Accion Septiembre

ACCION BOLETIN INFORMATIVO

Informe

INCLUSION SOCIAL PLANESSOCIALES DESBORDEPIQUETERO DESEMPLEOJOVEN ENTREVISTAAMARIAE.VIDAL REINSERCIONLABORAL EXPERIENCIASHISTORICAS

ACCION

Buenos Aires Septiembre de 2005

Septiembre Nº 6 - Año 2

En este número:

EDITORIAL

Editorial Desarrollo social Capacitación y reinserción laboral Estadística de empleo Experiencias históricas de salida del desempleo Desborde piquetero

Indice Editorial

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Planes sociales y piqueteros Jessica Malegarie

4-5

Causas y vías de solución Marcos Peña

6-7

Reinserción laboral Ricardo Muraro

8-9

Entrevista a María E. Vidal

10-12

Estadística de empleo Experiencias históricas salidas del desempleo

13 de

14-15

Trabajo como cultura Ricardo Pinal

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Desborde piquetero Ignacio Romano

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Actividades

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Ante todo, debemos ser claros. Es innegable que los piqueteros son consecuencia de la pobreza y la falta de empleos y oportunidades. El piquete es un síntoma de una sociedad excluyente, despreocupada por sus semejantes y necesitada de implementar definitivamente la convivencia basada en el respeto a la ley. En un país con más del 40% de su población bajo la línea de la pobreza, es lógico que existan protestas sociales y hasta podemos afirmar que es saludable, pues habla de una ciudadanía que se concibe como tal y exige mejores condiciones de vida y oportunidades para desarrollarse. Frente al problema de la protesta y sus modos surgen, entonces, dos instancias de debate. Primero, debemos entender que el piquete es originariamente un grito de existencia. El comienzo de cortes de rutas y calles se dio en el marco de una sociedad insensible a la exclusión creciente de amplios sectores de su población. A pesar del crecimiento de los índices de desocupación y marginación, un país se ilusionaba con la modernización económica y no se preocupaba por los posibles costos. Incluso hoy en día vemos cómo el debate sobre la pobreza suele surgir únicamente tras la irrupción de violencia o actitudes ilegales por parte de los perjudicados. Parecemos ser una sociedad que no se anticipa a los problemas y que se sorprende únicamente cuando el estallido se produce.

Segundo, detrás de justos reclamos, aparecen intereses creados, cada vez más deslegitimados y con la extorsión como única lógica. Parecen no confiar o desconocer la existencia de mecanismos legales a los que apelar. Y, lo que es más grave, no comprenden que es únicamente a través de la institucionalización de sus mejoras la forma de no ser ellos mismos rehenes de poderes ejecutivos de turno. Ni los piquetes ni la violencia son los caminos para soluciones sustentables. Afectar adrede y de manera constante un derecho básico como el de libre tránsito, afecta no sólo a un gran número de trabajadores (muchos de ellos también por debajo de la línea de la pobreza, con empleos de baja calidad y mucha frustración a cuestas) sino también al desarrollo de una economía que necesita urgentemente reestabilizarse y crecer a grandes pasos si lo que queremos es una sociedad inclusiva y desarrollada. El piquete ya no parece poner de relieve a la pobreza sino que la condena aun más a la marginalidad de reclamos menores y peleas entre semejantes. La obligación de los líderes políticos y sociales, entonces, es incluir a los excluidos en sus reclamos e identificar y combatir a todos aquellos que lucran con la pobreza y los más necesitados. Por más que no sea simpático, cause malestares o reste algunos votos.

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DESARROLLO SOCIAL

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PLANES SOCIALES PARA LOS PIQUETEROS

Por Jessica Malegarie Integrante Area de Política Social FCC

Al mencionar al movimiento piquetero lo primero que es necesario aclarar es que éste no es un fenómeno post crisis del 2001, sino que surge como una forma de manifestación política en 1997. En aquel momento aparecieron en todos el país, destacándose en sus orígenes los piqueteros jujeños; los fogoneros de Cutral-Có y Plaza Huincul; la coordinadora de desocupados “Los 40 Guasos de Córdoba”; los “Sin trabajo” de Ledesma en la Quiaca, los de Tartagal y los de Sierra Grande, entre otros. Así, el reclamo que sus manifestantes llevaban adelante aparecía como resultado, principalmente, de dos procesos: por un lado la pérdida del empleo como eje de integración social y como vector de protección del trabajador y su núcleo familiar; y por el otro la deslegitimación de los sindicatos como formas tradicionales de protesta política de los trabajadores. El recrudecimiento de las manifestaciones piqueteras se produce a partir de la crisis del 2001, cuando la situación llevó los indicadores sociales1 a valores extremos: la pobreza alcanzó a cerca de 21 millones de personas (57,5% de la población), la indigencia a cerca de 10 millones de personas (27,5%), 7 de cada 10 niños menores de 14 años se encontraban en la pobreza; la desocupación afectó a casi 2,4 millones de personas (21,5%); la informalidad afectó al 48% de los asalariados; los precios de los alimentos aumentaron casi un 70% y en tan sólo 5 años la brecha entre los que más y menos tienen se duplicó2 . Poco a poco la Argentina se transformó radicalmente invirtiendo el esquema de movilidad social ascendente que la distinguió históricamente del resto de los países latinoamericanos. Aún hoy prácticamente la mitad de los argentinos es pobre (40.2%)3 y el índice de desocupación (12.1%), pese a su baja, sigue manifestando una crisis en el mercado de trabajo. Incluso, si se consideraran desocupados a los beneficiarios del Plan Jefes de Hogar que realizan una contraprestación laboral a cambio del subsidio, la tasa de desocupación alcanza al 15.7% de la PEA.4 Frente a este escenario de exclusión social los piquetes, como forma de participación política, se masificaron, encontrando en sus filas a la gran masa de desocupados que el sistema ha creado. Como mecanismo de acción directa los piqueteros realizan cortes de rutas y caminos. La interrupción de las principales arterias de comunicación busca llamar la atención de

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los dirigentes y reclamar su involucramiento frente al escenario de deterioro social. Como resultado de sus acciones el Movimiento Piquetero pone de manifiesto dos grandes transformaciones respecto a los reclamos tradicionales. Por un lado, el desempleo dejó de ser un conflicto individual para pasar a ser una problemática social, y por lo tanto el reclamo por una respuesta también cobró carácter de masa. Por otra parte, la crisis y el deterioro social llevaron a que el reclamo por trabajo se transformara en un pedido de planes de empleo, llegando a que los manifestantes se conformasen con subsidios sociales y no peticionaran por empleo genuino. Sin embargo, la lucha de intereses al interior del movimiento llevó poco a poco a desvirtuar al piquete como forma de reclamo. El fenómeno de los piqueteros se subsumió a la lógica del clientelismo y los despropósitos de la política social. Hoy se asiste a un fenómeno que puede señalarse como la falta de representatividad de los líderes piqueteros. Muchos de estos dirigentes han sido cooptados por la política partidaria de la cual renegaban, utilizando a la masa de desocupados para sus intereses particulares en detrimento de las necesidades de los piqueteros. Un análisis especial refiere a los planes sociales que hoy reciben muchos de los ciudadanos que asisten a los piquetes. El reclamo por trabajo poco a poco fue cubierto por la necesidad de obtener, al menos, un plan social para la subsistencia. Sin embargo, esa dirigencia piquetera a la cual se hacía referencia en los párrafos anteriores también se ha apropiado de la distribución de los planes sociales, constituyéndose éstos en una retribución por participar de una marcha más que en un derecho a mejores condiciones de vida. Hoy la intermediación en la entrega de los beneficios condiciona la recepción de una prestación del Estado y, en algunos casos, reduce el monto que reciben quienes verdaderamente lo necesitan. Frente a esto, es necesario dejar de considerar la entrega de planes sociales como una herramienta de cooptación política para que se transforme en una política de Estado. Así lo señala la evidencia internacional a partir de un estudio realizado sobre 21 programas de transferencias de ingresos, correspondientes a 14 países de diferentes regiones del mundo. De este análisis se concluye que aún cuando todos los programas de transferencias de ingresos analizados han surgido como paliativos a determinadas problemáticas sociales, se han constituido posteriormente en la base para la respuesta estructural a las mismas. Con excepción de los nacidos en América Latina, los programas surgen frente a la necesidad de ampliar el

