biblioteca abierta colección general filosofía
La crisis colombiana Reflexiones filosóficas
La crisis colombiana Ref...
91 downloads
1675 Views
1MB Size
Report
This content was uploaded by our users and we assume good faith they have the permission to share this book. If you own the copyright to this book and it is wrongfully on our website, we offer a simple DMCA procedure to remove your content from our site. Start by pressing the button below!
Report copyright / DMCA form
biblioteca abierta colección general filosofía
La crisis colombiana Reflexiones filosóficas
La crisis colombiana Reflexiones filosóficas
Rubén Sierra Mejía
editor
Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas / Departamento de Filosofía Bogotá
c ata l o gación e n l a pu bl ic ación u n i v e r si da d nac iona l de c ol om bi a La crisis colombiana : reflexiones filosóficas / ed. Rubén Sierra Mejía. – Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, 2008 384 p. – (Biblioteca abierta. Filosofía) ISBN : 978-958-719-000-7 1. Filosofía política 2. Pensamiento político y social – Colombia 3. Justicia 4. Filosofía de la democracia I . Sierra Mejía, Rubén, 1937- - ed. CDD-21 340.1 / 2008
La crisis colombiana Reflexiones filosóficas
Biblioteca abierta Colección general, serie Filosofía Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas Departamento de Filosofía
Editor
© 2008, Rubén Sierra Mejía
© 2008, Autores
Rubén Sierra Mejía Alfredo Gómez-Müller Adolfo Chaparro Adolfo León Gómez Luis Eduardo Hoyos Ciro Roldán Francisco Cortés Daniel Bonilla Maldonado Freddy Salazar Juan José Botero Mauricio Rengifo Leonardo Tovar
© 2008, Universidad Nacional de Colombia Primera edición, Bogotá D.C., mayo 2008
Preparación editorial
Centro Editorial, Facultad de Ciencias Humanas
Excepto que se establezca de otra forma, el contenido de este libro cuenta con una licencia Creative Commons “reconocimiento, no comercial y sin obras derivadas” Colombia 2.5, que puede consultarse en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Contenido
Rub é n Sie rra M ejía
Discurso inaugural
11
Alfred o Gó m ez-M Ü ller
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
23
Ad olfo Chaparro Am aya
Genealogía de la premodernidad en Colombia
55
Ad olfo Le ón Gó m ez G.
El utilitarismo negativo & el Estado social de derecho
87
Lu is Eduard o Hoyo s
El problema de la legitimidad política
109
Ciro Rol dán
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
139
Fr ancisc o C ort és rodas
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
189
Daniel B on i ll a M ald onad o
Confianza, instituciones políticas & minorías culturales
225
Freddy S al az ar Pan iagua
Ética empresarial: un asunto de responsabilidad social
257
J uan J osé B ot ero
Precisiones sobre la renta ciudadana & la justicia social
295
Mauricio Ren gi f o Gardeaz ábal
Instituciones híbridas: los casos de la salud & la educación
323
L eonard o Tovar Gon z ález
¿Educación para la democracia sin democracia? Un informe bibliográfico
351
Índice de nombres
379
Índice de materias
381
La crisis colombiana Reflexiones filosóficas
Nota preliminar
Los ensayos que se incluyen en este volumen son las ponencias leídas durante el II Coloquio la Filosofía y la Crisis Colombiana, organizado por el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional, realizado durante los días 1, 2 & 3 de diciembre de 2004. Como en la primera versión del coloquio, con la nueva convocatoria se pretendía atender al interés de un grupo de filósofos colombianos de dirigir su atención a cuestiones de su entorno y de su época, sin que esto quisiera decir que debían abandonar el pensamiento abstracto para limitarse al análisis de los hechos y fenómenos propios de la realidad social colombiana. El coloquio no tenía entonces el propósito –como tampoco lo tuvo el primero– de dar soluciones a problemas coyunturales, sino hacer de ellos el tema para una reflexión conceptual, aunque con un referente particular.
Discurso inaugural
Rubén Sierra Mejía
este coloquio es la respuesta al deseo de varios filósofos colombianos de repetir la experiencia intelectual que se tuvo en el año 2001, cuando la Sociedad Colombiana de Filosofía realizó, por insinuación de Alfredo Gómez-Müller y mía, un primer encuentro sobre la misma materia1. No temí, al aceptar la coordinación de este nuevo coloquio –convocado en esta ocasión por el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional–, que se repitieran las cuestiones abordadas en el anterior, ya que considero que las ponencias que en él se leyeron no constituyen la última palabra sobre aquellas cuestiones ni los enfoques adoptados por sus ponentes representan la posición oficial de la comunidad filosófica colombiana. Esto permite ofrecer una nueva discusión, puntos de vista distintos o, si es del caso, dar argumentos nuevos para las tesis ya debatidas, pues la situación que se vivía entonces aún no ha sido superada, y no lo será mientras no se pongan en ejecución programas audaces y ajustados a la naturaleza de esos problemas. No eran estos, por otra parte, los únicos problemas que definían la crisis, y tampoco constituyen todo el espectro de las dolencias que hoy padece la sociedad colombiana. Para quien haya seguido el curso de nuestro 1
Las ponencias del I Coloquio fueron publicadas en R. Sierra Mejía & A. Gómez-Müller (2002). 11
Rubén Sierra Mejía
desenvolvimiento social, político y cultural, no debe caber duda de que han salido a flote nuevos temas de análisis –algunos de origen interno, otros producidos por el rumbo que ha tomado la política mundial–, que antes no se presentaban en forma tan manifiesta como ahora. Este es un encuentro de filósofos. Por eso mismo, sus objetivos no son los de elaborar un diagnóstico completo, que sirva de base a un programa de trabajo encaminado a dar soluciones a la presente situación de crisis. Sin embargo, como en las ponencias presentadas en el coloquio anterior, soy optimista de que las que se lean en estos días contribuirán a arrojar luz sobre esa situación y a traer claridad conceptual sobre su naturaleza y sus alcances. Las cuestiones que se van a examinar no son, por otra parte, exclusivas de la filosofía; algunas de ellas son de interés público y no exclusivamente académico. Por esta razón, toleran diferentes tratamientos, además de diversas perspectivas en sus análisis. Aunque el coloquio se ha definido a partir de los intereses de una disciplina, con sus maneras propias de abordar los problemas, se debe aceptar que aquí «filosofía» no tiene demarcadas con nitidez sus fronteras: es posible que se crucen con las de otras áreas afines del saber, suerte corriente en la práctica filosófica. Un libro como el que habrá de salir de estas reuniones difícilmente será una obra de tesis compartidas, de idénticas posiciones filosóficas, que conduzcan a conclusiones ergotistas, libres de ser contraargumentadas. Cuando se trata de pensar una crisis, es necesario situarse en el tiempo presente, en una época particular, en una tradición, en una historia que en cierto momento –el crítico– ha desviado sus metas, sin haber definido todavía el nuevo destino o los nuevos ideales de la sociedad. También hay que subrayar que los orígenes de una crisis pueden fijarse no necesariamente en la línea histórica interna, sino en las relaciones con el mundo exterior, con un mundo con el que de todas maneras está entrelazado el propio. Hoy en día no se puede dejar de pensar en las nuevas relaciones económicas surgidas de la globalización y de la naturaleza del capitalismo en esta última fase de su desarrollo, un capitalismo, en expresión de Gregor Gysi, «superfluo» y, agrego, autófago, cuya característica esencial parece reducirse a una enorme cifra virtual 12
Discurso inaugural
que se alarga y se encoge produciendo euforia o pánico cuando estos fenómenos de aumento y disminución de dígitos aparecen en las pantallas de la televisión o de un computador, un capitalismo cuya consecuencia más visible ha sido la de desentenderse de las condiciones sociales en que engorda, para el que no hay otra obligación que la de crecer, y que ha llenado de miseria a los países –aun los ricos– que le han permitido su desarrollo. Hay que reconocer que en esta tarea de pensar una crisis no se deja de correr riesgos, pues no son escasos los obstáculos para alcanzar pronósticos atinados de los problemas. En tiempos oscuros, el pensamiento tiende a exagerar las consecuencias de los fenómenos y a apresurar las conclusiones, lo que le hace perder la prudencia de juicio en el análisis de los asuntos de que se ocupa. Por el hecho de ser tiempos en que las instituciones sienten que sus fundamentos se desmoronan, que se erosiona la vida social, en los que impera la desorientación, no resulta sencillo responder de manera oportuna y acertada a las crisis que definen el momento histórico; el pensamiento que se construye a propósito tiende a oscilar entre la ansiedad y la nostalgia, entre la búsqueda afanosa de una salida a la situación de penuria moral y el convencimiento dogmático de que la solución solo puede ofrecerla la recuperación de unos valores y unos ideales de organización social que han perdido su vigencia. Esa zozobra se encuentra en todas las esferas intelectuales y en todas las regiones políticas. De este modo, cualquier afirmación categórica, que no deje asomo a la duda, al pensamiento provisional, infunde la sospecha de la insinceridad, de que se está utilizando el lenguaje con el ánimo de buscar adhesiones, pero no como un medio para esclarecer o ayudar a esclarecer un problema. Por su parte, para las mentalidades conservadoras, la solución más cómoda a esta incertidumbre es la defensa de prejuicios heredados, unos prejuicios que liberan al pensamiento de proponer nuevas alternativas en el tratamiento de los problemas en cuestión. A cambio, estos prejuicios proporcionan la ilusión de estar en lo cierto, de poseer la verdad. Si los fenómenos y los acontecimientos que definen la época de crisis no se presentan con la claridad suficiente, la meta a la cual debe dirigirse el pensamiento aparece, al espíritu conservador, con la más absoluta 13
Rubén Sierra Mejía
inevitabilidad. Una especie de fundamentalismo se hace evidente en este caso, porque se concibe allí el destino del mundo como mandato impuesto por la historia o como un ordenamiento divino de las cosas. De lo que se trataría sería de ofrecer programas que permitan la realización de ese destino, realización que no admite condiciones. Así, en una situación de confusión semejante, no es inconcebible que algún dirigente político o jefe de Estado opte por el más intolerante maniqueísmo, divida al mundo entre buenos y malos, sin matices, y busque someter a los últimos a la voluntad de los primeros, aunque para ello tenga que arrasar con armas de destrucción masiva vidas, bienes, tradiciones, creencias, culturas. Tenemos en la memoria las últimas acciones militares de Estados Unidos y los recientes debates televisados entre los candidatos estadounidenses a la presidencia: verdaderos argumentos a favor de la anterior afirmación. Fundamentalismo democrático (una contradicción en los términos) es el calificativo que se ha dado recientemente a esa forma de pensar y de obrar en la política mundial o en la de un país particular. Mirar al pasado con nostalgia y propender por la recuperación de valores que han perdido su vigencia ha sido, pues, la característica del pensamiento conservador, que se opone por eso al uso de nuevos conceptos, más acordes con la situación presente y con los ideales que construye un pueblo. De esta forma se impone la inercia de la tradición y la fuerza del pensamiento queda neutralizada por la pasividad de los valores heredados, incapaces de ofrecer al hombre orientaciones que le permitan salir del laberinto moral en que se encuentra. La tendencia, entonces, es a que los viejos principios de organización social se afiancen, se fortifiquen en la mentalidad colectiva, perdiendo el poder de renovarse que los caracterizaba en su origen, para convertirse en quistes mentales o en palabras vacías que obstaculizan las posibilidades de comprensión de los problemas que constituyen la situación social o espiritual del hombre. En lugar de arrojar claridad sobre el mundo social, esos viejos principios hacen que este se desdibuje dentro de un verbalismo aparentemente mágico. El lenguaje, el instrumento de la expresión y de la comunicación, se transforma en un juego perverso que oculta la miseria en que se vive. El pensamiento 14
Discurso inaugural
