de mayo de 1997, se había recibido el Addendum Nº 2 de ENDESA, y Conama solicitaba un nuevo informe de Conadi. "En dicho informe se deberá indicar si el proyecto o actividad cumple con la normativa de carácter ambiental en el ámbito de su respectiva competencia, en particular en lo que respecta al permiso ambiental sectorial, si corresponde. El plazo para hacer llegar dicho informe final vence impostergablemente el día 26 de mayo de 1997". Conadi tenía sólo 10 días para responder... Se activó entonces el "Comité Ralco" recientemente creado en Conadi y la Unidad de Estudios y Planificación emitió internamente su minuta sobre el Addendum 2, sosteniéndose la tesis empleada en la fundamentación del informe de marzo de 1997, es decir, la inviabilidad legal del proyecto y por tanto su rechazo formal. En un plazo récord de muy pocos días, lo que permitía la Conama, se emitió entonces el Oficio 8/155, de fecha 27 de mayo de 1997, con la "Opinión sobre el Addendum 2 del EIA del Proyecto Central Hidroeléctrica de Ralco, en su parte correspondiente al Plan de Relocalización". En lo específico el nuevo informe de Conadi destacó tres capítulos y varios subtemas que se señalan a continuación. El capítulo uno abordó el tema denominado Sondeo de Recursos Arqueológicos y Cementerio. Sobre el particular se dijo que el Addendum 2 reiteraba formas de alteración de los restos arqueológicos existentes en el territorio afecto a inundación y que el salvataje o recuperación propuesto constituye una respuesta muy mínima frente al hecho ciertamente riesgoso de la destrucción irreversible de tales restos. El segundo capítulo abordó el tema "Consideración del Área de influencia para las líneas de transmisión y para los caminos que digan relación con la que se ha usado convencionalmente en otros proyectos que han sido analizados en el EIA", señalándose que era dificultoso establecer la diferencia que existiría entre los propietarios que serían afectados por una inundación de sus terrenos y aquellos que serían afectados por las líneas de transmisión, lo que constituirá de hecho otros gravámenes denominados "servidumbres de obras hidroeléctricas". Se agregó también lo siguiente: "De otra parte tratándose en promedio de propiedades muy pequeñas, no se ha indicado con rigurosidad la forma y magnitud de las indemnizaciones, así como de las compensaciones equivalentes y superiores que podrían establecerse en caso de su procedencia (...). Igual razonamiento es aplicable respecto a la formulación de nuevos caminos, toda vez que ellos también se enmarcan dentro de las servidumbres que se reconocen como de obras eléctricas y que afectarían territorios indígenas. La empresa estima además que dado que los caminos se encuentran dentro de una Carta de ocupación de tierras, anteriormente elaborada, la vegetación ya estaría descrita, no necesitándose nuevos antecedentes. Adicionalmente, ha manifestado que -en todo caso- llegado el momento de la construcción de cada obra, en ese momento se estarían implementando estudios y acciones técnicas para cumplir con la normativa del DL 701 en tanto actualización de lo ya obrado en los Addendum respectivo. Esto último constituye un punto severamente observado por la Conadi y no es aceptable. En relación a otros aspectos relacionados con este punto 2: falta mejorar sustantivamente el muestreo para la correspondiente caracterización de la flora y fauna en el área de impacto indirecto, determinado por la Conama entre los 730 y 900 m.s.n.m. En referencia al requerimiento de ampliación del área de influencia del proyecto con relación a la Reserva Nacional Ralco y Nalcas y zonas aledañas, la empresa se hace cargo sólo de la Reserva Ralco, al estimar que sólo ahí se producirían impactos ambientales". El tercer y último capítulo de este informe abordó el tema Aspectos Relativos a Impactos Sociales derivados de la propuesta de Plan de relocalización. Se señaló aquí que ENDESA dejaba entender que cuenta con las facultades legales para adquirir terrenos a través de una negociación directa con los afectados y que en caso de no lograrse se aplicarían las normas de la Ley Eléctrica, aun cuando las poblaciones asentadas lo están en territorio indígena. Para Conadi, este punto es relevante pues la Ley Indígena establece de manera específica, sin dejar lugar a dudas, que tratándose de Tierras Indígenas, estas tierras no pueden ser enajenadas, embargadas, gravadas ni

adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. De lo que se desprende la limitación que particulares o terceros no indígenas tienen para producir negociaciones que la propia Ley no considera. Un nuevo sub-punto en este tema abordó la sustentación animal en el caso del Fundo El Barco, reiterándose que a juicio técnico de Conadi dicho fundo no presenta las condiciones adecuadas de alimentación y sustentación de carga animal, dado que los animales tendrían que ser "bajados" durante el invierno y llevados fuera del fundo para complementar su alimentación con forraje que además tendría que ser adquirido adicionalmente. En relación a los suelos existentes en el Barco, se informó que del estudio de la cartografía de rigor no surge de suyo una confirmación de calidad de suelos. En la descripción de las 982 has de "mejores suelos" no existen tierras de clase IIIª y IVª. Es decir, las clases de uso del suelo presentadas para el área de radicación tienen mayor fragilidad ambiental que aquellas de los predios originarios de las familias que se reasentarían. En relación a garantías por carencia de compensaciones adecuadas: las medidas propuestas se refieren a monitoreo de impactos y no a mecanismos que garanticen el cumplimiento de las medidas ambientales y de reasentamiento equivalentes y superiores. La mención a la fiscalización mediante la sola legislación vigente por parte de los organismos estatales respectivos, no puede considerarse como una proposición de mecanismos de garantía. El "Plan productivo para la población relocalizada en el fundo El Huachi, Santa Laura y El Barco cuyo apoyo y gestión comprende la propuesta productiva y la responsabilidad de ENDESA en su financiamiento" también fue analizada en el informe de Conadi y se dijo que el Addendum de ENDESA no cuantificaba las superficies por clase de capacidad de uso por predio y por familia a reasentar y que por lo tanto se requiere conocer los antecedentes de la línea de base por predio y familia para efectuar las comparaciones del caso. Por lo mismo, no se puede establecer la situación de cada familia, su acceso diferencial a los recursos y las eventuales necesidades de algunas de ellas en cuanto a tener que adoptar estrategias de supervivencia adicional. La evaluación en torno a los impactos socioculturales del plan de relocalización, es otro de los aspectos cruciales para la Conadi. Preocupaba a la Corporación el efecto de la separación física de los miembros de las Comunidades y sus grupos familiares. Al respecto se dijo: "De acuerdo a la cosmovisión Mapuche-Pewenche los cimientos de la estructura básica de su organización están dados a través de una familia extensa que es la comunidad, siendo ella la base fundamental que da origen al REWE u organización social. En tal sentido, el espacio físico de la Comunidad contiene el conjunto de elementos simbólicos, materiales, espirituales y de relación social que dan sentido a la vida de las familias en un determinado espacio. "Esto permite una vinculación directa tanto en el entorno sociocultural como especialmente productivo, ya que se produce una relación simbiótica entre el hombre y su entorno natural, donde existe el conocimiento acabado de las formas de comportamiento del suelo, la vegetación existente, los elementos medicinales presentes, los espacios sagrados, las épocas de producción de la tierra, la forma y textura de ellas, etc. "A esto debe agregarse el valor histórico de relaciones de parentesco y de vida en un espacio que no es reemplazable por otro, aun cuando las residencias estén cercanas entre una comunidad y otra. Ello queda de manifiesto en el sentido de la identidad de las personas, aun cuando se trasladen a otra comunidad, por ejemplo, como resultado del matrimonio. En tales casos siempre siguen perteneciendo a su comunidad y mantienen sus vínculos en todo orden de cosas. "En tal sentido, es del todo necesario atender a las particularísimas condiciones culturales existentes, puesto que los vínculos al interior de una comunidad indígena están regulados por fuerzas internas de comprensión y aceptación natural, por lo cual el efecto residual planteado podría generar impactos negativos de todo orden, especialmente por la fragmentación familiar. El "sistema productivo" propuesto por ENDESA en su Addendum 2 mereció también reparos importantes de parte de Conadi. Al respecto se dijo que los criterios de "porcentajes de terrenos afectados" son insuficientes para determinar si las familias deben o no ser reasentadas. Ya habíamos indicado que es muy difícil apreciar las compensaciones y mitigaciones equivalentes o superiores en el fundo El Barco. Por otra parte tampoco es posible reconocer si existe adecuada comprensión en relación a los giros productivos a los que se verían obligadas las familias para manejar tierras y habitat en condiciones de mayor adversidad climática, topográfica y edafológica, amén de las dificultades propias de la viabilidad cultural de otras prácticas como la horticultura,

fruticultura, praderas asociadas a riego, cultivos de remolacha, uso de insumos químicos o actividades turísticas, entre otras, que resultarían como alternativas propias de un proceso de aculturación. Se agregó: "El informe carece de la necesaria caracterización de los suelos trumao en relación con aquellos de carácter aluvial. Agregamos: el aceleramiento de las tasas de deforestación del área por la construcción de caminos; el empleo intensivo de recursos madereros del borde del embalse, el que a su vez implicaría cambios en el uso del suelo, especialmente asociado al desarrollo potencial de proyectos turísticos. No se presenta un Plan de Desarrollo Agrícola, Ganadero y Forestal para los predios receptores de los reasentamientos,...todo lo cual hace muy difícil reconocer las compensaciones y mitigaciones en bienes equivalentes y superiores desde el punto de vista productivo". En relación al fenómeno de "Interrupción de fiestas ceremoniales" el Informe de Conadi señaló que los programas de resignificación y puesta en valor de lugares sagrados y reasentamientos de los lugares de relocalización, propuesto por ENDESA, carecen de una adecuada comprensión del carácter místico (o mágico-religioso según autores especializados) que constituye la base de la matriz cultural Mapuche-Pewenche, en donde el paisaje, la historia de vida, el pasado y el presente están articulados por la presencia de símbolos que otorgan una significación muy profunda a los lugares que J habitan las comunidades: "Así, el hombre-entorno-fuerzas naturales aparecen indisolublemente ligados con la imagen del mundo Mapuche-Pewenche que se compone de tres dimensiones fundamentales: el MINCHE MAPU o Tierra de lo Oscuro, el NAG MAPU o Tierra del Medio donde habitan hermanados el hombre, la naturaleza y sus fuerzas y el WENU MAPU, territorio de lo espiritual o Plano Superior de la Existencia. Estos componentes tienen su correlato en el mundo natural y en la cotidianidad de la vida propia de cada lugar (LOF o comunidad, REWE o sector). Cada MapuchePewenche, en razón de su sabiduría ancestral, sabe dónde habitan estas fuerzas, cuáles son, cómo se nombran... No porque ellos lo inventasen, sino porque siempre han estado ahí acompañándoles. Los efectos residuales en el ámbito de la existencia cultural, social, productiva y religiosa de esta comunidad no sólo conllevan riesgos de extinción de un modo de ser en la sociedad, sino una definitiva aculturación de la población y una pérdida irreparable de su Identidad. Esto será aun más irrevocablemente perjudicial si no son las propias Comunidades MapuchePewenche las que, desde su singular cosmovisión, concurran -mediante sus propios ritos y costumbres ancestrales- a una decisión de la más alta trascendencia sobre cambios que son muy profundos para su destino presente y futuro, su convivencia y existencia como Pueblo. No es sólo un antecedente sociológico que los Mapuche Pewenche existen como Pueblo, organizados inmemorialmente en Comunidades Indígenas, vinculados a la Tierra y al Ecoentorno hasta el punto que se les reconoce como tal ( Hombre de la Tierra: Mapu-Che). Se trata de un proyecto de vida colectivo, un valor, una Cultura que genera Derecho porque se encuentra "en la naturaleza de las cosas". Todo lo descrito precedentemente hace concluir entonces, que en lo que respecta al Plan de Relocalización en comento, las propuestas son sustantivamente insuficientes". Originalmente, la opinión institucional apuntó a recomendar la no aprobación del plan de relocalización. Así quedó consignado en el borrador elaborado por el Director y al regresar a Santiago, desde Iquique, luego de concluido el Primer Congreso Nacional Aymara, se efectuó una reunión en La Moneda, con asistencia de los Ministros Roberto Pizarro (MIDEPLÁN) y Juan Villarzú (Secretaría General de la Presidencia), más el Subsecretario Sergio Galilea, en donde se analizó el borrador de informe de Conadi, listo para ser firmado. En dicha ocasión, luego de contrastados los distintos puntos de vista, se estimó por parte de las autoridades que no había condiciones legales para que Conadi rechazase el Plan de relocalización propuesto por ENDESA en el Addendum 2... En consecuencia, se hizo adoptar el criterio de establecer que el Plan de Relocalización, a lo menos, podía ser declarado "sustantivamente insuficiente". El punto fue discutido por el Director Nacional, pero pesó más el argumento de que la Corporación no podía arriesgarse a un requerimiento por un eventual pronunciamiento ajeno a la legalidad ambiental y de la propia Ley Indígena, puesto que estaría aun pendiente la resolución principal, esto es sobre las permutas de tierras. El Director señaló sus dudas en cuanto a que la resolución

de la Conama tuviese que integrar aspectos propios de las competencias que la Ley Indígena sólo reservaba para la Conadi. Tenía presente que la certificación ambiental integraba las resoluciones de todos los Servicios Públicos competentes, incluyendo, en cierto modo, ciertas atribuciones claves normadas por la Ley Indígena, materia que en esta reunión el Director se empeñó en separar, puesto que entendía que el proyecto Ralco requería dos tipos de occisiones y no sólo una (la ambiental). Que para tal efecto, concurrían la Ley 19.300 del Medio Ambiente y la Ley 19.253 de Pueblos Indígenas. En consecuencia, la opinión del Director era que en el consolidado de la Conama quedase claramente separada la función única, exclusiva y excluyente de parte de Conadi de ser éste el único Servicio Público con competencia para evaluar el Plan de Relocalización y sus variables culturales, económicas y productivas y resolver, en definitiva, con plena soberanía sobre las eventuales solicitudes de permutas. Señaló al respecto que esto debería quedar claramente explicitado en el consolidado de la Conama. Nos asistía la convicción de que uno de los propósitos no explicitados por ENDESA, era que la permuta de tierras fuese calificada como parte de los permisos ambientales, vinculando tales permutas a la resolución de Conama. Teníamos el convencimiento de que Conama no podía pronunciarse sobre tales permutas. Cuando hubo acuerdo en este punto el Director procedió entonces a firmar el informe de Conadi, declarando sustantivamente insuficiente el Addendum 2 de ENDESA. Detractores de este informe, manifestaron públicamente que esta calificación habría permitido a la Conama concluir su propio informe técnico y facilitar, en consecuencia, la aprobación ambiental del proyecto, lo que acontece el 6 de junio de 1997. En realidad, el curso de los acontecimientos destinado a dicha aprobación ya estaba definido desde antes del nuevo informe de Conadi. Tanto es así que el Director de Conadi entregó este Informe el 27 de mayo de 1997, en la tarde, y al día siguiente, el 28 de mayo de 1997, durante la mañana, la Conama hizo público el documento titulado "Informe Técnico del E1A del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, de ENDESA"... Es decir, exactamente, un poco menos de 12 horas después que Conadi había entregado su informe técnico... Todo indica que el documento conclusivo de la Conama estaba previsto con anticipación, y que no se requería necesariamente conocer la opinión de Conadi para resolver la certificación ambiental... ¿Influyó o no el pronunciamiento de Conadi en el consolidado de Conama? Lo cierto es que en base a esta duda, un conjunto de dirigentes indígenas, apoyados por algunas organizaciones ambientalistas, generaron una importante controversia pública, especialmente en Santiago y en las regiones VIII y IX, a través de la cual criticaron la actuación de Conadi, atribuyendo a su informe la responsabilidad de la aprobación ambiental de Ralco, aun cuando previamente el Director había logrado separar en el procedimiento de resolución la competencia de Conadi en forma exclusiva para resolver con independencia efectiva el tema de permutas que era el punto de mayor relevancia futura. En una agitada Asamblea de dirigentes indígenas, realizada en Concepción, el miércoles 18 de junio de 1997, y luego de una intensa reflexión no exenta de dificultades, se exigió la instalación del Consejo Nacional y se mandato a los Consejeros Nacionales Indígenas en el sentido de censurar lo obrado por el Director al suscribir la declaración de "insuficiencia sustantiva" del Plan de Relocalización y proceder a un nuevo informe en donde se rechazara en su conjunto dicho plan. Esta reunión se llevó a cabo a partir de las 16:00 horas del jueves 19 de junio de 1997 en el Edificio Diego Portales en Santiago, y en otra agitada tarde de trabajo, se presentaron tres mociones: 1) la que declara aceptado el informe del Director y se anexan condiciones para profundizar en las materias señaladas; 2) se rechaza el informe y se elabora un nuevo informe, y 3) se mantiene el informe como referencial y se envía a Conama una especie de Addendum propio. Luego del debate de rigor, que se extendió por varias horas, el Consejo Nacional por una mayoría de 10 votos aprobó la moción 1. Cinco votos lo hicieron por la moción 2 y 1 voto por la moción 3. El Director se abstuvo de votar por considerar que estando en votación su propio informe, le parecía honesto abstenerse de votar por sí mismo. Se completó así una votación de 17 miembros que son los que resuelven las decisiones del Consejo Nacional. Con este antecedente, más el prolongado debate de dos intensos días, quedó aprobado el tercer y último informe de Conadi ante la Conama en relación al Proyecto Ralco, salvaguardándose así la continuidad en los pronunciamientos institucionales.

El consolidado de la Conama: su propia síntesis final El 28 de mayo de 1998 entró en circulación oficial el documento titulado "Informe Técnico del EIA del Proyecto n Central Hidroeléctrica Ralco" de ENDESA, suscrito por la Conama. Es un documento que tiene 110 páginas y en él están considerados cinco capítulos que dan cuenta del examen final que realizó la Comisión Nacional del Medio Ambiente, desde los antecedentes generales del proyecto, el proyecto mismo, el plan de relocalización, los antecedentes del EIA, los servicios públicos que participaron en el EIA, las referencias a la Ley 19.300 y la síntesis de las observaciones formuladas por organizaciones ciudadanas y personas naturales, junto a la respectiva descripción de los procesos de consulta. Se presentó una síntesis del EIA, los efectos ambientales relevantes y las medidas de mitigación, reparación y compensación. Se dieron a conocer las conclusiones de los informantes sectoriales y se formularon importantes medidas específicas y generales. El informe fue enviado a la Dirección de Conadi, mediante el Oficio No 971488, de fecha 28 de mayo de 1997, firmado por la Directora de Conama. En dicho oficio se pidió visar el Informe y formular la "conformidad y/o consideraciones" que se estimasen pertinentes. El plazo para la respuesta de Conadi fue fijado para el día 4 de junio de 1997. En el Informe Técnico de Conama se consignaron las importantes declaraciones de 41 afectados de la Comunidad Indígena Pehuenche de Ralco Lepoy, las que en síntesis indicaron lo siguiente: "* No estamos de acuerdo con la construcción de la represa porque eso significaría irse y nosotros somos nacidos y criados en este lugar, y dejados en este lugar por Chachao (Dios) en la tierra de nuestros antepasados. * Nuestras tierras son las mejores y no queremos que la empresa nos moleste. No queremos salir de nuestras tierras; no queremos ser inundados. * Nosotros no queremos salir de donde vivimos; nos moriremos de hambre donde nos quieren echar. El Fundo El Barco es heloso; sin nieve es bueno para animales grandes, pero no es bueno para la gente y los animales chicos. * Donde estamos tenemos nuestra riqueza, ahí están los antiguos enterrados y no queremos dejar de ver este cielo, porque nuestra tierra es nuestra madre y nuestro padre; así lo dejó Chachao, nuestro Dios. * La represa afecta a la comunidad entera porque tenemos familiares que los tirarán quizás para dónde, se podrían perder el Nguillatún, las tradiciones y la cultura. * No estamos de acuerdo con que entre la empresa porque vienen a hacer abusos sin permiso, y nosotros queremos seguir viviendo tranquilos, que nuestras familias queden sin problemas porque nos queda mucha vida. Queremos que nos dejen en paz. * No queremos que nuestros cementerios antiguos se inunden; los muertos no pueden reclamar; pero nosotros creemos que el cementerio es sagrado y no se puede trasladar. * Finalmente pedimos que Conama rechace el Proyecto Ralco, que nuestra voz sea escuchada y respetada". Se consignaron también las declaraciones de 55 firmantes correspondientes a la Comunidad Pehuenche de Quepuca Ralco: "* El proyecto afecta a toda la comunidad, no sólo los que serán afectados directos por la inundación, faenas y caminos. Esto porque la comunidad será dividida, porque afecta nuestra tradiciones, y porque llegará mucha gente de afuera que influirá negativamente en nuestra vida y cultura, además de que discriminan a los mapuches. * El proyecto inunda nuestros cementerios antiguos. * No queremos abandonar nuestras tierras porque aquí hemos vivido siempre; estamos acostumbrados y sabemos cómo sobrevivir acá. Hemos hecho una vida por generaciones y estamos tranquilos como estamos aunque a veces necesitemos ayuda. * No confiamos en ENDESA y sus promesas, porque son las mismas que no cumplieron en Pangue. * Las tierras de invernada que tenemos son las únicas posibles en el Alto Bío Bío ya que las tierras del Fundo El Barco son veranadas y no sirven para la vida pehuenche. * Los ofrecimientos de trabajo no son los que la comunidad necesita, porque no sirven para mantener nuestra cultura.

* No se compara lo que tenemos con lo que se nos ofrece y con las riquezas que se sacarán del proyecto. * Por todo lo anterior, el proyecto Ralco propuesto en el EIA por ENDESA debe ser rechazado, porque queremos seguir viviendo en nuestras tierras de acuerdo a nuestra cultura como lo hemos hecho siempre. * Esperamos que en esta ocasión nuestra opinión sea tomada en cuenta y no pasada a llevar como de costumbre". Dirigentes pehuenches, herederos ancestrales del Cacicazgo histórico, también habían presentado sus propias declaraciones a Conama: "* Queremos decir lo mismo que hemos contestado muchas veces: que no queremos la represa Ralco y nos oponemos a su construcción. Queremos que las autoridades nos escuchen y consideren nuestra opinión. * Nos oponemos porque la Central Ralco nos afecta a todos como indígenas pehuenches del Alto Bío Bío; porque sabemos que son siete las represas que se quieren construir, incluyendo la del Valle del Quenco, que afectará a nuestras comunidades. * Sabemos que este problema preocupa a todas las comunidades indígenas del país, porque ellos conocen nuestro problema y están preocupados por nosotros. * Las compensaciones que se nos ofrecen no pueden ser 20 has, 80 sacos de trigo. Eso no va a durar toda la vida; no va a alcanzar para nuestros hijos y ellos quedarán sufriendo. * Nosotros decimos a Conama que no nos iremos de nuestras tierras; no saldremos aunque los de ENDESA nos ofrezcan plata y porque la tierra es nuestra, donde nacimos y crecimos y aunque nos ofrezcan El Barco y terrenos para afuera, no nos iremos. * Estamos cansados de hacer esta demanda y no cambia nada. Nosotros como dirigentes y Lonkos del Alto Bío Bío vamos a tomar la iniciativa para que las cosas cambien porque no es justo lo que están haciendo con nosotros. Estamos conformes con nuestras palabras y queremos que el Gobierno nos escuche". Los nombres de Manuel Neicumán, Antonio Ancanao, María Huenchecal, Juan Quintramán, José Pichai, Francisco Calpán, Rosa Huenchucán, Carmen Maripe, Marcos Curriao, Juan Lipimán, José Levi, Antolín Curriao, Pedro Huentao, Bernardino Huenupe, José Correa, Lucía Reinado, Domingo Piñaleo y más de un centenar de pehuenches llenan con sus apellidos las declaraciones que resume el Informe Técnico de Conama. Representan un momento significativo de convicciones acendradas. Meses después, en medio de la fuerza arrolladora de los acontecimientos en que se ven envueltos varias de estas familias, algunas de estas mismas personas aparecerán suscribiendo las primeras solicitudes de permutas de tierras, modificando básicamente su primer parecer. ¿Resignación? ¿Engaño? ¿Desesperanza? ¿Consentimiento forzoso? La realidad es más intensa. Diversos organismos de la sociedad civil expusieron también en el Informe Técnico de Conama sus diferentes observaciones, todas críticas al proyecto: el Grupo de Acción por el Bío Bío, copa once páginas y media del total de 110 hojas que compone el informe. Participa el Centro EULA de la Universidad de Concepción; el Directorio Comunal del Colegio de Profesores de Santa Bárbara; más de un centenar de ciudadanos participantes en el Primer Cabildo por el Medio Ambiente, realizado en Concepción; la Comisión Pro-Desarrollo Integral de las Comunas de Santa Bárbara y Quilaco y otras entidades. De los Servicios Públicos incumbentes se consignan resúmenes ejecutivos. Esto es el capítulo 3 del Informe. En el capítulo 4 la Conama formuló una Síntesis de la evaluación de impacto ambiental, de los efectos ambientales relevantes, y de las medidas de mitigación, reparación y compensación. Se realizó un análisis de las características ambientales del Alto Bío Bío y se describieron los principales impactos ambientales adversos del proyecto, tales como la alteración del régimen hidrológico superficial en el tramo presa Ralco-punto de devolución de las aguas turbinadas; pérdida de ejemplares de especies vegetales; pérdida de formaciones vegetacionales; pérdida de habitáis y de ejemplares de fauna terrestre y desplazamientos obligados; alteración de vistas escénicas; modificación de la fisiografía del paisaje; desaparición de río torrentoso en un tramo del río y cambio a un habitat de lago; potencial de eutroficación en el embalse Ralco [sistema natural, terrestre o acuático, con abundantes nutrientes que inducen a una biomasa alta, una diversidad específica baja, productividad alta y escasa eficiencia]; variación del régimen sedimentológico aguas abajo del embalse Pangue; pérdida de suelos (3.137 has más la caja de río: 3.467 has);

relocalización de población pehuenche (aproximadamente 555 personas); potencial de aceleración del proceso aculturativo de las comunidades indígenas; pérdida de recursos históricos/ arqueológicos inundados, etc. Ante estos y otros efectos, el Informe Técnico de Conama desarrolló entonces una extensa lista de condiciones que el proyecto debería cumplir para hacerse viable ambientalmente. Podemos señalar como algunas de las principales medidas indicadas las siguientes: "4.2.1- Establecimiento de un caudal ecológico para el tramo Presa Ralco- Punto de Restitución de las Aguas, de tal modo que el volumen de aguas se renueve diariamente tres veces. 4.2.2.- Conservación de la calidad del agua: evitar movimiento de tierras en zonas de escurrimiento natural; considerar la depuración de residuos líquidos efluentes de campamentos de obreros; utilizar sistemas de decantación de efluentes provenientes de plantas de áridos, lixiviados de botaderos y movimientos de partículas transportables; implementar un plan de despeje de la zona que quedará cubierta por las aguas, de manera de retirar la biomasa cuya descomposición en compuestos orgánicos incrementaría la demanda bioquímica de oxígeno en el agua embalsada, etc. 4.2.3.- Corredores de Fauna para recuperar aquellos hábitats para fauna terrestre local a través de los reforestación con especies nativas. 4.2.4.- Salvataje de fauna durante el llenado del embalse. 4.2.5.- Medidas asociadas a mitigar la alteración del paisaje. 4.2.6.- Medidas para minimizar la aceleración del proceso aculturativo. 4.2.7.- Plan de ordenación del embalse Ralco. 4.2.8.- Restauración de suelos de inutilización temporal, procediéndose a revegetar y reforestar en todas aquellas áreas que haya intervenido y que no sean ocupadas por obras definitivas. 4.2.9.- Cambio de la capacidad de uso de suelo en yacimientos y botaderos. Se debe potenciar la recuperación de taludes mediante la incorporación de una capa de suelo vegetal y restitución de su vegetación primitiva. 4.2.10.- Recuperación de las vistas escénicas y de la fisiografía del paisaje en los sitios intervenidos (remodelación de las áreas afectadas por el proyecto). 4.2.11.- Plan de relocalización de las Comunidades Indígenas afectadas de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy. Esto comprende un Plan de acondicionamiento de predios receptores; un programa de traslado; un programa de asistencia de continuidad (productivo, de desarrollo turístico, social y cultural); un programa de desarrollo a largo plazo (capacitación y comercialización de productos, fomento del uso de la lengua nativa y mantención de lazos culturales con los migrantes, becas escolares, apoyo de emergencia y apoyo especial a grupos vulnerables de la comunidad). 4.2.12.- Compensación por pérdida de suelos de pequeños propietarios de Contraco y Guayalí Fiscal. 4.2.13.- Alteración de recursos Arqueológicos e Históricos. (Difundir la información arqueológica resultante con el propósito de incrementar los conocimientos del pasado aborigen de la zona). 4.2.14.- Medidas de prevención de riesgos y control de accidentes (deslizamientos, sismicidad, volcanismo, crecidas hidrológicas), todo lo cual comprende medidas vinculadas a actividades hidriogeológicas, fluviométricas, evaluación de la calidad de aguas en el embalse Ralco propiamente tal y aguas abajo del embalse; evaluación continua del caudal ecológico, control del nivel de socavación del fondo del lecho del río, programa de monitoreo de la flora y fauna acuática, prevención de daños arqueológicos, seguimiento de áreas de riesgo por deslizamientos, riesgo sísmico y riesgo volcánico, etc". Por cada uno de estos componentes se ampliaron y se detallaron con máximo rigor los diferentes requisitos que la obra debería cumplir ambientalmente, incluyendo pautas de evaluación de indicadores precisos que la Conama estima indispensable que se cumplan antes, durante y después de la construcción de la represa. En el capítulo cinco del Informe se dieron a conocer las conclusiones principales de los informes sectoriales de distintos servicios públicos. Por ejemplo, en relación al "cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al proyecto", entre las cuales cabe señalar las normas legales que se informan en relación al corte o explotación de árboles y arbustos, la construcción de represas que impidan la migración natural de los peces, la cerficación correspondiente de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en donde se declare que las faenas de lavado de material pétreo para los hormigones no generarán residuos industriales líquidos, etc.

Se estableció en el informe que ENDESA debería considerar una serie de permisos complementarios tales como los de extracción de ripio y arena en los cauces de los ríos y esteros y vegetar con empastadas, arbustos y árboles los yacimientos que se ubiquen en zonas que no serán inundadas por las aguas del embalse. Entre otras medidas de igual calidad se estableció que la empresa deberá desinfectar las aguas con productos y dosis que no generen daños sobre la salud de la población, junto con tratar las aguas servidas que se generen en los campamentos y manejo de lodos generados por la planta de tratamiento. En relación a las medidas de mitigación, compensación o reparación el Informe de Conama señaló que, sin perjuicio de lo ya señalado en el EIA anterior y sus Addendum 1 y 2, deberán considerarse las siguientes otras exigencias (punto 5.3.1 del informe): a) En relación a los hábitats afectados, a la vegetación y flora, a la fauna y al valor paisajístico y ambiental del territorio: * efectuar extracción selectiva de individuos en aquellos sectores donde la altura de los árboles o arbustos supere los cuatro metros. * la vegetación intervenida para efectos de la operación de la línea de transmisión, deberá ser reemplazada con vegetación arbustiva (...). * en sectores abiertos de praderas puras o con árboles/arbustos no se deberá realizar roce; los desechos producto de la poda y del roce deberán ser triturados y esparcidos en forma homogénea sobre el suelo o retirados; los remanentes del movimiento de tierra deberán ser repartidos en forma homogénea sobre la superficie del suelo. * ENDESA no podrá hacer uso del fuego como medio para realizar el roce de la franja de seguridad (...). * la compensación por la pérdida de formación vegetal, la alteración de los hábitats por fauna terrestre, la alteración del paisaje y del valor ambiental del territorio debe realizarse a través del establecimiento de un área con un mínimo de 4.500 has destinadas a la protección. * la reserva biológica como compensación al impacto causado por el proyecto debe contener bosques representativos del tipo roble-raulí-coihue, que incluya hábitats ribereños.(...). * se debe presentar una propuesta de administración y manejo del área de reserva para la protección de los bosques de tipo forestal y la mantención de poblaciones de las especies vulnerables de la región. * el programa de compensación de estos aspectos deberá ser desarrollado por una Comisión Independiente de Expertos. Asimismo este programa podrá formar parte de un programa integral de desarrollo para la zona, que contemple los siguientes aspectos: * las medidas específicas para compensar los impactos sobre los ecosistemas afectados por el proyecto, ** el cumplimiento de la obligación de reforestar, ** la incorporación de los intereses de las comunidades indígenas y locales, afectadas por el proyecto, de modo que se pueda considerar que la presunta área sea fuente de algunos recursos, tales como leña y forraje, para eventuales períodos de restricción que dichas comunidades pudiesen enfrentar, ** y el financiamiento de actividades de desarrollo de las diversas iniciativas por un período no inferior a diez años. * Considerando que el área inundada afectará a los componentes de la fauna terrestre, se deberá compensar dicho impacto negativo con la realización de acciones específicas de rescate y relocalización, las que deberán efectuarse inmediatamente antes del embalse, con el objeto de facilitar el escape de la fauna que no podrá hacerlo por sus propios medios". En el informe se exigió considerar el repoblamiento de especies de fauna íctica, estableciendo áreas protegidas (en tributarios), equivalentes al área de inundación, entre otros rigurosos aspectos técnicos. Se cautelan además una serie de medidas relacionadas con los efectos sobre el suelo, tanto en la construcción y operación de la línea de transmisión eléctrica y en la construcción y utilización de caminos. Se señalan, por ejemplo, las siguientes medidas: * reparar los daños provocados al interior de los predios (corte de puentes, corte de cercos, destrucción de establos o galpones, interrupción de canales de regadío, movimiento de tendido eléctrico domiciliario, etc). * evitar deslizamiento de masas de tierra y rocas hacia el camino o cotas inferiores.

* instalar por debajo de los terraplenes una cantidad adecuada de tuberías que evacuen las aguas lluvias que se deslizan por las laderas de los cerros. * estabilizar y vegetar los taludes para prevenir la erosión, deslizamientos y derrumbes, etc". Se establecen también severas medidas en relación al caudal ecológico entre el tramo Presa Ralco-Punto de restitución. Para Conama la disminución del caudal de las aguas del río constituye un impacto negativo de alta significación con potencial pérdida de ejemplares de flora y fauna acuática. Considerando entonces que la pérdida de potencia y generación energética de la central es dependiente del aumento del caudal, la Conama determinó que durante cinco años se entregase un caudal de 39,3 ms y que luego, de acuerdo a los resultados obtenidos por el plan de seguimiento ambiental, se iniciase un plan de variación de caudales. Se señaló también la necesidad de instalar una mini-central generadora que entregue el caudal requerido. Con estas medidas se podría garantizar la mantención de niveles poblacionales adecuados, particularmente para las especies catalogadas en algún estado de conservación. Así dice el informa de Conama. ENDESA había propuesto un valor de 12,2 m/s como caudal ecológico entre la presa y el punto de restitución de las aguas. La Conama estimó que "no existe la evidencia indispensable para determinar que (dicho valor) será suficiente para establecer un mínimo nivel aceptable para la vida acuática que actualmente habita en dicho tramo". Se incorporaron también en el Informe Técnico los efectos sobre el régimen sedimentológico del sistema hidrológico y medidas específicas en relación a los recursos arqueológicos y los cementerios. ) El Informe de Conama respecto del Plan de Relocalización En el Informe se incorporó también una amplia referencia al Plan de Relocalización. Sobre el Fundo El Barco, en cuanto a su capacidad de sustentación ganadera, la Conama recogió las observaciones de Conadi y llegó a la conclusión de que la capacidad de carga animal es de 439 UA y no de 623 UA según había informado ENDESA. Citó al Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, que había informado que no existía concordancia entre los valores de carga animal con lo informado por ENDESA, motivo por el cual la Conama le indicó a ENDESA que "deberá preparar y presentar un Plan de Desarrollo Agrícola y Ganadero para los predios El Barco, El Huachi y Santa Laura, el que deberá considerar un horizonte de 10 años". La idea es que este Plan aborde un programa de explotación productiva (pecuaria-bovina, rumiantes menores; autosustentabilidad agrícola y proyecto de riego). Tiene que incluir, además, la organización y administración predial correspondiente; comercialización y mercado; capacitación y asistencia técnica y en materia de financiamiento ser solventado por ENDESA. Dice el informe: "Este Plan de Desarrollo deberá considerar implementar todos los elementos necesarios para que las familias estén en condiciones de poder manejar tierras y hábitats en condiciones distintas a las originales, amén de las dificultades propias de la viabilidad cultural y de otras prácticas como la horticultura, fruticultura, praderas asociadas a riego, cultivos de remolacha, uso de insumos químicos o actividades turísticas entre otras. Además, deberá considerar la caracterización de los suelos trumaos en relación a aquellos de carácter aluvial". En relación al régimen climático del Fundo El Barco, el Informe de la Conama advierte sobre la necesidad de que se elabore un "Plan de Contingencia frente a inviernos crudos" que considere forraje e infraestructura de resguardo para los animales y la adición de un sistema de invernada complementario, "si se determina que la rigurosidad del invierno no permite cumplir con los objetivos productivos del plan de relocalización, materia que deberá ser definida por una comisión independiente". La Conama comparte así la intensa preocupación que le asiste a los profesionales agrónomos de la Conadi en cuanto a que el efecto que tiene la altura en climas cordilleranos es determinante para la calidad del invierno y por ende, para la calidad de vida de las familias a ser reasentadas como también para la sustentabilidad productiva agropecuaria. De hecho el Fundo El Barco fue declarado por Conadi insustentable... definitivamente. Cabe señalar que informes posteriores del Ministerio de Agricultura, sobre nuevos estudios realizados entre septiembre y octubre de 1998, semanas después de la crisis institucional provocada en Conadi en agosto, ratificaron y expandieron las evaluaciones críticas respecto de las reales capacidades de los fundos El Barco, Santa Laura y El Huachi. Otro tema observado por la Conama en su Informe Técnico se relacionó con la propuesta de ENDESA de crear una Fundación de Desarrollo Pehuenche Autónoma. Previamente, la empresa

había señalado en los Addendum que ella tendría poder de veto en la Fundación, materia que fue considerada inapropiada por la Conama. Se agregó que "el financiamiento para la inversión y gastos de operación de la infraestructura social y de servicios básicos que será necesaria como consecuencia del Plan de Relocalización deberá ser costeado en gran medida por ENDESA, más allá de que el Estado pudiera aportar a través de fondos concursables". Se indicó que el Plan de Asistencia de Continuidad deberá empezar en el momento que comience el traslado de las personas y se deberá extender por un plazo de 10 años concluida la relocalización. Un segundo sub-tema, descrito en el punto 5.3.7 del Informe, abordó los efectos sobre la cultura. Se recogió en este apartado gran parte de los planteamientos formulados en los Informes de Conadi. Sobre el particular, la Conama concluyó estableciendo que: "se deberá atender las particulares condiciones culturales existentes, de modo que las familias puedan seguir perteneciendo a su comunidad y mantener sus vínculos en todo orden de cosas, dado que dichos vínculos, al interior de una comunidad indígena, están regulados por fuerzas internas de comprensión y aceptación natural. El desarrollo de los subprogramas culturales de resignificacíón y puesta en valor de lugares sagrados, y resemantización de los lugares de relocalización, deberán considerar adecuadamente el carácter místico (o mágico-religioso) que constituye la base de la matriz cultural mapuche-pehuenche, en donde el paisaje, la historia de vida, el pasado y el presente, están articulados por la presencia de símbolos que otorgan una significación muy profunda a los lugares que habitan las comunidades". En síntesis, y volviendo al inicio del Informe Técnico de la Conama, el Plan de Relocalización comprenderá un "Programa de acondicionamiento de predios receptores" para establecer una explotación racional y sustentable de los mismos; un "Programa de traslado y un Programa de asistencia y continuidad por 10 años". Desde el punto de vista formal, la Conama estipuló que, en cualquier caso, la evaluación de este Plan es competencia de Conadi: "Sin perjuicio de lo señalado en este Informe, además la relocalización de población indígena debe ser llevada a cabo bajo los preceptos de la Ley 19.253 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ello implica que la permuta de tierras indígenas, requerida para la ejecución del plan de relocalización, sólo puede practicarse con la autorización de la Conadi. La permuta de tierras indígenas no se considera normativa de carácter ambiental y, por tanto, el acto de la autorización antedicha no está vinculado a la Resolución de calificación ambiental en el contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental". Esta trascendental definición es ampliada en las páginas siguientes del Informe Técnico de Conama, en donde se establece que: "El D.S. No 30, de 1997, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no incluye entre los permisos ambientales la permuta de tierras contenida en el Artículo 13 de la Ley 19.253, no constituyendo ésta un permiso ambiental. Por lo tanto, en su otorgamiento no se deben considerar factores ambientales al aprobar un proyecto en general, sin perjuicio de todos los elementos sociales, económicos y culturales que deben considerarse y que a juicio de la Conadi, como órgano competente, le corresponde evaluar para la autorización específica de la permuta de cada propiedad". Continúa el Informe: "La evaluación y aprobación de las permutas constituyen un proceso distinto y separado del de evaluación de impacto ambiental. La evaluación de las permutas por parte de Conadi podría requerir no sólo de un análisis detallado y caso a caso (para la permuta de cada unidad familiar) de la valorización económica de los bienes inmuebles involucrados, lo que no se requiere para la evaluación ambiental, sino que también podría incluir conceptos tales como el costo de oportunidad de las tierras, cuya inundación haría factible el proyecto hidroeléctrico, consideración que Conama, en el contexto del EIA, está inhabilitada para realizar. "Desde esta perspectiva debe destacarse que la autorización ambiental y la autorización de la permuta son claramente diferenciadas e independientes una de la otra, siendo la aprobación ambiental, y dentro de ella las líneas generales del proceso de relocalización, condición necesaria pero en ningún caso suficiente para la realización del proyecto, que sin lugar a dudas requiere de una evaluación posterior de las permutas por parte de Conadi como único órgano competente.

"A su vez, tanto a la Conadi como a la Conama, y en general, a todos los Servicios e Instituciones Públicas que han participado en el EIA de este proyecto, les corresponde llevar adelante el mandato general de la Ley 19.253, cual es respetar y proteger y promover el desarrollo indígena, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación y propender a su ampliación". Es importante remarcar estas consideraciones formales y lo que implican para la gestión de Conadi en el tema Ralco. En efecto, decía anteriormente que en el análisis gubernamental realizado previamente a la entrega de este informe, el Director buscó establecer que la soberanía institucional de Conadi, en cuanto a resolver exclusiva y excluyentemente sobre las permutas de tierras en Ralco, era un tema que debía quedar absolutamente explicitado en el Informe final de Conama. Sabíamos de la existencia de la letra c), del Artículo 11 de la Ley 19.300, del medio ambiente, que trata sobre reasentamientos de comunidades humanas como efecto ambiental, lo que podía implicar, efectivamente, una ventanilla única para resolver la certificación ambiental de Ralco. Nos asistía la convicción estratégica de que era necesario relevar el carácter especial de la Ley Indígena y por lo tanto, cautelar el imperio de sus facultades y sobre todo la soberanía del Consejo Nacional en cuanto a resolver independientemente el plan de relocalización. Cuando Conama señaló en su Informe Técnico que la tarea de evaluar y aprobar las permutas es un proceso distinto y separado de la evaluación de impacto ambiental, nos otorgó la razón. Incluso, al señalar que la permuta no constituye permiso ambiental estaba agregando que es un componente diferenciado que tiene un tipo de efecto distinto al ambiental, precisamente, por tratarse de asentamientos humanos que, el propio informe reconoce, son constitutivos de una expresión cultural muy estrictamente particular. La Conama le reconoció así competencia específica a la Conadi para resolver tos elementos sociales, económicos y culturales que se deban evaluar y que a la Corporación le corresponde en tanto órgano competente hacerlo. Incluso, Conama se declaró inhábil para evaluar el costo de oportunidad de las tierras a inundar, porque ello no se requiere para la evaluación de los efectos ambientales. A partir de lo cual, reiteró entonces que la autorización de la permuta y la autorización ambiental son claramente diferenciadas e independientes. En este contexto, especifica la Conama, la aprobación ambiental es condición necesaria, pero en ningún caso suficiente para la realización del proyecto, lo que requiere la evaluación posterior de las permutas por parte de Conadi. Se cumplió así el objetivo esperado por la Dirección Nacional en 1997, en el sentido de resguardar el pleno imperio de la Corporación y de la aplicación de las normas de la Ley Indígena. Al separarse las atribuciones de ambos organismos, estaba esclarecido que Conama y Conadi concurrían separadamente a la certificación del proyecto: uno, Conama, en razón de la aprobación ambiental y dos, Conadi, evaluando las permutas de tierras y sus diversos componentes sociales, económicos y culturales. No obstante, el Informe de Conama igual incorporó elementos ambientales aprobatorios del plan de relocalización, pero también recogió observaciones de fondo expuestas por la Conadi e incorporó la variable cultural como componente del proceso de decisiones. Eso es el resultado normal de los tres informes institucionales de la Corporación. Sobre este importante punto, no obstante, se presentó (y está vigente) más de una interpretación, pues para la autoridad ministerial, al contar el Proyecto Ralco con la aprobación ambiental de junio del 97, sólo se requiere posteriormente de parte de Conadi la aprobación de las permutas en las mejores condiciones posibles. En consecuencia, no era tan así que la decisión probable de la Corporación fuese rechazar las permutas. Este dato no estaba registrado como probabilidad real en mIDEPLÁN... La diferencia con la Conadi proviene de la experiencia institucional, del trabajo en terreno, de los estudios acumulados, del diálogo constante con las autoridades pehuenches y las familias afectadas: dicha aprobación requería, entre otros aspectos, un procedimiento que permitiera constituir un consentimiento realmente voluntario de los afectados y eso estaba siendo contradicho de manera intensa por la realidad. Cuestión que llevó a que la Dirección de Conadi ejecutase una labor extremadamente rigurosa en el Alto Bío Bío y como consecuencia de ello se observó, activamente, con aprensión el comportamiento empresarial en la zona indígena.

En definitiva, son los hechos, que se describirán más adelante con mayor documentación, los que llevan al riguroso equipo jurídico, a los Consejeros Presidenciales exonerados, a los Consejeros Indígenas, al Director Nacional e incluso, a algunas autoridades de gobierno, al menos hasta mayo de 1998, a compartir la preocupación en torno al hecho de que el proceso de constitución de solicitudes de permuta en Ralco sería más bien fruto de una imposición corporativa que resultado de un consentimiento claramente voluntario en relación con la opción de permanecer en el lugar. El trabajo en terreno lo fue señalando cada vez con mayor intensidad y las entrevistas realizadas a los pehuenches que firmaron las primeras solicitudes de permutas permitieron establecer que aun estando de acuerdo en dicha suscripción, la firma de tales solicitudes se hizo a contrario sensu del consentimiento voluntario, toda vez que dicha suscripción no deja lugar a otras opciones, entre ellas permanecer en el territorio ancestral. Es decir, si una familia no quiere firmar una determinada solicitud de permuta, o se arrepiente de ello y desiste, aun en ese caso cuenta con la opción de mantenerse donde está sin que exista circunstancia ajena que lo obligue a salir de su espacio contra su voluntad. La permuta de tierras admite la existencia de esta alternativa para que sea expresión de voluntad manifiesta de parte del indígena. Es decir, la permuta siempre será conveniente si, por un lado, la familia indígena estima que las tierras a permutar son mejores que la actual y, si por otra parte, en el evento de arrepentirse nada le obliga a moverse del lugar en donde ha radicado siempre. Distinto es el caso en que no hay más alternativa que salir obligadamente del lugar, aun cuando se produzca una adecuada indemnización y/o compensación. En ese caso, la permuta nace como una condición obligatoria de una erradicación inevitable y el consentimiento ante ello siempre será forzado, nunca voluntario. La Ley Indígena no admite este procedimiento.Y con razón, el equipo jurídico de Conadi pensaba que la figura legal correspondiente podría ser la de una indemnización per perjuicios más que la de una permuta por conveniencia. De ahí la importancia del hecho formal de que Conadi examinase con amplitud el trasfondo del procedimiento de constitución de permutas en Ralco, pues estaba en juego este delicado componente formal del consentimiento voluntario, además de los contenidos propios de la promesa de permuta y la asociación de estos componentes con la variable cultural y ancestral, tratándose por cierto, de una de las principales Etnias del país. Y es necesario agregar que ello representa además un asunto ético de máxima importancia. Nuevo oficio de Conadi a Conama El 4 de junio de 1998, a través del oficio 8/161 de la Dirección Nacional, la Corporación entregó su opinión en relación al Informe Técnico de Conama, descrito precedentemente. En dicho oficio se abordó la situación relativa a "Sondeo de recursos Arqueológicos y cementerios", en donde la Corporación denotó una diferencia importante de apreciación con dicho Informe. En efecto, Conadi sostiene en el oficio 8/161 que "cualquier tipo de excavación en estos ceméntanos indígenas, en razón de un proyecto cuyo resultado será la inundación de los mismos, no constituye un afán científico". El informe de Conama sólo reconocía la competencia de Conadi en el tema de los cementerios indígenas con fines científicos y le entregaba al Consejo de Monumentos Nacionales la competencia definitiva sobre la excavación de cementerios indígenas. Sobre el particular Conadi afirmó que: "El Art. 29 de la Ley 19.253 modificó tácitamente la Ley 17.288 y su reglamento, en términos de añadir un nuevo concepto jurídico al tema, cual es "el patrimonio de las culturas indígenas y los bienes culturales". Y estableció dos requisitos adicionales al procedimiento existente: informe de Conadi y consentimiento previo de la comunidad. "Del análisis de las normas legales sobre Monumentos Nacionales y su protección, así como de su reglamento, es posible afirmar que no está contemplada la finalidad específica que requiere el proyecto Ralco, esto es la desaparición de los lugares que se indican como recursos arqueológicos. Ello, por cuanto el legislador estimó en la dictación de las normas, el aspecto positivo de la intervención del hombre en dichos sitios, como investigar y conocer la cultura, mas nunca para destruirlos. Del propio informe de Conama se desprende el hecho de que el impacto ambiental del proyecto implica la pérdida definitiva de los lugares de emplazamiento o localización de los restos.

"En suma, la normativa legal vigente se refiere básicamente a la intervención de los recursos arqueológicos por razones científicas. El Art. 22 de la Ley 17.288 se refiere a excavaciones de carácter arqueológico, antropológico o paleontológico. "El Art. 29 de la Ley 19.253 se refiere a la excavación de cementerios indígenas con "fines científicos". El espíritu del legislador en esta materia ha sido de conservación y protección y de no afectación contraria a estos fines". Las observaciones que formuló Conadi el 4 de junio de 1998 guardan relación con aspectos sensibles que ya habían sido expuestos en los tres primeros informes de la Corporación en el marco del EIA entre 1996 y 1997. Por ejemplo, se solicitó reiteradamente en los informes 1 y 2 de la Conadi que ENDESA acompañase cartografía detallada de las áreas de influencia como ha sucedido respecto de otros proyectos sometidos al EIA. Al respecto se señaló en el oficio 8/161 que esto no era una mera pretensión formal sino un antecedente importante para determinar, por ejemplo, eventuales indemnizaciones. Con motivo del tema "interrupción de fiestas ceremoniales", la Dirección de Conadi adicionó un argumento que se refiere al modo de abordar la construcción de consensos con el Pueblo Pehuenche sobre este proyecto, argumento que demuestra que la Corporación, en virtud del Artículo 34 de la Ley Indígena, contaba con un diseño para establecer un procedimiento consultivo efectivo. "Resulta del todo necesario incorporar en el Informe Técnico la conclusión antropológica del oficio 8/155 de Conadi, en cuanto a que los efectos residuales en el ámbito de la existencia cultural, social, productiva y religiosa de la comunidad no sólo conllevan riesgos de extinción de un modo de ser en la sociedad, sino una definitiva aculturación de la población y una pérdida irreparable de su Identidad. "Esto será más irrevocablemente perjudicial si no son las propias comunidades Mapuche Pehuenche las que, desde su singular cosmovisión, concurran a una decisión de la más alta trascendencia sobre cambios que son muy profundos para su destino presente y futuro, su convivencia y existencia como Pueblo. "El Informe Técnico de Conama, en atención a esta conclusión pareciera no recomendar mecanismos de participación directa de los afectados en las decisiones pertinentes, lo cual sería del todo necesario considerar ex ante del proyecto, más aun en virtud del mandato expreso de la Ley 19.253 en su artículo 1º". Es decir, la Corporación a través de este Oficio, expresó claramente la necesidad de aplicar a cabalidad el Artículo 34 de la Ley y generar así condiciones para una mayor participación de las Comunidades Pehuenches en el tratamiento del tema Ralco. Nótese que la referencia es al concepto de "comunidades" y no de "familias afectadas", aun cuando éstas forman parte de las comunidades. Precisamente, este es un punto extremadamente sensible en el examen del proyecto Ralco, puesto que el vínculo territorio-comunidad-familia es un vínculo unitario e interrelacionado. En el caso de la negociación específica con 98 familias indígenas sólo se cumple una parte de este vínculo. El ámbito territorio (el Alto Bío Bío en su conjunto) y la comunidad (las 7 comunidades del Alto Bío Bío) quedaron ajenos al proceso de negociación impulsado por la empresa para procurarse las solicitudes de permutas. Y eso es, a todas luces, un importantísimo error de procedimiento. Es decir, se descuidó -voluntariamente o no, por omisión o desconocimiento- la radical importancia de este vínculo unitario y por lo tanto el hecho de haber considerado a las autoridades ancestrales pehuenches como punto principal de referencia, y sólo después a las familias. Disuelta, desconocida y desestructurada la autoridad ancestral, las familias indígenas quedaron libradas a su suerte. Así ha sido históricamente. RALCO es aprobado por CONAMA Nuestro informe se entregó el 4 de junio de 1997. Pues bien, el 6 de junio de 1997 la Comisión Nacional del Medio Ambiente informó a los Servicios Públicos incumbentes, entre ellos Conadi, de su aprobación del proyecto, mediante el Oficio No 971630, en el que comunicó la Resolución favorable de la ''Calificación Ambiental del Proyecto "Central Hidroeléctrica Ralco" de ENDESA". Básicamente, la Resolución es el Informe Técnico anterior, corregido en algunos aspectos, y sobre dicho antecedente se resolvió entonces "Calificar favorablemente el proyecto Ralco bajo las condiciones o exigencias establecidas en los puntos S, 8.1 y 8.2 de los Considerandos de la

presente Resolución" (medidas de mitigación, restauración, compensación, prevención de riesgos, control de accidentes; plan de Relocalización y sus correspondientes programas y plan de seguimiento ambiental). En lo fundamental en la Resolución se expone: "Que atendiendo a lo expuesto, el proyecto cumple con todos los requisitos ambientales aplicables, la normativa de carácter ambiental; y que, respecto de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley 19.300, se han establecido medidas de mitigación, compensación y reparación apropiadas". El 9 de junio de 1997 la Directora de la Conama ofreció una Conferencia de Prensa para entregar un Comunicado Público, en donde se dio a conocer al país la resolución en tomo al Proyecto Ralco. Dicho Comunicado expresó lo siguiente: "Cabe recordar que en marzo de 1996 la empresa proponente presentó su Estudio de Impacto Ambiental, el cual fue calificado como insuficiente en agosto de 1996 por Conama y los servicios públicos con competencia ambiental. A juicio de estas instituciones, el EIA presentaba insuficiencias en la línea de base y carencias manifiestas respecto de planes de medidas de mitigación y compensación, particularmente en lo atingente a las poblaciones Pehuenches sujetas a relocalización. "A petición de Conama, la empresa presentó dos Addenda: el primero, el 14 de febrero de 1997 y, el segundo, el 28 de abril recién pasado. En estos Addenda se corrigieron las falencias del estudio original, en cuanto a línea de base y evaluación de impactos, y se presentó un plan de medidas de mitigación y compensación considerado apropiado por Conama. "Las medidas propuestas y las condiciones adicionales impuestas por la Resolución, dan cuenta apropiadamente de los impactos que la Ley 19.300 en su artículo 11 establece como ambientales, de los cuales cabe destacar los siguientes: "En lo que se refiere a impactos sobre comunidades humanas que deban ser reasentadas (Art. 11, c), el proyecto se acompaña de un completo plan de relocalización, que ofrece compensación a los impactos económicos, sociales, productivos y culturales asociados a la relocalización. "Conama analizó la adecuación de este plan desde el punto de vista ambiental, y consultó en las diversas etapas de análisis la opinión de los afectados. Se ha concluido que el plan es apropiado, ya que globalmente ofrece compensaciones adecuadas para mantener e incluso eventualmente mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas. Es necesario hacer notar que la aplicación a nivel individual y predial de las compensaciones no-ambientales ofrecidas por la empresa es competencia de otros organismos del Estado. "En cuanto a la opinión de las personas y comunidades afectadas, éstas manifestaron oposición al proyecto durante la primera etapa de análisis, cuando aun no se había desarrollado una propuesta completa del plan de relocalización. Sin embargo, una vez conocida esta última, una mayoría de los afectados manifestó su disposición a la relocalización. "En lo que se refiere a los impactos sobre la cantidad y calidad de recursos naturales (art. llb), así como el valor ambiental del territorio (art.ll d), se evaluaron detalladamente el impacto y las medidas de mitigación, reparación y compensación asociados a los recursos agua, flora, fauna íctica y terrestre y suelos, encontrándose que las medidas y condiciones son apropiadas. Dentro de éstas se incluyen medidas para la conservación y reposición de las especies arbóreas perdidas; el salvataje y el repoblamiento de la fauna afectada, el establecimiento de un caudal ecológico entre la presa y la casa de máquinas aprobado por todos los servicios públicos con competencia ambiental y el establecimiento de un área protegida equivalente en superficie. "En lo que se refiere a los eventuales efectos sobre áreas protegidas (Art. lid), se analizó el posible impacto sobre las reservas Ralco y Nalcas, concluyéndose que sólo la primera es relevante al proyecto por su proximidad. No obstante, esta área no sufrirá impacto directo por el proyecto, y sólo eventualmente en forma indirecta, por la mejoría de las vías de comunicación hacia la zona. Por esta razón, y como medida preventiva, se estableció un sistema de monitoreo a la reserva con cargo al proponente. "En lo que se refiere a la alteración del valor paisajístico o turístico del territorio (Art. 11 e), se establecieron resguardos para mitigar y reparar impactos paisajísticos derivados de la construcción y la operación del proyecto. Entre estos se cuentan la mantención de un caudal mínimo, y medidas para la reforestación y el manejo de suelos y taludes en forma armónica con el entorno. Debe destacarse, sin embargo, que la resolución reconoce que el cambio del paisaje desde uno de río profundo a uno de lago artificial es un impacto no reparable ni compensable, cuyo valor social

pertenece al ámbito de lo subjetivo. La Ley chilena no ha manifestado decisión de proteger este activo contra todo evento, lo que habría requerido su declaración legal bajo la fórmula de Santuario de la Naturaleza, Parque Nacional u otra similar. En cuanto al valor turístico se considera que será impactado favorablemente por el proyecto. "En lo que se refiere a la eventual alteración de monumentos o sitios con valor arqueológico o antropológico, la Resolución ha dispuesto su protección, manejo y rescate, siguiendo el criterio y las disposiciones del Honorable Consejo de Monumentos Nacionales. "El proceso que se inició en marzo de 1996, ha finalizado con esta evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco por parte de la Dirección Ejecutiva de Conama". Reacciones a la Resolución de CONAMA Distintos sectores de opinión pública, con pocas horas y días de diferencia, reaccionaron ante la resolución de la Conama. Grupos ambientalistas e indígenas urbanos ocuparon la sede central de esta entidad en Santiago y tuvieron que ser desalojados con el uso de fuerza pública. En el norte, organizaciones indígenas aymara ocuparon la sede de la Subdirección Nacional Norte de Conadi, en Iquique, en protesta por la aprobación ambiental de Ralco. En Santiago, fue ocupada por comunidades mapuches urbanas la sede de Conadi, y sus dirigentes emitieron severas declaraciones públicas, incluso de condena hacia la Conama. En Temuco, la sede de la Dirección Nacional de Conadi fue ocupada por organizaciones indígenas del sur y transcurrieron largas horas de conversación con los ocupantes antes de lograr su salida pacífica del recinto. La Resolución ambiental favorable al Proyecto Ralco de ENDESA abrió así las primeras heridas profundas en el mundo indígena. El 16 de junio de 1997, el Instituto de Estudios Indígenas emitió una declaración en donde calificó como grave la resolución de la Conama "porque abre las puertas a la materialización de un proyecto que lesiona en forma manifiesta el derecho que los indígenas tienen de acuerdo a la ley nacional e internacional a vivir en las tierras que les pertenecen desde tiempos inmemoriales (...). "Consideramos que la resolución de Conama es grave además por cuanto, de acuerdo a nuestros estudios, da su aprobación a un proyecto que afectaría de tal modo las formas de vida, tradiciones y sistemas de creencias de las comunidades pehuenche que allí viven, que constituye una amenaza a su sobrevivencia cultural. En efecto, la resolución de Conama acepta que el proyecto Ralco acelerará el proceso de aculturación de las comunidades indígenas afectadas, proponiendo para enfrentar esta situación un conjunto de medidas que, de acuerdo a nuestros estudios, no garantizan este objetivo. "A esta alteración cultural contribuirá en forma determinante el desarraigo de la población pehuenche de sus tierras ancestrales, tierras con las que los indígenas tienen, por razones históricas, ambientales y culturales, una relación especial y determinante en su identidad según lo reconocido por el propio EIA encargado por ENDESA en este proyecto. "Dicha alteración cultural se verá agravada por la pérdida de una importante cantidad de sitios arqueológicos y antropológicos, incluyendo lugares sagrados, cementerios entre otros, identificados en el EIA, los que serán inundados a consecuencia de la construcción de la central Ralco. "De acuerdo a lo constatado en nuestros estudios de terreno, este impacto cultural sería de tal magnitud para las comunidades afectadas, que difícilmente podría ser mitigado o compensado a través de las medidas propuestas por Conama (...). "Finalmente, en el ámbito cultural debe subrayarse la gravedad del impacto que el proyecto Ralco producirá en la cohesión interna de las comunidades. Consideramos que la división generada hasta la fecha en las comunidades afectadas con el conocimiento de este proyecto y la presencia de ENDESA en el área, se vería inevitablemente profundizada con su materialización a futuro, poniendo seriamente en peligro su cohesión interna como comunidad y como Pueblo (...). "A lo largo de nuestro trabajo en el área hemos sido testigos de la presión ejercida por ENDESA sobre las familias pehuenche directamente afectadas por el proyecto, a través del engaño -al señalárseles que en caso de no aceptar la relocalización serían desplazados de sus actuales tierras sin obtener beneficio alguno- y de acciones ilícitas, como la entrada de sus funcionarios sin

autorización en tierras indígenas, a objeto de lograr su consentimiento con respecto a este proyecto y el reasentamiento desde sus actuales tierras. "Hemos tenido conocimiento, además, de la acción ejercida por la ENDESA frente a las autoridades a fin de lograr su aprobación de este proyecto, llegando incluso a desvirtuar ante ellas la seriedad de la asesoría realizada a Conama por instituciones como la nuestra en el proceso de evaluación de impacto ambiental para el logro de este fin. "Queremos llamar la atención frente a este hecho, por cuanto pensamos que las Leyes, como la de Bases del Medio Ambiente, deben ser respetadas por todos los sectores, única forma de garantizar una convivencia sana al interior de nuestra sociedad. En caso de no respetarse los procedimientos legales, así como el derecho de la ciudadanía a pronunciarse en forma libre e informada sobre proyectos como éste, se produce una pérdida de fe en las instituciones legales, lo que puede derivar en procesos que pueden poner en peligro la convivencia democrática. "Hacemos finalmente un llamado a Conadi, a cuyo Consejo Nacional probablemente corresponderá analizar la solicitud de permuta de las tierras indígenas a ser inundadas por este proyecto, para que hagan cumplir en este caso la función que la Ley Indígena les otorga, cual es proteger las tierras indígenas del país". El proyecto Ralco y la compleja resolución de la con ama, por cierto, generalizó las reacciones en el mundo indígena. No son sólo organizaciones mapuches de la Novena y Octava región las que reaccionan de diversa manera. Lo hacen también las representaciones orgánicas de otras etnias y de distintos cacicazgos históricos del país. Notable es, por ejemplo, la declaración de la Junta General de Caciques de Chiloé el 18 de junio de 1997: "La autorización que ha emanado de la Conama sobre el Proyecto Ralco es una clara expresión de desprecio por los pueblos originarios de Chile, que no pasa inadvertida ante nosotros. Esa autorización hoy en papeles que quieren hacer realidad es un signo de plena injusticia que no se condice con las leyes chilenas (...). "En estos momentos, un dolor grande troza nuestros corazones, no sólo porque existe una decisión que se aleja de las leyes y de la justicia, sino porque somos testigos de la deshumanización y del escaso valor que va teniendo la vida para aquellos que son llamados a cumplir deberes en contra de los indígenas. "Nosotros hemos visto y oído las expresiones de la señora Directora de la Conama y podemos ver que ella se sabe defendiendo lo indefendible, porque el proyecto de ENDESA no se puede realizar sin atentar contra la vida. Hoy día nos atrevemos a preguntar a la señora Directora de la Conama: ¿De qué sirve la luz eléctrica si esa luz llega a iluminar la muerte de un pueblo? ¿De qué sirve la luz eléctrica si la llave que la da tiene la marca de la muerte? "Esa luz eléctrica que defienden con tanta fuerza enceguece; es un golpe que aturde hoy y que mañana sacudirá con la misma fuerza la conciencia de quienes la están encendiendo. Ese dolor no tendrá remedio ni en los pesos ni en los dólares. "Hoy día nuestros Hermanos Pehuenches son víctimas de la riqueza de sus aguas, mientras los huilliches somos víctimas de la riqueza de nuestros bosques. Los pueblos originarios somos acechados por el capitalismo destructor; los papeles siguen valiendo menos que los intereses de los empresarios ante las autoridades y lo que es peor, nuestras vidas siguen valiendo menos que la de los seres humanos que tienen el poder político y el dinero. "En el Decenio de los Pueblos Indígenas del Mundo, declarado por las Naciones Unidas, en Chile se concreta una propuesta de muerte de nuestros pueblos. Esa es la tragedia de Chile, que la historia viene recogiendo y que debe cambiar por el amor a la vida de la humanidad. "Que Chao Ngenechen ilumine los corazones de quienes quieren hacer realidad tan criminal atropello contra nuestros Hermanos Pehuenches". La Junta General de Caciques de Chiloé (Buta Huaipi Chilhue) es una organización ancestral del cacicazgo histórico de los mapuches huilliches del sur (Valdivia, Osorno y Chiloé). Representa y coordina la acción de un amplio número de comunidades indígenas y cuenta con una organización estructurada desde hace muchos años. Su importancia es cultural e histórica y sus líderes son reconocidos y respetados por sus comunidades. En el norte, se manifestó el naciente Consejo Nacional Aymara, quien también expresó su rechazo a la aprobación de Conama. El tema se extendió así al nivel nacional y llegó incluso a escenarios internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Días después, la profesional Vivianne Blanlot renunció al cargo de Directora Ejecutiva de la Conama aduciendo razones personales... En su reemplazo, las autoridades nombraron al economista Rodrigo Egaña, proveniente del Gabinete del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, entidad que monitorea intensamente el desarrollo de estos acontecimientos... A fines de septiembre de 1998 se designó al nuevo Director Nacional de Conadi, Rodrigo González, quien también proviene del mismo Ministerio... Ralco comienza a dejar así su estela en los Servicios Públicos. Concluida la certificación ambiental, sólo quedó pendiente la resolución de Conadi a favor o en contra de las permutas de Tierras Pehuenches. Reacciona la empresa ENDESA Los ejecutivos de ENDESA analizaron con extrema acuciosidad la Resolución y quedaron bastante insatisfechos... El 11 de junio de 1998 hicieron trascender a los medios de prensa su molestia informando que apelarían al órgano superior de la Conama, el Consejo de Ministros que la preside. ENDESA consideró que varios de los reparos adicionales señalados por la Conama eran "inapropiados" y "discriminatorios" ambientalmente. Así lo señaló en un comunicado público en donde dice que "La decisión final de la Comisión ha demostrado la existencia de requisitos que sobrepasan las indicaciones y recomendaciones que emanan de los estudios y de los términos de referencia acordados con la Conama". La ENDESA apuntó a dos exigencias que provocaron su molestia: una, el incremento del caudal mínimo ecológico fijado por la Conama (39,3 metros cúbicos por segundo), por estimar que ello implicaría reducir la generación de Ralco, estimada originalmente en 579 mega wats. La segunda observación se refiere a la extensión del plan de asistencia a las familias pehuenches de 4 a 10 años, lo que fue estimado como "demasiado"... El jueves 12 de junio la Cámara de Diputados destinó una sesión especial para tratar el tema de Ralco. Asistieron por parte del Gobierno, los Ministros Roberto Pizarro (MIDEPLÁN), Juan Villarzú (Secretaría General de la Presidencia) y Alejandro Jadresic (Energía), más la Directora de Conama, Vivianne Blanlot y el Director de la Conadi. Fue una intensa sesión de casi cinco horas de debate que la prensa vespertina calificó como "áspero". Efectivamente, el clima del debate fue intenso, particularmente con parlamentarios de la propia Concertación política gubernamental, contrarios al proyecto Ralco en su amplia mayoría. En particular, el Diputado socialista Juan Pablo Letelier, hijo del asesinado ex Canciller del Presidente Salvador Allende, Orlando Letelier, de acuerdo a la versión del diario La Segunda de ese día, "acusó a La Moneda de realizar presiones políticas que primaron por sobre los criterios técnicos para la aprobación del proyecto hidroeléctrico (...). Aseguró que en esta disputa prima la Ley Indígena por sobre la Ley Eléctrica". Continúa la versión de La Segunda, haciendo referencia a la intervención del Ministro Juan Villarzú. "En tanto, inmediatamente después, el Ministro Villarzú refutó a Letelier señalando que "es tremendamente peligroso e irresponsable' acusar al Ejecutivo de tales maniobras de presión. "Nada de eso ha existido, hay un interés genuino de la autoridad por tratar de velar de la mejor manera posible por los intereses de todos los chilenos, del bien común y del mandato que la Ley le ha dado a la dirección ejecutiva de la Conama y a este Ministerio", recalcó. "Al igual que Villarzú, los Ministros Jadresic y la Directora de Conama, fundamentaron los motivos que tuvieron para aprobar la construcción de Ralco. Villarzú pidió a los parlamentarios no tratar de "mal usar el instrumento de evaluación de impacto ambiental de la Conama para lograr otros propósitos", porque en ese caso se desprestigiará el mecanismo, que a su juicio es clave para el desarrollo sustentable en el país. "El Ministro recalcó que "si lo que se quiere es cuestionar la política energética del Gobierno hay que hacerlo en ese plano, mientras que si lo que se quiere es analizar la situación indígena hay que hacerlo en el marco de esa Ley, pero no se le puede pedir a la Conama, cuya tarea es emitir una certificación ambiental, que tome atribuciones que no le corresponden". "Reiteró así que es muy fundamental que "los Honorables Diputados tengan claridad respecto de lo que está sobre la mesa". "Hasta el cierre de esta edición no se producía alguna intervención de sectores de derecha sobre el tema e intervenía el Director de la Conadi, Domingo Namuncura.