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DESARROLLO SOCIAL

¿UN PROCESO CON INTERMEDIACIONES? Sistema de Seguridad Social para poder afrontar nuevas problemáticas sociales (como consecuencia de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, de la crisis del Estado de Bienestar o como producto de las directrices de la Unión Europea y de los organismos multilaterales sobre la problemática del desempleo y la pobreza). En todos los casos se han instalado como políticas de Estado independientemente del gobierno de turno y otorgando un beneficio como condición de derecho ciudadano sin condicionalidad política alguna. Lo que estos países han logrado es que aún frente a la mejora de las condiciones generales los Estados garantizaran una protección hacia la población vulnerable. Otra de las características de los programas internacionales son los claros procesos de selección y control de estos programas. Nuestro país está aún lejos de las prácticas más comunes y de la transparencia en el acceso a los beneficios. La mejora de la transparencia y el control en este tipo de programas supone como primer paso imprescindible la unificación de las bases de datos existentes sobre los beneficiarios. Es decir, debe existir un único registro que concentre todos los beneficios sociales, para evitar la superposición en la entrega de los mismos. Un segundo mecanismo que promovería una mayor transparencia es el pago del beneficio con tarjeta magnética . Entre sus ventajas se destacan el incremento del monto de la transferencia monetaria (los beneficiarios del plan pueden adquirir alimentos y medicamentos, entre otros productos, recibiendo la devolución del IVA del 15% sobre su compra) y la reducción de focos de corrupción ya que cuando el pago es en efectivo, existen “intermediarios” que obligan al beneficiario a otorgarles un porcentaje de la prestación. Finalmente, para asegurar una mejora de los mecanismos de otorgamiento y control es necesario profundizar y efectivizar la participación y el control de la sociedad civil en estos programas, a través del fortalecimiento de los Consejos Consultivos locales constituidos en todo el país. Los Consejos Consultivos, como monitores sociales, tienen la capacidad de controlar la ejecución del plan desde el ámbito local, por lo cual su capacitación y fortalecimiento aumenta las mejoras en la gestión.

familias pobres cayó a $446 por mes. Hoy el monto de este plan no cubre el 50% de lo que necesitan estas familias para salir de la pobreza ($359). Es decir, tras el aumento de la canasta básica de alimentos es imposible no reconocer el retraso y desventaja que implica mantener el beneficio en $150. En síntesis, lo señalado hasta aquí implica que el piquete como forma de manifestación política se ha desvirtuado, y son sus líderes y no sus manifestantes lo que se encuentra en cuestionamiento . Precisamente es la forma y no el reclamo lo que se discute. La continuidad de los piquetes pone de manifiesto la ausencia del Estado por garantizar una respuesta a quienes más lo necesitan y la intermediación de los dirigentes que privilegian sus intereses. Frente a ello se encuentran las familias perjudicadas que continúan en condiciones de pobreza a la espera de una respuesta efectiva del Estado y deben aceptar, porque no encuentran otra alternativa, las decisiones de los líderes piqueteros a cambio de un plan social, al cual de otra manera no pueden acceder (cabe señalar que la inscripción al Plan Jefa y jefes de Hogar, impulsado como un derecho de Inclusión familiar, fue cerrada en mayo del 2002). Por todo lo expuesto, el acceso a los planes sociales debe ser un derecho garantizado a todo ciudadano que lo necesite y sin intermediarios. Además ese beneficio debe constituir un monto suficiente que asegure condiciones de vida dignas. Es decir, universalizar el plan es una obligación hacia los ciudadanos más vulnerables y aumentar el monto es una necesidad para que el Estado les asegure una mejora en su calidad de vida. Sin embargo, garantizar un ingreso mínimo a todas las familias pobres es sólo un paso dentro de la política de redistribución de ingresos. Esto debe ser acompañado por una propuesta para el sistema de seguridad social, una mejora en el acceso y calidad de la salud y educación, así como por el diseño de políticas de capacitación y reconversión laboral y la generación de fuentes de empleo genuinas. Empezar a pensar el cambio es empezar a transformar la realidad, pero el principal desafío es tener la oportunidad de actuar en consecuencia y efectivamente hacerlo. Fuente: INDEC - Mayo 2002.

Finalmente, al analizar el principal programa de transferencias de ingresos del país, el Plan Jefas y Jefes de Hogar, merece someter a discusión el monto del beneficio, responsabilidad ineludible del Gobierno. En los últimos meses el ingreso promedio de las

La brecha de ingresos, es decir, el cociente comprendido entre el promedio de ingresos del primer quintil (de mas bajo recursos) y el quinto quintil (de más altos ingresos) paso del 11.5% en el 1995 al 20.4% en el 2002. EPH, INDEC. EPH – INDEC, Segundo Semestre 2004. EPH – INDEC, Tercer Trimestre 2004.

ACCION

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OPINION LEGISLATIVA

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DESEMPLEO JOVEN: CAU

Por Marcos Peña Diputado Legislatura de la Ciudad Autonomma de Buenos Aires

El desempleo del sector más joven de la sociedad es un tema de gran importancia ya que, por un lado, puede obstaculizar de manera permanente el potencial productivo de un país y, por el otro, atenta contra la cohesión social al generar decepción entre los jóvenes. A lo largo del tiempo diversas políticas han sido implementadas para atacar este problema y los resultados han demostrado que la educación y la capacitación tienen un importantísimo rol en el éxito de cualquier programa destinado a facilitar la entrada de los jóvenes al mercado de trabajo. La ecuación pareciera ser muy clara: a mayor estudio, mayor empleabilidad. Si nos detenemos en el tema del desempleo joven en la Ciudad de Buenos Aires notamos que los jóvenes porteños encuentran enormes dificultades para poder construir un proyecto de vida sustentable. Desde el punto de vista estadístico, las cifras resultan alarmantes. Según datos del INDEC y del Ministerio de Trabajo, para el año 2004 la tasa de desempleo de los jóvenes (entre 15 y 25 años) en la Ciudad de Buenos Aires era de 24%; más del doble que el desempleo general que se ubicaba en 11 puntos. El problema es aún mayor si a esta tasa se suma la de subocupación juvenil, que asciende al 22,8%. Teniendo en cuenta ambos indicadores, el total de jóvenes con problemas laborales en la Ciudad alcanza el 49%, lo que significa alrededor de 102.000 personas. Resolver el problema del empleo, a pesar de ser una de las demandas más urgentes que se formulan al gobierno, no es un tema sencillo, y plantea una disyuntiva importante: disminuir el desempleo joven puede implicar el desplazamiento de otros trabajadores del mercado laboral. En este sentido se debe tomar una definición política sobre este tema: priorizar la salida laboral de los jóvenes minimizando siempre los costos innecesarios para otros sectores. Varios países de la región han abordado el tema haciendo foco en la capacitación y apuntando a fortalecer la empleabilidad de los trabajadores particularmente vulnerables. El Programa Chile Joven , el PLANFOR (Plan Nacional de Formación Profesional) de Brasil y el Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT) aplicado en México son tres ejemplos de políticas exitosas destinadas a incrementar el empleo de los jóvenes. Lamentablemente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha enfocado de forma integral, no sólo este tema, sino ninguna otra política pública, evidenciando una falta de articulación horizontal entre las diferentes áreas gubernamentales. El Gobierno porteño no tiene una política clara de em-

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pleo. Los esfuerzos son aislados, no hay prioridades, ni medición de resultados y existen muchos programas en distintas agencias gubernamentales sin una articulación real y visible. La ventaja que tenemos en este momento es que existe un mercado laboral en expansión. En distintos rubros, los empleadores están buscando mano de obra, lo cual es una oportunidad para todos aquellos que hoy no tienen trabajo. Pero existen dos fenómenos: por un lado, en el sector industrial, no se consiguen suficientes técnicos y operarios; por el otro, aquellos que no están capacitados o no tienen estudios, ni entran en la discusión, ya que se buscan trabajadores calificados. Es por eso que nosotros creemos que hoy hay que poner la mirada en la educación como eje para poder ir achicando los problemas laborales de los jóvenes. En primer lugar para que estudien más y así tengan más oportunidades, y en segundo lugar, para que sepan en qué sectores hay una demanda concreta de trabajadores para que puedan elegir más libremente. Debemos asegurar la mayor calidad y cantidad de años de educación para todos. Se debe trabajar para alcanzar una educación de calidad sin disparidades entre escuelas, a partir del fortalecimiento de las instituciones educativas y sus docentes, tanto las de gestión estatal como las de gestión privada, y brindando herramientas concretas a los alumnos para que continúen estudiando. En este sentido, se debe crear una política de becas universitarias y de formación técnica para los egresados, articuladas al mismo tiempo con becas para secundarios, a fin de garantizar la continuidad en la formación académica de los jóvenes con menos recursos. Debemos considerar a la escuela media como un agente institucional clave para la aplicación de políticas contra el desempleo joven ya que es en la escuela media donde el joven define aspectos importantes de su vida como su vocación personal, su continuidad educativa, su perfil laboral, una serie de redes y herramientas sociales, y su visión de la sociedad en la que vive. Sin embargo, la realidad demuestra que la distancia que existe entre el mundo del trabajo y el mundo de la escuela aumenta con el tiempo, alimentando prejuicios, reclamos mutuos y problemas de comunicación que restan oportunidades de recursos humanos a nuestra economía. Es sabido que, en general, las escuelas no desarrollan como parte de su proyecto pedagógico institucional un proceso de orientación vocacional y laboral para sus alumnos dirigido a favorecer su inserción en el mundo del trabajo,. Y, cuando existe algún intento de este tipo, no se realiza de manera sistemática y estructurada, sino en forma aislada y teórica, dependiendo de contactos informales que puedan estable-

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OPINION LEGISLATIVA

USAS Y VIAS DE SOLUCION cer padres o docentes de la institución y no de una política sistematizada. El sistema escolar pareciera no estar interesado en el éxito de la inserción laboral de sus egresados.