pierde su poder creador para convertirse en una sarta de sentencias que le ahorran al escritor la tarea de señalar nuevas posibilidades de convivencia y felicidad, al hombre de Estado, de aventurar propuestas nuevas de solución a los problemas que tiene entre manos, y al hombre común, la de comprender su propia circunstancia. Con estas actitudes, solo se logra que la cultura tienda a encerrarse en los estrechos límites de sus realizaciones sin atreverse a mirar por fuera de sus fronteras, donde podría encontrar modelos apropiados, quizás porque en el contraste que significa el conocimiento del otro se hace más evidente la miseria de las tradiciones propias. Pensar en época de crisis no es, pues, someter a examen los problemas que en conjunto la definen, sino que es enfrentarse a ese pensamiento colectivo o gregario –irracional por lo tanto–, que lucha por imponerse y que con frecuencia es promovido por esferas oficiales como una manera de evadir reformas urgentes, de esquivar presiones originadas en desigualdades e injusticias, de hacer el quite a actitudes excluyentes frente a sectores marginados de las actividades sociales y políticas. Ese pensamiento también se nutre, por supuesto, de movimientos alentados por ideas fijas, que se presume tienen referencias necesarias e inalterables, que construyen un lenguaje conformado de eslóganes a los que es imposible encontrarles un sentido distinto al de procurar adhesión a un credo o una doctrina. Se trata, en últimas, de hacer frente a un pensamiento que se construye con conceptos confusos, introducidos, muchos de ellos, con el ánimo evidente de ocultar una realidad molesta. En estas circunstancias, ¿cómo hacer para que el trabajo filosófico colombiano no sea de interés solo de la comunidad de filósofos? ¿Cómo hacer que ese trabajo, cuando se ocupa de temas de interés común y no únicamente académico, logre incidir en la opinión pública? Antes de intentar dar respuesta a las anteriores preguntas, debo confesar que me abriga la convicción –que creo es compartida por muchos–, de que las épocas en que las sociedades sienten que su seguridad sufre una ruptura son propicias a la producción de grandes obras de arte y de pensamiento. Filósofos, escritores y artistas han 15
Rubén Sierra Mejía
sabido responder a la incitación que significan los problemas contemporáneos para la formulación de teorías o para la creación de obras de arte –verbales, plásticas o musicales–, obras que se definen por su intención de cuestionar las creencias, los prejuicios y los hábitos que se han heredado por generaciones y que aparecen en el momento presente como obstáculos a las aspiraciones de una sociedad o de una cultura. La crisis, entonces, no debe entenderse solo por su aspecto negativo, como síntoma de decadencia o desintegración, sino que también puede apreciarse como manifestación de anormalidades que se encontraban ocultas o reprimidas y que, puesta en evidencia su dimensión perturbadora, se convierten en tema de estudio para las ciencias sociales, de reflexión para la filosofía o de inspiración para el arte. Las dos preguntas que formulé tienen un parentesco muy cercano, pero apuntan a problemas diferentes, lo que exige un tratamiento individual. El primero de estos –que ya no es tan generalizado como en años anteriores– se refiere a la actitud del filósofo colombiano, por tradición remiso a ocuparse de temas que se sitúan en un momento y en un espacio bien delimitado, temas de los que la historia de la filosofía aún no ofrece un tratamiento elaborado. Ceder a presiones circunstanciales se considera que traiciona la actitud propia de una disciplina que se mueve en sus investigaciones en un nivel abstracto, investigaciones para las que lo contingente carece de valor. Sin embargo, pensar el momento presente ha sido siempre una tarea del filósofo, desde los griegos hasta nuestros días. Pareciera que pensar el momento presente es un contrasentido, si se piensa y acepta que la filosofía se sitúa en un plano por encima de las circunstancias históricas, que tiende y ha tendido siempre a ocuparse de problemas de valor universal. Sin poner en duda la pertinencia de esta última afirmación, hay que reconocer que una circunstancia particular, un problema que surgió en un momento determinado de la historia humana, le ha permitido al filósofo llevarlo a un estadio que trasciende ese momento y los motivos inmediatos que lo hicieron surgir. Esos problemas vitales del filósofo son los que le han dado vida al saber filosófico: si se rastrea en la más abstracta especulación, en muchos casos nos encontramos, tarde o temprano, con esa relación a problemas determinados. 16
Discurso inaugural
Dos ejemplos procedentes de la historia, el uno situado en la Antigüedad y el otro en el mundo moderno, podrán servirnos para ilustrar la aseveración que acabo de hacer. Me refiero a dos obras de consulta obligatoria en el pensamiento político y a los hechos sociales que les dieron origen: la Política de Aristóteles y el Ensayo sobre el gobierno civil de John Locke. La primera está ligada a la derrota de Atenas ante Esparta durante la Guerra del Peloponeso y a la consecuente decadencia de la ciudad griega, y la segunda, a la revolución gloriosa de Inglaterra. No son obras que se hubieran limitado a ofrecer un alegato casuístico, sino que se situaron en un nivel de universalidad que trascendió las circunstancias a que se refieren, de tal manera que hoy no nos vemos obligados a reconstruir esas circunstancias para comprender las doctrinas expresadas en ellas. Esa trascendencia es justo lo que les da su valor filosófico y no meramente histórico y lo que, como consecuencia, ha hecho de ellas verdaderas obras del pensamiento filosófico. La segunda pregunta no tiene una respuesta simple, pues posee dos aspectos distintos: el primero concierne a las actitudes del filósofo, que es, podríamos decir, el verdadero responsable de la situación de que voy a tratar, y el segundo se refiere al medio en que este actúa. Hay un aspecto del problema muy sensible al filósofo, sobre el que escribí hace algún tiempo un corto ensayo, pero acerca del cual deseo llamar de nuevo la atención, ya que lo creo pertinente en este momento. Me refiero al problema del lenguaje, a la rigidez de los lenguajes que se usan para el tratamiento de los problemas que se quieren llevar a un lector ajeno a la comunidad filosófica. Poner a hablar al filósofo el lenguaje público no deja de tener sus dificultades, que provienen en buena parte de sus reticencias al uso de un lenguaje no especializado, pero no es imposible hacerlo. No es imposible, y además es necesario ya que ese lenguaje público es fundamental para la difusión de teorías y tendencias filosóficas (también de otras áreas del saber) si se aspira a que estas lleguen a ser elementos constituyentes de una opinión pública o se conviertan, por así decirlo, en parte de la visión del mundo de quienes comparten una misma cultura. Es por medio del lenguaje público como los términos técnicos llegan a incor17
Rubén Sierra Mejía
porarse en el léxico de una comunidad lingüística, aunque tenemos que reconocer que con la correspondiente pérdida del rigor con que están definidos en el lenguaje que los gestó. El primer aspecto es, pues, un problema de lenguaje, de la resistencia que tiene nuestro filósofo a utilizar un lenguaje de comprensión universal (dentro de su universo lingüístico, por supuesto), un lenguaje que no sea el de su comunidad, más aún, que no sea el de su escuela, con sus maneras de expresión propias. Este hecho, por principio, establece un obstáculo para la comprensión, por parte del lego en asuntos filosóficos, del discurso que se le envía. Podría decirse, para finalizar esta observación, que con esta actitud el filósofo colombiano está renunciando al «uso público de la razón», para limitarse a un «diálogo entre pares», con el que se pueden (y es esto lo que se busca) tener efectos positivos sobre el avance del saber de la disciplina y sobre la comunidad científica del país, pero que carece de incidencia en la opinión pública. La opinión pública es hoy uno de los problemas más agudos (si no el mayor) en la formación de la conciencia crítica del colombiano y, como consecuencia, en la realización de una auténtica democracia. Para José Saramago, la democracia, en razón de su esencia, debe autocriticarse, pues de no cumplir con este principio radical, estaría condenada «a la parálisis» (Le Monde Diplomatique, 2004). Es este un pensamiento que se arraiga en las más profundas raíces de la concepción democrática del gobierno. Quiero recordar, porque me parece oportuno, que Pericles, el estadista y estratega griego a quien le tocó conducir la democracia ateniense en la época de su mayor esplendor, no la concebía tanto por su origen popular, como gobierno del pueblo, constituido según la voluntad de este, sino como el «tribunal del pueblo», al que los gobiernos deben someter sus actos, con capacidad de sustituir a estos cuando no obran en beneficio del bien común, o, dicho en otras palabras, la forma de gobierno con la que, a partir de la crítica y la oposición públicas, se puede deponer a los gobernantes que obran contra los intereses comunes (Popper, 1992, pp. 115 & ss.). Evitar el despotismo (o, también, el caudillismo) sería, entonces, una misión esencial de la democracia, y la opinión pública se constituiría en el instrumento más eficaz para que este tribunal cumpla su función. 18
Discurso inaugural
José Saramago –vuelvo a él– ha pensado seriamente en los problemas que ha tenido que afrontar la democracia. Su reciente novela, Ensayo sobre la lucidez, es una preciosa sátira sobre las desviaciones que actualmente presenta esta forma de gobierno. Preciosa, es cierto, pero macabra, cuyo argumento se refiere al crimen planeado por los organismos del Estado contra la única persona clarividente durante la peste que privó de la visión al pueblo (fenómeno que había azotado a la ciudad años atrás), que se convirtió en la conductora que habría de orientar a la comunidad de invidentes en los días que duró la peste, y que por este hecho cayó en sospecha de ser la responsable de frustrar los resultados previstos de una votación popular. Si en El ensayo sobre la ceguera la sociedad pierde su visión –sus ideales, podemos suponer–, en esta nueva novela unos partidos en el poder pierden su electorado, y para sobrevivir políticamente recurren a acciones tiránicas como única forma de «salvar» el sistema imperante. Desde la novela de George Orwell, 1984, que describe un estado totalitario, no se leía nada más cruel –y más certero– que esta obra de Saramago. Se podría sacar una lección de Ensayo sobre la lucidez, y es la de que la democracia se ha convertido solo en una forma de administrar el sufragio popular, cuyos resultados pueden alterarse sin punición por medio de trapacerías políticas y argumentos de jurisprudencia torticera, y en la que los elegidos no se sienten comprometidos a cumplir su palabra durante el ejercicio de las funciones que se les han otorgado. Leyendo la novela de Saramago no podemos dejar de reconocer la concepción de democracia que se está imponiendo. Y hoy como ayer se está autorizado a destruir pueblos y culturas con el propósito de llevarla –en su nueva versión– a países con tradiciones culturales distintas a las euroamericanas. Ayer se lo hacía para llevar la fe cristiana o la civilización europea, con frecuencia simple sinónimo de aquella. Leída así, la novela de Saramago no es solo una fábula, producto puro de una imaginación vigorosa, sin arraigo en un mundo más allá del meramente literario: sus intenciones son otras que las del simple pasatiempo, esto es, hacerle tomar conciencia al lector de los peligros que acechan hoy en día a la democracia y señalar un fenómeno que la está corroyendo. 19
Rubén Sierra Mejía
El concepto de «crítica» es esencial cuando se habla de «opinión pública», puesto que solo a través de la crítica puede la opinión pública cumplir su función de tribunal de la democracia. Sin embargo, no puede asumirse que se cuente con una opinión pública que incida realmente en la orientación de los asuntos públicos por el hecho de existir una crítica fundamentada. Para el caso que nos compete, hay que reconocer que en Colombia ha surgido (no con la intensidad deseada, es cierto), en los últimos años una opinión sólida en sus argumentos y en la información y doctrina en que se apoya, una opinión que se expresa en la prensa escrita o a través del libro, opinión proveniente de algunos académicos (pocos, en verdad) que han adoptado el lenguaje público, sin ceder a las presiones de la frivolidad, y por periodistas que han asumido tareas de investigación, no meramente informativas. Pero es una opinión que no ha logrado calar en la opinión pública general. Se ha señalado a la televisión como el mayor obstáculo para que la reflexión y el análisis de los hechos lleguen a ser elementos con que el hombre común pueda obrar con un criterio mejor formado en aquellos casos en que le corresponde actuar como ciudadano (en unas elecciones populares, por ejemplo). ¿Será acaso que la palabra ha perdido la hegemonía en su función comunicativa y persuasiva para ceder el lugar a la imagen visual, en especial a aquella que, como la fotografía, tiene una fuerte relación causal con el mundo de los hechos? Hay que reconocer que la creación técnica de la imagen es un instrumento maravilloso en las esferas del arte, de la información y del conocimiento. Después de muchos siglos de predominio del lenguaje conceptual, de que este hubiera relegado la imagen únicamente a su valor artístico, con la aparición de la cámara fotográfica y del cinematógrafo la imagen, tanto la fija como la móvil, en cuanto tiene una relación causal con el mundo de las cosas reales, ha vuelto a tener funciones que había asumido la palabra en la aprehensión de ese mundo2. El hombre moderno ya no puede prescindir del uso de las imágenes para la información o como registro de la más alta fidelidad de los actos rituales en la vida del individuo y de las instituciones. Aquí el lenguaje, cuando aparece, queda degradado 2 20
Sobre el tema, véase Susan Sontag (1980, pp. 163 & ss.).