"El citado personero indicó que le corresponde a la Conadi establecer un criterio sobre el tema y al respecto declaró que las propuestas sobre el plan de relocalización, son "sustantivamente insuficientes", porque no benefician en su sustancia al pueblo mapuche- pehuenche". El representante fue aplaudido por la sala y los representantes mapuches en las tribunas. "El Ministro destacó que toda inversión tiene impacto ambiental, por lo que se debe crear las condiciones para minimizarlo, pero también para asegurar la realización de proyectos de inversión que podrán servir al desarrollo del país y a la reducción de la pobreza. "Según se informó el Diputado DC Francisco Huenchumilla, también realizaría una exposición crítica sobre el proyecto, la que no se concretaba hasta el cierre de esta edición. Sin embargo, el Diputado DC Andrés Palma, dijo que "pese a existir una Ley Indígena y una de medio ambiente, en el país sigue mandando ENDESA". "Por su parte, el Ministro de Energía, Alejandro Jadresic, defendió la política eléctrica del Ejecutivo, indicando que se trabaja con criterios para promover la inversión privada, fortalecer la competencia y desarrollar una adecuada protección del medio ambiente". [Fuente : Diario La Segunda, Jueves 12 de junio de 1997, pgs. 19 y 20] El Directorio de la ENDESA sesionó en forma especial el 18 de junio de 1998 para analizar el informe de sus propios expertos sobre la resolución de la Conama. Adicionalmente, diversos parlamentarios, ecologistas y abogados interpusieron ante tribunales una demanda de nulidad contra la Resolución de la Conama. El 11 de julio de 1997, ENDESA le envió a la Directora de Conama un Recurso de Reclamación (Oficio 118/97 firmado por Jaime Bauza, Gerente General). Es una extensa apelación de casi 130 páginas. En la Primera Parte de su documento ENDESA abordó "Conceptos y normas constitucionales y legales aplicables que fundamental el presente recurso de reclamación". Hizo un análisis en general, sobre las potestades de todo órgano público, señalando que la Comisión había excedido sus atribuciones al establecer exigencias desproporcionadas para el proyecto. Para ENDESA se trata de medidas que debe proponer el titular del proyecto y no imposiciones de parte de la Dirección de la Conama. El Artículo 16 de la Ley Ambiental, sin embargo, es claro, al señalar de manera explícita que la Conama -regional o nacional- "podrá solicitar las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido del EIA que estime necesarias, otorgando un plazo para tal efecto al interesado.." La ENDESA discutió el tenor de este artículo en su reclamación, por cuanto según su análisis formal, "la facultad de solicitar ampliaciones está limitada por la obligación de conceder un plazo al proponente.." En consecuencia, la principal conclusión de ENDESA es que aun existiendo la salvedad de que "si la Dirección Ejecutiva de Conama juzga que el estudio y sus ampliaciones no contienen todas las medidas apropiadas, la vía que le otorga el legislador es el rechazo del estudio propuesto, pues en tal caso está habilitada para -fundadamente hacer exigencias(...). Pero si aprueba el Estudio, no deben incluirse medidas que el titular del proyecto no ha propuesto ni aceptado a raíz de alguna solicitud de ampliaciones". Para su mayor respaldo argumental, la ENDESA efectuó un análisis de otras normas de la Ley 19.300, tales como los Artículos 20 y 25 más cierta jurisprudencia sobre el tema, para concluir, finalmente, en lo siguiente: "La Resolución reclamada excede las atribuciones de la Dirección Ejecutiva (de la Conama), pues la Ley no le ha otorgado la facultad para crear, como se comprobará que lo hace, condiciones y exigencias que no hayan podido ser estudiadas y propuestas o aceptadas por el titular del Estudio y del proyecto, como se comprueba de la comparación del EIA y sus Addenda con las exigencias de la referida resolución. "La resolución presentada incurre en una serie de arbitrariedades, porque como se comprobará, pretende fundar exigencias y condiciones en antecedentes carentes de razonabilidad, de proporcionalidad y de oportunidad, que la alejan y contradice con la función que la Constitución y la Ley atribuyen a la autoridad administrativa". Es interesante la argumentación legal esgrimida por la ENDESA para oponerse a las severas condiciones impuestas por la Conama al proyecto Ralco porque demuestra que la empresa tenía (y tiene) plena disposición a defender su proyecto y no aceptar condiciones o imposiciones fuera del

marco de lo dispuesto por ella y por su propio Estudio de Impacto Ambiental y que en ello se emplearían con extrema dedicación de recursos, de tiempo y profesionales. En consecuencia, la Conadi también estaba en la mira de la evaluación legal que ENDESA realizaba de cada uno de los actos institucionales de la Corporación indígena y por ello, el Director Nacional cuidó de mantener un estricto curso jurídico que hiciera impecable el accionar legal de la Corporación. De ahí que cada paso que se dio entre mayo de 1997 y julio de 1998 estuvo estrictamente acotado al margen jurídico de la Ley Indígena, precisamente, para precaver que la empresa -al igual como lo hizo con la Conama- no tuviese ninguna oportunidad legal de impugnar alguna decisión de la Conadi. En la segunda parte de su presentación la ENDESA aborda el "Análisis de las medidas específicas y determinadas que se solícita suprimir o, en su caso según se indica, respecto de las cuales se solicita reponer el EIA presentado por el titular". Recordemos que la Resolución de la Conama impuso la exigencia de una "Auditoría Ambiental, previo al inicio de la construcción del proyecto con la finalidad de que los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental dispongan de un sistema de apoyo al control y seguimiento ambiental de los proyectos, teniendo como objetivos la normativa ambiental aplicable, los planes de medidas de mitigación, reparación y/o compensación, plan de seguimiento ambiental y una serie de otros aspectos ya analizados precedentemente. En su reclamo ENDESA dice que la Resolución confunde los conceptos de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación ex post propuestos voluntariamente por la empresa, llevándolos a una imposición de auditoría ambiental que no es "independiente" porque sólo puede estar integrada por personas elegidas exclusivamente por la Dirección Ejecutiva de la Comisión. Cuestiona también la legalidad de lo resuelto por la Conama pues señala que en ningún caso, la ley exige la implementación de Auditorías Ambientales Independientes, para recabar diciendo que ENDESA siempre ha tenido en cuenta los antecedentes recientemente expuestos, dando cumplimiento cabal de las exigencias legales; incluso yendo más allá en el cumplimiento de estos preceptos, tal como lo demuestra, a juicio de la empresa, el hecho de haber presentado un completo plan de seguimiento para todas aquellas variables ambientales relevantes (hidrogeología, pluviometría, calidad de las aguas, degradación de lecho, flora y fauna acuática, recursos histórico arqueológicos, áreas de riesgo, verificación de cumplimiento de normativa interna de control ambiental, plan de relocalización y programas de desarrollo). Una segunda condición impuesta por la Conama en su Resolución aprobatoria con reparos dice relación con los "empozamientos litorales", es decir, empozamientos que deberán construirse con rocas de la zona ribereña de manera tal que puedan ser desbordados durante la época de lluvias, pero que retengan agua durante la época de sequía. Para ENDESA, en su reclamo, esta es una exigencia "muy extraña, pues el embalse es un habitat para peces más adecuado que los empozamientos exigidos. Crear uno nuevo no tiene ningún sentido y, es más, este nuevo habitat, como ya lo veremos, crearía efectos negativos para los peces y otros elementos del ambiente. "El ambiente que crearían los empozamientos exigidos correspondería al de un embalse, pero con una tasa nula de recambio. Ello produciría calentamiento de las aguas, disminución de oxígeno disuelto y concentraciones de amonio producto del propio metabolismo de los peces, además de escasez de alimento. En este sentido, la calidad del agua sería mucho más adecuada para los peces en el embalse que en estos empozamientos. Así, el pretendido refugio para peces, en realidad, constituiría una trampa mortal, ya que las obras necesarias para construir los empozamientos impedirían que los peces accedieran hacia los habitat más adecuados que les proporcionaría el embalse y donde ellos tendrían posibilidad de alimentarse y vivir (...). "No existe justificación alguna para estas construcciones. Es más, en este caso, la Dirección Ejecutiva (de la Conama) está exigiendo al titular del proyecto, bajo el pretexto de proteger un componente del medio ambiente, construir una obra cuyo efecto será precisamente lo contrario, al crear un riesgo innecesario para la fauna". Otro componente reclamado por la ENDESA dice relación con el "Establecimiento de una Reserva Biológica", a través de la cual la Conama le exigió a la empresa una superficie mínima de 3.800 hectáreas, con una serie de características, con costos de mantención por 20 años, que serán de cargo de ENDESA. La reserva es condición para el inicio de las obras civiles del proyecto.

Sobre el particular, la empresa, en su recurso de reclamación señala que la reserva biológica exigida carece de una fundamentación apropiada y excede al EIA. Que la reserva biológica impuesta es una medida aislada, sin relación con el conjunto de las medidas de mitigación, reparación y compensación propuestas en el EIA y que no posee un asidero técnico legal. Que la reserva biológica exigida carece de equivalencia con respecto al efecto adverso que se producirá en la ocupación del área de bosques requerida por el proyecto. Que no se ajusta al principio de similitud, consistente en que el reemplazo o sustitución ha de realizarse con otros de similares características, clase, naturaleza y calidad. Que, en síntesis, "la Resolución recurrida pretende obligar a ENDESA a establecer una reserva ignorando que ellas sólo pueden imponerse por Decreto Supremo. Se ha configurado así una situación en la que la Resolución, junto con admitir que el territorio de emplazamiento del proyecto Ralco no ha sido objeto de la aplicación de mecanismos legales para protegerlo, a la vez, pretende crear por sí esa costosa limitación y carga, con total desapego del orden legal pertinente". La Modificación del caudal ecológico determinado en el EIA también es objeto de reclamación por parte de ENDESA. Al respecto la empresa señala que el caudal de 39,3 m/s exigido carece de fundamentos científicos o técnicos y se basa en un valor relativo y arbitrario, como lo es el mínimo histórico. "El caudal ecológico se refiere a un tramo aislado del río Bío Bío, de menos de 10 kms. de longitud, confinado aguas arriba por la presa Ralco y aguas abajo por el punto de restitución de las aguas por la central Ralco. Por este motivo, en este tramo se tendrá un nuevo río con condiciones diferentes a las de hoy. Conforme a los análisis practicados en el EIA, en este nuevo entorno es posible llegar a una situación de estabilidad con un caudal de unos 12 m3s, siendo mínimo el efecto ambiental a obtener por aumentar el caudal ecológico. "El aumento del caudal ecológico por sobre el definido en el EIA, si bien a lo sumo podría tener efectos marginales en el aspecto ambiental, tiene un impacto de significación en la energía generable por el proyecto, con el consiguiente encarecimiento del costo de generación. "Con una definición a priori del caudal ecológico, como la que significa la que se pretende imponer en la Resolución recurrida, los futuros proyectos de aprovechamiento hídrico sufrirían una significativa merma de los recursos utilizables, sin debida justificación, con las consiguientes consecuencias económicas para el país y con beneficios ambientales no demostrados y que en el mejor de los casos serían sólo marginales". La ENDESA también presenta su reclamo ante el capítulo 5 de la aprobación con reparos, es decir, la obligación de una Formulación, Implementación y solventar un Plan de desarrollo agrícola, ganadero y forestal. En su Resolución de junio/96, la Conama establece que la ENDESA debe preparar acciones y obras específicas para un Plan de desarrollo agrícola y ganadero para los Fundos El Barco, El Huachi y Santa Laura, considerando un extenso horizonte de 10 años. (ENDESA había ofrecido sólo 4 años). La presentación de este Plan es condición previa para dar inicio al programa de relocalización de familias pehuenches previsto en el EIA. Sobre el particular, la empresa se defiende exponiendo en su reclamo los fundamentos de su oposición, muy especialmente, a la extensión de cuatro a diez años. La empresa señala que : "No guarda proporción alguna con las necesidades ambientales y de relocalización la dependencia, planificada centralizadamente, que se pretende crear para esas familias, anulando la iniciativa de éstas y a costa de un particular, en circunstancias de que las nuevas mejoras para los afectados que se pretenderían deberían estar a cargo de toda la sociedad. "Nuevamente, estamos en presencia de la incorporación de exigencias no permitidas por la Ley. Porque si, en el curso del procedimiento, Addendum Nº 1, Plan de Relocalización, se propuso un determinado Plan, sólo correspondía a la Dirección Ejecutiva aceptarlo o rechazarlo, pero no reemplazarlo y adicionarlo, unilateralmente. La Resolución viene, entonces, a ser ilegal, por infringir los artículos 16 y 70 de la ley ambiental, al exceder las atribuciones que esas normas contemplan. "Aún más, la Resolución también afecta el derecho de propiedad de la titular del proyecto, al pretender obligarla a solventar, a costa de su patrimonio, por 10 años, un costoso plan prácticamente de mantención de aquellas familias".

El debate sobre la asistencia económica y productiva de las familias a relocalizar tanto en El Barco, como El Huachi y Santa Laura no es menor, más aun tratándose de familias indígenas pehuenches. En síntesis: es tal la contundencia de la apreciación de que la relocalización traerá consecuencias negativas en la forma de vida y en la cultura de las familias a erradicar, que se estimó más que insuficiente el compromiso señalado por la empresa de asistirles sólo hasta cuatro años, quedando posteriormente libradas las familias a la suerte y, como siempre ocurre con sectores socialmente vulnerables, libradas a la asistencia del Estado de por vida. Recuérdese que la Gobernación provincial de Los Angeles había señalado con mucha anticipación la necesidad de un Plan de entre 12 y 14 años, pensando en la necesidad de ayudar al sostenimiento efectivo de las familias relocalizadas, pero sobre todo a la capacitación y puesta en marcha de un proceso, que será inevitablemente aculturizador y de dudosa productividad autosustentable que requerirá otras metodologías que tendrán que usar y probar los trabajadores pehuenches económicamente activos. La empresa sólo ofreció cuatro años para ayudar en estos propósitos. La Conama impuso, a lo menos, 10 años. Contra esta Resolución la ENDESA presentó entonces su reclamo... La empresa también reaccionó desfavorablemente a las condiciones planteadas por la Conama en relación con el Establecimiento de Áreas Protegidas, "equivalentes a las áreas que serán inundadas y que reúnan el mayor número de las características originales de las mismas, para permitir la continuidad y desarrollo de las comunidades y asociaciones existentes. Estas áreas -dice la Resolución- deberán incluir hábitats terrestres y acuáticos". La ENDESA señaló que no era claro a qué se refiere la medida: si es el área total de inundación de 3.400 hectáreas o el equivalente al área de río y tributarios inundada (aproximadamente 70 kms). Advirtió que en uno u otro caso, "es materialmente imposible para el titular proteger esas áreas". Señalando entre sus motivos que "El río Bío Bío y sus tributarios, de conformidad con el artículo 59 del Código Civil y con el artículo 5° del Código de Aguas, son bienes nacionales de uso público, por lo que la exigencia que se pretende consistiría en afectar como área protegida el dominio de una tercera persona distinta de ella, como es el Estado de Chile". Y agrega que: "Ante la patente ilegalidad e inconstitucionalidad de la medida, es dable pensar que la Resolución de esa Dirección Ejecutiva se orienta a que ENDESA compre otros terrenos equivalentes a las riberas inundadas, pero tal finalidad es muy difícil de concretar, primero, por la gran extensión de área que se pretende proteger y, segundo, porque el río Bío Bío y sus tributarios son bienes nacionales de uso público, los que están excluidos de la propiedad privada. Por otra parte, como lo señala la Resolución recurrida, esta medida fue solicitada en relación a la fauna íctica, de manera que resulta extraño que se exija que estas áreas también deberán incluir hábitats terrestres". A continuación de estos reclamos centrales, la ENDESA también se opone a lo que denomina en su apelación "Oirás medidas improcedentes", a saber: a) en relación con la vegetación y flora, a la fauna y valor ambiental del territorio. ("No se entiende la solicitud de una auditoría o monitoreo para efectos negativos en la Reserva Ralco, si la propia Resolución indica que los recursos del Fundo El Barco serían suficientes para sostener la carga animal que aportarán las familias que serán relocalizadas en él (...). Otro impacto posible sobre la Reserva sería el de un eventual aumento del turismo, que la misma CONAF ha calificado de positivo. No se visualiza la real necesidad de realizar el monitoreo pedido"). b) en relación con la construcción y utilización de caminos. ("La condición debería ser "estabilizar o revegetar" los taludes para prevenir la erosión, deslizamientos y derrumbes. Un talud estabilizado, por ejemplo, con hormigón proyectado no podría ser revegetado"). c) en relación con la fauna íctica, ("..el reservorio (el embalse) debe ser utilizado como una parte integrante del proyecto hidroeléctrico, el cual fue sometido al sistema de EIA y no como un lago, concepto que transforma el objetivo del proyecto"). d) en relación con el plan de ordenación del embalse Ralco. ("El concepto incluido en la Resolución recurrida va mucho más allá, por lo que debería ser aclarado. Por otra parte, esto debería ser un Plan Interregional, figura que no está considerada en la legislación"). e) en relación con las medidas para minimizar la aceleración del proceso aculturativo. Al respecto cabe destacar que la Conama señaló en su Resolución lo siguiente: "Los contratos laborales que se establezcan con los trabajadores Pehuenches deberán permitir mantener sus sistemas productivos propios y sus actividades religiosas o étnico culturales". Sobre el particular, la ENDESA

respondió con lo siguiente: "Si bien se puede analizar y dar facilidades para lo anterior, el imperativo deberán, sumado a la imprecisión de "permitir mantener sus sistemas productivos propios y sus actividades religiosas o étnico culturales", hace poco atractivo para los contratistas el empleo de mano de obra Pehuenche". f) en relación con la alteración de Recursos Arqueológicos e Históricos. ("No se explica la razón por la cual se solicita un número mayor de excavaciones de rescate (36) que las indicadas en el Addendum No 2, que fueron definidas de acuerdo a los contextos de cada sitio y a las soluciones de sondeos del Consejo de Monumentos Nacionales". g) en relación con la fauna. ("Técnicamente es imposible realizar un monitoreo de retención de sedimentos en una sección del río. Un río que escurre libremente no retiene sedimentos, excepto que esté en proceso de embaucamiento, efecto que en caso alguno podrá ser consecuencia de la instalación del embalse". h) en relación con riesgos sísmicos, volcán Callaqui. ("ENDESA instalará un acelerógrafo, que según lo indicado en el EIA está destinado y es apropiado a otros fines, por lo que no puede menos que advertirse que, con ese instrumento, no será posible medir lo que, según la Resolución recurrida, se pretende"). i) en relación con el caudal ecológico en el tramo presa Ralco-punto de restitución. ("Una estación fluviométrica ubicada en el punto indicado no tiene sentido, ya que ella se destruirá cada vez que se evacuen caudales por el vertedero")... El tercer y último capítulo de la extensa apelación de la ENDESA ante el Consejo de Ministros de la Conama concluye, de la página 103 adelante, con las Peticiones concretas que se someten al Consejo Directivo de la Conama, las que se pueden resumir de la siguiente manera: 1.- Modificación de Auditoría Ambiental. La empresa pidió reemplazar el punto 8.2.15 de la Resolución por una fórmula en la que la ENDESA contratará una Auditoría Ambiental a su cargo, lo que deberá resultar de una licitación a la que invitará la propia entidad, a lo menos, a tres empresas especialistas. 2.- Construcción de empozamientos litorales en el embalse: solicitó suprimir la exigencia de su construcción, "por producir efectos contrarios a los buscados y otros efectos adversos al medio ambiente". 3.- Establecimiento de Reserva Biológica. Solicitó eliminar la exigencia de establecer esta reserva. 4.- Caudal ecológico. Básicamente solicitó varias medidas en relación a este sensible punto técnico. Al respecto solicitó reemplazar el procedimiento de cálculo; reemplazar el punto 8.1.4 de la Resolución; solicitó suprimir la instalación de una estación fluviométrica en el río Bío Bío, entre la presa y el Río Grande; solicitó suprimir la medida de suplementar el caudal aguas abajo (aumentar el caudal ecológico) en caso de detectarse condiciones anóxicas. Pidió, en consecuencia, reponer lo planteado en su Estudio de Impacto Ambiental (punto 6.5 letra a) que dice: que el caudal ecológico debe cumplir con dos condiciones: a) que en la sección del Bío Bío, aguas abajo de la confluencia con el río Ñireco se tenga un caudal de 22,2 m3s y, b) que, aunque se cumpla esa condición, el caudal descargado por la presa sea como mínimo 6,1 m3s. (En general, la Resolución de la Conama exigía 39,3 m/s). 5.- Plan de Desarrollo Agrícola, Ganadero y Forestal. La ENDESA solicitó suprimir la exigencia de formular este Plan. 6.- Establecimiento de Áreas Protegidas. La empresa solicitó suprimir la exigencia de establecer estas áreas en el río Bío Bío y ríos tributarios". Hasta aquí el resumen representativo del reclamo de ENDESA. Se han citado en este capítulo las fuentes fidedignas de diversos documentos: por una parte, la presentación del Estudio de Impacto Ambiental por parte de ENDESA en marzo de 1996. Los informes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Los resúmenes de los Addenda presentados por ENDESA. Los nuevos informes y sus efectos institucionales y políticos por parte de la Conadi. El Informe Técnico final de Conama. La apelación de ENDESA... Todo, constituye un importante caudal de información pública que permite examinar con detención los trasfondos existentes y abordar interrogantes cuyas respuestas no es fácil establecer. En cierto modo, el lector podrá formarse su propia opinión acerca de los reales intereses de ENDESA en su propuesta de Estudio de Impacto Ambiental. Por ejemplo, vale examinar cuando la ENDESA ha señalado que la Conama sólo aprueba o rechaza un determinado Estudio de Impacto Ambiental y que no cuenta con facultades para

aprobar "con condiciones"... El fundamento jurídico que conforma la primera parte de su Apelación o Reclamo así lo intenta demostrar. Sin embargo, el Consejo Directivo de Conama en su resolución final señaló que, en realidad, lo que se aprueba por la autoridad no es el EIA, sino que el proyecto o actividad que es calificado ambientalmente, y que la autoridad puede y debe poner condiciones y exigencias a estos proyectos, de modo de salvaguardar su viabilidad ambiental. Además que este proceder corresponde adoptarlo tomando en cuenta también otros antecedentes. Es importante advertir que el primer informe de la Conama, efectivamente, rechazó el Estudio presentado por la ENDESA y que con un cortísimo período de días, lo repuso con la condición de un Addendum, y que a su vez la ENDESA, en un corto plazo, logró presentar las "aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones" solicitadas, luego de lo cual, el proyecto -ciertamente- entró en una acelerada etapa de consultas (respecto de las cuales incluso la empresa había solicitado reducir de 60 a 25 días el plazo respectivo), con lo cual se fueron cumpliendo un conjunto de formalidades hasta el Informe que lo aprobó con condiciones. ¿Qué variables operaron desde el primer Informe de la Conama que rechazó el EIA por insuficiente?... De acuerdo a la propia normativa de la Ley 19.300, en dicho caso, y así lo reconoce la ENDESA en su apelación, la empresa sólo tenía como alternativa presentar un nuevo EIA... Pero los plazos eran demasiado importantes pues la inversión para el proyecto Ralco ya estaba en pleno desarrollo... Tanto es así que junto con el Addendum V\ la empresa ya había solicitado permisos para el inicio de obras preliminares en Ralco. Y si atendemos al Informe Downning, recuérdese que la Fundación Pehuén, ya había extendido recursos y gestiones hacia la zona de las familias pehuenches que tendrían que ser relocalizadas en una área en donde la propia Fundación no tenía jurisdicción. Todo esto, dos años antes de la presentación del EIA ante la Conama. Aun así, el Informe Técnico de la Conama impuso severas condiciones al Proyecto Ralco, como extender de 4 a 10 años el Plan de Asistencia Productiva para las familias pehuenches. Inevitablemente también debe sumarse el factor político nacional e internacional. El Proyecto Ralco y su impacto sobre la Cultura Pehuenche se había internacionalizado en 1997. Como decíamos anteriormente, el tema está presente en diversos Foros de la Comunidad Internacional: la IP Asamblea del Foro Indígena Latinoamericano, creado por la Cumbre Hemisférica de Presidentes, reunida en mayo de 1997 en La Paz, Bolivia, examinó este tema, con la presencia de una amplia delegación indígena chilena. Participaron además delegaciones indígenas y gubernamentales de 22 países del continente, todos los cuales suscribieron un pronunciamiento solidario con los Pehuenches del Alto Bío Bío. El tema está presente en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en organismos no gubernamentales europeos, en Foros Académicos y en la prensa europea, canadiense y americana. En consecuencia, se observa con aprensión lo que ocurre en nuestro país con el Pueblo Pehuenche y eso tiene inquieta a la diplomacia chilena, especialmente en Europa y particularmente en Ginebra, en donde nuestros representantes realizan importantes esfuerzos para informar adecuadamente a las delegaciones de otros países, en el sentido positivo de la aplicación de la Ley Indígena en Chile y los esfuerzos del Gobierno para cautelar sus normas, en tanto una serie de organismos no gubernamentales acreditados en Naciones Unidas no cesan en su campaña internacional contra Ralco y ENDESA. La crisis de Conadi en abril de 1997 y la destitución de Mauricio Huenchulaf, que había ganado un cierto prestigio en estos Foros internacionales, hizo encender luces amarillas en varios ámbitos. La nueva Dirección de Conadi se empeñó en abordar entonces el escenario internacional, aun en condiciones modestas, para garantizar en estos Foros que la Corporación mantendría un claro compromiso en la defensa y promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas. No obstante a Chile llegaron dos comisiones de Observadores Internacionales, con sendos mandatos de investigación, integradas por expertos de la Liga Internacional de Derechos Humanos, con sede en París y una Comisión Especial de Amnistía Internacional. Ambas dialogaron con las partes involucradas y se instalaron en el Alto Bío Bío durante un período de tiempo, en 1997, para examinar los acontecimientos. Los informes de estos organismos observadores son francamente desalentadores para Chile.

En el país, soplarían vientos de crisis para ENDESA. Escándalos financieros, que involucraron a altos ejecutivos de la empresa, terminaron por generar una suerte de distancia oficial con los acontecimientos. Ralco navegó en aguas tormentosas... e inciertas. Importantes obras preliminares requerían ser iniciadas en agosto de 1997. Sin embargo, la crisis institucional que implicó la salida del Presidente del Directorio, de Gerentes Generales y de otros importantes ejecutivos de ENDESA y la absorción de un importante porcentaje de la empresa por parte del consorcio español del mismo nombre, terminó por darle a Ralco el curioso sello de ser un proyecto energético, a construirse sobre territorio indígena, ahora en manos de una transnacional española... Todo esto ocurre en el Decenio de los Pueblos Indígenas, así proclamado por Naciones Unidas, y en un tiempo de conmemoración de los 506 años de la conquista y descubrimiento de América... Y ya sabemos cómo fue eso. En ese contexto, el Informe Técnico de la Conama, severo, exigente y firme en sus condiciones no podía sino agregar al interés estratégico de la ENDESA tiempos de tensión y molestia. Si a esto se suma el hecho de que la Conadi se preparaba para manifestar sus propias exigencias jurídicas y cautelar la dignidad de las familias pehuenches, el camino de la apelación ante la Conama no era sino el comienzo de un segunda etapa: la búsqueda de una afirmación del proyecto en condiciones tales que no pudiese naufragar en estos avatares políticos y jurídicos o escenarios nacionales e internacionales desfavorables. ENDESA intensificaría su propio lobby... De ahí la importancia de la apelación que la empresa realizó, no sin cierta seguridad de que lo esencial ya estaba resuelto: que la Conama, después de todo, aprobó el proyecto, aun cuando le impuso condiciones. Entonces, la meta a seguir era reducir si no suprimir totalmente esas condiciones. El Consejo de Ministros de la Conama tenía la última palabra. Respuesta a la apelación de ENDESA En un plazo de dos meses y medio, el Consejo de Conama emitió su Resolución final, la Resolución Exenta No 023/97, de fecha 24 de septiembre de 1997, firmada por su Director Ejecutivo, Rodrigo Egaña, la que fue puesta en conocimiento de ENDESA a modo de fallo final. La Resolución del Consejo Directivo es muy relevante. En lo principal, dio por aceptada la aprobación previa del proyecto y, lo que es decidor, mantiene muchas de las exigencias sobre las cuales la ENDESA había presentado su reclamo. Los acuerdos del Consejo Directivo se adoptaron en la sesión ordinaria del 23 de septiembre de 1997, luego del informe técnico de rigor. Es importante citar parte sustancial de la aprobación definitiva del proyecto Ralco. En relación a la Auditoría Ambiental independiente, el Consejo de Ministros resolvió que "un año después de dictada la presente Resolución, ENDESA, deberá contar con un Programa de Auditoría Ambiental independiente, de su cargo, en plena operación. Ello no obsta a que deberá dar cumplimiento a la normativa de carácter ambiental y de las condiciones y exigencias para la ejecución del proyecto, en cualquiera de sus fases y, en particular, desde el momento del inicio de la construcción. Para efectos de la Resolución, se entenderá como Auditoría Independiente, aquella que no se desarrolla dentro de la gestión administrativa de la empresa, ni depende de ésta última para la ejecución de su labor". El fallo final estableció también que ENDESA "deberá establecer empozamientos litorales en zonas áridas circunscritas a los tributarios que desembocan al embalse, donde efectivamente se asegure la suficiente renovación de agua y se evite el aumento excesivo de la temperatura". Ratificó también el concepto de una reserva biológica : "la compensación por pérdida de formación vegetal, la alteración de los habitáis para fauna terrestre, y del valor ambiental del territorio, se deberá realizar a través del establecimiento de una zona de protección ecológica o reserva biológica. Esta área, destinada a protección, deberá poseer las siguientes características: contener tres tipos de hábitats terrestres (bosque nativo del tipo forestal roble-raulí-coigüe; matorral nativo y praderas; debe incluir, en lo posible, formaciones vegetales en buen estado de conservación correspondientes a: bosque adulto, bosque adulto-renoval, renoval, matorral arborescente, matorral-pradera y matorral; debe contener, en lo posible, especies catalogadas en categoría de conservación, de aquellas que se encuentran en la zona a inundar; debe estar orientada a proteger especies endémicas y, debe contener al menos una riqueza de especies similar a la de la línea de base".

El fallo considera también el"caudal ecológico entre el tramo presa Ralco- punto de restitución". Se señala al respecto lo siguiente: "La disminución del caudal en el tramo presa Ralco-Punto de Restitución de las aguas constituye un impacto negativo de alta significación con potencial pérdida de ejemplares de flora y fauna acuática. Como medida de mitigación de este impacto, se ha aplicado en diversos casos el establecimiento de un caudal ecológico. El caudal requerido para mitigar dicho impacto y a mantener en el tramo Presa Ralco-Punto de restitución de las aguas deberá ser, a lo menos, veintisiete coma un metros cúbicos por segundo (27,1 m3s). La descarga de caudal ecológico deberá comenzar a operar desde el inicio del proceso de llenado del embalse. Estas medidas se acompañarán de la ejecución de un programa de monitoreo del recurso hídrico (en cuanto a calidad y cantidad), y el biológico asociado, para establecer la eficacia de las medidas de mitigación durante los primeros cinco años. A partir de los resultados obtenidos por el plan de seguimiento ambiental se deberán analizar y evaluar dichos antecedentes a fin de establecer un plan de variación de caudales, si corresponde, en función de los impactos detectados. Dicha variación podrá ser negativa o positiva y el plan deberá ser sancionado por la Dirección Ejecutiva de la Conama, en base a la opinión de los organismos de la administración del Estado competentes en la materia". Es importante observar que esta parte de la Resolución establece un punto intermedio entre lo solicitado por la ENDESA: un caudal de 32,2 m3s y lo exigido por la Conama, 39,3 m3/?. La Resolución del Consejo Directivo la deja, finalmente, en 27,1 m/s, con posibilidad de disminuir el caudal en caso de racionamiento eléctrico. Adicionalmente, se señaló que se deberá disponer de una evaluación continua de caudal evacuado por la presa a fin de verificar que éste cumpla con la demanda de caudal ecológico. Sobre el Plan de Desarrollo Ganadero y Forestal, la Resolución final establece que: ENDESA deberá preparar y presentar un Plan de Desarrollo Agrícola y Ganadero y Forestal, para los predios donde se reasentarán las familias afectadas por el Proyecto. Dicho Plan deberá contemplar un horizonte de diez (10) años, en que la intensidad y profundidad de las medidas a aplicar deberán ser planificadas de tal modo que considere una desvinculación paulatina por parte de ENDESA y no ocasione trastornos económicos, sociales y/o culturales indeseables. En relación a los habitáis para la fauna íctica el Consejo de Ministros acogió la solicitado de ENDESA de eliminar la exigencia de establecer áreas protegidas en el Río Bío Bío y tributarios. También fue modificada la exigencia de monitoreos en la Reserva Nacional Ralco, la que quedará radicada en CONAF. En caso de detectarse efectos negativos entonces la ENDESA deberá mitigar los impactos como resultado del uso de veranadas. Para la ordenación del embalse Ralco, el fallo indica que ENDESA "deberá poner a disposición de los organismos del Estado competentes en materia de ordenamiento territorial, los antecedentes, informes o estudios disponibles, en la medida que se encuentren concluidos, que guarden relación con la elaboración o modificación de los instrumentos de planificación territorial que correspondan respecto a la faja perimetral del embalse Ralco. Entre otros antecedentes que ENDESA pondrá a disposición de los organismos pertinentes, estarán los de carácter topográfico, fluviométrico, meteorológico, geológico-geotécnico, vulcanológico, relativos a tenencia de la tierra, de fotografía aérea del embalse Ralco y de ingeniería de caminos". Sobre los contratos laborales que se establezcan con los trabajadores pehuenche se señaló que tales contratos deberán facilitar y mantener sus sistemas productivos propios y sus actividades religiosas o culturales. Y en relación a la fauna, en aquellas zonas en donde se realice la construcción de la línea de transmisión eléctrica se deberán aplicar medidas especiales de seguimiento y observación respecto de la colisión de aves con tales líneas y su estructura soportante con el objeto de determinar zonas críticas relacionadas con la frecuencia de muertes de avifauna, para las mitigaciones del caso. En lo principal, la Resolución final del Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, se respaldó en una serie de considerandos o argumentos de fondo que son distintos a los argumentos reclamatorios de ENDESA. Es interesante, por ejemplo, destacar el argumento del Consejo Directivo en relación al tema de la "ponderación del valor ambiental del ecosistema amenazado por los proyectos hidroeléctricos de ENDESA en el Alto Bío Bío". Dice el Consejo Directivo:

"Obviamente el paisaje es un elemento que será alterado por el proyecto Central Hidroeléctrica Ralco. Esa alteración constituye un impacto ambiental de éste, y en general se encuentra asociado directamente a la ejecución de una presa, las que por lo demás existen en nuestro país. Cada vez que se construye una presa sea para almacenar agua para uso de la población, sea para generación eléctrica, significará una modificación del paisaje. También es importante recalcar que esta modificación del paisaje no constituye necesariamente un impacto negativo, por cuanto importa el reemplazo de un tipo de paisaje por otro, ambos pueden ser igualmente valiosos o rescatables. Por otra parte, esta actividad económica se ha venido realizando por muchos años, ha incorporado las modificaciones de paisajes diferentes, ha interrumpido cauces naturales, con el objeto de crear otro bien apreciado por el hombre. Es claro que la irrupción de la Ley 19.300 no ha tenido por objeto transformar una actividad hasta este momento lícita, en una actividad peligrosa y perseguida, sino que pretende lograr que estas actividades, que continúan siendo lícitas, incorporen en sus costos de construcción y operación todos aquellos costos tendientes a minimizar los impactos ambientales de su desarrollo, de modo que estos no sean absorbidos por terceros. "De este modo, sin perjuicio que para este tipo de proyecto, el generar un cambio en el paisaje es un hecho consustancial a su desarrollo, en la Resolución recurrida se consideran todas las medidas posibles tendientes a mitigar dicho impacto. No es posible, sin embargo, evitar la pérdida de paisaje asociado directamente a su condición de río profundo, lo cual es intrínseco a este tipo de proyecto. "Nuestro ordenamiento jurídico ha definido diversas formas jurídico administrativas para explicitar el consenso social respecto a la necesidad de proteger recursos de particular valor, tales como la creación de parques y monumentos nacionales, reservas nacionales, santuarios de la naturaleza, etc. En la especie, esto no ha ocurrido". La discusión sobre el Plan de Asistencia Técnica para los pehuenches a relocalizar es otro aspecto interesante a destacar. La ENDESA, ya sabemos, propuso 4 años. La Gobernación de Los Angeles sugería 12 años a lo menos. La Conama condicionó a 10 años dicho Plan. Al respecto, el Consejo Directivo no se hizo cargo de la reclamación de ENDESA, que dice que este Plan tendría un carácter n paternalista" pues tiende a una cierta forma de desastre cuando concluya su plazo, pues abandonaría a las familias a su propia suerte "después de un largo período de entrega de prebendas sin mayor costo y esfuerzo para ellas". El Consejo Directivo en su justificación de los 10 años indica que, en realidad, tales consecuencias no guardan relación con la existencia del Plan, ni siquiera de su plazo, sino de la manera como se aplique. En efecto, una política de subsidios a los costos variables o fijos de una explotación (tales como fertilizantes para cultivos o contrato de mano de obra para faenas ocasionales) produce una dependencia permanente de dicho método al subsidio recibido. Sin embargo, para el Consejo Directivo, un subsidio a la inversión en infraestructura (de riego, caminos, galpones), equipamiento (maquinaria), capital de explotación (vientres de razas mejoradas, fertilización de praderas permanentes) o capital humano (capacitación y transferencia tecnológica), impulsan el desarrollo de los sistemas, independientemente de la permanencia de la intervención. A mayor abundamiento, el Consejo Directivo indicó que es la entrega de fardos (costo variable de explotación), lo que efectivamente puede generar dependencia, y en rigor esto no forma parte del Plan de Desarrollo, sino a una acción de mitigación. Es muy importante esta controversia, porque el tema del Plan de Asistencia Técnica revela trasfondos significativos. Veámoslo de este modo. Para construir la Central Hidroeléctrica Ralco sólo se considera estrictamente el universo de familias indígenas pehuenches afectadas (98 familias y un total de 500 personas aproximadamente a relocalizar). Entre septiembre y octubre de 1998, luego de la segunda crisis de Conadi, ENDESA aceptó incorporar a otras familias al programa de beneficios aun cuando no sean afectadas por el proyecto. Esto, gracias a una importante presión de la opinión pública, de la Iglesia, del movimiento indígena y del propio Gobierno. Es decir, se impuso por la vía de los hechos, el concepto de que el proyecto en realidad impacta más allá de las localidades directamente involucradas. Recuérdese que estamos haciendo referencia al hecho de que los efectos de la Central Ralco debieran comprenderse para la totalidad del Alto Bío Bío y no sólo para la parte afectada del río Bío Bío, esto es para los 5.000 habitantes y sus siete comunidades.

La mirada de ENDESA sobre la relocalización está acotada fundamentalmente a la permuta de tierras de 98 familias y algunas condiciones materiales de asistencia técnica y productiva. Esto comprende tierras, casa-habitación, galpón y fogón más algunos animales adicionales. ENDESA no quiere generar condiciones de dependencia de parte de estas familias una vez relocalizadas. Por lo tanto, ofreció cuatro años para asistirles, luego de lo cual concluían los compromisos de la empresa con las familias relocalizadas, las que a partir del quinto año quedaban libradas a su propia suerte. Por otra parte el componente cultural de la relocalización es difuso en el planteamiento de la empresa. No está ponderado. No existe una medición de sus efectos como tampoco de los impactos sociales y religiosos en la Etnia. Por lo tanto, no hay una fórmula de mitigación de estos efectos. En cierto modo, la mirada sobre los indígenas pehuenches arranca de aquel estudio antropológico tenido a la vista por los ejecutivos de la empresa cuando se construyó Pangue y en donde, en el decir del ya descrito Informe Downing, se indicó el acelerado proceso de aculturación de los pehuenches, su transformación en familias campesinas y su inevitable extinción futura como resultado de tal proceso... Análisis ciertamente incorrecto de quienes sean los profesionales que lo suscribieron. En consecuencia, si se parte de la base de que un grupo social determinado va a desaparecer o que ya está modificando su condición social y cultural, en forma acelerada, lo cierto es que se tendrá respecto de ellos una política tal, que sea correspondiente con dicho diagnóstico. Entonces, tenemos lo siguiente: se saca a las familias de sus tierras ancestrales; se las relocaliza en otras zonas; se les ofrece una forma de compensación territorial y productiva particular; se les promete un plan de asistencia técnica con un plazo que se estima conveniente (cuatro años) y luego que todo está cumplido, es decir, las familias están relocalizadas y la represa está funcionando, en ese momento, todos "vuelven" a lo suyo: las familias a la sobrevivencia social, productiva y cultural en tierras extrañas; la empresa a sostener la operación de Ralco y capitalizar sus ventajosas ganancias; el Gobierno a sus políticas sociales (que por cierto deberán incluir programas especiales de asistencia para la superación de la pobreza pehuenche) y el país a gozar de una mayor energía eléctrica... Los Pehuenches para esa etapa serán historia... Ralco antes del 2005 será una zona principalmente turística. El nuevo lago artificial conmoverá a quienes visiten el remozado Alto Bío Bío. Al turista le esperarán en el hermoso trayecto natural, pequeños (y tal vez no tanto) complejos residenciales, por cierto, en manos de consorcios turísticos nacionales o asociados con capitales extranjeros. Habrá recorridos programados en la extensión del lago artificial y, hasta es probable, que se inaugure un "circuito demostrativo" por las instalaciones de la poderosa y faraónica Central Ralco. La solemnidad del Volcán Callaqui dará un marco espectacular a los nuevos visitantes. Parte importante del camino hasta el Fundo El Barco estará mejorado. Y en aquella extensa ribera del Río Bío Bío, en donde otrora floreciera la Etnia Pehuenche de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, se encontrarán algunos de los históricos vestigios de estas comunidades con alguna de su gente antigua, ahora desestructurada socialmente y con relaciones familiares dispersas a lo largo de decenas de kilómetros. Las familias que permanecerán en estas localidades saben que ya no será lo mismo su cotidianidad. Tendrán que asumir una forzosa competitividad por el mercado turístico, y habrán modificado sustancialmente su productividad. En compensación, sus niveles de acceso a los poblados más cercanos estarán mejorados, sin duda. Probablemente habrá tendido eléctrico hasta sus casas y agua potable. Los niños pehuenches tendrán mejor infraestructura escolar y enfermarse en estas localidades no será un drama mayor pues habrá una eventual mejor asistencia médica. Los tiempos del Nguillatún, de la organización comunitaria ancestral y del vínculo natural con la tierra serán cosas del pasado. Se irán con él los viejos Caciques Pehuenches y sus tradiciones. Las nuevas generaciones de jóvenes indígenas serán un poco más letradas, estarán más integradas a la sociedad, se abrirán paso a nuevas condiciones sociales y económicas, pero ya no serán portadores de la tradición y de la lengua nativa. La aculturación será completa y definitiva. Las localidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, después de la represa Ralco, ya no serán lo mismo. Debajo del lago artificial, estarán inundadas para siempre las tierras y bosques centenarios que un día vieron surgir a parte importante de la Etnia Pehuenche, su cultura y su cosmovisión.

Quienes la habitan hoy podrán estar mejor mañana -materialmente hablando- en otro rincón, pero nunca olvidarán que tuvieron que salir obligadamente de sus casas y de sus tierras, porque así lo exigió el interés del Estado y de la sociedad. Pero sobre todo lo hizo necesario una forma específica de progreso dominante que con ellos tuvo una mínima contemplación y un nulo respeto por sus derechos ancestrales. Cuando el Consejo Directivo de la Conama, emitió su Resolución final el 24 de septiembre de 1997 y se informó de ello a la ENDESA y al país sobre lo resuelto favorablemente, el proyecto Ralco entró a su fase final. Y comenzó entonces el pedregoso camino de aplicar y defender la Ley de Pueblos Indígenas. Sabíamos que en la medida que íbamos caminando en esto enfrentábamos aciagos y dolorosos momentos. Fuentes Bibliográficas: 1.- "Una evaluación interna de la Fundación Pehuén con la participación de los afectados" (IFC 2067). Theodore E. Downing, Evaluador independiente. Agra Earth and Environment en colaboración con Downing and Associates. 7 de mayo de 1998. 2.- Documentos de dominio público. Archivo Ralco de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena: a) Memorándum Nº 631, del 16 de mayo de 1996: remite informe de Conama sobre Ralco. b) "Informe de Observaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco". Jorge Sanderson Espinoza, Antropólogo. (24 de mayo de 1996). c) Memorándum 696, del 31 de mayo de 1996, del Director Nacional de Conadi a directivos institucionales en donde se señala la Política general sobre Represa Ralco. d) Informe de Observaciones de la Conadi al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco de la Empresa racional de Electricidad S.A., presentado a solicitud de la Conama según las disposiciones contempladas en la Ley No 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. 31 de mayo de 1996. e)" Programa de Defensa del Patrimonio Cultural Indígena''(propuesta),.Departamento de desarrollo, Conadi. 1996. 3.- Documento declaración de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, de fecha 30 de agosto de 1996: "Aclaraciones de la Conama sobre Proyecto "Central Hidroeléctrica Ralco". 4.- "Valoración Económica de Propiedades en Área de Ralco, Alto Bío Bío. Informe de Carlos R. Risopatrón Consultores, enero de 1997. 5.- Informe (a Conama) sobre documento denominado "Addendum del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco" de la Empresa Nacional de Electricidad, incluyendo el documento denominado "Divulgación y consulta a los afectados". Conadi. 7 de marzo de 1997. 6.- Addendum No 2 de la Empresa Nacional de Electricidad S.A., ENDESA, sobre Proyecto Central Hidroeléctrica de Ralco. Estudio de Impacto Ambiental. Electrowat Ingenieros Consultores (Chile) S.A. abril de 1997. 7.- Informe de la Unidad de Estudios de Conadi sobre Addendum No 2 al EIA del Proyecto Ralco. 23 de mayo de 1997. 8.- Opinión de la Conadi sobre Addendum Nº 2 al EIA del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, entregada oficialmente a la Conama el 27 de mayo de 1998. 9.- Informe Técnico del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Central Hidroeléctrica Ralco" de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama. 28 de mayo de 1997. 10.- Minuta adicional de Conadi a Conama sobre el Informe Técnico del 28 de mayo de 1997. Oficio Nº 8/161 de Conadi de fecha 4 de junio de 1997. 11.- Texto de la Resolución Exenta No 10, que resuelve la calificación ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica de Ralco. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 6 de junio de 1997. 12.- Resolución del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco: presentación de la Directora Ejecutiva a la prensa el 9 de junio de 1997. Texto del comunicado oficial de prensa de Conama. 13.- "La resolución de Conama sobre el proyecto hidroeléctrico Ralco y los Mapuche Pehuenche". Texto de la Declaración Pública del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera. Temuco, 16 de junio de 1997.

14.- "Recurso de protección presentado por las comunidades pehuenches Quepuca Ralco y Ralco Lepoy". Texto del escrito presentado a nombre de las Comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy y las personas naturales que las integran, en contra de la Resolución Exenta No 10 de Conama. 19 de junio de 1997. 15.- Escrito de la Conama en respuesta a la presentación "Recurso de protección presentado por las comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy" patrocinado por Guillermo Zavala Matulic, abogado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en los autos caratulados "Quintramán con Conama". 14 de agosto de 1997. 16.- Escrito de la demandada ENDESA, en los autos caratulados "Quintramán, Nicolasa y otras con Comisión Nacional del Medio Ambiente y otra", patrocinado por Pablo Rodríguez Grez, en representación de la Empresa Nacional de Electricidad. 18 de agosto de 1997. 17.- "Los pehuenches, el Grupo Banco Mundial y ENDESA: violaciones de Derechos Humanos en los Proyectos de las represas Pangue y Ralco en el Río Bío Bío, Chile". Informe del Comité de Derechos Humanos de la Asociación Americana de Antropología. Fdo. Bárbara Johnston, Sénior Research Fellow, Center for Political Ecology, Santa Cruz, California y Terence Turner, Professor of Anthropology, University of California, marzo de 1998.

Audiencias e Informes Jurídicos Ñami ayay tayifoli, tayin chimien, ka tayiñ kvzaw inche pu pewenche nieyiñ tayiñ kizukvzaw, fey aflayay. "No queremos perder nuestra forma de trabajar, es lo que tenemos; no queremos perderla". Indice Primeras entrevistas del 13 de noviembre de 1997 Segunda audiencia del 14 de noviembre de 1997 Tercera audiencia en Santa Bárbara, 25 de noviembre de 1997 Cuarta audiencia del 4 de diciembre de 1997 Quinta audiencia del 5 de diciembre de 1997 Sexta audiencia del 29 de enero de 1998 Séptima audiencia del 30 de enero de 1998 Nuevos hechos Octava audiencia del 2 de abril de 1998 Novena audiencia del 3 de abril de 1998 Décima audiencia del 28 de mayo de 1998 Decimoprimera audiencia del 29 de mayo de 1998 El informe de síntesis a partir de estas audiencias El Informe final del Equipo Jurídico de CONADI El instructivo de autorización de solicitudes de permutas El proceso de audiencias con familias pehuenches firmantes de las primeras solicitudes de permutas de tierras En septiembre de 1997 comenzaron a ingresar a la Oficina de Partes de la Dirección Nacional de Temuco en Santiago, las primeras solicitudes de permutas de tierras firmadas por familias pehuenches de Ralco Lepoy. Este antecedente dio inicio a un intenso proceso de seguimiento de cada caso, con el propósito de verificar la correcta aplicación de las normas señaladas en la Ley Indígena y en la práctica institucional de CONADI sobre permutas de tierras. En lo principal, los esfuerzos del equipo jurídico y de la Dirección Nacional y Consejo Nacional de la Corporación, se orientaron a ir comprobando, de manera minuciosa, los distintos alcances de estas solicitudes. En síntesis, no era suficiente para nosotros que tales documentos llegasen sólo conformes con la firma de los pehuenches afectados. En nuestras visitas al Alto Bío Bío nos dimos perfecta cuenta que estábamos ante una población frágil socialmente y vulnerable legalmente, integrada por personas sencillas y humildes, mayores de edad, en su mayoría iletrados, con limitaciones bilingües por un manejo más intenso de su propio idioma ancestral y, por cierto, con nulo conocimiento de complejas implicancias jurídicas, derivadas de su sola firma en una promesa que contenía efectos legales trascendentales para su destino. No era suficiente su sola firma en los documentos de Endesa. La Ley Indígena, 19.253, en su artículo Nº 1 establece con extrema claridad el sentido de las normas destinadas a la protección de las tierras indígenas, "adoptando las medidas adecuadas para tales fines (...) proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación". La tierra indígena, se ha dicho en este libro y en muchas otras investigaciones y estudios especializados, no tiene un valor de intercambio para el mundo indígena. Su valor principal radica y proviene del valor de uso, como resultado de una cosmovisión propia, en la que la tierra es prestada al hombre y por ello no se la concibe bajo la categoría de una propiedad comercial común. Tanto es así que esta concepción fue recogida a cabalidad en la Ley Indígena cuando se declaró de manera solemne en sus Principios Generales que:

"El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura". "Fundamento principal de su existencia y cultura". ¿Qué valor económico puede asignarse a este concepto normativo, elevado a la condición de "Principio General" de la Ley Indígena de Chile? Lo que a la simple vista de empresarios y comerciantes aparece como un territorio con valor de intercambio, para el mundo indígena posee una connotación diferente. ¿Cómo se concilian entonces estos dos puntos de vista sobre un mismo objeto, que para el poderoso se resuelve con el libre juego de la oferta y demanda (buscando, además, invertir lo menos posible y ganando lo más que se pueda), con la visión mapucéntrica del indígena, en el sentido de que la tierra es "el centro de su existencia y cultura"? Los habitantes comunes y corrientes no indígenas no comparten valores ancestrales, no tienen una lengua propia (con excepción, por cierto, del idioma general del país), no cuentan con una cosmovisión ancestral, son -en un sentido genérico comunes y corrientes y por lo mismo, al ciudadano común siempre le convendrá una ventajosa negociación. En la comuna de La Florida, en Santiago, luego que se instalase ahí el amplio mall Plaza Vespucio, con ventas anuales tremendamente abultadas y miles de consumidores que recorren sus decenas de locales, los valores de terrenos de no más de 250 metros cuadrados con sencillas casas DFL 2 construidas hace 15 ó 20 años vieron elevados sus valores al triple en menos de tres años. Con la construcción de la línea 5 del metro de Santiago y con su arribo hasta el paradero 14 de Vicuña Mackenna, directamente al corazón del Mall Plaza Vespucio, en menos de dos años tales valores ya aumentados por el Mall crecieron nuevamente al doble y lo que hasta ayer eran sitios y casas con precios no mayores a UF 1.400 adquirieron la férrea consistencia de no ser menores a UF 4.000. En síntesis: con la ampliación del Mall Plaza Vespucio y la llegada del Metro aparecieron las Compañías de Seguros y de grandes negocios comerciales, además de poderosas empresas inmobiliarias. ¿Y qué hicieron? Para poder construir las actuales torres de edificios de departamentos y de modernas oficinas comerciales en el pujante paradero 14 de Vicuña Mackenna, hubo que hacer ofertas a los propietarios de los modestos sitios de 250 metros y casas DFL2, hasta ayer simples empleados y profesionales de clase media, los que por cierto, sin más esfuerzo que renunciar al viejo barrio que les acogió durante casi dos décadas, en pocos días o semanas se convirtieron en millonarios.... Las empresas inmobiliarias demolieron cuadras completas y las hasta ayer modestas viviendas DFL2 dieron paso a poderosas torres de edificios y nuevos centros comerciales. Todos ganaron en esta negociación. Y si se recorre ciertas zonas del paradero 14 de Vicuña Mackenna, se encontrará todavía restos de aquellas casas que sucumben al paso de retroexcavadoras y faenas inmobiliarias... Y algunos vecinos que se quedaron a la zaga de esta sustanciosa negociación, hoy ponen carteles de "SE VENDE" en las ventanas de sus casas, con la íntima esperanza de salir de esa modestia con la que han vivido siempre.... ¿Que quiero significar con estos ejemplos? Algo sencillo: si las tierras pehuenches afectadas por el Proyecto Ralco, tuviesen que ingresar al mercado de la oferta y demanda de tierras, siendo imprescindibles para construir una gigantesca represa como Ralco, tendrían un valor de negociación financiera que sería la envidia misma de las familias acaudaladas de este país. ¿Y sabe por qué?: porque sin esas 638 hectáreas indígenas, hoy habitadas por 98 familias pehuenches, no se puede construir la represa. Así de simple. En consecuencia, es cuestión de realizar un ejercicio de imaginación: si Ud. fuera propietario de una parte de estas hijuelas, ¿cuánto le cobraría Ud. a una empresa transnacional como Endesa?... Imagínese la cifra y tenga la absoluta seguridad que la empresa, a como diera lugar, pagaría lo que Ud. le pida... El drama de Ralco, para los pehuenches, es que los propietarios de las hijuelas no están en el sentido normal de la ciudadanía. Para ser más claro y brusco, la diferencia radica en su condición de indígenas. Entonces, no es raro encontrar que dos vaquillas, unos cuantos vacunos, un caballo ensillado, (no en todos los casos); dos yuntas de bueyes, casa, fogón, cercos y una pequeña cuota de dinero más un terreno distante de su actual propiedad, con un plan de asistencia productiva, todo lo cual sumado en dinero resulta claramente más económico que la valoración de las tierras en su real plusvalía efectiva y potencial, presente y futura, constituyen la base de una

promesa de permutas que los pehuenches tuvieron que firmar, sin conocer del todo la implicancias legales de su acto. Compartíamos en CONADI, con el equipo de abogados, estas aprensiones y pensábamos que debíamos conocer en terreno y a fondo, no sólo el parecer de las familias pehuenches, sino establecer en cierto modo, la verosimilitud del grado de consentimiento y voluntad real de los pehuenches de querer salir de sus tierras; queríamos detectar si efectivamente era para ellos una decisión imperiosa, pero propia, irse de sus tierras para buscar nuevos horizontes o mejorar sustancialmente su vida. Queríamos también saber cómo se había constituido la firma de la solicitud. Bajo qué condiciones, en qué contexto; si había participado la familia en la decisión; si guardaban alguna relación con la Endesa, por ejemplo de tipo laboral, que inhibiera su voluntad por ser empleados de la empresa... En realidad, necesitábamos establecer fehacientemente si la solicitud de permuta era fruto de una decisión conscientemente adoptada o era resultado de circunstancias forzosas e impuestas. En tal caso, queríamos ir al fondo del procedimiento empleado. Teníamos muy presente el historial de usurpaciones legales ocurridas en el Alto Bío Bío desde hace más de un siglo. CONADI asesoraba a la comunidad de El Avellano en su litigio de tierras con la familia Richards. O sea, no estábamos ante situaciones sólo históricas sino muy vigentes. Habíamos examinado el impactante informe Downing y nos dábamos cuenta que Ralco no tendría por qué ser distinto a situaciones ya conocidas en el caso de la represa Pangue, y que pudieran vulnerar la dignidad y derechos de estas familias. Lo sorprendente habría sido lo contrario... Por otro lado, bajo las condiciones de un sistema democrático, con un Gobierno representativo de un programa de la Concertación, aprobado por la inmensa mayoría de los chilenos, sentíamos que era nuestro deber asegurarnos de que los Derechos Humanos, sociales y culturales de los Pehuenches estuviesen adecuadamente cautelados. No entendíamos de otro modo nuestro actuar. Entonces, sentíamos que era nuestro deber examinar a fondo los métodos de Endesa y para ello creamos entonces un procedimiento institucional, único, consistente en un programa de audiencias con cada familia que había firmado tales solicitudes de permutas. Se informó de esta idea al Consejo de CONADI y fue aprobada. De igual modo se informó a las autoridades de mideplán. El Ministro Roberto Pizarro acogió con especial interés y entusiasmo nuestra propuesta metodológica y se puso en curso un período de marcha blanca. El equipo jurídico, con el Director Nacional sostuvieron varias reuniones de trabajo para organizar el plan de audiencias. Se examinó el Informe Social preparado en agosto de 1997 por un equipo de terreno. Se contaba ahí con el perfil social y familiar de los afectados. Luego, se examinaron las primeras carpetas con la documentación enviada por Endesa. Se hizo un prolijo análisis de cada detalle que estaba escrito. Descubrimos que cada escritura, con excepción de la individualización de los afectados, estaba copiada en forma estándar, de tal modo que se incorporaron en las partes correspondientes (como quien dice las partes en blanco) los detalles específicos correspondientes a la identificación de cada hijuela y del permutante, más detalles complementarios en algunos casos distintos y en otros no. Se habló con los Caciques del Alto Bío Bío y se les informó que la Corporación entrevistaría a cada familia pehuenche firmante. Las autoridades ancestrales, presididas por el Lonko mayor Antolín Curriao se mostraron interesados y esperanzados. Era primera vez que se les tomaba en cuenta como autoridades indígenas en este procedimiento. Luego, conformamos el equipo técnico, el que estaría integrado por el Fiscal de CONADI, Carlos Vargas, el abogado de la CONADI de Cañete, Egon Matus de la Parra y la jefa de la Unidad Jurídica de la Subdirección Sur, Sandra Jelves, como equipo base, acompañados de uno o dos traductores bilingües, más un comité técnico ad-hoc. Valga destacar su esfuerzo técnico, su profesionalismo y vocación de servicio. Acordamos también que las entrevistas serían grabadas en videos para adjuntarlas al informe general y para que sirvieran como material documental histórico. La Endesa, enterada de la preparación de esta iniciativa, solicitó que uno o dos de sus funcionarios pudiera participar en las audiencias. Conversamos este tema en mideplán y llegamos a la conclusión legal de que no correspondía su presencia durante las audiencias, precisamente, para garantizar la tranquilidad de los pehuenches durante las conversaciones. Sin embargo, a objeto de que nuestro trabajo no fuese impugnado o descalificado por la empresa, acordamos entonces que estas audiencias se realizarían en condiciones estrictamente formales y

con la mayor transparencia posible. Y que se contaría con un cuestionario estándar, de tal modo que las preguntas fueran básicamente siempre las mismas. Para ello, acudimos al Notario de Santa Bárbara, don Selim Parra, quien muy gentilmente accedió a nuestra petición específica de realizar las audiencias en su Notaría y teniéndole a él, de cuerpo presente, en su calidad de Notario, de tal modo que pudiera atestiguar la absoluta transparencia del proceso de audiencias. Concordamos que cada sesión sería registrada en un acta notarial, que sería elaborada durante la entrevista y que al final de cada sesión, el propio Notario estamparía su firma oficial, dando fe de que lo preguntado y lo conversado correspondía exactamente a la verdad de los hechos. Así se completaron 64 entrevistas. Con estos rigurosos mecanismos la Dirección Nacional puso en marcha entonces la etapa de audiencias el 13 de noviembre de 1997. El equipo técnico se concentró en Temuco el día anterior e iniciamos el viaje hacia la comuna de Santa Bárbara en horas de la tarde. Alojando cerca de la Notaría revisamos los detalles del trabajo a realizar el día 13 de noviembre. Y muy de madrugada, cerca de las seis de la mañana, tres vehículos de CONADI partieron hacia Quepuca Ralco y Ralco Lepoy para trasladar, desde esas localidades, a los primeros pehuenches firmantes de solicitudes de permutas. Extrañamente, el viaje desde sus domicilios hasta Santa Bárbara demoró más de lo habitual pues ocurrieron "derrumbes" en el camino... Y la maquinaria de Endesa, disponible para estas emergencias, llegó con extremo retraso a las zonas amagadas por los derrumbes... De tal modo que las audiencias previstas para las 10:00 a.m. del 13 de noviembre, recién comenzaron a las 16:00 horas. Es decir, seis horas después de lo previsto por estos "accidentes" del camino, conformado en gran parte de la ruta por huellas estrechas. En una segunda ocasión, no encontramos a los pehuenches destinatarios en sus domicilios a pesar de haber sido informados, días antes, por un equipo de CONADI del día y hora en que se les iba a buscar... La explicación fue que tratándose de jornaleros de Endesa, fueron citados y/o trasladados al Fundo El Barco, en donde la empresa deseaba compartir con ellos un "beneficio" (un asado local)... Precisamente, el mismo día en que iban a ser entrevistados por la CONADI... En una tercera ocasión, nos encontramos con algunos de los pehuenches destinatarios en un estado tal de ebriedad que hacía innecesario su traslado hasta Santa Bárbara, en condiciones en que no sabían ni siquiera su identidad... El día anterior se les había cancelado su modesto jornal y, "coincidentemente", había llegado una importante cantidad de bebidas alcohólicas a los escasos centros de acopio de mercaderías en donde las familias pehuenches se abastecen normalmente... Todos estos hechos los asumimos con paciencia y delicadeza. En privado, el Director Nacional informó de cada uno de estas situaciones a las autoridades de Gobierno para indicar que enfrentábamos condiciones difíciles en el cumplimiento de nuestro propósito. Que nos dábamos perfectamente cuenta de lo que estaba sucediendo y que no diríamos nada público al respecto... Y no cejamos. Cambiamos entonces la estrategia. Acordamos que siendo la CONADI un organismo público del Estado, estábamos en condiciones de "imponer" la citación, en algunos casos, aunque fuesen de jornaleros de Endesa. Después se entregaría una nota para justificar un día no trabajado... Para ese efecto, entonces, aplicamos la medida de trasladar, sin previo aviso, dos vehículos de CONADI hasta Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, en la noche del día anterior a la siguiente audiencia en Santa Bárbara e instalamos los vehículos cerca de los domicilios de los destinatarios, lo que significó que tanto el personal a cargo de los vehículos de CONADI como nuestros profesionales tuvieron que pernoctar en ellos durante la noche o en la ruka de algún pehuenche cercano... Temprano, al día siguiente, pudieron ser trasladados, por expresas instrucciones del Director Nacional, a Santa Bárbara, ahora sí, sin ningún tipo de complicaciones ni sorpresas... Las audiencias siguientes las realizamos con este procedimiento, sin previo aviso, y en los casos de algún pehuenche dudoso (o temeroso por lo que podrían decirle en la empresa) actuamos con plena autoridad, señalándoles que confiaran en CONADI porque éste era un Servicio del Estado. En algunos casos, por último, actuamos "en representación del Supremo Gobierno"', y simplemente trasladamos a la persona en cuestión a la audiencia respectiva... El pehuenche es respetuoso de la autoridad, pero es más temeroso del que tiene poder... Por esa razón, en cada viaje actuamos con intérpretes bilingües, que le ofrecieran al destinatario toda la tranquilidad que significaba trabajar a su servicio y sin más interés que saber la verdad de los hechos. Lentamente, CONADI fue ganando así la confianza de cada familia. Estábamos en este

proceso, cuando ocurrieron los cambios institucionales de agosto de 1998 que ya hemos descrito en el capítulo primero. Cada audiencia duró en promedio entre dos y tres horas. El equipo de abogados solicitaba la identificación del pehuenche y se anotaban sus datos en el acta notarial. El Notario estaba presente en toda la conversación. En casi todos los casos los pehuenches llegaron acompañados de familiares, pues su edad es avanzada. En otros casos, llegaron acompañados de sus esposas, hijos o nietos, los que también intervenían en la conversación. Se les mostraba la carpeta en donde aparece su firma. Se les consultó sobre el modo como tuvieron que firmar las solicitudes y se les preguntó si tenían pleno conocimiento de lo que habían firmado. Junto a ellos, nuestros abogados iban leyendo, pacientemente, párrafo a párrafo lo firmado, y en cada situación que no era cabalmente comprendida por el pehuenche entrevistado, se le explicaban los alcances legales de lo suscrito. En algunos casos hubo que emplear traducción bilingüe. Fue a través de este proceso que los pehuenches pudieron apreciar y darse cuenta, en realidad, qué es lo que habían firmado verdaderamente. Es notable captar a través de sus respuestas la trascendencia de lo que estaba ocurriendo en el Alto Bío Bío. Fue tal el impacto de las primeras audiencias de noviembre y diciembre de 1997, que ello implicó que el Ministro de mideplán, una vez conocido el informe confidencial de las primeras entrevistas, solicitase una reunión reservada en La Moneda, en los primeros días de enero de 1998, a la que concurrieron los Ministros Villarzú (Secretaría General de la Presidencia); el propio Ministro Pizarro de Mideplán, varios Subsecretarios, el Fiscal de Mideplán y el Director de CONADI, quien expuso con detalle el contenido y las circunstancias de las primeras entrevistas en Santa Bárbara. Las características reservadas de esa reunión política en el Palacio Presidencial impiden revelar su contenido, pero valga señalar que como resultado del examen de lo que estaba siendo descubierto, los Ministros Villarzú y Pizarro, ambos muy sensibles al tema indígena, impartieron instrucciones muy precisas de agotar el procedimiento que CONADI estaba llevando a cabo, prestándole al Director de la Corporación todo el respaldo gubernamental correspondiente. El Director de CONADI reforzó entonces al equipo jurídico. Se instaló una oficina de la Corporación en Ralco; se ajustaron ciertos recursos internos para sostener esta esforzada labor en terreno y las audiencias continuaron familia por familia. Lo que el lector conocerá a continuación constituye un material documental exclusivo, que refleja por sí mismo la situación descrita. Se trata de las entrevistas realizadas en Santa Bárbara. Se presentan por fecha de realización, por participante y por bloques de preguntas, las mismas que componen el cuestionario propiamente tal. Las respuestas proporcionadas por cada participante en las audiencias programadas por CONADI están inscritas en las Actas Notariales, firmadas por el Notario de Santa Bárbara, Selim Parra, y los profesionales del equipo jurídico que oficiaron de entrevistadores. Para todos los efectos, estos documentos son públicos. Copia de los mismos están en la Notaría de Santa Bárbara. Otras copias están depositadas en la Dirección Nacional de CONADI en Temuco. Constituyen, ciertamente, un material de consulta ciudadana. A mayor abundamiento, copias de estas mismas Actas de Entrevistas están en conocimiento y materialmente en poder de los 17 Consejeros Nacionales de la Corporación desde el 30 de julio de 1998. De su solo análisis, el lector podrá formarse su propia opinión. Las primeras audiencias se realizaron el 13 y 14 de noviembre de 1997. Participaron los primeros 16 pehuenches firmantes de solicitudes de permutas con quienes se conversa a fondo. Las siguientes son las preguntas y sus respectivas respuestas, transcritas literalmente de las Actas Notariales. Primeras entrevistas del 13 de noviembre de 1997 1.-¿Desea Ud. cambiar su casa y su terreno por otro lugar? JOSÉ BENITEZ VITA: "Según el compromiso me dan el doble de lo que yo tengo... Yo no soy el interesado, es Endesa". DOMINGO QUIPAIÑAN PIÑALEO: "Sí, estamos de acuerdo". SEGUNDO CALPAN LEPIMAN: "Sí". JOSÉ DOLORES CALPAN CUMILAO: "Sí, porque estamos haciendo el negocio...". JOSÉ LORENZO CORDOVA CALPAN: "Sí, porque me voy a quedar en el saldo del terreno". JOSÉ DOLORES CALPAN CALPAN: "Sí" JOSÉ DEL CARMEN MARIPI RODRÍGUEZ: "Sí, esa es la opinión que tienen los señores de