4 Implementar áreas de orientación y capacitación

Frente a este escenario, resulta imprescindible que la escuela afronte importantes cambios tanto en su forma de organización como en la actualización de sus contenidos, superando las deficiencias que no le permiten estar acorde con los requerimientos del mundo del empleo . Los jóvenes enfrentan un mercado laboral muy duro, sin experiencia profesional y sin conocimientos acerca de las reglas y técnicas sobre cómo buscar e insertarse en un empleo, cómo desarrollar un microemprendimiento, cómo generar autoempleo o construir un proyecto de carrera. Las derivaciones laborales que realiza la escuela no se sustentan sobre una evaluación seria de las capacidades y potencialidades de cada alumno, desaprovechando la posibilidad de gestionar los recursos humanos que posee.

dentro y fuera de la escuela pero que funcionan aisladas entre sí, otorgándole características institucionales

En primer lugar, las instituciones educativas se encuentran muchas veces aisladas de los avances científicos y tecnológicos que se han producido en los últimos tiempos. Es necesario que ésta situación se revierta, promoviendo el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, aumentando la empleabilidad de los alumnos al contemplar la nueva realidad del mundo laboral. En segundo lugar, es indispensable buscar la forma de generar mecanismos para el desarrollo de una actitud emprendedora entre los alumnos. En este sentido, la clave para ofrecer posibilidades reales de integración, se encuentra en llevar a cabo una tarea conjunta entre padres y docentes por un lado y, entre el gobierno, las escuelas y las empresas por el otro. En este contexto, resulta claro que debe ser la institución educativa la que replantee su vínculo con el trabajo, generando sus propias estrategias y modalidades y estableciendo vínculos entre sus egresados y el mundo laboral. La articulación entre escuela y trabajo debe sustentarse en las siguientes acciones:

4 Diseñar mecanismos para asesorar a los alumnos sobre temas relacionados con la búsqueda, capacitación e inserción laboral

4 Orientar a los alumnos en la elección de un perfil de carrera

4 Desarrollar, desde una perspectiva educativa, el perfil profesional de cada alumno

que favorezcan la empleabilidad de los alumnos (autoempleo, micoemprendimientos, etc.)

4 Integrar acciones preexistentes, que se realizan

4 Generar un vínculo entre la escuela y las empresas contactadas, que permita conocer las demandas del mercado laboral y beneficiarse mutuamente

CONCLUSION A modo de conclusión, podemos afirmar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe incluir en un lugar privilegiado dentro de su agenda de prioridades el problema de la falta de inserción laboral de los jóvenes, teniendo en cuenta la naturaleza segmentada y multidisciplinaria de esta problemática y generando en consecuencia políticas específicas destinadas a los grupos más vulnerables. Asimismo, es crucial reconocer que en este tema no existen soluciones mágicas y que, como mencionamos a lo largo de este artículo, la Ciudad cuenta con las herramientas para abordarlo correctamente. No es necesario crear más normas ni inventar nuevos programas sino que se requieren más recursos económicos destinados a este tema, voluntad política de aplicar los medios que ya existen y capacidad para gestionarlos. En esta línea, es preciso trabajar focalizando en la escuela media como agente central en la definición de políticas y profundizar la articulación entre el sector educativo y el mundo productivo. Se deben potenciar aquellos mecanismos que promueven más años de estudio para todos, teniendo presente la realidad de que cuanto mayor sea la educación, mayores resultarán las oportunidades de conseguir un empleo. En este sentido, el trabajo debe plantearse tanto desde los mecanismos de retención escolar como desde la articulación entre la escuela y la educación superior. En este contexto, y en sintonía con la necesidad de afianzar las vinculaciones entre la escuela y el mundo del trabajo, las pasantías ocupan un papel fundamental siempre que se planteen dentro de un marco pedagógico adecuado y que sean producto de una relación sólida entre ambas instituciones y no de una vinculación aislada. Vencer los prejuicios mutuos y lograr una articulación real entre la escuela y la empresa, que favorezca la inserción laboral de los jóvenes con menores recursos, es el gran desafío que tenemos por delante.

4 Establecer contactos con el mundo laboral según la orientación laboral de cada uno

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EDUCACION

O P I N I O N

REINSERCION LABORAL Y CAPACITACION

LA CONSTRUCCION DE NUEVAS COMPETENCIAS PROFE

Por Ricardo Muraro Equipo de Educación FCC

Cuando escuchamos hablar de la globalización, no siempre es sencillo comprender la diversidad de fenómenos sociales, políticos y económicos que se conjugan, así como sus consecuencias en la vida diaria de las personas. Los procesos de cambio económico, la movilidad del capital, el aumento del comercio internacional de bienes y servicios, la interdependencia de los mercados financieros, el crecimiento exponencial de las comunicaciones y la disponibilidad en tiempo real de la información, están produciendo impactos profundos a nivel mundial. A pesar de nuestra larga y profunda crisis, la Argentina no escapa a estas condiciones. Este nuevo escenario determinado por los procesos de globalización, privatización y liberalización económica, ha comenzado a exigir de los trabajadores una mayor capacidad de adaptación frente a las nuevas formas de organización de los procesos de producción y trabajo, trayendo consigo una mayor integración de los países en lo económico, como es el caso del Mercosur, por ejemplo, pero a la vez ha modificado las condiciones y las oportunidades de empleo para muchísimos trabajadores. De esta forma, la reinserción laboral ha dejado de ser una eventualidad en la vida del trabajador para convertirse en una condición habitual de la organización del mercado laboral. En general, hoy es casi impensable que una persona transcurra toda su vida laboral en una empresa. Solo el Estado sigue manteniendo este tipo de condiciones.

Quizás la mayor consecuencia de estos fenómenos en nuestra sociedad ha sido la desigual distribución del ingreso. Existe un deterioro creciente en materia de equidad, donde los sectores más pobres están teniendo acceso a empleos de menor calidad y, por consiguiente, a menores beneficios. Estas condiciones de desigualdad creciente han impedido la generación de mejores puestos de trabajo, afectando principalmente a las familias más pobres. Estos sectores son, en definitiva, los más perjudicados por la inestabilidad y el creciente deterioro de la calidad del empleo, refugiándose en las distintas modalidades de empleo informal, que en muchos casos, transitan desde la marginalidad a la frontera con lo ilegal, ligados siempre a las condiciones de subsistencia más elemental.

4 una mayor segmentación y diversidad de los

Si bien el Estado ha dejado de ser generador de empleo, no debería descuidar su responsabilidad en propiciar las condiciones favorables para que el sector privado pueda crear puestos de trabajo y a la vez, ejecutar programas que resuelvan los problemas específicos en las áreas de capacitación de los sectores más desfavorecidos. Aunque la formación y la capacitación no aseguran de modo directo el empleo, siguen siendo el mejor instrumento de las políticas públicas para mejorar la empleabilidad y, de esta manera, contribuir a alcanzar mayores niveles de acceso al mercado laboral.

empleos, acompañado de una fuerte demanda del sector productivo por nuevas competencias laborales para los trabajadores 4 una creciente precarización de las condiciones laborales y contractuales, acompañada por una fuerte movilidad de los puestos de trabajo, siendo unas de sus causas los cambios tecnológicos y de condiciones productivas que han enfrentado las empresas 4 una alta tasa del desempleo formal en nuestro país, de manera casi permanente, con un crecimiento sostenido del subempleo y del empleo informal

También es evidente que las nuevas condiciones de productividad y competitividad no pueden obtenerse con una limitada y reducida formación. Esto debería llevarnos a modificar sustancialmente las relaciones entre los programas de formación para el trabajo y el sistema de educación formal tal como las conocemos. Esto implicaría, básicamente, mejorar su interrelación y facilitar el pasaje de las personas de los programas de reinserción al sistema educativo formal. Debería constituirse así un modelo educativo más amplio y flexible, con mayores posibilidades de acceso y de distintas entradas y salidas de acuerdo a las necesidades de las personas. Quizás en la medida

Dentro de este contexto, las distintas crisis que hemos atravesado en los últimos veinte años en nuestro país, más allá de las distintas políticas implementadas, han afectado significativamente el mercado del trabajo, produciendo por lo menos tres fenómenos visibles:

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Respecto a esto ultimo, cabe destacar que han sido especialmente los jóvenes y las mujeres los grupos más desfavorecidos. Hace más de diez años que la tasa de desempleo de los jóvenes duplica el nivel promedio y casi se triplica en el caso de aquellos comprendidos entre las edades de 15 a 19 años. En lo referente al desempleo de las mujeres, luego de la crisis del 2002, ha pasado a ser levemente menor que el de los hombres, pero se ha constatado que es mayor el nivel de precarización de sus condiciones laborales y de la remuneración por igual tarea. A pesar de ello, el nivel de presencia y participación de las mujeres en el mercado laboral en los últimos años sigue creciendo lentamente.