Discurso inaugural
a un instrumento auxiliar de la fotografía, a un simple «pie de foto»: ya no explica, simplemente nombra. Ahora bien, la fotografía, que por sus efectos es una de las características del mundo moderno de mediados del siglo XIX a nuestros días, ha llegado a ser el instrumento más utilizado por los medios de información, que buscan un impacto rápido e inmediato sobre la opinión pública. No puede desconocerse el enorme poder crítico que la fotografía ha tenido en la denuncia de atropellos a personas y a pueblos por parte de organismos de los Estados, incluidos los democráticos, al poner ante los ojos del observador las manifestaciones más aberrantes de crueldad y de violación de los más elementales derechos del hombre. Las fotografías que se hicieron públicas luego de que Estados Unidos sometiera a Irak a su absoluto control son un testimonio irrebatible de la barbarie con que los estadounidenses impusieron sus intereses después de la segunda guerra del Golfo. Esas fotografías se han convertido en íconos del poder desmedido de una potencia militar y del desprecio que esta muestra por los derechos de quienes no ostentan su ciudadanía. Pero también hay que reconocer que la fotografía ha servido para estimular el favor de la opinión pública, en desmedro del argumento y la información, hacia aspectos más frívolos o falaces, gracias a una manipulación solapada de los medios de comunicación visual, imponiendo así la mediocridad y la mentira. Tal vez esta sea una acción favorecida por el hecho de que la fotografía logra efectos, al primer golpe de vista, para los que la escritura exige un proceso dinámico de asimilación por parte del lector, que va desde la comprensión primaria del mensaje hasta la reflexión sobre sus alcances. Las dificultades de elaborar un pensamiento filosófico acorde con una época de crisis no son, en síntesis, escasas: se aúnan los prejuicios personales con los del momento en que se actúa o con los de las tradiciones locales. Solo me he referido a las más evidentes, que quizá por esto las hace parecer superfluas, que no necesitarían, por tanto, ser objeto de un tratamiento conceptual, pues la tarea resultaría un ejercicio inocente, sin otro efecto, al parecer, que el de arrojar luz sobre lo indiscutible. Pero juzgar de esta manera las cosas 21
Rubén Sierra Mejía
puede ser solo un acto de autorrepresión al reconocimiento de que parte de esas dificultades no provienen de problemas que definen la crisis, sino de inclinaciones gremiales que, a partir de un modelo de pensador construido gratuitamente, ponen límites a todas las posibilidades de ejercer el oficio. En el origen de esta actitud, encontramos dos factores negativos que demarcan esos límites: primero, el temor a equivocarse, tan frecuente en el mundo académico, a que el pensamiento quede rebasado por nuevos acontecimientos, sin que se considere, siquiera por un momento, el enriquecimiento –personal y cultural– que proporciona cualquier ejercicio de naturaleza intelectual. Y, en segundo lugar, quizá como consecuencia de este temor, el rechazo al pensamiento provisional, a la simple conjetura, a entregar a la opinión pública un pensamiento que aún no ha concluido en un ergo soberano y absoluto. Uno y otro –temor a equivocarse y rechazo al pensamiento provisional– son gérmenes de dogma e intolerancia. Referencias bibliográficas
Le Monde Diplomatique (2004, agosto) Edición colombiana, III, 26. Popper, K. (1992). La lección de este siglo. México: Océano. Sierra Mejía, R. & Gómez-Müller, A. (eds.) (2002). La filosofía y la crisis colombiana. Bogotá: Taurus-SCF-Universidad Nacional de Colombia. Sontag, S. (1980). El mundo de las imágenes. En Sobre la fotografía. Buenos Aires: Sudamericana.
22
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
Alfredo Gómez-Müller
[…] el gobierno, temeroso de que una actitud conciliadora pueda ser interpretada como un síntoma de debilidad, no renuncia al ademán bélico de los neófitos del fascismo, ni deja de emplear el lenguaje de la guerra, de la guerra civil no declarada. […] Es el lenguaje más adecuado para adelantar la pacificación al estilo español que inmortalizaron en el antiguo Virreinato de Nueva Granada don Pablo Morillo, Boves y Sámano […]*.
El texto citado no proviene del presente, sino del año 1952. Su autor, el ex presidente y líder liberal Alfonso López Pumarejo, se refiere a la guerra que en esos momentos adelantaba el gobierno conservador de Roberto Urdaneta Arbeláez contra las guerrillas liberales del Llano, y contra la población civil liberal acusada de apoyar a los miles de guerrilleros que controlaban ya inmensos territorios en el oriente del país. Oponiendo al lenguaje de la guerra un lenguaje de la paz, a la política de puño cerrado una política de mano tendida, López Pumarejo sostiene que la peligrosa situación política que atraviesa Colombia solo puede ser resuelta por medio de la discusión y el acuerdo, esto es, por medio de una política de paz y concordia; la guerra no se soluciona con la pacificación, sino con una política de paz. La expresión «lenguaje de la guerra», que utiliza López Pumarejo en esta carta dirigida a Mariano Ospina Pérez, el principal dirigente del partido de gobierno, tiene en este documento el doble significado de la guerra como lenguaje y del lenguaje como guerra. * Alfonso López Pumarejo, carta a Mariano Ospina Pérez, 25 de agosto de 1952. Citado en Eduardo Franco Isaza (1986, p. 363). 23
Alfredo Gómez-Müller
La guerra como lenguaje
El fragmento citado se refiere al primero de estos significados: el lenguaje de la guerra es descrito por medio de un ejemplo de nuestra historia, la campaña de pacificación emprendida en 1816 por España para reconquistar sus colonias en América. A la luz de este referente histórico, el lenguaje de la guerra se reduce al terror y a la violencia: el triste «Pacificador» Morillo no vino a la Nueva Granada para discutir con los patriotas, sino para aplastarlos por medio de la fuerza. Morillo hizo la guerra conforme a la definición que da Clausewitz de la misma: «un acto de violencia en el cual buscamos obligar al adversario a ejecutar nuestra voluntad», utilizando la fuerza física, fuerza que se arma por lo demás con «los inventos de las artes y las ciencias» (Clausewitz, 1955, p. 51). En tanto que lenguaje de la fuerza, el lenguaje de la guerra es pues, precisamente, no-lenguaje –lo cual no quiere decir, obviamente, que la guerra no pueda significar–. La expresión lenguaje de la guerra es contradictoria, porque la guerra excluye justamente el lenguaje como relación fundamental con el otro; el lenguaje es la paz originaria, podría decirse con Levinas (1961)1. Desde el contexto concreto de la pacificación de Morillo o de la «pacificación» conservadora en 1952, la guerra o la fuerza se opone al lenguaje (discusión) justamente porque pretende imponer unilateralmente un significado dado y considerado como absoluto, sin atender a las razones de otro, esto es, sin interlocución ni creación común de significados. Así, en lo que respecta a la pacificación conservadora de 1952, López Pumarejo observa que el gobierno de Urdaneta Arbeláez, cediendo a la presión del sector más extremista de la derecha conservadora, decide unilateralmente, el 19 de abril de ese año, poner un punto final a los intentos de diálogo que López Pumarejo venía adelantando con las guerrillas del Llano desde mediados de 1951, con el visto bueno inicial de Laureano Gómez y de Urdaneta. Cerrando las puertas al diálogo, esto es, al lenguaje, desdeñando «los recursos de la razón, las soluciones de la inteligencia» (Franco, 1986, p. 367), el gobierno aumenta el pie de fuerza 1 24
El rostro que es expresión, es paz y no violencia (Levinas, 1961, pp. 177-178).
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
en los Llanos, promueve la formación de grupos paramilitares (las llamadas «guerrillas de la paz»), prolonga la censura de prensa y el estado de sitio, y reprime y persigue a la población identificada como liberal. López Pumarejo resume así el significado de este lenguaje de la guerra: [Con] decretos de amnistía para los revolucionarios que se entreguen y bala rasa para los detenidos, caminantes y labriegos «sospechosos», se ha conseguido alargar el estado de sitio durante tres años y traer al pueblo colombiano hasta el umbral del «nuevo orden», con una sola exigencia para adversarios y amigos díscolos o descontentos: el completo sometimiento a la voluntad dictatorial de quienes ejercen el poder actualmente. Deben entregarse, o correr el riesgo de ser «aplanchados» (Franco, 1986, p. 366).
En el caso descrito por López Pumarejo, el lenguaje de la guerra es la dominación incondicional, que excluye la expresión de toda diferencia y toda disidencia. A los dos días de ser publicada la carta en la prensa liberal, el 4 de septiembre de 1952, los extremistas conservadores incendian en Bogotá, con la cómplice pasividad del gobierno, las instalaciones de El Tiempo y de El Espectador, así como las casas de Lleras Restrepo y López Pumarejo, que deben exilarse del país.
El lenguaje como guerra
Paralamente a este primer significado práctico del lenguaje de la guerra como negación del lenguaje (discusión), la carta de López Pumarejo ofrece, de manera clara, un segundo significado, propiamente linguístico: el lenguaje de la guerra es también lenguaje que hace guerra, esto es, la instrumentalización guerrera del lenguaje al servicio del proyecto de guerra. El lenguaje como guerra se condensa, de manera ejemplar, en la manera de designar al adversario, como bien lo explicita López Pumarejo en las líneas siguientes. No hay duda de que toda táctica política o militar que tan desenfrenadamente infrinja la prohibición constitucional de aplicar la pena de muerte, y de modo tan inverosímil desconozca 25
Alfredo Gómez-Müller
la presunción de inocencia sobre la cual reposan nuestras leyes penales, para colgarles a las víctimas, sin pruebas, el sambenito de ser «bandoleros», excluye de hecho la colaboración de los agentes y representantes del liberalismo. […] Sería inútil honrarnos con invitaciones a respaldar moralmente al gobierno en sus labores de «limpieza» contra los que él llama indiscriminadamente «bandoleros», «salteadores» o «forajidos» y castiga sin la debida sujeción a los preceptos legales (Franco, 1986, p. 366).