Endesa; no nos quisimos cambiar al Fundo El Barco porque es muy malo y por eso pedimos irnos al Fundo La Peña". JOSÉ MIGUEL MARIPI VILLAGRAN: "Como yo he sido nacido y criado en Ralco Lepoy, no deseo cambiarme, pero como la represa ha empezado a trabajar, nos tenemos que cambiar, porque no podemos andar debajo del agua como los camarones..." JOSÉ GUILLERMO COMILAO QUIPAIÑAN: "Sí" FRANCISCO CALPAN HUENCHUCAN: "Sí". ELEUTERIO FEDERICO CALPAN QUIPAIÑAN: "Sí, lo deseo". SEGUNDO ALAMÁN: (Sólo se le pregunta si sabe leer o escribir. Contesta que hace más de tres años que no lee ni escucha; que en algún momento podía leer y escuchar y podría haber entendido, pero que ahora no entiende nada; además no ve nada. Se deja constancia que fue la única pregunta que se le hizo, preguntas que fueron formuladas tanto en mapudungun como en castellano, por el funcionario de la CONADI, Juan Domingo Ñanculef Huaiquinao. Doy Fe en Santa Bárbara, al 14 de noviembre de 1997, Selim Parra Fuentealba, Notario Público de Santa Bárbara). 2.-¿Ud. entiende claramente lo que dice el contrato que firmó y que se le exhibe en este acto? JOSÉ BENITEZ VITA.: "Yo no sé leer ni escribir, pero sé firmar. Mi señora no sabe nada. Otra persona firmó por ella. Me leyeron el contrato, pero no me quedó todo en la cabeza, Ahora me entero que en el contrato hay algo malo, porque la hijuela que a mí me iban a dar era de 35 hectáreas y además un millón ochocientos veinte mil pesos; y me ofrecieron dos vaquillas, un caballo ensillado.." DOMINGO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Yo sé leer y escribir y mi señora sólo firma. El contrato me lo leyó el señor Notario. La verdad es que yo entendí que de las 20,65 hectáreas sólo me permutan 0,66 hectáreas y Endesa me devolvería 20 has, pero ahora me doy cuenta que en el contrato aparece que estoy permutando el total y así no era el contrato, porque si ahora Endesa no cumple con devolverme la suma de $ 1.780.630... lo que a mí no me conviene para nada.." SEGUNDO CALPAN LEPIMAN.: "Entiendo lo que dice el contrato porque me lo leyó el señor Notario, aunque no sé leer ni escribir. Estampé mi huella en el documento. Firmó a ruego mi hijo Eleuterio". JOSÉ CALPAN C.: "Yo sé leer, pero no entiendo mucho y la firma es la que aparece aquí. El señor Notario leyó el contrato y nosotros entendimos lo que se leyó". JOSÉ CORDOVA CALPAN: "Yo no sé leer ni escribir. No entendí lo que me leyeron. Solamente puse mis iniciales". JOSÉ CALPAN CALPAN: "Del contrato poco entiendo. Yo no sé leer ni escribir, pero estampé mi dígito pulgar derecho en el contrato. Soy soltero y vivo con mi sobrino". JOSÉ MARIPI RODRÍGUEZ.: "Yo no sé leer ni escribir. Sólo sé escribir mis iniciales, las que aparecen en el contrato. Sólo me leyeron la mitad del contrato...". JOSÉ MARIPI RODRÍGUEZ.: "Sí, he firmado un contrato, aunque no sé leer ni escribir, pero entiendo de qué se trata el contrato. Firmó a ruego don José Antonio Levi Carrasco, un vecino de allá". JOSÉ COMILAO QUIPAIÑAN .: "Yo no sé leer ni escribir. Sólo sé escribir mi nombre. Aclaro que sólo sé leer la letra imprenta. Yo leí una parte del contrato... Sólo entendí un poco... Pero no todo". FRANCISCO CALPAN HUENCHUCAN.: "Yo firmé con mis iniciales". ELEUTERIO CALPAN QUIPAIÑAN.: "Sí, efectivamente. Tengo bien claro". 3.-¿Cuánto terreno desea permutar con Endesa? JOSÉ BENITEZ VITA.: "Yo deseo permutar sólo una hectárea y no toda mi tierra. El contrato se firmó en la Notaría de Los Angeles. Los funcionarios de Endesa me llevaron y allá me leyeron por parte, no todo, el contrato. Nunca antes me lo habían leído. Después de firmar me dieron copias". DOMINGO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Sólo lo que corresponde a 0,66 has y además un camino de 25 metros de ancho y como unos 300 metros de largo". SEGUNDO CALPAN LEPIMAN.: "Deseo permutar la hijuela 65, completa". JOSÉ CALPAN CUMILAO: "Endesa se compromete a darme 22 hectáreas. Yo le doy como 12 has de mi tierra, que van a quedar bajo el agua y me quedan como 67 has. Voy a quedar con tierras arriba y abajo. Sólo quiero permutar 12 has que van a quedar bajo el agua. Con respecto al segundo contrato de promesa de cesión y traspaso no estoy de acuerdo, porque me pueden joder

al no cumplir la promesa y pagarme el valor que han fijado de tres millones de pesos...que no es lo que vale mi campo". JOSÉ CORDOVA CALPAN.: "Yo deseo permutar 3,2 has y no el total." JOSÉ CALPAN CALPAN: "Deseo cambiar la totalidad de mi hijuela No 79, que es de 1,1 has". JOSÉ MARIPI RODRÍGUEZ.: "Son como 0,70 hectáreas". JOSÉ MARIPI VILLAGRAN.: "Deseo permutar 6,5 hectáreas". JOSÉ COMILAO QUIPAIÑAN .: "Sólo deseo permutar 3 has. que van a ser inundadas y me quedo con un saldo de terreno de 2,5 hectáreas". FRANCISCO CALPAN HUENCHUCAN.: "Yo deseo permutar hectárea y media, las que me van a quedar bajo el agua". ELEUTERIO CALPAN QUIPAIÑAN.: "El terreno que pienso permutar corresponde a la hijuela 239, con una superficie aproximada de 16 has. Sólo le voy a permutar una parte, porque me devuelven 5,8 hectáreas que no serán afectadas por las obras de la central Ralco, según contrato de promesa de cesión, que también he firmado y que en este acto exhibo, ese retazo de terreno que devolvería Endesa. Yo pienso venderlo". 4.-¿Conoce los terrenos que le están ofreciendo? JOSÉ BENITEZ VITA.: "El terreno que me mostraron es más o menos... Sólo sirve para ganadería". DOMINGO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Conozco los terrenos del Fundo El Barco porque tengo animales y trabajo en el lugar y mi señora también los conoce y son 79,7 has las que me ofrecen...". SEGUNDO CALPAN LEPIMAN.: "Sí, conozco los terrenos que me están ofreciendo en el Fundo El Barco. Ahí mismo se va mi hijo Eleuterio. Yo no trabajo en El Barco, como mi hijo, pero lo conozco". JOSÉ CALPAN C.: "Sí, los conozco y estoy conforme". JOSÉ CORDOVA CALPAN.: "Sí, conozco los terrenos, son las 42 has. Yo trabajo en el Fundo El Barco hace un año ya. Trabajo 20 días en el mes, de las 8 horas a las 5 de la tarde y me pagan $ 70.000 (setenta mil pesos). JOSÉ CALPAN CALPAN: "Yo conozco los terrenos porque los fui a ver. Son 26 has, que yo lo encuentro poco". JOSÉ MARIPI RODRÍGUEZ.: "Sí, los vinimos a ver. Son como 10 has". JOSÉ MARIPI VILLAGRAN.: "Sí, conozco el terreno y me ofrecieron 12 has". JOSÉ COMILAO QUIPAIÑAN : "Sí, los conozco. Están en el Fundo El Barco. Son 32 has. Yo he pasado siempre por esa parte porque estoy trabajando en Endesa hace dos años y me pagan $ 60.000 (sesenta mil pesos), líquido. Entiendo que va a ser casi toda mi tierra inundada y en el pedazo que no se inunda, pienso instalar una casa para vivir en ella, cuando el invierno sea malo". FRANCISCO CALPAN HUENCHUCAN.: "Sí, fui a mirarlos... Se encuentran en el Fundo El Barco y son 25,5 has". ELEUTERIO CALPAN QUIPAIÑAN.: "Sí, conozco el terreno El Barco, porque hace más de un año y medio que trabajo en ese lugar. La parte que me van a dar es buena y son más o menos 80 has". 5.-¿Dónde se encuentran ubicados esos terrenos? JOSÉ BENITEZ VITA.: "Se encuentran ubicados al lado del río Lomín del Fundo El Barco. Lo conozco porque estoy trabajando en Endesa hace más de un año y me pagan $ 135.000 (ciento treinta y cinco mil pesos), como campero. Pero yo tengo que poner mis caballos. Ellos no me pasan nada más...". DOMINGO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: (se remite a lo anteriormente dicho). SEGUNDO CALPAN LEPIMAN.: (se remite a lo anteriormente dicho). JOSÉ CALPAN C.: "En el Fundo La Peña". JOSÉ CORDOVA CALPAN.: (se remite a lo anteriormente dicho). JOSÉ CALPAN CALPAN: "Se encuentran ubicadas en el Fundo El Barco". JOSÉ MARIPI RODRÍGUEZ.: "En el Fundo La Peña". JOSÉ MARIPI VILLAGRAN.: "En el Fundo El Huachi, específicamente en el Fundo la Peña". JOSÉ COMILAO QUIPAIÑAN .: (se remite a lo anteriormente dicho). FRANCISCO CALPAN HUENCHUCAN.: (se remite a lo anteriormente dicho). ELEUTERIO CALPAN QUIPAIÑAN.: "En el Fundo El Barco". 6.-¿Aparte del terreno, qué otra cosa le ofrece Endesa?

JOSÉ BENITEZ VITA.: "Casa habitación, fogón; además de lo ya dicho anteriormente y la suma de $ 1.820.000 (un millón ochocientos veinte mil pesos)". DOMINGO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Casa, galpón, fogón, cerco, potrero para los animales, $ 820.000 para comprar animales... Al principio me habían ofrecido dos vaquillas, un caballo con apero, una yunta de bueyes...". SEGUNDO CALPAN LEPIMAN.: "Endesa me ofreció animales, dos vaquillas, dos novillos, un caballo y $ 800.000, además de la casa, fogón, cerco. Por lo que ahora veo, no aparece en el contrato lo ofrecido, pero como ya está hecho... me conformo". JOSÉ CALPAN C.: "Me están ofreciendo una yunta de bueyes, cuatro vaquillas y $ 1.800.000 que quedan en El Barco... Viendo ahora el contrato aparece que son $ 880.000, pero a mí me habían ofrecido además $ 1.800.000. El funcionario que me ofreció todo ésto fue don Ignacio Irarrázaval". JOSÉ CORDOVA CALPAN: "Animales, vacuno, una yunta de bueyes, dos vaquillas, un caballo, un arado y además $ 1.800.000. No sé cuándo me los van a pagar. De hecho en lo que me acaban de leer, de los $ 1.800.000 que me ofrecieron sólo dice $700.000. Tampoco aparecen los animales que me ofrecieron... por lo que voy a reclamar por todo ésto. Estoy de acuerdo con lo que ofrecen pero quisiera más". JOSÉ CALPAN CALPAN: "Animales, dos vaquillas, un caballo y además $1.800.000. En la Notaría don Armando Illanes nos ofreció $ 1.800.000... No nos dijo cuándo nos van a pagar ese dinero". JOSÉ MARIPI RODRÍGUEZ.: "Nos ofertaron la veranada, casa, galpón, bodega, forraje... Nos habían ofertado animales pero mejor nos dieran la plata". JOSÉ MARIPI VILLAGRAN.: "Nos ofertó dos vaquillas, una yunta de bueyes, un caballo ensillado, casa, fogón, cercos, corrales y además $ 970.000. Fuera de eso me ofrecieron $ 1.800.000 que van a ser pagados después de llegar al fundo, pero yo quisiera que los den por anticipado... que después pueden darse vuelta... Si aparece en el contrato todo lo que nos dijeron". JOSÉ COMILAO QUIPAIÑAN .: "Animales, vacas, caballo, novillos, dos vaquillas, una yunta de bueyes, pero eso me lo van a dar en plata, la suma de $ 820.000 para comprarlos. Pero yo creo que es muy poco. No estoy conforme con lo que está puesto en el contrato sobre la suma de $ 700.000". FRANCISCO CALPAN HUENCHUCAN.: "Me ofreció tres vaquillas, un caballo, casa, fogón, cercos, corrales, bodega y además $ 1.820.000, pero yo estoy desconforme y firmé porque estábamos apurados. Aceptaría esta permuta, siempre que fueran unos $ 5.000.000. Yo tengo agua en mi tierra, pero en la parcela que Endesa me da no hay agua. Además, Endesa me ofreció el agua potable y la luz". ELEUTERIO CALPAN QUIPAIÑAN.: "Me ofrecen en plata $ 820.000 para la compra de animales; casa, fogón, corral, cercos, además $ 1.300.000 al año". 7.-¿Se encuentra totalmente conforme con el ofrecimiento de Endesa? JOSÉ BENITEZ VITA.: "Yo estaba conforme, pero si no es por las 35 has, no estoy de acuerdo". DOMINGO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Sí, estoy conforme". SEGUNDO CALPAN LEPIMAN.: "Me remito a lo dicho antes. Eso sí me gustaría que me cumplieran con lo ofrecido en todo". JOSÉ CALPAN C.: "Estoy conforme con lo que me ofreció Endesa, pero no con lo que dice el contrato". JOSÉ CORDOVA CALPAN.: "Yo quisiera más tierra de la que me están ofreciendo". JOSÉ CALPAN CALPAN: "Claro que estoy conforme, porque... a dónde nos vamos a ir... Estoy conforme con el dinero más los animales" JOSÉ MARIPI RODRÍGUEZ.: "No, porque lo he estado pensando, que es muy poca la plata para los animales y la tierra. Por eso quiero pedir más tierra. Más o menos 10 has más para poder trabajar". JOSÉ MARIPI VILLAGRAN.: "De acuerdo a lo ya expresado anteriormente, no me encuentro completamente conforme" JOSÉ COMILAO QUIPAIÑAN .: "Me remito a lo dicho anteriormente" FRANCISCO CALPAN HUENCHUCAN.: "Me remito a lo dicho anteriormente". ELEUTERIO CALPAN QUIPAIÑAN.: "Sí, estoy conforme".. 8.-¿Ha recibido Ud. por parte de Endesa algún beneficio anticipado para firmar la permuta? JOSÉ BENITEZ VITA.: "No, nada" DOMINGO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Sí, nos han dado pasto, harina, pasto para los animales".

SEGUNDO CALPAN LEPIMAN.: " No, nada" JOSÉ CALPAN C.: "No" JOSÉ CORDOVA CALPAN.: "No, nada". JOSÉ CALPAN CALPAN: "No, nada". JOSÉ MARIPI RODRÍGUEZ.: "No nos han dado nada... solamente dos bolsas de harina". JOSÉ MARIPI VILLAGRAN.: "Nos han dado dos bolsas de harina de 40 kgs. el mes pasado". JOSÉ COMILAO QUIPAIÑAN .: "Sí, cosas de comer; trigo, dos sacos de 70 kilos; una canasta familiar surtida". FRANCISCO CALPAN HUENCHUCAN.: "No... solamente me dieron dos quintales de harina, que nos pasaron a dar el otro día". ELEUTERIO CALPAN QUIPAIÑAN.: "No, nada... Ahora sí que nos han dado 2 quintales de harina y un canasto familiar". 9.- ¿Sabe Ud. en qué va a ocupar la Endesa esos terrenos permutados? JOSÉ BENITEZ VITA: "Si, sé que es para el estanque o lago". DOMINGO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Sí, sabemos que Endesa va a construir una represa". SEGUNDO CALPAN LEPIMAN.: "Parece que los van a llenar de agua y no sé que hay un proyecto de agua...". JOSÉ CALPAN C.: "Sí, sé que esos terrenos se van a inundar de agua para la represa". JOSÉ CORDOVA CALPAN.: "No sé, pero sé que la van a llenar de agua7'. JOSÉ CALPAN CALPAN: "Sí, se va a llenar con agua". JOSÉ MARIPI RODRÍGUEZ.: "Yo creo que a ver a ser lleno de agua... como una laguna y nosotros somos los primeros afectados". JOSÉ MARIPI VILLAGRAN.: 'Tara llenarlo con agua y hacer un lago, igual como el Fundo San Pedro". JOSÉ COMILAO QUIPAIÑAN .: "Con el lago". FRANCISCO CALPAN HUENCHUCAN.: "Sé que las tierras van a quedar inundadas". ELEUTERIO CALPAN QUIPAIÑAN.: "Sí, ese se va a llenar de agua". 10.- ¿Su señora y sus familiares están de acuerdo con cambiar el lugar donde viven ahora por el terreno que les ofrece Endesa? JOSÉ BENITEZ VITA.: "Ahora sí, pero al principio no estábamos de acuerdo, porque era poco el terreno que nos están dando". DOMINGO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Sí, estamos de Acuerdo". SEGUNDO CALPAN LEPIMAN.: "Estamos listos ya; estamos todos de acuerdo". JOSÉ CALPAN C.: "Sí, están de acuerdo". JOSÉ CORDOVA CALPAN.: "Soy casado, tengo seis hijos y mi señora también firmó el contrato. Estamos de acuerdo de cambiarlos de lugar, pero mi señora quiere más tierra". JOSÉ CALPAN CALPAN: "Sí, estamos de acuerdo con mi sobrino. Yo tengo 78 años, soy nacido y criado". JOSÉ MARIPI RODRÍGUEZ.:"sí, estamos de acuerdo, porque en el invierno sufrimos mucho". JOSÉ MARIPI VILLAGRAN.: "Sí, estamos de acuerdo". JOSÉ COMILAO QUIPAIÑAN .: "Soy casado, tengo cuatro hijos. Mi familia está de acuerdo con cambiarnos y estamos ya decididos para irnos al Barco". FRANCISCO CALPAN HUENCHUCAN.: "Tengo dos sobrinas que viven conmigo y están de acuerdo en irse al Barco". ELEUTERIO CALPAN QUIPAIÑAN.: "Sí, están todos de acuerdo, mi señora y mis chiquillos". 11.-¿Por qué cree Ud. que le conviene este cambio? JOSÉ BENITEZ VITA.: "Me conviene para ganadería. Creo que va a ser mejor mi vida en Fundo El Barco, porque mi tierra es chica. Tengo 46 años, seis hijos en total; soy nacido y criado en Chenqueco". DOMINGO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Porque es mejor tierra y me mejoran la vida; y las tierras del Fundo El Barco son mejores... Tengo 4 varones y dos damas y dos nietos. En total somos diez... Me conviene, siempre y cuando me respeten con la devolución del terreno y son 20 has en las cuales va a vivir un hijo mío". SEGUNDO CALPAN LEPIMAN.: "Porque es mejor tierra el Fundo El Barco que mi tierra; es mejor el talaje porque me entregan como 70 has, pero verificando el contrato, aparecen 42,70 has...estoy conforme".

JOSÉ CALPAN C.: "Donde vivo estoy muy cerca del río, estamos tres meses en sombra. Los hijos quieren cambiarse de vida. Tengo una hija mudita y por eso tengo muchas preocupaciones... por eso a mí me conviene cambiarme...". JOSÉ CORDOVA CALPAN: "Sí, me conviene porque donde estoy no hay leña. Yo quiero irme al Barco porque hay leña, agua, talaje para los animales...". JOSÉ CALPAN CALPAN: 'Tara vivir y estar mejor". JOSÉ MARIPI RODRÍGUEZ.: "Sí, porque mi situación económica mejoraría en este lugar y en este momento Endesa nos ofrece trabajo y si se va Endesa nos quedaríamos sin nada". JOSÉ MARIPI VILLAGRAN.: "Porque la Endesa nos quiere desalojar; porque no podemos andar debajo del agua". JOSÉ COMILAO QUIPAIÑAN .: "Sí, me conviene. Acá donde vivo no encuentro leña y en este otro lugar hay más gente; soy nacido y criado en Ralco Lepoy. Tengo 38 años. Siento dejar mi tierra, pero en invierno no encuentro leña y sufro mucho". FRANCISCO CALPAN HUENCHUCAN.: "Bueno... Endesa nos anda apurando y uno tiene que irse no más". ELEUTERIO CALPAN QUIPAIÑAN.: "Me conviene irme al Barco por la veranada. Hay más talaje para los animales. Además tengo un hermano que vive allá. La vida hay que buscarla, porque la muerte llega sola..." 12.- ¿Dentro de su terreno, existe algún cementerio, sitio sagrado o lugar en el cual se realizan o se realizaban Elewun, Palín, Trawun o Futa Trawun? JOSÉ BENITEZ VITA.: " No, nada". DOMINGO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Sí, donde se realiza el Nguillatún no pasa nada y al cementerio no llega el agua. Finalmente deseo saber como podré asegurarme para que Endesa me devolviera las 20 has y yo sólo poder permutarle las 0,66 has". (Los abogados de CONADI, presentes en la audiencia le responden que para ello es necesario solicitar la autorización judicial correspondiente para dividir su terreno). SEGUNDO CALPAN LEPIMAN.: "Sí, existe el Nguillatún dentro de la comunidad. Dentro de mi terreno no hay cementerio. Tengo 66 años y he vivido toda mi vida en Ralco Lepoy". JOSÉ CALPAN C.: "No". JOSÉ CORDOVA CALPAN.: "No existe". "Deseo finalmente preguntar qué puedo hacer para asegurarme de que Endesa cumpla con su promesa de devolverme el saldo de terreno, porque esto me preocupa" (El equipo jurídico de CONADI le responde que debe solicitar la autorización para subdividir y sólo cumplido ese trámite podrá solicitar con toda seguridad la permuta de la parte que va a ser inundada de 2,2 has.). Finalmente, el Director Nacional (de CONADI), interroga a don José Lorenzo en el sentido de si sabe de CONADI o qué le han dicho de CONADI. Responde que Endesa le ha dicho que la CONADI anda engañando. "Pero yo creo que esto no es verdad y efectivamente la CONADI no miente". JOSÉ CALPAN CALPAN: "No". JOSÉ MARIPI RODRÍGUEZ.: "Sí, hay cementerio; el agua llega cerca y también al Nguillatún". Finalmente quiero agregar que me ofrecieron $ 1.800.000 y así me leyeron en la Notaría y veo que ahora no aparece así (en la escritura). Esta suma de dinero nos van a dar durante los cuatro años, pero pensándolo bien, con mi padre hemos llegado al acuerdo que este dinero es muy poco, por eso vamos a reclamar, que sean por lo menos $ 5.000.000. Agrego además que yo trabajo en el Barco hace más de un año. Llegamos tan tarde (a esta audiencia) porque estaban haciendo trabajos por parte de Endesa y estuvimos parados por lo menos cuatro horas" JOSÉ MARIPI VILLAGRAN.: "Hay un cementerio y un lugar donde juegan todas las amistades, pero no va a quedar tapado de agua. Pero yo creo que con el tiempo esto se va a derrumbar y los finados van a andar nadando en el agua (...)." "Yo tengo 71 años, soy nacido y criado en Ralco Lepoy y mis viejos están todos en el cementerio. Estoy triste... tener que dejar la tierra... Pero como Endesa nos urge tenemos que irnos. Finalmente yo insisto, ¿por qué no están todas las ofertas que nos hizo Endesa a través de don Armando Illanes?, o sea, la leña, el agua para tomar y comer... Yo,...en realidad no quiero que Endesa haga la represa. Firmé porque Endesa nos obligó a venir a la Notaría..". JOSÉ COMILAO QUIPAIÑAN .: "No; hay cementerio en la comunidad pero no va a ser inundado. También hay Nguillatún pero no será inundado, porque queda más allá. Finalmente, deseo que quede estampado que Endesa ha ofrecido $1.800.000 a través de don Armando Illanes, los cuales

se pagarán en cuatro años; pero yo considero que esto es muy poco y reclamo que se me paguen $ 5.000.000 por los cuatro años... Quiero decir además, que si no existiese la laguna, yo prefiriría quedarme en mis tierras, pero como han afirmado que se va a hacer la laguna, estoy obligado a salir". FRANCISCO CALPAN HUENCHUCAN.:"sí, el cementerio está dentro de la comunidad pero no sé si va a quedar inundado. Yo tengo cuatro familiares en el cementerio y no sé si van a quedar debajo del agua. Si es así me duele el alma. En la comunidad hay Nguillatún". A lo preguntado por el Director de CONADI del porqué firmó la promesa de permuta ha dicho: "Porque Endesa lo anda apurando y como uno no sabe y es ignorante en lo que se está haciendo..." El Señor Director pregunta: "¿Si Ud. don Francisco, no sabe, por qué firmó?. "-Bueno, porque nos trajeron y tuve que firmar". El Señor Director pregunta: "Para traerlos a firmar, ¿qué le dijeron?"."-Nos dijeron que teníamos que firmar las permutas, para quedarnos tranquilos y una vez firmado, no me van a andar apurando... Yo trabajo en el Barco hace un año y gano $ 86.000 líquido..." ELEUTERIO CALPAN QUIPAIÑAN.: "Sí, existe el lugar de Nguillatún, pero adonde vamos podemos hacerlo igual. Hay cementerio en la comunidad, pero no va a quedar bajo el agua". Segunda audiencia del 14 de noviembre de 1997 1.-¿Desea Ud. cambiar su casa y su terreno por otro lugar? JUAN QUIPAIÑAN QUIPAIÑAN: "Sí, porque tenemos algo hablado". JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL: "SÍ". PEDRO HUECHECAL ALAMAN: "Sí, porque Endesa nos dio trabajo y nos trajo progreso y antes teníamos que andar trabajando por todas partes y era muy escaso. Yo sé leer muy poco. Sé firmar". JOSÉ ESMEREGILDO HUENCHUCAN HUECHUCAL: "Sí, lo estamos haciendo" 2.-¿Ud. entiende claramente lo que dice el contrato que firmó y que se le exhibe en este acto? JUAN QUIPAIÑAN QUIPAIÑAN.: "Yo no sé leer ni escribir. Yo estaba trabajando en El Barco y de repente llegó Endesa y me trajo. Yo aun no había conversado con mis hijos. Ellos no me explicaron bien. Me trajo un supervisor, don Armando Illanes. Me dijo que tenía que venir a firmar. Yo, en realidad, sabía a qué venía y que iba a firmar. Una vez en la Notaría él me dijo que el papel iba a ir a CONADI; él me dijo que estaba todo listo. Ayer yo fui a reclamar, que tenía que hacer una casa adicional en el saldo de terreno y don Armando Illanes lo anotó en un papel y esto iba a salir en unos días más". JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "Yo sé firmar; sé leer poco. Me leyeron el contrato pero no entendí". PEDRO HUECHECAL ALAMAN.: "Yo entiendo todo el contrato. Me lo leyeron todo. Tenía una duda y don Armando Illanes me lo aclaró, sobre el saldo de terreno". JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "Yo no sé leer ni escribir, puse mis iniciales. Me lo leyeron en la Notaría". 3.-¿Cuánto terreno desea permutar con Endesa? JUAN QUIPAIÑAN QUIPAIÑAN.: "Yo le permuto 6,20 has. Yo me dejo 2,10 has para mí. En total que tengo 8,3 hectáreas". JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "Yo deseo permutar 5 hectáreas y media". PEDRO HUECHECAL ALAMAN.: "Yo deseo permutar 1,30 has y a mí me queda un saldo de terreno que Endesa se comprometió a entregármelos, de esa forma lo acepto". JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "Yo tenía 1,15 hectárea y Endesa me ofreció 52,15 has". 4.- ¿Conoce los terrenos que le están ofreciendo? JUAN QUIPAIÑAN QUIPAIÑAN.: "Sí, los conozco porque trabajo en El Barco como un año. Me pagan $ 85.000 líquido. Estuve enfermo casi un mes, hospitalizado tuve como ocho días; tuve enfermo de pulmonía, producto de los fríos.. ". JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "Sí, están en El Barco. Son 35 has". PEDRO HUECHECAL ALAMAN.: "Sí, los conozco porque yo trabajo en El Barco hace un año". JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "Sí, los conozco". 5.-¿Dónde se encuentran ubicados esos terrenos?

JUAN QUIPAIÑAN QUIPAIÑAN.: "En el fundo El Barco porque yo trabajo ahí". JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: (se remite a lo dicho anteriormente). PEDRO HUECHECAL ALAMAN.: (se remite a lo dicho anteriormente). JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "Están ubicados en el Fundo El Barco". 6.-Aparte del terreno, ¿qué otra cosa le ofrece Endesa? JUAN QUIPAIÑAN QUIPAIÑAN .: "Casa, corrales, fogón, cercos, bodega, $ 820.000 para comprar animales. Ahora nos damos cuenta que en el contrato no aparece lo hablado. En un principio nos ofertaron $ 1.800.000 y si esto no es así sería un engaño". JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "Animales, dos vaquillas; dos novillos; un caballo. $ 1.800.000 en dinero y después cambiaron y me ofrecieron $ 820.000 para comprar animales. Además, me ofrecieron casa, fogón. No estoy muy conforme con las tierras porque no son muy buenas. Hay un risquerío que nos toca. Como yo le reclamé y le pido otro pedazo más, me dijeron que no había más tierra". PEDRO HUECHECAL ALAMAN.: "Casa, cocina, cercos, galpón, bodega con instalaciones y además $ 820.000. Me gustaría que me dieran más tierra y don Armando Illanes se comprometió a darme más tierra, es decir, una parcela más de unas 35 has." JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "Casa, fogón, cerco, bodega, $1.800.000, cuatro vaquillas, dos novillos, un caballo, herramientas. Yo no estoy conforme con lo que está puesto en el contrato porque a mí me ofrecieron mucho más. Sobre todo quiero más dinero. Yo no estoy conforme con la hijuela que me dan, es muy angosta. Dentro de la hijuela hay una risquería que a mí no me sirve para nada... El fundo El Barco tiene bastante madera... Creo que puedo vivir allá". 7.-¿Se encuentra totalmente conforme con el ofrecimiento de Endesa? JUAN QUIPAIÑAN QUIPAIÑAN.: "No estoy muy conforme por lo que ahora me doy cuenta". JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "No totalmente". PEDRO HUECHECAL ALAMAN.: (no hay respuesta) JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "No mucho, quisiera que me respetaran más, con lo que me ofrecieron anteriormente". 8.-¿Ha recibido Ud.por parte de Endesa algún beneficio anticipado para firmar la permuta? JUAN QUIPAIÑAN QUIPAIÑAN.: "No, hace poco nos dieron una canasta familiar y dos quintales de harina". JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "No, pero el otro día nos dieron dos quintales de harina. En realidad a mí no me dieron porque no me pertenecía; sólo le dieron a mi hermano. Yo no toqué nada. Estuve un mes hospitalizado. Hace un año que trabajo en Endesa y por el frío del invierno me enfermé del pulmón y no me han pagado hasta la fecha. Sólo esperanzas". PEDRO HUECHECAL ALAMAN.: "No, nada, solamente dos quintales de harina y una canasta familiar". JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "No, el otro día nos dieron dos quintales de harina, nada más". 9.-¿Sabe Ud. en qué va a ocupar la Endesa esos terrenos permutados? JUAN QUIPAIÑAN QUIPAIÑAN.: "Sí, porque va hacer un estanque". JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "Sí, sé que va a hacer una represa". PEDRO HUECHECAL ALAMAN.: "Para hacer un lago para la represa en Ralco". JOSÉ E. HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "Sí, van a hacer un lago". 10.-¿Su señora y sus familiares están de acuerdo con cambiar el lugar donde viven ahora por el terreno que les ofrece Endesa? JUAN QUIPAIÑAN QUIPAIÑAN.: "Mi señora y mi hijo expresan que están de acuerdo de irnos, pero mi hijo mayor no quiere irse... Nosotros pensamos que si tenemos que irnos debemos hacerlo.." JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL: "Soy soltero y separado.Tuve una hija". PEDRO HUECHECAL ALAMAN.: "Soy casado, tengo tres hijos, estamos de acuerdo para trasladamos al Barco". JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.. "Yo soy casado, tengo cinco hijos. Tengo 36 años. Soy nacido y criado en Ralco Lepoy Estamos todos de acuerdo para irnos al Barco". 11.-¿Por qué cree Ud. que le conviene este cambio? JUAN QUIPAIÑAN QUIPAIÑAN.: "Si pudiéramos no salir, no saldríamos, pero si estamos comprometidos hay que salir. Yo quiero más tierra de la que me están dando".

JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "No estoy conforme con lo puesto en el contrato; yo quiero más terreno. Me gusta El Barco. Yo estoy de acuerdo en cambiarme, pero siempre que yo quede bien. Yo, en realidad, no entiendo lo que es permuta..". PEDRO HUECHECAL ALAMAN.: "Porque acá donde estamos viviendo estamos muy atracados, tenemos agua y muy poca leña y por eso nos conviene el cambio". JOSÉ ESMEREGILDO HUENCHUCAN HUECHUCAL: "Me conviene este cambio porque donde yo vivo es muy poca tierra, no hay agua, ni leña. En cambio, en el Barco hay agua y bastante leña". 12.-Dentro de su terreno, existe algún cementerio, sitio sagrado o lugar en el cual se realizan o se realizaban Elewun, Palin, Trawun, Futa Trawun...? JUAN QUIPAIÑAN QUIPAIÑAN.: "Dentro de la comunidad hay un cementerio, pero en mi tierra no. Yo creo que no quedará inundado. También hay un lugar para Nguillatúny tampoco quedará inundado. Finalmente quiero decir que yo no quiero permutar toda mi tierra. Lo que yo quiero realmente que se divida la tierra y después permutar y para eso quiero pedirle ayuda a la CONADI". JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "Dentro de la comunidad Ralco Lepoy existe un cementerio. No sé si el agua le va a llegar. Hay un lugar de Nguillatún". PEDRO HUECHECAL ALAMAN.: "No, dentro de la comunidad existe un cementerio, el cual no queda inundado. Hay un lugar de Nguillatún pero no quedará inundado. Finalmente tenemos confianza en la CONADI, porque ellos nos van a ayudar. Ellos entienden mucho más que nosotros". JOSÉ HUENCHUCAN HUECHUCAL.: "Hay un cementerio dentro de la comunidad. Me da pena irme, pero qué le vamos a hacer. También hay un lugar donde se hace Nguillatún y creo que va a quedar bajo el agua". Tercera audiencia en Santa Bárbara, 25 de noviembre de 1997 1.- ¿Desea Ud.cambiar su casa y su terreno por otro lugar? JUAN DOMINGO PUELMA MARIHUAN : "Sí". JUAN ANTONIO LEVI CARRASCO: "Sí". JOSÉ IGNACIO MARIHUAN BENITEZ: "Mi papá siempre ha dicho que desea cambiarse de terreno". REMIGIO DEL CARMEN MARIHUAN BENITEZ: "Sí, claro". 2.- ¿Ud. entiende claramente lo que dice el contrato que firmó y que se le exhibe en este acto?. JUAN DOMINGO PUELMA MARIHUAN .: "Yo no sé leer ni escribir, pero mi señora sí; ella firmó el contrato. Fue leído el contrato y lo entendimos". JUAN ANTONIO LEVI CARRASCO.: "Nosotros no sabemos leer ni escribir y estampamos solamente las iniciales y lo entendimos". JOSÉ IGNACIO MARIHUAN BENITEZ.: (no hay respuesta). REMIGIO DEL CARMEN MARIHUAN BENITEZ.: "Yo no sé leer ni escribir y puse mi dedo pulgar derecho. Firmó a ruego mi hermano. Me lo leyeron...". 3.- ¿Cuánto terreno desea permutar con Endesa? JUAN DOMINGO PUELMA MARIHUAN : "Son 3,35 hectáreas y se que se va a inundar. Voy a permutarla completa". JUAN ANTONIO LEVI CARRASCO: "Le permutamos 12 hectáreas. Firmamos dos contratos. Nuestra hijuela tiene 99,4 hectáreas y nunca hemos pensado permutarla entera, solamente la parte que sería afectada, que son 5 has. La casa que tenemos allá no será afectada y nosotros nos quedaremos viviendo allá. Nunca se ha hablado que nos van a devolver la tierra". JOSÉ IGNACIO MARIHUAN BENITEZ.: "Es una hectárea". REMIGIO DEL CARMEN MARIHUAN BENITEZ.: "Soy dueño de la hijuela 20, de 13 has; de la hijuela 232 de 1,34 has y además tengo derechos hereditarios en conjunto con dos hermanos más, sobre la hijuela 23, de 7,42 has. Nosotros necesitamos dejarnos 10 has donde tenemos la casa. La mitad de eso permutamos". 4.- ¿Conoce los terrenos que le están ofreciendo? JUAN DOMINGO PUELMA MARIHUAN .: "En la confluencia del fundo el Barco. Yo trabajo en Endesa dése hace dos años y conozco las tierras y me dan 96 hectáreas". JUAN ANTONIO LEVI CARRASCO.: "Sí, en el sector El Huachi; son 12 has que nos están

ofreciendo". JOSÉ IGNACIO MARIHUAN BENITEZ.: "Más o menos cinco hectáreas". REMIGIO DEL CARMEN MARIHUAN BENITEZ.: "Endesa me ofreció 50 has pero yo quiero 100 has. Estoy desconforme con la hijuela que me dio allá". 5.- ¿Dónde se encuentran ubicados esos terrenos? JUAN DOMINGO PUELMA MARIHUAN : (se remite a lo dicho anteriormente). JUAN ANTONIO LEVI CARRASCO: (se remite a lo dicho anteriormente). JOSÉ IGNACIO MARIHUAN BENITEZ.: "En el Fundo El Barco. Los terrenos que nos ofrecen son más o menos. No son muy buenos". REMIGIO DEL CARMEN MARIHUAN BENITEZ: "En el Fundo El Barco". 6.- ¿Aparte del terreno, qué otra cosa le ofrece la Endesa a cambio de permutar? JUAN DOMINGO PUELMA MARIHUAN .: "Dos vaquillas, una yunta de novillos de tres años, caballo, $ 820.000 que corresponde al valor de los animales. Pero yo no quiero el dinero, quiero sólo los animales. Además ofreció una rastra, un arado y una cadena y además $ 1.800.000 por cuatro años. Yo le pedí una camioneta porque iba a quedar muy retirado en el Barco y él prometió que me los iba a dar... pero últimamente ha cambiado". JUAN ANTONIO LEVI CARRASCO.: "Casa, fogón, cerco, corrales, $ 1.800.000, veranadas... Ahora nos damos cuenta que no aparece el dinero que nos ofrecieron, lo que estaría faltando por parte de Endesa". JOSÉ IGNACIO MARIHUAN BENITEZ.: "Parece que le ofrecieron a mi papá la suma de $ 2.000.000... Pero mi papá, en realidad, se lo pasa tomando". REMIGIO DEL CARMEN MARIHUAN BENITEZ.: "Una yunta de novillos, una yunta de vaquillas, un caballo, un arado, $ 1.800.000, pero quiero $ 2.000.000 al año, por cuatro años seguidos...". 7.- ¿Se encuentra totalmente conforme con el ofrecimiento de Endesa? JUAN DOMINGO PUELMA MARIHUAN .: "No me encuentro totalmente conforme porque ahora me doy cuenta que en el contrato no aparecen los animales y otras cosas. Esto se lo hice ver yo en la Notaría, pero don Armando sacó las cuentas y me dijo que le faltaba $ 120.000 y me dijo que no me preocupara, que estaba arreglado en el contrato... Tampoco aparece en el contrato el $ 1.800.000, ni la camioneta, el arado, la cadena...". JUAN ANTONIO LEVI CARRASCO.: "No nos encontramos totalmente de acuerdo con lo puesto (escrito) en el contrato. Ellos tienen que cumplir ya que son ellos los que necesitan el terreno". JOSÉ IGNACIO MARIHUAN BENITEZ.: (No hay respuesta). REMIGIO DEL CARMEN MARIHUAN BENITEZ.: "No me encuentro totalmente conforme con el ofrecimiento de Endesa. Si no me dan los $ 2.000.000 al año, los animales,...no hay negocio". 8.- ¿Ha recibido Ud. por parte de Endesa algún beneficio anticipado para firmar la permuta? JUAN DOMINGO PUELMA MARIHUAN : "No, nada, sólo mi sueldo que gano por el trabajo, $ 101.500. Me han dado una caja mediana de cosas y dos quintales de harina". JUAN ANTONIO LEVI CARRASCO: "Sí, harina y una sola vez y una canasta familiar". JOSÉ IGNACIO MARIHUAN BENITEZ: "No nos han dado nada, solamente una pequeña ayuda. Además nos dieron una casa en el Fundo el Barco; nos pasaron las llaves en el mes de octubre (1997) más o menos". REMIGIO DEL CARMEN MARIHUAN BENITEZ: "No nos han dado nada. Solamente nos dieron una canasta familiar y dos bolsas de harina". 9.- ¿Sabe Ud. en qué va a ocupar la Endesa esos terrenos permutados? JUAN DOMINGO PUELMA MARIHUAN: (se remite a lo ya dicho). JUAN ANTONIO LEVI CARRASCO: "Sí, sabemos". JOSÉ IGNACIO MARIHUAN BENITEZ: (no hay respuesta). REMIGIO DEL CARMEN MARIHUAN BENITEZ: "Sí, los van a inundar de agua". 10.- ¿Su señora y sus familiares están de acuerdo con cambiar el lugar donde viven ahora por el terreno que les ofrece Endesa? JUAN DOMINGO PUELMA MARIHUAN: "Sí. Yo estoy de acuerdo de hacer esta permuta con Endesa". JUAN ANTONIO LEVI CARRASCO: (se remite a lo ya dicho). JOSÉ IGNACIO MARIHUAN BENITEZ: "Yo le he dicho a mi papá que tenía que ser aumentada la cantidad de tierra que nos ofrecen porque nosotros somos cuatro familias. Pero mi papá nunca me tomó el parecer a mí".

REMIGIO DEL CARMEN MARIHUAN BENITEZ: "Estoy de acuerdo en cambiar una sola hijuela y no tres como aparece en el contrato". 11.- ¿Por qué cree Ud. que le conviene este cambio? JUAN DOMINGO PUELMA MARIHUAN : "Nos conviene porque allá tenemos más campo y acá donde estamos vivimos muy apretados". JUAN ANTONIO LEVI CARRASCO: "Sí, porque donde estamos la tierra no es buena: no podemos sembrar trigo, ni tener un huerto. En cambio en el Fundo El Huachi podemos tener todo esto". JOSÉ IGNACIO MARIHUAN BENITEZ.: (no hay respuesta). REMIGIO DEL CARMEN MARIHUAN BENITEZ: "A mí no me interesa cambiarme, pero como Endesa lo quiere.." 12.- ¿Dentro de su terreno, existe algún cementerio, sitio sagrado o lugar en el cual se realizan o se realizaban Elewun, Palin, Trawun o Futa Trawun? JUAN DOMINGO PUELMA MARIHUAN : "No, pero dentro de la comunidad existe un cementerio, pero no será inundado y el Nguillatún no alcanza para ser inundado". "Finalmente quiero agregar que deseo pedir ayuda jurídica a la CONADI, para que nos ayude y que nosotros quedemos bien y que Endesa cumpla con lo prometido porque son ellos los que andan buscando negocio y no nosotros...". JUAN ANTONIO LEVI CARRASCO: "No"....(Finalmente deja constancia que sobre el camino público: esto quedará dentro de la permuta o será un negocio aparte). JOSÉ IGNACIO MARIHUAN BENITEZ: "Finalmente manifiesto mi preocupación que donde vivo yo, va a quedar muy cerca del lago, por lo tanto voy a ser afectado. Además, no tengo salida: por un lado tengo el lago y por el otro lado el cerro. Mi padre trabaja en Endesa". REMIGIO DEL CARMEN MARIHUAN BENITEZ: "No, dentro de la comunidad no hay cementerio...Yo pienso pedir un cementerio en el Fundo El Barco". Cuarta audiencia del 4 de diciembre de 1997 1.- ¿Desea Ud.cambiar su casa y su terreno por otro lugar? ROSARIO PUELMA HUENCHUCAN: (acude a la entrevista con su hijo Manuel Puelma Maripe y su nuera Carmen Maripe Calpán): "Sí, claro, así como nos han dicho. Nosotros estamos bien como estamos... Pero ellos... como nos buscan el negocio.. ". JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO: "Sí, yo no sé leer ni escribir y en el contrato que firmé en la Notaría de Los Angeles yo puse mis iniciales y mi esposa estampó su dedo derecho". JUAN MANUEL HUENCHUCAN HUENCHULEO: "Sí". 2.- ¿Ud. entiende claramente lo que dice el contrato que firmó? ROSARIO PUELMA HUENCHUCAN.: "Yo no sé leer ni escribir. Tengo 80 años. Por eso me acompaña mi hijo Manuel Puelma y su señora Carmen Maripe". JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "no". JUAN MANUEL HUENCHUCAN HUENCHULEO.: "Yo no sé leer ni escribir; estampé mi huella digital. Firmó a ruego don José Esmeregildo Huenchucán Quipaiñán. Entendí lo que decía el contrato". 3.- ¿Cuánto terreno desea permutar con Endesa? ROSARIO PUELMA HUENCHUCAN.: "Yo, donde vivo tengo como 8 has. Voy a permutar una parte, no todo el terreno. Me queda un saldo de terreno, como 1 ha". JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.:"Yo tengo 10 has y las permuto todas". JUAN MANUEL HUENCHUCAN HUENCHULEO.: "No me acuerdo, pero mi hijo dice que son 2,8 has". 4.- ¿Conoce los terrenos que le están ofreciendo? ROSARIO PUELMA HUENCHUCAN: (responde el hijo Manuel Puelma): "No he vivido ahí, pero yo los conozco. Son dos parcelas, una de 88 has y la otra de 22 has". JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "Sí, están ubicados en el Fundo La Peña, sector El Huachi y me dan aproximadamente 20 has" JUAN MANUEL HUENCHUCAN HUENCHULEO.: " Sí, son dos hijuelas: una de 48 has y la otra cerca de 30 has, según mi hijo". 5.- ¿Dónde se encuentran ubicados esos terrenos? ROSARIO PUELMA HUENCHUCAN.: (contesta el hijo Manuel Puelma): "Uno se encuentra por la cota del río Ralco y el otro por el lado Llaulén, ambos del fundo El Barco".

JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: (se remite a lo dicho anteriormente). JUAN MANUEL HUENCHUCAN HUENCHULEO.: "No sé como se llama, pero conozco las tierras, según mi hijo, en el Fundo El Barco". 6.- Aparte del terreno, ¿qué otra cosa le ofrece Endesa? ROSARIO PUELMA HUENCHUCAN.: "Animales, vacuno, caballo, una yunta de novillos, dos vaquillas, casa, fogón, cercos, galpón, bodega... No sé cuánta plata me van a dar, pero mi hijo dice que son $ 820.000 para comprar animales". JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "Dos vaquillas, una yunta de novillos, un caballo ensillado y $ 1.800.000; casa, fogón, bodega, galpón y cercos, veranadas. Además, a nuestro hijo José Abelino Rodríguez Huenchucán, que vive de allegado, se le ofreció como indemnización por perjuicio de las molestias porque él tiene que hacer abandono del lugar donde vive, la hijuela No 13, por la promesa que hace su padre a Endesa, y le dan a cambio una casa-habitación de madera, de 58 metros cuadrados, equipada con cocina, estufa e instalaciones sanitarias, firmando él conforme. La señora dice que pidió una lavadora, un comedor y una máquina de coser. Fuera de esto no aparece $ 1.800.000 que nos ofrecieron al principio". JUAN MANUEL HUENCHUCAN HUENCHULEO.: "Plata y animales, pero no sé cuánto". 7.- ¿Se encuentra totalmente conforme con el ofrecimiento de Endesa? ROSARIO PUELMA HUENCHUCAN.: "No, no estamos totalmente de acuerdo porque el acuerdo fue la suma de $ 820.000 y no lo que aparece en el contrato". JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "No estoy totalmente conforme con el ofrecimiento de Endesa, porque es muy poca tierra. Endesa en un principio nos prometió 5 has por una y además que somos 8 familias y los hijos también están desconformes". JUAN MANUEL HUENCHUCAN HUENCHULEO.: "Nos ofrecieron $ 1.800.000 y $ 820.000 para la compra de animales, herramientas, una yunta de novillos a punto de amansar, dos vaquillas, un caballo. Hemos estado conversando y no estamos totalmente conforme, porque no sale $ 1.800.000 en los papeles...". 8.- ¿Ha recibido Ud. por parte de Endesa algún beneficio anticipado para firmar la permuta? ROSARIO PUELMA HUENCHUCAN.:"No, nos han dado nada... Últimamente nos dieron dos quintales de harina, cinco fardos de pasto". JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "No nada; últimamente nos dieron 80 kilos de trigo y tres frazadas.." JUAN MANUEL HUENCHUCAN HUENCHULEO.: "La garantía de habernos dado trabajo y a nuestros animales les han dado el forraje, además dos quintales de harina y una canasta familiar". 9.- ¿Sabe Ud. en qué va a ocupar Endesa esos terrenos permutados? ROSARIO PUELMA HUENCHUCAN.: "Sí, se van a inundar de agua". JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "Sí, sé que ahí van a hacer una central". JUAN MANUEL HUENCHUCAN HUENCHULEO: "Sí, sé que se van a llenar de agua, pero no todo. Nosotros estamos pidiendo que nos dejen el resto del terreno limpio, que son más o menos 3 has. Nosotros no sabíamos que teníamos otro contrato firmado donde Endesa se hace dueña de todo el terreno. Sólo ahora nos damos cuenta que después van a devolver el resto del terreno". 10.- ¿Su señora y su familia están de acuerdo con cambiar el lugar donde viven ahora por el terreno que les ofrece Endesa? ROSARIO PUELMA HUENCHUCAN.: "Sí, estamos todos de acuerdo". JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "No estamos de acuerdo porque es poco el terreno que nos ofrecieron". JUAN MANUEL HUENCHUCAN HUENCHULEO.: "Si no nos inundan todo el terreno y nos devuelven el resto, ahí estamos de acuerdo, porque necesito que me devuelvan el terreno que no será inundado". 11.- ¿Por qué cree Ud. que le conviene este cambio? ROSARIO PUELMA HUENCHUCAN.: "Me conviene el cambio porque no tengo una casa buena y ellos me han dicho que me van a dar casa buena". JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: (se remite a lo dicho anteriormente). JUAN MANUEL HUENCHUCAN HUENCHULEO.: "Sí". 12.- Dentro de su terreno ¿existe algún cementerio, sitio sagrado o lugar en el cual se realizan o realizaban Elewun, Palín, Trawun o Futa Trawun?

ROSARIO PUELMA HUENCHUCAN.: "No, solo en la comunidad, pero no va a ser inundado por el agua". El hijo Manuel Puelma desea dejar constancia que dada la avanzada edad de su padre de 80 años, a veces sale a caminar solo y pierde la memoria. Por eso debe acompañarlo y él manifiesta en este acto que confía en su hijo y la mamá también dice que está de acuerdo en que el hijo los represente en todo esto. Además, "dejo constancia, que una reunión con don Armando Illanes, prometió que nos iba a dar a cada uno la suma de $ 1.800.000 para formar un fondo común, pero ahora no aparece en los papeles todo lo que nos han prometido. Yo trabajo para Endesa en el fundo El Barco. Llevo más de un año. Trabajo de campero y gano $ 150.000. Soy casado con dos hijos". JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "Ahí donde vivimos, en la parte alta, hay un cementerio que no a va ser inundado. En donde se va a inundar hay lugares sagrados. Finalmente digo que tenemos plantas de manzanos, membrillos, álamos y deseo saber qué va a pasar con todo esto, si me van a indemnizar por estas pérdidas de árboles...". JUAN MANUEL HUENCHUCAN HUENCHULEO.: "No, nada. Finalmente debo decir que yo estoy incapacitado de salud porque sufro de presión alta y últimamente he sufrido una caída de caballo y se me olvidan las cosas. Por eso confío en mi hijo José Esmeregildo Huenchucán a quien le doy poder para todo". Los siguientes casos corresponden a pehuenches que firmaron solicitudes de autorización de servidumbres de tránsito. 1.- ¿Ud. entiende claramente lo que dice el contrato? FRANCISCO CALPAN PICHAY: "Sí, entiendo, porque se trata de un camino y un pedazo de tierra que será inundado. Endesa me ofreció una casa. Como es poca tierra que ocupa Endesa yo no alcancé hijuela en El Barco". ANTONIO MANQUEL LEVI (asiste acompañado de María Isolina Calpán Calpán): " No, solamente entiendo que me van a ocupar un pedazo de tierra para camino y otro poco con agua...". JUAN DE LA CRUZ PURRAN ANCANAO (asiste acompañado de Carmen Francisca Neicumán Córdova): "Entiendo claramente lo que es la servidumbre... que es distinto a una permuta. Yo, lo que pensaba primero que quería irme al Barco, porque donde estoy es muy poca tierra y me convenía este cambio, pero Endesa me dijo que no y que me quedara en mi tierra". 2.- Qué beneficios le han ofrecido por esta servidumbre? FRANCISCO CALPAN PICHAY.: "$ 1.800.000 y la casa con todo servicio construida en el Fundo Ralco Lepoy, donde vivo actualmente, igual como están las casas del Barco, pero con galpón y fogón. Como yo no voy a salir en donde vivo me construyen cerco../'. ANTONIO MANQUEL LEVI: "Endesa me ha ofrecido hacerme una casa, pero no estoy conforme porque a otros que le ha ocupado el mismo terreno los ha favorecido más. Yo hablé con don Armando Illanes, que me faltaban el galpón y la bodega. El está de acuerdo que aparezca en el contrato. También me ofreció $ 1.800.000. Don Armando Illanes nos dijo que cuando viniéramos a la entrevista con la CONADI, pidiéramos estas cosas, las que no aparecen en el contrato... El ofrecimiento de $ 1.800.000 fue en una reunión con todos los demás". JUAN DE LA CRUZ PURRAN ANCANAO.: "Fue por animales, pero después nos dijeron que me iban a dar el dinero como indemnización, por la suma de $ 1.800.000 y una casa que se construirá en mi tierra. Si no aparece el $ 1.800.000 estarían mintiéndonos...." 3.- ¿Le conviene a Ud. este negocio con Endesa? FRANCISCO CALPAN PICHAY.: "No, no estoy de acuerdo con el contrato, porque no aparece $ 1.800.000 como me prometieron... Deseo agregar que debe aparecer (escrito) el dinero. Nos ofrecieron $ 820.000 para comprar dos vaquillas, dos caballos. Lo ofrecieron en Los Angeles, en la Notaría...". ANTONIO MANQUEL LEVI: "Sí, estoy de acuerdo porque ya hemos firmado varios papeles, pero en las condiciones que nos ofrecieron en la reunión". JUAN DE LA CRUZ PURRAN ANCANAO.: "Yo lo pensé harto y vi que los demás se ponían de acuerdo y estaban a mano con Endesa. ¿Y yo cómo iba a quedar solo y no iba a recibir nada de beneficios? Yo trabajo en Endesa, un año sin contrato y ahora estoy contratado un año más. Gano $ 70.000. Soy casado, 4 hijos. La señora presente en este acto dice estar de acuerdo. Finalmente quiero decir: ¿por qué Endesa me miente?, porque ahora se echaron para atrás. Yo quiero que me cumplan con el $ 1.800.000...".

Quinta audiencia del 5 de diciembre de 1997 1.- ¿Desea Ud. cambiar su casa y su terreno por otro lugar? MARÍA LUCINDA GALLINA LEVI: "Sí". JUAN AMADOR RODRÍGUEZ BEROIZA (asiste acompañado de María Magdalena Punan Mariguán): "Sí, lo deseo". MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BEROIZA (asiste acompañado de Filomena del Carmen Marihuán Lipimán): "Sí". FLORENTINO RODRÍGUEZ ILLIMAN(asiste acompañado de don Fernando Andrés Rodríguez Llabulén): " Sí, estamos de acuerdo, pero donde me dan la tierra no me dan con aumento como me lo prometieron". PEDRO RODRÍGUEZ CALPAN (asiste acompañado de María Clara Urrutia Vita): "Sí, estamos de acuerdo". ROBINSON LIPIMAN CALPAN (asiste acompañado de Juan Benito Lipimán Levi) : "Sí, mi hijo se viene al otro lugar y yo me quedo allá, en mi tierra, en donde me encuentro me voy a salir más al alto". JOSÉ MATEO LEVI CARRASCO (asiste acompañado de José Mateo Levi Navarro): "Sí, porque yo estoy dispuesto". 2.- ¿Ud. entiende claramente lo que dice el contrato que firmó? MARÍA LUCINDA GALLINA LEVI.: "Sí, poco... Sí, entendí el contrato". JUAN AMADOR RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Yo no sé leer ni escribir. Mi esposa tampoco sabe; colocamos nuestras iniciales... No entendí mucho el contrato". MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Yo no sé leer ni escribir, pero estampé mi dedo derecho pulgar y firmó a ruego don Fernando Andrés Rodríguez... No entendí mucho el contrato". FLORENTINO RODRÍGUEZ ILLIMAN.: "Sí, entendí algo el contrato, aunque yo soy ciego e inválido, pero vine acompañado con mi hijo". PEDRO RODRÍGUEZ CALPAN.: "Yo no sé leer ni escribir. Tampoco mi señora. Estampé mi huella digital y firmó a ruego un sobrino mío... Nos leyeron el contrato y lo entendimos". ROBINSON LIPIMAN CALPAN.: "Yo no sé leer ni escribir y estampé mi huella digital, firmando a ruego mi hijo". JOSÉ MATEO LEVI CARRASCO: "Yo sé leer y escribir algo. Yo entiendo algo el contrato". 3.- ¿Cuánto terreno desea permutar con Endesa? MARÍA LUCINDA GALLINA LEVI.: "Yo tengo como 12 has. Yo permuto 6 has y a mí me queda un saldo de terreno". JUAN AMADOR RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Yo tengo 2 hijuelas: una de 47 has y la otra de 6 has. Yo no deseo permutar todo el terreno porque a mí me queda un saldo de terreno". MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Yo tengo 5 has y algo más. Yo le entrego en permuta la mitad y Endesa me devuelve la otra parte". FLORENTINO RODRÍGUEZ ILLIMAN.: "Yo tengo 11,5 has y yo le entregué toda mi tierra. Donde yo vivo tengo muy buena tierra.." PEDRO RODRÍGUEZ CALPAN.: "Yo tengo 8,5 has, ubicadas en Ralco Lepoy y yo permuto solamente donde va a alcanzar el agua y el resto me lo van a devolver". ROBINSON LIPIMAN CALPAN.: "Nosotros le damos 3 has y ellos nos devuelven 5 has". JOSÉ MATEO LEVI CARRASCO: "Yo tengo 30 has y permuto toda la hijuela. Yo quiero aclarar que deseo permutar 21,42 has y Endesa me prometió 30 has". 4.- ¿Conoce los terrenos que le están ofreciendo? MARÍA LUCINDA GALLINA LEVI.: "sl..couozco solamente la entrada y conozco la casa. Endesa me ofrece 15,6 has". JUAN AMADOR RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Sí, los conozco porque estoy trabajando allá. Soy vigilante del fundo El Barco y gano $ 160.000". MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Sí, en El Barco me están devolviendo 116 has, que es donde yo actualmente trabajo y gano $ 90.000 mensuales". FLORENTINO RODRÍGUEZ ILLIMAN.: "Sí, antes conocí esas tierras. Yo conozco cuando estuve en la milicia...". PEDRO RODRÍGUEZ CALPAN: "Sí, porque los vinimos a ver. Me ofrecen 35 has en el fundo el Barco, pero no me gustó y preferí en el fundo La Peña". ROBINSON LIPIMAN CALPAN.: "Sí, porque ya los vinimos a ver. Endesa nos da 5 has".

JOSÉ MATEO LEVI CARRASCO: "Sí, en el fundo El Huachi, es muy buena tierra. Endesa me da dos hijuelas, una de 6 has y la otra de 3 has". 5.- ¿Dónde se encuentran ubicados esos terrenos? MARÍA LUCINDA GALLINA LEVI.: "En el fundo La Peña, sector el Huachi". JUAN AMADOR RODRÍGUEZ BEROIZA: "En el fundo El Barco". MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BEROIZA.: "En el fundo El Barco". FLORENTINO RODRÍGUEZ ILLIMAN.: "Se encuentra ubicados en el sector La Peña, Fundo El Huachi". PEDRO RODRÍGUEZ CALPAN.: "Sí, en el fundo La Peña, sector El Huachi". ROBINSON LIPIMAN CALPAN: "En el fundo El Huachi". josé mateo levi c.: (se remite a lo ya dicho). 6.- Aparte del terreno, ¿qué otra cosa le ofrece Endesa? MARÍA LUCINDA GALLINA LEVI.: "Una yunta de caballos, con todo el equipo; casa, galpón, fogón, cercos, corrales". JUAN AMADOR RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Animales, una yunta de bueyes, con apero y todo; cuatro vaquillas, un caballo ensillado... Al principio dijo que iba a dar $5.000.000 y después se arrepintió y nos dijo que nos iba a dar $ 820.000 no más, además de casa, fogón, bodega, galpón, cerco y veranadas". MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Una yunta de novillos, dos vaquillas, un caballo, arado, cadena, hacha, pala y además $ 820.000, los que tenemos que comprar animales...". FLORENTINO RODRÍGUEZ ILLIMAN.: "Una yunta de bueyes, dos vaquillas, un caballo aperado, $ 1.800.000, casa, fogón, bodega, galpón, cercos...Yo tuve que aceptar porque ahí va a pasar el río y además el río lo van a hacer igual... y Endesa ¿cuándo va a perder la plata?... Además, hay trabajos adelantados y tienen todo marcado... Yo soy el primer molestado de Ralco Lepoy..." PEDRO RODRÍGUEZ CALPAN.: "Plata, para cambiar los animales, la suma de $1.800.000 que serán entregados una vez que cambiemos la tierra". ROBINSON LIPIMAN CALPAN: "Plata, tres vaquillas, una yunta de bueyes, $1.800.000, casa, galpón, corrales.." JOSÉ MATEO LEVI CARRASCO: "Arado, semilla de trigo, abono, salitre, casa, fogón, bodega, galpón, cerco... Yo vi la casa, está muy bonita y en plata $1.800.000... Hago presente que a mí me quedan debiendo como 10 has que tienen que devolverme. Endesa me ofreció además seis vaquillas, un caballo ensillado". 7.- ¿Se encuentra totalmente conforme con el ofrecimiento de Endesa? MARÍA LUCINDA GALLINA LEVI.: "Yo no estoy de acuerdo con lo que dice en el contrato, porque a mí me ofrecieron otras cosas. En el contrato no aparece todo lo que me prometieron". JUAN AMADOR RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Yo no estoy de acuerdo con todo, sobre todo con el dinero. Yo quiero que me den los $ 5.000.000 para comprarme mis cosas, los víveres y la ropa, para mí y mi familia y comprar la alimentación para pasar el invierno". MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BEROIZA.: "No estoy muy de acuerdo porque con la plata no voy a alcanzar para comprar los animales". FLORENTINO RODRÍGUEZ ILLIMAN.: "Yo estoy conforme, pero quiero que me cumplan con todo lo prometido y cuándo nos van a pagar la plata". PEDRO RODRÍGUEZ CALPAN.: "No me encuentro totalmente conforme porque faltan $ 1.800.000 y los animales". ROBINSON LIPIMAN CALPAN.: "No estamos totalmente conforme, porque no aparece $ 1.800.000 y tampoco los animales". JOSÉ MATEO LEVI CARRASCO.: "No me encuentro totalmente conforme, porque no aparece $ 1.800.000, ni los animales ofrecidos, ni tampoco las 30 has de tierra, del sector Santa Laura". 8.- ¿Ha recibido Ud. por parte de Endesa algún beneficio anticipado para firmar la permuta? MARÍA LUCINDA GALLINA LEVI.: "No, nada... Solamente dos quintales de harina y una canasta familiar". JUAN AMADOR RODRÍGUEZ BEROIZA.: "No, nada... Solamente dos quintales de harina y una canasta familiar, ayuda que dijeron que iba a ser todos los meses, pero no han cumplido". MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BEROIZA.: "No, nada... Últimamente nos dieron dos quintales de harina y una canasta familiar". FLORENTINO RODRÍGUEZ ILLIMAN.: "No, nada... Solamente que a mi hijo le han dado trabajo...