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SIONALES PARA LOS GRUPOS MAS DESFAVORECIDOS en que se les reconozca a estos programas de formación para el trabajo el carácter de hecho educativo, podrán comenzar a ser instrumentos para la construcción de una mayor equidad social. Lamentablemente, más allá de las buenas intenciones de estos programas, la mayoría de ellos no han podido efectivizar sus metas. A pesar de la falta de información fidedigna sobre sus resultados, existen datos parciales que sugieren que en muchos casos hubo un importante gasto de fondos públicos y una pobre relación costo-beneficio. Esta serie de indicadores acerca del fracaso de los programas, también han evidenciado la complejidad del tema de los trabajadores desempleados y, por otro lado, muestran la necesidad de extremar los cuidados en el diseño e implementación de los programas públicos de reinserción laboral. Sintéticamente, las razones del fracaso de estos programas se han debido a que: 1) En muchos casos, fue muy difícil atraer y retener a los participantes. Algunos programas tuvieron que ser reducidos o interrumpidos por la falta de interés de los mismos trabajadores desempleados. 2) Una baja demanda del empleo formal, muchas veces acompañada de inexistentes políticas laborales de promoción de empleo, produciendo que la reinserción laboral de los participantes se vea impedida simplemente porque la economía en su conjunto está en recesión y no existen empleos alternativos suficientes. 3) También se dio en ciertos sectores que la crisis que generó el despido era transitoria y los trabajadores podían volver a sus empleos luego de pasado algún tiempo. En otros casos, los programas públicos de reinserción resultaron ser innecesarios ya que los mismos empleadores podían haber financiado la capacitación de sus propios empleados. A pesar de estos errores y fallas, no es posible negar los potenciales beneficios de los programas públicos de reinserción laboral, sino que, por el contrario, constituyen importantes lecciones y señales de alerta sobre los riesgos que deben ser prevenidos cuando se diseñan e implementan este tipo de programas, para maximizar su eficiencia y evitar costos innecesarios. En este sentido, debería sostenerse un principio general por el cual los programas públicos de capacitación para la reinserción laboral se justifican solamente cuando benefician a la totalidad de la sociedad en su conjunto, ya sea en términos de un aumento de la productividad nacional, o en términos de equidad social.

Otra constatación fundamental es que no todos los trabajadores despedidos necesitan asistencia pública para conseguir un nuevo empleo. Los programas de reinserción ejecutados con fondos públicos deben orientarse hacia aquellos trabajadores de más bajos ingresos y cuyo capital laboral se haya vuelto obsoleto, aquellos grupos más desfavorecidos por las condiciones laborales y, sobre todo, aquellos que cumplan con los requisitos de elegibilidad para participar de dichos programas. Una enseñanza fundamental que surge del análisis de los programas realizados en nuestro país ha sido que frente a las crisis de empleo, así como respecto a los trabajadores afectados, no es posible una propuesta única y estructurada, sino la necesidad de instrumentar programas de capacitación altamente flexibles y “a medida”. Ha sido visible que las estrategias de reinserción laboral que pueden ser exitosas en una situación o lugar dado, pueden no ser efectivas en otro. Por otro lado, la reconversión laboral no es el único ni necesariamente el mejor instrumento de política pública para ayudar a los trabajadores despedidos. Las estrategias más exitosas generalmente han consistido en un serie de medidas que incluyen un abanico de distintas acciones conjuntas, como por ejemplo, la información y orientación laboral, la existencia de servicios de intermediación laboral, el acceso a préstamos y donaciones para la compra de equipos y bienes muebles para la generación de autoempleo, el diseño de políticas laborales públicas que impliquen la quita o reducción de impuestos y subsidios de costos laborales a potenciales empleadores, etc. De más está decir que los recursos económicos destinados al diseño e implementación de programas públicos de reinserción, no pueden ni deberían encubrir subsidios para desempleados o el sostenimiento del clientelismo político, como ha sucedido en algunos casos. Estos deberían ser llevados a cabo en el marco de un adecuado presupuesto y de acuerdo a normas legales y técnicas que permitan a los trabajadores despedidos recibir los servicios que necesitan en tiempo y forma. En algunos casos, los sindicatos y distintas organizaciones de trabajadores han demostrado ser socios o colaboradores valiosos en el diseño e implementación de estos programas. En síntesis, el diseño e implementación de programas públicos de reinserción laboral para trabajadores despedidos como consecuencia de los procesos de reajuste estructural, constituye una tarea compleja y propensa a que se cometan costosos errores, que derivan en la decepción de los beneficiarios y en el desperdicio de fondos públicos.

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ENTREVISTA

“LA SITUACION SOCIAL NO SE SOLUCION Nos reunimos con la coordinadora del área de Política Social de la Fundación y ahora también candidata a diputada nacional por PRO, María Eugenia Vidal. Con ella conversamos sobre los problemas de Empleo y cómo desde las políticas sociales puede colaborarse en atenuar sus externalidades negativas y en sentar bases para la solución de los problemas. por lo tanto falta de horizontes y proyección de futuro. La ausencia de empleo también cambió mucho los roles al interior de la familia, con incremento de las mujeres accediendo al mercado laboral y un aumento de los hombres desocupados en la casa, y eso ha generado un enorme impacto.

n ¿Qué tipo de impacto?

) Eso ha generado externalidades positivas como es el fortalecimiento de la mujer en el ámbito laboral pero también ha generado problemas como la violencia doméstica.

n ¿De qué manera se puede producir una inteligente reincorporación de los desempleados al mercado de trabajo?

) Si hablamos de quienes hoy reciben un plan, ante

n ¿Qué otros actores surgen además de los piqueteros como víctimas de la crisis social?

) La

crisis social generó la aparición de actores nuevos. Los piqueteros son uno de ellos, junto a los cartoneros o, en su momento, los clubes de trueque. Todos son intentos de supervivencia de grupos excluidos del sistema y los piqueteros son la expresión más evidente. Incluso los chicos de la calle y el incremento del trabajo infantil en general son la expresión de la búsqueda de supervivencia de miles de familias pobres.

n ¿Cuáles son las principales consecuencias del desempleo estructural?

) A esta altura es difícil medirlo, pero en la Argenti-

na la ausencia de empleo no es nada más que menores ingresos. La falta de empleo ha generado desintegración familiar, baja de expectativas en los jóvenes y su búsqueda de primer empleo como forma de inclusión social, generaciones de chicos que nunca vieron a sus padres trabajar y

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todo, hay que empezar por diferenciarlos. Hoy la mayor cantidad de beneficiarios del gobierno nacional se concentra en el plan Jefas y Jefes de hogares, y las mujeres con hijos a cargo son amplia mayoría entre ellos. Por eso creo que en principio se debe apoyar a estas madres para que puedan garantizar una adecuada educación y salud para sus hijos y recién después de ello preocuparse por su integración al mercado laboral. En el caso de los jefes de hogar, deberíamos promover una reinserción laboral que debe estar intermediada con un ineludible proceso capacitación considerando la fuerte brecha tecnológica. Muchos de ellos han estado fuera del mercado de trabajo durante los últimos diez años. Por eso debemos ser conscientes de que se trata de un proceso arduo, no existen las fórmulas mágicas. Eso sí, si bien los problemas sociales profundos no se solucionan en un año, tampoco debemos seguir esperando con la excusa de que es complejo. Existen muchos casos de países como España y Francia que lo han logrado.

n ¿Qué área debería encabezar el cambio?

) Este debe ser un trabajo en conjunto. Ninguna de estas políticas complejas puede ser abordada por

11 ENTREVISTA REALIZADA POR SANTIAGO SEOANE CABRAL

NA UNICAMENTE CON EMPLEO” una única área de trabajo. Principalmente, debe haber un fuerte respaldo y vocación por parte del Poder Ejecutivo para que tanto provincias como municipios se involucren en el tema y aborden una nueva manera de hacer política social. Y para ello debe haber una fuerte voluntad política. En términos de áreas, debe existir una fuerte interacción, como mínimo, entre las áreas de Empleo, Desarrollo Social, Educación y Salud.

n ¿Es realista pensar que todos los desocupados están en condiciones de reincorporarse al mercado laboral?