Al decir «los que él llama indiscriminadamente…», López Pumarejo toma distancia frente al lenguaje utilizado por el gobierno para designar a los guerrilleros liberales del Llano, que ya desde tiempo atrás muchos conservadores denominaban «chusmeros». De hecho, en la carta, López Pumarejo establece una distinción clara entre el bandolerismo, que asocia a la delincuencia común, y el movimiento guerrillero del Llano. Para referirse a este último, emplea únicamente los términos guerrillas (del Casanare, de los Llanos), insurrección, revuelta armada, grupos alzados en armas; así mismo, para referirse a los guerrilleros y sus líderes, dice revolucionarios, guerrilleros, comandantes de las guerrillas, jefes de la insurrección. Este rigor del lenguaje de López Pumarejo se opone a la amalgama practicada por el gobierno, el partido conservador, e incluso una parte del sector liberal. En efecto, desde 1951, el momento en que optan por apoyar al gobierno, un grupo de hacendados liberales del Llano se apropia del término de bandoleros para designar a la guerrilla del Llano. Así, en la Declaración de Sogamoso de febrero de 1952, que marca oficialmente esta ruptura entre los ricos hacendados liberales y la guerrilla del Llano, el vuelco político se traduce en un vuelco lexical 2. Comentando este 2
26
En la «Declaración de Sogamoso», los hacendados firmantes condenan la violencia y el bandolerismo, que consideran «obra de estúpidos, verdaderos locos por cuya extirpación deben luchar los hombres sensatos». Texto citado en Reinaldo Barbosa Estepa (1992, p. 138). La película Canaguaro, de Dunav Kuzmanich (1981), ofrece una representación cinematográfica del conflicto entre los ricos hacendados liberales y la guerrilla del Llano.
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
giro lingüístico, el ex guerrillero liberal Eduardo Franco anota en sus memorias. El nombre de bandolero en su engendro es godo, pero los terratenientes liberales de buena o mala gana, rendidos o violentados lo entronizan y autorizan ante la opinión. Firman un manifesto, el primero en Sogamoso, en el que dicen […] que los rebeldes llaneros son «cuatreros», «maleantes», «prófugos de las cárceles». ¡Bandoleros! […] con esa palabra se entrega un pueblo a los verdugos. Con las diez letras la dictadura fabrica un enorme y negro telón, que el clero se apresura a bordar desde los púlpitos […] (Franco, 1986, p. 203).
En este testimonio de un actor de aquella guerra se explicita una clara conciencia del poder guerrero del lenguaje: una palabra puede entregar una persona o un grupo de personas a los verdugos. Este inmenso poder de las palabras proviene del hecho, de que estas significan el mundo en que vivimos y, por ello mismo, orientan nuestra actividad en el mundo: significar es también señalar comportamientos. Cuando el gobierno, utilizando el lenguaje militar, habla de «labores de limpieza» contra sus adversarios, está significando implícitamente a estos adversarios como suciedad y mugre, esto es, como algo que social y habitualmente se considera dañino o desagradable y que, como tal, ha de ser eliminado sin más. El objeto de tales labores de limpieza solo puede ser algo esencialmente negativo. Al ser significados como cosa esencialmente dañina, los bandoleros han de ser sencillamente destruidos o extirpados como un cáncer –la oposición enfermedad/salud acompaña a menudo, en el discurso extremista y en el racismo, a la dicotomía limpieza/mugre–. Por esto mismo, colgar a las víctimas el sambenito de ser bandoleros equivale a justificar la violencia contra esas víctimas, haciendo desaparecer finalmente la noción de víctima: un bandolero no puede ser nunca víctima del gobierno. Con el uso de la palabra bandolero se llama implícitamente a la violencia justificándola: en esta conjunción del llamado y la justificación del llamado se manifiesta el poder destructor de la palabra. Por ello, como anota Franco, decir que alguien es bandolero 27
Alfredo Gómez-Müller
significa entregarlo a sus verdugos. Si al concepto de guerra es inherente la tendencia a destruir al enemigo –como señala Clausewitz, abriendo la perspectiva de una definición más amplia de la guerra– (Clausewitz, 1955, p. 53), se podría decir que, en su uso destructor, el lenguaje es en sí mismo y por sí mismo guerra: sin ser en sí mismo violencia física, es principio activo de esta violencia.
De bandoleros a terroristas
Cincuenta años después seguimos los colombianos en guerra. Desde la dictadura de Rojas Pinilla, las llamadas políticas de paz han tendido a ser un simple dispositivo táctico provisional, subordinado a la opción fundamental por la guerra, esto es, han sido ante todo proyecto de pacificación y no de paz. Como testimonio de la permanencia de este lenguaje de la guerra en tanto que opción gubernamental básica frente a la insurrección, podemos observar en la actualidad la generalización, en los textos oficiales y en los grandes medios de comunicación, de un nuevo lenguaje destructor, guerrero, usado para designar al adversario: hoy en día se habla de terrorista, palabra que ha venido reemplazando el fatídico término de bandolero. A pesar de las diferencias de contexto histórico, estas dos palabras comparten un mismo sentido guerrero: la eliminación pura y simple del adversario, considerado como algo esencialmente perverso. En tanto que principio condicionante de una relación de pura violencia física, ambos términos dicen el lenguaje de la guerra, según los dos significados anotados. Con los terroristas, como antes con los bandoleros, no cabría ninguna verdadera discusión por la paz. A los bandoleros, en la época de Urdaneta Arbeláez, solo se les abre la opción de «entregarse, o [de] correr el riesgo de ser “aplanchados”», como decía López Pumarejo; a los insurrectos de hoy, solo se les abren las puertas de la capitulación: «Puedo decirles a los señores Marulanda o Briceño, o se arreglan o los acabamos. Conmigo no hay términos medios»3. La única opción válida sería la 3
28
Declaración del presidente Álvaro Uribe Vélez, citada en El Tiempo (internet), mayo 5 de 2003: «Presidente Álvaro Uribe
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
pacificación, esto es, el lenguaje de la guerra, la no política de paz, la no política, como medio primordial para dirimir el conflicto. El uso del término «terrorista» para designar al adversario tiene entonces una función precisa: no reconocer la dimensión política de la insurrección y, con ello, excluir la posibilidad de la negociación política como forma de construir la paz, a través de acuerdos y mutuos compromisos. El término terrorista cumple de este modo, en el lenguaje de la dominación, la misma función que la palabra narcoguerrilla, lanzada hace más de una década por un antiguo embajador de Estados Unidos en Colombia, y puesta en circulación, a nivel internacional, por funcionarios del Departamento de Estado estadounidense y, en Colombia, por sectores radicalmente opuestos a la idea de un diálogo con la insurrección4. La continuidad de este lenguaje de la guerra, de la narcoguerrilla al terrorismo, ha dado lugar hoy en día a la fusión de ambos términos, en la palabra «narcoterrorista», utilizada sistemáticamente por la administración Bush en Estados Unidos para designar a la insurrección colombiana5. presentó las condiciones para un posible canje humanitario». 4 Destinada a deslegitimar cualquier contacto oficial entre el gobierno y la guerrilla, la generalización de este término, durante el anterior mandato presidencial, llegó hasta el punto que el propio presidente Andrés Pastrana se vio en una ocasión obligado a admitir, durante un viaje a Argentina, que el uso del término «narcoguerrilla» era inadecuado. 5 Frente a narcoterroristas no funciona la negociación sino la captura y el enjuiciamiento, ha declarado John Ashcroft, fiscal general de Estados Unidos, y representante del fundamentalismo cristiano en Estados Unidos, felicitando al mismo tiempo a los gobernantes colombianos por su opción de mano dura para garantizar la seguridad del país. Véase El Tiempo (internet). Sobre la orientación ideológica de J. Ashcroft, véase Alain Franchon & Daniel Vernet (2003). Por su parte, el senador republicano Norm Coleman ha declarado que, para apoyar el incremento de la presencia militar estadounidense en Colombia, a través del Plan Patriota, es preciso mantener el compromiso de Estados Unidos «en esta guerra que no es civil, sino contra terroristas y narcotraficantes». El Tiempo (internet) (2004). Desde la misma perspectiva, el general James T. Hill, jefe del Comando Sur de ese país, ha podido sostener que para «derrotar a los narcoterroristas» se requiere no asignar límites al despliegue militar norteamericano en Colombia. El Tiempo (internet) (2004). 29
Alfredo Gómez-Müller
La intervención de Estados Unidos en la fabricación y puesta en circulación de los términos que se usan corrientemente en Colombia para designar a la insurrección y caracterizar el conflicto colombiano («no es guerra civil sino guerra contra terroristas y narcotraficantes») se manifiesta, de manera particularmente patente, en el caso de la palabra «terrorista». En Colombia, este término se instala de manera dominante en el uso político oficial para designar a los grupos alzados en armas, a partir del 11 de septiembre de 2001, fecha de los atentados a las torres gemelas de Nueva York. Desde entonces, la administración Bush ha globalizado el uso del término terrorismo para designar a los agentes del «mal» que en cualquier parte del mundo buscan por todos los medios acabar con el «bien», esto es, la dominación estadounidense del planeta y su particular concepción de la libertad, la justicia, el derecho y la democracia. Así, después de la lista negra de Estados gamberros (rogue States) establecida por la administración Clinton, ha aparecido una lista negra de movimientos de resistencia armada (palestinos, chechenos, afganos, irakís…) o de insurgencia armada (colombianos, filipinos…), cuyo significado histórico y social es pura y simplemente borrado: todo remite, en última instancia, a la nebulosa bin Laden. Seis semanas después de los atentados de Nueva York, la embajadora de Estados Unidos en Colombia, Anne Patterson, asimila la guerrilla colombiana a los talibanes, afirmando que «los grupos terroristas de Afganistán y los de Colombia» se hallan igualmente vinculados al narcotráfico y comparten la misma hipocresía moral (Libération, 2001). Siete meses más tarde, el presidente Pastrana logra no sin dificultad, debido a la posición prudente de varios países europeos, que la guerrilla de las FARC sea finalmente incluida en la lista de organizaciones consideradas terroristas por la Unión Europea6. Desde el contexto de este lenguaje de la guerra globalizado, el uso en el lenguaje oficial y de los medios de comunicación 6
30
Rechazada inicialmente por la Unión Europea el 2 de mayo de 2002, la iniciativa de los gobernantes colombianos es finalmente aceptada el 23 de mayo del mismo año, con el apoyo determinante de la administración de Aznar, durante una reunión de jefes de Estado europeos y latinoamericanos realizada en Madrid.
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
colombianos del término terrorista (o narcoterrorista) para designar a la insurgencia de este país, revela sin embargo algo más que el hecho histórico del sometimiento de nuestras élites gobernantes a la dominación de un Estado particular, los Estados Unidos. El uso de este lenguaje de la guerra globalizado revela, más primordialmente, una ausencia de pensamiento y una enajenación de la realidad más profundas aún que la que expresaba el lenguaje de la guerra de los años cincuenta.