Mi hijo trabaja actualmente en Endesa y gana $ 90.000". PEDRO RODRÍGUEZ CALPAN.: "No, nunca nos han dado plata... solamente dos quintales de harina y una canasta familiar". ROBINSON LIPIMAN CALPAN..: "No, últimamente me dieron dos quintales de harina y una canasta familiar". JOSÉ MATEO LEVI CARRASCOarrasco: "No... dos quintales de harina y una canasta familiar". 9.- ¿Sabe Ud. en qué va a ocupar Endesa esos terrenos permutados? MARÍA LUCINDA GALLINA LEVI.:"sí , Endesa va a construir una represa..." JUAN AMADOR RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Sé que Endesa sacó materiales de la hijuela mía... Yo hace tres meses que trabajo con Endesa... Yo quiero que me paguen el material que están sacando de mi tierra y no me han pagado nada por ello... Hicieron un pozo de 7 metros de profundidad". MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Dicen que van a hacer un lago de agua'7. FLORENTINO RODRÍGUEZ ILLIMAN.: (se remite a lo dicho). PEDRO RODRÍGUEZ CALPAN.: "Sé que se va a inundar de agua". ROBINSON LIPIMAN CALPAN.: "Ahí se va a llenar a agua". JOSÉ MATEO LEVI CARRASCO.: "Sí, para la represa". 10.- ¿Su señora y su familia están de acuerdo con cambiar el lugar donde viven ahora por el terreno que les ofrece Endesa? MARÍA LUCINDA GALLINA LEVI.: "SÍ". JUAN AMADOR RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Yo estoy de acuerdo con mi señora". MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Sí, estamos de acuerdo". FLORENTINO RODRÍGUEZ ILLIMAN.: "Yo soy viudo; tengo un hijo y una hija en Ralco y ellos están de acuerdo". PEDRO RODRÍGUEZ CALPAN.: "Sí, estamos de acuerdo". ROBINSON LIPIMAN CALPAN.: "Sí, toda mi familia. Yo soy viudo". JOSÉ MATEO LEVI CARRASCO : "Yo soy viudo. Tengo a mi hijo y estamos de acuerdo de irnos". 11.- ¿Por qué cree Ud. que le conviene este cambio? MARÍA LUCINDA GALLINA LEVI.: "Sí, porque donde tengo mi tierra es muy poca tierra". JUAN AMADOR RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Porque es mejor tierra de la que yo tengo y me dan más campo y en mi tierra tengo muy poco campo". MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Me conviene porque acá donde estamos es muy chico el campo y allá el campo es grande y podemos criar más". FLORENTINO RODRÍGUEZ ILLIMAN.: "Nos conviene... porque nos dijeron a todos... y cuándo yo me voy a oponer....". PEDRO RODRÍGUEZ CALPAN: "Sí, porque donde estamos no es campo bueno y a donde nos vamos es mejor ya que es campo de riego". ROBINSON LIPIMAN CALPAN: "Sí, porque todos los otros están de acuerdo... Aunque yo no quiera, igual va a pasar el agua.." JOSÉ MATEO LEVI CARRASCO.: "Este negocio me conviene para sembrar papas, porque donde estoy las siembras no me dan buen resultado". 12.- Dentro de su terreno ¿existe algún cementerio, sitio sagrado o lugar en el cual se realizan o realizaban Elewun, Palín, Trawun o Futa Trawun? MARÍA LUCINDA GALLINA LEVI.: "En la comunidad hay cementerio, pero no se va a inundar". JUAN AMADOR RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Al lado de donde yo vivo hay un cementerio, pero no será inundado. También hay lugar de Nguillatún, pero no será inundado". MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BEROIZA.: "Hay un cementerio dentro de la comunidad, pero no va a ser inundado. Finalmente aclaro que don Armando Illanes nos ofreció hacer una casa habitación, un fogón, bodega, pasto para los animales y lo que me van a dar en el fundo La Peña son 8 has. Endesa tiene que cumplir lo prometido... no vaya a ser que ellos se van a dar vuelta la chaqueta...". FLORENTINO RODRÍGUEZ ILLIMAN: "Sí, hay cementerio dentro de la comunidad y va a ser inundado por las aguas un poquito... También hay lugar de Nguillatún, pero no será inundado por las aguas". PEDRO RODRÍGUEZ CALPAN.: "Sí, hay cementerio, pero no se va a inundar. También hay Nguillatún pero no será inundado. Yo quiero decir que si Endesa no cumple con todo lo prometido,

no estoy de acuerdo en firmar... Yo quiero que se respete lo dicho". ROBINSON LIPIMAN CALPAN: "Dentro de la comunidad hay un cementerio, pero no será inundado. También hay un lugar de Nguillatún pero tampoco será inundado... Yo no estoy dispuesto de hacer negocio y no firmo el contrato definitivo si no aparece el dinero y las cosas que me prometieron". JOSÉ MATEO LEVI CARRASCO.: "Dentro de la comunidad hay un cementerio y no va a quedar inundado. También hay Nguillatún pero no va a quedar inundado". El siguiente caso entrevistado corresponde a una solicitud de autorización de servidumbre: 1.- ¿Ud. entiende claramente lo que dice el contrato? ANTONIO GERMÁN LEVI ILLAQUEO: "Sí, entiendo claramente porque yo no me voy de donde vivo. Endesa me construyó una casa al lado. Ahora tiene que hacerme unos galpones y tiene que cumplir con eso, porque nosotros no le vendimos la tierra. En la hijuela mía se va a ver afectada por un camino...". 2.- ¿Qué beneficios le han ofrecido por esta servidumbre? ANTONIO GERMÁN LEVI ILLAQUEO: "Endesa me ofreció pagarme $ 12.000.000, según lo que dicen en la Notaría de Los Angeles. Yo le pedí que me pagaran $20.000.000 por la servidumbre... Yo no estoy de acuerdo con este negocio". 3.- ¿Le conviene a Ud. este negocio con Endesa? ANTONIO GERMÁN LEVI ILLAQUEO: "Por lo visto... como no aparece en el contrato los $ 12.000.000, ya que ellos me lo van a dar en casa y otras cosas. A mí no me conviene,ya que no tengo ningún beneficio. Yo quiero que se me pague además de las cosas el dinero que me prometieron, pero yo quiero que me paguen $20.000.000... Finalmente, quiero dejar dicho que hace un año atrás andaba gente de la CONADI, preguntando que si estábamos de acuerdo con que Endesa haga los trabajos... Endesa tiene que cumplir con lo prometido". Sexta audiencia del 29 de enero de 1998 1.- ¿Desea Ud. permutar su terreno por otro que le ofrece Endesa? DANIEL LEVI CARRASCO: "Sí, deseo permutar el terreno". JOSÉ DANIEL LEVI CARRASCO: "Sí". JUAN CURRIAO CURRIAO (asiste con Ana Clemencia Curriao Chiguay): "Sí, porque ya estamos de acuerdo con Endesa". JOSÉ MARIO REYES CHIGUAY (asiste con Margarita Manosalva Huenupe): "Sí, porque de tantos años que estamos viviendo allá nunca hemos podido surgir y hemos aceptado esta permuta con Endesa". 2.- Ud. firmó un contrato de permuta. ¿Conoce el contenido y entendió lo que firmó? DANIEL LEVI CARRASCO.: "Sí, conozco el contrato. Yo cambié toda la parcela, pero siempre me dan más terreno que el que yo tenía. Pero cambio sólo la parte de la parcela que se inunda, el resto no". JOSÉ DANIEL LEVI CARRASCO.: "Sí". JUAN CURRIAO CURRIAO.: "No... Yo no sé leer ni escribir, pero sí entendí lo que me dijeron ellos. Pero lo que estaba escrito (en el contrato) no lo entendí". JOSÉ MARIO REYES CHIGUAY.: "No.-.Yo no sé leer ni escribir. El contrato se me leyó y algo pude entender, aunque no tenemos capacidad para entenderlo todo. Pero yo mismo firmé con mis iniciales". 3.- ¿Qué le ofrece a cambio Endesa? DANIEL LEVI CARRASCO.: "Endesa me ofreció casa, galpón, corrales y cocina-fogón. Yo le pedí diez vaquillas de dos para tres años... Después cuando fui a la Notaría de Los Angeles me dijo que no daba las vaquillas porque a lo mejor a mí no me gustaban y era mejor que me dieran dinero. Me ofreció $ 1.200.000. Antes de esto don Ignacio Illanes me ofreció la suma de $ 1.800.000 en dinero efectivo...". JOSÉ DANIEL LEVI CARRASCO.: "Me ofrecieron más terreno que el que yo tengo y 6 vaquillas, una yunta de bueyes y un caballo; una casa con galpón, corral, cocina; me ofrecieron $ 1.800.000 en dinero efectivo. También se comprometió a ayudarme durante cuatro años". JUAN CURRIAO CURRIAO.: "Yo tengo 36 has; si yo estaba permutando toda pero Endesa no desea sino lo que va ocupar en el lago y me devuelve el resto de tierra, seis hectáreas".

JOSÉ MARIO REYES CHIGUAY.: "Yo tengo 30 has y según hemos visto las parcelas son 32 has de terreno. Yo voy a permutar el total". 4.- ¿Conoce Ud. los terrenos que le ofrece Endesa? DANIEL LEVI CARRASCO.: "Sí, porque yo trabajo en La Peña, sector El Huachi. Conozco todo el terreno, la casa y todo lo tiene la parcela ofrecida". JOSÉ DANIEL LEVI CARRASCO.: "SÍ". JUAN CURRIAO CURRIAO.: "Sí, los conozco porque he ido varias veces allá, fundo La Peña, sector El Huachi... ofrecen 40 has. Yo no trabajo en El Huachi. Yo trabajo en Endesa, en El Barco y me pagan $ 80.000 pesos mensuales...". JOSÉ MARIO REYES CHIGUAY.: "Sí. Resulta que yo estoy trabajando en el terreno, en la misma parte. Está ubicado en el camino El Huachi, sector La Peña... Yo le trabajo a Endesa y me pagan el sueldo mínimo, o sea, $ 67.000 pesos". 5.- ¿Ud. está conforme con el negocio de permuta? DANIEL LEVI CARRASCO.: "Así como aparece en el contrato no estoy conforme, porque no aparece la suma de $ 1.800.000 que me ofrecieron en dinero efectivo". JOSÉ DANIEL LEVI CARRASCO.: "Sí, estoy conforme". JUAN CURRIAO CURRIAO.: "Bueno,... a mí me ofreció Endesa 40 has en el fundo La Peña, pero ahora me informo que son dos predios de 18 has cada uno, que en total suman 36 has... Pese a todo estoy conforme con el negocio, pero desearía siempre que Endesa cumpliera con lo prometido con las 40 has y que nos devuelvan las que no se inundan". JOSÉ MARIO REYES CHIGUAY.: "Sí, de acuerdo a lo que me acaba de dar a conocer la señorita abogada, lo que se encuentra contemplado en el contrato, estoy conforme con el negocio de permuta. No tengo nada que reclamar. Lo que han prometido han cumplido". 6.- ¿Le ha dado la Endesa algo anticipado por el contrato? DANIEL LEVI CARRASCO.: "No, ninguna cosa". JOSÉ DANIEL LEVI CARRASCO: "No, nada". JUAN CURRIAO CURRIAO.: "No, nada... Sólo una ayuda en víveres, una canasta familiar y tres quintales de harina". JOSÉ MARIO REYES CHIGUAY.: "No, nada, pero sí víveres, una canasta familiar y dos quintales de harina". 7.- ¿Sabe Ud. qué hará la Endesa con los terrenos que Ud. le entregará? DANIEL LEVI CARRASCO.: "Sí, se va a inundar todo con la represa". JOSÉ DANIEL LEVI CARRASCO.: "No sé en qué se ocupará../'. JUAN CURRIAO CURRIAO.: "Sí sé, una represa...". JOSÉ MARIO REYES CHIGUAY.: "Sí, sé porque se va a hacer ahí una represa. Lo que se va a inundar van a ser 13 has, pero el resto a mí no me sirve para nada, porque no se puede trabajar y no sé qué va a hacer Endesa con ellos...". 8.- ¿Existen en su terreno cementerios, canchas de palín o Nguillatún u otro recinto sagrado? DANIEL LEVI CARRASCO: "Sólo cancha de fútbol, pero no hay sitio sagrado". JOSÉ DANIEL LEVI CARRASCO.: "No existe ningún recinto sagrado". JUAN CURRIAO CURRIAO.: "Sí existen y van a ser inundadas por las aguas. Va a ser inundado el lugar del Nguillatún". JOSÉ MARIO REYES CHIGUAY.: "No, en mi terreno no hay nada". 9.- ¿Su señora y familia están de acuerdo con la permuta? DANIEL LEVI CARRASCO: "Sí, todos ellos están de acuerdo con la permuta". JOSÉ DANIEL LEVI CARRASCO: "Soy separado hace 15 años y el resto de mi familia está conforme". JUAN CURRIAO CURRIAO.: "Todos en mi familia están conformes porque acá son los mejores terrenos". JOSÉ MARIO REYES CHIGUAY.: "Sí, está de acuerdo. Yo tengo tres hijos menores". 10.- ¿Cuáles son las ventajas o beneficios que la permuta le reporta? DANIEL LEVI CARRASCO.: "A mí me gusta acá porque el terreno es más parejo; tengo tierras para siembra... Ellos me buscaron a la buena y a mí me gusta el campo que dan...". JOSÉ DANIEL LEVI CARRASCO: "Quiero trabajar su terreno, en siembra, crianza...".

JUAN CURRIAO CURRIAO: "Porque donde estoy, a veces no puedo trabajar, porque queda nevado el campo; el tiempo es malo. Las tierras son mucho mejor y puedo trabajar. Por lo que he visto acá las casas están listas. Acá solamente tiene que hacer la cocina, la bodega, el galpón y el corral. Yo soy casado y tengo dos hijos que viven a mis expensas. Yo tengo veranada, pero ahora ya nos dejan ir a Quepuca Ralco, porque tenemos que venirnos a la veranada". JOSÉ MARIO REYES CHIGUAY: "Por la sencilla razón de que hacemos este negocio porque hemos visto que arriba estamos mal, por la educación de los niños, para la medicina... queda tan lejos y hay que contar con un buen monto de dinero para los pasajes. La tierra antes producía, pero ahora no, hay mucha roca y poca tierra de cultivo. Además que necesitamos permiso de CONAF para rozar y no nos dan permiso y no sacamos nada con cuidar los árboles... En cambio acá es un campo lindo y son buenas tierras de cultivo, y además, nos dan casa; las conozco, son buenas y doblemente mejor que donde estábamos. Por eso nos conviene". Los siguientes casos entrevistados corresponden a una familia que firmó una solicitud para constituir una servidumbre de tránsito. 1.- ¿Ud. entiende claramente lo que dice el contrato? ELISA CURRIAO PINCHULEF (asiste con María Filomena Levi Curriao; Juan Bautista Levi Curriao y José Ramón Levi Curriao. Gran parte de la conversación se desenvuelve con sus hijos): 'Firmamos dos contratos. El primero, nosotros le dábamos la parte del terreno que iba a ser inundado por el lago y el otro contrato que firmamos se refiere a una parte del terreno que le dábamos a Endesa para un camino, el camino que iba a hacer de doce metros de largo, por 0,5 has de ancho. Entendimos lo que firmamos. En total somos diez hermanos que además de nuestra madre, doña Elisa Curriao Pinchulef, no todos sabemos leer y escribir. Nuestra madre no sabe leer ni escribir y es no vidente, pero de todas formas pudo ella firmar estampando su huella, firmando a ruego por ella, don Segundo Bernardo Huenteao Lipimán". 2.- Qué beneficio le han ofrecido por esta servidumbre? ELISA CURRIAO PINCHULEF: "A la primera servidumbre, por la parte inundada, a la mamá le hizo Endesa una casa habitación de cuatro piezas. Está lista y están habitándola y además una yunta de bueyes, un fogón dentro de la habitación... Ahora, con respecto al camino, nos han dado y/u ofrecido $ 200.000 pesos a cada uno y $ 100.00 pesos que ya nos dieron y a la mamá $ 550.000 pesos, que ya le dieron $ 250.000 y le quedan $ 250.000 en un vale vista que queda en la Notaría...". 3.- ¿Está conforme de este negocio con Endesa? ELISA CURRIAO PINCHULEF: "Sí, estamos de acuerdo todos; y además no tenemos reclamos que hacer porque llegamos a un acuerdo ante el Señor Notario, en caso que se pasaran en los límites del camino de la tierra inundada ellos estarían llanos a pagar". Séptima audiencia del 30 de enero de 1998 1.- ¿Desea Ud. cambiar su casa y su terreno por otro lugar? JOSÉ IGNACIO CAMPOS LIPIMAN: "Sí, claro que estoy de acuerdo con lo que estoy tratando con Endesa. Firmé el contrato ante el Notario de Los Angeles". DELIA DEL CARMEN LEVI MILLAQUEO: (asiste con José Celedón Levi Curriao): "Sí, efectivamente, porque vamos a quedar bajo el agua.." JUAN CALPAN PICHAY: "Sí... porque ya estoy cabreado que Endesa ande por encima de nosotros..." JUAN PABLO GALLINA RAINAO (asiste con Juan Ricardo Gallina Rodríguez): "Sí, efectivamente, porque así estoy en conversaciones con Endesa". 2.- ¿Ud. entiende claramente lo que dice el contrato que firmó y que se le exhibe en este acto? JOSÉ IGNACIO CAMPOS LIPIMAN.: "Entendí bien lo que decía el contrato". DELIA DEL CARMEN LEVI MILLAQUEO:.: "No sabemos leer ni escribir y firmamos el contrato. Mi marido sabe firmar y por mí firmaron a ruego. Nos leyeron el contrato y se entendía lo que firmamos". JUAN CALPAN PICHAY.: "Sí, sé leer y escribir y entendí lo que dice el contrato". JUAN PABLO GALLINA RAINAO: "Si, firmé un contrato. Sé leer y escribir y entendí lo que decía el contrato". 3.- ¿Cuánto terreno desea permutar con Endesa?

JOSÉ IGNACIO CAMPOS LIPIMAN.: "Yo tengo 70 has. Le voy a dar a Endesa la mitad y la otra me la va a devolver. Me tienen dado 25 has". DELIA DEL CARMEN LEVI MILLAQUEO.: "Soy dueña de 8 has de terreno, pero lo que va a ser afectado solamente una ha y el resto lo va a devolver Endesa. 7 has le deja cerrado". JUAN CALPAN PICHAY.: "Donde yo vivo son 16,75 has. Me van a quedar 15,15 has, porque sólo una parte se va a inundar... Tengo ciruelas, tengo quinta, tengo peras... y todo eso va a ser inundado...". JUAN PABLO GALLINA RAINAO.: "Tengo 22,40 has y lo que le voy a permutar a Endesa son 18 has y lo que resta queda como propio". 4.- ¿Conoce los terrenos que le están ofreciendo? JOSÉ IGNACIO CAMPOS LIPIMAN.: "sí, los conozco". DELIA DEL CARMEN LEVI MILLAQUEO.: "Sí, lo conocemos; corresponde a la parcela lote C, por lo que hemos venido a ver y queda en el sector El Huachi, ex fundo La Peña, 6 has". JUAN CALPAN PICHAY.: "Son 80 has y después me dijo que eran 65 has. Yo conozco ese campo, porque talajeo". JUAN PABLO GALLINA RAINAO.: "Me ofrecen 36 has y sí, fui a verlas". 5.- ¿Dónde se encuentran ubicados esos terrenos? JOSÉ IGNACIO CAMPOS LIPIMAN.:"Están ubicados en El Barco". DELIA DEL CARMEN LEVI MILLAQUEO.: (se remite a lo dicho). JUAN CALPAN PICHAY.: "Estos terrenos están ubicados en El Barco". JUAN PABLO GALLINA RAINAO.: "En el sector El Huachi, fundo La Peña". 6.- Aparte del terreno, ¿qué otra cosa le ofrece la Endesa a cambio de permutar? JOSÉ IGNACIO CAMPOS LIPIMAN.: "Me tienen ofrecido $ 1.800.000. Me ofrecieron además casa, cocina, fogón, corral, galpón y cercos perimetrales". DELIA DEL CARMEN LEVI MILLAQUEO.: "La casa, una cocina y un fogón, cerco y un corral, y en plata $ 840.000 en animales...". JUAN CALPAN PICHAY: "La Endesa nos ofrece además $ 820.000 pesos, casa habitación en la hijuela de Melilauquén, cercos, bodega, galpón y veranada". JUAN PABLO GALLINA RAINAO: "3 casa-habítación, 3 corrales, 3 fogones, 3 cocinas y $ 2.000.000 para comenzar a trabajar. Este dinero es en compensación por la pérdida de una quinta... Veranada en el fundo Santa Laura para las tres familias. Faltaba agregar los $ 800.000 para la compra de animales y herramientas". 7.- ¿Se encuentra totalmente conforme con el ofrecimiento de Endesa? JOSÉ IGNACIO CAMPOS LIPIMAN.: "Sí". DELIA DEL CARMEN LEVI MILLAQUEO.: "Sí, porque el terreno es bueno para sembrar; nos dan además veranadas en Santa Laura...". JUAN CALPAN PICHAY.: "Me encuentro conforme... siempre que me cumplan...". JUAN PABLO GALLINA RAINAO.: "Sí, porque ya lo hemos tratado... salvo que deseo dejar constancia que mi hijo tenía una plantación de Rosa mosqueta de 1/2 ha y lo tasó en este momento en $ 2.000.000 y deseo que me lo pague Endesa". 8.- ¿Ha recibido Ud. por parte de Endesa algún beneficio anticipado para firmar la permuta? JOSÉ IGNACIO CAMPOS LIPIMAN.: "No, pero me han dado la vez pasada... me dieron dos quintales de harina". DELIA DEL CARMEN LEVI MILLAQUEO.: "No nos han dado nada... Sólo nos ha dado víveres y una canasta familiar y dos quintales de harina..". JUAN CALPAN PICHAY.: "No, nunca... Me dieron dos quintales de harina". JUAN PABLO GALLINA RAINAO.: "No hemos recibido nada". 9.- ¿Sabe Ud. en qué va a ocupar la Endesa esos terrenos permutados? JOSÉ IGNACIO CAMPOS LIPIMAN.: "No tengo idea. Sé que va ser en el tranque de Palmucho". DELIA DEL CARMEN LEVI MILLAQUEO.: "Sí, lo que vamos a entregar va a quedar debajo del lago. Con respecto a nosotros es sólo 1 ha y el resto que son 7 ha lo vamos a ocupar nosotros con familiares; son algunos hermanos". JUAN CALPAN PICHAY.: "Sí, va a hacer un lago". JUAN PABLO GALLINA RAINAO.: "Para el proyecto del lago". 10.- ¿Su señora y sus familiares están de acuerdo con cambiar el lugar donde viven ahora por el terreno que les ofrece Endesa?

JOSÉ IGNACIO CAMPOS LIPIMAN.: "Sí, están de acuerdo. Estoy casado y tengo tres hijos... Trabajo en Endesa, en El Barco, y gano $ 80.000 pesos mensuales". DELIA DEL CARMEN LEVI MILLAQUEO.: "Sí, mi esposo aquí presente y mis hijos y familiares están de acuerdo con este cambio de terreno. Mi esposo trabaja en Endesa, en Quepuca, en arreglo del puente y camino, desde hace un año y medio y gana como $ 120.000 pesos mensuales". JUAN CALPAN PICHAY.: "Mi señora y mis familiares están conformes. Soy casado, tengo tres hijas y un hijo. Yo trabajo en Endesa, en El Barco, como campero. Gano $ 135.000 pesos mensuales...". JUAN PABLO GALLINA RAINAO.: "Sí, están de acuerdo. Mi hijo mayor aquí presente está conforme". 11.- ¿Por qué cree Ud. que le conviene este cambio? JOSÉ IGNACIO CAMPOS LIPIMAN.: "Porque donde estoy no estoy conforme. No puedo trabajar y allá voy a trabajar la hijuela mía". DELIA DEL CARMEN LEVI MILLAQUEO.: "Nos conviene porque donde estamos no es bueno para sembrar; no hay riego y en cambio a donde vamos hay agua y terreno bueno; donde estamos es pura roca con cerros; sí... hay poca leña donde nos vamos, pero de todas maneras nos conviene...". JUAN CALPAN PICHAY: "Me conviene porque nosotros criamos animalitos y en eso pasamos la vida". JUAN PABLO GALLINA RAINAO.: "Es mucho mejor la tierra que donde estamos y porque nos van a dar veranada para mis tres hijos". 12.- Dentro de su terreno, ¿existe algún cementerio, sitio sagrado o lugar en el cual se realizan o realizaban Elewun, Palín, Trawun, Futa Trawun? JOSÉ IGNACIO CAMPOS LIPIMAN: "No existe cementerio. Tampoco hay cancha de Nguillatún. Finalmente deseo agregar que la parte que me van a dejar es para los turistas... Prefiero que me la dejen... Estas son más o menos 40 has que quedarían para mí". [El Consejero Nacional Indígena de la CONADI, Juan Bautista Huenupi, presente en la audiencia, consulta a don José Campos Lepimán: "¿Uds. cuando conversaron con Endesa, siempre han sido buenas las conversaciones; los han respetado; los han presionado? Respuesta de don José Campos Lepimán: "El trato ha sido bueno y no nos han presionado".] DELIA DEL CARMEN LEVI MILLAQUEO: "En mi terreno no, pero sí dentro de la comunidad hay cementerio... Nos van a dar un cementerio en El Huachi". [El Consejero Nacional Indígena de la CONADI, Juan Bautista Huenupi, presente en la audiencia, consulta a doña Delia Levi Millaqueo: "¿Endesa los ha respetado? ¿Ha habido alguna presión?". Respuesta de la sra. Delia Levi: "Sí,... se han portado bien. No nos han presionado...".] JUAN CALPAN PICHAY: "Donde yo vivo no, pero dentro de la comunidad sí, y no va a ser inundado por el agua". JUAN PABLO GALLINA RAINAO: "Dentro del predio de nosotros no. Tampoco sé hacer el Nguillatún". Las siguientes entrevistas corresponden a casos de personas que solicitan autorización para constituir una servidumbre de tránsito en tierra pehuenche. 1.- ¿Ud. entiende claramente lo que dice el contrato? PEDRO ÁNGEL LEVI A: "Sí, efectivamente firmé un contrato de sevidumbre de tránsito de camino y de ocupación. Yo soy dueño de 166 has. Me van a inundar como 5,500 metros, [un poco más de media ha] de manera que yo no necesito cambiarme, me quedo ahí. En cuanto al camino, los topógrafos no han ido a medir. Por lo dicho es que puedo afirmar que entendí claramente lo que decía el contrato". JOSÉ SANTOS HUENCHUCAN HUENCHUCAN (está acompañado de Agustín Desiderio Manquel Manquel). Se deja constancia que don José no escucha muy bien, por eso lo acompaña un nieto.: "Sí, entiendo más o menos el contrato, pero la negociación se hizo con don Ignacio Illanes, sin que estuvieran los nietos presentes". El nieto agrega: "Lo hizo ignorantemente, le ofreció 15 ovejas, una yunta de bueyes y $ 500.000 pesos y no se incluye la servidumbre de tránsito". 2.- ¿Qué beneficio le han ofrecido por esta servidumbre? PEDRO ÁNGEL LEVI A: "Por los 5.500 metros que va a ocupar el lago me han ofrecido una casa amoblada; de los muebles una cocina a leña, de cuatro platos; fogón. La casa estaba tasada en $

1.900.000. Por el camino una compensación de $ 3.800.000 pesos para el caso que ocuparan más camino". JOSÉ SANTOS HUENCHUCAN HUENCHUCAN: (se remite a lo dicho). 3.- ¿Está Ud. conforme con este negocio con Endesa? PEDRO ÁNGEL LEVI A: "Como en la escritura pública no aparecen los $3.800.000, que tengo entendido que así estaba escrito, no estoy totalmente de acuerdo, por lo que es necesario aclarar esto con Endesa". JOSÉ SANTOS HUENCHUCAN HUENCHUCAN: "Por lo anterior, no estamos de acuerdo con el negocio con Endesa, porque no está del todo claro, sobre todo cuánto es lo que va a quedar afectado con la inundación y sobre todo porque es muy poco lo que nos ofrecieron". [Uno de los abogados de CONADI, presente en la audiencia le aclara que en el contrato está escrito formalmente que le ofrecen una casa, pero el nieto presente en la conversación insiste que no está de acuerdo porque siempre van cuando el abuelo está solo, ya que se aprovechan de él, porque es un anciano de 76 años que no sabe leer ni escribir]. Nuevos hechos En el tránsito entre enero y marzo de 1998 cuando se reanuda el proceso de audiencias con familias pehuenches, el equipo jurídico de CONADI nota un importante cambio en los énfasis de los entrevistados, en el sentido de que sus respuestas ahora son más elaboradas y apuntan a expresar acuerdos con un sentido formal. La impresión de la Dirección de CONADI es que tratándose en su mayoría de personas vinculadas laboralmente a Endesa, como jornaleros en El Barco o en otros lugares de la obra, varias de las personas siguientes podrían haber sido recomendados para declarar en este proceso consultivo llevado a cabo por la CONADI... A pesar de esta probabilidad, el equipo jurídico no modificó el cuestionario base, porque asumimos que el desarrollo de las preguntas y las respuestas, igualmente dejarían reflejar la realidad en su exacta dimensión. A partir del mes de abril se produce además un segundo hecho administrativo: aparecen ahora en las nuevas carpetas de solicitudes firmadas por los pehuenches, notas manuscritas, hechas a mano, con un tipo de caligrafía de apariencia irregular, en donde el firmante indígena se dirige al Director de CONADI, solicitándole extrema rapidez para resolver favorablemente su solicitud de permuta... Sin embargo, a pesar de que varios de los pehuenches entrevistados reconocen la existencia de dicha carta, hay que destacar que se trata de personas iletradas, imposibilitadas por tanto de haber escrito de puño y letra cartas manuscritas en la que estamparon su firma. El dato relevante surgió, precisamente, en las entrevistas del 2 de abril, cuando el pehuenche pablo lipiman marihuan, rut 7.950.499-8, declara haber enviado una carta al Director de CONADI e informa que se trata de una carta escrita por un funcionario de Endesa, dado que él no sabe leer ni escribir. En consecuencia, aun cuando reconoce que le pide al Director de CONADI pronunciarse pronto en favor de su solicitud de permuta, reconoce no saber el contenido exacto de la carta manuscrita que le hicieron firmar... (Favor remitirse a su respuesta a la pregunta 12 del cuestionario del 2 de abril de 1998. Es importante reiterar que se trata de declaraciones formuladas ante un equipo jurídico de CONADI, con la presencia del Señor Notario en calidad de Ministro de Fe y que lo declarado fue consignado en un acta oficial). Octava audiencia del 2 de abril de 1998 1." ¿Desea Ud. cambiar su casa y su terreno por otro lugar? JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO: "Sí". PABLO FRANCISCO LIPIMAN MARIHUAN: "Estoy de acuerdo con el cambio, siempre que esté de acuerdo a las condiciones y el respeto a la autoridad". ROSARIO MANUEL MARIHUAN RODRÍGUEZ: "No voy a cambiar mi casa sino que ésta se va a quedar ahí. Endesa me ofrece un terreno en otra parte. ¿Y la casa qué?... Y el terreno que me ofrece se lo voy a dejar a mi sobrino Amador, casado con ocho hijos, porque salió soberbio...". PEDRO ORLANDO LIPIMAN PIÑALEO: "Sí, deseo hacer este negocio, porque me veo obligado por la mayoría, ya que todos querían permutar". 2.- ¿Ud. entiende claramente lo que dice el contrato que firmó y que se le exhibe en este acto?

JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "Yo firmé una escritura de permuta en la Notaría de Los Angeles y sólo algo entendí... poco... porque no sé leer ni escribir. Firmé con las iniciales". PABLO FRANCISCO LIPIMAN MARIHUAN.: "Firmé dos contratos, uno de permuta y otro de promesa de cesión y transferencia, porque no voy a permutar todo, sino una parte, ya que es sólo la que se afecta... Yo no sé leer ni escribir y firmé con el puro dedo../'. ROSARIO MANUEL MARIHUAN RODRÍGUEZ: "Sí. La verdad es que Endesa me ofreció dos tipos de contratos. Firmé por dos contratos. Que hay contrato de permuta y promesa de cesión, porque sólo le voy a dar a Endesa una parte ya que mi casa queda ahí mismo". PEDRO ORLANDO LIPIMAN PIÑALEO.: "Efectivamente, firmé un contrato de permuta en la Notaría de Los Angeles, aunque no sé leer ni escribir. Pero algo entendí de lo que me leyeron". 3.- ¿Cuánto terreno desea permutar con Endesa? JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "Yo tengo 10 has y algo más. Deseo permutar todas". PABLO FRANCISCO LIPIMAN MARIHUAN.: "Pretendo permutar la hijuela 66 completa y derechos de la hijuela 67, que tienen una superficie de 6,7 has y un 14% de los derechos de la hijuela 67". ROSARIO MANUEL MARIHUAN RODRÍGUEZ: "Solamente le voy a dar una parte, porque yo soy dueño del 10% de los derechos de la hijuela 23, de un total de 73 has y lo mío es un 10%; de esto le voy a dar una parte a Endesa". PEDRO ORLANDO LIPIMAN PIÑALEO.: "Tengo una de 10 has y otra de 10 has, y de la que se va inundar yo le voy a dar solamente 6 has. Yo vivo en la cordillera y no sé dónde se va a inundar". 4.- ¿Conoce los terrenos que le están ofreciendo? JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "Endesa me ofrece 19 has. Están ubicadas en el sector La Peña, sector El Huachi. Primero Endesa me había ofertado 50 has y después me ofreció 19 has". PABLO FRANCISCO LIPIMAN MARIHUAN.: "Sí, porque lo fui a visitar; además que yo trabajo en El Barco... Me ofreció al final de varios ofrecimientos 43 has, pero la verdad... no estoy conforme porque desearía que me completaran 55 has". ROSARIO MANUEL MARIHUAN RODRÍGUEZ: "Los terrenos que me ofrece Endesa son 80 has y yo las conozco y están ubicadas al frente de la vega de Ralco, sector Peleco, que queda en El Barco". PEDRO ORLANDO LIPIMAN PIÑALEO.: "Sí, los he visto. Es la parcela 1 de La Peña, sector El Huachi". 5.- ¿Dónde se encuentran ubicados esos terrenos? JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.:(se remite a lo dicho). PABLO FRANCISCO LIPIMAN MARIHUAN.: "En El Barco". ROSARIO MANUEL MARIHUAN RODRÍGUEZ: "Como he dicho están ubicados en El Barco. Los terrenos que voy a permutar corresponden a un 10% del total de la parte que se va a inundar y que serían aproximadamente 3,9 has". PEDRO ORLANDO LIPIMAN PIÑALEO.: (se remite a lo dicho). 6.- Aparte del terreno, ¿qué otra cosa le ofrece la Endesa a cambio de permutar? JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "Además me ofreció casa, fogón, galpón, cerco y en definitiva $ 800.000 en dinero efectivo, aunque en primera instancia me había ofrecido $ 1.800.000. Al principio me habían ofrecido una yunta de bueyes, un caballo ensillado y una vaquilla... Al último no nos dieron, nos ofrecieron plata...". PABLO FRANCISCO LIPIMAN MARIHUAN.: "Casa, galpones, cercos perimetrales, fogón y en plata me ofreció al principio $ 2.000.000. Después quedó en $ 1.880.000. Después 5 animales, 4 vacunos y un caballo...". ROSARIO MANUEL MARIHUAN RODRÍGUEZ: "Una yunta de novillos, una vaquilla, un caballo y $ 1.800.00 en plata, además de casa, galpón, corral y cercos perimetrales". PEDRO ORLANDO LIPIMAN PIÑALEO.: "Casa, fogón, galpón, bodega, cercos, animales, una yunta de bueyes, vacas... Pero no sé cuántos animales son y en plata nos ayudan por 4 años y después nos dan $ 1.800.000... Pero esto veo que en los papeles no me están apareciendo". 7.- ¿Se encuentra totalmente conforme con el ofrecimiento de Endesa? JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO: "No estoy totalmente de acuerdo si no se cumple con la permuta inicial y por eso no firmaría la permuta. Esto es que me den 50 has más los animales... Exijo que se me pague ahora $ 2.000.000, más casa para mis hijos... Al respecto deseo

acompañar a esta declaración una nota que le estoy enviando al Señor Director Nacional de la CONADI, donde le doy a conocer mi disconformidad...". PABLO FRANCISCO LIPIMAN MARIHUAN.: "No estaría conforme plenamente porque no aparece [en el contrato] el $ 1.800.000 pesos, porque así quedamos al principio de acuerdo". ROSARIO MANUEL MARIHUAN RODRÍGUEZ: "Yo estoy de acuerdo con el $ 1.800.000 y no con los $ 820.000 que aparecen en la escritura. En cuanto a los animales, que tampoco aparecen, tendrán que salir y cumplirse como se prometió. Si no se cumple borraría la firma". PEDRO ORLANDO LIPIMAN PIÑALEO.: "No me encuentro totalmente satisfecho porque aun no tengo bien claro lo que me ofrecen para darle una respuesta del sí o del no. Ya que por ejemplo dice que me dieron una casa con muebles de cocina, pero he visto que sólo tiene un lavaplatos... Y en cuanto a las relaciones laborales creo que deben pagarnos un desahucio porque donde nos vamos a instalar es como empezar de nuevo. Además, deben pagarme una indemnización por los árboles frutales, ya que se pierde todo por la inundación". 8.- ¿Ha recibido por parte de Endesa algún beneficio anticipado para firmar la permuta? JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "No... salvo que una vez recibimos una canasta familiar y nada más". PABLO FRANCISCO LIPIMAN MARIHUAN.: "Nada, nada". ROSARIO MANUEL MARIHUAN RODRÍGUEZ: "Solamente después de la firma de la permuta, nos han dado dos quintales de harina y una canasta familiar". PEDRO ORLANDO LIPIMAN PIÑALEO.: "Dinero, nada. Sólo lo que me he ganado con mi trabajo, porque trabajo en el fundo La Peña, como encargado en el fundo Santa Laura y gano mensualmente $ 98.000 pesos". 9.- ¿Sabe Ud. en qué va a ocupar la Endesa esos terrenos permutados? JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "Sí, sé que van a formar un lago". PABLO FRANCISCO LIPIMAN MARIHUAN.: "Sí, van a hacer un tranque.." ROSARIO MANUEL MARIHUAN RODRÍGUEZ: "Porque lo que he sabido que se se va a formar una laguna". PEDRO ORLANDO LIPIMAN PIÑALEO.: "Sí, sé porque van a hacer un tranque". 10.- ¿Su señora y sus familiares están de acuerdo con cambiar el lugar donde viven ahora por el terreno que les ofrece Endesa? JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "Sí, están de acuerdo de cambiar siempre que se respeten las condiciones que han puesto; soy casado y tengo seis hijos y dos mayores ya están casados. Soy abuelo porque tengo seis nietos y viven conmigo". PABLO FRANCISCO LIPIMAN MARIHUAN.: "Soy casado y tengo 4 hijos. Trabajo en El Barco y gano $ 60.000 pesos mensuales. Mi señora y familiares sí están de acuerdo de cambiamos. Quiero dejar en claro que no nos arreglan la asignación". ROSARIO MANUEL MARIHUAN RODRÍGUEZ: "Soy casado, pero no tengo más que una nieta que he criado y una sobrina. Sí, y ellos están de acuerdo de cambiarnos de lugar, de aceptar lo que me ofrece Endesa". PEDRO ORLANDO LIPIMAN PIÑALEO.: "Soy casado, pero separado. Tengo dos hijos de 15 y 13 años. Mis hijos están de acuerdo en hacer este negocio y cambiar de lugar". 11.- ¿Por qué cree Ud. que le conviene este cambio? JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "Porque ellos [Endesa] son los interesados que cambie uno,... pero por mí no me movería de mi tierra, porque es buena, se dan las papas y el trigo, porotos y lo que siembre... Pero me conviene cambiarme si me cumplen con lo prometido". PABLO FRANCISCO LIPIMAN MARIHUAN.: "Nos conviene porque hemos hecho un compromiso de palabra... He mandado una nota al Director Nacional de CONADI para que apure este trámite, pero como yo no sé leer ni escribir, esta carta la hizo don Armando Illanes y yo solamente la firmé, de manera que no sé lo que dice la carta...". ROSARIO MANUEL MARIHUAN RODRÍGUEZ: "Porque hay mejor talajeo y partes buenas para el invierno y además en la parte donde estamos, es muy estrecho. Por eso me conviene mucho". PEDRO ORLANDO LIPIMAN PIÑALEO: "Porque... no vamos a ser capaces de ganarle la pelea a la empresa... Por eso acepto. Pero en el fondo a mí me conviene porque acá tiene mejor terreno para la agricultura, porque en El Huachi me dan 10 has con riego". 12.- ¿Dentro de su terreno existe algún cementerio, sitio sagrado o lugar en el cual se realizan o realizaban Elewun, Palín, Trawun o Futa Trawun?

JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ PIÑALEO.: "Había antes, pero ahora ya no y aun se nota que hubo un cementerio". [El Director Regional de CONADI-VIII Región, Luis Huincache, pregunta en mapudungun acerca de una versión de la familia en cuanto a que Endesa estaba extrayendo material de ripio de sus tierras. Al respecto, don José Santos contestó que hay material muy bueno en su propiedad y actualmente están sacando y no le han pagado nada y deberían pagarle. Hay pozos de 13 metros de profundidad de extracción y por eso es que pide una mayor indemnización. Señala que no le han cancelado nada del aprovechamiento de este material extraído de su terreno]. PABLO FRANCISCO LIPIMAN MARIHUAN: "no hay". ROSARIO MANUEL MARIHUAN RODRÍGUEZ: "Hay y el cementerio que existe no va a ser molestado". PEDRO ORLANDO LIPIMAN PIÑALEO.: "no lo conozco". Novena audiencia del 3 de abril de 1998 1.- ¿Desea Ud. cambiar su casa y su terreno por otro lugar? SEGUNDO BERNARDO HUENTEAO LIPIMAN: "Sí". MANUEL JESÚS MARIHUAN MARIHUAN (asiste acompañado de su nieta Irma del Carmen Marihuán Marihuán. Se trata de un señor de muy avanzada edad, con sordera profunda. Lo representa en este acto su nieta): "Sí". LUIS ANTONIO CAMPOS LIPIMAN: "Sí". JOSÉ FEDERICO QUIPAIÑAN PIÑALEO: "Sí" JOSÉ SEGUNDO MANQUEL LEVI: "Sí" NELSON SEGUNDO QUINTREMAN CALPAN: "Sí" 2.- ¿Ud. entiende claramente lo que dice el contrato que firmó y que se le exhibe en este acto? SEGUNDO BERNARDO HUENTEAO LIPIMAN.: "Sí, firmé un contrato en la Notaría de Santa Bárbara. No sé leer ni escribir... Algo entendí... Firmé con mis iniciales". MANUEL JESÚS MARIHUAN MARIHUAN.: "Sí, firmó un contrato en la Notaría de Los Angeles; mi abuelito, acompañado... No sabe leer ni escribir... Firmó a ruego su nieto, porque él firma con el dedo". LUIS ANTONIO CAMPOS LIPIMAN: "Yo no sé leer ni escribir. Yo firmé con mi dedo en la Notaría de Los Angeles". JOSÉ FEDERICO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Sí, firmé un contrato en la Notaría de Los Angeles y fui voluntariamente... Poco entendí porque no sé leer ni escribir. Firmo con mis iniciales". JOSÉ SEGUNDO MANQUEL LEVI.: "No sé leer ni escribir, pero entendí lo que se me leyó del contrato, que firmé con mis iniciales". NELSON SEGUNDO QUINTREMAN CALPAN: "Yo no sé leer ni escribir. Sí... entendí". 3.- ¿Cuánto terreno desea permutar con Endesa? SEGUNDO BERNARDO HUENTEAO LIPIMAN.: "Tengo más de 20 has. Deseo permutar como 4 has a Endesa que son las que se van inundar. Endesa me ofreció 15 has en el sector El Huachi y yo conozco...". MANUEL JESÚS MARIHUAN MARIHUAN.: "Somos dueños de 7 has". LUIS ANTONIO CAMPOS LIPIMAN.: "Mi parcelita tiene 7 has. Todo va a ser afectado... Permuto todo". JOSÉ FEDERICO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Tengo 5 has y más la de en común (veranada). Le deseo permutar todo a Endesa porque todo me afecta. Me queda el saldo o resto de terreno que poseo en común y Endesa va a hacer la casa en el alto, donde tenemos el terreno en común, sin perjuicio de la casa que me va a dar en El Barco. Me da 52 has en El Barco y me da otra hijuela de 89 has en las Vegas de Lolo". JOSÉ SEGUNDO MANQUEL LEVI.: "Tengo como 1,60 has. Le deseo permutar todo a Endesa porque me afecta todo". NELSON SEGUNDO QUINTREMAN CALPAN.: "Tenemos sucesión; soy dueño de una hijuela que tiene 4,1 has". 4.- ¿Conoce los terrenos que le están ofreciendo? SEGUNDO BERNARDO HUENTEAO LIPIMAN.: "Endesa me ofreció 15 has en el sector El Huachi y yo conozco...".

MANUEL JESÚS MARIHUAN MARIHUAN.: "Sí, en el fundo El Barco. Son 47 has que me van entregar". LUIS ANTONIO CAMPOS LIPIMAN.: "Dieciocho hectáreas están ubicadas en El Barco... me quedan una parte que no se inunda, que me la devuelven". JOSÉ FEDERICO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Sí, porque trabajo en El Barco... Gano como $11.000 (once mil) pesos mensuales". JOSÉ SEGUNDO MANQUEL LEVI.: "Endesa me está ofreciendo 36 has y las conozco porque estoy trabajando ahí, en las lomas de Til Til, en El Barco. Yo trabajo en Endesa y ganaba $ 76.000 mensuales... Y ahora pasé a ser vigilante y estoy ganando $ 156.000 pesos...". NELSON SEGUNDO QUINTREMAN CALPAN.: "Endesa me ofreció 40 has en El Barco". 5.- ¿Dónde se encuentran ubicados esos terrenos? SEGUNDO BERNARDO HUENTEAO LIPIMAN.: "En El Huachi". MANUEL JESÚS MARIHUAN MARIHUAN.: "En el sector lomín, en El Barco". LUIS ANTONIO CAMPOS LIPIMAN: "Están ubicados en El Barco". JOSÉ FEDERICO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "En El Barco". JOSÉ SEGUNDO MANQUEL LEVI.: (se remite a lo dicho). NELSON SEGUNDO QUINTREMAN CALPAN.: "En El Barco". 6.- Aparte del terreno, ¿qué otra cosa le ofrece la Endesa a cambio de permutar? SEGUNDO BERNARDO HUENTEAO LIPIMAN.: "Casa, galpón, fogón, bodega, corral, cerco y además me ofreció en plata $ 1.800.000 para comprar animales vacunos; caballo, arado, cadena, etc... Pero es muy poca plata...". MANUEL JESÚS MARIHUAN MARIHUAN.: "Dos caballos; una yunta de bueyes; casa-habitación, fogón bodega, galpón, cercos". LUIS ANTONIO CAMPOS LIPIMAN.: "Casa-habitación, galpón, fogón, bodega, cerco, cocina y una yunta de bueyes; dos vaquillas y un caballo pelao [sin aparejos]... En dinero me ofrecieron $ 1.800.000, plata que yo hallo poca para comprar los animales...". JOSÉ FEDERICO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Una yunta de bueyes, dos vaquillas, un caballo y un arado con cadena... Eso se da solo... El dinero, o sea, $ 820.000 para comprar, lo que considero muy poco, además de casa-habitación, galpón, fogón, cerco y bodega...". JOSÉ SEGUNDO MANQUEL LEVI.: "$ 820.000 para comprar una yunta de bueyes, dos vaquillas y un caballo... Parece que no me alcanza... Además, $ 1.800.000,... que no apareció en el contrato cuando me lo leyeron... Aparte del $ 1.800.000 me ofrecieron los animales; además, casahabitación, fogón, bodega, cerco, potrero para cortar pasto, a punto de cortar pasto... sembrado, cerrado y con riego". NELSON SEGUNDO QUINTREMAN CALPAN.: "Una yunta de novillos, 5 vaquillas, 2 caballos... En plata me dijeron $ 2.500.000". 7.- ¿Se encuentra totalmente conforme con el ofrecimiento de Endesa? SEGUNDO BERNARDO HUENTEAO LIPIMAN.: "No estoy conforme, ni con el billete, ni con nada... Es harto poco, porque no están las 15 has que me ofrecieron. Hay sólo 8 has... Tampoco el $ 1.800.000... Yo quiero $ 3.000.000 para comprar animales y herramientas. Solicito que me cumplan con las 15 has... Fui presionado para darle lado a Endesa..". MANUEL JESÚS MARIHUAN MARIHUAN.: "No estaría del todo conforme. Pediría 10 animales en vez de 5. Además de eso solicitaría $ 20.000.000 para quedar más o menos, porque va a perder mucho terreno". LUIS ANTONIO CAMPOS LIPIMAN.: "No me encuentro completamente conforme, porque la plata es muy poca; que no alcanza para comprar los animales. Creo que con $ 2.000.000 alcanzaría para comprar los animales..". JOSÉ FEDERICO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "No estoy muy conforme con lo que ofrece Endesa, porque es muy poco". JOSÉ SEGUNDO MANQUEL LEVI.: "No estoy conforme porque ahora me entero que aparece $ 720.000 y no los $ 820.000 para la compra de animales... Entonces si ellos no cumplieron, también yo les voy a fallar... Como no sé leer ni escribir ellos lo ponen todo". NELSON SEGUNDO QUINTREMAN CALPAN: "No estoy conforme porque exijo 100 has... porque nunca quise vender la tierra y quiero que quede claro...". 8.- ¿Ha recibido por parte de Endesa algún beneficio anticipado para firmar la permuta? SEGUNDO BERNARDO HUENTEAO LIPIMAN.: "No me han dado ni un billete; salvo una canasta familiar y un saco de harina...".

MANUEL JESÚS MARIHUAN MARIHUAN.: "No, no he recibido nada, salvo una canasta familiar y un saco de harina". LUIS ANTONIO CAMPOS LIPIMAN.: "No... sólo una canasta [familiar] y un saco de harina". JOSÉ FEDERICO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "No... no percibo nada... Sólo ayuda en saco de harina y en canasta familiar". JOSÉ SEGUNDO MANQUEL LEVI.: "No... pero sí que me han dado dos quintales de harina y dos canastas familiares". NELSON SEGUNDO QUINTREMAN CALPAN.: "No, nada... nada". 9.- ¿Sabe Ud. en qué va a ocupar la Endesa esos terrenos permutados"? SEGUNDO BERNARDO HUENTEAO LIPIMAN.: "Sí". MANUEL JESÚS MARIHUAN MARIHUAN.: " Sí, va a hacer un tranque... la represa". LUIS ANTONIO CAMPOS LIPIMAN.: "Sí, va a hacer una represa". JOSÉ FEDERICO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Se va a hacer un tranque". JOSÉ SEGUNDO MANQUEL LEVI.: "Sí, va a hacer un tranque". NELSON SEGUNDO QUINTREMAN CALPAN.: "Sí, van a hacer una represa igual como hicieron en Pangue". 10.- ¿Su señora y sus familiares están de acuerdo con cambiar el lugar donde viven ahora por el terreno que les ofrece Endesa? SEGUNDO BERNARDO HUENTEAO LIPIMAN.: "Soy casado, tengo 5 hijos... Sí... Ellos están de acuerdo". MANUEL JESÚS MARIHUAN MARIHUAN.: "Es viudo; vive con dos nietos y están de acuerdo en irse". LUIS ANTONIO CAMPOS LIPIMAN.: "Vivo solo... Tengo sólo una nieta y está de acuerdo en irse conmigo..." JOSÉ FEDERICO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Soy casado y tengo cinco hijos... Algunos quieren... Otros no quieren..." JOSÉ SEGUNDO MANQUEL LEVI.: "Soy casado y tengo cinco hijos; están de acuerdo mis familiares, porque donde vivimos no tengo leña; agua porque es muy pequeño el pedacito donde vivo". NELSON SEGUNDO QUINTREMAN CALPAN.: "Soy soltero; estoy trabajando en El Barco. Me pagan $ 180.000 pesos mensuales... Estoy de acuerdo con irme a El Barco, siempre que cumplan". 11.- ¿ Por qué cree Ud. que le conviene este cambio? SEGUNDO BERNARDO HUENTEAO LIPIMAN.: "Porque me dan mejor terreno". MANUEL JESÚS MARIHUAN MARIHUAN: "Sí, nos conviene porque nos vamos a quedar con más tierra, porque acá no hay leña". LUIS ANTONIO CAMPOS LIPIMAN.: "Por talaje estaríamos mejor... porque tengo un poquito de animales". JOSÉ FEDERICO QUIPAIÑAN PIÑALEO.: "Pensándolo bien... Hay mucha nieve para allá [fundo El Barco]... Pero podría ser mejor". JOSÉ SEGUNDO MANQUEL LEVI.: "Me conviene porque tengo más lugar para poder trabajar y el terreno donde voy es bueno. No pedí en El Huachi porque me gusta más la cordillera y estoy acostumbrado ahí". NELSON SEGUNDO QUINTREMAN CALPAN.: "Sí, pero no sé cómo andará Endesa... Porque siempre anda con la pillería delante... Nos dijeron que el Gobierno ya había firmado y que no había más que hacer...". 12.- ¿Dentro de su terreno ¿existe algún cementerio, sitio sagrado o lugar en el cual se realizan o realizaban Elewun, Palín, Trawun o Futa Trawun? SEGUNDO BERNARDO HUENTEAO LIPIMAN.: "No hay nada. Estoy cerca del cementerio, pero nova a ser inundado". [Uno de los abogados de la CONADI le consulta a don Segundo si tiene cabal conocimiento de un segundo tipo de contrato, de cesión y y transferencia que firmó y en el cual cede toda su propiedad a cambio de la promesa de devolución del saldo de tierra que no se inunda. Don Segundo responde: "No, no sabía que firmaba un segundo contrato... No estoy de acuerdo con esto." Otro abogado de la CONADI le consultó a don Segundo si una carta manuscrita, enviada por don Segundo al Director de la CONADI para solicitarle agilizar una

respuesta favorable a su petición de permuta fue escrita por él y si sabe de su contenido dado que él la firma. Don Segundo responde: "Sí... envié una carta a la CONADI... Yo no la hice... La hizo don Ignacio luanes y me pidió la firma... No sé qué dice la carta..". MANUEL JESÚS MARIHUAN MARIHUAN.: "No". [Uno de los abogados de la CONADI desea saber con mayor especificidad si don Manuel pudo acceder adecuadamente a conocer el contenido de los documentos que tuvo que firmar. La nieta indica que "sabe que fueron a firmar algo... No tiene conocimiento de los papeles.. ". Consultado sobre la existencia de un segundo contrato de cesión y transferencia, la nieta responde: " No sabe la existencia del segundo contrato". Consultado respecto de una carta manuscrita, firmada por don Manuel, en las condiciones que corresponden también a otros casos que se han presentado. Don Manuel responde: "No sabe de la carta que aparece en la segunda carpeta... No sabe lo que firmó su nieto.. ".] LUIS ANTONIO CAMPOS LIPIMAN: "No". [Consultado por los abogados de CONADI para precisar sus declaraciones, don Luis Antonio agrega: "Si Endesa no cumple con lo que pido, no firmo. Y no firmé ninguna carta". Concluyó pidiendo como indemnización $ 20.000.000 "y si no, no firmo la permuta".] JOSÉ FEDERICO QUIPAIÑAN PIÑALEO: "no". [En el Acta Notarial correspondiente a esta entrevista está consignado el siguiente pie de página certificado por el Notario: "No sabía que había firmado un segundo contrato de cesión... Sobre carta que firma a ruego por su padre, responde don Roberto Quipaiñán Baiborría: "Yo firmo a ruego esa carta, pero en realidad no sé lo que dice... Don Armando Illanes me pidió que firmara la carta^Se refiere a otra carta manuscrita, supuestamente del pehuenche, dirigida al Director de CONADI, pidiéndole una pronta respuesta favorable a su petición de permuta). Continúa el declarante ante los abogados de CONADI: "Últimamente quiero agregar que deseo pedir por indemnización $ 25.000.000, por todo lo que voy a perder, más las tierras. Caso contrario, si no le aceptan esa condición no firmaría esa permuta". JOSÉ SEGUNDO MANQUEL LEVI.: "No". [En relación a esta entrevista se consigna el siguiente pie de página en el Acta Notarial respectiva: "Pregunta de don Juan Huenupi, Consejero Nacional Indígena de CONADI: "¿Endesa lo ha presionado; lo han tratado bien?" "No me han presionado y me han tratado bien". "Respecto a la carta que acompaño en la carpeta, seguramente don Armando Illanes la hizo, ya que firmé una carta cuando él me dijo que las íbamos a hacer para mandarla a la CONADI y no sé lo que dice la carta". Se aclara que en forma anexa se han agregado $ 120.000, de manera que dan los $ 820.000 ofrecidos... "Suma que considero poca. Solicito $ 2.000.000 para comprar todos los animales y las herramientas". NELSON SEGUNDO QUINTREMAN CALPAN: "No". [Consultado por el abogado de la CONADI respecto a otra carta manuscrita, con su firma, en donde se solicita al Director de CONADI una pronta aprobación de su solicitud de permuta, don Nelson responde: "Firmé la carta... No sé qué dice... Don Armando luanes la hizo y me dijo que firmara... Esta carta es la acompaña en la segunda carpeta.." (cesión y transferencia)] Décima audiencia del 28 de mayo de 1998 1.- ¿Desea Ud. cambiar su casa y su terreno por otro lugar? AMADOR RENE HUENTEAO PARADA: "Sí, he conversado con Endesa". PEDRO ISABEL HUENTEAO PARADA: "Sí, tenemos una sucesión entre los hermanos y yo he sido el afectado". JUAN CARLOS GALLINA LEVI: "Sí". 2.- ¿Ud. entiende claramente lo que dice el contrato que firmó y que se le exhibe en este acto? AMADOR RENE HUENTEAO PARADA.: "Sí... Algo entendí de lo que me leyeron en la notaría de Los Angeles". PEDRO ISABEL HUENTEAO PARADA.: "Sí, pero estamos desconformes, porque pedimos 5 por 1 y no llegamos a acuerdo.." JUAN CARLOS GALLINA LEVI.: "Sí, me lo leyeron. Negocié con Ignacio Illanes y se anotó lo que ellos decían que se imponían... Y lo que yo pedía no aceptaban...". 3.- ¿Cuánto terreno desea permutar con Endesa? AMADOR RENE HUENTEAO PARADA.: "A mí me corresponden 11 has de un total de la comunidad de 127 has... Según la Endesa va a quedar afectado bajo el agua 75 has".

PEDRO ISABEL HUENTEAO PARADA.: "Yo vivo en el sector cerca de la escuela de Palmucho; son 12 has afectadas y a la comunidad le corresponden en total 160 has. Y ahí es donde se va a hacer la represa". JUAN CARLOS GALLINA LEVI.: "2,5 has es lo afectado. El terreno es 2,9 has y lo afectado es 1,3 has... y el resto me lo van a devolver". 4.- ¿Conoce los terrenos que le están ofreciendo? AMADOR RENE HUENTEAO PARADA.: Sí, conozco los terrenos que están en el sector El Huachi... Veranada en Santa Laura, que la fuimos a ver y no sirven para criar ovejas, chivos, caballo... Tiene mucho risco y no tiene agua... Recorrimos con un total de 11 personas y no nos gustó". PEDRO ISABEL HUENTEAO PARADA.: "20 has; dos de ellas por el ensanchamiento del camino y a mis hermanos les corresponden 18 has". JUAN CARLOS GALLINA LEVI.: "Sí, los conozco porque estoy trabajando en el sector El Huachi". 5.- ¿Dónde se encuentran ubicados esos terrenos? AMADOR RENE HUENTEAO PARADA.: (se remite a lo dicho). PEDRO ISABEL HUENTEAO PARADA.: "En el sector El Huachi". JUAN CARLOS GALLINA LEVI.: (se remite a lo dicho). 6.- Aparte del terreno, ¿qué otra cosa le ofrece la Endesa a cambio de permutar? AMADOR RENE HUENTEAO PARADA.: "$ 1.800.000 en plata, más casa-habitación, galpón, fogón... Me dan 22 has de terreno". PEDRO ISABEL HUENTEAO PARADA.: "$ 580.000 para comprar animales, 4 vaquillas, un caballo, herramientas de trabajo, casa, bodega, fogón, galpón... Me prometieron otra casa para la parcela del hijo que se casó... Nos ofrecieron una veranada en Santa Laura, pero no va a servir... Es puro risquerío". JUAN CARLOS GALLINA LEVI.: "Tres hectáreas...". 7.- ¿Se encuentra totalmente conforme con el ofrecimiento de Endesa? AMADOR RENE HUENTEAO PARADA.: "Yo no estoy totalmente de acuerdo... Estoy pidiendo plata... $ 50.000.000". PEDRO ISABEL HUENTEAO PARADA.: "No estoy conforme con el contrato. Estoy exigiendo $ 50.000.000 y además una camioneta". JUAN CARLOS GALLINA LEVI.: "No estoy conforme porque no me dieron casa... Porque me lo imponían... El dinero es poco, quiero el valor de una casa que es de $ 12.000.000". 8.- ¿Ha recibido por parte de Endesa algún beneficio anticipado para firmar la permuta? AMADOR RENE HUENTEAO PARADA.: "Solamente me han dado por donde va a ser el camino $ 300.000, porque me tocan 2.800 metros...". PEDRO ISABEL HUENTEAO PARADA.: "No he recibido nada... A los otros le dieron... Una vez nos dieron 2 bolsas de harina...". JUAN CARLOS GALLINA LEVI.: "No. Sólo el trabajo. Gano como $ 90.000 mensual, comida, cama...". 9.- ¿Sabe Ud. en qué va a ocupar la Endesa esos terrenos permutados? AMADOR RENE HUENTEAO PARADA.: "Tiensan hacer una represa en los terrenos que actualmente ocupo". PEDRO ISABEL HUENTEAO PARADA.: "Sí,... se va a construir una represa, justamente en los terrenos que yo vivo" JUAN CARLOS GALLINA LEVI.: "Sí, sé que van a hacer una represa". 10.- ¿Su señora y sus familiares están de acuerdo con cambiar el lugar donde viven ahora por el terreno que les ofrece Endesa? AMADOR RENE HUENTEAO PARADA.: "Soy casado y tengo cinco hijos. Trabajo en Endesa, en La Peña... Gano $ 80.000 mensuales y mi señora y familiares están de acuerdo y no hallan la hora que le den el pase para venir...". PEDRO ISABEL HUENTEAO PARADA.: "Soy casado, tengo ocho hijos, tres varones y cinco hijas... Sí... están de acuerdo". JUAN CARLOS GALLINA LEVI.: "Soy soltero y mis padres y familiares están de acuerdo". 11.- ¿Por qué cree Ud. que le conviene este cambio? AMADOR RENE HUENTEAO PARADA.: "Me gusta más El Huachi... mejores tierras, no neva y donde vivimos cae mucha nieve".

PEDRO ISABEL HUENTEAO PARADA: "Porque donde estamos cae mucha nieve y a causa de la nieve se nos mueren muchos animales. En cambio, en El Huachi es mejor porque puedo sembrar trigo, papas... puedo cortar pasto para los animales". JUAN CARLOS GALLINA LEVI: "Por gusto de uno...". 12.- Dentro de su terreno, ¿existe algún cementerio, sitio sagrado o lugar en el cual se realizan o realizaban Elewun, Palín, Trawun o Futa Trawun? AMADOR RENE HUENTEAO PARADA.: "No". [Preguntado por una funcionaría bilingüe de Conadi, si necesita ayuda especial de la Conadi dijo que no. Solamente espera la ayuda de Conadi para esta situación...] PEDRO ISABEL HUENTEAO PARADA.: "no". JUAN CARLOS GALLINA LEVI.: "No hay nada". Decimoprimera audiencia del 29 de mayo de 1998 1.- ¿Desea Ud. cambiar su casa y su terreno por otro lugar? JUAN PABLO CAMPOS LIPIMAN: "Sí". TERESA JESÚS CAMPOS LIPIMAN: "Sí".. REMIGIO CALPAN ÑANCUPI: "Sí, porque estamos muy mal al lado del río... Pero mi hija se va a quedar ahí... Sólo voy a trasladar la casa un poco más arriba... Sólo yo me voy a cambiar" HERMINIO LUIS HUENTEAO PARADA: "Sí, porque ya está listo el trabajo y si no, no". JOSÉ ÓSCAR LEPIMAN PARADA: "Sí". JOSÉ MIGUEL HUENTEAO PARADA: "Sí". 2.- ¿Ud. entiende claramente lo que dice el contrato que firmó y que se le exhibe en este acto? JUAN PABLO CAMPOS LIPIMAN: "Sí. Fui a Los Angeles a firmar un contrato... Sí... Entendí... Me ofertaron 20 novillos, caballo, vaquilla y $ 820.000...". TERESA JESÚS CAMPOS LIPIMAN.: "Claro...". REMIGIO CALPAN ÑANCUPI.: "Sí,... pero harto se me fue de la memoria...". HERMINIO LUIS HUENTEAO PARADA.: "Don Ignacio Illanes me pilló como un ignorante... No entendí". JOSÉ ÓSCAR LEPIMAN PARADA.: "Sí. Fuimos a Los Angeles, porque estamos dispuestos a permutar... Sí... entendí". JOSÉ MIGUEL HUENTEAO PARADA.: "Sí... lo firmé y lo entendí". 3.- ¿Cuánto terreno desea permutar con Endesa? JUAN PABLO CAMPOS LIPIMAN.: "Yo le entrego a Endesa 1,5 has... Me van a dar 35 has". TERESA JESÚS CAMPOS LIPIMAN.: "Somos 4 hermanos y sólo tenemos derecho de la sucesión... Tenemos que partirnos". [Se refiere a sentencia judicial para división del predio, medida sin la cual no pueden permutar] REMIGIO CALPAN ÑANCUPI.: "Mi hijuela tiene 5 has y se van a afectar 3,9 has". HERMINIO LUIS HUENTEAO PARADA.: "Me pertenecen 25 has. Voy a entregar 11 has". JOSÉ ÓSCAR LEPIMAN PARADA.: "23 has voy a permutar. Endesa me va a dar 28 has". JOSÉ MIGUEL HUENTEAO PARADA.:"Yo tengo aproximadamente 25 has que me corresponden de la sucesión y voy a permutar como 11,4 has porque se me van a inundar". 4.- ¿Conoce los terrenos que le están ofreciendo? JUAN PABLO CAMPOS LIPIMAN.: "Sí. Los fui a ver... Estoy trabajando allá... Los vi después de firmar el contrato... Sí... Me preguntaron a dónde me quería ir". TERESA JESÚS CAMPOS LIPIMAN.: "Tampoco sé... No me dijeron cuánta tierra me iban a dar". REMIGIO CALPAN ÑANCUPI.: "Sí". HERMINIO LUIS HUENTEAO PARADA.: "19 has en El Huachi... Sí, estoy conforme con ello. Tiene harta leña... Agua no tiene mucha". JOSÉ ÓSCAR LEPIMAN PARADA.: "Sí, ya estoy trabajando en los terrenos". JOSÉ MIGUEL HUENTEAO PARADA« "19 has me van a entregar y los conozco. Me gustó". 5.- ¿Dónde se encuentran ubicados esos terrenos? JUAN PABLO CAMPOS LIPIMAN.: "En El Barco". teresa jesús campos l.: "Sí... En el fundo El Barco". REMIGIO CALPAN ÑANCUPI.: "En El Barco y lo fui a ver con mi hijo... Me están dando dos hijuelas: una de 26 has y otra de 54 has y me gustaron".

HERMINIO LUIS HUENTEAO PARADA.: (se remite a lo dicho). JOSÉ ÓSCAR LEPIMAN PARADA.: "En El Huachi, La Peña". JOSÉ MIGUEL HUENTEAO PARADA.: "En El Huachi". 6.- Aparte del terreno, ¿qué otra cosa le ofrece la Endesa a cambio de permutar? JUAN PABLO CAMPOS LIPIMAN.: "Casa, $ 1.800.000; $ 820.000 para comprar animales..." TERESA JESÚS CAMPOS L.: "Casa... Que se va a hacer ahí mismo, donde estoy viviendo... Plata... $ 820.000". REMIGIO CALPAN ÑANCUPI.: "$ 820.000 para comprar animales". HERMINIO LUIS HUENTEAO PARADA.: "$ 1.800.000... Después en Los Angeles salió $580.000... No estoy conforme con lo ofrecido por Endesa... Casa no más... Solicito $ 50.000.000". JOSÉ ÓSCAR LEPIMAN PARADA.: "Sí... animales... $ 1.800.000... casa... En Los Angeles se anotaron $ 620.000". JOSÉ MIGUEL HUENTEAO PARADA.: "$ 1.800.000 más $ 580.000 para comprar animales... casa". 7.- ¿Se encuentra totalmente conforme con el ofrecimiento de Endesa? JUAN PABLO CAMPOS LIPIMAN.: "No estoy muy conforme... Que me dieran un millón para los animales y que me sigan respetando el $ 1.800.000... Y si me pudieran dar más, que me den más...". TERESA JESÚS CAMPOS L.: "Sí... Tengo que conformarme... Mi tierra vale más que eso porque es buena tierra... Todo lo que sembramos se da... No he visitado el terreno del Barco... No elegí dónde irme... No me preguntaron...". REMIGIO CALPAN ÑANCUPI.: "Sí... Estoy conforme...". HERMINIO LUIS HUENTEAO PARADA: (sin respuesta). JOSÉ ÓSCAR LEPIMAN PARADA.: "No estoy totalmente conforme... Quiero bueyes... No estoy con el precio que le pusieron por has. ($ 800.000)... Yo quiero que me paguen $ 1.000.000 por has". JOSÉ MIGUEL HUENTEAO PARADA.: "No estoy conforme... Si va a cumplir Endesa con la plata yo quiero $50.000.000". 8.- ¿Ha recibido por parte de Endesa algún beneficio anticipado para firmar la permuta? JUAN PABLO CAMPOS LIPIMAN.: "Solamente mi sueldo y recibo $ 150.000 mensuales como campero". TERESA JESÚS CAMPOS LIPIMAN: "No he recibido nada... Ninguna cosa". REMIGIO CALPAN ÑANCUPI.: "Tres quintales de harina". HERMINIO LUIS HUENTEAO PARADA.: "No ha dado nada". JOSÉ ÓSCAR LEPIMAN PARADA.: "Nada" JOSÉ MIGUEL HUENTEAO PARADA.: "No... Nos dio un poco de plata... $ 800.000". 9.- ¿Sabe Ud. en qué va a ocupar la Endesa esos terrenos permutados? JUAN PABLO CAMPOS LIPIMAN.: "Va a tapar con agua y no sé para qué... Y no me han explicado". TERESA JESÚS CAMPOS L.: "Sí, porque quieren hacer una laguna, pero no sé para qué es". REMIGIO CALPAN ÑANCUPI.: "Sí, sé que van a llenar de agua". HERMINIO LUIS HUENTEAO PARADA.: "Van a hacer una represa, pero va a ser mucho más grande... Me dijeron que mientras no firmara el contrato definitivo no podría trabajar ahí... Pero la Endesa está trabajando en sus terrenos, rozando... caminos... No está respetando el acuerdo". JOSÉ ÓSCAR LEPIMAN PARADA.: "Van a hacer un tranque". JOSÉ MIGUEL HUENTEAO PARADA.:"Va a quedar el lago ahí". 10.- ¿Su señora y sus familiares están de acuerdo con cambiar el lugar donde viven ahora por el terreno que les ofrece Endesa? JUAN PABLO CAMPOS LIPIMAN.: "Soy viudo y mis hijos están de acuerdo... Tengo hijos de 18 años... De mi casa al Barco me demoro 30 minutos en bus y a caballo dos horas y media". TERESA JESÚS CAMPOS L.: "Vivo sola... Yo me cambio al Barco... Me quedo viviendo ahí mismo". REMIGIO CALPAN ÑANCUPI.: "Soy viudo y vivo con mi hijo y mi familia está de acuerdo con cambiarnos". HERMINIO LUIS HUENTEAO PARADA.: "Sí,... están de acuerdo". JOSÉ ÓSCAR LEPIMAN PARADA.: "Sí, están de acuerdo... Soy casado".