) Es

una pregunta difícil pues no hay análisis serio en Argentina sobre las condiciones de empleabilidad de aquellos que son beneficiarios de planes sociales, nos debemos este análisis. De todas formas, debemos entender que el empleo no es necesariamente la única respuesta a la problemática del desempleo. Los actuales planes sociales deberían apuntar hacia algún tipo de contraprestación. En el caso de las madres, esto debería ser el cuidado y atención de sus hijos, en el caso de los jefes de hogar debe ser el retorno al mercado laboral, y en los casos en que esto no sea posible, podría pensarse en el involucramiento en actividades comunitarias.

siendo terapia. Al mismo tiempo, debemos destacar que este tipo de planes tienen impacto bajo y poco significativo en el problema de desempleo. Los planes de microemprendimientos son una herramienta más pero no la única o la más importante. Hoy en día es la única herramienta que el gobierno muestra.

n ¿Cuáles son las consecuencias del crecimiento de empleo de baja calidad?

) La

principal consecuencia tiene que ver con el sistema de seguridad social y el acceso a la jubilación y pensión de personas que no tienen aportes, ni los tuvieron ni los van a tener. Es urgente que se plantee la flexibilización del sistema de seguridad social con una prestación básica y universal que de alguna manera compense a los que aportaron en función de la cantidad de años que lo hicieron aunque no completen los requeridos por la ley. Hay que salir de un sistema rígido que exija aportes durante treinta años para acceder al sistema. Hubo un intento de flexibilización con dos leyes por parte de este gobierno pero aún queda mucho por hacer.

“Es urgente que se plantee la flexibilización del sistema de seguridad social con una prestación básica y universal “

n ¿Cuál es la situación actual de los proyectos de microemprendimientos?

) Su situación actual es lo que se puede esperar de

un plan de microemprendimientos. El error es creer que este plan va a resolver el problema de empleo en la Argentina. Pensar que todas las personas pobres son emprendedoras es la equivocación fundamental. Emprender es un don natural y no todos los pobres son emprendedores. Suponer que todas las personas en situación de pobreza van a generar un emprendimiento es pensar que todos ellos van a tener el don emprendedor. Por eso, estos planes van a tener fracasos y éxitos dependiendo de las condiciones individuales y la capacitación técnica y apoyos que reciban, que cuando están bien orientadas suponen un alto gasto para el estado. En algunos casos esto sirve y en otros simplemente termina

n ¿Es posible solventar todos los gastos sociales que se proponen o son simplemente promesas de campaña?

) En la política social hay tres mitos. El primero es

pensar que la situación social se soluciona con empleo. Es cierto que el crecimiento del empleo puede mejorar la situación social de muchos argentinos. Pero también es cierto que el empleo que hoy se genera es muy precario y de bajo salario. Hoy el salario medio a nivel nacional está por debajo de la línea de pobreza, por eso, el aumento de empleo precario y de bajo salario no puede solucionar el problema social de Argentina por sí mismo. Va a seguir necesitándose el acompañamiento con planes sociales. Esto no es una característica exclusiva de Argentina. De hecho en los principales países desarrollados del mundo como España, Suecia, Alemania, Francia, Canadá e Italia, existen programas de transferencia de ingresos y planes sociales y los asumen como políticas de estado y no se discuten como siste-

ACCION

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ENTREVISTA mas prebendarios. Todos ellos tienen planes de subsidios al desempleado o a las madres con hijos a cargo, por ejemplo. Entonces, la Argentina va a tener que tenerlos durante muchos años.

n ¿Y el segundo y tercer mito?

) El

¿qué crees que se puede hacer desde el espacio legislativo para colaborar y aportar soluciones?

“La Argentina está lejos de los parámetros internacionales en gasto social; gastamos menos que Brasil, Chile, México y muchísimo menos que los países desarrollados“

segundo mito es que el gasto está mal administrado y que por lo tanto simplemente se trata de administrar bien para que le llegue a la gente, pues los recursos están. Eso fue aceptable durante principio de los noventa, pero hoy con un 40% de la población pobre, por mejor que se administre el gasto no alcanza para poder llegar a todos lo que lo necesitan. Solo como ejemplo, el plan Jefes de Hogar llega únicamente al 30% de los pobres de este país. Entonces, no se resuelve simplemente administrando mejor sino también gastando más. La Argentina está lejos de los parámetros internacionales en gasto social; gastamos menos que Brasil, Chile, México y muchísimo menos que los países desarrollados. Sólo con aumentar un punto del PBI la Argentina podría cubrir hoy con programas a todas las madres pobres del país. Por lo cual, estoy convencida de que el gasto social es financiable. Y el tercer mito es pensar que la política social es clientelar y que simplemente hay que transparentar la actividad social a través de una reforma. Creo profundamente en la transparencia y en que las políticas sociales deben estar orientas a alcanzar efectivamente a los más necesitados, creo en las evaluaciones de acceso a los programas por parte de personal profesional, creo en el registro único de beneficiarios y creo en el control de la sociedad civil. Ahora bien, asumamos que el clientelismo es una expresión de la falta de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos.

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n En tu rol de candidata a diputada nacional,

) Ante todo debemos recuperar el

rol del poder legislativo que en los últimos gobiernos, y en particular en este, se ha perdido absolutamente. El poder legislativo tiene un rol de control que debemos recuperar y además hay mucho para hacer desde el punto de vista social. Creo que se deben presentar leyes de reforma del Plan jefes y jefas de hogar que de hecho, siendo el plan más importante del país, no es un programa establecido por ley y creo que debería ser así con todas las reformas del caso para hacerlo más transparente, equitativo y con controles más claros. Otro punto muy importante es comenzar a trabajar fuertemente en la erradicación en todo el país del trabajo infantil, la consecuencia más nefasta de la crisis.

n ¿Podrías comentarnos un poco más de este problema?

) Hoy los estudios indican que hay casi dos millo-

nes de chicos que trabajan en la argentina, una barbaridad porque estamos hablando de menores de 14 y 15 años. Esto incluye a todos los niños que realizan trabajos, incluso los domésticos, asumiendo responsabilidades de adultos. El gobierno tiene, desde hace dos años, a una comisión que aún no sacó una ley para protegerlos. Nosotros queremos hacerlo más rápido. Además hay que avanzar en aspectos más consensuados que tiene que ver con la erradicación de la pornografía infantil, la prostitución, el narcotráfico. Creo que ahí hay mucho para hacer, al igual que en el control de la sociedad civil en los planes sociales.

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VISIONES URBANAS

EL PROMEDIO DE LOS SALARIOS AUN PERMANECE POR DEBAJO DE LA LINEA DE POBREZA Cálculo de la Canasta Básica Total expresada en Pesos

Monto en Pesos

800 780 760 740 720 700 680 660

Ju l-0 5

M ay -05

Ma r-0 5

Ja n05

No v-0 4

Se p-0 4

Ju l-0 4

Ma y-0 4

M ar04

Ja n04

No v-0 3

Se p-0 3

Ju l-0 3

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Período Los hogares serán considerados pobres si su ingreso es menor al valor de la Canasta Básica. De este modo, una familia tipo necesitará percibir un ingreso superior a los setecientos ochenta y siete pesos ($ 787) para no caer en el mes de Julio bajo la línea de Pobreza. Fuente: INDEC

SALARIOS DEVALUADOS Una familia con dos hijos necesita 787,08 pesos mensuales para adquirir los bienes y servicios básicos para no considerarse por debajo de la línea de pobreza. Estas cifras, divulgadas por el INDEC, marcan una suba de la canastas del 1,1% con respecto al valor de junio de 2005 y en los 7 primeros meses del año se incrementó el 6,4%. Entretanto, hasta junio, en promedio, los sueldos promedio tuvieron una suba superior, del 10,5%, pero esa mejora no fue similar para todos los asalariados. Para los que trabajan en negro, y que mayoritariamente ganan por debajo del valor de la canasta básica de alimentos, la suba salarial fue apenas del 6,5%. O sea, la mejora de los ingresos de los que no están registrados quedó absorbida por el incremento de los precios de los alimentos. Por su parte, los sueldos de los empleados públicos subieron el 6,2%, mientras los salarios de los empleados privados en blanco, en promedio, subieron el 13,6%. Esto significa que los sueldos de los estatales casi empataron a los cambios en el valor de las canastas, mientras los trabajadores registrados mejoraron en términos reales respecto del valor de ambas canastas. sta diferencia se debe a que los empleados en blanco recibieron la suma no remunerativa de 100 pesos y además se pactaron subas salariales en numerosos convenios de trabajo.