Ocultar la singularidad, destruir el pensar
El término bandolero era un estereotipo propio, fabricado por la ideología de la dominación desde la realidad ideológica, política y cultural de Colombia. Desfiguraba la realidad del guerrillero liberal, reduciéndola a un caso particular de una esencia metafísica, teológica, psicológica o natural: el hombre malo, el desalmado. Pero en esta desfiguración de lo particular por lo general, de lo concreto por lo abstracto, de la realidad por la idea, o, en los términos de la tradición filosófica, de lo existente por lo esencial o lo nocional, se mantenía todavía una cierta referencia a lo concreto de la existencia. Guadalupe Salcedo, Eliseo Vásquez y Dúmar Aljure eran igualmente encarnaciones de la esencia bandolero, pero en esta abstracción desfiguradora de la singularidad de cada una de estas figuras quedaba implícita la referencia a una realidad histórica singular: la Violencia, con mayúscula. La palabra bandolero se convirtió en una forma lingüística de la Violencia, de ese complejo fenómeno social en cuya vorágine se inserta la historia singular de cada uno de esos hombres. La esencia mantenía todavía cierta relación con la existencia, el lenguaje con lo concreto de la experiencia del mundo. Con la globalización del término terrorista, por el contrario, todo es esencia, se pierde todo contacto con la singularidad de lo existente. Los talibanes de Afganistán y los guerrilleros de Colombia son simples casos, formas contingentes de una esencia preestablecida única, universal, globalizada. El significado propio de la realidad histórica del talibán afgano y del guerrillero colombiano desaparecen, así como también desaparece, en el plano de la 31
Alfredo Gómez-Müller
realidad histórica colombiana, el significado propio del guerrillero y del paramilitar: todo es lo mismo, todo es reducible en última instancia a la esencia global del terrorismo. No hay novedad, identidad ni multiplicidad. No hay singularidad o, como dice Jean Baudrillard, no hay acontecimiento (événement). Referirse a los hechos del 11 de septiembre de 2001 desde el significado-esencia terrorismo equivale a ocultar tanto el significado propio de esos hechos como el del propio terrorismo. Según Baudrillard, el terrorismo es precisamente la ruptura de ese ocultamiento. […] el terrorismo es el acto que restituye una singularidad irreducible en el seno de un sistema de intercambio generalizado. Todas las singularidades (las especies, los individuos, las culturas) que han pagado con su muerte la instalación de una circulación mundial dirigida por una sola potencia se vengan hoy a través de esta transferencia terrorista de situación (Baudrillard, 2001).
Tratando de entender, y no de justificar, esos hechos, Baudrillard habla de transferencia de situación para expresar la negatividad que engendra la autoafirmación incondicional del poder como hegemonía incondicional, esto es, como terror: en ese 11 de septiembre se enfrenta el terror al terror. El terrorismo es una reversión del poder, y no algo ajeno al sistema del poder; es justamente en tanto que ruptura del pensamiento único, ocultador de la singularidad, que los hechos de ese 11 de septiembre constituyen en sentido estricto un acontecimiento, esto es, el advenir de lo inédito, la emergencia de la singularidad como tal. Al uniformizar la multiplicidad constitutiva de lo real, la globalización del lenguaje de la guerra destruye el pensamiento. A la manera de una fórmula mágica, la palabra terrorista predetermina el significado de las situaciones y acciones humanas, ocultando su complejidad. Si no hay nada nuevo bajo el sol, si todo es igual, si afganos y colombianos, guerrilleros y paramilitares son lo mismo, no hay nada que pensar. Desde esta lógica del lenguaje de la guerra, indagar por el sentido y el significado de lo concreto existente, y revelar sentidos y significados que desbordan el marco preestablecido por la esencia o, como dice Baudrillard, por el pensamiento único 32
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
–que entendemos por nuestra parte como no-pensamiento, ausencia de pensamiento– equivale a un acto terrorista. Pensar es terrorista. Ejercer la función crítica, propia del pensar, es terrorismo. La filosofía, entre otros modos del pensar, es intrínsicamente terrorista. O, desde la perspectiva de Jacques Derrida, podríamos decir que el pensar crítico de la soberanía incondicional es gamberro (voyou, rogue), según el significado que la soberanía unilateral y no compartida asigna a este término para designar al otro en tanto que cuestionamiento soberano de esta soberanía incondicional7. O, para decirlo con una palabra más arraigada en nuestra historia y nuestra cultura, la filosofía es «chusmera». Como el chusmero, que escapa a la normalización impuesta por la dominación conservadora, la filosofía escapa a la normalización impuesta por el pensamiento único, esto es, el no pensamiento o la pura ideología de la dominación. Desde esta perspectiva, toda verdadera filosofía sería filosofía chusmera. En tanto que ocultamiento de lo complejo, la ausencia de pensamiento que acompaña el uso estereotipado de la fórmula terrorista es una forma de enajenación de la realidad. Esta enajenación tiene un carácter nuevo, en relación con la enajenación que implicaba el uso estereotipado de la fórmula bandolero. Con el uso sistemático de la palabra-guerrera terrorismo, tal como es instrumentalizada globalmente desde el 11 de septiembre de 2001, estamos significando sectores de nuestra realidad con un estereotipo extraño, fabricado por otros intereses para servir intereses que no corresponden necesariamente a los de la sociedad colombiana. Nos estamos viendo con gafas ajenas. En este sentido, se reduplica la enajenación, se 7
«Para justificar esta unilateralidad soberana, esta soberanía no compartida, esta violación de la institución juzgada democrática y normal de las Naciones Unidas, para dar razón a esta razón del más fuerte, era necesario entonces decretar que el Estado que se consideraba agresor o amenazador actuaba como un Estado gamberro. Como lo decía bien Robert S. Litwak: “Un Estado gamberro es aquel que los Estados Unidos definen como tal”. Y esto en el mismo momento en que, anunciando que actuarían unilateralmente, los Estados Unidos se afirmaban ellos mismos como Estados gamberros». J. Derrida, extracto del libro Voyous (2002). 33
Alfredo Gómez-Müller
agrava el desfiguramiento de la realidad. Con la fetichización del Otro como puro terrorista, esto es, como caso contingente de una Esencia universal preestablecida, se sustituye la realidad por una ficción uniformizadora, rompiendo la dialéctica, constitutiva de la realidad humana, entre realidad y ficción. La ruptura de esta dialéctica, característica del lenguaje de la guerra, transforma al lenguaje en simple ficción. El estereotipo terrorismo es en sí mismo una ficción, en el sentido de lo que Sartre denomina la singularidad general: son producciones ideológicas que pretenden «hacerse pasar por realidades singulares e históricas, siendo tan solo la unidad puramente formal de relaciones abstractas y universales» (Sartre, 1960, p. 26). Las singularidades generales, que son por sí mismas ficciones, transforman la realidad en ficción al pretender encasillarla de entrada dentro de marcos interpretativos preestablecidos, ocultando su singularidad y su diferencia. Son productos del dogmatismo, que pretende reducir a priori la complejidad de lo múltiple a la unidad, usando de simplificación, de amalgama, de reduccionismo y de pura abstracción. Fabricar singularidades generales equivale a no pensar, porque pensar es diferenciar. En este sentido podría decirse con Derrida que lo único que el pensar piensa es la diferencia. Pensar es diferenciar: acoger la complejidad de lo real, no reducir lo real a la simplificación uniformizadora, definitiva y ficticia que se pretende imponer a priori. En los años cincuenta –que también son los años sin cuenta, como bien decía Enrique Buenaventura– López Pumarejo pensaba, en la medida en que, oponiéndose al lenguaje de la violencia oficial, diferenciaba al bandolero del guerrillero. Pero, en aquella situación, pensar no era una mera operación intelectual. Oponerse al lenguaje de la guerra significaba de hecho oponerse a la pacificación o, en positivo, proponer la paz como política, proponer la política. El pensar conlleva, como lo revela la situación de López en 1952, una dimensión práctica –ética y política–. Oponer el lenguaje de la paz al lenguaje de la guerra es oponer la política a la guerra. Esta convergencia entre el pensar y la política parten de una raíz común, que es el reconocimiento de la diferencia, la acogida de la multiplicidad y con ella de la comple34
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
jidad: sin diferenciación ni reconocimiento de la multiplicidad no hay ni pensamiento ni política en sentido estricto.
Diferenciación y política
Más de medio siglo después de la carta de López Pumarejo, en un tiempo en el que sigue abierta la alternativa entre política de paz y pacificación, observamos la misma correlación fundamental entre diferenciación y política, o, para decirlo negativamente, entre no diferenciación y guerra. La observamos, por ejemplo, en el incidente que opuso, en mayo de 2003, a James Lemoyne, asesor especial del secretario general de la ONU para Colombia, a la ministra de Defensa del gobierno de Uribe. Respondiendo a una pregunta en la que una periodista resumía la caracterización de las FARC que hace el actual gobierno como «organizaciones terroristas dedicadas a lucrarse del petróleo, la coca, el secuestro, sin ningún fin político», Lemoyne, dice: Las FARC son una organización que hace acciones terroristas, mata inocentes, desplaza, trafica, secuestra masivamente, controla recursos económicos naturales e ilícitos, pero la columna vertebral de las FARC es entre mil y mil quinientos hombres y mujeres con una profunda formación política, que tienen entre 15 y 30 años de lucha. Los comandantes de frentes, de bloque, de estado mayor, del secretariado, son un mando político-militar serio. Un campamento de un comandante es un trozo de bambú y un montón de mosquitos. Sus pertenencias son una mochila y el fusil. Dicho esto, las FARC pagan un enorme precio por vivir de la droga y del secuestro. Esto corrompe y endurece a cualquiera (Lemoyne, 2003).
El discurso de Lemoyne es, en lo esencial, un discurso de diferenciación: la guerrilla a la que se refiere hace acciones terroristas, pero su identidad o su realidad no se reduce al terrorismo; trafica, pero no por ello puede ser caracterizada simplemente de mafia o de narcoguerrilla: sus dirigentes, en vez de vivir en palacios con lavamanos provistos de grifos de oro, habitan en trozos de bambú y no tienen más pertenencias que su mochila y su fusil. Se trata de 35
Alfredo Gómez-Müller
una organización que tiene un significado político, pero que está pagando un enorme precio por aceptar medios de autofinanciación éticamente ilegítimos. Dos días después de ser publicada la entrevista, reacciona la ministra de Defensa, acusando al funcionario de la ONU de apoyar al terrorismo –lo cual es una manera de sugerir que el propio Lemoyne es terrorista–. Diferenciar, rechazar la amalgama y la simplificación, equivale a hacer terrorismo, o, más grave aún, a ser «terrorista». La expresión política de este conflicto entre diferenciación y no diferenciación se manifiesta, de manera suficientemente transparente, en el comunicado que emite Lemoyne en respuesta a las acusaciones de la ministra: «el ejercicio de buenos oficios requiere entender a quienes están involucrados en el conflicto para así poder tratarlos y alcanzar una solución negociada. Eso no significa tomar partido»8. Para llegar a la paz se requiere el diálogo, para llegar al diálogo se requiere poder «tratar» con todas las partes implicadas en el conflicto, y para poder tratar con una parte se requiere «entenderla», esto es, diferenciarla, asumirla en su complejidad, no caracterizarla a partir de una esencia abstracta y preestablecida –como se hacía en los tiempos del macartismo. Diferenciando se construye una política de paz; no diferenciando, no pensando, se opta por la pacificación, esto es, por la guerra y la no política. Porque la guerra, en efecto, no es de ninguna manera la «continuación de la política por otros medios», como pretendía Clausewitz, y como se suele entender actualmente en la escena internacional y en Colombia; pensada desde su significado primordial, que Hannah Arendt ha contribuido a revelar, la política 8
36
«Asesor especial de las Naciones Unidas responde a Ministra de Defensa que no defiende el terrorismo» (El Tiempo, 2003). La correlación entre diferenciación y opción por el diálogo aparece de manera manifiesta en el texto de la entrevista citada: «Nuestros oficios están enfocados en buscar, nutrir y reforzar cualquier intento serio de solución negociada al conflicto armado y a la crisis humanitaria, por lo que reconocemos a las FARC y el ELN como actores políticos de este conflicto, con los cuales mantenemos contacto a pesar del rompimiento del proceso de paz. No creemos que haya solución militar al conflicto». De manera general, el lenguaje de Lemoyne excluye la palabra «terrorista» para nombrar a la guerrilla, que es designada por el nombre propio de la organización.