JOSÉ MIGUEL HUENTEAO PARADA.: "Soy soltero, tengo un hijo por ahí y están de acuerdo con cambiarse". 11.- ¿Por qué cree Ud. que le conviene este cambio? JUAN PABLO CAMPOS LIPIMAN.: "Porque me siento solo... Si todos se quedaran no me cambiaría". TERESA JESÚS CAMPOS L: "Después que estaba listo el negocio me fueron a visitar y ahí supimos de qué se trataba por los mandarínes, Juan Domingo Puelma, porque él trabaja en Endesa... Es como un werkén (mensajero) de Endesa y de la Fundación Pehuén..." REMIGIO CALPAN ÑANCUPI: "Porque va a pasar agua por ahí... En realidad yo no quería salir de ahí, pero me buscaron tanto que tuve que hacerlo... Soy nacido y criado ahí y no quería irme... Don Armando luanes me buscó". HERMINIO LUIS HUENTEAO PARADA.: "Porque es mejor el terreno. Porque donde vivo nieva harto". JOSÉ ÓSCAR LEPIMAN PARADA: "Porque me gusta el campo y soy agrícola" JOSÉ MIGUEL HUENTEAO PARADA.: "Porque allá son afectados y allá nos van a devolver tierra y me gusta más". 12.- ¿Dentro de su terreno, ¿existe algún cementerio, sitio sagrado o lugar en el cual se realizan o realizaban Elewun, Palín, Trawun o Futa Trawun? JUAN PABLO CAMPOS LIPIMAN.: "No". [Ante la pregunta respecto a la existencia de una carta manuscrita dirigida al Director de CONADI para agilizar la aprobación de su petición de permuta, don Juan Pablo responde: "No firmé ninguna carta... No sé leer... No me han mostrado ese papel... No recuerdo haber firmado nada.."] TERESA JESÚS CAMPOS L.: "No hay cementerio". [Hay nota al pie de página del Acta Notarial que dice lo siguiente: "Ante la pregunta de la carta manuscrita, la Sra.Teresa Jesús responde: "No la hice... Sí... la firmé... No sé de qué se trata... Por el cambio de tierra la firmé y no me la leyeron... Sólo me dijeron que era para la CONADI..."] REMIGIO CALPAN ÑANCUPI.: "No hay". HERMINIO LUIS HUENTEAO PARADA.: "Hay cancha de Nguillatún y va a quedar bajo el agua..." JOSÉ ÓSCAR LEPIMAN PARADA.: "No hay". JOSÉ MIGUEL HUENTEAO PARADA: "no hay". El informe de síntesis a partir de estas audiencias Estos son los hechos auténticos y sólidos. Están narrados por sus propios protagonistas. Las conclusiones las puede establecer el propio lector. Son 57 entrevistas o audiencias con familias pehuenches que tuvieron que firmar solicitudes de permutas y 7 entrevistas con quienes tuvieron que firmar solicitudes de autorización de servidumbres de tránsito. Es importante consignar que durante el transcurso de todas estas entrevistas, el equipo jurídico de CONADI destinó mucho tiempo para leer junto al entrevistado las escrituras correspondientes e informarles adecuadamente del significado de cada una de ellas. Este procedimiento nos permitió establecer, entre otros aspectos, que durante el período de conversación que los funcionarios de Endesa sostuvieron con los pehuenches firmantes, a las familias se les formularon cierto tipo de promesas en dinero y especie que los pehuenches dieron por aceptado y confirmado, en tanto que lo escrito realmente en las promesas de permuta, difería de lo conversado... Los propios pehuenches lo fueron expresando, de distinta manera, en las audiencias con el equipo jurídico de CONADI. Este antecedente nos llamó la atención pues, desde el punto de vista formal, en un documento público nada de lo conversado (y originalmente acordado por las partes) puede quedar sustraído o disminuido en lo literalmente escrito. El pehuenche, además, tradicionalmente le otorga a la palabra un valor de compromiso muy superior conforme a sus tradiciones. De tal modo que lo conversado con ellos, en términos orales, constituía para su modo de percibir las cosas, compromisos concretos, que después no vieron reflejados a cabalidad en los textos que firmaron o la redacción de los mismos les pareció ambigua o poco clara. De hecho, como ya habrá apreciado el lector, la casi totalidad de los pehuenches entrevistados para el caso de permutas, señalaron haber concordado una promesa en dinero sobre un monto de $ 1.800.000 pesos. En algunos casos esto era complementario a una oferta de $ 820.000 pesos

para compra de animales... Esta última cifra fue considerada por los entrevistados como insuficiente. Pero lo que además les sorprendió es que el $ 1.800.000 no apareciese en la promesa. Por cierto, Endesa tiene sus explicaciones para este caso, las que fueron abordadas en una conversación con sus abogados y que ellos lo señalaron como un monto que forma parte de un conjunto de servicios propios del plan de seguimiento... Materia que la Dirección informaría al Consejo. Un segundo aspecto que también llama la atención es que, del conjunto de la entrevista, se desprende claramente una percepción nítida respecto del grado de consentimiento, confirmándose la hipótesis -por parte de CONADI- de que nos encontrábamos ante una situación de consentimiento forzoso, sin más alternativa que salir del lugar actual de residencia. Unos lo aceptan porque son los otros los que se tienen que ir. Otros lo aceptan porque "así están las cosas". Otros, porque la obra ya está aprobada... En las audiencias, la absoluta mayoría señaló que nunca estuvo en sus planes salir del Alto Bío Bío. Las entrevistas ya transcritas en su plenitud son mucho más expresivas que el análisis de los datos que se desprenden de ellas. Los antecedentes de estas solicitudes de permutas, analizados hasta el 5 de agosto de 1998, pueden haber sido modificados luego del diagnóstico pertinente, a partir de septiembre de 1998, pero los elementos sustanciales, relativos a la constitución del consentimiento voluntario son parte de un asunto más permanente en el procedimiento general de estas solicitudes. En ese marco, se inscribe entonces el valioso Informe del Equipo Jurídico sobre el proceso de la Central Hidroeléctrica Ralco, que el Director Nacional de CONADI, con fecha 30 de julio de 1998, envió a todos los miembros del Consejo Nacional de la Corporación, incluyendo -por cierto- a los representantes del Gobierno y Mundo Indígena. El Informe final del Equipo Jurídico de CONADI El Informe del equipo jurídico fue suscrito por el Fiscal de la Corporación, Carlos Vargas Tapia, la abogada Jefa de la Unidad Jurídica de la Subdirección Nacional Sur, Sandra Jelvez Mella y el abogado de la Dirección Regional de Cañete, Egon Matus de la Parra. Carlos Vargas es un profesional de dilatada trayectoria en la defensa del mundo indígena. Se integró a CONADI como abogado encargado de las Conciliaciones, en donde desempeñó un notable rol en la solución de diversos tipos de conflicto. De personalidad afable y con gran capacidad de escuchar. Vargas Tapia se distinguió como un amigable componedor, ganando así el reconocimiento de diversas comunidades. Sobre el tema de la Conciliación Jurídica en el mundo indígena escribió un importante libro con experiencias y jurisprudencia legal que es único en su género. En la crisis ocasionada en abril de 1997, con la destitución del Director Mauricio Huenchulaf, asumió como Fiscal Subrogante, hasta cuando el nuevo Director lo confirmó como Fiscal titular de la Corporación, desempeñándose a entera satisfacción. El Fiscal Vargas presidió los trabajos en terreno del equipo jurídico a cargo de Ralco y llevó a cabo una importante labor de coordinación jurídica y de asistencia a las familias pehuenches del Alto Bío Bío. Sandra Jelvez se desempeñaba como abogada en servicios profesionales en distintas tareas en la Subdirección Nacional Sur de CONADI hasta mediados de 1997. A propuesta de la Subdirección asumió luego como Jefa de la Unidad Jurídica, destacándose por su particular rigurosidad en el tratamiento de la documentación legal concerniente al caso Ralco. Participó activamente en las audiencias de Santa Bárbara y, en distintas ocasiones, fue la encargada de explicar con paciencia y pedagogía a cada pehuenche el significado de los escritos legales y los alcances de las firmas correspondientes. Como profesional asesoró con extrema dedicación a la institución en el estudio jurídico de este tema. Egon Matus de la Parra es un abogado que proviene de Concepción. Al momento de postular como titular en el cargo vacante existente en Cañete, en la VIII Región, no tuvo ninguna duda en trasladarse físicamente, con familia y todo, a esta apartada localidad de su lugar de residencia original en Concepción. Sentía una especial vocación de servicio hacia el mundo indígena y pensaba que había que hacer dicho esfuerzo. Fue así como después de ganar el concurso respectivo, Egon Matus, efectivamente, se trasladó a Cañete. Asumió entonces dos tareas: la Unidad Jurídica de Cañete y el Fondo de Tierras de la VIII Región. No obstante, sin lugar a dudas, por ser el Alto Bío Bío, de jurisdicción de la VIII Región, le

correspondió asumir intensas tareas en dicha localidad, con continuos desplazamientos hacia el Alto Bío Bío, trabajos en terreno, diálogo con los Caciques y las familias... Fue la voz y la presencia institucional constante de la CONADI en la región afectada por la represa, ganando también la confianza de los indígenas pehuenches. Con estos tres destacados profesionales, laboraron otros expertos tales como Sergio Oliva, abogado externo y asesor del Fondo de Tierras; Alfredo Grandón, abogado del Programa de Defensa Jurídica, ambos profesionales con mucha experiencia y dedicación al tema indígena. Participaron también en los trabajos del Alto Bío Bío, en su calidad de expertos bilingües y conocedores de la realidad mapuche, Juan Ñanculef y Lucía Tralpe. A ellos se integró luego Sergio Ñanculef, quien partió a Ralco y se instaló en una sencilla casa del Obispado de Los Angeles, cedida a mego en favor de CONADI por un tiempo... Junto a los conductores de los vehículos institucionales que salvaron muchos accidentes geográficos en la escabrosa ruta cordillerana de Ralco Lepoy y Quepuca Ralco, el conjunto de este equipo de profesionales, merece un cálido reconocimiento y distinción por su enorme labor cumplida en favor del mundo pehuenche... El Informe Jurídico sobre Ralco, recogió la corta experiencia institucional habida entre mayo de 1997 y agosto de 1998 y en lo principal dio cuenta de un intenso reconocimiento de abusos con el mundo indígena. Sustancialmente analizó el contenido y efectos de las solicitudes de permuta y formuló sus recomendaciones al Consejo Nacional. El siguiente es el texto original del informe. "Desde el siglo pasado hasta el día de hoy, existe una constante en relación a la tenencia de las Tierras Indígenas. "La CONADI, si bien nace el año 1994 como Servicio Público, es la continuadora o sucesora de la Historia de Chile, en cuanto a las relaciones del Estado con los Pueblos Indígenas. "El Archivo de Asuntos Indígenas registra el acontecer histórico a ese respecto, y refleja la permanente contradicción que ha existido entre el desarrollo y la propiedad indígena. "La constante ha sido la pérdida permanente de las tierras indígenas a manos de particulares, todo ello avalado, las más de las veces, por la aplicación formal de las numerosas leyes indígenas, que ya desde 1813 tratan de regular el uso, goce y disposición de las tierras en poder de los indígenas. "Podemos decir que esta Corporación hereda la constante histórica del conflicto sobre tierras indígenas. Las reclamaciones que los hijos, nietos y comunidades efectúan hoy día por la pérdida de territorio indígena no hacen sino confirmar en el tiempo que las normas jurídicas tendientes a la protección de los indígenas adoleció de grandes errores. "La aplicación de la norma de protección debe ser hecha no sólo en un interés del presente, sino también en una visión de futuro sobre la preservación y la protección de las minorías étnicas en Chile, siendo este compromiso hoy día, una cuestión de Derecho Internacional. "Hoy, al tener que resolver frente a una nueva forma de afectación de tierras indígenas, al amparo de esta legislación, debemos necesariamente mirar hacia el pasado, para no repetir los errores de la historia y garantizar que la correcta decisión que se adopta no pueda implicar la repetición de la constante histórica antes indicada. "Asumir la responsabilidad de resolver la afectación de Tierras Indígenas debe hoy día implicar la plena convicción de que ello significa garantizar la continuidad como Etnia indígena, sus formas de vida, cultura y desarrollo; así como la protección de su territorio... No se puede, sin vulnerar los principios de la Ley Indígena, así como las normas de carácter internacional, resolver la afectación de tierras indígenas, sin garantizar sus derechos ejercidos libremente y con la debida información y asesoría para la ejecución del Proyecto Ralco. "Por último, cabe destacar que dada la especial naturaleza de las Tierras Indígenas, y las normas generales y específicas de protección señaladas en la Ley 19.253, cada vez que sea estrictamente necesaria la afectación de Tierras Indígenas, ello debe serlo en el mínimo porcentaje posible, lo cual no sucede en el presente caso, ya que la permuta afecta mayor cantidad de terreno que la necesaria. "ELEMENTOS CONSIDERADOS POR ESTA FISCALÍA. "Siendo la permuta un acto jurídico de Derecho Privado, debe analizarse especialmente el requisito de la voluntad, y éste aparece, en la mayoría de las entrevistas personales, contradictorio entre el contrato de promesa de permuta y lo expresado por el solicitante. Del análisis comparativo de lo declarado en ambos documentos, se puede concluir lo siguiente: I.- CONTENIDO DE LA PERMUTA

"a) La solicitud de permuta se enmarca en la realización del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, y no en la libre y espontánea voluntad por permutar la tierra. "b) Existe una expectativa económica al margen de la permuta propiamente tal y que aparece insatisfecha. Lo anterior implica que la permuta propiamente tal, en los términos expresados en la solicitud, no responde a lo que el propietario indígena estima que debe recibir a cambio. Queda claramente expresado en su declaración que la tierra que se recibiría a cambio, es sólo un componente más de lo que se exige como condición para abandonar el lugar. Esto se puede calificar, en términos globales, como la expectativa de recibir una "indemnización de perjuicios" más que encuadrarlo en un acto de promesa de permuta. "c) El contenido de la permuta es obviamente excesivo en cuanto a los requerimientos del Proyecto Ralco. Lo anterior tiene una sola explicación y es precisamente evitar el trámite previo de subdivisión de Tierra Indígena, con los consecuentes efectos que la Ley señala. El contrato anexo de promesa de restitución gratuita de parte de los terrenos no afectados por la represa, carece de importancia para esta decisión, y que en todo caso, de llegar a cumplirse, dichos retazos quedarían sujetos al estatuto jurídico del Derecho común y no de la Ley especial Indígena; es decir, pierden su calidad de Tierras Indígenas. "d) Por otra parte, el artículo 7° del Instructivo de Permutas, define lo que debe entenderse por valor comercial, señalando que debe considerarse las aptitudes y potencialidades del inmueble a permutar, teniendo en cuenta las características actuales y plusvalía futura. Del análisis de las tasaciones presentadas por Endesa, se puede concluir que el valor de los predios fue determinado tomando en consideración, única y exclusivamente el potencial silvoagropecuario y las mejoras existentes, obviando lo establecido expresamente en el señalado artículo. "e) Sin perjuicio de lo anterior es de toda lógica admitir que la valorización del predio indígena, más allá de la valorización de peritos, la ha de imponer el propietario indígena, con la debida información y conocimiento. Puede concluirse a este respecto que la valorización que ha hecho por parte del indígena, excede con creces la valorización objetiva del predio que se recibe. Asi queda de manifiesto en las entrevistas personales, en que casi todos ellos indican como condición de la permuta compromisos económicos adicionales a que habían llegado con Endesa y que no aparecen cumplidos a la fecha. II.- EFECTOS DE LA PERMUTA. "1.- Estas permutas implican la relocalización de un gran número de familias indígenas, y ello es producto de los efectos del proyecto Ralco que altera sustancialmente condiciones de vida, cultura y medio ambiente para las personas y comunidades del sector. "2.- Otro elemento que no puede dejar de analizarse es aquel que implica la necesidad de considerar si el predio que se recibe en permuta podrá reproducir en cierta forma dichas condiciones de vida, toda vez que la permuta en cuestión es de aquellas que afectan la forma de vida y no enmarcadas en el mero interés del contrato de permutas. "3.- Podemos concluir a este respecto que las permutas, en general, adolecen de la insuficiencia material, por cuanto generando el desarraigo de la comunidad, no garantizan la equivalencia que requiera la permuta de Tierra Indígena capaz de compensar el valor agregado cultural, que tiene la Tierra Indígena de conformidad al Artículo 1º de la Ley 19.253 y del Artículo 4º del Instructivo sobre proceso de autorización de solicitudes de permuta de Tierras Indígenas, contemplado en la Resolución Exenta Nº 582 de fecha 30 de diciembre de 1997, aprobado por el Consejo Nacional de la CONADI. "Para el presente Informe se tiene en consideración las carpetas ingresadas a esta Corporación, las reiteradas visitas a terreno, así como las entrevistas personales, en un total de 64, todo ello avalado con registros fílmicos, grabaciones, fotografías, etc., y es el resultado del trabajo conjunto del Fiscal de la Corporación, don Carlos Vargas Tapia; de la señorita abogado. Jefe de la Unidad Jurídica de la Subdirección Nacional Sur, dona Sandra Jéivez Mella y del señor abogado de la Dirección Regional de Cañete, don Egon Matus de la Parra. "Firmado en la Dirección Nacional de Temuco, el 30 de julio de 1998". Es importante hacer referencia al tipo de contrato de cesión y transferencia de bien raíz, adscritos conjuntamente con los contratos de promesas de permutas. El equipo jurídico sostenía la siguiente tesis institucional: el contrato en cuestión es de aquellos innominados, que son los que no tienen un nombre ni una reglamentación legal, porque han quedado fuera de la previsión del legislador.

Estos contratos son perfectamente válidos y eficaces, en virtud del Artículo 1545 del Código Civil, que establece la regla general de que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes contratantes y sus efectos son los que las partes señalen. Esto, por aplicación del principio general del Derecho Civil de la "Autonomía de la voluntad", que implica que las partes pueden celebrar todo tipo de convenciones, siempre y cuando su objeto no sea contrario a la Ley, a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Se desprende de un primer análisis que este tipo de contrato sería válido legalmente. El Informe Jurídico sobre Contrato de Cesión y Transferencia indica a continuación lo siguiente: "Sin embargo, este contrato se ha celebrado con el único y exclusivo propósito de vulnerar el Artículo 17 de la Ley 19.253. En efecto, la disposición señala que "las tierras resultantes de la división de las Reservas y liquidación de las Comunidades, de conformidad al D.L. No 2568 de 1979, y aquellas subdivisiones de comunidades de hecho que se practiquen de acuerdo a la presente ley, serán indivisibles aun en el caso de sucesión por causa de muerte. No obstante ello, en el inciso tercero del mismo artículo, el legislador expresa textualmente "que existiendo motivos calificados, y siempre que de ello no resulten lotes inferiores a tres hectáreas, el Juez -previo informe favorable de la Corporación- podrá autorizar la subdivisión por resolución fundada". "La intención manifiesta de la Endesa, si se analizan los contratos presentados, es permutar sólo la parte del terreno que será afectada por las obras de la Central Ralco, y así se lo han manifestado a los solicitantes, pero, con el fin de eludir el trámite previo de la subdivisión de terreno indígena, bajo el procedimiento establecido en el artículo mencionado, ha elaborado esta figura de "Cesión y Transferencia de Bien Raíz". "Cabe señalar que en nuestro concepto estos contratos innominados no garantizan en forma plena a los solicitantes que se les devolverá el retazo de terreno mencionado, por las siguientes causas: "a) en virtud de él sólo nacen derechos personales para los indígenas, lo que implica que no crea derechos reales sobre el respectivo retazo, sino que sólo genera la obligación de que la Endesa realice tal transferencia, en un plazo de 60 días contados desde la inscripción del contrato de permuta que en definitiva se realice. Lo que implica que Endesa se hace dueña absoluta de la totalidad de la hijuela que se permuta, con las facultades propias que genera el Derecho de dominio, esto es: uso, goce y disposición. "b) Puede incumplir el contrato, y en tal caso caso los indígenas sólo tendrán derecho a pedir ante los Tribunales de Justicia el cumplimiento o resolución del respectivo contrato con indemnización de perjuicios. Endesa, en consecuencia, perfectamente podría optar por no cumplirlo y pagar la correspondiente indemnización en dinero a los indígenas, en el caso hipotético de que dentro de los 60 días del plazo para la celebración del contrato prometido, venda los referidos retazos a terceros, y como es sabido, tal indemnización sería bajísima, si se atiende al valor comercial de los terrenos en cuestión, sin mirar los perjuicios morales que eventualmente se producirían. "Hacemos presente, que en la generalidad de las promesas de celebrar un contrato determinado, se establece, para garantizar el cumplimiento de los mismos, sendas multas o cláusulas penales para el caso de incumplimiento, que vendría a ser la sanción para contratante incumplido. "De esta manera, concluimos que sólo si Endesa se somete al procedimiento de subdivisión establecido en el Artículo 17 de la Ley 19.253, y permuta sólo la parte de la hijuela necesaria para la realización de sus obras, se garantiza, protege y ampara la voluntad de los indígenas de que sólo se verán privados de una parte de sus terrenos y no del total". Este Informe Jurídico data de septiembre de 1997 cuando ingresaron las primeras solicitudes de permutas. Nació como resultado del análisis de las carpetas correspondientes a las familias de José Comilao Quipaiñán, José Córdova Calpán y Juan Manuel Huenchucán. La modalidad empleada con ellos se mantendría con la mayoría de los pehuenches que tuvieron que firmar la promesa de permuta. Esta situación le fue representada formalmente a los abogados de Endesa a comienzos de 1998, luego de la reunión privada realizada en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Es decir, se les expuso con extrema claridad que para la Corporación no eran aceptables los contratos de Cesión y Transferencia del retazo de tierra que no se inunda, porque se requería de cada uno de los casos, la respectiva sentencia judicial de subdivisión previa de la hijuela a permutar. La advertencia de nuestros abogados no fue acogida por Endesa. El instructivo de autorización de solicitudes de permutas

En diciembre de 1997, el Consejo Nacional de la Corporación, en el marco de un Plan de Reordenamiento Institucional, aprobó la reforma del primer Instructivo de Autorizaciones para solicitudes de Permutas de Tierras Indígenas. Esto significó un paso relevante en el tratamiento de este tema que estaba reglamentado en forma genérica, afectándose por igual a casos menores de solicitudes de permutas que interesan a una familia indígena y casos que comprenden grandes reasentamientos humanos. El Instructivo original se dictó en los inicios de la Corporación, luego que se instalase formalmente a partir de abril de 1994 y su propósito era regular estas autorizaciones. El inconveniente que representaba su aplicación era que para los casos en donde estaban analizados los distintos componentes favorables o desfavorables de una determinada permuta, las condiciones o requisitos de la aprobación eran semejantes para casos menores o casos grandes, imponiéndose siempre las condiciones o requisitos de estos últimos por sobre los casos más sencillos. Fue así como en 1997 se contaba con varias solicitudes de permutas que requerían alguna forma de autorización administrativa, pero dicha autorización se fue retrasando precisamente porque las condiciones o requisitos las hacían muy difíciles de aprobar. Para el caso de situaciones sencillas, en donde era evidente que la familia indígena obtenía beneficios relevantes con la permuta solicitada, esto constituía una clara desventaja. La Dirección de CONADI inició entonces un intenso proceso de evaluación de este tema reglamentario que iba a tener importante incidencia en la resolución del tema Ralco. Entre los días 7 y 8 de agosto se reunieron en Temuco la totalidad de los abogados de la Corporación, provenientes del norte y sur del país. El martes 12 de agosto, las conclusiones de este Seminario en Temuco, fueron nuevamente abordadas y analizadas en otra reunión, en la Subdirección Nacional Sur. Finalmente, el 18 de agosto, se realizó un nuevo análisis con profesionales de CONADI y de mideplan en Santiago. El 21 de agosto de 1997, el equipo jurídico de la Corporación concluyó la redacción del borrador oficial que sería sometido al conocimiento de todos los miembros del Consejo Nacional. En dicho borrador y como resultado de este intenso proceso evaluativo, se llegó a la conclusión de que se requería establecer, a lo menos cuatro categorías de permutas de tierras: 1.- Las permutas de tierras indígenas que no se encuentran insertas en una comunidad indígena y en que prima el interés individual del interesado. Prima en este caso el interés personal del indígena solicitante. 2.- Permutas de tierras indígenas individuales, que se encuentran insertas en una comunidad indígena. Se establece aquí el interés de la comunidad. 3.- Permutas como resultado de acuerdo de solución de un conflicto jurídico. Prima en este caso el interés social. 4.-Permutas de Tierras Indígenas que afectan a toda o parte de Comunidades Indígenas, por el traslado o desarraigo de su entorno ecológico y cultural. En este caso, prima el interés nacional, tratándose de la pertenencia de tierras indígenas protegidas por la Ley Indígena. El cuarto criterio es aplicable al Caso Ralco. El Consejo Nacional inició entonces una profunda evaluación del Instructivo original y se invirtieron aproximadamente cuatro meses de 1997 en evaluar, diagnosticar y constituir un nuevo reglamento. Durante el transcurso del debate institucional, en el cual participaron los Directivos y los Consejeros Nacionales, se fue abriendo paso la tesis de que era necesario clasificar tales solicitudes en estos cuatro tipos de situaciones, de tal modo que aquellas que no representaran mayores dificultes y no fuesen contrarias al interés de una familia indígena, pudiesen tener un rápido despacho, a diferencia de los casos en que, junto al interés de una familia indígena en particular, estuviesen involucrados los intereses de una comunidad más amplia, o como en el caso Ralco, se tratase de un masivo reasentamiento humano con efectos muy relevantes en la constitución cultural de una etnia. El Consejo se organizó en comisiones internas de trabajo; se elaboraron documentos de análisis y se realizaron varios debates. Lo importante es que cada frase del nuevo Instructivo, cada línea de contenidos fue discutida colectivamente en el Consejo y aprobado paso a paso, porque todos entendíamos que estábamos reformando un instrumento crucial para interpretar y reglamentar la aplicación de la Ley Indígena, y particularmente del Artículo 13 que trata sobre permutas de tierras. Concluido el proceso institucional de evaluación y discusión de los borradores, el Consejo Nacional, reunido entonces en el Ministerio de Planificación, mideplan, en Santiago, en diciembre

de 1997 aprobó el nuevo Instructivo de Permutas, el que fue promulgado mediante la Resolución No 582 del 30 de diciembre de 1997, entrando inmediatamente en vigencia. Es importante destacar varios artículos de este Instructivo, que condicionan de manera determinante el estudio caso a caso de cada solicitud de permutas en el caso Ralco. Citaremos los artículos relevantes: "Artículo 5.- Es requisito general para autorizar la permuta de Tierra Indígena, que el propietario sea persona natural indígena, dado que en virtud del inciso cuarto del Artículo 13 de la Ley No 19.253, la permuta se encuentra prohibida para las comunidades y solamente se autoriza respecto de operaciones entre personas naturales. "Artículo 6.- Otro requisito general para autorizar la permuta de Tierra Indígena lo constituye la solicitud escrita del propietario indígena. Este requisito es imprescindible, toda vez que sin él, no puede nacer acto jurídico alguno, ya que faltaría un requisito esencial, que es el consentimiento. "En virtud de lo establecido en el Artículo 14° de la Ley 19.253, todos los propietarios indígenas que soliciten la permuta y se encuentren casados bajo el régimen de sociedad conyugal, deberán acompañar a la solicitud de permuta la autorización escrita del cónyuge. Igual requisito deberán cumplir todas aquellas parejas que hayan constituido familia sin mediar matrimonio civil, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 4° de este cuerpo legal. "Artículo 7.- Un tercer requisito general lo constituye la debida acreditación del similar valor comercial de las tierras a permutar. Por valor comercial debe entenderse aquel valor de mercado sujeto a oferta y demanda del momento en que se presenta la solicitud de permuta. Dentro de este concepto debe considerarse las aptitudes y potenciales del inmueble a permutar, es decir, las características actuales más la plusvalía futura, de acuerdo a la influencia de factores externos predecibles. "Para aquellos casos en que se presente una solicitud de permuta por la totalidad de un predio afecto a la Ley 19.253, más un contrato de promesa de devolución de una parte de la propiedad permutada, la indemnización compensatoria de las tierras previstas en el artículo 13 de dicho cuerpo legal, deberá considerar la totalidad del predio permutado, de propiedad del indígena, atendida la calidad aleatoria de la promesa de devolución (...). "Artículo 9.- Será requisito obligatorio para los casos previstos en el artículo 4° del presente Instructivo ["Solicitud de permutas de tierras indígenas por personas naturales que afecten todo o parte de las comunidades indígenas del sector, por traslado o desarraigo de su territorio o de su entorno ecológico, histórico y cultural..."], la consideración de la significación cultural de las tierras a ser permutadas; es decir, la CONADI, al momento de analizar la solicitud de la permuta, deberá tener en cuenta el valor cultural de la tierra c¡ue dejaría de ser indígena, considerando la importancia que ella tiene para la cosmovisión indígena. "Artículo 10.- Será requisito obligatorio para los casos previstos en el Artículo 4 del presente Instructivo, que la CONADI en el proceso de análisis de la solicitud de permuta, considere la opinión de las organizaciones indígenas involucradas, dando cumplimiento de esta forma con lo establecido por el artículo 34 de la Ley 19.253". El Instructivo consta de 19 Artículos. Los ya descritos guardan estrecha relación con el caso Ralco. Al momento de fijarse como fecha de resolución de las solicitudes de permutas los días 6 y 7 de agosto de 1998, este Instructivo sería aplicado en toda su extensión. El Instructivo, las entrevistas a los pehuenches, los análisis jurídicos, las visitas a terreno y el seguimiento preciso y riguroso de lo obrado por Endesa, constituían el cuadro definitivo de las decisiones que se iban a adoptar y que, hasta el 29 de julio de 1998, involucraba a 11 de 17 Consejeros Nacionales en una clara decisión de no aceptar las permutas de Ralco. Ciertamente, la situación fue modificada. Con posterioridad a los acontecimientos de agosto de 1998, Endesa perfeccionó las solicitudes de permutas; incorporó documentación adicional y diversas garantías para facilitar una pronta aprobación de tales permutas... Incluso, acogiendo recomendaciones de mideplan, incorporó por primera vez a un conjunto de familias que no están afectadas por el proyecto, asumiendo de esta manera una argumentación institucional expresada a lo largo de 1997 y 1998, en el sentido de que cualquier forma de compensación por el impacto de la represa Ralco en el Alto Bío Bío debe comprender, en el peor de los casos, (está dicho ex profeso), a la totalidad de los habitantes indígenas de la cultura Pehuenche radicada en el Alto Bío Bío. Por otra parte, mejoraron también diversos detalles de las promesas de permutas.

Aún así, la discusión de fondo respecto de los impactos irreversibles sobre la cultura pehuenche está pendiente. ¿Cómo compensa el país la pérdida de una de sus culturas originarias? ¿Cuánto vale, financieramente, en definitiva, esta forma de desarraigo que desestructura para siempre a la única cultura pehuenche existente en nuestra Nación? Ni siquiera le corresponde a Endesa responder como particular esta pregunta. La respuesta es todo el país porque, en lo sustancial, sigue gravitante lo señalado por el Informe Downing respecto de la represa Pangue: los indígenas están subsidiando el desarrollo hidroeléctrico de todos los chilenos. Pero los indígenas han subsidiado, en definitiva, todos los progresos de los chilenos a lo largo de estos casi dos siglos de vida política y social del Estado chileno. La pregunta latente es: ¿Y cuándo los indígenas serán verdaderamente beneficiados por un desarrollo c¡ue respete su identidad y su cultura? ¿Sería el caso Ralco hoy, lo mismo si en vez de Quipaiñán, Calpán, Cumilao, Quintremán o Maripi, viviesen en Quepuca Ralco o Ralco Lepoy Errázuriz, Irarrázaval, Gorigoitía, Zañartu, por decir algo, respecto de nombres respetables y seguramente extremadamente honorables?... ¿Firmarían con su solo pulgar derecho promesas de permutas, en donde no entendieran razonablemente de qué se trata lo que están firmando?... ¿Aceptarían estos dignos caballeros, compensaciones en vaquillas, caballos ensillados, dos yuntas de bueyes, una casa, fogón y corrales, tierras,... así simplemente, a sabiendas que con motivo de este gigantesto megaproyecto, son poseedores de una verdadera mina de oro en esas tierras necesarias para construir Ralco?...El lector sabe la respuesta. El drama en Ralco, es que Alamán, Huenchecal, Levi, Lipimán, Chiguay y Curriao, entre otros, son... simplemente indígenas. Fuentes Bibliografías: Ley Indígena 19.253. Actas Notariales de las audiencias realizadas por los abogados de la CONADI,en la Notaría de Santa Bárbara, en Los Angeles, entre el 13 de noviembre de 1997 y el 29 de mayo de 1998. Informe Jurídico de la Fiscalía de CONADI, con motivo de la sesión del Consejo Nacional de CONADI, programada para el 6 y 7 de agosto de 1998, en relación a las solicitudes de permutas. Instructivo Nº 582, del 30 de diciembre de 1997, que regula el procedimiento institucional de aprobación o rechazo de permutas de tierras.

Los Hombres del Pehuén "Los araucanos se volvieron raíz ! les fueron quitando hojas hasta que sólo fueron esqueleto de raza, o árbol ya destituido, y no fue tanto el sufrimiento antiguo puesto que ellos pelearon como vertiginosos, como piedras, como sacos, como ángeles, sino que ahora ellos los honorarios, sintieron que el terreno les faltaba, la tierra se les iba de los pies: Va había reinado en arauco la sangre: llegó el reino del robo: y los ladrones éramos nosotros" Pablo Neruda 1.- Los ancestros Antes del descubrimiento y conquista de América, el territorio central de Chile estaba habitado por los promaucaes, junto a curias y caliqueños. Hacia Concepción los puelches y trulos. Más al sur los pehuenches recolectores del pehuén o piñón. En la Patagonia los tehuelches. En los canales del extremo sur los chonos y ya en la Patagonia misma los onas, yaganes y alacalufes. Así se refiere a esta parte humana de nuestras culturas Antonio Márquez en su opúsculo titulado Los Mapuches, Héroes Olvidados. Malú Sierra, en su libro Mapuche, Gente de la Tierra, identifica a los pehuenches como "gente de frontera, montañeses de los Andes australes, que acostumbran a ir y venir de Argentina a Chile por razones de comercio, parentesco o amistad". Diversos historiadores señalan que los pehuenches eran temidos por los demás indígenas. "Antes que viniesen los españoles solían bajar 150 de ellos y los robaban y se volvían a sus tierras libres", contaba Jerónimo de Vivar. "No sirven éstos a los españoles por estar en tierra tan agria, fría e inhabitable". La población pehuenche estaba constituida por unas diez mil personas a lo menos durante la conquista de los españoles. Se les conoció, primero, como semi-nómades que vivían principalmente de la caza. Tiempo después se convirtieron en ganaderos. Por lo general, en las zonas cordilleranas buscaban vivir donde hubiese menos nieve. El origen étnico de los pehuenches ha sido materia de diversos estudios. Para algunos estudiosos los pehuenches no siempre fueron mapuches propiamente tal. Se les suponía relacionados con la etnia tehuelche argentina. Su condición trashumante los hacía menos estables, territorialmente, de tal modo que donde fuese que se encontrasen, se asentaban por un breve tiempo para continuar luego con su ruta. La compleja geografía pre-cordillerana, salvaje y virgen, implicó que para los españoles conquistadores las tierras pehuenches fueran un misterio y constituyeran zonas de muy difícil acceso. No se tenía conocimiento, además, de que tales dominios implicasen riquezas que ameritasen una ofensiva militar. El Coronel Luis de La Cruz, en 1827, escribe sobre los pehuenches: "Estos indios se tratan entre sí con particular benevolencia y ésta proviene de la misma insubordinación que tienen, porque como no dejan de conocer que unos con otros se necesitan, que por medio de sus amistades, de su caridad y de sus servicios adquieren partido, quieren tenerse seguros, unos con otros, además de los sentimientos de hermandad y humanidad que ellos conservan". Probablemente la expedición más exitosa viene de mano de los misioneros que acompañan a los españoles. Con enorme sacrificio logran internarse en las localidades cordilleranas e inician una lenta y agobiante "evangelización" teniendo como símbolo a la Virgen María. Continúa Malú Sierra con su interesante relato: "En tiempos de Ambrosio 0'Higgins la paz se fue extendiendo por los aguerridos valles mapuches. Surgieron las primeras experiencias de comercio de trigo y vino. Esto dura hasta cuando se inicia la lucha por la independencia. Historias de los

Hermanos Pincheira, bandoleros feroces de esta época, se mezclan con las luchas brindadas por los Pehuenches y asolan las localidades comprendidas entre Chillan y Mendoza. La Pacificación de la Araucanía encuentra a los Pehuenches diezmados por la batallas, el alcohol y la miseria. Los antiguos guerreros pasan a la historia" (Donde Todo es Altar. Mapuche, Gente de la Tierra. Malú Sierra, Editorial Persona, 1992). 2.- Conociendo el Alto Bío Bío Cuando uno se adentra por Santa Bárbara hacia Quepuca Ralco y Ralco Lepoy bordeando el agitado río Bío Bío entra, sin duda a otro mundo. Verdes montañas, cerros soberanos, bosques de indescriptible belleza... Por las accidentadas huellas pre-cordilleranas y cordilleranas propiamente tal se adentra uno hacia un mundo natural sin parangón. Si nieva intensamente, la blancura intensa de cada tramo hiere los ojos. El historiador Sergio Villalobos escribió al respecto que "el clima ofrece diferencias notorias entre las diversas estaciones y también en el transcurso del día. La influencia de las barreras montañosas y el encierro de algunas cuencas, provocan contrastes en unas áreas a otras. En el verano, el sector occidental, influido por las masas de aire frío del Pacífico, presenta una temperatura diurna templada y desciende enferma pronunciada en la noche, llegando a algunos grados bajo cero al amanecer en los lugares interiores de altura cercana o superior a los 1.000 metros. Durante el otoño y el invierno el frío extrema su rigor, frenando la actividad de todos los seres vivientes. Las precipitaciones aumentan de norte a sur y se concentran del otoño a la primavera, sin que dejen de hacerse presente en el verano. Conforme se avanza en altura y latitud las nevazones son más espesas, cubriendo incluso el fondo estrecho de los valles y cerrando por completo los portezuelos. El calor del estío no logra fundir el manto blanco de las más altas cumbres" (Los Pehuenches en la Vida Fronteriza, Sergio Villalobos, ediciones Universidad Católica, p.l9, cap. 1 "El país de los Pehuenches"). El 31 de julio de 1997 realizamos una primera misión técnica al Alto Bío Bío con el objeto de conocer las localidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, compuesta por comunidades afectadas por el proyecto Ralco. El ascenso se inició a las ocho de una muy lluviosa mañana de invierno. En vehículos de doble tracción, pertenecientes a conadi, el equipo de la Corporación, en el marco de la política de la nueva Dirección institucional, se aprestaba a conocer en terreno a las familias pehuenches involucradas en el proyecto Ralco y se quería conocer también la zona en donde se había proyectado la construcción de la represa. El viaje hasta Quepuca Ralco duró cerca de cinco horas en ascenso. La ruta era escabrosa, llena de barro y piedras sueltas. En diversos sectores el ancho de la huella era un poco más que el ancho de los vehículos y había tramos en que podíamos mirar a través de las ventanas del vehículo impresionantes cortes a pique, de entre cíen a ciento cincuenta metros de altura hasta el caudaloso río mismo. En otros kilómetros nos rodeaban inmensas paredes de bosque nativo, con árboles centenarios de altura majestuosa. "Asociaciones de robles de hoja caduca, coihues, cipreses cordilleranos y canelos, los que se encuentran hasta los 1000 metros de altura en terrenos con buen drenaje" (id. obra cita. Los Pehuenches en la Vida Fronteriza). De pronto, luego de avanzar a través del bosque nativo, se nos ofrecían llanos despejados para alcanzar de nuevo orillas de cerros cortados a pique sobre el legendario y bramoso río Bío Bío. El frío de la jornada lo combatíamos con termos de café caliente y algún reparador sandwich o fruta fresca aportada por los pehuenches que nos acompañaban en la comitiva. "Uno de los grandes caprichos de la zona -escribe Villalobos- es el régimen de los vientos. Predomina el del suroeste, en ocasiones extremadamente frío y violento, especialmente en las tierras altas, llegando a perturbar las actividades y las andanzas de los hombres. En breves minutos puede cesar y el calor se hace agobiante en los parajes más encerrados. Desde el noroeste soplan en el invierno los vientos ciclónicos portadores de los frentes nubosos y las precipitaciones. En cambio, a veces se produce una inversión cólica y desde las pampas patagónicas y la cordillera corre con enorme fuerza el puelche o tierral, que causa muchos perjuicios por su fuerza y trae temperaturas más elevadas" (id. obra citada Los Pehuenches en la Vida Fronteriza). La accidentada geografía de esta zona del Alto Bío Bío constituye un atractivo sin igual para todo visitante. No es fácil comprender las razones por las cuales alguna forma de comunidad humana

se asentó en las condiciones de vida de estas localidades, pero lo cierto es que se adaptaron de manera significativa. En la primera fase del trayecto nos encontramos con la represa de Pangue. Es una construcción que contiene un amplio lago artificial. Fue inaugurada oficialmente en marzo de 1997. La presencia de esta obra es sin duda extraña a la naturaleza del entorno. Emerge como un componente artificial y a su alrededor se observan importantes obras viales que, por cierto han implicado mejoramientos relevantes en la ruta que lleva hacia las localidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy. Cerca de esta represa radican familias pehuenches que mantienen un antiguo litigio por la posesión de las tierras del Avellano, cuya propiedad-cuestionada por los Pehuenches locales- es de un hacendado del lugar Enrique Richard. Habitan ahí pehuenches y algunos colonos. El litigio es complejo y engorroso. Mientras tanto, el propietario parceló y vendió parte de las tierras a la orilla del río Bío Bío y habría arrendado a Endesa una importante cantidad de hectáreas para el tendido de líneas eléctricas y para la instalación de faenas, todo lo cual estrechó el área territorial de los pehuenches. Conversamos en varias ocasiones que visitamos el Alto Bío Bío con las familias afectadas por el litigio. Literalmente sienten como si estuvieran en propiedad ajena. En algunas ocasiones se ha cernido sobre ellos el fantasma del desalojo, pero ellos estiman que esas son sus tierras y que antiguamente fueron despojados injustamente de ellas, con argucias legales. Al respecto, en los casos de enajenaciones de territorio pehuenche, los historiadores Martín Correa y Raúl Molina dirán que "en 1852 la zona del Bío Bío había sido incorporada a la Provincia de Arauco. Diez años después la frontera se corre al Malleco y entonces comienza el rápido acaparamiento de tierras y la formación de los fundos agrícolas por parte de los pro-hombres del poder local, que progresan en sus acumulaciones por diversos métodos de apropiación ".(Territorio y comunidades Pehuenches del Alto Bío Bío, Edición Conadi). Río arriba, visitamos uno de los sencillos cementerios ancestrales inserto en medio de una amplia extensión de nieve. Acompañados por el Cacique Antolín Curriao y miembros de varias familias de las comunidades de Quepuca Ralco, nos narraron diversos aspectos relacionados con la religiosidad pehuenche y la presencia de sus ancestros en dicho cementerio local. En el mapu, la tierra, coexisten la luz y la oscuridad; la materia y el espíritu. Los que fallecen son viajeros que van el encuentro de la luz al Wenumapu (lugar tradicional para el descanso del difunto). Su espíritu o Pellu, generalmente vinculado al tránsito entre la muerte física y el entierro es acompañado por el Cnao Ngenechén, el Padre Dios. Como deben viajar una larga distancia, antiguamente se ponía junto al deudo sus principales pertenencias para que pudiera hacer uso de ellas en el trayecto y así se les enterraba. Cuando los familiares están convencidos de que el espíritu de su pariente comenzó el viaje esperado, se habla entonces de alwe (o espíritu vagabundo). Cuando el proceso ha concluido a entera satisfacción de las esperanzas y recuerdos de la familia el espíritu viajero del difunto pasa a formar parte del pu am o pu laku de la comunidad (kuifiche). En el cementerio de Quepuca Ralco, junto a modestas cruces y el típico encajonamiento de listones de madera asemejando un rectángulo como espacio delimitante observamos algunas sencillas pertenencias culinarias y algún objeto de cuero ya viejo y roído por el tiempo junto a leyendas cortas a modo de saludo. Sobre el particular escribe Louis Faron en su libro Moral y Ritual Mapuche (editorial Nuevo Extremo1997): "Entre los mapuches hay una creencia universal y es que los espíritus vuelven a la tierra y se hacen presentes durante los sueños. Estos son llamados "espíritus de sueño" (peumo), e indican otros cambios sufridos por la esencia de los espíritus de difuntos. Hay veces en que su presencia es considerada como portadora del mal señal de muerte, de enfermedad, de desgraciaespecialmente, sí un espíritu viene en busca de una persona específica, como fue revelado en el sueño. Pero, si la persona buscada no tiene alguna razón especial para estar alarmada, la venida de un ancestro podría considerarse como un buen augurio, dependiendo siempre de las circunstancias del sueño y de los acontecimientos de la vida diaria actual, que ha experimentado la persona. El sueño es adaptado generalmente, para que calce con la ambición mundana o alguna forma de miedo del que sueña. Los espíritus ayudan a sus parientes a localizar objetos tales como animales perdidos, ítems de valor robados o mal guardados, demases. Este tipo de revelaciones

son siempre consideradas como una buena señal. Sin embargo, por el hecho de haber vuelto a la tierra, el peligro de sucumbir a las fuerzas del mal está siempre presente". En la escuelita de Chequenco nos esperaban decenas de familias Pehuenches de Ralco Lepoy y Quepuca Ralco. Varios habían iniciado el trayecto a pie desde temprano para concurrir a la reunión con la comitiva de conadi. Esto siempre constituye un gran esfuerzo para hombres y mujeres puesto que deben dejar sus hogares su siembra y el cuidado de sus animalitos para asistir a una reunión la que además por falta de sedes comunitarias se hace en gran parte a la intemperie pero el encuentro con la comitiva de la conadi era importante para ellos pues requerían información y también necesitaban exponer sus dudas. Las comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy ribereñas con el Bío Bío y las principalmente afectadas por el Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Ralco provienen de una sola comunidad original Ralco. La población de estas comunidades alcanza a unas 215 familias que suman alrededor de 1.200 personas. También habitan en la localidad unas 12 familias de colonos. Ralco es un territorio indígena que ha experimentado diversos procesos de dominio pehuenche originalmente. Luego sufrió intensas ofensivas militares como resultado de la "Campaña del Desierto" llevada a cabo por los militares argentinos y la "Excursión Militar a la Cordillera Araucana" por la Guardia Nacional chilena. Más tarde vino la apropiación de tierras por parte de chilenos y la venta de hijuelas. Ahora es una zona afectada por mega proyectos empresariales. Es interesante considerar una breve reseña histórica de las comunidades indígenas pehuenches que componen hoy el Alto Bío Bío y conocer una parte de su rica historia especialmente, la que está relacionada con los acontecimientos que implicaron (e implican) una pérdida relevante de su patrimonio territorial y cultural. Para tales efectos, haremos un recorrido por las siete comunidades que componen la población pehuenche del Alto Bío Bío. El lector podrá apreciar, de manera sustantiva, a través de los antecedentes que se exponen a continuación, que lo que hoy sucede en esta zona, con el proyecto Ralco, guarda una estrecha continuidad con una historia ya conocida. Previamente, quisiera destacar que en este recorrido nos basaremos en un excelente trabajo realizado por los investigadores Raúl Molina y Martín Correa, profesionales que por encargo de conadi, y con la contribución de la Agencia de Cooperación española, realizaron una extensa investigación sobre el territorio y las comunidades pehuenches. Trabajaron en terreno, se adentraron en antiguos documentos históricos, pesquisaron cuanto detalle legal era necesario y concluyeron su labor con un excelente libro titulado "Territorio y Comunidades Pehuenches del Alto Bío Bío". En este momento, esta obra -de circulación modesta- es, probablemente, la obra más exhaustiva escrita contemporáneamente sobre los Pehuenches. Es gracias a este trabajo que podemos conocer una parte muy relevante de la historia de las siete comunidades pehuenches. Hemos dejado al final de este recorrido las comunidades afectadas por el Proyecto Ralco, pero el lector podrá apreciar, en cada situación que se describe, el intenso proceso histórico de apropiación de la tierra indígena y los consecuentes efectos sobre esta rica etnia nacional. Las Comunidades Pehuenches del Alto Bío Bío l.-El Alto Bío Bío: Callaqui Siete comunidades de indígenas pehuenches componen la rica zona del Alto Bío Bío. Una de ellas es la Comunidad de Callaqui, situada a 45 kms de Santa Bárbara. Habitan 80 familias con una población de aproximadamente 500 personas. Callaqui fue una especie de pasadizo hacia la cordillera, por donde transitó principalmente mercadería, siendo zona de encuentro entre indígenas y chilenos. En el período de la República, Callaqui era identificada como zona de frontera de los pehuenches. A fines del siglo XIX, entre 1878 y 1900 los indígenas de Callaqui comenzaron a sufrir los efectos de intensos procesos de apropiación de sus tierras de veranadas en Pangue y Colluco. Prácticamente hacia 1880 gran parte de los terrenos ancestrales ya estaban en manos de la familia de José Miguel Brito. Es interesante destacar cómo se realizaron estos procesos de apropiación de tierras indígenas. Comprobará el lector que los métodos empleados a fines del siglo pasado, y que se mantuvieron a lo largo del presente siglo, aún no han sido del todo superados. En ese sentido la rica investigación histórica realizada por Martín Correa y Raúl Molina deja una enseñanza digna de ser considerada. El primer antecedente de compraventa de tierras en la comunidad de Callaqui data de 1878. Los datos precisos se encuentran en la Notaría de Los Angeles. El hacendado José Miguel Brito figura

como el comprador de una amplia extensión de tierras de Queuco en una suma indicada en mil quinientos pesos de la época. La compra de los terrenos se hizo a las familias de los indígenas Manquein, Manquepi y Manquemilla. En 1880 Brito constituyó una sociedad con otro hacendado Pedro Arias y su meta fue obtener el resto de las tierras indígenas lo que se hizo efectivo a fines de ese año en la misma Notaría de Los Angeles en compraventa efectuada a los indígenas Manuel Raiman Inaimán, Puñaleo, Manquein Manuel Rapi Quintremán María Paine y Purrán Rapi "quienes fueron juramentados al efecto y otorgan todos a los comparecientes que por la cantidad de dos mil pesos de que se confiesan recibidos a su entera satisfacción, venden perpetuamente a don Pedro Arias y a don José Miguel Brito, el terreno comprendido dentro de los siguientes deslindes: norte, propiedad de Juan Núñes Fernández, según sus escrituras, separados por una línea que partiendo de la desembocadura del río Queuco en el Bío Bío; sigue Queuco arriba hasta el punto donde se junta a este río el estero Guaicfuimaleo que sale de la cordillera Queben, pasa dicha línea por la laguna Larauén y sigue por el filo de la Cordillera hasta el Río Pangue; al oriente, este río Pangue; y por el sur y poniente, el río Bío Bío". (Citado por Raúl Molina y Martín Correa en Territorio y Comunidades Pehuenches del Alto Bío Bío, edición conadi junio 1996, "Las escrituras de ventas". Capítulo 4 "Enajenación de las Tierras Pehuenches de Callaqui" p.38 y sgtes). El 5 de noviembre de 1880 en la Notaría de Los Angeles se suscribió otro acuerdo de compraventa. "Los indígenas Manquein Manquetú, Luinemán, Ñantrimán, Ñamiñel y Luimeimán (...) por la cantidad de un mil pesos, de que confiesan recibidos, venden perpetuamente a don José Miguel Brito y a don Pedro Arias un retazo de terreno situado en la subdelegación del Queuco de este departamento que tiene los siguientes límites: norte y oriente, el estero Queuco; sur, propiedad de los compradores y poniente el río Bío Bío." El 9 de noviembre de 1880 esta vez en la Notaría de Mulchén concurrieron mujeres indígenas mayores de edad que efectuaron otra compraventa. "Las indígenas españolizadas Clorinda Manuela y Margarita Man mayores de edad vecinas de este departamento y hablando correctamente el español dijeron que venden perpetuamente a favor de don Pedro Arias y de don José Miguel Brito un retazo de terreno (...) comprendido dentro de los siguientes deslindes: por el norte, con el río Queuco; por el sur, con camino público que va a la cordillera blanca; por el oriente, el estero denominado Puente de Tierra y propiedades de los compradores y, por el poniente, con Lactaque y terreno de los compradores (...) en la cantidad de mil pesos". Un año después, en diciembre de 1881, en la misma Notaría de Mulchén se realizó la compraventa de otro terreno con el cual se completó un proceso amplio de enajenación: "Los indígenas Coña, Epumán, Manquías y la indígena Diumán Maripé (...) venden a favor de don Pedro Arias y José Miguel Brito las acciones y derechos que les corresponden por herencia de su finada madre Llancachi Paine acaecida según los parientes más de diez años a la fecha en un retazo de terreno ubicado en la subdelegación de Queuco, del citado departamento del Laja cuya acción y derecho la estiman en el número de cien cuadras más o menos y que limita al norte, oriente, sur y poniente con propiedad de los compradores. El precio de venta es de mil pesos". Señalan los investigadores Molina y Correa que "todas las escrituras facultaban a los compradores 'para que por sí o encargado requiera la. inscripción de este título en el Conservador respectivo, bastando sólo la presentación de la copia que se da en papel de tercera clase". Los procesos de compraventa de estos terrenos pehuenches escondían acciones de dudosa calidad, y por lo general constituían verdaderos actos de fraude legalizado. Básicamente la compraventa se realizaba en un idioma de difícil manejo para el indígena, que no hablaba adecuadamente el castellano. A este detalle se sumaba el hecho de desconocer los conceptos jurídicos con que se abordaban los complejos manuscritos legales. En algunos casos los indígenas eran acompañados por otros indígenas bilingües. Para dar "testimonio" de la compraventa concurrían personas conocidas de los compradores, quienes en algunos casos firmaban a ruego por los indígenas, representando su firma. Es interesante destacar que este procedimiento también es empleado117 años después por Endesa a objeto de garantizar el consentimiento de algunos pehuenches que firman a ruego solicitudes de permutas de tierra en el caso del proyecto Ralco, situación que fue ampliamente constatada -en terreno- por el equipo jurídico de conadi.

A fines del siglo pasado, en estos procesos de apropiación de tierras en la Comunidad de Callaqui, actúan entonces como "testigos fieles" de la compraventa, personeros vinculados a los compradores Brito y Arias. Para constituir el consentimiento de parte de las familias indígenas, los compradores individualizados recurrieron a diversas argucias. Al respecto Molina y Correa detallan testimonios de personas indígenas que explican la verdadera maniobra realizada en esos años. Tal es el caso de Julia Piñaleo. "Los antiguos iban a buscar trigo donde Brito y él les dio con una condición: si gustan me pueden dar un pedazo de tierra, donde ustedes están viviendo, para poder instalar un negocio. El Cacique le dijo que sí, que estaba bien, según cuenta mi mamá. Entonces, este caballero vino a ver cómo era la tierra y dijo que podía venirse y se vino este caballero a vivir ocupando un pedazo de tierra de los mapuches. Empezó a traerles trigo, puso un almacencito, boliche. Llegó, pero conquistado por los caciques, pero nada más por un pedazo de tierra para que él tuviera su negocio. Después empezó a hacer cercos, con la tierra más grande, más grande y, nunca más se supo con qué condición quedó viviendo para siempre y después apareció don Miguel"(...) Contaba mi mamá que (los Brito) llegaron arrendando talaje trajeron cualquier cantidad de animales (...); ese talaje no lo pagó a los mapuches (fueron como 4 mapuches los que arrendaron) después vino trajo chicha y caballos viejos y con eso pagó el talaje pero no pagó plata y ése fue el primer huinca que llegó acá a la reserva Callaqui". En el caso de la familia Arias se hizo uso de otro recurso. Se dijo a los indígenas que el gobierno iba a quitarles tierras y que él contaba con los recursos para enjuiciar al gobierno para que eso no sucediera... Entonces los indígenas le concedían que los "representara" y le cedían sus tierras pero Arias nunca llegó a entablar juicio alguno al gobierno... Transcurrido un tiempo se concretaba la usurpación. Los propietarios indígenas en su mayoría adultos y ya ancianos iletrados e ignorantes de los procedimientos legales eran "invitados" a beber chicha y comerse un caballo... Afectados por el alcohol no contaban con el discernimiento adecuado para resolver sobre la oferta que se les ponía por delante y terminaban vendiendo -legalmente- sus derechos. A fines del siglo pasado en 1890 se constituyeron entonces varios fundos bajo eta modalidad de apropiación legalizada. La sociedad entre Brito y Arias se disolvió en 1892. Brito se quedó con el Fundo San Miguel de Callaqui, con una superficie de 1.200 hectáreas y Arias con el Fundo Callaqui. En 1962 el Fundo Callaqui, de Pedro Arias, fue dividido por la sucesión familiar y una parte fue vendida a una Sociedad Panameña "Dallas Invertiment Corporation", unas 2.200 has. La otra parte fue cedida en 1963 a la Sociedad Maderas Ralco S.A. En 1971 esta propiedad fue expropiada por el Gobierno del Presidente Salvador Allende. En 1973 pasó a la ODEPA Oficina de Planificación Agrícola del Ministerio de Agricultura. De ahí pasó al Servicio Agrícola Ganadero SAG y posteriormente a INDAR En 1981 la endesa compró 17 hectáreas... En 1974 José Carmen Reyes del Fundo San Miguel de Callaqui obtuvo de parte de un juzgado una reserva de 800 hectáreas. En 1976 el Instituto de Desarrollo Indígena IDI del Ministerio de Agricultura inició un estudio de saneamiento de estas tierras. Los fundos expropiados fueron transferidos a la ODENA, oficina de normalización agraria creada bajo la dictadura militar para "regularizar" en favor de antiguos propietarios las tierras expropiadas por el Gobierno del Presidente Allende. Luego se traspasaron al SAG y posteriormente al INDAP cuando se inició el proceso de asignación de tierras a la Comunidad indígena de Callaqui. Entre 1985 y 1986 INDAP inició los trámites de subdivisión de las tierras. En 1987 incorporó los antecedentes al Juzgado de Los Angeles. La sentencia de subdivisión se obtuvo entre 1988 y 1989 pero se produjeron diferencias de opinión al interior de la comunidad en relación a la transferencia pues algunas familias deseaban que se mantuviese la fórmula de propiedad comunitaria de la tierra y otras familias deseaban que se establecieran hijuelas individuales. Esto llevó tiempo antes de que INDAP en 1991 procediese a la subdivisión y asignación individual de la propiedad indígena. Los resultados de este largo e injusto proceso vivido por la Comunidad de Callaqui generó una sentida frustración en las familias indígenas, pues de partida- no se les entregaron todas las tierras ancestrales.

Del Fundo San Miguel de Callaqui, de 1.200 hectáreas originales, se les devolvieron 400 hectáreas. Del Fundo Bío Bío, la mitad de sus tierras fue entregada a colonos chilenos. De la parte correspondiente a 2.200 hectáreas del Fundo Bío Bío se les entregó sólo una zona de veranada consistente en 590 hectáreas. De Colluco sólo una mínima parte y en la localidad de Pitrolón, prácticamente la totalidad de sus tierras fue entregada a personas y familias no indígenas. En 1991 estábamos en plena transición a la democracia. El movimiento indígena discutía aun con las nuevas autoridades y los parlamentarios electos las condiciones del Pacto de Nueva Imperial y se trabajaba en los primeros borradores de la Ley Indígena. El Presidente Aylwin había creado la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEFI, con el objeto de atender a la formación de una política pública destinada al mundo indígena. Todo este proceso, sin embargo, no sería de gran ayuda para los Pehuenches de Callaqui que al momento de recuperar sus tierras ancestrales, las vieron disminuidas notablemente a menos de la mitad de las que poseían históricamente. De este modo, la Comunidad de Callaqui entró al Decenio de los Pueblos Indígenas, así proclamado por las Naciones Unidas para la década de los años 90. l.-La Comunidad de Pitril A 55 kilómetros de Santa Bárbara, entrando por un camino que une a Ralco con Trapa Trapa se encuentra la Comunidad de Pitril en donde viven unas 90 familias con cerca de 500 habitantes. Pitril es resultado de una donación de tierras en el siglo XIX. Tiempo después se constituyeron los Fundos Pitril y San José y la hijuela de la sucesión Gatica. Otra parte se conformó como dominio fiscal en favor de la familia Gallina. En 1979 el Fundo Pitril fue expropiado e INDAP lo traspasó con títulos individuales incluyendo una parte de terrenos destinados a veranadas. Los orígenes de estas tierras se remontan al Butalmapu Pehuenche de Queuco {Agua del Río Queide. Co=agna. Queu= diminutivo de Quenle). Los primeros actos de apropiación de las tierras de Pitril se relacionaron con remates producidos por la no cancelación de impuestos al dominio de la propiedad material. Es el caso de los terrenos de Pueñán Maripe afectado por no pago de contribuciones. Esta suerte de impuesto era rechazado por los pehuenches en razón de que sus tierras ancestrales les pertenecían con anterioridad al surgimiento del Estado chileno. No obstante, el no pago de las contribuciones hizo inevitable el remate de gran parte de sus tierras, las que fueron adjudicadas por Casimiro Cabezas en una suma módica. Posteriormente, Cabezas vendió el predio rematado a José Lagos en un valor relativamente superior, y quien fue dueño del predio por dos décadas. En 1922 vendió esta propiedad a Luis Gatica González en tres mil pesos. Gatica dejó en sucesión a esposa e hijos quienes constituyeron la propiedad a su nombre en 1934, la que terminaron de inscribir en 1942. A mediados de la década de los 70 algunos de los miembros de esta sucesión comenzaron a vender parte de sus derechos; en 1976, a Oscar Pulgar Rodríguez; en 1977 otra parte al mismo comprador... Pulgar, con la propiedad a su haber, vendió a su vez en 1989 a Pedro Esquerré quien actuó como comprador en representación de la Sociedad Agrícola "Azul Grande S.A". Otro heredero de Gatica vendió a esta empresa otra de las cuotas del predio. Esquerré y "Azul Grande" obtuvieron así casi el 63% de los derechos de la Sucesión Gatica con la cual se produjeron inconvenientes legales a comienzos de la presente década con otros herederos de la Sucesión Gatica. A mayor abundamiento, el indígena Pueñán Maripe contaba con deudas personales con un particular que a modo de resarcirse le exigió una superficie de 770 hectáreas, que pasaría a llamarse "San José de Pitril". En 1902 Pueñán Maripe vendió otra parte de sus derechos, esta vez a Claudio Rojas, quien tomó posesión de 11.000 hectáreas. En 1905 el Cacique Francisco Alabao Gallina inició entonces un juicio de reivindicación de tierras. Este juicio concluyó señalando que las tierras vendidas eran de Maripe y se reconoció al Cacique Alabao Gallina las tierras al sur del estero Huilquillillío hasta el estero Boquiamargo. En 1918 esta hijuela fue inscrita a nombre de Claudio Rojas con 200 cuadras. En 1960 Juan Fuentes Cid la constituyó como "San José de Pitril". En 1964 la vendió a Eduardo Pons González. En 1982 Pons y señora formaron la "Sociedad San José de Pitril Limitada" para explotar madera. En 1983 la sociedad se terminó y los esposos Pons Serra se repartieron el predio. En 1988 Elisa Serra transfirió su parte a su hija Berta Pons. El padre, Eduardo Pons murió en 1991. En 1992, Clotilde Pons transfirió parte de la herencia a Gabriel Zegpi Pons.

Otro sector de la Comunidad de Pitril denominado Fundo Pitril era del Cacique Duguñan Gallina. Fue parte de la venta efectuada por Pueñán Maripe a Claudio Rojas, quien vendió el fundo a Celestino Delgado en 1918, quien contaba con una sociedad de capital con Enrique Pozzi. En 1923 ambos formaron la "Sociedad Delgado & Pozzi". A la muerte de Delgado en 1936, su cónyuge e hijo liquidaron la Sociedad y transfirieron su dominio a Enrique Pozzi, quien a su vez traspasó la mitad del fundo a Manuel Gavilán. En 1937 Gavilán vendió el fundo a Osear Bohme, con quien se generó un litigio por incumplimiento de la compraventa. En 1946 el fundo fue rematado y se lo adjudicó la "Sociedad Agrícola y Forestal La Leonera Limitada", la que inició trabajos forestales y agrícolas adquiriendo propiedades aledañas, entre ellas el Fundo Ralco. En 1955 Le Leonera terminó su giro. Parte del Fundo fue transferido a Dionisio González y otros, quienes forman la "Comunidad Forestal Ralco S.A". En 1962 el Fundo Pitril fue transferido a "Dallas Investiment Corporation" (empresa panameña). En 1963 esta firma se asoció con "Maderas Ralco S.A." inscribiendo el fundo a su dominio en 1964. En 1971 la Corporación de la Reforma Agraria, CORA, expropió los fundos de esta empresa, y fue inscrito a su nombre en 1975, dejando fuera al Fundo Ralco por abandono y mala explotación. En 1972 el fundo fue traspasado a la CONAF, la que arrendó el predio a tres ganaderos locales. En 1979 Pitril fue traspasado por CORA al SAG. A partir de 1980 el SAG transfirió las tierras al INDAR En 1986 INDAP midió en 10.662 hectáreas las tierras y las dividió en 32 hijuelas con dos o más adjudicatarios, las que fueron otorgadas en gran parte a familias de la Comunidad del Cacique Andrés Gallina. A fines de los años 70, las tierras de Pitril fueron traspasadas a los pehuenches en calidad de hijuelas individuales. Esto aconteció con las tierras de Andrés Gallina con excepción de la Sucesión Gatica (30 cuadras) y San José de Pitril (770 has). Otras tierras provendrán del Fundo Ralco (Veranadas de Colluco, con unas 3.700 has) que entraron en liquidación en 1980 como resultado del término de la Sociedad Maderas Ralco. Las tierras fueron donadas al Fisco. El Ministerio de Bienes Nacionales dividió el fundo en cuatro partes: lote 1 (Sector Colluco) con 6.185 has, que se transfirió a INDAR Una parte de estas tierras se entregó a familias de las Comunidades de Pitril y Callaqui: diez hijuelas que comprenden 3.710 has. La inscripción de títulos se realizó en 1991. La recuperación material se efectuó en un acto a comienzos de 1992. el lote 2 (Reserva Nacional Ralco), con 12.421 has, que se transfirió a la CONAF, los lotes 3 y 4 ("Vegas de Ralco"), con 468 has y ( "Quepuca Ralco") con 17.344 has. 3.-La Comunidad de Caiñicu (Círculo en la luna) Esta Comunidad se encuentra ubicada en el Valle de Queuco. Está distante de Santa Bárbara unos 75 kms y a unos 20 kms de Villa Ralco. Viven 105 familias que componen unos 500 habitantes. Es poseedora de un Título de Merced provisto en 1919 a la comunidad del Cacique Anselmo Pavián. Es un título indiviso, es decir, permite la propiedad comunitaria de la tierra por decisión de las propias familias en consideración a sus valores ancestrales. A pesar del Título de Merced, parte importante de las tierras no fue incorporada en dicho Título y se asignaron a particulares. De acuerdo a testimonios proporcionados por los antiguos habitantes de Cauñicu se trata de dominios obtenidos mediante la especulación de títulos. Los principales conflictos, incluso varios de ellos vigentes se relacionan con los propietarios de fundos aledaños, el Queuco los Chenques, Trumpehuenu y Chinchintahue. En el caso de conflictos con el Fundo El Queuco los comuneros indígenas entendían que originalmente estas tierras no tenían otros dueños que no fueran los pehuenches. En 1960 el Cacique José Queupil formuló una demanda de recuperación de tierras ancestrales ocupadas por Humberto Poblete, Juan Ortiz y Nicolás Velásquez. En 1965 el Jugado de Victoria estableció una extensa relación de los hechos y el litigio concluyó con una sentencia favorable a los indígenas demandantes. Es uno de los pocos casos en que familias indígenas se vieron favorecidas por una sentencia judicial dado que después de un engorroso reclamo legal sus demandas fueron reconocidas. No obstante se mantuvieron otros conflictos en este caso vigentes aun con Ortiz Tariz por una ocupación de 100 hectáreas. En respuesta Ortiz señaló estar haciendo uso de tierras heredadas en localidades en donde no habían indígenas y que por el contrario éstos recién habían llegado con una data no superior a diez años.