Estas conclusiones son distintas si se compara contra diciembre de 2001, cuando se produjo la devaluación. Y esto se debe a que por el fuerte aumento de los precios de los alimentos básicos, la canasta de indigencia tuvo un alza del 91,5%, mientras que en la que delimita la pobreza el incremento fue del 70,6%. En ambos casos supera el aumento de la inflación, que fue del 66,2%. En resumen, los precios que más aumentaron afectaron en mayor medida a los indigentes, después al resto de los pobres y en tercer lugar a los demás los asalariados. Esto se comprueba en los datos de salarios del INDEC que, en promedio, desde la devaluación, registran un aumento del 45,5%. Esto significa que, en promedio, el poder de compra del salario respecto de los alimentos básicos cayó un 24%, se redujo casi un 15% respecto al valor de la canasta de pobreza y bajó un 12,5% respecto de la inflación. Estas brechas entre precios y salarios, más el desempleo, explican los más de 14 millones de personas que son pobres. Y de este total, un poco más de 5 millones son indigentes.

FUENTE: INDEC AGOSTO 2005

ACCION

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ECONOMIA

O P I N I O N

EXPERIENCIAS HISTORICAS

DE SALIDA DE DESEMPLEO

Por Gastón Milton Novo

Hay casos exitosos de lucha contra este flagelo en muchos lugares del mundo, pero cuando se utilizan ejemplos de países tan distintos al nuestro, rara vez se los toma seriamente en cuenta. Siempre es más fácil buscar una excusa para justificar esta deuda de nuestra dirigencia para con la sociedad, y entonces enseguida se escucha: “es otra cultura, acá no se puede hacer”. Para evitar este escape facilista y cobarde, analizaremos a Chile y España, dos países que tienen mucho en común con Argentina, en especial nuestro vecino andino. Compartimos con ambos gran parte de nuestra historia y cultura. Y desgraciadamente, también hemos compartido dificultades como la que motiva este artículo. LA EXPERIENCIA CHILENA En nuestro país vecino, antes de 1974, existía un mercado laboral rigidísimo. En este contexto, si bien el desempleo llegó a ubicarse en el 5%, fue a costa de una gran ineficiencia y de un Estado cada vez más intervensionista, con un gasto desmesurado, que tornaba quimérica a esta política. Luego vino el momento del sinceramiento, como ocurre cada vez que demagógicamente se posponen de manera casi indefinida medidas que en un liviano análisis se muestran como impopulares, no por el perjuicio que generan a la población, sino porque sus beneficios son en el largo plazo, mucho más allá de las elecciones venideras. En este marco, la respuesta fue realizar entre 1974 y 1988 una profunda reforma laboral. Básicamente, se creó un mercado más flexible y se disminuyeron los costos para las empresas, con la intención de reducir las tasas de desempleo, que ya se habían disparado. Entre las medidas tomadas, se permitió mayor flexibilidad contractual en lo referente a vacaciones, indemnizaciones y participación en los beneficios, y se autorizó el despido sin justificación, previo pago de indemnización. Por otro lado, las negociaciones colectivas sólo fueron consentidas a nivel empresa. Medida lógica, pues los costos no son los mismos para toda la economía. De esta manera se permitía que los incrementos salariales fueran concedidos contra mejoras en la productividad, impidiendo así presiones inflacionarias y desajustes en los costos. Adicionalmente, se acompañó con una fuerte reducción del empleo público, producto de una férrea política de ajuste fiscal. Todo, sumado a un “baby boom” que se produjo

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entre finales de los ’50 e inicios de los ’60 (lo que aportó una masa anormalmente numerosa de trabajadores al mercado), generó que durante este período la tasa promedio de desempleo fuera del 18,5%. Pero ya antes de 1988, los resultados de tamaño esfuerzo se hicieron patentes. A partir de 1986 la tasa de desempleo ya se ubica por debajo del 7%, y de ahí en adelante se registran valores de entre menos del 6% y cerca del 3%. Tasas indiscutiblemente congruentes con el nivel de pleno empleo, coincidentes por tanto con los valores “friccionales” de desocupación. Y esto en un contexto de elevado y sostenido crecimiento del PBI, aún durante el “efecto tequila” (1995), cuando creció un 8% (con un desempleo apenas superior al 4%). Y muy a pesar de algunos, en una economía abierta, con un grado de apertura comercial superior al 50% de su PBI. Así, puede concluirse que los efectos de la desregulación fueron de naturaleza permanente, y que derivaron en un modelo totalmente sostenible, a diferencia de lo ocurrido en las frustrantes experiencias anteriores. Ahora, los “salarios de mercado” permiten una adecuada asignación de recursos y una creciente inserción internacional.

LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA El escenario inicial es muy similar al de Chile: un mercado dirigido y rígido. En este caso, se nota un período previo de transición, antes de las reformas de fondo: lo primero que se hizo al salir de la dictadura franquista, fue derogar las normas que regulaban el mercado laboral14 y crear un marco acorde al denominado “modelo laboral europeo” (en el cual no me adentraré, pues no fue la reforma que generó los resultados positivos). En 1984 se produce una profunda crisis económica y la principal preocupación del Gobierno español se centra en crear empleo urgente. Como respuesta, se inaugura la flexibilidad laboral en España, con la instauración de un régimen contractual que promueve la creación de empleos suprimiendo la causalidad a que estaban sujetos los contratos temporales. Esto generó la buscada flexibilización del mercado, pero fue parcial y sesgada (hacia el contrato), con una inesperada expansión de la temporalidad. En 1994, con una nueva crisis económica y una tasa de paro todavía superior al 24%, se lleva a cabo la siguiente reforma, con la intención adicional de paliar los efectos indeseados de la anterior. Se reinstala el principio de causalidad en la contratación temporal, pero a su vez se dotan de mayor flexibilidad los otros ámbitos de la relación laboral (para eliminar el sesgo mencionado): durante la prestación (flexibilidad fun-

O P I N I O N cional) y al finalizar la misma (se autorizan los despidos por causas económicas, tecnológicas, organizativas o de producción, previa indemnización). La última reforma se realiza en 1997, aún en busca de atenuar los excesos de temporalidad. Se crea una nueva figura de contratación por tiempo indefinido, por la cual se autoriza una reducción del monto de indemnización por despido (se intercambia estabilidad por flexibilidad en el despido). Como consecuencia de todo lo mencionado, desde mediado de los ’80 crece incesantemente el volumen de empleo (excepción hecha solamente durante la crisis de 1991-93). Durante todo el período, y mientras que la desocupación bajó a valores cercanos al 10%, se puede notar además un crecimiento en la productividad, el salario real, y el PBI (con un crecimiento superior al resto de los países de la zona euro, lo que permitió una destacable convergencia con las economías más fuertes de Europa).

CONCLUSION En ambos casos la respuesta a la crisis económica y de empleo consistió en flexibilizar lo más posible el mercado laboral, de tal manera que los empleadores vean disminuidos sus costos para contratar y despedir trabajadores con mayor libertad, de acuerdo a las variaciones en la demanda de los bienes y servicios producidos. Esto genera un círculo virtuoso imparable, en el que ya han entrado los países desarrollados hace tiempo:

4 Al disminuir los costos laborales, son más las actividades económicas que resultan rentables y los empresarios que se animan a producir o aumentar su producción 4 Se sostiene el crecimiento en el tiempo, con lo cual el único efecto negativo de las reformas (el aumento de la temporalidad) se ve atenuado, pues un trabajador que es despedido puede encontrar otro trabajo rápidamente (se ve mejor en Chile, que ha avanzado bien a fondo en las reformas) 4 Al pasar a regirse por “salarios de mercado” en lugar de “salarios de convenio”, los aumentos salariales sólo son posibles ante aumentos en la productividad, por lo que las presiones inflacionarias y los defasajes a nivel macroeconómico desaparecen 4 Al crecer la economía, con las mejoras tecnológicas consecuentes de una mayor actividad y una mayor inversión, la productividad crece inevitablemente en un marco de estabilidad de precios, y arrastra a los salarios reales tras ella Es ilustrativo notar cómo responden los países serios a sus problemas. En especial España que tras cada reforma se topó con un inconveniente. Pero, mientras que nosotros en casos asimilables volvemos atrás una y otra vez en un cansador “juego de la oca”, ellos avanzan, profundizan, mejoran.