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
es en lo fundamental el espacio de la palabra pública9, y no el escenario del chantaje de la fuerza. El lenguaje de la guerra contradice la política, y la pretensión de hacer pasar por política el lenguaje de la guerra revela tan solo la profunda enajenación de lo político en la modernidad individualista, tanto en Colombia como en otras partes del mundo.
Diferenciar y relacionar
Para intentar pensar la crisis colombiana se requiere asumir su complejidad, estableciendo las diferenciaciones necesarias. Sin embargo, pensar no es simplemente diferenciar, en el sentido de un mero separar una cosa de otra, alineándolas en serie unas al lado de otras. Decir que la crisis colombiana tiene determinantes políticos, sociales, históricos, económicos, culturales, &c., no es todavía pensar la crisis. Pensar es también relacionar, diferenciar relacionando. Comenzaremos a pensar la actual crisis de nuestro país, y a entenderla, cuando seamos capaces de articular racionalmente las múltiples condiciones y determinantes –históricos, culturales, económicos, políticos, sociales, &c.– que intervienen en ella. Cuando seamos capaces de crear un saber verdaderamente transversal, construido interdisciplinariamente, superando tanto el conflicto de las facultades como la separación entre la academia y la sociedad. Pero el diferenciar relacionando, propio del pensar, es siempre a la par un relacionar diferenciando. No se puede pensar la relación sin diferenciación de los términos, esto es, sin la diferenciación que crea la relación misma, y que se traduce en la no equivalencia de los significados de los términos. 9
«Desde que la función del lenguaje está en juego, el problema se torna político por definición, puesto que es el lenguaje lo que hace del hombre un animal político» (Arendt, 1983, p. 36). «Si entendemos lo político en el sentido de la polis, su fin o raison d’être será de crear y conservar en la realidad un espacio en donde la libertad como excelencia pueda surgir. Tal es el espacio en donde la realidad del mundo, tangible en palabras que se pueden escuchar, en actos que se pueden ver, en acontecimientos de que se habla, que se recuerdan y que transforma en historias antes de incorporarlos al gran libro de la historia humana. Todo lo que sucede en esta escena es, por definición, político…» (Arendt, 1972, pp. 200-201). 37
Alfredo Gómez-Müller
Consideremos, a este respecto, la siguiente caracterización del conflicto armado y de la guerrilla actual, hecha por Hernando Gómez Buendía, ex director del Instituto de Estudios Liberales y coordinador general del Informe Nacional de Desarrollo Humano (2003) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al presentar el informe a la prensa: «El conflicto es muchas cosas. Tiene razón el Estado al llamar “terroristas” a los grupos armados; tiene razón la izquierda al hablar de ellos como de “proyectos políticos revolucionarios”, pero ninguno tiene razón al omitir todo lo demás» (El Tiempo, 2003). Cada parte, el Estado o más precisamente los gobernantes actuales, por un lado, y lo que Gómez Buendía denomina la izquierda, por otro lado, tiene pues unilateral e igualmente razón. Teniendo cada parte en parte la razón, la razón de cada parte es equivalente a la razón de la otra, como 1 es equivalente a 1. Se tiene exactamente la misma razón al designar a la guerrilla como terrorismo y como proyecto político revolucionario, sin que exista aparentemente ningún criterio racional para distinguir la no equivalencia de ambas razones: ni el análisis semántico, ni el histórico, ni el sociológico y político podrían aportar ningún elemento de juicio para decidir en qué sentido sería verdadera o falsa cada una de estas caracterizaciones contrarias de la guerrilla. A este nivel, no habría espacio ni para lo verdadero ni para lo falso, puesto que todo sería relativo a la posición del enunciante. Desde este relativismo metodológico que, como veremos, tiene raíces ideológicas, se cae en la no diferenciación característica del no pensar: todos los gatos son pardos o, como decía Hegel, todas las vacas son negras (Hegel, 1993, p. 80). Pero si cada parte tiene en parte razón, se podría obtener la razón verdadera simplemente adicionando las razones equivalentes de cada parte: la razón de los gobernantes actuales + la razón de la izquierda = la verdad. Desde esta racionalidad puramente analítica, abstracta y niveladora, se pretende establecer lo verdadero y lo falso aditivamente, sumando términos equivalentes y reducibles uno al otro. La seudo-relación que se establece así entre los términos es una relación de pura exterioridad, ideada por fuera de la interacción conflictiva y compleja entre esas dos singulari38
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
dades concretas que son el gobierno y la guerrilla. La función de esta verdad aditiva o verdad-suma es, precisamente, suprimir abstractamente el conflicto, suprimiendo la singularidad concreta de sus protagonistas: como la razón de cada parte es equivalente a la razón de la otra, y como cada parte dispone igual y unilateralmente de una parte de la razón, bastaría con que cada parte incorporara a la otra parte, la parte del otro, para que tuviese plenamente razón. Con ello se suprimiría el conflicto. El problema es que, en la realidad histórica, no todo es equivalente e intercambiable, como en el modelo mercantil. Los conflictos no se resuelven sumando razones, porque los significados y las exigencias que la historia pone en juego no son equivalentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, la propaganda de Hitler y de sus colaboradores de Vichy utilizaba la palabra terroristas para designar a las personas que se oponían activamente a la ocupación nazi. Por su parte, estas personas, que realizaban actos de sabotaje y de eliminación física de nazis y aún de civiles colaboradores, se autodenominaban soldados de la Resistencia o simplemente resistentes. Estas dos designaciones no son equivalentes, en el sentido de ser igualmente razonables. De hecho, expresan dos racionalidades antagonistas que articulan visiones del hombre y de la sociedad irreductibles10. ¿Quién tenía razón? Lo verdadero y lo falso de cada una de estas designaciones no se puede determinar de manera abstracta, ni se puede resolver diciendo que tanto los nazis como los resistentes tenían cada uno en parte razón. Para nosotros, los nazis no tenían razón, los resistentes no eran terroristas. Pero esto solo podemos afirmarlo arraigándonos en una cultura ética y política, en una memoria social de reivindicaciones de justicia y libertad, dentro de las cuales incluimos las acciones de la Resistencia. Es solo desde la historia, y no por fuera de ella, que podemos decidir si los resistentes eran resistentes o terroristas. Juzgamos en la historia, no somos nunca observadores exteriores a esta. 10
Sobre el tipo de racionalidad que funda la opción de la Resistencia francesa frente a la colaboración, véase las reflexiones de Maurice Merleau-Ponty (1980, pp. 130sq, 196sq, 203sq). 39
Alfredo Gómez-Müller
La pretensión de determinar la justa designación de la insurgencia colombiana sumando la razón del Estado y la razón de la izquierda, adoptando un punto de vista puramente racional, desprendido de todo interés ideológico particular, es en sí misma una ideología particular. La racionalidad analítica asume una función ideológica en la medida en que articula una visión acrítica de lo humano como cosa reducible a la uniformidad del objeto: los seres humanos y sus obras no son singularidades, sino simples casos de modelos generales; por eso, los significados de los seres y sus obras son finalmente equivalentes, se pierden en la relatividad general del sentido, desaparecen como meros epifenómenos en el sinsentido de la historia. La ideología analítica dispone lo humano como objeto de la ciencia, y no como sujeto de la interpretación; como método y no como verdad, decía Gadamer (1960). De esta manera, ocultando el fondo hermenéutico de la verdad, y con ello el conflicto de las interpretaciones, la ideología analítica desfigura el sentido del conflicto humano. Los conflictos, como el conflicto armado colombiano, serían la suma de múltiples factores, y no la relación de interdeterminación recíproca en el seno de esa multiplicidad conflictiva. Por eso los conflictos no se resuelven políticamente, sino administrativamente: por medio de recetas de expertos para administrar la guerra, administración bélica que puede y debe incluir formas de administración económica, social y política orientadas hacia la pacificación, esto es, decididas por fuera del diálogo y por ende de la política. Frente a la guerra actual, la ideología analítica es en su fondo ideología de la pacificación, y no política de paz11.
La muerte de la política
Hoy, como hace medio siglo, quienes gobiernan el país han optado por el lenguaje de la guerra: por la pacificación y no por la 11
40
«No es cierto que la guerra se gane solo con mano dura o que la paz se logre solo con dialogar, y no es cierto que el espectro de políticas útiles se agote en la “bala y el diálogo”» (Gómez Buendía, 2003, p. 37). Como en la caracterización de la insurgencia, lo cierto o la razón verdadera se obtiene sumando y restando: la paz = mano dura + diálogo - mano dura + diálogo (bala y el diálogo) = 0.
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
política de paz. Al igual que la palabra armada bandolero, la palabra armada terrorista es usada para borrar el significado político de la insurgencia y, con ello, excluir la posibilidad del diálogo y de la política. El lenguaje de la guerra es la muerte de la política. Contra el diálogo y la política, la palabra armada terrorista se dirige a lo emocional, para armar la emoción contra la razón. Este vínculo entre el lenguaje primario de la guerra y lo emocional ha sido reconocido por el periodismo responsable: así, a pesar del descontento de los círculos guerreristas estadounidenses, la agencia de prensa internacional Reuters se ha negado a utilizar la palabra terrorista, consecuente con su política de «no emplear términos de fuerte carga emocional y de no tomar partido», y consciente del hecho de que muchos gobiernos en el mundo confieren al término terrorismo un sentido muy amplio, con fines de política interior (Le Monde, 2002)12. Desde la época de la Violencia hasta nuestros días, el lenguaje de la guerra ha sido la opción prioritaria y casi exclusiva de la dominación, esto es, del sistema de relaciones de poder que asegura la hegemonía de un sector particular y minoritario de la sociedad colombiana sobre el resto de la sociedad, en las diversas esferas de la actividad social (política, económica, educativa, cultural). Desde hace medio siglo, los gobernantes del país han optado predominantemente por la pacificación y no por la política de paz: por la pacificación sin disfraz, como en la época de Urdaneta Arbeláez o en la época actual, o por la pacificación disfrazada de política de paz, como bajo la dictadura de Rojas Pinilla, el Frente Nacional y los diferentes gobiernos posteriores al Frente Nacional, hasta el 12
«L’utilisation du terme “terroriste” fait l’objet d’un débat». En Colombia, a pesar de los esfuerzos de algunos periodistas independientes, la prensa está todavía muy lejos de lograr este esfuerzo de objetividad. En un debate que tuvo lugar en Madrid a finales de 2003, se ha dado incluso el caso de periodistas que, como Ana Mercedes Gómez y Plinio Apuleyo Mendoza –que era por lo demás embajador del actual régimen colombiano en Portugal– piden que se restrinja en Colombia la libertad de informar y que se sancione a los periodistas que entrevisten a «terroristas». Véase El Tiempo (internet) (2003). Sobre el papel de los medios de comunicación colombianos en el proceso de paz de los años 1980 y 1990, véase Patricia Lara Salive (2003, pp. 365-371). 41
Alfredo Gómez-Müller
gobierno de Andrés Pastrana. Han existido, sin embargo, distintas iniciativas de paz, que han llevado, entre 1990 y 1991 (finales de la administración Barco y principio de la de César Gaviria), a la firma de acuerdos de desmovilización con los insurgentes del M-19 (marzo 9 de 1990), del PRT (enero 25 de 1991), de un sector del EPL (febrero 15 de 1991) y del Movimiento Quintín Lame (mayo 27 de 1991). Con la firma de estos acuerdos, a los cuales se agrega en 1994 una serie de nuevos acuerdos firmados con otras organizaciones (Corriente de Renovación Socialista, Comandos Ernesto Rojas, Frente Francisco Garnica, Milicias Populares de Medellín y MIR-COAR), más de seis mil guerrilleros se han desmovilizado y reincorporado a la vida civil. Sin embargo, estos acuerdos de desmovilización, por sí solos, no permiten afirmar la realidad de una política de paz, en sentido estricto, por parte de los gobernantes del país. Apoyamos este juicio sobre dos razones primordiales. La primera de ellas es que tales iniciativas han provenido, en lo esencial, de la insurgencia, y no de los gobernantes: corresponden, más que a un cuestionamiento interno a la dominación, a una evolución política en el seno de la insurgencia; esta evolución parte de la propuesta de diálogo nacional hecha por el M-19 en 1980, y que se acelera a finales de esa década por factores políticos externos (Perestroika, derrumbe del antiguo bloque soviético, desarrollo de los procesos de paz en Centroamérica) así como por la crisis ideológica y teórica de la izquierda13. 13
42
La influencia de estos factores externos ha sido señalada por diversos analistas, cronistas y protagonistas de las iniciativas de paz. Véase Álvaro Villarraga (2003, p. 381); Darío Villamizar H. (2003, p. 347); León Valencia (2002, pp. 101-102). Villamizar subraya que, «a diferencia de lo que opinan algunos políticos y académicos», la iniciativa de diálogo, por parte de la guerrilla, correspondía a un cambio político y no a una situación de debilidad militar» (p. 346). Desde la misma perspectiva, Villarraga anota: «Resulta superficial e infundado el concepto que considera que las organizaciones guerrilleras que negociaron estaban militarmente derrotadas y que supuestamente no lo hicieron las más fuertes. Esta apreciación evidencia un notorio desconocimiento de la evolución del conflicto armado colombiano y de las características de los movimientos» (p. 378).