En 1987 Ortiz demandó a Juan Huenupe por deslindes de la reducción indígena Caiñicu. Al respecto Huenupe declaró ante los investigadores Martín Correa y Raúl Molina lo siguiente: "Estuve viviendo dos años donde hice mi puebla dentro de esa parte. Después de eso él como es de plata metió juicio y yo como no tenía plata nunca me dieron las razones; todas las autoridades fueron contrarias para mí; no tuve oportunidad de que me defendieran. Entonces me fue a botar con todo con toda la familia y todavía se está haciendo por dueño. Después trajo ingeniero y midió. Andaba con hacha con Carabineros... Hará unos 7 años que voltearon y donde yo ocupaba está dentro del Título de Merced". Con los propietarios del Fundo Los Chenques el conflicto guarda relación con una servidumbre de caminos indispensable para facilitar las faenas de explotación forestal de parte de la empresa Azul Grande S.A. Esto en favor de Pedro Esquerro. El objetivo eran 5.000 m3 de bosque nativo. La negociación debía realizarse con los hermanos Maripil Milla. A cambio de la autorización para que por sus terrenos pasase la servidumbre de camino se ofrecía trabajo y dos camionadas de tapas. Todo esto acontecía mientras estaba vigente la Ley 17.729 especialmente su artículo número 5 que prohibía enajenar arrendar o parcelar la reserva indígena. A fines de 1990 Esquerro acompañado de algunos funcionarios del antiguo Departamento de Asuntos Indígenas DASIN llegó hasta la localidad de los hermanos Maripil y presentaron documentos en donde Azul Grande S.A se comprometía a proporcionar empleo en las faenas construir unos cercos donar 50 pulgadas de maderas y de tapas más 25 mil pesos a cada comunero afectado por la servidumbre. Testimonios locales señalan que nada o muy poco de estas promesas fueron cumplidas a pesar de la formalidad de las ofertas de rigor. La Comunidad de Cauñicu pidió su radicación en mayo de 1919 mediante documento público otorgado en Temuco y con la finalidad de preservar su dominio sobre tierras ancestrales. Haciendo referencia a normas de 1866, la Comisión hizo entrega de la merced correspondiente al Cacique José Pavián, quien representaba a 269 personas indígenas. La comunidad informó posteriormente que las tierras reconocidas eran menores a las solicitadas, pues sólo se les entregó los terrenos en donde tenían sus viviendas y sitios de pastoreo de los animales. Segundo Ligai declarará ante los investigadores Molina y Correa lo siguiente: "Los Caciques nunca pidieron Título de Merced. Fueron los interesados particulares que hacían los papeles y acortaban la reducción. Ellos pidieron esos ingenieros, hacían planos; por los interesados no más... No los Caciques. Compraron el papel porque tenían billete y mandaban a hacer, y ya... es mío esto; hasta aquí es mío, ...y así fueron despojando. El indígena no pidió Título de Merced. Nosotros reclamábamos hasta allá y decían que no, que este papel reza aquí, éstos son del Fundo Queuco y marcaban hasta ahí no más... Más no se podía arreglar las cosas, porque ellos pagaban para que se quedara hasta ahí. Después llegaba otro y así nos fueron achicando y con el tiempo quedamos chicos...". En 1961 surgieron una serie de juicios con el objeto de recuperar tierras. Son demandas por usurpación de tierras interpuestas por el Cacique José Queupil en contra de Humberto Poblete y otros, actuando como abogado defensor de Indígenas, Hugo Ormeño Melet. En 1965 el Juzgado de Indios de Victoria ordenó diversas diligencias en terreno. Los demandados Poblete y Ortiz señalaron que ellos no concurrirían al Juzgado de Victoria, pues el Fundo Queuco era ajeno a la reserva y que dicho litigio no correspondía... Sin embargo, el juicio siguió su curso. Surgió una segunda demanda contra Poblete por cuanto ocupaba un pedazo de terreno de la Comunidad de Anselmo Pavián donde había sembrado y explotado madera y tenía instalado animales. El Juzgado falló, finalmente, en favor de la comunidad indígena afectada, pero los conflictos con Ortiz y familia continuaron. Otros problemas se relacionaron con servidumbres de tránsito para explotaciones forestales como en el caso del Fundo Los Chenques (Pedro Esquerré y la empresa "Azul Grande S.A."). En 1990 el Gobernador del Bío Bío informó a la naciente Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI, que Esquerré pretendía explotar 5.000 m3 de bosque nativo del predio Los Chenques y que, para el efecto. Esquerré deseaba iniciar negociaciones con la comunidad para los respectivos accesos. Sobre el particular expresó que contaba con el plan de manejo respectivo y que ofrecería trabajo a algunas personas, más un par de camionadas de tapas. A fines de 1990 Esquerré y funcionarios del DASIN visitaron al Cacique a quien manifestaron que no había problemas para la construcción de un camino e hicieron entrega de un documento sin

fecha ni timbre, en donde la empresa "Azul Grande S.A." se comprometía a abrir (sic) empleos, hacer unas construcciones familiares menores, donar 50 pulgadas de madera y tapas que estimasen convenientes más $ 25.000 a cada comunero afectado por la servidumbre. Comuneros como José Maripil Milla afectado por este compromiso, señalaron en 1992, dos años después que las ofertas fueron escasamente cumplidas En los casos del Fundo Trompelhuenu y Chinchintahue en 1981 el Cacique Bemardino Huenupe señala que se trataría de ocupaciones de más de 30 años sobre 500 hectáreas respecto de lo cual iniciaron un litigio de recuperación. En dicho año se realizó un comparendo en el tribunal de Los Angeles con Máximo Saavedra quien alegaba que los mapuches habían ocupado parte de sus tierras. A su vez la familia indígena señaló que ellos ocupan lo que correspondería a una herencia de Martina Quiniñir quien formaba parte de la comunidad de Anselmo Pavián. Este es un tipo de conflicto que permanece latente. 4.- La Comunidad de Malla Malla Esta comunidad está ubicada en el Valle de Queuco distante 35 kms de Villa Ralco. Su primer Cacique fue Antonio Marihuán que recibió el Título de Merced en 1919. La población de esta comunidad son aproximadamente 400 personas (65 familias). Se trata de una comunidad con tierras indivisas. Los primeros problemas de tierras se presentaron a partir de 1870 cuando se formó el Fundo Queuco, que abarcó la casi totalidad de las tierras de Malla Malla. En 1881 se formó el fundo Trapa. Ambos fundos, con prontitud abarcaron todo el Valle de Queuco. Pehuenches habitantes antiguos de esta comunidad señalan que por lo general los mapuches arrendaban tierras por género alimento yerba mate y azúcar... Poco a poco sus tierras fueron siendo arrebatadas. La Comunidad recibió el Título de Merced el 27 de mayo de 1919 a pesar que las autoridades indígenas no habían realizado gestiones para la radicación. Estas diligencias fueron necesarias después de habérseles otorgado dicho Título pero para recuperar las tierras que el Título de Merced dejó excluidas. Los deslindes antiguos no habían sido respetados y los particulares se quedaron entonces con tierras de mejor calidad. En 1920 el Cacique Antonio Marihuán inició las reivindicaciones correspondientes y las autoridades indígenas que le han continuado en el mando constantemente han solicitado que se reconozca la línea antigua. La subsistencia de las familias de esta comunidad es tremendamente precaria precisamente por haber sido arrinconados en terrenos de mala calidad que no le permiten una adecuada veranada y piñalería. De ocho piñalerías antiguas hoy sólo pueden laborar en dos de ellas; las otras seis son de propiedad de colonos avecindados. De las once antiguas veranadas sólo cuatro pueden ser ocupadas por los pehuenches; las otras siete están en manos privadas. Otro conflicto latente se relaciona con el bellísimo sector de "Baños Termales de Nitrao" hoy a cargo del Municipio y entregado en Concesión a un particular quien a su vez, es el propietario de uno de los transportes públicos que va a Trapa Trapa. 5.-La Comunidad de Trapa Trapa Esta comunidad está ubicada en el Valle de Trapa Trapa y deslinda con la República de Argentina. En 1920 la Comunidad recibió el Título de Merced sobre terrenos que ocupan actualmente. En 1950 la comunidad fue dividida en dos sectores: Butalelbun y Trapa Trapa. La población de Trapa Trapa se la estima en 900 personas (unas 160 familias). Es una comunidad que ha logrado mantenerse bajo régimen de propiedad comunitaria de la tierra. El territorio de esta comunidad estuvo afectado severamente por las incursiones militares argentinas. Entre 1879 y 1883 la zona sufrió diversos despoblamientos como resultado de la necesidad de protegerse de la persecución militar. Es durante estos difíciles períodos cuando algunos particulares tomaron posesión de las tierras y formaron el fundo Trapa, mediante la compra de unas acciones y derechos a los indígenas Cuilipán, Canío Pedro Llancar y otros varios de los cuales, en su estampida de la zona de conflicto, bajaron al valle y encontraron alguna forma de trabajo en el fundo de un señor Palacios, quien los llevó a una Notaría y les hizo firmar una escritura de venta de sus tierras, las que fueron inscritas en 1890. Los pehuenches mantienen no obstante sus certezas de dominio sobre la tierra usurpada pero tendrán que lidiar constantemente con colonos que, a nombre del "dueño" de la escritura del fundo

llegaron hasta estas tierras para poblarla y colonizarla. Atilio Pereira, Cacique de Butalelbun diría a los investigadores Molina y Correa: "Después de la persecución a los pehuenches por los militares argentinos vinieron los ricos atropellando a la gente un tal Mellado Ortega... Dicen que habían venido de visita no más y les gustó el campo. Ahí los paisanos (pehuenches) tenían que esconderse; salir de noche a buscar agua porque si los pillaban les echaban el caballo encima abusaban de las mujeres. Después pusieron un cerco en Ñirehueco... Si pillaban un caballo de la gente indígena lo mataban... Todo eso ocurría antes del Título de Merced". Es en medio de estos procesos que la comunidad inició los trámites para obtener la radicación respectiva en 1920. Aprobada la solicitud en Temuco se realizó la medición de los terrenos acto que implicó nuevos conflictos que se extendieron por casi 70 años, básicamente porque la tierra asignada por el Título de Merced no corresponde a las tierras antiguas de los Pehuenches. Una porción muy relevante de estas tierras originales fueron entregadas a particulares. Tierras como las de Cochico y Trapa Bajo intentaron ser recuperadas por los Caciques en forma constante. En los años 50 la comunidad perdió cierta cohesión interna en su lucha y Trapa Trapa quedó dividida en dos cacicazgos. En los años 60 se inició una nueva etapa en el proceso reivindicativo. En 1965 varios pehuenches enviaron una nota al Presidente Eduardo Freí Montalva solicitando "urgente amparo" en favor de sus tierras usurpadas. No hubo respuesta del Gobierno. En 1967, el Defensor de Indígenas abogado Hugo Ormeño interpuso una medida prejudicial en orden a pedir la revisión de los deslindes en favor de 4.000 has de tierras excluidas del Título de Merced, lo que implicó un extenso e intenso proceso de alegatos de las partes. En la localidad de Cochico se registraron también diversos conflictos entre pehuenches y colonos. En enero de 1969 la Oficina de Tierras y Colonización intentó buscar soluciones transitorias a los problemas ocurridos entre ellos la división de la veranada. Para dicha oficina lo básico de este conflicto surgía de la codicia de los pehuenches sobre tierras colindantes de mejor calidad desconociendo en la práctica el carácter de tierras antiguas de los indígenas. En 1970 las tensiones en Cochico fueron gravísimas: tres pehuenches fueron asesinados en la zona de veranada: Pedro Salazar José Ñaupa y José Flores Ilimán. Tres años después, con motivo del golpe militar de 1973, fue asesinado el Cacique José María Tranamil. Sabino Salazar diría al respecto en 1992 lo siguiente: "José María Tranamil fue a buscar alimento a Santa Bárbara, cuando llegó el golpe de Estado ese día... Salió para acá arriba. Ya había llegado a Pitril y ahí creo que volvió otra vez y no se vio más. Muchos decían que estaba detenido... Después supe yo que lo habían matado... A uno de Cauñicu dicen que lo mataron también a esa fecha (...) Lo agarraron mal al finado José María Tranamil porque él estaba de Cacique en ese tiempo... Entonces él luchaba tanto por el Cajón de Cochico... Le decía a la gente que teníamos que pedir ese campo; él porfiaba que ese campo era de nosotros. Así que por eso lo agarraron mal, hasta los Carabineros; así que seguramente por eso lo mataron... Lo tomaron y lo mataron. Del Estero Pilunchaya para acá abajo, todo eso lo mandaba él. Este campo no es de Víctor Hugo Vásquez, ni tampoco de Palacios, es de nosotros y eso es lo que peleaba él también, por eso lo tomaron por comunista, porque él reclamaba lo que es de uno". A partir de 1973 los colonos se asentaron en el Cajón de Cochico sin mayor dificultad. A los Pehuenches les fue prohibido su acceso a las veranadas respectivas y que incluso les habían sido asignadas. No obstante, los pehuenches fueron obteniendo algunos logros. En 1986 INDAP realizó una nueva medición de tierras que arrojó como resultado una proporción de tierras indígenas mayor a la que había establecido el Título de Merced de 1920, de tal modo que de 8.430 has otorgadas por dicho Título las tierras indígenas aumentaron a 13.760 has. La comunidad recuperó además un importante dominio de 2.038 has sobre tierras del Fundo Trapa y Lengas de Trapa. Un poco de justicia había llegado, finalmente, a la comunidad Pehuenche de Trapa Trapa, no sin antes dejar una huella de dolor y muerte. 6.- Comunidades Pehuenches de Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy Ambas comunidades constituyen lo que conocemos como Comunidad de Ralco, la que en 1954 fue dividida por el Juzgado de Indios de Temuco. Están ubicadas en el Alto Bío Bío, con distancias entre 70 y 90 kms respecto de Santa Bárbara. Ambas comunidades, las de Quepuca y Lepoy bordean el río Bío Bío y son las afectadas directamente con las represas hidroeléctricas de Pangue y Ralco.

En relación a sus habitantes, Quepuca cuenta con 90 familias (400 personas) y Lepoy con 125 familias (800 personas). Viven también en la zona de Lepoy, cerca de 12 familias de colonos (unas 70 personas). Quepuca y Lepoy son zonas que han vivido distintos momentos de dominio. Primero, el pehuenche. Luego, la invasión militar. Posteriormente, se produjo el proceso de apropiación de tierras y la formación del Fundo Ralco, lo que continuó con la venta del fundo entre chilenos y la venta de hijuelas. Más tarde el fundo fue entregado al Fisco el que lo distribuyó entre los pehuenches mediante títulos individuales por familia, lo que constituye la propiedad natural indígena del sector. Desde la Colonia, Ralco estuvo fuera de la jurisdicción de los españoles. En la República, se mantuvo al margen del naciente Estado chileno. Los militares chilenos irrumpieron en la zona a partir de 1880, siendo característica la instalación de fuertes militares como el de Nitrito, tanto para contener el avance militar argentino en la frontera como también para resguardarse y controlar la arremetida de los pehuenches en su huida de la ofensiva militar argentina. Junto con la incursión de los militares chilenos se instaló también un proceso de apropiación de las tierras por parte de privados y la incorporación de tierras al Estado. Rafael Anguita es el primer chileno que se apropia de parte importante de estos terrenos, mediante la "compra" de acciones y derechos a indígenas del sector, lo que se lleva a cabo en la Notaría de Los Angeles en 1881. Es importante recurrir a la memoria histórica para dar cuenta de estos procesos de usurpación: "Yo escuché la conversación que hacía el finado Antonio Ancanao donde yo me crié. El decía que los llevaban a Mulchén. Los mapuches llevaban su carguita como para traer una ayuda que le daban. De esta forma le tomaron la firma a la gente y ahí dijeron que fue venta. Contaba que a los mapuches los hacían ponerse en fila, todos bien ordenados... Entonces les enseñaban para poder decir "sí" con la cabeza "estoy de acuerdo en vender" y el otro le ponía el nombre... Esa fue la compra que hicieron antes..."(Cacique de Ralco-Lepoy Manuel Neucumán). En 1881 Anguita inscribió cada una de las acciones y derechos adquiridos por estas compraventas realizadas a diversos indígenas. Sus dominios alcanzarían a 30.000 hectáreas en Ralco por la suma total de 1.600 pesos de la época. Paradójicamente los indígenas que aparecen vendiendo no abandonaron sus tierras. En 1886 muere Anguita. En 1888 concluyó la partición de sus dominios en favor de Octavio Anguita quien inscribió las tierras como suyas en 1889. La administración del Fundo Ralco la asumió el hijo de Octavio Anguita Héctor Anguita. Este en su empeño por desalojar a los pehuenches solicitó la fuerza policial la que le fue denegada en dos ocasiones en 1910 y en 1911. Los Anguita mantuvieron el fundo en sus manos hasta 1909 cuando fue traspasado a Luis Martín Bunster. En el contrato se agregó la siguiente cláusula: "se previene que el vendedor no se obliga a expulsar o lanzar del fundo vendido a los indios que viven en él". En 1924 luego del deceso de Bunster sus bienes fueron repartidos. Cada uno de sus herederos recibió un porcentaje de la vasta propiedad. En 1933 Celmira Gómez viuda de Bunster dueña de seis décimas del fundo, cedió a Hernán Eguiguren Errázuriz la sexta parte de sus derechos con la finalidad de restituir a Aída Bunster viuda de Eguiguren la cuota que a ésta correspondía en dicho Fundo. La sucesión Bunster Gómez enfrentaría importantes conflictos posteriores: otros poseedores de acciones y derechos adquiridos a indígenas reclamaron su parte del fundo. Entre 1940 y 1945 se constituyeron varias hijuelas en el sector poniente del fundo y los pehuenches iniciaron un juicio de radicación, todo lo cual concluyó con la nulidad de los títulos de propiedad y su correspondiente reposición. En efecto a partir de 1907 la comunidad de Ralco había iniciado las gestiones tendientes a lograr su radicación territorial. En 1908 Octavio Anguita reclamó ante la Oficina de Colonización por este intento y solicitó suspender la orden de radicación. Esto atrasó las posibilidades de la Comunidad de obtener su Título de Merced. Al año siguiente en 1909 Anguita vendió el fundo a Bunster. En 1937 los Caciques de Ralco Antonio Ancanao y Domingo Huenteao pidieron nuevamente al Juez de Indios de Victoria la radicación de sus tierras. En enero de 1938 el Juzgado respondió con una diligencia de medición con lo cual se dio apertura al proceso respectivo.

En 1939 varias familias indígenas escribieron al Ministro de Tierras y Colonización expresándole su meta de radicarse. En diciembre de ese año, algunos integrantes del Juzgado de Indios visitaron la zona con el objeto de realizar un censo familiar. Entre 1940 y 1941 se continuó trabajando en el plano general de la comunidad. La sucesión Bunster se opuso a estos procedimientos y a mediados de 1941 ofrecieron una franja de terreno para ubicar, extrajudicialmente, a los indígenas y constituir así un acuerdo que no afectase a sus intereses territoriales. El proceso tiene un giro jurídico interesante, pues el abogado Defensor de Indios, Ernesto Márquez Molina, señaló ante el Juzgado que, antes de resolver sobre la radicación, debe considerarse el problema del dominio, pues los pehuenches solicitaban radicarse en tierras que les pertenecían ancestralmente en tanto que la sucesión Bunster se oponía a dicha radicación porque en su parecer las tierras eran de su propiedad. Estaba en juego además la competencia del Juzgado de Indios de Victoria, la que había sido impugnada por la sucesión Bunster. El 30 de octubre de 1941 el Juzgado resolvió que era plenamente competente y el Juez solicitó los títulos de posesión del Fundo Ralco. La Sucesión Bunster abrió entonces un segundo flanco legal para demostrar que los pehuenches eran usurpadores, pues se habían instalado a vivir en Ralco, después que el fundo se constituyó como propiedad privada en 1881... El abogado Carlos Schnake, por parte de la familia Bunster, expuso de este modo sus argumentos: "...que los pretendidos indígenas no son tales; que es público y notorio que los que se presentan como aborígenes chilenos, que están ocupando parte de ese fundo desde hace pocos años atrás eran descendientes de indígenas argentinos; que durante las campañas de colonización de territorios y limpia del suelo argentino huyeron a Chile y se avecindaron contra la voluntad de sus dueños en los terrenos del Fundo Ralco... No hay pues tales indígenas araucanos". (Juzgado de Indios de Victoria, Sentencia, expediente 2099). El 30 de noviembre de 1942 el Juez Gustavo Bisquert Susarte dictó la sentencia definitiva sobre Ralco, constituyéndose en un acontecimiento relevante, al declarar que la Comunidad BunsterGómez no era dueña de las hijuelas Los Avellanos, La Malla, Lepoy y Ralco; que no había lugar a la oposición a la solicitud de radicación por parte de los pehuenches; que tales hijuelas son terrenos fiscales disponibles y que en consecuencia, procedía la radicación en la superficie estimada de 30.550 hectáreas. Este espectacular fallo legal implicó la inmediata reacción de Bunster y compañía quienes, junto a otros recurrentes privados, en 1944 recurrieron ante la Corte Suprema de Santiago para lograr la nulidad de la sentencia de Bisquert Susarte. El 5 de enero de 1945, la Corte Suprema sentenció que el Juez de Indios había fallado "con manifiesta falta de jurisdicción" y dejó sin efecto el importante fallo que había beneficiado a los pehuenches no sin antes devolver la causa al Tribunal correspondiente, esto es Los Angeles. Sorprendentemente, sin embargo, el Juez de Indios de Victoria mantuvo su tesis y alegó, esta vez, contra el fallo de la Corte Suprema enarbolando una muy profunda argumentación ético-jurídica que constituye una pieza histórica en la defensa de los Derechos Humanos y Sociales de los indígenas. Los investigadores Raúl Molina y Martín Correa, en su investigación en la cual nos amparamos, citan la extraordinaria defensa que el Juez de Indios hace de su fallo ante lo resuelto por la Corte Suprema: "A virtud de lo fallado por la Excma. Corte Suprema, un total aproximado de 545 individuos en su mayoría indígenas analfabetos y menesterosos, sin más escudo que el de una posesión material remota, residentes en plena cordillera, a odíenla o más leguas de un poblado, deberán ver sus intereses dirimidos en conformidad a los rígidos preceptos del derecho común y estricto. "Todo el edificio tan cuidadosamente levantado por el legislador chileno para regir por una legislación y judicatura especiales, intereses especiales, amenaza su derrumbe ante la doctrina de la Excma. Corte. Nos asiste la certidumbre absoluta que dicho Tribunal (inteligente, humano y respetuoso de la Ley en alto grado), va a reaccionar en la doctrina que le ha sido arrancada progresivamente. "Desgraciadamente, para diversos casos -de los varios que van llegando al Excmo. Tribunal- esa reacción será tardía. Y llegará cuando los últimos vástagos de una raza, arraigados todavía a la tierra que siempre les fue propia, reposen ya en los únicos lugares de que no podrán ser lanzados: los cementerios y las carreteras públicas.

"Por ahora, en el caso concreto de los indígenas de Ralco, le cumple al Ministerio de Tierras, definir su actitud ante la extraña situación planteada por el Tribunal Supremo y ponderar cuidadosamente las proyecciones de esa actitud hacia el futuro". A continuación el talentoso Juez de Indios de Victoria solicitó la intervención del Consejo de Defensa Fiscal para que dicha institución asumiese la recuperación de las tierras indígenas de Ralco pero su gestión fue infructuosa. En esas circunstancias, los Caciques de Ralco, solicitaron el 12 de septiembre de 1945, al Presidente Juan Antonio Ríos su amparo. La respuesta del Mandatario se remitió a lo ya resuelto por la Corte Suprema, sin perjuicio de señalar que dada la no existencia de juicios contra los indígenas se proponía una "acuerdo amistoso" entre la Sucesión Bunster y la Comunidad Ralco. La sucesión ofreció 5.000 hectáreas para la radicación de los pehuenches. Un informe del Ministerio de Tierras y Colonización señaló que la radicación de 88 familias pehuenches requería 16.460 hectáreas... Tiempo después, la sucesión, no exenta de tensiones, ofreció 12.497 hectáreas. Posteriormente a 1944, el abogado de la sucesión, Roberto de La Maza formuló una tercera oferta, en la que se retrocedió a 3.000 hectáreas. El abogado argumentó al respecto: "Mi parte, no obstante, desea solucionar equitativa y racionalmente el problema que se les presenta a estos ocupantes que sin causa, sin títulos, sin medios de vida, sin conocimiento, sin espíritu de trabajo y sin más vaguedades que el prurito de ocupar tierras inhóspitas e improductivas... En efecto, dichas tierras, especialmente la sección de Lepoy -que es la que ocupan en parte- nada producen y sólo sirven para la explotación maderera en la cual no podrán jamás hacer base por carecer de todos los elementos adecuados... En cambio mi parte propone una solución en beneficio de todos hasta 3.000 hectáreas en las cuales se radicaría extrajudicial y administrativamente a dichos ocupantes. Estas hectáreas representan el terreno suficiente para vivir en él quedando el resto de Ralco libre de toda turbación o embarazo..." Nótese el tono francamente racista y discriminatorio de este argumento. Por cierto, la Comunidad de Ralco rechazó esta propuesta. En 1948, el ahora Ministerio de Tierras intentó alcanzar un nuevo acuerdo entre la sucesión Bunster y la Comunidad indígena. En tal ocasión, la sucesión ofreció una transacción consistente en la cesión del lote Lepoy al Fisco y parte o todo el lote de Malla para la radicación, lo cual fue terminantemente rechazado por la Comunidad. En 1949 el Fundo Ralco fue vendido a Dionisio González. De un total aproximado de 9.360 has se habían constituido las hijuelas de Pangue (donde está emplazada la actual represa Pangue), San Pedro, Las Huellas y El Avellano. Estas hijuelas quedaron excluidas de la transacción con González porque fueron vendidas a otros particulares. En 1952 Dionisio González integró el Fundo Ralco a la Sociedad Agrícola y Forestal "La Leonera Ltda", la que en 1955 fue disuelta. El Fundo quedó en manos de la Comunidad Forestal Ralco formada por los mismos socios que se habían repartido la división anterior. En 1964 el fundo fue transferido a la empresa "Maderas Ralco S.A." constituida con capitales conjuntos provenientes de Panamá. "Maderas Ralco" se forma a su vez con los Fundos Pitrilón o Bajo Pitrilón, dos porciones del fundo Bío Bío, el fundo Pitril y el Fundo Ralco propiamente tal. Esta empresa inició sus faenas de explotación forestal en la zona de Callaqui. Los aserraderos se instalaron en Villa Ralco y Alto Bío Bío con una importante presencia de trabajadores externos y los consecuentes efectos en la cultura indígena local. A mediados de los años 60 estas faenas abarcaron el fundo Ralco y se produjeron diversos tipos de conflictos como resultado de las reivindicaciones de los pehuenches sobre sus tierras y bosque nativo. Es interesante transcribir el testimonio que los investigadores Molina y Correa recogen en su libro Territorio y Comunidades Pehuenches del Alto Bío Bío: "Cuando llegaron los González, lo hicieron a fuerza de amenaza, cortando la madera. Nosotros aquí nos opusimos, peleamos con los González, y les dijimos: "de aquí van a tener que salir. Nos matan a nosotros; algo tenemos que hacer defendiendo nuestros pinos araucarias". Al final de tanto reclamo salieron amparados los indígenas y dejaron los González 45.000 pulgadas en la Cordillera Negra, botados y trozados, los que se perdieron, pues se pudrieron totalmente. "Los González tramitaron, fueron al Juzgado de Indios y ahí le dijeron que no podía ser, que esto era totalmente de los indígenas, porque... González, ¿a quién le habría comprado?... González

decía que a los Bunster; pero, ¿Bunster, a quién le había comprado?... Esto era ocupado antiguamente por los indígenas" (Cacique Antolín Curriao Pinchulef, mayo de 1992). A comienzos de los años 60 las faenas forestales paralizaron. "Maderas Ralco S.A." funcionó hasta 1970. La Corporación de Reforma Agraria, CORA, bajo el gobierno del Presidente Salvador Allende, procedió a su expropiación, con excepción de Ralco, el que permaneció en manos de González y socios. La Comunidad retomó un cierto brío organizacional y restableció su autoridad sobre los bosques de araucaria. Se eligió un nuevo Cacique: don Manuel Neicumán, quien se empeñó en iniciar una campaña legal para salvar las piñalerías de Ralco. En 1972 las Araucarias de Ralco fueron declaradas Parque Nacional. A principios de los años 80 la Sociedad Ralco S.A.I. de Maderas, filial de CORFO y propietaria del fundo Ralco, entró en liquidación. El 19 de enero de 1981 el fundo fue donado al Ministerio de Tierras y Colonización, y posteriormente fue transferido a INDAP con una superficie de 36.419 hectáreas, reservándose áreas del volcán Callaquén y los terrenos de araucarias para destinarlos a Reserva Forestal. Este último detalle le restó a las comunidades parte de sus veranadas más importantes y bosques de piñón en donde realizaban su recolección ancestral. Hecha esta transferencia, la Dirección de Asuntos Indígenas de INDAP, el DASIN y el Ministerio de Bienes Nacionales, entre 1984 y 1985 efectuaron una completa medición del Fundo Ralco para dividirlo en lotes. Gran parte de los bosques quedaron en propiedad de CONAF. Esta medición concluyó en 1987: 12.421 has quedaron como Reserva Nacional (CONAF) y 23.988 has quedaron a disposición de INDAP. En 1986 los Caciques del Alto Bío Bío firmaron el Acta de Ralco en donde se señaló que serían los miembros de las propias comunidades quienes resolverían el tipo de propiedad (comunitaria o individual) que se otorgarían... Concurrieron con su firma en esta Acta autoridades regionales de gobierno y representantes de la Iglesia Católica... Sin embargo, se procedió a la división de las tierras y su traspaso en hijuelas individuales... La comunidad no tuvo tiempo de resolver democráticamente la tenencia de sus tierras. En 1989 se procedió, en consecuencia, al traspaso formal de 6.180 has en Colluco, 479 has en Vegas de Ralco y 17.344 has en Quepuca-Ralco y Ralco Lepoy. En septiembre de 1991 quedó inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Los Angeles la división de la Comunidad Quepuca Ralco. En octubre del mismo año quedó inscrita en iguales condiciones la división de la Comunidad de Ralco Lepoy. En medio de este acelerado proceso de inscripciones, 78 familias pehuenches solicitaron al DASIN-INDAP que se considerase su firme opinión de constituir Tierras Comunitarias y no individuales. A pesar de existir precisas instrucciones del Presidente Patricio Aylwin en orden a no continuar la política de división de comunidades indígenas, que ya había causado profundos estragos durante la dictadura militar, el proceso quedó igualmente consumado... El Gobierno democrático recién iniciaba su primer año de labor y eran muchas las urgencias que había que enfrentar... Esta petición de los Pehuenches de Ralco no alcanzó a ser cautelada y los resabios de la dictadura, instalados en INDAP cumplieron su propósito de hijuelizar las tierras de Ralco Lepoy. Si los Pehuenches de Lepoy hubiesen triunfado en su meta de declarar su propiedad como Tierra Comunitaria el proyecto Ralco hoy sería sólo un dato del pasado, pues las tierras comunitarias, de acuerdo a la Ley Indígena, no son enajenables bajo ninguna fórmula... El Avellano. Valga concluir esta reseña respecto de las Comunidades Indígenas Pehuenches del Alto Bío Bío y la historia de usurpaciones que ha sido investigada acuciosamente por Raúl Molina y Martín Correa, con una breve referencia al caso de la Comunidad Indígena de El Avellano. Se trata de una comunidad cuyo principal deslinde es el Puente Ñireco que marca una especie de inicio de la frontera de tierras pehuenches. De hecho, en los conflictos existentes con la endesa, en agosto de 1998, decenas de indígenas y personas que solidariamente apoyan su causa ocuparon el Puente Ñireco, cortando con ellos la principal vía de acceso de los camiones y maquinaria que ingresan hacia la zona de faenas de la represa Ralco a través de dicho Puente. En 1942 la sucesión Bunster enajenó la hijuela El Avellano en favor del comprador Silvio Franzetti. Cuando se concretaba el traspaso, el Cacique de Ralco solicitó al Presidente de la República su especial amparo... Juan Antonio Ríos, el destinatario, envió la solicitud al Ministro de Tierras y Colonización... el Ministro envió la solicitud al Juez de Indios para su análisis...

El Avellano, ciertamente, fue transferido y comenzaron así importantes litigios que se mantienen hasta ahora. Los nuevos propietarios demandaron a los pehuenches por "usurpadores"... En 1950 se vendió El Avellano a Rafael Richard quien constituyó la "Sociedad Agrícola y Forestal Richard Ltda" la que se compone de las hijuelas Las Huellas y El Avellano. En 1954 adquirió la hijuela San Pedro. Los conflictos resurgieron. En 1954 el Cacique José Levi y familias indígenas de El Avellano y Las Huellas recurrieron de amparo contra Richard. En 1955 la solicitud fue reiterada. Estaba en juego la defensa del bosque nativo y el patrimonio territorial indígena. En 1958 solicitaron la paralización de faenas sobre el rico capital de maderas de Raulí y Pellín, en tanto los indígenas mantenían su residencia en las hijuelas en conflicto. En 1969 las hijuelas pasaron al dominio de Enrique Richard Waugh. En 1976 el Instituto de Desarrollo Indígena (IDI) señaló que la demanda de los indígenas comprendía 1.423 has. Esta es una situación vigente hasta el día de hoy. Síntesis Los hechos descritos permiten apreciar que el Alto Bío Bío ha sido una zona de conquista permanente, primero, por los conquistadores españoles. Luego por la avanzada militar argentina. Posteriormente, por la campaña militar chilena. Después, por el Estado nacional y los privados no indígenas... Hoy, por el modelo económico y la modernidad. Así y todo, los indígenas -en general- no se niegan al progreso y el bienestar. No son refractarios a la modernidad, pero estos hechos, sumados a situaciones contemporáneas, indican que la manera como se ha procedido con la etnia pehuenche, y por añadidura, con las demás culturas originarias, en el marco de una intensa expansión política, económica y militar, ha ido generando inevitables secuelas de desconfianza, no pocas veces actos de violencia o, lo que es igualmente negativo, una sensación de sentirse ajenos al país que progresa con cargo a su identidad y cultura. ¿Qué son, en definitiva, todos estos hechos protagonizados hasta con muertes de pehuenches en algún momento de la historia reciente? Al final de cuentas, el Cacique José María Tranamil, víctima del golpe militar, no es sino la expresión de un modo de relación social dominante y de un desconocimiento de las etnias como componente esencial de la sociedad. Pero no es sólo la muerte física... Es también la muerte civil, esa especie de deceso inexorable que se produce cuando ya no hay espacio territorial, cuando los valores ancestrales pierden su vigencia, cuando los derechos no son reconocidos y entonces, la persona y la comunidad quedan convertidos en objetos de negociaciones dudosas, moralmente repudiables y socialmente impresentables. Uno podría decir que esto era posible, y tal vez comprensible, a comienzos de siglo... Podríamos decir que a mitad de siglo la sociedad chilena todavía estaba en proceso de maduración y que ciertas cosas... bueno, no podían ser totalmente cauteladas... Todavía hay la oportunidad de cargarle responsabilidades a la agitada década de los años 60, con reformas agrarias, expansión del movimiento social y otros complejos asuntos propios de una década de cambios profundos... Pero, son las constantes las que debieran llamar a una reflexión: los mismos procedimientos de fraude legalizado; las mismas connivencias entre los poderes; iguales circunstancias de dolo y engaño; idéntica fragilidad de los más pobres ante el poderoso...Y aun así. Jueces como Bisquert Susarte, Juez de Indios de Victoria, son señales poderosas de intentos profundos de justicia. No se extrañe, por tanto, que la historia de injusticias en el Alto Bío Bío no haya concluido. Y que las constantes a las que hacía referencia permanezcan, vigentes o latentes. En el Chile contemporáneo existe aun el desafío de comprender mejor lo que ocurre con nuestras Comunidades Indígenas. Tal vez... el nuevo siglo depare un mejor destino a los Pueblos Originarios. Fuentes Bibliográficas: "Los Mapuches, héroes olvidados". Antonio Márquez. "Mapuche, gente de la tierra". Malú Sierra. "Los Pehuenches en la vida fronteriza". Sergio Villalobos. Editorial Universidad Católica. "Territorio y Comunidades Pehuenches del Alto Bío Bío". Raúl Molina y Martín Correa. Edición conadi. " Moral y Ritual Mapuche". Louis Faron. Editorial Nuevo Extremo.

Ralco y sociedad: testimonios relevantes

La Iglesia Desde hace varios años la Iglesia Católica destina el último domingo de cada mes de agosto a un Día de Oración por los Pueblos Indígenas. Fue instaurado como una manera de estar en comunión con la realidad, las necesidades e intereses de los Pueblos Indígenas de Chile. Previamente, en 1979, los Obispos del sur de Chile difundieron una Carta Pastoral denominada "Evangelización del Pueblo Mapuche", en donde la Iglesia distinguió claramente el concepto de Nación y de Pueblo. A juicio de los Obispos, dentro del concepto de Nación pueden integrarse perfectamente varios Pueblos. Los Obispos reconocieron en su documento pastoral la existencia de los Pueblos Indígenas, de sus valores y cultura. Catorce años después lo haría el Congreso Nacional en términos formales, al aprobar la ley 19.253 de Pueblos Indígenas en octubre de 1993. En el documento pastoral, la Iglesia propició la integración de las culturas indígenas, conservando y respetando su idiosincrasia como Pueblos, aclarando además que no es lo mismo integración que absorción o asimilación. El Papa Juan Pablo II, en 1987, en su visita a Chile, diría en esa ocasión que "la cultura de un Pueblo es el modo particular como los hombres cultivan su relación con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios, de modo que puedan llegara un nivel de vida verdadera y plenamente humano". Este tema fue reiterado por Juan Pablo II en diversos encuentros en el país. En su discurso a los Constructores de la Sociedad, en la Universidad Católica de Chile, el 3 de abril de 1987 diría que "el estilo de vida común que caracteriza a un Pueblo y que comprende la totalidad de su vida está formado por el conjunto de valores que lo animan y de desvalores que lo debilitan; las formas a través de las cuales aquellos valores o desvalores se expresan y configuran; es decir las costumbres, la lengua, las instituciones y estructuras de convivencia social. En una palabra, la cultura es, pues, la vida de un Pueblo". El magisterio de la Iglesia contemporánea, en su referencia al tema indígena, es extremadamente enriquecedor. Sólo bajo el Pontificado de Juan Pablo II ha sido posible conocer diversas Cartas Pastorales y Mensajes que el Santo Padre ha compartido en terreno, en forma directa, con los representantes de diversas etnias del mundo y de América Latina. En julio de 1980, visitó Manaos en Brasil. En dicha oportunidad el Papa envió un mensaje a los poderes públicos y señaló: "Confío a los poderes públicos y a otros responsables los votos que, en este encuentro con vosotros, hago de todo corazón en nombre del Señor; que a vosotros, cuyos antepasados fueron los primeros habitantes de esta tierra, al tener sobre ella un esencial derecho adquirido a lo largo de generaciones, os sea reconocido ese derecho de habitar en ella en paz y serenidad, sin el temor -verdadera pesadilla- de ser desalojados en beneficio de otros, antes bien estéis seguros de un espacio vital, que será base no solamente para vuestra supervivencia, sino para la preservación de vuestra identidad como grupo humano, como verdadero pueblo y nación". En marzo de 1983, el Papa se reunió con las comunidades aborígenes de Quetzaltenango, en los llanos de Olintopeque, en Guatemala, con casi medio millón de personas. Juan Pablo II contaba con información de la Iglesia guatemalteca acerca de numerosas situaciones de apremio que vivían los indígenas y les dice: "También en este momento la Iglesia conoce, queridos hijos, la marginación que sufrís; las injusticias que soportáis; las serias dificultades que tenéis para defender vuestras tierras y vuestros derechos; la frecuente falta de respeto hacia vuestras costumbres y tradiciones. Por ello al cumplir su tarea evangelizadora, ella quiere estar cerca de vosotros y elevar su voz de condena cuando se viole vuestra dignidad de seres humanos e hijos de Dios; quiere acompañaros pacíficamente como lo exige el Evangelio, pero con decisión y energía, en el logro del reconocimiento y promoción de vuestra dignidad y de vuestros derechos como personas". En marzo de 1983, visitando las comunidades indígenas en el Parque Blatherskite, en Australia, el Papa señaló que la cultura indígena es una manifestación del genio permanente de la dignidad de la raza. A ellos señaló que "no se puede decir que el reconocimiento leal y justo de los derechos

aborígenes a la tierra es una discriminación. Exigir el reconocimiento de los derechos de un pueblo que nunca ha renunciado a esos derechos, no es discriminación. Ciertamente, lo que se ha hecho no puede deshacerse. Pero lo que se puede hacer ahora para remediar lo perpetrado ayer no debe dejarse para mañana". En enero de 1985 el Papa se reunió en Ecuador con 100.000 indígenas en Lacatunga, ante quienes dijo que la Iglesia comparte su anhelo de "ser respetados como personas y como ciudadanos" pues su dignidad no es menor a la de cualquier otra persona o raza. En septiembre de 1987, en la localidad de Fort Simpson, en Canadá, reunido con los indígenas Inuit o esquimales Juan Pablo II les dice que él sabe "que las principales organizaciones aborígenes -la Asamblea de las Primeras Naciones Unidas, el Inuit Tapirísat de Canadá, el Consejo Nacional Metis y el Consejo Nativo de Canadá- han entablado conversaciones a alto nivel con el Primer Ministro y con los Ministerios competentes para estudiar los modos de proteger y aumentar los derechos de los aborígenes de Canadá en la Constitución de este gran país. Una vez más afirmo el derecho a una medida justa y equitativa de autogobierno, junto con una base territorial y los recursos adecuados necesarios para desarrollar una economía viable para las generaciones actuales y futuras". En mayo de 1988, dirá a los indígenas de Santa Teresita, en Paraguay, que él conoce sus deseos de promoción integral y que son justos. "Ante todo, queréis ser respetados como personas, y que sean reconocidos y tutelados vuestros derechos, tanto humanos como civiles. Conozco los graves problemas que os afectan; en particular, lo que se refiere a tenencia de tierras y títulos de propiedad. Por ello apelo al sentido de justicia y humanidad de todos los responsables para que se favorezca a los más desposeídos". En 1989, con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, Juan Pablo II manifestó la necesidad de respetar el espacio vital para el desarrollo de los pueblos autóctonos. "El derecho a existir puede también sufrir menoscabo mediante formas más sutiles. Algunos pueblos, particularmente los calificados como autóctonos o aborígenes, han tenido siempre con su tierra una relación especial, que está unida a su misma identidad, a sus tradiciones tribales, culturales y religiosas. Cuando las poblaciones indígenas se ven privadas de su tierra pierden un elemento vital de su existencia y corren el riesgo de desaparecer como pueblo". El 12 de octubre de 1992, cuando se cumplieron los 500 años de la conquista española el Papa se reunió en Santo Domingo con representantes indígenas de toda América Latina y Norteamérica. Concurrieron delegaciones de 529 Pueblos Originarios y en uno de los escenarios más significativos de que se tenga memoria el Pontífice marcó una línea decisiva para el tratamiento de los temas indígenas. En particular, reconoció y destacó la vinculación de los indígenas con la tierra. "Elemento central en las culturas indígenas es el apego y cercanía a la madre tierra. Amáis la tierra y queréis permanecer en contacto con la naturaleza. Uno mi voz a la de cuantos demandan la puesta en acto de estrategias y medios eficaces para proteger y conservar la naturaleza creada por Dios. El respeto debido al medio ambiente ha de ser siempre tutelado por encima de intereses exclusivamente económicos o de la abusiva explotación de recursos en tierra y mares". De manera contundente, en agosto de 1993, junto a los Indígenas de Izamal, en México el Papa consolidó su magisterio en favor de los Pueblos Indígenas con una clarísima referencia a los problemas de la tierra. "Ciertamente, no se pueden negar los buenos resultados conseguidos en algunos países latinoamericanos por el esfuerzo conjunto de la iniciativa pública y privada. Tales logros, sin embargo, no han de servir de pretexto para soslayar los defectos de un sistema económico cuyo motor principal es el lucro, donde el hombre se ve subordinado al capital, convirtiéndose en una pieza de la inmensa maquinaria productiva, Quedando su trabajo reducido a simple mercancía a merced de los vaivenes de la ley de la oferta y la demanda". A partir de estos elementos ilustrativos, el Obispo de la Provincia Eclesiástica de Los Angeles de Santa María, en la VIII Región, Monseñor Miguel Caviedes, dio a conocer una histórica Carta Pastoral en agosto de 1996, referida a la situación del Pueblo Pehuenche. A través de esta Carta, la Iglesia destacó los principales valores del Pueblo Pehuenche: "Mantiene un sistema especial de relación con la tierra y con la vida. Tiene un fuerte sentido familiar, fraternal y comunitario. Posee una profunda y totalizadora vivencia religiosa. Conserva en mayor o menor grado su lengua propia. Mantiene ciertas peculiaridades en sus formas de vida familiar, de vestir, de alimentación, de salud y de transmisión de la educación. Tiene un profundo

sentido de la Libertad. Muchos de estos valores son propios también de los Pueblos Indígenas de América". El mapuche, se destaca en la Carta Pastoral, es "hijo de la Tierra". Mantiene con ella una relación mística, la considera como si fuera su madre, la "madre tierra". No es el mapuche el que posee la tierra, sino que es la tierra la que lo posee a él. "Por tal motivo hay en el Pueblo Mapuche un amor entrañable a la Tierra y un profundo respeto ecológico y sagrado hacia ella". La Iglesia comprende que para el mapuche trabajar la Tierra tiene un sentido profundamente humano, pues a través de esta relación se construye, se mantiene y se desarrolla la comunidad. La Tierra viene a ser entonces, el lugar de sus mitos, de su historia, de sus creencias y de sus antepasados. "Finalmente, es el lugar de su esperanza y de su identidad". "Como consecuencia de lo ya dicho -señala Monseñor Caviedes- el despojo de sus tierras, en cualquiera forma que se haga, implica para el Pueblo Mapuche hacerlo desaparecer de hedió como Pueblo (etnocidio) y como personas (genocidio)". En el documento pastoral el Obispo de Los Angeles examinó en profundidad el sentido comunitario de los Pehuenches. Para ellos, la comunidad está en función de la realización de las personas y de las familias. Así constituyen la noción de Pueblo. Una manera de expresar esta dimensión comunitaria es a través de la propiedad común de la Tierra. "Cabe hacer notar que muchos mapuches, entre ellos también Pehuenches, han llegado a la posesión individual de sus tierras, debido al Decreto Ley 2.568, modificatorio de la Ley 17.729 de Indígenas, dictado por el Gobierno militar. Pero su mentalidad, debido a su cultura, era y sigue siendo la posesión comunitaria de sus tierras. El motor que dinamiza su vida comunitaria es la solidaridad fraterna, que integra a las personas y a las familias en la unidad de un pueblo, donde no sólo se sienten iguales, sino que también hermanos". Estos elementos de análisis, sumados a antecedentes sociales, históricos y religiosos, permiten a la Iglesia señalar entonces ciertas líneas básicas de acción, para ser tomadas en cuenta por la sociedad. Son propuestas que se enuncian para la sociedad en general y el Estado en particular. "1.- El Pueblo Pehuenche tiene el derecho y el deber de mantener, promover y perfeccionar su cultura viviendo plenamente sus valores y sanando sus desvalores. Ha de transmitir su cultura a las generaciones futuras. "2.- La sociedad chilena en general y el Estado en particular tienen el deber de respetar con hechos y con palabras, la cultura del Pueblo Pehuenche. Para realizar esto es necesario que haya un conocimiento de esta cultura. "3.- La sociedad en general y el Estado en particular tienen el deber de propiciar la promoción humana integral del Pueblo Pehuenche que permita su pleno desarrollo en los campos social, económico político tecnológico, científico, etc. Así este Pueblo logrará su participación plena y su total integración en la vida nacional. "4.- El Pueblo Pehuenche tiene el derecho y el deber de ser gestor de su propia promoción humana y desarrollo. El se esforzará por pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. "5.- Toda promoción y desarrollo del Pueblo Pehuenche ha de reafirmar su identidad, manifestada en su cultura. En sentido contrario, han de ser descartados toda promoción, desarrollo y progreso que vayan en detrimento de su identidad como Pueblo. "6.- El progreso socio-económico y tecnológico, que muchas veces es necesario y que va en beneficio de la sociedad en general, pero que se gesta en los territorios ancestrales del Pueblo Pehuenche como por ejemplo, centrales hidroeléctricas, gasoducto, promoción masiva del turismo, etc., ha de respetar, para que sea verdadero, la identidad cultural de dicho Pueblo. En sentido contrario, ha de ser desechado el progreso socio-económico y tecnológico que no salvaguarda la identidad cultural del Pueblo Pehuenche manifestada en sus valores. "7.- Dado que la Tierra es un elemento vital e imprescindible en la cultura del Pueblo Pehuenche, hasta tal punto que no se puede vivir sin ella, todo progreso que se lleve a cabo en el territorio Pehuenche ha de tomar en cuenta la mantención del medio ambiente, con todo lo que esto significa. En sentido contrario, se ha de dejar a un lado todo desarrollo que atente contra el medio ambiente en dicho territorio. "La Iglesia Diocesana, desde su Misión, pide con respeto a las autoridades correspondientes considerar estas líneas, al estudiar los proyectos de obras de progreso socio-económico y tecnológico en el Alto Bío Bío, cuando se gestan en el territorio recibido por el Pueblo Pehuenche

de sus antepasados. La Iglesia Diocesana pide esto, ya que estas líneas de acción surgen de la dignidad de la persona humana y de los Derechos de las Minorías Étnicas de una Nación". En julio de 1991, con motivo del debate iniciado en aras de la promulgación de una nueva Ley Indígena, la Conferencia de los Obispos de Chile señaló, en un documento pastoral denominado "Al Pueblo Mapuche ante la nueva Legislación", la importancia de los valores culturales, de la historia, religiosidad y costumbres de los indígenas y la necesidad de reconocerlos en tanto derechos esenciales. Los Obispos aportaron desde su práctica evangelizadora un conjunto de antecedentes históricos y sociales, de su conocimiento directo con las comunidades, que fueron relevantes en la discusión legislativa y postularon un amplio respeto y reconocimiento de los derechos fundamentales de los Pueblos originarios. En 1987 el Papa Juan Pablo II, en su histórico encuentro en Temuco dirigió palabras especiales para el Pueblo Mapuche diciéndoles que les alentaba a conservar con sano orgullo la cultura de su Pueblo, las tradiciones y costumbres, el idioma y los valores propios. "Al defender vuestra identidad no sólo ejercéis un derecho, sino que cumplís también con un deber: el deber de transmitir vuestra cultura a las generaciones venideras, enriqueciendo de este modo a toda la Nación chilena, con vuestros valores bien conocidos: el amor a la tierra, el indómito amor a la libertad, la unidad de vuestras familias. Iluminados siempre por la fe en Cristo, veréis en los demás, por encima de cualquier diferencia de raza o cultura, a hermanos vuestros y los sabréis comprender y querer. La fe agrandará vuestro corazón para que quepan en él todos los hombres, especialmente, Quienes forman con vosotros la Nación chilena". El Santo Padre invitó en esa ocasión a todos los chilenos a " a respetar su idiosincrasia". En mayo de 1997 cuando se produjo la primera crisis institucional en Conadi, como resultado de la destitución de su primer Director Nacional, Mauricio Huenchulaf, el Obispo de la Diócesis de Temuco, Monseñor Sergio Contreras, pastor muy apreciado por las comunidades indígenas, escribió en los primeros días de mayo de 1997 en el Diario Austral de Temuco que "En el conflicto que se ha suscitado en la Conadi, por el cambio de sus principales autoridades, ha quedado planteada una interrogante muy seria que deseamos tenga feliz respuesta". El prelado se refería al hecho de que no estaba claro si tales cambios obedecían a motivos administrativos o a un deseo expreso del Gobierno para facilitar el avance de ciertos megaproyectos... Monseñor Contreras estimaba que el tema era muy sensible a la conciencia de los mapuches. "En 1979, escribe, cuando el gobierno del General Pinochet modificó la Ley Indígena de 1973, con el preciso fin de reducir las tierras indígenas a una igualdad de condición como propietarios individuales y favorables al libre mercado, fue increíble la capacidad de reacción que tuvieron los mapuches al comprender el significado de tal determinación. Se produjo un movimiento de extraordinaria celeridad y que dio vida a la primera organización mapuche de ese período. En torno a ella surgieron las que hoy se conocen. El propio gobierno militar tuvo que hacer algunas modificaciones y admitir un plazo de prohibición de venta de dichas tierras. "La Ley 19.253, promulgada solemnemente por el Presidente Aylwin, fue fruto de un largo proceso y se la dictó con una clara conciencia que la ley concedía a los indígenas protección ante la dinámica de las leyes del mercado. "Hoy, el acelerado progreso económico del país impulsa nuevos proyectos que entran en colisión con la protección que la Ley Indígena concede a las tierras. Siempre es posible, mediante el diálogo, encontrar salidas favorables al Bien Común, pero que sean respetuosas al espíritu que anima la Ley 19.253, que busca compensar la deuda histórica que la Nación tiene con los Pueblos Indígenas y evitar así nuevas formas de injustas usurpaciones". La Iglesia Católica a través de sus principales Obispos del Sur de Chile ha ido expresando entonces de manera sistemática una acendrada preocupación por el destino de los Pueblos Indígenas. Es de justicia señalar que en ello han sido perseverantes, afectuosos y solidarios particularmente con el Pueblo Pehuenche destacándose en esta tarea con mucha mayor perseverancia que los partidos políticos que adhirieron al Pacto de Nueva Imperial en 1989. Pero el tema no es sólo preocupación de los obispos chilenos. Hay una inquietud generalizada en la Iglesia de América Latina e incluso a nivel mundial. El Consejo Pontificio Justicia y Paz, en noviembre de 1997, difundió un trascendental documento titulado Para una Mejor distribución de la tierra, el reto de la Reforma Agraria, que causó una renovada polémica con amplios sectores conservadores, latifundistas y grupos políticos no

democráticos del continente. Por cierto en nuestro país la prensa conservadora mayoritariamente en manos de la derecha silenció el documento en forma interesada. La Comisión Pontificia llamó a tomar conciencia acerca de los dramáticos problemas humanos sociales y éticos que desencadena la concentración y apropiación indebida de la tierra en manos de unos pocos. Se dice al respecto: "En estos últimos decenios ha tenido lugar la expansión de grandes empresas agrícolas instalaciones hidroeléctricas explotación de recursos minerales petrolíferos y madereros que han sido decididos planificados y realizados sin considerar los derechos de los Indígenas. "Todo esto tiene lugar en forma legal y surgen los conflictos del derecho legal de propiedad con el derecho de uso del suelo originario por una ocupación y por una pertenencia cuyos orígenes se remontan a tiempos muy lejanos". En suma la Iglesia se pronunció "con evangélica franqueza, sobre las situaciones escandalosas, presentes en casi todos los continentes, respecto a la propiedad y el uso de la tierra". A partir de las importantes recomendaciones formuladas por la Comisión Pontificia Justicia y Paz la Pastoral Mapuche del Vicariato Apostólico de la Araucanía con motivo del Día de Oración por los Pueblos Indígenas, en agosto de 1997 llamó a toda la ciudadanía a "contemplar la naturaleza, a amar la tierra y a no seguir degradándola, a considerarla como un Don y que nadie tiene derecho a tratarla como un objeto de compraventa". "Queremos decir una vez más que este Don tan preciado pertenece a todos y no a unos pocos; que no podemos estar indiferentes ante los grandes atropellos que sufre nuestra Madre Tierra y cada uno de nuestros Hermanos Mapuches. "Pedimos que haya más garantías reales para nuestros hermanos en todos los campos y en este sentido pedimos que se agilicen los procesos de conflictos de tierras. "Pedimos que hayan más subsidios de tierra y agua; que se consideren los impactos ambientales y la degradación de las tierras indígenas en los proyectos de grandes construcciones hidroeléctricas y empresas forestales, porque no podemos aceptar que se les prive de vivir dignamente como Hijos de Dios y que se les quite aquello que les pertenece. Ese Don de la Tierra que junto a todos nuestros Hermanos campesinos nos toca compartir". Los Partidos Políticos Por cierto, donde el tema Ralco y su relación con la Cultura Pehuenche tiene mayor impacto es en los partidos de inspiración democrática, particularmente, en los partidos de la coalición gobernante, los partidos de la Concertación Democrática. Sólo dos de sus cuatro principales colectividades han expresado un pronunciamiento formal en el nivel de sus Direcciones Políticas. El Partido Socialista, en abril de 1997, adoptó una posición oficial en relación al proyecto Ralco. Luego de un conjunto de consideraciones, el acuerdo oficial de esta colectividad apuntó a la necesidad de ampliar y extender el debate acerca de la conveniencia o inconveniencia para el país del proyecto Ralco y que, por tanto, no se adoptase ninguna decisión en forma apresurada que no cuente con la credibilidad indispensable de la comunidad nacional. El PS estableció entonces varias condiciones fundamentales, entre ellas, un estudio técnico de la Comisión Nacional de Energía para determinar la real conveniencia del proyecto o su sustitución por centrales a gas en ciclo combinado. Se solicitó a la Conadi una opinión técnica e informada sobre las ventajas o desventajas del plan de relocalización... A esa altura de abril de 1997, era de público conocimiento el segundo informe de Conadi sobre ese plan... El PS subrayó en su declaración oficial la necesidad de "fortalecer el rol regulador del Estado, a fin de evitar el creciente control monopolice del sector energético, con vistas a la creación de mercados efectivamente competitivos, que por su transparencia impidan el aumento artificial de las tarifas". El Partido Socialista optó en esa oportunidad -abril de 1997- por una declaración de carácter técnico. No se involucró en consideraciones relativas a los Derechos Humanos y Sociales de los Pehuenches. De hecho, la principal referencia a los pehuenches es sobre los efectos "extremadamente relevantes" que se producirán en sus territorios. La declaración oficial del PS concluyó con dos advertencias: "La decisión que se adopte, en definitiva, sea de aprobación o rechazo, debe privilegiar el que con ella se genere un claro y efectivo bienestar social, para lo cual se deben ponderar todos y cada uno

de los costos y beneficios del proyecto, en un análisis completo e integrado que incluya aquellos de carácter económico, social y ambiental. "Además, este proceso debe ser transparente y fundado en antecedentes técnicos y no operar sobre la base de prejuicios y creencias dogmáticas, ya sea ecologistas o productivistas. Menos aun, no se deben permitir presiones indebidas a favor o en contra del proyecto, que pretendan influir sobre una decisión que comprometa el bienestar y el crecimiento económico del país". A comienzos de mayo de 1997, luego de producidas las primeras destituciones en la Conadi y después de ser haber sido nominado el nuevo Director de la Corporación, se realizó una amplia discusión en el seno de la Comisión Política del Partido Por la Democracia (PPD), luego de lo cual se concluyó también en una Declaración que fijó la posición oficial de esta colectividad. El PPD declaró observar con preocupación "que eventuales conflictos entre la Ley eléctrica e indígena deriven a los tribunales de Justicia, al no darse un acuerdo entre actores públicos y privados. También el PPD observa con inquietud la falta de una articulación de la política ambiental con la política indígena" y, por lo tanto, el PPD recomienda "reafirmar la importancia de abrir los espacios institucionales y políticos para que el crecimiento no sea un daño al medio ambiente ni que éste opere como freno a la inversión y el desarrollo". "Que se respete integralmente la Ley Indígena y la Cultura Pehuenche, solicitando para ello que se pronuncie formalmente la Conadi en relación a la relocalización de las familias pehuenches, la inundación de terrenos indígenas comunitarios y la solución equitativa en lo económico, que permita la integración social del Pueblo indígena en el desarrollo del Alto Bío Bío". Junto con señalar también la necesidad de que la evaluación de impacto ambiental integrase tanto el impacto de la central Ralco, como el impacto ya producido de Pangue y de otros proyectos que se pensaban ejecutar en el Alto Bío Bío, el PPD abordó en su pronunciamiento oficial un interesante punto de vista respecto del tema energético en juego. "Debe aprovecharse esta oportunidad para iniciar una discusión política sobre la inequidad territorial de los beneficios de estos megaproyectos generadores, dado que los recursos que quedan o se reinvierten en las cuencas, comunas y territorios involucrados, son insignificantes en relación a su aporte energético para el país y económico para las generadoras". El tema de la inequidad territorial fue ampliamente discutido en la Comisión Política del PPD con un acopio de antecedentes que permitieron demostrar la historia de usurpaciones legales producidas en el Alto Bío Bío. Esto implicó también un debate acerca del modelo de desarrollo y sus consecuencias sociales, culturales y ambientales. Por tal razón, la Comisión Política del PPD estimó necesario: "Aprovechar la oportunidad de esta discusión para avanzar en una definición de política en tomo al desarrollo sustentable de los distintos ecosistemas del territorio nacional, donde se busque armonizar la optimización del uso de sus recursos naturales, con el respeto al medio ambiente y a las culturas existentes". El debate sobre la problemática indígena recién comenzaba en estas colectividades. La ausencia de un análisis y discusión más profunda permitió que las declaraciones del PS y del PPD, los partidos progresistas de la Concertación, tuvieran un sello ambiguo y poco definido, formulando más bien llamados a la sociedad y a la autoridad, estableciendo advertencias y no resolviendo, en definitiva, una demanda que en ese momento, en el movimiento social indígena ya estaba presente con bastante intensidad. La crisis de Conadi en abril de 1997 generó más cautela que compromiso solidario en estos partidos, estableciéndose así un claro y poderoso contraste con las firmes y categóricas definiciones provenientes de distintos organismos de la Iglesia Católica y entidades ambientalistas. El tema no es menor. Por cierto, los partidos de la Concertación forman parte del Gobierno democrático y corresponde un equilibrio razonable entre la demanda y la proposición. Por otro lado, la existencia de un férreo modelo económico de corte neoliberal, aceptado por la clase política democrática, ha dejado poco espacio a propuestas de reforma o cambio en la estructura monopólica del poder empresarial chileno. Se suma a esto el contexto de una transición muy particular, producto de acuerdos y pactos políticos, en donde la estabilidad política y económica vienen a tener una calidad superior a la estabilidad de las demandas históricas de los procesos sociales y culturales. Las direcciones políticas de estos partidos, mayoritariamente, no estaban en condiciones, o al menos creían no estarlo, de tener que pronunciarse en contra del proyecto Ralco, más aun cuando

el proyecto cuenta con un alto interés gubernamental en su realización; por lo tanto, las objeciones no iban en relación con la existencia de las culturas y el cuidado del medio ambiente, sino más bien se apuntó, como lo dijo el PPD, a hacer bien las cosas... No obstante, no conforme con este predicamento, en el XVI Consejo Nacional del PPD, reunido en el Centro Canelo de Nos, en San Bernardo en junio de 1998, los Delegados de la Provincia de Los Angeles, precisamente donde está la jurisdicción del tema Ralco, presentaron un Voto político de absoluto rechazo al proyecto. Este voto fue aprobado por la unanimidad de los Consejeros Nacionales, cerca de 350 personas... Ninguno de los Delegados que formularon la propuesta era indígena, lo que viene a demostrar la transversalidad que este tema alcanza en los niveles políticos y sociales. Distinto es el caso de las Juventudes de estas mismas colectividades, las que en sus pronunciamientos se distinguieron claramente de las direcciones superiores de sus partidos y fueron categóricas, denotándose así un estatuto de opinión relevante y distinta entre la nueva generación de dirigentes políticos jóvenes y las direcciones, por decirlo de una manera educada, más adultas y proclives a la -digámoslo así- medición ponderada de los acontecimientos políticos... En junio de 1997 las Juventudes del Partido Socialista (PS); del Partido Demócrata Cristiano (PDC); del Partido Radical Social Demócrata (FRSD); y del Partido por la Democracia (PPD), suscribieron la siguiente declaración pública, que es importante transcribir íntegramente: "El cuidado y protección del medio ambiente no sólo es un imperativo ético con las generaciones futuras o un compromiso con dar solución a los graves problemas de contaminación que enfrenta nuestro país, sino que ésta constituye una variable estratégica en una economía como la chilena, basada en la dotación de recursos naturales. "La realización del proyecto de la Central Hidroeléctrica Ralco, creado por Endesa en la VIIIa Región, atenta ambientalmente, provocando efectos irreversibles en la cuenca del Alto Bío Bío, la cual posee características ecológicas únicas, con una biodiversidad incomparable, y siendo ésta patrimonio de todos los chilenos nos hayamos en la necesidad de defender. "Las Juventudes Políticas de la Concertación, preocupadas por el medio ambiente plantean lo siguiente: "La primacía incuestionable de la Ley Indígena 19.253 (norma constitucional), por sobre la Ley General de Servicios Eléctricos (DFL Nº 1 de 1982). [subrayado es del texto original]. "Que las normas y estándares que hagan viable un desarrollo sustentable debieran primar por sobre los intereses políticos o de sectores económicos. "La falta de credibilidad, autonomía e independencia en la toma de decisiones de la Conama y Conadi, con respecto a la Secretaría General de la Presidencia, como del comité de Ministros, haciendo irrealizable la labor fiscalizadora que debieran tener estas entidades. "La necesidad de aplazar la decisión con respecto al proyecto Ralco, a lo menos, posterior a las elecciones parlamentarias, para así poder ampliar el debate acerca de la conveniencia o inconveniencia para el país del proyecto Ralco. "El respeto al Área de Desarrollo Indígena en la zona, ya que se estarían transgrediendo los factores que influyen para dicha nominación. "Por último, la posibilidad de que se puedan estudiar alternativas para la satisfacción energética, como por ejemplo, centrales de paso. "Además, hacemos un llamado a todas las personas que apoyan esta iniciativa y aquellas que no son indiferentes con los problemas medio ambientales de nuestro país a participar de un acto masivo a realizarse a fines de agosto, como una forma de expresar nuestra oposición a la construcción de la Central Ralco". Esta declaración del 4 de junio de 1997, fue firmada por Alvaro Elizalde, Juan Carlos Peralta, Patricio Córdova y José Luis Sepúlveda, de las Juventudes Socialista, de la Democracia Cristiana, del Partido Radical Social Demócrata y del Partido por la Democracia, respectivamente. No conformes con este gesto, los dirigentes juveniles iniciaron una abierta campaña: convocaron a actos de solidaridad con los Pehuenches, exigieron ser recibidos por los ejecutivos de Endesa, enviaron declaraciones a los medios de prensa... Para los Partidos políticos democráticos el tema Ralco constituye un asunto delicado y crítico. La segunda crisis institucional de Conadi, en agosto de 1998, a un año y tres meses de los primeros cambios producidos en abril de 1997, permitió aflorar una contradicción mayor. Para el PPD, fue inevitable el tener que expresar su posición de rechazo a los procedimientos de Endesa y brindar

su solidaridad ante las autoridades de la Conadi destituidas por tratar de hacer cumplir la Ley Indígena. Esto implicó que la mesa Directiva acordase que ningún dirigente del Partido asumiese de nuevo la conducción institucional de la Conadi por considerar que no estaban dadas las garantías para que otro profesional seriamente, pudiera ejercer el cargo de Director Nacional libre de presiones o condicionantes que afectasen las normas de la Ley Indígena. De hecho esta decisión política significó un difícil proceso de designación del nuevo Director Nacional, el tercero en cinco años de existencia de la Conadi, dado que diversos personeros indígenas, militantes de la Concertación de Partidos, declinaron sucesivamente hacerse cargo de la Conadi por estimar que se enfrentaban a un conflicto en el cual las instrucciones serían -taxativamente- hacer aprobar las permutas de tierras pehuenches y facilitar así la instalación de Ralco. En este contexto, el lunes 10 de agosto de 1998, la mesa de Presidentes de los partidos de la Concertación tomó cierta posición en el tema Ralco a través de una escueta declaración conjunta en donde sólo se enfatizó la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo. Se dijo al respecto que "La Concertación se pronuncia poraue se llegue a un acuerdo en la mesa de diálogo establecida en la VIII Región y dirigida por el Intendente de la zona". El Presidente del PDC, Diputado Enrique Krauss, acotó que la clave era conciliar el respeto de las etnias sin frenar el desarrollo. El Presidente del PPD, Senador Sergio Bitar, agregó que el eje del acuerdo es "cumplir con la Ley indígena y sobre esa base establecer acuerdos". El Presidente del PS, en ese momento Camilo Escalona, señaló que Ralco era un tema "emblemático para el país. Cualquier decisión que se adopte debe apuntar a que evite incubar un conflicto étnico que hasta ahora no se ha producido en nuestro país". Más claro fue el Presidente del Partido Radical Social Demócrata, Anselmo Sule, quien se mostró ampliamente favorable al mantenimiento de las etnias como parte importante del Estado chileno. (La Hora, lunes 10 de agosto de 1998). Finalmente, después de varias semanas de intensas gestiones, a mediados de septiembre de 1998, un militante del Partido Socialista, de profesión abogado, asesor en la Secretaría General de la Presidencia, Rodrigo González, tuvo que asumir en condiciones muy complejas, y en medio de relaciones críticas con los representantes indígenas en el Consejo Nacional, situación que fue regularizada durante noviembre de 1998, mediando una serie de gestiones de buena voluntad por parte del Presidente de la Cámara de Diputados. La nominación de González se realizó el 17 de septiembre, horas antes de iniciarse en el país las Fiestas Patrias, con lo cual su nominación tuvo una limitada resonancia periodística para el movimiento indígena. Así lo consignó el diario La Tercera, el 18 de septiembre de 1998, cuando la mayoría de los chilenos participan en actos festivos por la Fiesta de la Independencia y en esa fecha -como es tradicional- ajenos a toda coyuntura. Citando declaraciones del Presidente del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, importante vocero mapuche en Naciones Unidas es La Tercera quien efectúa el análisis de rigor sobre este nombramiento: "Para Huilcamán, el hecho de que el nombramiento se relice horas antes de Fiestas Patrias obedecería a una actitud premeditada y afanes de esconder situaciones que ponen en cuestionamiento la figura del Director. Esto, en el sentido de que el nuevo timonel podría llegar dispuesto a aprobar la construcción de Ralco" [La Tercera, 189 98: "Gobierno nombró nuevo Director de la Conadi" pag.9], El nombramiento del nuevo Director de Conadi, también sorprendió al Partido Socialista. Así lo declararon parlamentarios de esta colectividad y la propia Comisión Indígena del PS señaló no haber sido consultada al respecto. En lo principal, sin embargo, el problema radica en una contradictoria situación política: los partidos de la alianza sienten que no pueden rechazar de plano el proyecto Ralco, pues correspondería a un interés económico vinculado al desarrollo energético del país. Siendo partidos de Gobierno existe una razón de Estado para brindar su respaldo al proyecto y buscar corregir los errores de su puesta en marcha. Por ello, la conducta es exponer, en privado, las objeciones que se estimen pertinentes, y apoyar en público los distintos alcances que una determinada iniciativa puede tener para la sociedad. Está en juego en estos procedimientos políticos el problema de fondo de la gobernabilidad de los procesos de modernización de un país que para salir del subdesarrollo requiere ampliar de manera sostenida su infraestructura y proveerse de medios de producción capaces de permitir que Chile

sea un país competitivo en el mercado global en el cual nos encontramos insertos. El crecimiento económico nacional requiere un fuerte respaldo energético y el uso de las fuentes hídricas para generar electricidad viene a ser un asunto trascendente que, desde la perspectiva del Estado, obliga a la imposición de ciertos sacrificios, entre ellos, la afectación de importantes recursos naturales y el impacto inevitable que determinados proyectos pueden significar para una determinada comunidad humana. Si una coalición política gobernante está consciente de estos factores que inciden en el desarrollo, la variable ética se reducirá entonces a la escala de las compensaciones, en donde el daño provocado por los megaproyectos se debiera mitigar en la misma medida que se imponen condiciones severas para minimizar los estragos ambientales y, tratándose de grupos humanos, indemnizar y cautelar que las personas sean beneficiadas adecuadamente. El punto implica diferencias relevantes entre la clase política dirigente y la propia militancia de los partidos, más cercana a las realidades sociales. Estos temas no son de tan simple lógica. No es tan claro que sea suficiente un conjunto de buenas indemnizaciones para dar por zanjado que una cultura puede desaparecer en aras del progreso. El dilema ético-político sigue vigente: ¿qué es más importante para una sociedad? Ningún proyecto es absolutamente indispensable, porque con el avance de la ciencia y de la tecnología hoy existen muchas más alternativas que antes. Entonces, ¿por qué la obcecación?... O lo que es peor: ¿por qué tenemos que dar por aceptado que el bienestar de millones de chilenos requiere el sacrificio de una cultura, representada, en este caso, por unos pocos pehuenches, enclavados ancestralmente en una cordillera, junto a un río, y a quienes hay que sacar... por cualquier medio, obviamente, legal...? La gobernabilidad de los procesos de modernización de nuestra sociedad da por aceptado este sacrificio natural que viene con el progreso. Y podría ser así, siempre y cuando, en realidad todos los afectados pudieran tener igualdad de condiciones para obtener -siendo ese el caso- las mejores compensaciones posibles. Ralco es un paradigma negativo en ese sentido pues no se cumplen los mínimos valorices indispensables y el proyecto continuó su marcha, aun cuando todos sabíamos y nos dábamos cuenta de lo que realmente ha estado sucediendo. Pero volvamos al tema de fondo. Se dirá, con razonables argumentos sin duda, que las sociedades no progresan sin sacrificios. Que los países no se hacen modernos si no cierran sus ojos y oídos al salvajismo de la expansión económica. Que hay una razón de Estado para asumir el sacrificio de nuestros recursos naturales como un costo inevitable... Y que si esto toca a comunidades humanas, pues bien, la ética del Bien Común de las mayorías es de superior calidad al Bien particular de unos pocos. En consecuencia, el que escasas familias pehuenches iletradas e ignorantes de los importantes efectos del progreso futuro que Ralco ofrece a la Nación toda, pueda afectar el interés general de millones de chilenos, es -francamente- un obstáculo para la empresa modernizadora. Por lo tanto, el Estado, con todos sus recursos políticos, legales e institucionales, debe buscar hacer prevalecer el interés general de la sociedad... En este contexto, la "salida política" para la conflictiva situación de Ralco y su relación con los Pehuenches, es que la Endesa, por un lado -el capital privado-, y el Estado, por otro -los recursos públicos-, confluyan en el propósito de indemnizar a los indígenas hasta un nivel tal que las ofertas, por su generosidad material, sean de tal magnitud, que ello se convierta en un ejemplo a imitar en el resto de la sociedad. Tengamos presente que megaproyectos vinculados a la expansión forestal, al desarrollo turístico en el norte, a la ocupación de ricos subsuelos mineros, a la explotación de nuevos recursos hídricos y de importantes obras viales y portuarias que colindan, si no se confrontan abiertamente con el poco territorio indígena que queda disponible, están a la espera de los resultados de lo que suceda con Ralco, pues la manera como se resuelva, dará la señal de partida para que otros megaproyectos se impongan sin mayores contemplaciones sobre las comunidades indígenas si es que los principios políticos y económicos que respaldan el proyecto Ralco finalmente se materializaran. El dilema no es fácil de resolver aun cuando existen caminos para intentarlo, pero se necesita un tipo de voluntad política distinta a la que hemos observado en la práctica del Estado hasta hoy día. Lo primero es partir del reconocimiento efectivo de los Derechos Humanos y Sociales de los Pueblos Indígenas.