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ECONOMIA

Un hecho primordial es que estas reformas estructurales generan en un principio una suba apreciable en el nivel de paro (que puede perdurar por más de una década), un costo que pocos están dispuestos a afrontar. Esto ocurre a causa del lógico reacomodamiento de la economía al pasar a regirse definitivamente por las reglas del mercado, la mejor política “progresista” que cualquier gobierno puede tomar. Digo esto, porque es la libre economía la única que permite la mejor y más eficiente asignación de los recursos (que en un país en desarrollo son por definición escasos). Y su mejor utilización es lo único que garantiza trabajo, salud, educación, vivienda y tranquilidad para todos. Cuando no es así, existe el despilfarro, que en un marco de pobreza, desigualdad y desempleo, es económica y moralmente inaceptable. Que no se malinterprete, pues lejos estoy de negar toda intervención del Estado. El problema, en cambio, radica en que en Argentina han confundido el corto y el largo plazo. Tomar las políticas de generación de empleo como de corto, convierte a los trabajos creados en espurios y efímeros, en una ilusión. Es central combatir este flagelo mediante políticas de largo, políticas reales y perdurables. Para el corto plazo, mientras maduran estas medidas, ya existen las herramientas: planes sociales y seguros de desempleo. Las políticas estatales en sí no son entonces el blanco de estas críticas. El reproche está dirigido a las que efectivamente se llevan a cabo ahora mismo, de estrecho horizonte y carentes de toda racionalidad económica. El Estado no puede crear empleo de la nada, por simple buena voluntad. Las veces que lo intentó distó de cumplirlo exitosamente, y nos llevó a la completa ruina. Es en cambio su obligación indelegable hacerse presente allí donde el mercado no actúa (externalidades, fallas de mercado), o donde sus tiempos no son compatibles con la paz social (justamente, el caso que nos ocupa). Desaprovechar el superávit en pagar al FMI para saciar rebeldías personales en lugar de invertirlo en el futuro del país, no me parece una opción potable. Para terminar, es fundamental entender que comprometer una masa creciente de recursos generando empleo estatal (por lo general improductivo) y repartiendo subsidios (en actividades de baja competitividad, pues caso contrario no los necesitarían), licua rápidamente el superávit y deriva inevitablemente en un brusco sinceramiento, pues los puestos creados son inviables sin el amparo gubernamental. En cambio, comprometerse en un proceso a la chilena o a la española, genera al contrario la necesidad de una masa decreciente de recursos, pues si bien el desempleo se dispara al momento de la desregulación (compensado por el amparo estatal), luego se recupera ininterrumpidamente, acompañado de crecimiento del PBI y de mejoras en la productividad y los salarios reales. Así, mientras un proceso se torna insostenible y explosivo, el otro se convierte en una verdadera máquina de crecimiento y desarrollo (los resultados en España y Chile son categóricos).

ACCION

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CULTURA

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TRABAJO COMO CULTURA Muchos de aquellos principios éticos esenciales que valoramos, como la tolerancia al diferente o los derechos individuales, no nos acompañan desde el principio de los tiempos. Por eso, no es descabellado esperar que algún día puedan caer al foso del olvido o la nostalgia, si se pierde el esfuerzo de nuestra convicción y la vocación de sostener la validez de los mismos.

Por Ricardo Pinal Villanueva Coordinador Area de Cultura FCC.

Así, pasado el mediado del siglo XIX y en buena parte del XX, el positivismo, como corriente de pensamiento dominante, aportó una visión optimista del desarrollo, que suponía un progreso social en un contexto de relativo orden social con cierta permanencia. Caídas las monarquías y abolida la esclavitud, surgió la necesidad de trabajar, no porque una autoridad superior lo obligase, sino por concebir al trabajo como parte inherente de la ciudadanía y como vehículo necesario para la subsistencia. Con la llegada del republicanismo, a cambio del derecho a participar políticamente, uno consentía en aceptar las decisiones del gobierno que lo abraza, le da marco y lo contiene. Incluso hasta las relaciones íntimas se modificaron profundamente. Por ejemplo, la posibilidad de que el amor romántico obtenga la libertad para el casamiento se ha dado sólo en las ultimas generaciones. Ahora cada uno puede casarse con quien quiera sin importarle raza, religión, origen social ni siquiera sexo. La sociedad está, entonces, estratificada y una de sus condiciones básicas es que dentro de la misma exista movilidad social. Aquí radica la gran importancia de la Educación. Ella contribuye decididamente a la movilidad ascendent. Y por eso es un valor para nosotros y en nuestro país, merced una diáspora europea dada de las sucesión de grandes guerras, se forjó el sueño posible de ”m’hijo el dotor”. Miles de hombres y mujeres, llegaban con bajos niveles de instrucción, pero con una profunda cultura del trabajo, del esfuerzo y que encontraron en la educación un conjunto funcional a la dinámica social, la selección de personas capacitadas y la integración al sistema. La identificación con valores socialmente aceptados, el principio de la meritocracia, de la justicia distributiva y del esfuerzo individual encuentra en la educación la institución perfecta para identificar, seleccionar y jerarquizar adecuadamente los talentos disponibles, que accederán a trabajos calificados. El acceso a la educación es entonces la garantía de la igualdad de oportunidades como condición indispensable. De esta manera, la Argentina fue en su momento considerada una tierra de oportunidades, de sueños, de pujanza social y económica, donde el trabajo y el esfuerzo individual rendían sus frutos. Sería demasiado largo rememorar nuestro

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triste derrotero del siglo XX y la sucesión de frustraciones y fracasos que nos han hecho a los largo de esta centuria pasar a convertirnos de uno los países deseables a todos aquellos que quisieran desarrollarse en el país despojado en lo que nos hemos convertido. Nos interesa poner de relieve y llamar la atención sobre la enorme oportunidad que se vuelve a abrir ante nosotros. Hoy como nunca, el mundo actual y sus niveles de conectividad dan como clave del éxito la imaginación, la capacidad de crear y la originalidad, atributos éstos que nos han destacado como comunidad. Sirve acercarnos a algunos de los conceptos vertidos por Durkheim, quien destacaba la estructuración de una solidaridad orgánica compleja que supone una diferenciación entre individuos; ellos generan conflictos recurrentes, los cuales son subsanados por medio de una autoridad externa al individuo y que se conjuga en la moral, las creencias y sentimientos comunes. Podemos ver entonces, los esfuerzos que nos esperan, los desafíos de reconstruir aquellos esquemas de solidaridad social, como herramientas útiles para la movilidad social ascendente. Sólo hace falta observar cómo cada noche la ciudad es recorrida por unas 50 mil personas cartoneando, algunos en familias, con sus hijos y sus perros, todos ellos resignados, silenciosos, constantes, tirando de carros pesados, con menos derechos que las bestias de carga. Personas que en otras han generado indiferencia, temor, hasta desprecio en particular de las autoridades que los objetivizan, los desnaturalizan y los esconden bajo denominaciones menos lacerantes en el discurso, pero no entienden que su vocación es clara, sobrevivir, lograr nada más ni nada menos que el sustento diario. Personas que en este espiral de abandono, van del olvido u omisión social, a la disgregación de los núcleos familiares, por la destrucción de ritos tan básicos como comer en familia, personas que quedan atrapadas en el espacio público , como espacio de intimidad. Personas, en fin, adaptadas que valoran el esfuerzo como medio de logro del sustento a quienes las políticas públicas sólo le mina los sueños. Por esto, es imperioso, más que razonable, recomponer y fortalecer estos valores en la comunidad y, sobre todo, en aquellos grupos tan vulnerables, pues como dije, estos no están tallados en piedra, se los debe fortalecer cada día, con acciones que nos demuestre realmente quienes somos. El resto es el engaño, el clientelismo y el desprecio más absoluto sobre la dignidad de estas personas, que abrigan los mismos sueños que nosotros, pero han sido las victimas de aquellos que acumularon prebendas y poder montados en un discurso amigable que escondía su marginación.

17 O P I N I O N

SEGURIDAD

EL DESBORDE PIQUETERO: SIMBOLO DE LA IMPUNIDAD Por la mañana, luego de las noticias más importantes y del pronóstico del tiempo, los conductores televisivos nos informan de los cortes del día: a las 13.00 frente al Ministerio de Trabajo, a las 15.00 en Córdoba y Callao y, en cualquier lugar y hora la posibilidad de piquetes sorpresivos. Mientras tanto, miles de personas hacen malabares para llegar a horario a sus trabajos y cumplir con sus obligaciones, las ambulancias buscan rutas alternativas para que sus pacientes no se descompensen en el camino y los turistas postergan para otro día su visita por la ciudad. Esta es la realidad a la que en los últimos años nos hemos acostumbrado a la fuerza, ante la pasividad del Gobierno. El desborde piquetero -toma de comisarías y asedio a la Legislatura incluidos- es una clara manifestación de la anomia y de la impunidad en la Argentina. Reconocer que la crisis económica impactó sobre miles de argentinos y los dejó en la pobreza, y que estas personas tienen todo el derecho a ser incluidos en el sistema y a reclamar legítimamente por ello, no justifica de ningún modo los mecanismos utilizados para el logro de sus fines. La Constitución Nacional es clara en su artículo 14 cuando establece que el ejercicio de los derechos se realiza conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. En efecto, en la Argentina los derechos no son absolutos y, tal como establece como principio general el artículo 1071 del Código Civil, la ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos. Allí queda plasmada la máxima según la cual los derechos de uno terminan cuando comienzan los del otro y se le ocasiona un daño. En la cuestión que nos ocupa, además, los piquetes se encuadran dentro de conductas prohibidas por la ley penal y contravencional. Además de vulnerar el derecho a transitar libremente -consagrado en la Constitución Nacional- el artículo 194 del Código Penal sanciona a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire” con prisión de tres meses a dos años. A esto se agrega lo dispuesto por el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, reformado en 2004, que establece como contravención en su artículo 78 (Obstrucción de la vía pública) la conducta de “quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos”. El artículo agrega que, con razonable anticipación, deberá darse aviso a la autoridad competente y respetar las indicaciones de ésta respecto al ordenamiento. Sería interesante saber si alguna de las marchas piqueteras des-