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
La segunda razón se refiere a la realidad de la aplicación de esos acuerdos de desmovilización. Al cabo de catorce años, la historia de la aplicación de estos acuerdos parciales revela, tanto como las derivas y las incertidumbres de las discusiones, el mantenimiento por parte de la dominación de la opción preferencial por la guerra y de la voluntad de no reformar sustancialmente el orden social, político y económico imperante. Refiriéndose a la aplicación de los acuerdos como el mayor grado de dificultad para lograr la paz, Álvaro Villarraga, antiguo dirigente del EPL y hoy presidente de la Fundación Cultura democrática, anota: Esto puede entenderse si se examina la carencia por parte del Estado de una política de paz y de reconciliación coherente y de largo alcance, y si se observa la falta de consecuencia y continuidad con el proceso de reformas emprendidas, el mantenimiento de políticas de orden público contrarias al proceso de paz, el desaprovechamiento de importantes avances para la convivencia conseguidos en su momento […], que denotan la ausencia de un compromiso integral del poder público a todo nivel (Villarraga, 2003, p. 391).
La descripción que propone Villarraga en su análisis de la aplicación de los acuerdos de los años noventa pone en evidencia no solo una parálisis, sino también, y más grave aún, un retroceso. Los gobernantes del país, anota Villarraga, pretextan que el actual conflicto armado hace imposible aplicar los principios de la nueva Constitución de 1991 –que son seguramente el mayor aporte de las iniciativas de paz de los años 1990–, recurriendo por el contrario a nuevas formas de excepcionalidad que debilitan […] el impacto de los procesos de paz, en la medida que a pesar de registrarse valiosas experiencias en materia de reconciliación, pronto se retomó la tendencia a la confrontación, al debilitamiento y volvieron a presentarse obstáculos ante el proceso de reforma emprendido. Además, no tardaron en evidenciarse los límites del proceso acometido: no se reformó la fuerza pública, pervivió un régimen marcadamente presidencialista y la guerra ahora acentuó el grado de atropellos contra la población civil, a 43
Alfredo Gómez-Müller
la vez que las garantías sociales sufrieron el marcado detrimento propio de la aplicación del modelo económico neoliberal (Villarraga, 2003, p. 392).
Hoy en día, más que limitarse a no aplicar los principios constitucionales de 1991, los gobernantes del país están de hecho intentando desmontar los nuevos espacios de derecho abiertos por la Constitución (recorte a la tutela y a las atribuciones de la Corte Constitucional, en particular). Si la adopción de la nueva Constitución tenía visos de reforma política, lo que hoy se observa es una verdadera contrarreforma orientada hacia la eliminación progresiva de los aportes de las iniciativas de paz de 1990 y 1991. Diversos elementos de la descripción que hace Villarraga coinciden con la que propone otro colaborador de la misma obra colectiva, el mayor general (r) Juan Salcedo Lora: «Las viejas estructuras y vicios siguen presentes en la vida nacional, a pesar de que se creía que las nuevas formas constitucionales las habían erradicado» (2003, p. 353). Desde un horizonte ideológico distinto al de Villarraga, el ex militar señala que la opción fundamental de los gobernantes del país ha sido el lenguaje de la guerra, descartando las necesarias reformas económicas, sociales y políticas que condicionan toda política de paz. En unas épocas, dice Salcedo Lora, los gobernantes han optado claramente por «las soluciones de fuerza, las menos indicadas, que surtieron efectos temporales, toda vez que los fenómenos violentos reaparecían por falta de la elemental consolidación de áreas pacificadas a la brava. Hizo presencia una vez más la cultura política autoritaria, que desconocía los comportamientos elementales de una democracia en gestión»; en otras, han pasado a procesos de paz improvisados, en los que en definitiva «no se concretaron soluciones radicales y se dejó a la mitad del camino el verdadero proceso de cambio de las circunstancias». Entre las élites gobernantes nadie ha entendido el significado del fenómeno de la violencia, afirma Salcedo Lora, ni ha atendido la exigencia de soluciones a la vez políticas, económicas y sociales (p. 350). La conclusión del ex militar confirma la ausencia de lo que llamaríamos una política de paz: «no ha existido una definición respecto a este tema 44
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
[la paz] […]; por lo cual las soluciones han carecido de una verdadera orientación […]. No ha existido una estrategia político-militar que gobierne los comportamientos, y por tal razón los efectos han sido puramente coyunturales y parciales» (p. 352). La ausencia de una tal orientación confirma la inexistencia de una política de paz: lo que existe es pacificación. La democratización de la vida y de las instituciones políticas, en miras a la creación de un verdadero espacio público, fue la principal exigencia de la insurgencia en las discusiones de finales de los años ochenta y principios de los noventa. Pero, a pesar de algunos logros parciales como la elección popular de alcaldes y el reconocimiento oficial del carácter multicultural de la sociedad colombiana, que son un eco de esa exigencia, el Estado sigue siendo incapaz de garantizar la integridad de los nuevos actores políticos14 y de la sociedad civil (sindicalistas y defensores de los derechos humanos, en particular). Más grave aún, los actuales gobernantes vienen adoptando una posición abierta y sistemáticamente hostil frente a las organizaciones de derechos humanos, hasta el punto de llegar a colgarles también el sambenito de terroristas: en octubre de 2002, se allanan los locales de la Asamblea Permanente por la Paz, mientras que el ministro del Interior afirma que las ONG humanitarias son parte de la estrategia de la insurgencia (El Tiempo, 2002); el 9 de septiembre de 2003, el presidente de la república acusa, delante de la cúpula militar del país, a ochenta organizaciones humanitarias de ser voceros del terrorismo15; el 16 de junio de 2004, de nuevo ante un auditorio de 14
Comentando el asesinato de más de 4000 dirigentes y activistas de la Unión Patriótica desde l985 (y, entre ellos, cien activistas asesinados en los dos últimos años), Iván Cepeda, director de la Fundación Manuel Cepeda Vargas, ha señalado que esta exterminación «es un mal mensaje para cualquier grupo (armado ilegal) que quiera intentar la actividad política por la vía de acuerdos de paz» (El Tiempo [internet], 2004). 15 Con este ataque el jefe del ejecutivo pretendía responder al informe El embrujo autoritario, un balance crítico de su primer año de gobierno en lo referente a derechos humanos, elaborado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. La Plataforma reúne a un grupo de ochenta ONG, entre las cuales figuran la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro de Investigación y Educación Popular 45
Alfredo Gómez-Müller
militares, declara que, con sus palabras y sus acciones, Amnistía Internacional quisiera que el terrorismo triunfara en Colombia, agregando: «a mí no me preocupa el apoyo de Amnistía Internacional, con el cual nunca vamos a contar» (El Tiempo, 2004)16. Desde este lenguaje de la guerra, la pacificación implica necesariamente la negación de los derechos humanos, dado que la exigencia de su respeto efectivo es tildada como terrorismo. Los derechos humanos mismos deben ser pacificados para establecer la seguridad de todos. Pacificados, ante todo, de su carga de universalidad concreta. La pacificación, y no la política de paz, es entonces la opción que ha dominado desde hace medio siglo entre las élites gobernantes del país. Como anota otro colaborador del citado texto Tiempos de paz, en Colombia «No hay, no ha habido un verdadero proceso de paz» (Valencia, 2003, p. 337). Esta afirmación podría, a primera vista, parecer paradójica, viniendo de un ex insurgente reincorporado a la vida civil. Su autor, León Valencia, la justifica sin embargo partiendo de una diferenciación conceptual entre modelo de reconciliación nacional, modelo paralelo de paz y modelo residual de paz. (Cinep), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Frente a la condena en Colombia y en el exterior (Unión Europea, Human Rights Watch, Amnistía Internacional), el presidente ha mantenido el contenido de sus declaraciones, reduciendo el incidente a una cuestión de «tono». Véase El País, septiembre 9 de 2003; El Tiempo (internet), septiembre 9 de 2003: «Una salida de tono, a propósito de la reacción de Uribe contra ciertas ONG (Editorial)»; El Tiempo (internet), septiembre 10 de 2003: «Críticas dentro y fuera del país por réplica de Álvaro Uribe a organizaciones de derechos humanos»; «Human Rights Watch dice sentirse “aludida y ofendida” por afirmaciones del presidente Uribe»; El Tiempo (internet), septiembre 16 de 2003: «El presidente Álvaro Uribe dispuesto a disculparse con las ONG». 16 En su respuesta a estas acusaciones, Amnistía Internacional –organización mundialmente reconocida por su seriedad y su imparcialidad– señala: «Una vez más vemos cómo este gobierno intenta deslegitimar a las organizaciones de derechos humanos para ocultar el alcance real de la crisis de derechos humanos y su responsabilidad en ella» (El Tiempo [internet], 2004). Véase también la crítica de la administración estadounidense (El Tiempo [internet], 2004). 46
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
En el modelo residual, las iniciativas de negociación tienen un significado puramente táctico, subordinado a la opción fundamental por la guerra: se trata de restarle legitimidad al adversario o de debilitarlo promoviendo la desmovilización individual de combatientes; es el modelo que se está gestando desde la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe, dentro de un proyecto de guerra orientado a producir una derrota de la insurgencia (p. 337sq). En el modelo paralelo, que correspondería a la situación colombiana de los años noventa, se observa la presencia simultánea de dos opciones contrarias y contradictorias: por una parte, se esboza una incipiente legislación para la paz (una política de paz, se podría tal vez decir) y se lanzan proyectos de reinserción económica y social de los alzados en armas; por otra, se duplica el presupuesto de defensa y se establecen nuevos instrumentos legales para intensificar la confrontación militar. En fin, en el modelo de reconciliación nacional, que correspondería según el autor a la paz firmada en El Salvador en 1992, la paz surge de concesiones mutuas entre las partes, a partir de la decisión de una de ellas de llegar a un final cerrado o negociado, dada la improbabilidad de alcanzar sus objetivos por la fuerza. En Colombia, tal modelo no se ha dado en los últimos cuarenta años: se ha ignorado el conflicto o se ha buscado darle un tratamiento exclusivamente militar. Hoy en día, la implementación del modelo de reconciliación implicaría, por parte del gobierno, una propuesta de participación decisoria en el poder para las guerrillas, y, por parte de estas últimas, la desmovilización y su transformación en organizaciones políticas (p. 337sq). La diferenciación conceptual que plantea León Valencia, y que le permite afirmar que en Colombia no hay, no ha habido un verdadero proyecto de paz, tiene ante todo el mérito de plantear una pregunta de fondo: ¿qué es una política de paz?17.