Segundo, reconocer su estatuto jurídico en cuanto Pueblos que componen la Nación chilena, esto es, el reconocimiento constitucional de su calidad de Pueblos Indígenas. Tercero, concordar con las representaciones nacionales de cada Etnia un Acuerdo Social y Económico, en donde se señalen claramente las condiciones que las partes interesadas deben establecer para dar paso a los nuevos y futuros megaproyectos (Estado, Empresas y Pueblos Indígenas). Esto requerirá, entre otros aspectos, sustanciales modificaciones a la Ley Indígena para potenciar sus efectos y no para debilitar sus normas y asumir, por parte de un nuevo gobierno democrático, compromisos de superior calidad a los que se asumieron en los Gobiernos de Aylwin y Freí. En síntesis, se trata de abrir un proceso de participación ciudadana indígena en los asuntos concernientes al Estado y el desarrollo nacional y democrático del país. Participación no significa sólo escuchar y dar por atendidas las aspiraciones de determinados Pueblos Indígenas y después hacer lo que ya se tenía pensado... Implica escuchar e integrar tales aspiraciones en políticas concretas, varias de la cuales se han ido cumpliendo en estos primeros cinco años de aplicación de la Ley Indígena, siendo aun insuficiente su cometido principal. En resumen, es probable que el periodista Fernando Villegas, en su columna habitual de un semanario periodístico de derecha, la Revista Qué Pasa, haya apuntado al centro neurálgico de este tipo de problemas cuando escribió un artículo titulado "Que vienen los indios..." publicado el 15 de agosto de 1998. Dice al respecto: "Dirá el oficialismo político y económico que Chile necesita ese proyecto hidroeléctrico y no será un puñado de indígenas azuzados por activistas los que van a detenerlo. Se dirá que los mapuches van a recibir mejores tierras y se han resguardado sus derechos, que se trata de un problema "artificialmente generado por gente ajena a la zona". Como prueba señalarán el magro número de familias que se resisten a la permuta ofrecida. Pero esa argumentación, aunque cierta, es incompleta al punto que termina siendo parcialmente falsa. Puntualicemos. "Primero, la razón y la sustancia de un reclamo, idea o derecho, su alcance y trascendencia, jamás han dependido exclusivamente del número de gente que en un momento dado la expresa. Eso es circunstancial. Las enseñanzas de Cristo, las cuales sin duda el Presidente venera como la Verdad misma, fueron al principio seguidas por apenas doce individuos a los que se opuso todo el mundo. "Segundo, tampoco la calificación de activistas desmerece instantáneamente a quienes se han congregado para apoyar una causa. Asumir que su presencia sindica aquella como un engendro artificial señala más bien la voluntad de cerrarse ante los hechos para luego abrirles la cabeza a palos a dichos "perturbadores del orden". Los activistas no pueden activar lo que no existe y lo que existe no desaparece ahuyentando a sus testigos. "Activista" es simplemente el modo de bautizar peyorativamente a quien promueve una actividad que nos disgusta; tiene todas las resonancias de la literatura anticomunista del período de guerra fría, cuando mediante un lenguaje descalificador se preparaba al público a aceptar la "restauración del orden" infligida por guardias pretorianas. Las tumbas secretas de América Latina están repletas de activistas con el cráneo agujereado. No se irá tan lejos en este caso, pero ya se ha ido demasiado cerca de un enfrentamiento doloroso(...). "Toda causa debe ser examinada de acuerdo a sus méritos en especial cuando la importancia del asunto trasciende su condición local. En verdad llamar "local" a algo sólo porque obviamente se origina y concreta en determinado lugar y tiempo es una falacia. Perfectamente sus consecuencias pueden abarcar el planeta. ¿Acaso lo que se haga en Ralco no debe interesar a ningún chileno que no viva en Ralco? Allí no está simplemente en juego la suerte de los indígenas o incluso del medioambiente de esa zona, sino la legitimación o rechazo de un estilo de iniciar proyectos que pese a su obsolescencia sigue siendo el prevaleciente. "El gobierno se obstina en no aprender que la participación ciudadana no es auténtica si se convoca post factum; el gobierno porfía en confundir participación con comunicación de los hechos consumados y se taima en creer que si surgen resistencias es por una mala puesta en escena de sus cosmetólogos. Participación significa oír a la ciudadanía involucrada antes de involucrarla, no después de joderla. Sí, hubo un proceso de estudios y consultas, pero después se decidió hacer la represa en los términos conocidos después de concluidos los estudios técnicos, después de tomar la decisión política de echarle para adelante. Ese después es el pecado original que ahora se paga. Si se cree en la democracia, los brochures para la prensa preparados a posterior! por escribanos a sueldo debieran sustituirse por algo más contundente; ¿qué tal hablar con la gente antes?

"Antiguamente se construía una represa tras otra sin que nadie chistara, todo en medio del solemne silencio con que en patricios tiempos solían contestarse los rezongos de la chusma, pero sobre esas excelentes costumbres de respeto y obsecuencia ya cayó el telón. Cada conflicto que incendia hoy en día el mundo ha surgido de un interés que había sido pisoteado por siglos con la mayor impunidad y que de pronto, como Godzilla, salió de su letargo. "Vivimos la era de la sed de justicia más grande de todos los tiempos y aun incluso en el error esa llama arde como loca. Tómese razón". En la prensa conservadora Los medios de prensa escritos, por cierto, juegan un rol extraordinario en la formación de una opinión pública informada y dispuesta a participar en un debate social, político y cultural. El tema indígena, desde mediados de 1997 viene ocupando espacios privilegiados en las importantes páginas editoriales de diversos diarios y revistas de opinión. Subyacen en dichas notas editoriales concepciones éticas y evaluaciones políticas que son relevantes de considerar en un sentido general y específicamente vinculado al tema Ralco. En el sentido general, prevalece en la prensa conservadora una evaluación negativa que va desde la crítica al discurso étnico-ambientalista hasta los efectos que, de acuerdo a los editorialistas, tiene lo que ellos denominan el fundamentalismo indígena sobre la política de inversiones y el desarrollo económico del país. La prensa progresista tiene otro enfoque que es liderado por las editoriales del Diario La Época, Realidad Social de los Mapuches (151297) y Realidad de la Discriminación (211297). En ambos temas. La Época tomó posición en favor de las demandas indígenas y formuló importantes reconocimientos de sus demandas históricas. Así, el 15 de diciembre señala: "Si en algún tiempo se pudo estimar que las reducciones indígenas disponían de tierras abundantes y aun, según opiniones interesadas, excesiva, hoy por hoy, es evidente que ésta se hace escasa, por efecto del aumento de la población, de la erosión y de la decreciente fertilidad de los suelos. No hay por qué ocultar que este fenómeno es producto en buena medida de la aplicación de técnicas agrícolas primitivas. Pero tampoco se debe pasar por alto que la erosión es consecuencia de la explotación irracional, cuando no del arrasamiento, mediante el fuego o la motosierra del bosque nativo. No es extraño que las empresas madereras aparezcan, para no pocos campesinos mapuches, como el enemigo". A propósito de un estudio socio-antropológico que se realizó en la comuna de Cerro Na vía, en Santiago, el 23 de diciembre de 1997, La Época abordó el tema de la Realidad de la Discriminación, señalando que "un núcleo familiar mapuche de cuatro personas que habita en esta comuna, recibe como promedio un tercio del ingreso mensual de una familia no-indígena, cuyos ingresos bordean los 300 mil pesos. El promedio de ingresos mensuales de los 14 mil mapuches de Cerro Navia llega a 117 mil pesos. Un 9% de ellos gana menos de 100 mil pesos al mes". "La discriminación económica -dice La Época- deriva o se relaciona directamente con los arraigados prejuicios anti-mapuches que existen en la población y con los que se pretende justificar el permanente despojo de sus tierras y medios de vida de que son víctimas los indígenas. Se requiere un real esfuerzo por ayudarlos a calificarse y a insertarse en los procesos económicos y poner fin a los prejuicios y a la discriminación, que tanto daño causan a la convivencia nacional". La diferencia de perspectiva entre un medio de inspiración progresista y otro de carácter conservador es evidente. El diario El Mercurio, en su edición del 2 de enero de 1998, en la nota editorial titulada El Discurso étnico-ambientalista abrió los primeros fuegos de la controversia, cuando señaló lo siguiente: "En un contexto visible, aparece la articulación de un discurso político donde se mezclan los argumentos de un radicalismo étnico, de perfil confrontacional y de un fundamentalismo ecológico que plantea un cuestionamiento a fondo de la estrategia de desarrollo basada en el libre mercado.(...) El radicalismo étnico demanda hoy no sólo la recuperación de territorios, sino que plantea cuestionamientos específicos a proyectos de inversión como ocurre con la construcción de la central Ralco en el Alto Bío Bío y con las empresas forestales de la Novena Región, los que se sustentan en el utópico argumento del fundamentalismo ecológico que sostiene que "un adecuado equilibrio ecológico sólo puede darse si se siguen las pautas de las comunidades aborígenes, pues el progreso que llega con la conquista y que sigue en la etapa independiente ha sido devastador". Todo un planteamiento reaccionario para negar el progreso y expresar una nostalgia emblemática por un pretérito demasiado lejano para ser actualizado".

En enero de 1998 estaba latente la preocupación del sector empresarial por los acontecimientos que ocurrían en el sur, con ocupaciones de tierras en Lumaco, Purén, Loncoche, Galvarino y en otras zonas, y los conflictos que esto representa para los propósitos de expansión territorial de las empresas forestales. La prensa conservadora manifestó inquietudes de orden político y atribuyó a los movimientos de comunidades indígenas la influencia de grupos de extrema izquierda... Sin embargo, en términos reales, lo central radica en el cuestionamiento que se hace respecto de los efectos que verdaderamente tiene el surgimiento de una conciencia ciudadana más amplia acerca de los derechos de los Pueblos Indígenas, situación que no pasa inadvertida para el mundo conservador. De ahí los claros y contundentes calificativos destinados a deslegitimizar la validez de un proceso social, que en el mundo indígena, se ha iniciado con una propia toma de conciencia acerca de sus derechos históricos. El Diario La Época, el 4 de febrero de 1998, difundió un radical punto de vista diferente a lo manifestado por El Mercurio, en una nota editorial titulada Los Hermanos Olvidados, en la que señaló lo siguiente: "Se diría cjue en Chile se está produciendo una gradual toma de conciencia sobre lo aue algunos llaman incorrectamente "el problema indígena" y aue no es otra cosa aue la presencia de importantes minorías étnicas autóctonas que están reclamando, cada vez con mayor fuerza, sus derechos específicos. "Durante largo tiempo fue doctrina oficial la homogeneidad y el supuesto origen "europeo" de la población del país. Los araucanos eran motivo de discursos en los que se destacaban su valentía y sus méritos militares, los que en virtud de una operación misteriosa habrían pasado a integrar los valores de la "raza" chilena (...). "Gradualmente, esta mitología absurda ha ido quedando destruida, aunque todavía son muchos los que se aterran a ella. La realidad es más fuerte y ella indica que los diversos grupos aborígenes constituyen el 10 por ciento o más de la población". El vespertino La Segunda, en una nota titulada Situación Indígena y Pobreza, publicada el 17 de marzo de 1998, entró a la polémica sosteniendo una visión crítica hacia la Ley Indígena y su aplicación. "La mayoría de las tierras indígenas han perdido sus condiciones agrícolas; sus rindes de cultivos tradicionales son ridículos en comparación a los resultados similares en la zona central. Los terrenos erosionados hoy no tienen una utilización económica mejor aue el bosaue, pero los indígenas están impedidos de venderlas libremente y ello les impone una transferencia entre ellos mismos aue disminuye su valor a términos absurdos..." Las editoriales de la prensa conservadora en los meses siguientes a enero de 1998 abordarán con rigurosa sistematicidad el tema de la pobreza indígena; le atribuirán al gobierno importantes inefeciencias en su política social hacia las comunidades; despertarán el temor por actos violentos derivados de algunas tomas de fundos y a partir de ello intentarán construir un símil con los tiempos de la Reforma Agraria de los Presidentes Freí Montalva y Salvador Allende, quienes tuvieron un compromiso claro y decidido con los campesinos pobres e indígenas del país. Sustantivamente, argumentarán que para superar la pobreza indígena se requieren importantes inversiones en educación y capacitación para mejorar las oportunidades de empleo de este sector de la sociedad..., a condición de que se considere igualmente la necesidad de "liberar" las tierras indígenas a las ofertas del mercado, a objeto de que las tierras de las comunidades hoy erosionadas, poco productivas y escasamente competitivas en el orden interno, puedan ser mejor aprovechadas en aras del progreso... El asunto es: ¿por quién o quiénes podrán ser mejor aprovechadas?... Existe, por cierto, una inteligente campaña comunicacional: la Ley Indígena, instrumento que representa una suerte de discriminación positiva para nuestras etnias, en realidad se ha convertido en un boomerang para nuestras comunidades, porque les devuelve -cuando se puede- tierras improductivas y que son, además, fuente de tensiones y conflictos que alteran el orden público. Por otro lado, la ingerencia protectora del Estado inhibe el derecho de libre propiedad que le asiste a todos los chilenos de poder hacer uso de sus bienes como mejor les parezca, en este caso, la propiedad de la tierra. Y en el caso de los megaproyectos, por cierto, estos constituyen iniciativas relevantes del sector privado, destinados a producir mayor bienestar para los chilenos y, en el caso de comunidades indígenas, una oportunidad única y extraordinaria de poder salir de su pobreza, a

cambio -evidentemente- de que cedan sus tierras y, bueno... dejen atrás su cultura para integrarse a la Nación chilena... ¿Quiénes tienen interés en estos argumentos? Los proyectos de expansión forestal requieren más tierras en el sur de Chile para aumentar su productividad y sus ganancias. Efectivamente, una cantidad importante de las actuales tierras indígenas de la VIII y la IX Región son suelos con aptitud forestal. Los grandes complejos forestales chilenos cubren hoy más de medio millón de hectáreas y en diversos casos su producción se realiza en territorios que hasta el día del golpe militar en 1973 eran de dominio de comunidades indígenas. Ejemplos sobran en Arauco, Lumaco, Purén y en otras localidades. ¿Y qué ven los indígenas actualmente? Que una cantidad importante de camiones industria- ales desfilan delante de ellos con toneladas de árboles extraídos de sus tierras ancestrales, hoy en manos privadas, que significan riqueza para el país y para los dueños de las empresas, pero que para la comunidad e incluso para la región no significa mucho... La política de mala vecindad de las empresas forestales con las comunidades indígenas significó en 1997 una serie de delicadas tensiones. En la VIII región, incluso, algunas empresas forestales contrataron servicios de empresas de seguridad para proteger sus dominios, con las cuales -como en el caso de Cuyinco- se han producido escaramuzas inquietantes y complejas. Las empresas forestales en Chile no han colaborado con el progreso de las comunidades indígenas, ni siquiera en el ámbito del empleo. En una sesión de la Comisión de Recursos Naturales del Parlamento se debatió este problema con empresarios, indígenas y parlamentarios. Era más o menos evidente que la verdadera naturaleza de los conflictos de tierras en el sur, radica en una indiferencia empresarial hacia el mundo indígena. Y en esa oportunidad, se solicitó a los empresarios forestales presentes en la reunión que pudieran facilitar al conocimiento de la Comisión parlamentaria la nómina de trabajadores de descendencia indígena que tuviesen como empleados de sus firmas en la VIII y IX Región. Han transcurrido más de diez meses y esa nómina aun no se conoce. Pero los representantes empresariales fueron comprensivos. Escucharon a fondo la realidad que se les describió. Argumentaron. Se justificaron. Y finalmente se abrió una pequeña posibilidad cuando se propuso que Conadi y CORMA iniciasen una etapa de conversaciones destinadas a generar una política de buena vecindad y respeto mutuo... Esto fue en junio de 1998 y con motivo de los cambios producidos en la Corporación Indígena el tema quedó pendiente... Al final de cuentas, no es la pobreza indígena lo que preocupa al sector empresarial. Seamos claros: son sus tierras las aue les interesan. Unos, para extender sus dominios forestales. Otros, para instalar megaproyectos. La realidad de los intereses económicos y financieros, asociados a ciertas voluntades políticas, es más fuerte en estos casos y los discursos respecto de la pobreza indígena o su inserción social son precisamente eso: discursos. La prensa conservadora forma parte de la estrategia empresarial y de la acción política neo liberal subyacente. Lo hace, además, con violencia argumental. En materia de defensa de sus intereses financieros la derecha históricamente ha sido agresiva. Con el pretexto de salir al paso de ciertas ocupaciones simbólicas de tierras, protagonizadas por unas comunidades del sur. El Mercurio, en la nota editorial del 21 de abril de 1998, titulada Ocupaciones Ilegales abordó con extrema dureza y prejuicio el problema. "El supuesto de la Ley Indígena fue aue podía "repararse" el fenómeno histórico de la conauista del siglo XVI y el desenvolvimiento subsiguiente, manteniendo a tales personas en una mezcla confusa de condiciones propias del neolítico con elementos de paternalismo estatal colectivista. En aras de un indigenismo teñido de nociones marxistas en boga en la década de 1960, se los quiso mantener aparte de la propiedad individual y del sistema de mercado contemporáneo, y se preservó artificialmente su "cultura", ignorando que ninguna forma cultural se conserva inmodificada tras un entremezclamiento de casi medio milenio, tanto menos en una sociedad de comunicaciones globalizadas". El Mercurio omite señalar que la Ley Indígena fue aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional en octubre de 1993 y que a esa aprobación concurrió toda la derecha con sus votos... Para el diario, no obstante, el tema constituye toda una dificultad y así lo hizo presente en otra nota editorial publicada el 14 de mayo de 1998, El Problema Indígena, esta vez apuntando al centro neurálgico de la Ley de Pueblos Indígenas y su principal Artículo, el número 13, que determina la protección de las Tierras Indígenas, lo que a juicio del decano "afecta el Derecho de Propiedad, al

establecer la Ley limitaciones que en la práctica impiden que sus tierras se puedan comercializar libremente. Según El Mercurio, el hecho de que los indígenas no puedan "entregar" en garantía sus tierras (constituir hipoteca) impide que puedan acceder al crédito bancario y, por lo mismo, obtener recursos que les permitan emprender negocios... La Ley incentiva -a su juicio- el minifundio, lo que impide aprovechar economías de escala y dificulta la implementación de mejores tecnologías... La ley, en definitiva, "disminuye el valor alternativo de esas tierras" e imposibilita hacer uso del Derecho de Propiedad para que estas tierras "puedan ser destinadas a usos más productivos, como el uso forestal"... Nuevamente se omite señalar que, precisamente, gracias a la Ley Indígena y los recursos del Fondo de Tierras y Aguas, una cantidad importante de tierras indígenas entraron a programas productivos, a planes de recuperación de suelos, a proyectos de regadío y otras iniciativas todavía menores en cantidad pero que indican claras posibilidades de potenciar la tierra indígena sin que las familias y las comunidades vean peligrar su patrimonio histórico. El Mercurio es un gran difusor de ideas y de resultados de importantes investigaciones. Por cierto, las contribuciones de un centro de producción de ideas de la derecha chilena, el Instituto Libertad no están ajenas a la polémica sobre tierras y cultura indígena. En efecto, el 22 de mayo de 1998, El Mercurio publicó entonces los resultados de un "estudio" realizado por este Instituto en relación a la pobreza indígena. Es notable que un centro de estudios de la derecha haya tomado este tipo de temas, precisamente cuando está vigente un régimen democrático y cuando existe una legislación de calidad distinta a las históricamente conocidas, referidas a la protección de los derechos de las comunidades indígenas. ¿Por qué es notable? Simplemente, porque la derecha nunca ha tenido una preocupación efectiva por los más pobres en Chile. Tuvieron la oportunidad de contar con todos los recursos y todo el poder en sus manos durante la dictadura militar para hacer las cosas que ahora critican como insuficientes. ¿Y qué hicieron durante el Gobierno Militar, particularmente, con las comunidades indígenas? Precisamente, lo contrario de lo que organismos como el Instituto Libertad reclama en 1998. Pero, analicemos lo que dice ahora este instituto cuando El Mercurio le brinda una amplia cobertura: "Como un desafío ético que afecta a toda la sociedad chilena calificó el Instituto Libertad al problema que afecta al Pueblo Mapuche, donde la pobreza ha alcanzado grandes niveles, llegando al 38% según la última encuesta Casen. (...) El informe señala que lo ocurrido da cuenta del fracaso de la política diseñada por el Gobierno para atender la situación, que según su estudio se refleja en dos planos: el fracaso de la Conadi (...) y la pretendida reivindicación histórica de los terrenos que pertenecieron a la comunidad.(...) La entidad señala que el esfuerzo del Estado debe estar orientado a forzar la integración y no la separación del Pueblo Mapuche. La base de la nacionalidad chilena ha estado constituida por el amplio mestizaje logrado por el aporte de las poblaciones autóctonas del país y de la raza española que constituyeron su núcleo esencial.." Detengámonos algunas líneas a propósito de estas interesantes observaciones. 1.No hay duda que la problemática indígena implica un desafío ético para la sociedad. Esto no es un hecho reciente sino histórico. 2.- El Instituto Libertad califica como "fracaso" la política del Gobierno democrático en su tarea de atender esta problemática. El organismo conservador omite referirse al hecho de que en cinco años de democracia, gracias al Fondo de Tierras y Aguas de Conadi se han incorporado 75 mil hectáreas de tierras al patrimonio indígena. Que gracias a una nueva política educacional, en 1998, 11 mil estudiantes indígenas contaron con una Beca de Estudios especialmente destinada a asegurar su acceso a la educación. O que gracias a la Ley Indígena, 4.500 familias aymarás y atacameñas, después de más de 50 años de lucha y de espera, lograron recuperar sus derechos de aguas ancestrales. En cinco años, entre 1993 y 1998, más de 45 mil familias indígenas participaron en diversos proyectos productivos, etc... Por cierto, las necesidades son más, pero el 38% de pobreza indígena, no es el resultado de las limitaciones de la ley o incluso de la insuficiencia de recursos financieros del Estado para dar cuenta de todos los problemas existentes en el mundo indígena, sino más bien, es resultado de una herencia histórica de injusticias acendradas en el mundo indígena y que echaron más raíces, precisamente, cuando en nuestro país no existía democracia.

Es notable además que para el Instituto Libertad y El Mercurio, el Estado debe forzar la integración de los mapuches. En otras épocas históricas se procedió a este forzamiento con graves consecuencias para la cultura indígena, sus familias, sus organizaciones y su patrimonio natural y ello generó nuevas injusticias y mayores pobrezas. El Instituto Libertad, por cierto, ignora u omite el hecho (así lo eremos) de que la tendencia moderna de las sociedades desarrolladas y que los principios anunciados en esta materia por la propia Iglesia Católica, son de Diálogo Intercultural y no de integración o asimilación en el sentido occidental y neoliberal. Ningún indígena deja de sentirse parte importante de Chile. Lo que sucede es que sienten que no se les considera con dicha importancia; que se les excluye por su condición de raza y lengua; que no se les incorpora desde su diversidad étnica sino que se les quiere asimilar a un solo patrón cultural que no da cuenta de sus variables culturales y religiosas. Al indio hay que cristianizarlo y educarlo para que sea buena mano de obra integrarlo al sistema productivo y allá ellos con su tradición y cultura, que las mantengan donde puedan... Eso es el pasado... Así ha pensado siempre la sociedad conservadora. El Diario La Época ha desaparecido en el intertanto. Fruto de nuestra indiferencia democrática y de la incapacidad de nuestra clase política concertacionista de sostener y respaldar medios de comunicación social propios, las valientes páginas de La Época fueron relegadas al olvido y la extinción. Antes ya habían desaparecido el Fortín Mapocho y la Revista Análisis. A fines de 1998 tuvo que cerrar la Revista Hoy. Todos estos medios de inspiración progresista y democrática, que guardaban un claro contenido humanista dejaron de existir y con ello, el campo de los medios escritos -ahora sí- quedó en manos totalmente de grupos empresariales de inspiración conservadora. La problemática indígena, previo a la crisis de Ralco, navegará entonces a partir de junio de 1998 sin contrapeso alguno en el debate comunicacional. El Mercurio volvió a la carga el 17 de julio de 1998, en su editorial Errores Indigenistas. "Cuando asumió el poder, la Concertación mostró estar imbuida de nociones de un indigenismo que mezcla elementos de idealización libresca con otros de fuerte carga marxista (...). Lamentablemente para el país y los grupos afectados, se quiso reanimar de modo artificial una supuesta cultura indígena mapuche, creando lo que se justificó como una "discriminación positiva", que permitiera a los descendientes de las etnias más antiguas del territorio continuar viviendo como lo hacían sus antepasados, antes de la conquista españolar..) "Los hechos están confirmando las aprensiones que en su oportunidad expresaron los críticos de esa política presuntamente indigenista. Así, por ejemplo, el Director de la Fundación Miguel Kast, ha hecho ver recientemente uno de los frutos de esa "discriminación positiva", consistente en la compra de tierras para entregar en usufructo a los indígenas. Estos no pueden venderlas, pues no son dueños y, en consecuencia, se fomenta el minifundio de hecho. Se reduce el valor de los escasos activos que puedan tener, se sobreutilizan los suelos, se daña el medio ambiente y, además, se amarra a los indígenas a zonas rurales paupérrimas, en miserables condiciones de educación y demás servicios básicos, frenando su emigración hacia localidades urbanas donde pudieran mejorar su condición laboral, educacional y económica(...) "La "discriminación positiva" es, en realidad, una discriminación racial y una aberración jurídica que urge rectificar, para nivelar socioeconómicamente hacia arriba y no hacia abajo, en aras de utopías que sólo tienen cabida en mentes demasiado ideologizadas, muy ajenas a las realidades dramáticas de los afectados". Este tipo de planteamientos no son más que el preámbulo para el gran debate de fondo que estaba a la espera y que tiene relación con el proyecto Ralco, asunto adonde apuntó gran parte de la artillería argumental cuando se incorporaron además otros medios ligados al empresariado, como los diarios Estrategia y Diario Financiero. En efecto, luego que el Consejo Nacional de Conadi, el 23 de julio de 1998, acordó exigir a Endesa paralizar las obras que había iniciado en tierras indígenas en Ralco, sin la autorización de Conadi, cinco días después, el Diario Financiero del 28 de julio de 1998, a través de la nota editorial titulada Un atentado contra la inversión privada rasgó vestiduras por la decisión de este organismo estatal encargado de la aplicación de la Ley Indígena. "Conadi ha instado a la generadora eléctrica Endesa que construye la central Ralco en el Alto Bío Bío, a que detenga sus faenas. La decisión culmina un proceso que apunta a obstruir esta iniciativa

privada. A pesar del gran esfuerzo que ha puesto Endesa en efectuar una permuta de tierras que mantenga los rasgos culturales de la comunidad indígena, la Conadi intenta, por un caso aislado, retrasar una inversión que aportará de manera gravitante al desarrollo económico del país(...). "Si bien mantener viva la tradición cultural de un pueblo es un valor respetable, ello se consigue en la medida que se pone al día con las exigencias de los tiempos. Los valores y costumbres del Pueblo Mapuche no están atados a un pedazo de tierra determinada^..). "Buena parte de los éxitos políticos y económicos que ha tenido Chile se originan en el carácter unitario del Estado. Atizar con el pretexto de la diversidad cultural tendencias separatistas podría poner en peligro uno de nuestros principales valores: la existencia de una República unitaria, con una práctica cultural homogénea". Atiéndase con especial cuidado a la frase "Los valores y costumbres del pueblo mapuche no están atados a un pedazo de tierra". El Diario Financiero pertenece a una sociedad de hombres de negocios; sus conexiones con diversos directorios de empresas y partidos políticos son múltiples y es uno de los instrumentos de difusión de la doctrina neo liberal y es apologista del modelo de economía de mercado, ...a secas. No es extraño que el Diario Financiero, a través de su página editorial manifieste una importante ignorancia antropológica en la frase descrita. En cierto modo hay una continuidad de expresión en la línea estratégica de apuntar al debilitamiento de la Ley Indígena y de sus normas de protección de las Tierras Indígenas. Sin embargo, es importante despejar esa afirmación. Para el mapuche la tierra en que habita da cuenta de su pertenencia y de la estructura social y económica que sustenta su cultura. Ya hemos dicho que para el mapuche la tierra tiene un valor de uso y así lo ha reconocido la propia Iglesia y ha sido garantizado en la Ley Indígena. El tema está presente en los proyectos de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que está en discusión en Naciones Unidas y en el proyecto de la Declaración América de Derechos Indígenas a ser discutida en 1999. Existe una memoria histórica que da cuenta de los antecedentes que estructuran este vínculo sagrado con la tierra y la naturaleza, pero a partir de 1883, ese vínculo fue afectado por el naciente Estado chileno que tomó posesión de grandes extensiones de tierras indígenas y en ello participaron grupos financieros que las ocuparon para sus propios fines. La Historia oral indígena, transmitida de generación en generación, documentada a su vez en los antiguos juzgados de Indios, va señalando los procedimientos a través de los cuales la tierra fue usurpada mediante corridas de cercos, persecución de familias, incendio de viviendas, agresión y muerte a comuneros, engaños, fraudes, contratos simulados, entrega de poderes amplios, fabricación de títulos de dominio, ventas de acciones y derechos, uso de bebidas alcohólicas para obtener firmas con el dedo pulgar, contratos engañosos, presión psicológica, acciones judiciales de amedrentamiento y leyes o decretos que terminaron por arrinconar a los mapuches, imponiéndoles una situación de deterioro social de importante magnitud. Al respecto, el investigador social Raúl Molina, en un artículo publicado en el Diario La Época, el 11 de enero de 1998, La Memoria de la Tierra, señala que "los mapuches contaban con inmensos territorios cubiertos de bosaues, ricas praderas naturales y campos de cultivo, regados por ríos, esteros y vertientes, donde se producían alimentos para la subsistencia y pastaban miles de cabezas de ganado caballar, vacuno, mular y ovino. Los hombres y mujeres lucían en sus finos atuendos pesadas joyas de plata, poseían grandes y espaciosas rukas y mantenían un liábitat de gran biodiversidad, que les posibilitaba la reproducción social, cultural y económica ampliada, expresándose la acumulación de riqueza en la masa ganadera, los bienes materiales, la platería, la poligamia y el dominio de jurisdicciones territoriales. Sin embargo, esta riqueza fue enajenada y confiscada por el Estado chileno. No sólo se les quitó el 95% de su territorio, sino que además se les confiscó el ganado y se les desplazó en muchos casos de sus históricos lugares de poblamien to". Es tremendamente equívoco decir que los valores del Pueblo Mapuche no están ligados a un pedazo de tierra... Ello refleja ignorancia respecto de nuestras culturas indígenas. Frente al Caso Ralco Desatada la crisis institucional en Conadi en agosto de 1998, el vespertino La Segunda, del viernes de dicho mes, en una editorial titulada Conflicto en Conadi, en cuanto al fondo del conflicto suscitado señala:

"Se está pagando el precio de haber orientado por muchos años la legislación en tomo a la idea de considerar a los indígenas como menores de edad en la administración de sus bienes. Ello ha impedido convenios respecto de numerosos terrenos erosionados, apropiados para plantar bosques, por ejemplo, condenando a sus propietarios a una situación de extrema pobreza(...) Si en alguna época se justificó esa tuición respecto de los indígenas para protegerlos de abusos- que no cesaron de cometerse-, las circunstancias han cambiado, pues ahora ellos están tan informados como cualquier otro chileno de su condición socioeconómica y nadie pretendería limitar la capacidad de decisión de un poblador de La Pintana. "Cosa completamente distinta es la protección de la identidad cultural del Pueblo Mapuche y de las otras etnias originarias, sobre las cuales existe una responsabilidad del Estado por formar parte ellas de las raíces del ser nacional. Pero esto no debe oponerse a una creciente integración ni convertirse en un fuero que permita agredir a un Ministro o que tenga como resultado permanecer al margen del desarrollo y ser instrumentalizado por ideologías o grupos que promueven sus propios objetivos". El influyente Diario empresarial, Estrategia, sumó también su espacio editorial a esta campaña sistemática contra la Ley Indígena, con una nota titulada El obstáculo de Conadi, escrita en igual fecha del 7 de agosto de 1998, a 48 horas de las destituciones ocurridas en dicha Corporación. "Una vez más, la Conadi se convirtió en un obstáculo para los intereses del Ejecutivo, que ha dado señales respecto de que la Central Ralco debiera construirse^..). En este esquema uno de los organismos que aun se mantiene díscolo a las directrices del Gobierno era la Conadi. Es un hecho que su Director, Domingo Namuncura, se oponía a autorizar la permuta de fieras de 81 familias pehuenches propuestas en el plan de relocalización de Endesa. La misma opinión tenía su antecesor, Mauricio Huenchulaf, quien salió de la Corporación por "ciertas irregularidades internas". "Lo que resulta incomprensible es que el Ejecutivo nombrara a Namuncura, corriendo el riesgo de que siguiera una línea de razonamiento similar a Huenchulaf. Menos entendible es aun que haya esperado hasta el último momento para separarlo de sus funciones, ya que ayer jueves [6 de agosto] el Consejo de Conadi debía pronunciarse sobre el tema luego de meses de demora.(...) Las dificultades que ha enfrentado Endesa por los aspectos medioambiental y social que conlleva la construcción de Ralco continuarán en los próximos meses, sin embargo, todo apunta a que contando con el apoyo oficial, la hidroeléctrica finalmente se construirá". El diario La Tercera, a través de la editorial del 8 de agosto de 1998 titulada Caso Ralco, y con una cierta cautela, abordó las implicancias de la crisis ocurrida sin renunciar, por cierto, a un énfasis empresarial: "La Central Hidroeléctrica de Ralco, de la Empresa Nacional de Electricidad, (Endesa), es un proyecto de alta exigencia tecnológica y de enorme envergadura económica. Y, además, indispensable para la satisfacción de nuestras exigencias presentes y futuras de energía eléctrica, cuya desatención podría poner en jaque el proceso de crecimiento de la economía y convertirá la electricidad en un bien inaccesible para miles de chilenos. "Luego, dicha iniciativa no parece admitir argumentos en contra desde el punto de vista económico ni tampoco desde la perspectiva social enfocada hacia el conjunto de la comunidad nacional. "Sin embargo el progreso puede alcanzarse y consolidarse sin sacrificar tradiciones y culturas nativas que forman parte del patrimonio del país y contribuyen a darle identidad". Para el diario La Tercera la crisis desatada en Conadi con las renuncias ordenadas en agosto de 1998, implicó que algunos sectores percibieran esa crisis "como una opción del Ejecutivo en favor de Endesa y en desmedro de los pehuenches refractarios a las permutas". "Esto significa que fue una señal equívoca al país la cual quiérase o no dio pábulo a dicha interpretación. De lo expuesto es admisible colegir que la oportunidad en que se enfrentó el problema no fue la mejor y que la manera como se abordó resultó poco feliz". El nuevo vespertino La Hora ingresó al debate con una nota editorial titulada Ralco y el desarrollo. Para este diario la crisis ocurrida en Conadi fue una "señal inequívoca" de parte del Gobierno de impulsar la construcción de Ralco. A su juicio "Ralco es necesario", pues "el aumento de la demanda eléctrica es consecuente con el desarrollo económico de cualquier país, en el aue crecen las empresas y se multiplican los artefactos que mejoran la calidad de vida de las personas. Para aue las tarifas de la electricidad sean soportables para las familias comunes, se requiere un buen nivel de oferta y Chile posee recursos hídricos aue permiten cumplir este propósito".

El Diario Las Ultimas Noticias con la nota Una pugna maligna, publicada el domingo 9 de agosto de 1998 atribuyó el conflicto en Conadi a situaciones políticas intra-concertación simulando una pugna entre sus partidos destacando que "los mapuches se convierten en elemento de combate entre el PPD y la Democracia Cristiana para beneficio de los primeros"...(!). No obstante reconoce que la situación declarada es compleja. "La historia de los mapuches es la búsqueda permanente e insatisfecha de la dignidad. En el siglo XV frenaron el avance imperialista de los Incas; cien años después se opusieron a los españoles. Y siguieron luchando contra el menosprecio la marginación y los engaños. Que les quitaron sus terrenos a cambio de alcohol o chucherías. Engaños pero legalmente inscritos. Y sin solución posible a ese choque terminal más grave que las guerras y las pestes que sucede cuando dos culturas muy distintas hacen contacto, y una se angosta.(...) "Sin embargo la situación ha servido dentro de la pugna que ya bulle en la Concertación (con miras a la elección presidencial dentro de 18 meses) para que el PPD enrostre a su socio la Democracia Cristiana la eliminación de dos Consejeros Nacionales y el Presidente de la Conadi. En una medida que reconocen oficialmente está en las atribuciones del Presidente Freí; pero que al mismo tiempo en forma paralela han publicado atronadoramente como evidencia de una manipulación para definir el conflicto en favor de Endesa..." El Diario Estrategia retornó al debate el lunes 10 de agosto, esta vez con una nota editorial titulada Caso Ralco, en donde expone de manera taxativa un argumento que a todas luces representa una reflexión estratégica conservadora: "Aquí se está comprometiendo el progreso del país. De acuerdo a las proyecciones efectuadas por la Comisión Nacional de Energía, liada el 2002 Chile requerirá de una nueva central hidroeléctrica para satisfacer la demanda eléctrica proyectada. Esa es la primera razón por la cual resulta necesario que las obras de Ralco, que involucran US$ 500 millones de inversión, se materialicen en lasfeclias programadas, puesto que se traducirá en un abastecimiento seguro para una importante parte de la ciudadanía". Para Estrategia "el episodio desencadenado respecto de las permutas de tierras para un grupo de pehuenches" es "muy lamentable", "sobre todo cuando se considera que la mayor parte de las familias involucradas ha llegado a un acuerdo con dicha empresa (Endosa) y sólo restan diez, de 84 jefes de familia, para dar por concluida la etapa de negociaciones". En la visión de este medio empresarial, lo que acontece en Ralco es "artificial" pues se estaría potenciando un conflicto "sólo porque es de fácil utilización política". En tal sentido, dice el diario Estrategia, "fue oportuna la decisión del Presidente de la República de apartar de su cargo al Director de Conadi, puesto que se alejó de la línea del gobierno al favorecer, abiertamente, a una de las partes. El papel de esta institución, en el problema concreto, se circunscribe a velar porque la entrega de nuevos terrenos mejore la calidad de vida del grupo étnico y no intervenir como un actor en una transacción que compete a privados". Es interesante esta editorial del diario Estrategia pues revela en toda su dimensión, los propósitos del sector conservador en relación con el medio ambiente, los recursos naturales y las comunidades indígenas. De partida. Estrategia pretende dictar la línea de conducta de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ignorando -tal vez- que dicha línea está dada por una Ley de la República, la Ley Indígena 19.253... Y de paso, es sano recordar nuevamente que esta Ley fue aprobada en democracia, por la unanimidad del Congreso Nacional en octubre de 1993. Segundo: resulta también interesante el juicio político de este sector respecto del comportamiento de los destituidos Directivos de Conadi, al señalar que se alejan de la línea de gobierno quienes favorecen abiertamente a una de las partes, en este caso a los Pehuenches... En este punto la pregunta, en realidad, es otra: ¿quién se aleja realmente de la Ley Indígena? La Ley fue dictada, precisamente, para favorecer al mundo indígena y la obligación de todo directivo de Conadi es emplearse a fondo en esa obligación política, social y ética. Quien se aleja de la Ley y deja de cumplir con ella, estaría perjudicando los intereses del mundo indígena y eso sería cuestionable. El diario Estrategia, a través de esta nota editorial, juzga esta conducta de favorecimiento o compromiso con la realidad del mundo indígena. ¿Y quién juzga el comportamiento de grupos políticos y económicos claramente parciales en la defensa de los intereses de grupos financieros

que llevan adelante un modelo de desarrollo económico en desmedro de nuestro medio ambiente y de sus recursos culturales esenciales? ¿Ignora Estrategia que la Ley Indígena ha declarado a las Comunidades Indígenas y sus culturas como constitutivas del Patrimonio Nacional7 Creemos que no. En lo esencial, este juego de editoriales conservadores ya marcan el destino del tema en la opinión pública. Sin embargo, son notas que navegan contra la corriente de un proceso nuevo y emergente en la ciudadanía, que deriva de la conciencia y del respeto hacia nuestros ecosistemas y nuestras culturas originarias. En medio de la orfandad comunicacional en que se encuentra el mundo democrático, la histórica Revista Mensaje de los jesuítas, (y aquí la Iglesia, nuevamente juega un rol orientador necesario), publica en su edición de septiembre de 1998 (No 472) un contundente análisis sobre Ralco. Lo hace con una mirada humanista y cristiana, tan diferente de la agresividad editorial conservadora. Con el título Conflicto en territorio Pehuenche, en la página de Temas Nacionales, la Revista Mensaje, destaca: "Con la recuperación de la democracia en Chile, se revítaliza el movimiento indígena, y sus organizaciones participan activamente en el debate nacional referido al marco de sus intereses. Luego que fuese suscrito el Acuerdo de Nueva Imperial, el Estado de Chile aprobó y promulgó la nueva Ley 19.253, del 5 de octubre de 1993, destinada principalmente a promover el desarrollo de las culturas indígenas y proteger sus tierras, propendiendo a ampliarlas(...). "Obedeciendo a la experiencia histórica de usurpaciones "legales" pero no "justas" de tierras indígenas, el legislador quiso proteger dichas tierras, reservando para Conadi la autorización para permutar tierras indígenas por otras no indígenas. "El proyecto Ralco, de Endesa, responde a las condiciones de demanda energética proyectada para el país a partir de la próxima década. La empresa calcula que en un plazo de diez años será preciso más que duplicar la producción de energía eléctrica en el país, pasando de un consumo aproximado de 20 mil KWH anuales a uno de 45 mil KWH (...). "Más allá de que la construcción de la Central sea un buen negocio para la empresa, nadie puede desconocer que de implementarse, el proyecto traería beneficios al desarrollo del país. Chile necesita diversificar la generación de sus fuentes energéticas. "Pero la reflexión no puede circunscribirse sólo a los beneficios del desarrollo. Es necesario preguntarse éticamente por los costos humanos que tal construcción demanda. ¿A quién beneficia y quién sale perjudicado con la instalación en tierras ancestralmente de residencia de los pehuenches, de la central Ralco? ¿Qué debemos privilegiar como país: el desarrollo energético o la sobrevivencia de un pueblo, entendido este último concepto como una etnia particular, residente en un territorio determinado y con una cosmovisión de la vida que da origen a una cultura determinada? (...). "Las tierras que es necesario inundar para construir la represa son terrenos donde se ubican lugares sagrados de los pehuenches elementos básicos de la cultura aborigen. Para la cultura occidental, la tierra tiene un "valor de cambio", es decir, es un bien que se transa en el mercado a un valor comercial, sin existir una relación de dependencia cultural con la tierra. A un propietario que le va mal en el negocio de la tierra, vende su terreno, se compra un camión, cambiando de giro el negocio y sigue viviendo junto a su familia sin modificar su lógica cultural. "Para la cultura indígena, por el contrario, la tierra tiene un "valor de uso"; no tiene precio, no es transable en el mercado, es la base de su cultura y de su identidad étnica. Dejar su tierra es, en parte, "morir en vida", en sentido cultural (...). "La construcción de la central Ralco requiere inundar terrenos pertenecientes a 98 familias ubicadas en el corazón del territorio pehuenche. Estas deben permutar sus tierras por otras que les ofrezca Endesa y la autorización legal para permutar debe otorgarla el Consejo Nacional de la Conadi. (...) ¿Debe primar el bien particular, suponiendo que la permuta genere mejoría familiar, o el bien social y colectivo de un pueblo? "Se ha denunciado que Endesa ha ejercido una fuerte presión sobre las familias para que firmen la solicitud de permutas: "Estas tierras serán inundadas. ¿Dónde quiere cambiarse"... Frente a ese planteamiento ¿puede considerarse libre la solicitud, especialmente cuando los pehuenches ven que las obras para construir la represa ya comenzaron?... "¿Cómo hacer desarrollo respetando a los Pueblos Indígenas? ¿No hay otra forma de generar electricidad preservando la identidad étnica de los pehuenches? (...)

El conflicto actual, no concluido al cierre de esta edición [septiembre de 1998] pone en tela de juicio la confianza mutua que debe existir entre el Gobierno y Jos Pueblos Indígenas de Chile para preservar la vigencia de la Ley Indígena. Sí en lo referente al tema de las minorías indígenas residentes en el territorio nacional, queremos mantener una auténtica justicia y paz social, la sociedad en su conjunto debe asumir lo expresado en el artículo 1° de la Ley Indígena: "Es deber de la Sociedad y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines, y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación". En medio de tanto conservadurismo político y financiero, el Comentario Nacional de la Revista Mensaje sobre el tema Ralco, viene a ser una luz en la oscuridad. Su redactor es el sociólogo Cristian Vives, profesional e intelectual vinculado al trabajo social y eclesial por muchos años y que hasta el 29 de julio de 1998 era Consejero Nacional de Conadi. Hay dos ideas subyacentes en estos pocos ejemplos de editoriales de medios escritos que reflejan una realidad cotidiana y controversial. Una es la idea de construir país desde el mercado y los consumidores y en donde el principio rector es el del derecho de propiedad. La otra idea es construir país desde las personas y sus derechos humanos esenciales. No tienen por qué ser ideas contrapuestas pero su acercamiento siempre es difícil. Los megaproyectos y los intereses financieros y políticos en juego obnubilan lo esencial: la búsqueda de un modelo de desarrollo a escala humana. Es probable que como país estemos enfrentados a resolver mejor este problema que está instalado entre nosotros. Es decir, cómo superar las inequidades sociales, la pobreza como resultado de la desigual distribución del ingreso, las injusticias aun presentes en las relaciones laborales. En síntesis, lo que es bueno para la economía también tiene que serlo para las personas. En el caso de nuestras culturas indígenas, como país, y a propósito de Ralco estamos siendo sometidos a un importante prueba. La sociedad civil No sólo la Iglesia y los partidos han manifestado un pronunciamiento en relación a los Pueblos Indígenas. En el marco del conflicto existente con el proyecto Ralco, diversas entidades de la sociedad civil y política han expresado en forma categórica su opinión sobre el significado de este particular proyecto. En el campo del medio ambiente, probablemente, ha sido el Grupo de Acción por el Bío Bío (GABB) quien mejor ha estudiado los efectos de Ralco en el ecosistema de esta delicada zona y sus impactos en la vida de los Pehuenches. Su extensa labor le ha significado ganar en 1998 el distinguido Premio Nobel Alternativo en reconocimiento a su fundada y relevante labor social, cultural y técnica. En efecto, el GABB contribuyó de manera determinante a que el tema Ralco tuviese que salir a la luz pública. Obligó a que entidades como Conama tuvieran que transparentar su evaluación y hacerla más rigurosa. El GABB contribuyó con importantes investigaciones que sumaron tras de sí a profesionales de todas las tendencias políticas y sensibilidades medio ambientales del país. Fue muy relevante su primera presentación ante la Conama con motivo del Estudio de Impacto Ambiental presentado por Endesa en 1997, oportunidad en la que el GABB estableció de manera fundada los verdaderos impactos de Ralco en el ecosistema del Alto Bío Bío y demostró que desde un punto de vista económico y ambiental existirían antecedentes suficientes para dudar que la construcción de la Central Ralco sea la solución óptima para proveer energía en Chile. El GABB estimó que "el análisis de los aspectos ambientales implica que la sustitución de un paisaje natural (con características únicas) por un lago artificial (embalse) es el causante del mayor impacto y la única manera de medir este valor para la sociedad es por medio de consultas directas a toda ella, incluyendo tanto a chilenos que usan el área como a los que no lo hacen. Si bien Endesa considera este cambio como positivo, no es ella (la empresa) la indicada para valorar unilateralmente el carácter del cambio, sino, como ya se indicó, la sociedad como un todo(...). Diversos otros organismos de la sociedad civil han expresado sus opiniones tanto en relación a los efectos medioambientales como sociales y culturales en Ralco, destacándose entre ellos: Coordinadora Territorial de Comunidades Mapuches de Arauco. Centro Mapuche de Derechos Humanos de Tirúa. Asociación Mapuche "Relmü" en Allex, France.

Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera. Consejo de Caciques de Chiloé. Consejo Nacional del Pueblo Aymara. Consejo Nacional de Pueblos Atácamenos. Federación Mapuche Urbana de Santiago. Grupo de Acción por el Bío Bío. Colegio de Enfermeras de Chile. Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Central Unitaria de Trabajadores. Diversas Escuelas de Antropología. Consejo de todas las Tierras. Organización Nacional Ad Mapu. Comisión Indígena del PPD. Comisión Indígena del PS. Depto. Justicia, Paz y Ecología de la Conferencia de Religiosos de Chile. Instituto de Ecología Política, etc. La lista excede estas páginas. Juventudes Políticas del PDC, PS, PRSD y PPD. La Red Internet, a través de diversas páginas WEB, como la de Rehue Foundation, ha publicado noticias, reportajes y documentos, entre los cuales podemos destacar en 1998 el artículo "Ralco: Una mirada desde Canadá", escrito por José Aylwin, para la Fundación Rehue. Se han publicado también "Las centrales hidroeléctricas en el río Bío Bío de Chile y la lucha del Pueblo Indígena Pehuenche", por Darío Jaña; "Pueblos Indígenas y los megaproyectos: el ejemplo de los Pelmenclies en el Alto Bío Bío, Chile", del antropólogo chileno Claudio González Parra, de la Universidad de Concepción. El Colectivo Antumapu, publicó en la Red Internet un trabajo titulado "Endesa España y la impunidad: Etnocidio, delito de lesa humanidad" y así, sucesivamente, surgen de manera amplia las numerosas referencias que en Internet hacen mención a Ralco y sus poderosas consecuencias en la Cultura Pehuenche. A lo anterior deben agregarse relevantes informes de organismos internacionales, tales como el Informe de la Federación Internacional de las Ligas de Derehos Humanos, de Francia, entidad que agrupa a 65 filiales europeas y latinoamericanas. Este importante organismo internacional envió una Misión de Observadores en 1997 a Chile. Junto a ellos actuó también la Secretaría Internacional de Amnistía Internacional quien también envió una Misión de Observación a nuestro país. A esto se suma el informe de la "Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Antropólogos americanos" en donde se aborda el marco histórico que vincula los efectos de Pangue con los de Ralco... Los organismos chilenos de defensa y promoción de los Derechos Humanos también han tomado posición ante este proyecto y destacan: Comisión Chilena de Derechos Humanos. Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. Servicio Paz y Justicia, Serpaj. Comité de Derechos del Pueblo, Codepu. En suma, esta es una amplía gama de manifestaciones de la sociedad civil, que da cuenta de un hecho fundamental: que el proyecto Ralco dista mucho de ser una iniciativa empresarial localista y puntual. Lo estamos señalando a lo largo de este libro: Ralco es un proyecto cuyos impactos en el medio ambiente y en una cultura única, como la Pehuenche, marcan el límite entre el intenso avance del desarrollo y la modernidad y su contraposición con los derechos humanos fundamentales, relacionados con la calidad de vida y la protección de nuestros ecosistemas pero, sobre todo, con los derechos de seres humanos nunca suficientemente reconocidos por la sociedad. Nos acercamos así al discernimiento sobre el dilema de fondo: ¿es Ralco, en definitiva, una forma efectiva de ayudar a que los Pehuenches salgan de su pobreza histórica? Fuentes Bibliográficas:

1.- Los Pueblos autóctonos en la Enseñanza de Juan Pablo II. Estudio del Padre José Joblin+sj. Edición del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Julio de 1994. 2.- Minorías en América Latina. Varios autores. Edición Revista Nueva Sociedad No 111, enerofebrero de 1991. 3.- "Conflicto en Territorio Pehuenche". Temas Nacionales en Revista Mensaje No 472, de septiembre de 1998. 4.- Articulos: Ralco, una mirada desde Canadá, José Aylwín, en Rehue Foundation, Página Internet. 5.- Documentos: Resolución del Partido Socialista de Chile sobre Ralco, abril de 1997 Declaración Pública del PPD en relación al tema Ralco, abril de 1997 Comunidad de Prensa de las Juventudes PDC ,PS, PPD y PRSD. Junio de 1997 6.- Editoriales de los Diarios El Mercurio Diario Financiero Estrategia La Época, La Tercera y La Nación en el período junio de 1997-noviembre de 1998.

Epílogo Ralco: ¿Represa o Pobreza? Con la generosa deferencia del lector, en este último capítulo me permitiré realizar un discernimiento político y valorice desde la perspectiva personal, queriendo decir con esto que comprometo -por cierto- particularmente mi opinión y análisis de estos hechos, en tanto en los capítulos precedentes me he basado en un voluminoso caudal de antecedentes generados en estos años a través de diversas fuentes autorizadas. Al iniciar este capítulo creo pertinente hacer un acto de reconocimiento a quienes me han precedido en esta toma de conciencia. De partida, a los propios funcionarios de la CONADI, nunca suficientemente comprendidos en su enorme esfuerzo. Y me quiero referir, singularmente, al equipo jurídico de la Corporación, con quien trabajé codo a codo en el proceso más complejo y doloroso que significó constatar en terreno los hechos de los cuales ya hemos dado fundada cuenta. También es importante reconocer la labor de nuestros antecesores en el trabajo institucional llevado a cabo en estos años de transición a la democracia, José Bengoa y José Aylwin, en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI (1990-1994); Mauricio Huenchulaf y el equipo de Estudios y Planificación, en la primera CONADI (1994-1997) y por cierto, al equipo jurídico de la Corporación entre 1997-1998, todos los que contribuyeron con su abnegada labor profesional y de servicio público en el diagnóstico de la real situación detectada en Ralco. Investigadores como Raúl Molina y Martín Correa han aportado una cuota extraordinariamente relevante en la investigación histórica de la cual hoy somos tributarios. Entidades como el GABB han sido perseverantes en su trabajo de terreno y en su inquietud cívica y técnica. Sí. Ellos, entre muchos otros, han precedido este libro que nació en medio de un absorbente proceso de toma de conciencia, de conocimiento directo y real con nuestros Pueblos originarios y que es, sin duda, en lo personal, la confirmación de un compromiso con los Derechos Humanos, con énfasis en los excluidos por su raza y cultura. La empresa ENDESA nos dice que el proyecto Ralco traerá grandes beneficios para el país y que, por cierto, nunca como antes, los directamente afectados, los Pehuenches de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, verán acrecentado su patrimonio territorial, su acceso a los medios modernos de la luz y del agua potable... Nos dicen que vivirán en casas dignas construidas especialmente para ellos... Que sus nuevas tierras son mejores que aquellas en donde han habitado por tiempos inmemoriales... Nos aseguran que las familias desarraigadas podrán reproducir sus manifestaciones culturales y que, en definitiva. Ralco es una contribución para superar su pobreza ancestral... Y que, por cierto, nunca el Gobierno podrá cumplir totalmente con estas metas y que aquí está en juego la relación entre la empresa y el Estado, el rol de las inversiones privadas en el país y por último, el desarrollo y crecimiento económico de Chile. El proyecto Ralco ha estado acompañado de un poderoso marketing publicitario. Lo central es que existen familias pehuenches que se han negado a permutar sus tierras... Entonces, la estrategia comunicacional ha sido mostrarlos ante la opinión pública como refractarios al desarrollo, como una minoría que está incluso en contra de sus propios hermanos de sangre que desean, casi con urgencia, que sus permutas se aprueben para poder salir de la pobreza de Ralco y trasladarse a sus nuevos dominios... Este capítulo se escribe a mediados de noviembre de 1998. Los medios de comunicación televisiva han mostrado manifestaciones de familias pehuenches que firmaron las solicitudes de permutas, acompañados de numerosos trabajadores no indígenas de la Empresa Besalco, subcontratista de la ENDESA para las obras mayores de Ralco, que fueron movilizados en buses contratados por la empresa para realizar una manifestación ante la Intendencia de Concepción, apremiando al Gobierno a autorizar las permutas...Luego, se concentraron frente a las sencillas oficinas de CONADI en Ralco...La televisión mostró a numerosos manifestantes con grandes lienzos y pancartas muy elaborados "exigiendo" la aprobación de las permutas; denostando a los ambientalistas ("¡fuera ecologistas!"), alabando las promesas de ENDESA ("¡Ralco es trabajo'', "¡Queremos salir!")... En medio de complejas relaciones con el mundo indígena, en tanto se realizaban gestiones para restablecer las sesiones del Consejo Nacional de CONADI, las autoridades encomendaron al

Ministerio de Agricultura una nueva evaluación del componente esencial del plan de relocalización, las nuevas tierras que serían asignadas a los Pehuenches afectados: los Fundos El Barco, El Huachi y Santa Laura. En los informes previos de CONADI estos tres fundos ya habían sido analizados por la Corporación y se habían detectado importantes insuficiencias que los hacían desaconsejables. En particular, el Fundo El Barco ya estaba rechazado por la cONADI e incluso las autoridades de MIDEPLAN habían adquirido la convicción de que este fundo no reunía condiciones adecuadas de sustentabilidad. En su oportunidad habíamos dicho que el Fundo El Barco sólo era utilizable como veranada de diciembre a mayo; que en el invierno permanece una capa de nieve que lo hace inhabitable. De su extensión de 19.270 hectáreas, un 95% de su superficie se encuentra en los 1.000 metros sobre el nivel del mar (msnm) y en verano sólo se puede utilizar un tercio de su superficie en el ramoneo extensivo. Al no ser adecuadas sus invernadas el fundo no es suficientemente sustentable para la economía pehuenche. Los Fundos El Huachi y Santa Laura no tienen continuidad entre sí. Están separados por 20 kms aproximadamente y se ubican a 33 kms de la entrada al Alto Bío Bío y a 58 kms de Quepuca Ralco. Lo notable es que por su ubicación quedaron al margen de la Declaración de Área de Desarrollo Indígena para el Alto Bío Bío, decretado por el Presidente para beneficiar con políticas públicas el desarrollo de las comunidades pehuenches del Alto Bío Bío, de tal modo que las familias que sean obligadas a trasladarse a estos Fundos, siendo depositarías de esta Declaración quedarían al margen de los derechos que les confiere. Pero, al margen de este antecedente, siempre subsanable, la calidad de las tierras de estos fundos es deficiente. El Fundo Santa Laura no tiene araucarias o pehuén. De este árbol deriva, precisamente, la suerte de identidad que el indígena pehuenche ha alcanzado históricamente, al ser la araucaria el componente esencial de su economía doméstica. Por otra parte, dijimos que la mitad de las tierras de estos fundos son roqueños y la otra renoval de nothofagus, semilla de lingue venenosa para los animales. Las tierras del Huachi no superan el promedio esperado por familia, con suelos de secano ondulado y erosionado, sin vegetación, con pocas tierras de cultivo, etc. Estos antecedentes, expuestos por la CONADI en sus reiterados informes a la autoridad, nunca fueron suficientemente considerados. En consecuencia, para asegurar un análisis objetivo y técnico de estas tierras ofrecidas en compensación, en agosto de 1998, MIDEPLAN solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de Concepción, constituir un Comité Técnico con profesionales de la VIII región para evaluar la real capacidad productiva de los predios El Huachi, Santa Laura y El Barco. Los primeros alcances de este importante informe gubernamental comprometieron de entrada y de manera determinante las primeras convicciones de las autoridades respecto de las bondades de estos predios. Para la transparencia de este tema, iré transcribiendo parte sustancial de los contenidos de este informe del mes de agosto de 1998, posterior a la crisis de CONADI. "La Comisión no conoció el Plan de Desarrollo Productivo, por cuanto se informó que éste se encuentra aun en etapa de elaboración, y en un grado de avance no señalado. No obstante lo anterior, los representantes de ENDESA informaron de la existencia de un estudio de clasificación de suelos, un estudio de productividad y capacidad de carga animal, un proyecto de regadío y un plan de manejo forestal, para los predios antes señalados. De todos ellos se proporcionaron antecedentes parciales y fragmentados, en la forma de exposición, no entregándose documento escrito. A partir de las conversaciones sostenidas con los representantes de la empresa, la Comisión estima que ENDESA no tiene una única definición respecto de las características e importancia del plan de Desarrollo Productivo". Recuérdese que el proyecto Ralco fue aprobado ambientalmente en septiembre de 1997 por el Consejo de Conama. El Plan de Desarrollo Productivo compromete la responsabilidad de ENDESA de asistir técnicamente por 10 años a las familias pehuenches relocalizadas. Se trata, por tanto, de uno de los aspectos más sensibles del tratamiento que debe darse a estas familias. Siendo ENDESA una empresa con recursos más que significativos y tratándose de un proyecto que viene siendo analizado desde 1994, ¿qué explica, que al mes de agosto de 1998, o sea, cuatro años después, o a 10 meses de su aprobación, después de septiembre de 1997, la empresa no cuente, al menos con un esbozo general del Plan completo o con su debida propuesta suficientemente desarrollada?...