arrolladas en lo que va de 2005 –a un promedio de 119 por mes según el Centro de Estudios Nueva Mayoría- cumplió con estos requisitos… No sólo la ley es precisa, sino que también la jurisprudencia, en los casos sometidos a su decisión, fue clara en cuanto a que el derecho a reunirse públicamente para peticionar no debe ejercerse de forma tal que se violen otras normas o se vulneren los derechos de otros ciudadanos. De hecho, los cortes fueron calificados como "mecanismos primitivos de pseudo defensa de sectores o intereses, en algunos casos ni siquiera de éstos, inaceptables en los tiempos que corren y que constituyen además delitos, actos de disgregación social". La jurisprudencia contravencional también reafirmó la idea de que “los derechos no son absolutos sino sujetos a reglamentación” y que la sociedad “se ve atrapada por el accionar de un grupo minúsculo de personas…”. Sin embargo, la experiencia reciente lo que pone de manifiesto es la disociación entre las normas y la realidad, entre lo jurídico y lo fáctico, dejando como balance para los ciudadanos una continua pérdida de sus márgenes de libertad y de la capacidad para ejercer efectivamente sus derechos. Por otro lado, hemos sido testigos hasta fines de agosto de una actitud gubernamental que virtualmente dejó suspendida la vigencia de una ley con el slogan de “no criminalizar la protesta”. Ya lo decían los romanos, dura lex, sed lex. Aún cuando la ley sea estricta, debe ser aplicada ya que eso es lo que diferencia a un Estado de Derecho de un estado de barbarie.

Por Ignacio Romano Area de Seguridad y Justicia FCC

Los piquetes muestran también una de las formas más perversas de extorsión: la de la gente humilde y necesitada –niños incluidos- que concurre a las marchas bajo la amenaza de los líderes piqueteros de que si no lo hacen perderán los planes sociales. Representan asimismo, al igual que la inseguridad, un obstáculo al desarrollo y a la promoción del empleo, en tanto alejan negocios e inversores. Así, los piquetes terminan siendo disfuncionales con los fines que pretenden alcanzar, como en el caso de personas que son rechazadas para un puesto de trabajo por el solo hecho de que para llegar a Capital tienen que atravesar el puente Pueyrredón. El reciente cambio de actitud del Gobierno Nacional, motivado más por cuestiones electorales que por convicción propia, no hace más que demostrar la falsedad del dilema propuesto, según el cual las opciones eran protesta irrestricta o represión indiscriminada. No se trata de criminalizar la protesta, pero tampoco de desincriminar los delitos, previstos claramente por la ley. El Gobierno debe entender que aplicar la ley no es sinónimo de represión y que la inacción también tiene sus costos, especialmente para las víctimas de estas conductas que son la inmensa mayoría de los argentinos.

ACCION

ACTIVIDADES NUESTRA NUEVA PAGINA EN INTERNET Desde este mes, contamos con una nueva página en Internet. Allí podrán encontrar informes sobre nuestras actividades, notas de opinión de nuestros equipos técnicos, las investigaciones más relevantes y documentos para compartir junto a todos ustedes. También tendrán un detallado cronograma con los eventos a realizarse en los que participe la Fundación.

Septiembre Nº 6 - Año 2 Alsina 1325 PB Capital Federal Telefono: (011)5819-2700 Fax: (011)5819-2700 [email protected] www.creerycrecer.org

AUTORIDADES FUNDACION CREER Y CRECER PRESIDENTE

MAURICIO MACRI CONSEJO EJECUTIVO PRESIDENTE

NESTOR GRINDETTI VICEPRESIDENTE

JORGE MACRI

MAURICIO DEVOTO RICARDO MASTAI MARIANO NARODOWSKI TORCUATO SOZIO MARÍA EUGENIA VIDAL DIRECTORA EJECUTIVA MARIA REUSSI COORDINADORES CULTURA: Ricardo Pinal Villanueva DESARROLLO ECONOMICO: José Pano DESARROLLO URBANO: Daniel Chain EDUCACION: Mariano Narodowski EMPLEO: Torcuato Sozio FINANZAS: Néstor Grindetti GOBIERNO Y REFORMA POLITICA: Walter Bouzada Martínez POLITICA SOCIAL: María Eugenia Vidal SALUD: Ricardo Mastai SEGURIDAD Y JUSTICIA: Eugenio Burzaco SOC. DE LA INFORMACION: Mauricio Devoto COMUNICACION Y PRENSA Santiago Seoane Cabral

Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de la revista si no se cita la fuente. Derechos Reservados.

“Fieles a nuestros principios de compromiso y transparencia, renovamos y actualizamos nuestra página en Internet. Ahora podrán tenernos más cerca, conocer mejor nuestros trabajos y, fundamentalmente, participar y contribuir al conocimiento que aquí buscamos producir. “En la actual sociedad, espacios como el de la Fundación Creer y Crecer tienen un rol esencial al alejarse de las barreras ideológicas que tanto nos separan y, de este modo, colaborar en acercarnos los unos a los otros a partir de debates racionales y maduros como la sociedad exige,” escribe Mauricio Macri, presidente de la Fundación, en la carta presentación del nuevo sitio. Para conocerlo, deben acceder a www.creerycrecer.org

DESAYUNO DE TRABAJO El viernes 19 de agosto con la participación de Noemí María Girbal Blacha, Profesora de Historia y Directora del Conicet en el Area de las Ciencias Sociales y Humanidades, se realizó un encuentro como parte del ciclo de desayunos de trabajo de la Fundación Creer y Crecer. En esta oportunidad, se desarrolló la temática "Argentina, un modelo para armar". Analizando las posibles causales del cíclico desequilibrio económico argentino, Noemí María Girbal-Blacha realizó una exposición de la historia argentina que fue desde la denominada generación del ´80 hasta nuestros días. “La Argentina Moderna que estructura su mercado y su Estado nacional hacia los años de 1880, bajo la impronta de los hombres de la Generación de esos años alineada tras el progreso positivista, opta por un modelo agroexportador sustentado en la producción de cereales y carnes, la expansión del ferrocarril, la gran propiedad concentrada en pocas manos (como símbolo de poder político y prestigio social), con el aporte del capital externo y la inmigración masiva”, explicó. En la conclusión de su exposición, se animó a ofrecer caminos de solución a algunos de los problemas planteados. “En una Argentina donde la educación y el trabajo ya no son instrumentos para el ascenso social, podría decirse que es la adecuación a los tiempos, el perfil que con mayor claridad muestra al sector agrario como un elemento dinámico y modernizador de la economía del país; reconstruirlo es necesario para encontrar nuevos rumbos, preservar valiosas continuidades y corregir errores fundamentales que permitan promover y ejecutar auténticas políticas de Estado”, afirmó.

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MESA DEBATE: LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de modificar la ley 25.156 (1999), Ley de Defensa de la Competencia, el pasado jueves 25 de agosto se realizó en la sede de la Fundación Creer y Crecer una mesa-debate para comprender el alcance y consecuencias de los cambios propuestos. Los oradores principales fueron Jorge Bogo, ex presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y Rafael Flores, ex presidente de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación. El debate fue moderado por Carlos Walter, coordinador del área de Ingresos Públicos, y Pablo Challú, coordinador del área de Industria. “Este nuevo proyecto de ley es un importante paso para atrás”, explicó Flores. “Es muy frustrante porque derrumba una gran cantidad de esfuerzos previos”, remató. Las exposiciones giraron en torno a explicar el objetivo central de una ley de este tipo: la posibilidad de controlar las concentraciones económicas y posibilitar las fusiones o adquisiciones de empresas sin que esto derive en monopolios. Uno de las coincidencias más importantes fue que el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia debe ser una agencia independiente del Ministerio de Economía, o sea, del gobierno de turno. Esta es una modificación sustancial que establece el nuevo proyecto. Este punto es de particular importancia, dado que en los últimos años se ha visto, según Bogo, un “espectacular avance del poder ejecutivo sobre las instancias de defensa a la competencia”. Asimismo, la historia política argentina obliga a ser bien claros respecto a su independencia, puesto que la defensa a la competencia debe estar sostenida por una institución sólida que no dependa de las marchas y contramarchas de los gobiernos de turno. Si el Tribunal pasase a depender directamente del Ministerio de Economía, esto significaría la falta de reglas claras y quedar libradas las empresas al poder de lobby.

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