Fundo El Huachi La Comisión Técnica del Ministerio de Agricultura realizó entonces un intenso trabajo de terreno; visitó los predios en cuestión y tratándose de un núcleo destacado de profesionales, se abocaron con entera imparcialidad al examen de las cualidades de los predios ofertados. De su visita al Fundo El Huachi concluyeron informando lo siguiente: "Esta unidad predial tendría una superficie de 585 has, distribuidas en 45 parcelas (denominadas unidades agrícolas familiares, UAF) y un bien común. Se considera instalar en este predio a 35 familias, que en promedio, están integradas por cinco personas. Se informó que a la fecha [agosto de 1998] habrían 30 parcelas con compromiso de permuta de tierras. La superficie individual de cada parcela varía entre 3 y 38 hectáreas, con un promedio de 16,7 has. El criterio general de los tamaños asignados a cada familia considera reponer un equivalente a la superficie afectada (inundada) por la construcción de la represa, más un adicional calculado en proporción a la misma. Considerando que la superficie directamente afectada sería de 316 has y que el predio en cuestión tiene 585 has, se les estaría entregando, en total, un 80% más de superficie. Asimismo, ENDESA afirma que más del 76% de los terrenos del predio El Huachi sería de clases II y III de riego, el 19% de clase IV y sólo el 5% de aptitud preferentemente forestal. Además, por la información recibida, se observa que los suelos del predio ofrecido serían de mejor calidad que las tierras afectadas, considerando la potencialidad productiva de ambas situaciones. Por ejemplo, en las áreas que se afectan, el 33% de los suelos sería arable; en cambio, en el predio El Huachi el 95% sería arable. Cada una de las parcelas se encuentra individualizada y dividida por cercos de alambre aptos para manejo de ganado vacuno. Están habilitadas con una casa-habitación, un fogón, un galpón y un corral. También poseen una red de energía eléctrica, incluyendo un medidor de consumo en cada casa y agua para consumo humano(...). Este predio tiene derechos de agua de riego de dos canales, la que será utilizada de acuerdo al estudio que se encuentra en elaboración. La tecnología de riego que se contempla es por aspersión, estimándose que cubrirá aproximadamente 200 has. Además, proponen desarrollar un programa de asistencia técnica y otro de apoyo financiero, el que operaría según un sistema de incentivos. A partir de lo anterior estiman un potencial de producción de 45 quintales por ha de trigo; 10 toneladas de materia seca por hectárea-año en pradera regada y 5 toneladas de materia seca por há-año en pradera de secano. Opinión de la Comisión sobre El Huachi. "1.- Dado que no se definió un nivel de ingreso neto mínimo para la familia, junto a la no presentación del plan de desarrollo productivo constituyen limitantes para evaluar adecuadamente la sustentabilidad socioeconómica de las unidades familiares. 2.- Por sus características agroecológicas, por la capacidad de uso de los suelos y por el conocimiento general que de la zona tienen los integrantes de la Comisión, se confirma que el predio El Huachi es de aptitud preferentemente agropecuaria. 3.- En relación a la capacidad de uso del suelo, la Comisión estima que es discutible que más del 75% de los terrenos pueda ser clasificado en clases II y III de capacidad de uso. La Comisión estima que los suelos más bien corresponderían a las clases III y IV. 4.- Los parámetros productivos indicados para los cultivos agropecuarios se consideran elevados para las condiciones agroecológicas del sector; más aun cuando antecedentes de predios colindantes y antiguos propietarios indican bajos niveles de fertilidad de suelos, parámetro relevante para la obtención de rendimientos adecuados. 5.- Una limitante importante para el desarrollo de cultivos en la zona son las bajas temperaturas. Esta es un área donde hay ocurrencia frecuente de heladas. 6.- Debe tenerse presente en la evaluación de las posibles rotaciones, que en la zona, el riego, por razones de temperatura, no modifica sustancialmente los niveles de productividad de cereales sembrados en condiciones tecnológicamente adecuadas. Por otra parte, el sistema de riego por aspersión propuesto, sin uso de energía eléctrica, aprovechando desniveles naturales, no sería factible en todas las parcelas. 7.- En referencia a elementos de infraestructura predial, se observa que los cercos existentes sólo serían adecuados para ganadería mayor (bovinos, caballares), y no se considera que los pehuenches normalmente también crían ganado menor (ovinos, caprinos y cerdos). Por el

contrario, tos corrales, por su reducido tamaño y fragilidad, no son adecuados para el ganado mayor. 8.- En general, las parcelas no poseen bosques, salvo un par de situaciones que tienen plantaciones de pino juveniles (de cinco a seis años). Esto significa que las familias carecerían tanto de la lena necesaria para su uso energético, como del aprovisionamiento de múltiples productos madereros destinados al autoconsumo. 9.- La familia pehuenche sin bosque carece de uno de los elementos más importantes de su sistema de vida, ya que éste, además de constituir su entorno natural, es fuente de alimentos y medicinas, lugar de esparcimiento y de culto, de abrigo y reparo de animales. Por último, la Comisión estima que hay un alto optimismo respecto de la capacidad de las familias para modificar su comportamiento productivo en el corto plazo; situación que tiene alta incidencia en el éxito o fracaso del plan de relocalización". Fundo Santa Laura La Comisión visitó también el Fundo Santa Laura que cuenta con una superficie de algo más de 1.400 has que podrían llegar a 1.915 has. Este predio fue adquirido para ser una fuente de abastecimiento de leña para las familias que se instalarán en El Huachi. ENDESA consideró también la posibilidad de que el predio, eventualmente, sirviese como veranada dado que hay entre 200 y 300 has para dicho fin. Opinión de la Comisión sobre el Fundo Santa Laura. "1.- De la visita realizada a Santa Laura, se pudo apreciar que este predio tiene una vocación y un uso casi exclusivamente forestal. Sus pendientes son abruptas y existe una pequeña explanada cuya superficie oscila entre 100 y 200 has. 2.- En opinión de la Comisión, este predio no podría asimilarse a lo que para las comunidades pehuenches constituye una veranada. Tanto por la escasa superficie de eventual aptitud ganadera, como por las restricciones topográficas que presenta. La incorporación de ganado sería altamente perjudicial para el suelo, tanto por su fragilidad como por su accidentada geografía y fuertes pendientes, además de que impediría el desarrollo de los renovales de bosque nativo. 3.- La trashumancia entre los dos predios tampoco se considera factible, por cuanto en estos sectores no existen los hábitos ni la infraestructura necesaria para el desarrollo de esta modalidad. 4.- No se cuenta con los antecedentes técnico-económicos suficientes que avalen el uso de este predio con fines de producción industrial de madera en el corto plazo. La producción de leña y de otros productos madereros para el autoconsumo sin alterar el ecosistema, sólo puede ser posible en la medida que el predio sea sometido a un programa de manejo". Fundo El Barco Sin duda, se trata de la oferta más polémica. Este predio tendría una superficie de 19.270 has. Limita al poniente con la comunidad Ralco Lepoy y la Reserva Forestal Ralco, separados por el río Ralco. Al oriente limita con Argentina... Al norte, con el Volcán Copahue y las veranadas de la cuenca del Río Queuco. Al sur con el predio Guallalí. De acuerdo al informe del Ministerio de Agricultura este fundo está dividido en cuatro sectores: * Hijuela de asentamientos humanos, en el sector de invernadas, con una cabida de 2.500 has habitables. * Hijuela Laguna El Barco, con una superficie de 5.426 has. * Hijuela Copahue y Melilafquén, en el sector de veranadas con una superficie de 11.344 has. Existirían 11.600 has de terrenos productivos cubiertos por formaciones boscosas y pastos naturales con predominio de coíronales. De esta superficie, 1.400 has están en el sector de invernadas (bajo), entre 1.000 y 1.100 m.s.n.m (metros sobre nivel del mar); 2.800 has en un sector intermedio, entre los 1.100 y 1.400 m.s.n.m y 7.400 has en el sector alto sobre los 1.450 m.s.n.m. ENDESA informó que existirían 8.900 has de bosque, de las cuales 4.300 has serían araucarias y 4.600 has de otros tipos nativos. En materia de clima, la precipitación promedio anual en esta zona de altura es de 2.500 mm; la temperatura media por año es de 8°C y la temperatura mínima en invierno alcanza a los -8°C. ENDESA planificó en este Fundo 80 lotes para reasentar a 41 familias (35 ya habrían firmado la solicitud de permuta pertinente). El programa de relocalización contempla un promedio de 50 has por familia en el sector bajo y parte del sector medio, más una parcela o lote en el sector Laguna y derechos de uso de veranadas en Melilafquén y Copahue.

Opinión de la Comisión sobre el Fundo El Barco. "1.- El Barco se ubica en una zona agroecológica muy frágil; que ha estado expuesta a un fuerte sobretalajeo y deforestación; presenta sectores altamente degradados, que no se pueden restituir a su condición original; y otros, en estado crítico, que podrían ser mejorados con gran esfuerzo. 2.- En opinión de esta Comisión, una gran superficie de este predio está en el límite de la desertificación y no debería usarse en actividades agropecuarias si se quiere cautelar la sustentabilidad de la cuenca hidrográfica a que pertenece. 3.- Para este predio tampoco se definió un ingreso mínimo para las familias a relocalizar ni un plan de desarrollo productivo. 4.- El posible mejoramiento de los sectores degradados, que ENDESA contempla destinar a invernadas, se vería limitado tanto por las bajas temperaturas invernales (-8°C), como por el período en el cual el área permanece cubierta de nieve. En el caso de las veranadas, las bajas temperaturas permiten sólo el desarrollo de coironales. 5.- Según registros del Ministerio de Agricultura, correspondientes a la última década, el uso promedio en las veranadas del Fundo El Barco ha sido de 600 Unidades de carga Animal, aproximadamente entre los meses de diciembre-marzo, incluyendo en esta cifra animales provenientes de otros predios... En los meses restantes, el uso promedio ha sido de 180 unidades de animales". En base a estos categóricos diagnósticos de la Comisión especial del Ministerio de Agricultura, se formularon entonces un conjunto de recomendaciones urgentes para abordar las deficiencias detectadas. En el caso del Fundo El Barco, la Comisión propuso estudiar alternativas turísticas dado que el predio no debe utilizarse para actividades de carácter extractivo. Con cierto control riguroso podría aceptarse una explotación ganadera mínima, concentrada en áreas menos degradadas. Para ello, la capacidad de carga animal no debiera superar las 300 unidades en una etapa inicial hasta un máximo de 500 UA en caso de estar disponibles 250 has de praderas artificiales que incorporarían al riego, lo que permitiría instalar 25 familias, con lo cual 16 familias tendrían que ser relocalizadas en otro lugar. Para las familias que se relocalizarían en este Fundo, la Comisión recomendó un programa de capacitación, de asistencia técnica y transferencia tecnológica que asegure la conservación y protección de sus recursos. Se señaló también la necesidad de reducir al mínimo la proporción de ganado caprino por los efectos que ello puede significar para el suelo, el coironal y los bosques. Con relación al bosque nativo existente se recomendó someterlos a un plan de manejo y dada la fragilidad del ecosistema se indicó no permitir explotaciones forestales con fines de producción comercial de madera, dejando opciones sólo para el autoconsumo. Para el caso del Fundo Santa Laura, la Comisión señaló que "en ningún, caso este predio constituye una alternativa a las veranadas que usan las familias pehuenches, tanto por la escasa superficie de aptitud ganadera disponible en las partes bajas; por la densidad de renovales o lo escarpado del terreno en las partes intermedias y altas; como tampoco por la incompatibilidad del ganado con la regeneración y el manejo de la vegetación". Continúa el Informe: "En las actuales condiciones, y considerando las características de fragilidad de este predio no se recomienda la extracción de productos (madera, leña). Esta situación puede variar si las formaciones existentes en esta unidad son sometidas a un programa de manejo forestal (manejo de renovales, cortas de mejoramiento, Ralcos), que permita mejorar la masa forestal existente y formar un recurso de mayor valor a largo plazo. De esta manera, los subproductos provenientes de este manejo, podrían ser utilizados para abastecer de leña y otros productos madereros a los habitantes de la nueva comunidad que se instalaría en el predio El Huachi". Finalmente, en relación al Fundo El Huachi, la Comisión estimó que una familia en este predio requiere que el sistema productivo propuesto por ENDESA contemple un rebaño de 20 unidades de carga animal, tamaño que permitiría generar un ingreso anual aproximado de $ 1.080.000 pesos por venta de ganado ($ 90.000 pesos mensuales promedio). Esto significa que una familia relocalizada en El Huachi necesita 30 hectáreas de superficie predial y no las 16,7 has ofrecidas por la empresa. Adicionalmente, dice la Comisión, unas 5 has de la superficie predial necesaria deberán destinarse a plantaciones forestales, las que aportarán bienes y servicios para autoconsumo y satisfacción de necesidades energéticas..."'Mientras tanto, estas necesidades deberán asegurarse por otras vías"... Para ser más claros, mientras crecen los árboles destinados al autoconsumo de los

pehuenches reasentados en El Huachi, alguien (ENDESA o el Gobierno, o ambos) deberán proveerles leña desde otros lugares.... Con todo, las conclusiones de la Comisión gubernamental respecto del Fundo El Huachi es que, desde una perspectiva de desarrollo sustentable, el predio "sólo permitiría el establecimiento de 20 familias" y por tanto "no podría sustentar a las 35 que propone el plan de relocalización de ENDESA. Para cumplir con ese objetivo se debería contar con una superficie adicional de 465 has, de similares características a las del predio El Huachi, para instalar a las 15 familias que no tendrían cabida en este sector". "Por último, la Comisión hace presente que la relocalización de pehuenches en este predio, es la que asumirá un mayor costo sociocultural en las familias involucradas, porque significa la transformación de ganaderos trashumantes y recolectores en campesinos o agricultores de corte tradicional y obviamente sedentarios". El lector podrá establecer sus propias conclusiones de este relevante informe del Ministerio de Agricultura, de fecha agosto de 1998. Los efectos políticos de este informe "Informe del Gobierno, que se mantenía en reserva, asegura que la oferta de tierras de ENDESA, sólo permite la subsistencia del 50% de las familias pehuenches que deben ser relocalizadas en Ralco". Así reza la bajada de título de un reportaje publicado por la conservadora Revista Qué Pasa, en su edición del 10 de octubre de 1998, titulado Informe Confidencial. El reportaje del periodista Hugo Córdova se inicia haciendo alusión al Informe del Ministerio de Agricultura que ya hemos descrito ampliamente, el que "podría transformarse en un aliado inesperado de las familias pehuenches y los ecologistas que se oponen a las permutas de tierras ofrecidas por ENDESA (...) Aunque el informe se elaboró y redactó en agosto [de 1998], solo se supo de su existencia a principios de octubre, gracias a que fue "filtrado" al Diputado Alejandro Navarro (PS). A lo menos, en tres oportunidades, desde principios de septiembre, el parlamentario pidió a Mideplán que le enviaran una copia, pero sus gestiones fueron infructuosas. Mejor suerte habría tenido ENDESA. Navarro asegura que el documento llegó a las oficinas de la empresa no bien concluyó su redacción y, posteriormente, refutó las aprensiones allí contenidas"...) Si bien el Ministro [Germán] Quintana [PDC] aseguró que el Informe es sólo preliminar, en ninguna de sus páginas se menciona esa palabra (...). Continúa el periodista: "Cuando el Diputado Navarro dio a conocer el Informe el domingo 4 [de octubre de 1998], en una breve nota del diario El Sur de Concepción, al día siguiente, autoridades nacionales y regionales reconocieron al matutino penquista conversaciones con ENDESA para que ésta "mejorara" la oferta (...). "El informe no es el único documento sobre la forma en que ENDESA ha tratado el tema de la relocalización de los pehuenches que se ha mantenido en reserva. De acuerdo con antecedentes proporcionados por Navarro, en 1996, con ocasión de la construcción de la Central Pangue, la empresa eléctrica ocultó información a los indígenas respecto del impacto socioeconómico que les ocasionaría su traslado". Cierto o no, lo narrado por la Revista Qué Pasa se aproximó a un hecho efectivo y es que el Informe de la Comisión Técnica del Ministerio de Agricultura, de agosto de 1998, ratificó, amplió y consolidó todas las aprensiones pre-existentes, tanto en cONADI como en otros organismos públicos y privados. Si el lector ya ha sacado sus propias conclusiones respecto de lo informado por esta Comisión, podemos entonces encarar la duda prevaleciente: ¿ocultó MIDEPLAN los negativos resultados del Informe de Agricultura?... Las autoridades del Ministerio señalaron insistentemente que dicho Informe no fue mantenido en reserva. Pero el Diputado Alejandro Navarro tuvo que valerse de otros medios para obtener una copia pues sus peticiones de una copia oficial no fueron respondidas. A mayor abundamiento, hasta el mes de noviembre de 1998, inclusive, ninguno de los Consejeros Nacionales Indígenas de CONADI había recibido una copia oficial del trascendental informe. Con ocultamiento o no, lo relevante es el Informe en sí mismo, pues reveló una trama significativa: en propiedad no estamos hablando de una oferta razonable de compensaciones de calidad para los Pehuenches. No se trata de una propuesta de compensaciones que, de acuerdo al propio

Estudio de Impacto Ambiental de ENDESA y de sus posteriores Addendum, busquen disminuir la acelarada aculturación de estas comunidades. Derechamente existe una despreocupación por las transformaciones de sus características socio-culturales y el informe de Agricultura es taxativo y no deja lugar a dudas: la relocalización de los pehuenches significará su transformación de ganaderos trashumantes en campesinos o agricultores de corte tradicional. Es decir, se afecta de manera sustantiva la esencia de su vínculo natural con la tierra, con sus costumbres y tradiciones. Por ende, esto es el camino de su desestructuración como cultura indígena pehuenche. Pero, la magnitud del proyecto y su calculada publicidad nos hace creer que Ralco viene a ser una propuesta de superación de la pobreza de los pehuenches. Que nunca como antes los indígenas habrán obtenido mejores beneficios que ahora, de no existir esta salvadora oportunidad que, de paso, viene a demostrar que el mundo empresarial es más efectivo que el Estado, cuando de superar problemas sociales se trata... Y principalmente, de cara a las necesidades del desarrollo y del crecimiento del país, se contribuye a instalar un proyecto que traerá más progreso y bienestar para todos los chilenos... Al final de cuentas, indígenas y no indígenas contribuirán así juntos al desarrollo del país. Ralco es el puente que une este propósito común. ENDESA está en la cúspide de esta pirámide de bienestar y progreso. Y el sistema político se congratula con tan promisorio futuro... El tema energético Que Chile deberá expandir sus fuentes de producción energética en los próximos años es un tema instalado a modo de sentido común. Sin embargo, de acuerdo a informes especializados como el elaborado por el Programa de Investigaciones en Energía (PRIEN), de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, junto al International Institute for Energy Conservation (IIEC) y el Natural Resources Defense Council (NRDC), publicado en junio de 1996, plantea una serie de interrogantes al respecto, al señalar que la capacidad de generación podría ser claramente menor a la prevista. Dice el Informe del PRIEN: "Alrededor de un 20% de la demanda prevista para el período analizado, del año 1994 al 2020, podría ser abastecida por el mejoramiento de la eficiencia con que se usa la electricidad en el país, las mejoras de eficiencia al nivel de la generación, transmisión y distribución eléctrica, el desarrollo de nuevas aplicaciones de la cogeneración y la difusión de las fuentes nuevas y renovables de energía".["Uso eficiente de la electricidad en Chile, 1994-2020, Resumen y Conclusiones]. En palabras simples : ahorro energético. Lo que implica, entre otras cosas, "la reducción de emisiones contaminantes y de efecto invernadero derivadas de las plantas termoeléctricas que habría que instalar durante el horizonte del estudio y de los impactos que se derivarían de la construcción de las nuevas plantas hidroeléctricas, tales como inundaciones de tierras agrícolas y/o forestales y desplazamiento de las familias que habitan el área de influencia de esas centrales, normalmente pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad". El importante Informe del PRIEN señala que es la experiencia internacional la que confirma que la eficiencia energética es más económica, rápida y benigna ambientalmente para satisfacer los requerimientos correspondientes. El tema del medio ambiente, el cuidado y preservación de nuestros bosques, ríos y mares, entre otros bienes naturales fundamentales, es aun un tema nuevo en la sociedad chilena. De ello derivan nuestros balbuceos y limitaciones para encarar con innovación emprendedora los caminos de la conservación regulada más que los de la depredación salvaje de nuestros ecosistemas. Por cierto, las empresas han invertido mayor cantidad de recursos para investigar las tendencias del mercado e imponer un punto de vista empresarial que ha sido fácilmente asimilado por el sistema político e institucional, con los efectos que esto empieza a tener para nuestros recursos naturales. Por cierto, la polémica sobre el desarrollo energético está aun en pañales... Damos fácilmente por aceptado que a mayor demanda de electricidad hay que instalar nuevas fuentes generadoras. Damos por sentado que el uso del recurso hídrico incluso es beneficioso para la seguridad nacional, pues siempre será mejor depender de nuestras propias fuentes y no tener que recurrir a terceros, como en el caso del gas y el petróleo que importamos. Damos por sentado, además, que el recurso agua es más limpio, por tanto tendremos una producción menos contaminante. Y como corolario, que a un aumento de las fuentes de producción de energía vendrá por añadidura una disminución de las tarifas eléctricas, lo que redundará en beneficio de los sectores más modestos... Sin embargo, cada cierto tiempo, la naturaleza misma se encarga de someter a prueba estos argumentos cuando diversas zonas se ven afectadas por prolongadas sequías, por la intensidad

de las precipitaciones o la extrema carencia de ellas, todo lo cual impacta de manera determinante nuestras cuencas sin que exista un adecuado plan de regulación y control. Las calamidades de la sequía o de las lluvias torrenciales evidencian que aun no sabemos manejar eficientemente un recurso tan valioso como el agua. A modo de ejemplo, no es lógico que localidades desérticas como Arica, sufran escasez de agua para sus habitantes y luego la crecida extrema del río San José, con su carga de destrucción, vuelva a un cauce que se le había quitado de manera imprudente... Situaciones como éstas son recurrentes en el norte, en el centro y sur del país. En Chile las primeras represas en su modalidad de tranques se construyeron para riego y fueron de tipo gravitacional, empleando como material principal la tierra por su comportamiento sísmico. En los años 30 se introdujo la roca como elemento estructural, impermeabilizada con pantallas de hormigón armado, como en los embalses Cogotí y Caritaya, en Camarones. En las últimas décadas se han empleado otros sistemas, usando materiales fluviales compactados como elemento estructural, (El Toro, en Huasco) y recientemente se ha avanzado hacia el tipo de presa gravitacional con hormigón rodillado, de baja dosificación (precisamente, Pangue, en el Alto Bío Bío). La mega-hidroelectricidad nace en la década de los años 40. A países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética se les reconoce su liderazgo en el desarrollo de la hidroelectricidad. Chile fue el primer país en adoptarla cuando inauguró en 1897 la Central Chivilingo en Lota. Entre 1980 y 1990 se han construido en el mundo más represas que en cualquier otra época de nuestra historia. A 1979 existían 60 megacentrales. En los últimos 15 años se han construido otros 35 grandes proyectos, de los cuales 22 se instalaron en el Tercer Mundo. La conveniencia de construir grandes represas entró en discusión a fines de los años 80 y es un debate aun en curso. Naciones desarrolladas como Suecia, mediante un plebiscito, han declarado una moratoria en la construcción de centrales hidroeléctricas. Estados Unidos y Japón tienden a buscar otras fórmulas ante el potencial agotamiento de sus recursos hídricos. Continentes como África, Asia y América Latina, todavía en vías de desarrollo, sin embargo, por contar aun con importantes reservas de agua, están precisamente- en la mira de las grandes corporaciones eléctricas que se asocian con empresas nacionales para explotar el recurso hídrico en su principal beneficio. Los efectos de estas grandes construcciones en décadas anteriores, han ido dejando una huella de impactos irreversibles muy notables. Uno de estos principales efectos tiene relación con las poblaciones aborígenes y el ecosistema. En la India, más de un millón de nativos Adivasi fueron afectados por la represa de Narmada. Otros 300 mil campesinos de China fueron obligados en 1960 a salir de sus tierras, por la construcción del embalse de Sanmexia, en el río Amarillo... Con este megaproyecto se buscaba producir electricidad y controlar las crecidas del río junto con permitir la creación de nuevos canales de regadío. Recientemente, en 1997, China inauguró la más impactante represa del Asia, en el río Yang-Tzé, el proyecto Three Georges, siendo obligados a salir dede sus tierras unos 2 millones de campesinos pobres que perdieron miles de kms de tierras productivas. En 1966 se inauguró la represa Akosombo, en el Río Volta, en Ghana (África). El proyecto lo financió el Banco Mundial. Akosombo inundó el 5% del territorio de Ghana y obligó a la relocalización de 80 mil personas pertenecientes a distintas etnias africanas, todos, en su absoluta mayoría gente pobre. Contrariamente a lo señalado por el Banco Mundial, la electricidad generada por Akosombo fue destinada, principalmente, a la producción de aluminio para una transnacional americana. Algo semejante ocurrió en Zambia y Mozambique. La presa de Asuán, en Egipto, inaugurada en 1970, perjudicó a 100 mil nubios, los que debieron emigrar hacia El Cairo, debido a la baja productividad agrícola y la salinización de los suelos. Ancestrales patrones de producción agraria del Nilo fueron severamente alterados por la retención de sedimentos que antes de la represa fertilizaban el valle del Nilo. En Estados Unidos y Canadá se cuenta con antecedentes que afectan a 60.000 personas como resultado de megacentrales en el Río Tennesse. En Canadá, cerca de 15 mil indígenas de las reservas Cree e Inuit serán afectados por la construcción de 23 proyectos antes del 2006 en el Río Hudson. En nuestro continente, países como Venezuela, Brasil, Colombia, México y Chile entre otros se encuentran en el ranking de proyectos de esta naturaleza. Brasil, es un dudoso ejemplo del modo como se ha afectado el ecosistema y a las poblaciones aborígenes. Diez grandes represas como

Itaipú, Tucurí, Balbina, Sobradinho, Machadinho y Babaquara entre las principales, han inundado 18 mil kms cuadrados de bosque tropical, entre otros impactos. La represa Sobradinho obligó al desplazamiento de 60 mil personas. El proyecto Machadinho, a 12 mil y las obras de Itaipú, a 45 mil. La represa Tucuruí (1976) afectó de modo irreversible a las etnias Parakaná, Asurini y Graviáo y a 24 centros arqueológicos; redujo las aguas pesca abajo y generó trastornos adicionales en las comunidades aborígenes consiguientes. La Central Balbina (1987) desplazó nueve poblaciones indígenas y mestizas. El principal alimento de las poblaciones, los peces del río Alaisú, entraron en descomposición por retención en el embalse. Para aumentar la cantidad de agua en esta represa, la Electrobras tuvo que construir un embalse adicional de 30 kms que literalmente atravesó las tierras de los indígenas Waimiri-Atroari. Complementariamente, se construyó la represa Cachoeira Porteira, que inundó 911 kms e impactó de manera irreversible a 7 Pueblos Indígenas y 35 comunidades negras. La producción de Balbina está destinada al consumo de la población de Manaos y principalmente de importantes multinaciones localizadas en su zona franca. No obstante, la ambiciosa obra proyectada por el Instituto Hudson de EEUU en Brasil, el Gran Lago Sudamericano, en el río Amazonas fue descartada luego de una prolongada e intensa movilización de tribus indígenas, iglesias locales, organizaciones sociales y la solidaridad de la comunidad internacional, siendo una de las pocas iniciativas que no pudieron concretarse, pues era evidente la magnitud del impacto que este proyecto produciría en el Amazonas. Un caso digno de estudio lo constituye la represa Brokopondo en Surinam sobre bosques tropicales. Fue inaugurada en 1964. La vegetación sumergida se descompuso produciéndose gas sulfúrico en grandes proporciones. El agua se volvió acida y la falta de oxígeno causó la muerte de la flora y fauna de la cuenca. La represa Yaciretá entre Argentina y Paraguay afectó a 30 mil ribereños de Posadas y Encarnación. Fueron impactados 8.000 campesinos. En México, la represa Belisario Domínguez en Chiapas obligó a la relocalización de 17 mil personas, en su gran mayoría indígenas lacandones. La construcción de la represa Miguel Alemán implicó un lago artificial que inundó el habitat ancestral de 20 mil indígenas mazatecos. La construcción de la presa San Juan Tetelcingo, en el Estado de Guerrero, desestructuró a nueve pueblos originarios Nahuas... En nuestro país, la historia de las centrales construidas en estas décadas también demuestra un expediente de situaciones críticas. Por ejemplo, la Central Canutillar alteró el territorio y el caudal del río Chamiza en el norte, además de erosionar los ríos afluentes. La temperatura del lago aumentó con efectos importantes en el recurso biológico. El tendido de línea quemó una importante faja de bosque nativo de Alerce. La salinización de las norias impactó el autoconsumo de aguas de las comunidades locales. Como resultado de la inundación de predios ribereños se redujo la producción de algas. El valor económico ambiental cayó brutalmente. La Central Alfalfa causó impactos irreversibles en los árboles nativos; se redujo la fauna acuática y las fuentes termales. El riesgo de accidentes fue subestimado. La construcción de las obras produjo deslizamientos que inestabilizaron el área física junto con disminuir los caudales de agua. La Central Colbún, con su represa principal y tres represas menores han tenido que hacer frente a procesos de evaporización y crecidas superiores a las capacidades de regulación de las obras. El impacto principal ha sido la eutrofización del lago Coibún. El medio ambiente del río Maule se ha deteriorado por el humedecimiento de las riberas del lago, etc. De acuerdo a informes del Banco Mundial, en lo que va transcurrido de estas décadas no menos de 10 millones de seres humanos en el mundo, en su mayoría aborígenes, han sufrido los severos impactos de estos megaproyectos. Chile sólo contribuye con una cuota más en este sentido, aunque sea ínfima en cantidad de relocalizados. Así y todo, el problema de fondo sigue siendo la existencia de un modelo de desarrollo que requiere de este tipo de proyectos para hacer progresar las economías locales. En el marco de una intensa globalización de los mercados, los países entran en una fase competitiva que hace indispensable mejorar la calidad de sus productos y en este proceso la energía eléctrica cobra una importancia central. Los Estados son débiles para enfrentar la ofensiva empresarial en el desarrollo de proyectos como las centrales hidroeléctricas y de ello derivan todas las principales insuficiencias y complejos problemas que se presentan cuando los recursos naturales y las comunidades humanas están en el centro de los conflictos que estas iniciativas generan.

En Chile el consumo de energía eléctrica ha venido creciendo a una mayor tasa nacional en los últimos años. La producción hidroeléctrica provee el 51% de la electricidad; las centrales que usan carbón proveen con un 28%; las de combustión a petróleo, un 11% y las que provienen de la combustión a leña un 6%. No obstante, la participación de Chile en el Mercosur es una valiosa oportunidad para incrementar su consumo energético aprovechando fuentes de Argentina, Paraguay y Bolivia. A una escasa distancia de Ralco, se ubica la cuenca de Neuquén, fuente de una importante producción hidroeléctrica de Argentina, cuya producción en la provincia de Neuquén es capaz de abastecer miles de km2 y se encuentra en proyección una importante interconexión eléctrica con una empresa chilena antes de 1999. Los antecedentes que esgrime ENDESA no son suficientes para establecer que una central de 570 MW en Ralco sea una alternativa razonable para proveer energía eléctrica a la economía chilena en el mediano plazo. Ya hemos señalado, con motivo del Informe Downing y el Estudio de Impacto Ambiental de Ralco, que el costo privado de inversión para satisfacer la demanda eléctrica estimada con generación térmica por gas natural es de sólo US$ 4,1 millones de dólares en comparación a lo que significa Ralco para el país. La Consultoría encomendada en su oportunidad a Risopatrón Consultores, fue enfática en demostrar que la rentabilidad económica del proyecto Ralco es de dudosa eficacia. En efecto: "Ante una serie de eventos probables, como una baja futura en los precios del gas natural, por la interconexión de los sistemas energéticos y los gaseoductos del cono sur, una demanda eléctrica inferior a la proyectada por ENDESA, o un valor ambiental mayor que lo supuesto por la empresa, no será posible revertir el proyecto Ralco. En consecuencia, la rentabilidad del proyecto debería ser mayor que la rentabilidad de la termoeléctrica a gas natural para compensar el mayor riesgo. Los precios de nudo de energía eléctrica disminuirán significativamente entre 1997 y 2007, independiente de la construcción o postergación de Ralco, debido al incremento de la capacidad de generación del Sistema Interconectado Central (SIC) por los proyectos en construcción en 1996. "Los consumidores regulados, que consumen menos de 2 MW, no experimentarán un alza de tarifas sin Ralco. Las tarifas eléctricas para los consumidores regulados corresponden en menos de un 35% al precio de nudo, y en cerca de un 65% al valor agregado de la distribución. Si este valor se mantiene constante en el futuro, una cuenta de electricidad por $ 1.000 por 20 kw/hora se mantendría a ese nivel sin proyecto Ralco, y bajaría a $ 965 en el año 2005 con proyecto Ralco, esto es una tasa de rentabilidad menor o igual a un 0,35%. "Este costo es claramente inferior a los beneficios futuros del uso del Alto Bío Bío en otras actividades económicas. Bastaría entonces reducir en un 50% el costo del cargo fijo mensual que pagan los usuarios domésticos para bajar las tarifas en un 0,35%, ahorrando a la economía chilena los US$ 489 millones de dólares de cosió financiero directo de la Central Ralco, además de los costos socioeconómicos y ambientales mínimos de US$ 21 millones de dólares asociados con su ejecución", [v.g. Informe de Carlos Risopatrón]. En nuestro país, ENDESA genera el 63% de la energía eléctrica del Sistema Interconectado Central. Sus empresas relacionadas, transelec y chilectra, tienen el control de entre el 75% y 100% de la transmisión de líneas entre Taltal y Chiloé, de 200 kw y 500 kw y la distribución respectiva. A modo de ejemplo, en Argentina, ningún grupo económico puede controlar más del 15% de la producción. En Bolivia ese porcentaje puede alcanzar hasta un 35% como máximo. En Inglaterra, los dos mayores conglomerados que producen energía eléctrica y que controlaban el 55% de la producción energética, fueron obligadas en 1996 a vender parte de su dominio porque ello causaba pérdidas a los consumidores... Según el informe del PRIEN, Chile fue un país líder en las reformas del sector eléctrico, pero su esquema regulatorio es débil, básicamente porque vincula los ingresos y utilidades de las empresas a la cantidad de electricidad que venden más que a los servicios que proporcionan. "En el caso chileno, la eficiencia energética y las energías renovables parecen constituir las alternativas más atractivas desde del punto de vista de la sustentabilidad del desarrollo; vale decir desde una perspectiva que contemple: la seguridad de abastecimiento al mínimo costo, la reducción de la dependencia energética, la protección del medio ambiente, la reducción de las inequidades y la profundización de la democracia". Cuando los investigadores del PRIEN abordaron las bases para el diseño de una política de uso eficiente de la electricidad, plantearon que es necesario entender que la gente no desea energía

barata, sino que los servicios que la energía ofrece sean baratos, ya sea iluminación, potencia motriz, calefacción, etc. "La disponibilidad de estos servicios energéticos puede ser expandida, reduciendo la cantidad de energía requerida para proveerlos sin sacrificar la calidad, mediante eficiencia energética. La eficiencia energética debe ser vista como un recurso que puede ser adquirido como una opción al suministro energético más convencional y, por lo general, a menor precio. Existen muchas opciones diferentes para mejorar la eficiencia energética que podrían ajustarse dentro del marco nacional a través de modificaciones que no alteran la filosofía fundamental que define el sistema: * Reforma legislativa y regulatoria, para introducir un proceso de planificación integrada para las empresas eléctricas que les exija desarrollar carpetas de recursos energéticos a menor costo para satisfacer la demanda de servicios energéticos por el cliente. * Códigos y normas de rendimiento energético, para desarrollar e implementar normas obligatorias para los refrigeradores, los motores industriales y equipos de iluminación vendidos en el país y desarrollar y promulgar códigos de rendimiento energético para los edificios comerciales y residenciales. * Programas gubernamentales y de las empresas de electricidad, para implementar un programa de adquisición por parte de las empresas del Estado y del gobierno que enfaticen la compra de productos eficientes, sobre la base del costo del ciclo de vida y para desarrollar programas en orden a reducir el consumo energético en un 20% comparado a los niveles de 1990, en edificios y corporaciones de propiedad del Estado, en los próximos cinco años. * Mecanismos de mercados puntuales, para incorporar externalidades ambientales, tanto los costos de la contaminación como los costos de la explotación de recursos naturales, dentro de la fijación de precios energéticos. * Programas de información y programas voluntarios, para crear un programa de sellos de equipos y aparatos electrodomésticos para informar al consumidor sobre los costos energéticos asociados con la operación de un equipo con respecto a otros modelos similares. Crear un centro energético para difundir información, proporcionar capacitación en diferentes aspectos de eficiencia energética y energía renovable, y asistir en el desarrollo y financiamiento de proyectos pilotos energéticos sustentables. * Nuevas formas de estimación y planificación energética. La capacidad de estimar y planificar subyace en las cinco opciones descritas anteriormente. (...) Puesto que la eficiencia es más económica, un plan de recursos integrados económicamente eficiente de una empresa eléctrica podría producir el desarrollo de varios cientos de megawatts de inversiones en eficiencia energética antes de construir cualquier central nueva de generación". Muchas de las recomendaciones señaladas en el valioso Informe del prien son coincidentes con los acuerdos de la Alianza para el Uso de Energía Sustentable, documento que fue firmado en la Cumbre de las Américas de Miami, en diciembre de 1994. Como firmante de la Declaración de la Convención de Cambio Climático y de la Agenda XXI, Chile se comprometió a desarrollar políticas consistentes con estos principios y acuerdos suscritos. Como se apreciará, el Proyecto Ralco se inscribe dentro de una historia compleja de estrategias financieras, influencias políticas, efectos ambientales y sociales y un conjunto de otros antecedentes que indudablemente mueve a reflexionar sobre el sentido de este tipo de iniciativas que, como ya se ha establecido, va más allá de los impactos naturales y humanos. En lo sustancial, este tipo de iniciativas debiera servir para destacar la importancia de ciertos roles y compromisos que el Estado debe asumir cuando están en juego este tipo de bienes. El Estado no puede renunciar a regular los efectos del desarrollo. Por otra parte, debe cautelarse que el desarrollo local no subsidie al desarrollo nacional. Que ante situaciones de impacto mayor la intervención del Estado debe ser igualmente proporcional a la naturaleza de tales impactos y, por lo tanto, el Gobierno no debiera descuidar el hacerse responsable de las vulnerabilidades que estos proyectos implican para el medio ambiente y una comunidad de seres humanos. Habitualmente estos proyectos se analizan desde una perspectiva nacional y se omite o descuida la perspectiva local; se aplican criterios centralistas y economicistas en desmedro de los intereses locales. En suma, el desarrollo sustentable no es gratuito y aplicando, en último término, una cierta lógica de economía de mercado, quien impacta un ecosistema debe pagar mucho más de lo que pretende ahorrar.

Podemos ir concluyendo entonces sobre la idea de que Ralco no significa, necesariamente, una manera de salir de la pobreza para los Pehuenches. En cierto modo, las políticas públicas orientadas hacia el mundo indígena a partir de 1997 experimentaron una importante tendencia hacia el Desarrollo Sustentable de estas comunidades. MIDEPLAN planificó una inversión de 4.000 millones de pesos para el período 1998-2000 en materia de proyectos de desarrollo local para el Alto Bío Bío. Están en plena aplicación los primeros proyectos de impacto social... En cierto modo, el Gobierno ya había iniciado un lento y fructífero esfuerzo para ir hacia una estrategia de superación de la pobreza pehuenche. En consecuencia, no se requiere las compensaciones de ENDESA para favorecer a los indígenas pobres de esta zona del sur del Bío Bío, máxime cuando ellos no se han planteado nunca un desarraigo voluntario. Las permutas de tierras son el fruto de una situación forzosa, en donde está por verse quiénes serán, realmente, los beneficiados. De partida, no son los Pehuenches, por mucho que los niveles de compensación en tierras y especies sean difundidas como superiores a lo que poseen actualmente. El reservado Informe del Ministerio de Agricultura, de agosto de 1998, así lo demuestra. Para los próximos años, de entrada al nuevo milenio, el desafío de responder a la pregunta: ¿qué tipo de desarrollo queremos para Chile?, seguirá esperando una respuesta acorde con una escala de valores que hoy están ajenos al salvaje mundo financiero. Hay una propuesta de país que está en discusión. ¿Desde dónde queremos construir una sociedad más justa y equitativa? Para el mundo empresarial el país se construye desde el mercado y los individuos consumidores. Antes, se intentó realizar la utopía de construir país desde el Estado. Está pendiente la alternativa de construir país desde las personas y desde sus derechos humanos esenciales. Sin esta posibilidad, ninguna propuesta de desarrollo será a escala humana. Nos interesa un tipo de Estado y un país moderno que sea viable para todos. En donde la modernidad no sea una amenaza para los más débiles y los más pobres como nuestras comunidades indígenas. Las cosas que son buenas para la economía también deben serlo para las personas. Ralco, en este sentido, es un antes y un después para el mundo indígena en Chile Fuentes Bibliográficas: 1.-Informe Técnico sobre el Plan de desarrollo productivo predios El Huachi, Santa Laura y El Barco, Comuna de Santa Bárbara, Región del Bío Bío. Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, VIII a Región. Concepción, agosto de 1998. 2.-Revista Qué Pasa, edición del 10 de octubre de 1998. 3.-Documento Uso eficiente de la Electricidad en Chile, 1994-2000. Resumen y conclusiones. Programa de Investigaciones en Energía, PRIEN, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, junio de 1996.

Apéndice Al cierre Los primeros seis capítulos de este libro se terminaron de escribir casi a fines de enero de 1999 y luego sus originales fueron analizados por la Editorial Lom en los meses de febrero y parte de marzo. Entre los meses de diciembre de 1998 y enero de 1999, la Dirección Nacional de CONADI dio inicio al proceso de aprobación de las solicitudes de permutas de tierras pehuenches, marcando con ello una clara diferencia respecto de las situaciones que ya han sido ampliamente analizadas. La aprobación de las solicitudes se llevó a cabo exclusivamente con los votos favorables de los representantes del ámbito de Gobierno y con las abstenciones y votos en contra de los Consejeros Nacionales Indígenas. En cualquier caso, la participación de los Consejeros Indígenas en los debates de enero concluyó avalando lo obrado a pesar de su negativa. Con estas aprobaciones, la empresa ENDESA dio inicio a las tareas para restablecer las faenas pendientes en Ralco, lo que causó nuevas manifestaciones de pehuenches y ecologistas en el Alto Bío Bío, esta vez con saldos más intensos en materia de tensiones y confrontaciones con fuerzas policiales, además de protestas internacionales. Es interesante señalar que en los últimos meses de 1998, particularmente entre octubre y diciembre de ese año, el Ministerio de Planificación encomendó diversos estudios. Ya hemos dado cuenta del Estudio reservado del Ministerio de Agricultura en donde se analizan las importantes limitaciones de los Fundos El Barco, El Huachi y Santa Laura para soportar adecuadamente el plan de relocalización propuesto por ENDESA. Uno de los temas contemplados en el Reglamento 582 de Análisis de Permutas, dice relación con la variable de impacto cultural de este tipo de megaproyectos en comunidades indígenas. La División Social de MIDEPLAN encomendó el estudio de este tema entre septiembre y octubre de 1998. Sus resultados se consignaron en un documento interno titulado "Informe de Impacto Cultural para el Análisis de las solicitudes de Permutas de las Comunidades Pehuenche de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy". Dicho informe no señala los autores del estudio, salvo que indica que fue elaborado por el Departamento propiamente tal. El foco de atención del estudio estuvo centrado en los elementos constitutivos del desarrollo de identidad cultural. Fueron entrevistadas diversas personas de las comunidades específicamente afectadas, autoridades regionales y habitantes de zonas como El Huachi, en calidad de eventuales receptores de los indígenas a relocalizar. La evaluación de impacto cultural abordó la cosmovisión indígena, el lenguaje, las creencias, la vida cotidiana, las relaciones sociales y las condiciones de existencia material en general. En relación a la situación previa al megaproyecto hidroeléctrico, el informe caracterizó la vida en el lugar como un "modo de vida cordillerano" compuesto por los siguientes elementos básicos (citamos el informe en comento): "* Una adecuación de la vida cotidiana de la población indígena a la temporalidad de las estaciones del año, para procurarse los insumos correspondientes para vivir. Esta temporalidad se expresa en los movimientos migratorios dentro de la cuenca del río Bío Bío en las veranadas e invernadas, para darle continuidad a la crianza de sus animales y a la recolección de los frutos de la Araucaria araucana que se recogen en las piñalerías. *Una economía campesina que se expresa en cultivos destinados básicamente al autoconsumo. La autosubsistencia está dada por el trabajo de la tierra que en su vida cotidiana se denomina "empeño al trabajo". *Una religiosidad cíclica en rituales a través de los cuales invocan y ruegan a su Dios por lograr la existencia en las temporalidades estacionales, los cuales son realizados en lugares determinados por la tradición. *Un respeto a sus antepasados expresado en el culto especial de sus muertos. Sus cementerios son lugares sagrados que tiene una connotación diferente a la cultura occidental. *Una dependencia para la deriva de sus vidas, basado en los ciclos mencionados y en el trabajo de las tierras". En relación a esta descripción, el estudio concluye estableciendo "que podemos definir el modo de vida cordillerano como una intrincada fórmula de relaciones sociales y divinas entre la tierra, la

subsistencia, las relaciones familiares y políticas intra e intercomunitarias. La relación entre los elementos es imbricante y consensuada, de manera que un quiebre o alteración en uno de los elementos, impacta de manera profunda en la cotidianidad de la totalidad de la vida de las comunidades". La situación actual de las comunidades, de acuerdo al estudio, está cruzada por el conflicto que significa la polarización en torno a la aceptación o no de la central Ralco. Es un conflicto instalado en el corazón mismo de las comunidades. Dice el estudio que "la adscripción a uno u otro polo, establece una serie de implicaciones y discursos que son desplegados por unos y otros, cruzando y alterando la convivencia. El conflicto actual se ha instalado en la comunidad, en el que la parte involucrada central (ENDESA), se ha apartado en lo visible". Siguiendo el estudio se señala que "los factores desagregados anteriormente han sido fuertemente alterados: la asalarización de la mano de obra indígena ha creado un cambio importante, debido fundamentalmente al mayor acceso de habitantes a la compra de bienes de consumo. Esta asalarización se ha operacionalizado en la construcción y mantención de caminos, en la construcción de casas en los Fundos El Barco y El Huachi, haciendo que los propios pehuenches se involucren -psicológicamente- en la construcción de bienes para su uso familiar y personal futuro. Se desconoce en la actualidad la generación de una autoridad en la comunidad, es decir, el reconocimiento del Lonko, que se basaba en la estructura de los linajes". A partir de esta conclusiones, el estudio de Impacto Cultural, encomendado por el Ministerio de Planificación, MIDEPLAN, concluye formulando la "proyección y simulación de los efectos (del megaproyecto) sobre la cultura pehuenche: Fragmentación familiar de las parentelas o linajes. Tendencia a la dispersión familiar. * Pérdida de la territorialidad ancestral. Pérdida de la cotidianidad espacial (el mundo propio y el color local) y de los espacios y sitios ceremoniales. * Tendencia a la campesinización. Incorporación de un estilo de vida no pehuenche. * Tendencia a la aceleración de las dinámicas de aculturación producto de la vulnerabilidad de los mecanismos de defensa cultural (asimilación, rechazo, integración e hibridación cultural). Es preciso señalar que es la velocidad y radicalidad del cambio lo que le imprime un carácter negativo a éste. * Dificultades de asimilación de los componentes modernizadores en su reeducación productiva. * Discriminación y marginalización del indígena re-localizado, especialmente en el fundo El Huachi, debido a la existencia de un campesinado no indígena que hoy ya habla de la precariedad del mercado del trabajo local. *Menor contacto cultural con la familia y el linaje lejanos". El estudio continúa siendo relevante para determinar los delicados impactos socio-culturales del megaproyecto Ralco en el mundo Pehuenche, al establecer de manera fehaciente que, además de enfrentar una fragmentación de tipo familiar, la adaptación social de los pehuenches a los distintos sitios en donde serán relocalizados, enfrentará matices muy complejos. Por ejemplo, en el caso del Fundo El Barco, "la rigurosidad climática" actuará negativamente sobre su capacidad adaptativa. La radicación de los pehuenches en este fundo "implica, desde el punto de vista cultural, romper con la antigua práctica de movilidad espacial (verano/invierno), lo cual tiende a estacionar en el lugar a las familias, manteniéndolas en el mismo sitio en invierno y verano. La cultura de la trashumancia estacional no permanecerá". "En el caso de El Huachi, a diferencia de El Barco, las familias son relocalizadas en un sector fuera del espacio geográfico y simbólico indígena. De hecho, no forma parte del Área de Desarrollo Indígena del Alto Bío Bío, y por lo tanto quedarán excluidas de los beneficios que dicha intervención significará en el corto plazo, si esta situación no se remedia durante el proceso de aprobación de permutas. El Huachi se ubica en un entorno de población no indígena, que desde ya comienza a manifestar aprensiones respecto a la llegada de las familias pehuenches al sector. En El Huachi no están dadas las condiciones de infraestructura educacional para recepcionar a la nueva población escolar. Este elemento representa una seria dificultad, dado que éste es uno de los ámbitos donde se concentran las principales demandas de las familias que serán relocalizadas. "Las características geográficas en El Huachi, son significativamente distintas a las presentes en sus territorios de origen, lo cual obliga a no continuar con las formas de producción tradicionales, lo que no sólo descansa en cambios tecnológicos, sino por sobre todo, en los patrones culturales que requieren ser modificados y construirles el sentido, en el contexto de la cultura Pehuenche".

Transcribiré a continuación la "Síntesis Finar del Estudio de Impacto Cultural encargado por MIDEPLAN por considerar que dichas conclusiones hablan por sí mismas de los problemas de fondo que Ralco representa para la cultura Pehuenche: "La relocalización es un proceso que afecta indistintamente a toda la comunidad y ala totalidad de la cultura. La ruptura de los lazos familiares, productivos y ceremoniales constituye un impacto evidente que ya está en curso y que tiene el carácter de irreversible. "Ha aparecido una nueva temporalidad en la vida cotidiana de las familias, expresada en los ciclos diarios de sus jornadas de trabajo en las empresas constructoras que operan en la zona para la construcción de la represa y/o sus obras. "Se evidencia un debilitamiento de la economía campesina, producto de la asalarización de los pehuenches y por lo tanto, una dependencia del salario para satisfacer sus necesidades de vida. Lo anterior se expresa claramente en un desapego al empeño de trabajar la tierra para dedicarse a otras actividades. "Al parecer, lo negativo del Proyecto Ralco no es precisamente el cambio que provoca: manejar un tractor no es incompatible con seguir siendo Pehuenche. Lo que hace negativo el cambio es su planificación vertical y no participativa del proyecto, ya que disminuyó las posibilidades de que la cultura elaborase respuestas adecuadas a su código previo. "A modo de conclusión, el proceso de relocalización se encuentra, desde la perspectiva de las familias pehuenches, muy avanzado en los hechos: Las familias que han solicitado la permuta se encuentran psicológicamente relocalizadas. Ellas tienen y expresan expectativas respecto de los nuevos bienes que se les han ofrecido a cambio. Las familias preparan sus futuros hogares y han abandonado sus bienes actuales. Muchas de las familias, no todas, han dejado de trabajar la tierra que actualmente tienen. Algunos han comenzado a quemar sus cercos como opción a la búsqueda de leña." La conclusión más evidente respecto del proceso de relocalización, se vincula con el hecho de que ya se han generado las expectativas en las familias de recibir los beneficios que se han pactado como compensación. Aquí se identifica un "punto crítico" de impacto cultural, por cuanto las familias ya consideran irreversible la relocalización". El Estudio de Impacto cultural concluyó a fines de octubre de 1998 y formó parte de los análisis gubernamentales, mientras se adoptaban los cursos de acción institucional en CONADI para que su Consejo Nacional aprobase las solicitudes de permutas. Paralelamente se iniciaron las gestiones encaminadas a integrar al plan de ofertas de ENDESA a 194 familias de las comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy que serán afectadas en forma indirecta por el megaproyecto. Esta decisión nació de las conversaciones realizadas en la ciudad de Los Angeles el 12 de agosto de 1998, cuando estaba en plena discusión el impacto de Ralco y los acontecimientos institucionales ocurridos en CONADI y los acuerdos se concretaron el 14 de septiembre de dicho año. Los afectados indirectamente por el megaproyecto participan en las siguientes entidades: Comunidad Indígena Manuel Neucumán, de Ralco Lepoy; Organización Pehuenche Quepuca Estadio y Junta de Vecinos Malla Palmucho. La oferta de ENDESA para estas 194 familias consiste en: 1.- Subsidios habitacionales de UF 100 para cada familia. 2.- 170 millones destinados a un programa de electrificación rural. 3.- Reposición del camino al Alto Bío Bío que resultará inundado por la represa. 4.- Un aporte de 300 millones para la construcción de un Liceo Técnico Profesional en Ralco. (Este liceo está contemplado en el Plan de Inversiones en el Área de Desarrollo Indígena del Alto Bío Bío, acordado por el Gobierno, con un costo estimado de M$ 1.000 millones. ENDESA aportaría ahora un tercio). 5.-La empresa contribuirá con 25 millones de pesos para realizar estudios de proyección turística para el conjunto de familias afectadas indirectamente por el megaproyecto. 6.- Construcción de una sede comunitaria en las comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, con un aporte de 7 millones de pesos. En total, la contribución de ENDESA para ayudar a las familias afectadas indirectamente, bordearía los M$ 1.000 millones de pesos, (unos US$ 2,2 millones de dólares). Con esta operación político-

financiera, se completa el arco de situaciones destinadas al convencimiento local y nacional de que la obra Ralco traerá importantes beneficios para las comunidades pehuenches. Es importante considerar que MIDEPLAN, bajo la gestión del Ministro Roberto Pizarro (PS), en 1997, había concluido una planificación no menor a los 4.500 millones de pesos para desarrollar un amplio programa de inversión pública en el Alto Bío Bío en el marco de la Declaración de Área de Desarrollo Indígena, sin contar otros recursos adicionales provenientes del Fondo de Desarrollo Indígena. Otro estudio, encomendado esta vez por la CONADI, abordó la Doctrina de interpretación del Artículo 13, inciso cuarto de la Ley 19.253. Se trata de un análisis que tenía por objeto "precisar el sentido y el alcance de la autorización que compete a la CONADI en la permuta de tierras indígenas a personas que no tienen la calidad de indígenas". El documento interno señala que "la permuta establecida en la Ley Indígena constituye una excepción a la regla general consagrada en el inciso primero del Artículo 13, la cual señala que las tierras del artículo 12 (tierras indígenas), por exigirlo el interés nacional gozarán de la protección de esta Ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia". Se desprende que la permuta es una excepción y que para ello las tierras a permutar deberán ser de similar valor comercial, "debidamente acreditado, lo cual sería como una llave que controla el flujo de tierras indígenas al mercado no indígena, impidiendo así su traspaso indiscriminado". El documento interno señala, no obstante, que esta fórmula "tiene por objeto establecer un grado razonable de fluidez o circulación de tierras indígenas en el mercado". En cuanto a las características del acto de permutar, éste reúne los siguientes requisitos: voluntad, capacidad, objetivo lícito, causa lícita y solemnidad. Son esenciales, además, al contrato de permuta el consentimiento y las cosas que son objeto del contrato, es decir -según el documento"los bienes que se desean dar por ambas partes". El mismo estudio señala, a continuación, que las tierras indígenas sólo pueden permutarse por otros inmuebles y no puede aplicarse libremente a otros bienes, como por ejemplo, permutar tierras indígenas por una casa-habitación o vehículos o bienes muebles de otra especie. En relación al "acto administrativo de autorización de las permutas", el estudio analiza el rol de CONADI en tanto Servicio Público autorizado para actuar en este caso, enfatizando que debe existir una regulación o un criterio adecuadamente estructurado de parte de la Corporación para conceder tales autorizaciones, lo que en la práctica está cumplido por la vía del Reglamento 582 de diciembre de 1997. A continuación el estudio señala que la autorización de la CONADI "es un acto semi reglado", es decir, "se trata de una autorización para realizar lo que ya está de antemano permitido y cuya exigencia busca saber o averiguar si se cumplen los requisitos o condiciones legalmente requeridos". En estos casos cabe a la entidad un margen de discrecionalidad para mejor resolver. Ajuicio del documento la base sobre la cual CONADI debe resolver las permutas es una sola: el similar valor comercial, lo que no se restringe a la mera cuestión del "precio a secas". Este valor comercial "implica tomar en cuenta otros aspectos de los predios que pueden hacer variar su valor comercial, tales como aptitudes técnicas y turísticas, potencialidades productivas (agrícolas, ganaderas, forestales, industriales, turísticas, etc)". Un tema muy importante es abordado en este estudio con relación a quién o quiénes adoptan estas decisiones en la CONADI. El artículo 13 de la Ley 19.253 indica que "con la autorización de la Corporación se podrán permutar....". El o los analistas del documento se preguntan entonces sobre el significado del vocablo "Corporación". El tema está puesto en la discusión con un objetivo muy preciso: desde los inicios de la CONADI hasta la crisis de agosto de 1998, las decisiones de la Corporación, concernientes a las políticas de Tierras y Desarrollo las ha adoptado el Consejo Nacional, integrado por 8 representantes del Gobierno, 8 representantes de los Pueblos Indígenas y el Director Nacional. Las compras de tierras y, en general, la aplicación de los Programas de CONADI han sido siempre materia de debate y resolución de este Consejo. El documento interno explora otra alternativa. Basándose en el Artículo 44 de la Ley 19.253, se comienza a señalar que es el Director Nacional de la Corporación quien representa legalmente a la entidad, lo que es expresado sin perjuicio de la existencia de órganos colegiados de Dirección como es el caso del Consejo Nacional, entidad

llamada a "definir, concebir y estructurar los elementos y criterios comprendidos dentro del ámbito de la facultad discrecional que tiene la institución..." No obstante, dice el estudio interno, "siempre, el acto administrativo que da cuenta de la respuesta de la Corporación frente a las solicitudes de permutas, es suscrito por el Director Nacional, exteriorizando materialmente la voluntad de la institución a través de la correspondiente autorización". Esta afirmación reviste una especial importancia pues, en los debates del repuesto Consejo Nacional de CONADI, entre diciembre de 1998 y enero de 1999 está en juego el peso específico que tiene el Consejo Nacional en la resolución final de las solicitudes de permutas de Ralco. El estudio en comento tiene fecha de diciembre de 1998. Otro informe interno denominado "Antecedentes para el análisis de posibilidades de Etnodesarrollo de familias pehuenches afectadas por la construcción de la central hidroeléctrica Ralco" abordó por encargo de MIDEPLAN-CONADI un estudio sobre el tema descrito y se solicitó el Ministerio de Agricultura conformar una Misión Técnica Mideplán Agricultura que se constituyó los días 14 y 15 de diciembre de 1998 en los tres predios ofrecidos por la ENDESA, junto con recorrer los asentamientos pehuenches. La tesis que trabajaron los técnicos es que "una de las mayores dificultades que el proceso de relocalización involucra, tiene que ver con las posibilidades de adaptarse a una nueva realidad socio-económica y ambiental por parte de las comunidades y familias pehuenches, en particular, los cambios en los sistemas productivos y forma de vida" (...) "A lo anterior -agregan- se debe agregar la jerarquía de necesidades, valores y costumbres, que una determinada sociedad (como es el caso de la Mapuche Pehuenche) tiene en cada momento de su historia, que contribuye a conformar el "sentido común", que es uno de los polos desde los cuales se analiza y se hacen opciones frente a la naturaleza. De lo comentado se desprende que el conocimiento campesino indígena no es inmutable y que constantemente se está adecuando a las exigencias que tanto la naturaleza como las condiciones históricas le han impuesto. Aun cuando, como la ciencia occidental, también requiere de un determinado y largo proceso de experimentación, reflexión y análisis y de construir analogías". Las conclusiones, comentarios y recomendaciones de la misión técnica son relevantes. En relación al predio El Huachi señalan que "el reasentamiento de las familias en este nuevo entorno les plantea un gran desafío de gestión productiva y tecnológica". Indican que aun cuando en su gran mayoría los pehuenches cuentan con un conocimiento agropecuario básico para subsistir, "la gestión de recursos con mayor potencial que los que actualmente manejan en sus sitios de origen, ciertamente les representará una dificultad". Para la Misión Técnica alcanzar los potenciales productivos señalados por la ENDESA implicará medianos y largos plazos. Algunas familias podrán disponer de ciertos retazos en las tierras inundables por el embalse. Otras, sin embargo, que recibirán superficies menores a ocho hectáreas, "se situarán en una posición de equilibrio muy precario sobre la línea de pobreza". "La mayoría de las familias que se reasentarán no poseen bosques. Esto significa que no podrán acceder a bienes y servicios otorgados por éstos. En especial carecerán de leña necesaria para su uso energético, como del aprovisionamiento de múltiples productos madereros destinados al autoconsumo". A lo descrito, debe agregarse que en el fundo El Huachi existen suelos con riesgos de erosión, lo que implica que las labores de cultivo deberán orientarse al manejo de suelos con implementos de labranza y siembra vertical, dice el Informe Técnico, es decir, uso de arados cinceles, subsoladores y sembradoras de cero labranza a tracción animal. En cuanto al predio Santa Laura se identifica su difícil acceso y distancia respecto de El Huachi. Esto significó que la Misión Tónica oficial recomendara la adquisición de un predio complementario para proveer a los pehuenches, a corto plazo, de leña y madera con fines domésticos. En relación al Fundo El Barco, "se observó un deterioro generalizado de los suelos y de la vegetación en las comunidades de Ralco Lepoy y Guayalí, aledañas al predio, siendo este fenómeno de intensidad creciente cada temporada agrícola, lo que confiere un alto grado de fragilidad al ecosistema". Se aprecian algunas ventajas básicas, tales como un cierto estado de conservación de bosque y pradera. Sin embargo, llama la atención que "existen retazos que poseen procesos de erosión visibles, en especial áreas de pendientes superiores al 15%, que han sido deforestadas y explotadas para alimentación animal y que en el actual nivel de degradación

sólo debieran protegerse para poder conservarlas", ante lo cual la comisión recomienda aislar estas zonas y llevar a cabo un programa de rehabilitación de las mismas. El Informe Técnico, señala también algunas ventajas que el plan de relocalización implica para las familias pehuenches afectadas por el megaproyecto Ralco: aumento de la superficie y calidad de terrenos familiares; mejoramiento de las condiciones del trabajo doméstico de mujeres; mejoramiento de condiciones de infraestructura básica, tales como vivienda, salud, caminos, servicios; posibilidades de desarrollar nuevas actividades tales como ecoturismo, forestación y microempresas; mejoramiento de las posibilidades de conseguir empleo; acompañamiento técnico y financiero por diez años; mejoramiento de oportunidades de comercialización, todo lo cual, a juicio de la Misión Técnica, integrada por Mideplán, Agricultura y CONADI, "aparece como una alternativa ventajosa para los solicitantes, pero este proceso significa un cambio profundo en sus sistemas productivos y modos de vida, por lo tanto, realizarlo sin los resguardos pertinentes puede ser una amenaza". Estos tres estudios concluidos al mes de diciembre de 1998 abren el proceso interno de aprobación de las solicitudes de permutas de tierras pehuenches. El Consejo Nacional de CONADI fue convocado el 17 de diciembre de 1998 en Santiago y se abrió ahí un debate relacionado con los estudios sociales y las nuevas fichas técnicas correspondientes al análisis de cada permuta. La discusión fue intensa, pues los Consejeros Indígenas contradicen la voluntad oficial de entrar al "caso a caso" a partir de esta fecha. Finalmente, se concuerda en un asunto de procedimiento que deja pendiente el tema sólo por algunas semanas. Es en enero de 1999 cuando, en realidad, la decisión de aprobar las solicitudes de permutas se pone en marcha, se cuente o no con el voto favorable de los Consejeros Nacionales Indígenas, quienes en su mayoría resuelven no concurrir a la sesión respectiva de enero, con excepción de dos Consejeros quienes se abstienen al momento de resolverse las primeras solicitudes. La ENDESA, por cierto, expresó su satisfacción por el avance de este procedimiento y dispuso el paso siguiente: la formalización del contrato de permutas, para los casos aprobados y el inicio de las faenas suspendidas en Ralco. Los medios de prensa informarán entonces a fines de enero de los primeros disturbios en Ralco, con imágenes de pehuenches tratando de impedir las faenas, carabineros agredidos por manifestantes y detenidos que comienzan a hacer historia, como unos ciudadanos extranjeros que con inusitada rapidez son acusados como "activistas" y se dispone, respecto de ellos, su inmediata expulsión del país. El año 1999 ha comenzado así con un nuevo escenario de tenciones Nuevos conflictos Así, entramos al mes de febrero de 1999 y los hechos desencadenaron otros conflictos que se abrieron en el ámbito de la relación entre comunidades indígenas de la IXª y VIII Región y empresas forestales. A fines de dicho mes, comuneros indígenas de Temulemu ingresaron al Fundo Santa Rosa de Coipi con el objeto de talar 1,5 hectáreas de árboles plantados en dicho fundo de propiedad de la Forestal Mininco. En medio de estas faenas intervino la fuerza policial y en muy pocas horas el país tomó conocimiento de nuevos enfrentamientos, esta vez con heridos de ambos lados, detenciones, hospitalizados y nuevas personas sancionadas administrativamente con la expulsión del país, tratándose de ciudadanos extranjeros. El mes de marzo de 1999 estará entonces plagado de hechos noticiosos vinculados con estos dos acontecimientos: el avance, ahora inexorable del megaproyecto de la central hidroeléctrica de Ralco en el Alto Bío Bío y las violentas tensiones en Traiguén (chorrillo que viene de arriba; cascada). La problemática mapuche irrumpe de nuevo en los medios de prensa y ocupa amplios reportajes de radios, televisión y medios escritos. Las imágenes de enfrentamientos entre carabineros y mapuches impactan a la opinión pública que comienza a preguntarse si habrá caminos para evitar enfrentamientos mayores. Los representantes de las empresas forestales endurecen sus posiciones en la primera quincena de marzo y exigen al Gobierno la aplicación de diversas medidas draconianas: desde la Ley de Seguridad Interior del Estado, hasta la implacable Ley de Control de Armas y Ley Antiterrorista (ambas, de triste historia durante la dictadura militar). Se parte del supuesto de que los mapuches del sur están "infiltrados" por activistas extremistas y aun extranjeros que han concurrido hasta la zona para soliviantar a los indígenas. Diversos periodistas se preguntan si acaso no estamos ante las puertas de un Chiapas Sudamericano...

Nuestras autoridades, por su parte, particularmente del sur, declararon que se trata de conflictos puntuales entre particulares y que, por lo tanto, correspondería a los tribunales dilucidar los hechos. No obstante se adelantan medidas administrativas en el campo del orden público y se refuerza de manera intensa la vigilancia policial en las zonas en conflicto, junto con decretar la expulsión de varios jóvenes estudiantes extranjeros que habían llegado a Chile para participar en investigaciones de carácter social o antropológico, incluso algunos invitados por autoridades del Municipio de Tirúa. Estando presentes en las refriegas, al intentar defender a personas que observaban como indefensas y vulnerables ante la ofensiva policial, fueron detenidos y supuestamente sorprendidos con algún tipo de armas, materia que en sucesivas apelaciones en el tribunal respectivo resultó sin méritos. Sendos recursos de protección interpuestos por abogados indigenistas impidieron el cumplimiento de las expulsiones, noticia que se extendió como reguero de pólvora en los medios informativos internacionales, lo que a mediados de marzo fue ratificado por la propia Corte Suprema de Justicia, sumiendo a la medida administrativa de expulsión en uno de los más sonados bochornos de comienzos de 1999. Los partidos políticos, la Iglesia, comisiones especiales del Parlamento como la de Derechos Humanos y diversas entidades nacionales comenzaron a tomar cartas en el asunto y cada cual, por vías privadas y públicas, señalaron a las autoridades la conveniencia de dar cuenta de la situación y comprender que estábamos ante hechos mucho más que puntuales y focalizados. El conflicto con la Forestal Mininco, de larga data, desató en la opinión pública nuevas inquietudes: saltó a la vista la inflexibilidad empresarial, su desconocimiento de la cultura indígena y su política de mala vecindad con las comunidades aledañas a sus dominios forestales... El país observó la fuerte arremetida de los grupos empresariales exigiendo medidas drásticas, mientras algunos de sus personeros exhibieron armas al cinto ante las cámaras de televisión... La prensa abrió ampliamente sus puertas al conflicto y nuevamente el mundo indígena irrumpió en los hogares de millones de chilenos, más bien expresando un clamor, más que anunciando presuntos levantamientos o asonadas. Al cierre de este libro, (mediados de marzo de 1999), la situación continúa tensa. Se realizan esfuerzos para establecer diálogos entre los afectados. Lo que tiene su base en el conflicto de Ralco, se cruza ahora con la tensionalidad acumulada por años con empresas forestales. En Lleu Lleu, en la Octava Región, en dominios de un hacendado local, se produce el incendio de una bodega de materiales y es prácticamente asaltada una vivienda patronal, sin consecuencias para terceros pero con daños materiales relevantes. Varios indígenas son detenidos. Ya no son sólo miembros de la Comunidad Coña: hay indígenas provenientes de distintas partes y regiones. Otras personas, no indígenas, también son detenidas por su eventual responsabilidad en los hechos... En Traiguén, en la zona de conflicto en Temulemu, los dirigentes indígenas descartan negociar con organismos regionales del gobierno y aun descartan las gestiones de CONADI... Desean un Diálogo mayor con el Estado. La respuesta es ...un Ministro en Visita para investigar los graves sucesos de Lleu Lleu. Las imágenes de los noticieros de televisión muestran ahora a Consejeros Nacionales Indígenas participando en las gestiones de la Comunidad Coña o procurando canalizar las tensiones en Traiguén... Se actúa con un sentido de urgencia. Todos sabemos, unos más que otros, que después de estos sucesos está latente la irrupción de un proceso de movilización social, en apoyo al mundo indígena, que podría tener importantes efectos. Los caminos de la Paz social se construyen a través del diálogo. La sociedad debe confiar en sus Comunidades Indígenas. A fin de cuentas, después de 188 años de frustración y discriminaciones, es natural que el mundo indígena esté un poco cansado y desea que se le reconozca conforme a la dignidad de Pueblos ancestrales que ostentan desde antes que naciera el Estado chileno. Lo sustancial es abrir los caminos para este reconocimiento. Es probable que hayamos entrado al momento histórico que lo haga posible. Fuentes Bibliográficas: 1.-Informe Técnico: Antecedentes para el análisis de posibilidades de etnodesarrollo de familias pehuenches afectadas por la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco, Comuna de Santa Bárbara, Región del Bío Bío. República de Chile, Ministerio de Planificación, CONADI. Diciembre de 1998. 2.-Informe Jurídico: Doctrina de interpretación del Artículo 13, inciso 4°, de la Ley 19.253. República de Chile, Ministerio de Planificación, CONADI. Diciembre de 1998.

3.-Convenio entre ENDESA y Comunidades Indígenas de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, referido a 194 familias afectadas indirectamente por el proyecto. 4.-Informe de Impacto Cultural para el Análisis de las Solicitudes de Permuta de las Comunidades Pelluenches de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy. Ministerio de Planificación y Cooperación, División Social. Depto. de Evaluación Social. Santiago, octubre de 1998.

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Reeditado por Salvador Colín Vázquez