La política de paz, alternativa a la pacificación
Según Efraín Sánchez, sí hay y sí ha habido proceso de paz en Colombia: los diferentes casos particulares de negociación, 17
O, como dice el historiador Efraín Sánchez: «¿Qué es un proceso de paz?», «Apostilla» (Sánchez, 2003, p. 394). 47
Alfredo Gómez-Müller
exitosos o fracasados, que han tenido lugar desde hace varias décadas se inscriben dentro de ese proceso. Desde esta perspectiva, extremadamente amplia, cualquier acto de negociación entre las partes en conflicto sería parte del proceso general de paz, independientemente del proyecto que motiva la negociación y, en particular, independientemente del tipo de relación que pueda existir entre la negociación y la acción bélica. Dejando de lado la cuestión de saber si una política de paz puede ser entendida en términos de proceso18, el principal problema que plantea este uso (Sánchez no propone ninguna definición) tan general de la expresión «proceso de paz» es, para decirlo con los términos de López Pumarejo, que no permite diferenciar realidades históricas irreducibles como son la política de paz y la pacificación. Sobre este punto, la diferenciación que propone Valencia nos parece pertinente. Tiene razón Valencia en asociar el diálogo de paz propiamente dicho a la disposición a llegar a un acuerdo razonable para todas las partes, por medio de concesiones mutuas. No hay paz sin concesiones mutuas, esto es, sin verdaderas concesiones: la paz de Rojas Pinilla, en la que el esfuerzo del gobierno se limitó en muchos casos a entregar a los guerrilleros desmovilizados una bolsa con un pantalón y un paquete de cigarrillos19, no fue paz, sino pacificación –como se pudo verificar al poco tiempo, con los múltiples asesinatos de guerrilleros desmovilizados–. Las concesiones tampoco pueden limitarse a las simples condiciones del diálogo (por ejemplo, zona de despeje o no) o a las condiciones de la amnistía y de la reinserción individual de 18
Es decir, en los términos de un desarrollo anónimo, sin sujeto, en función de determinantes puramente externos y formalmente preestablecidos. Desde una perspectiva análoga, cabría igualmente interrogarse sobre la pertinencia del término «negociación» para caracterizar al diálogo propiamente político. 19 «[…] por respeto y amor a nuestro jefe [Guadalupe Salcedo], entregué mi fusil ametralladora […] Pero más sorpresa tuve. Me hicieron entrega de un taleguito de papel, una libra de fríjol, una camisa, un pantalón […] un sombrero de paja enrollado recibieron mis manos, unas quimbas, una caja de fósforos, un paquete de cigarrillos, una libra de azúcar, tal vez para refrescar el corazón, unos palillos, una burla completa…». Testimonio oral de Plinio Murillo («capitán Veneno») (Alape, 1987, p. 158). 48
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
los combatientes. Las concesiones deben tener básicamente un carácter político, esto es, deben implicar reformas sustanciales en el orden político, social y económico, como anota el mayor general Salcedo Lora. Toda discusión de paz que no se relacione con un proyecto político general que integre este tipo de concesiones, desde una perspectiva de verdadera reforma de instituciones y estructuras, no puede ser llamada en sentido estricto una política de paz. La paz, como anota justamente Valencia, sería aquí algo meramente residual, al servicio de una opción preferencial por la guerra. Por otra parte, los términos del modelo de diferenciación que propone Valencia nos parecen plantear por lo menos dos problemas. El primero concierne a su caracterización del modelo paralelo de paz: el desarrollo paralelo, contrario y contradictorio, de un proyecto de guerra y de lo que podría ser el esbozo de un proyecto de paz no parece corresponder a un modelo sino más bien a una determinada evolución de contradicciones internas a la dominación, que es una realidad compleja, en movimiento y múltiple20. El segundo problema, más fundamental, se refiere a su concepción del diálogo, que es la base del modelo de reconciliación, es decir, de la política de paz. Desde la perspectiva de Valencia, los sujetos del diálogo de paz se reducen a los contendientes militares: en el contexto colombiano, el diálogo opondría simplemente las demandas de la insurgencia a las demandas del Estado. Esta concepción del diálogo parece sin embargo problemática desde el punto de vista de una política de paz. En efecto, toda política de paz es ante todo una política. Si entendemos con Arendt lo político como el espacio público de la pluralidad, el diálogo político no puede circunscribirse al intercambio entre dos aparatos, y su objeto no puede limitarse a la conquista de instancias de poder en el seno del Estado. De cara a la complejidad de los factores de la guerra, un diálogo verdaderamente político debería asociar al conjunto de la sociedad civil, esto es, a la multiplicidad de gremios, sindicatos, asociaciones laicas y religiosas, organizaciones no gubernamen20
Para desarrollar esta hipótesis interpretativa sería por supuesto necesario llevar a cabo un estudio profundo de la génesis de la Constitución de 1991. 49
Alfredo Gómez-Müller
tales, partidos políticos, grupos indígenas y afrocolombianos y otras formas de libre asociación de los individuos. No se puede resolver el problema de las plantaciones de coca y amapola sin un verdadero diálogo con la población rural concernida; no se puede abordar el problema central de la redistribución del ingreso si la discusión no incluye a quienes no forman parte del 20% de familias que concentran el 52% de los ingresos totales del país; no se puede tratar el problema del desplazamiento con solo recetas de reales o supuestos expertos, dejando sin voz a los propios desplazados. Los actores políticos no se reducen a los partidos políticos, ni deben ser necesariamente profesionales de la política. Frente a la política como lógica administrativa, la movilización de la sociedad civil aparece, hoy en día, como una condición esencial a la vez para la construcción de la paz y para un renacer de lo político, que hasta hoy viene siendo asesinado tanto por el lenguaje de la guerra como por la lógica administrativa –y el clientelismo es algo que se administra–. Las condiciones para un tal renacimiento parecen ser favorables en Colombia, donde la sociedad civil se ha desarrollado considerablemente en los últimos años, debido a las carencias del Estado y de las instituciones políticas. A este desarrollo ha contribuido grandemente una parte de los insurgentes desmovilizados entre 1990 y 1994 que, como anota Villarraga, han vitalizado el terreno asociativo con la creación de múltiples organizaciones no gubernamentales que adelantan una labor social y política importante, a pesar de la insuficiencia de la ayuda pública. Desde esta experiencia, sostiene Villarraga que «hay síntomas de que la consecución de la paz no dependerá solo del entendimiento entre el Estado y las guerrillas: la sociedad civil también representará un factor determinante» (2003, p. 392). Desde esta perspectiva, podría decirse que la implementación de una política de paz no debe tener un carácter puramente coyuntural. En tanto que creación del espacio público de la pluralidad, la política de paz implica una transformación del sentido mismo de la política. En cierta forma, la paz es algo que se debe recrear incesantemente, desde la sociedad civil y no desde el Estado. El Estado, en todo caso, según el modelo tradicional, es el gendarme de la paz 50
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
entre los ciudadanos: por medio de sus leyes e instituciones de represión mantiene el conflicto social dentro de los límites que exige la coexistencia. El Estado asegura la paz, pero no crea paz. Asegura la coexistencia, pero no crea la convivencia. La paz y la convivencia solo pueden ser (re)creadas en común por los conciudadanos; en una sociedad bien ordenada, esta recreación debería contar con el apoyo del Estado. Recrear dialógicamente la paz significa redefinir de manera incesante las condiciones de la paz, que van desde el reconocimiento de las libertades individuales hasta la justicia (re)distributiva. En esta redefinición constante, la sociedad redefine de hecho lo que para ella tiene sentido y valor. Por eso, desde la perspectiva de la política de paz, la paz no se define simplemente como la negación de la guerra. En tanto forma dialógica de la relación interhumana, la paz es esencialmente política, entendiendo por política no la administración, sino la común (re)creación de valores y sentidos. Referencias bibliográficas
Alape, A. (1987). La paz y la violencia: testigos de excepción. Bogotá: Tercer Mundo (testimonio oral de Plinio Murillo, «capitán Veneno»). Arendt, H. (1972). La Crise de la culture. Paris: Gallimard (Folio) (ed. original: Between Past and Future, 1954). Arendt, H. (1983). Condition de l’homme moderne. Paris: Calmann-Lévy (ed. original: The Human Condition, 1958). Barbosa Estepa, R. (1992). Guadalupe y sus centauros. Memorias de la insurrección llanera. Bogotá: IEPRI-CREC. Baudrillard, J. (2001, noviembre 3). L’Esprit du terrorisme. Le Monde. Clausewitz, C., von (1955). De la guerre (trad. francesa de D. Naville). Paris: Éditions de Minuit. Derrida, J. (2003, enero). Y a-t-il des États voyous? La raison du plus fort. Le Monde Diplomatique (extracto del libro Voyous, Paris: Galilée, 2002). El Tiempo (internet) (2003, mayo 21). Asesor especial de las Naciones Unidas responde a Ministra de Defensa que no defiende el terrorismo. 51
Alfredo Gómez-Müller
El Tiempo (internet) (2003, abril 28). Fiscal General de EE.UU. considera que «frente a narcoterroristas no funciona la negociación». El Tiempo (internet) (2004, agosto 9). Exposición fotográfica rinde homenaje a líderes de la Unión Patriótica (UP) asesinados. El Tiempo (internet) (2004, junio 17). Amnistía califica de «inaceptables» las acusaciones de Álvaro Uribe sobre muertes en La Gabarra; Amnistía Internacional acusa al gobierno de contrariar política de derechos humanos de la ONU. El Tiempo (internet) (2004, junio 18). Estados Unidos no comparte términos de Álvaro Uribe contra Amnistía Internacional. El Tiempo (internet) (2004, junio 18). Presidente Álvaro Uribe reitera críticas contra Amnistía Internacional por no condenar terrorismo. El Tiempo (internet) (2003, mayo 5). Por primera vez, informe que auspicia Naciones Unidas propone soluciones a la guerra en Colombia. El Tiempo (internet) (2003, noviembre 13). Duro debate en Madrid sobre conveniencia o no de controlar la libertad de prensa en Colombia. El Tiempo (internet) (2002, noviembre 16). Organizaciones de derechos humanos critican señalamientos del gobierno de Álvaro Uribe. El Tiempo (internet) (2003, septiembre 16). El presidente Álvaro Uribe dispuesto a disculparse con las ONG. El Tiempo (internet) (2003, septiembre 10). Críticas dentro y fuera del país por réplica de Álvaro Uribe a organizaciones de derechos humanos; Human Rights Watch dice sentirse «aludida y ofendida» por afirmaciones del presidente Uribe. El Tiempo (internet) (2003, septiembre 9). Editorial: Una salida de tono, a propósito de la reacción de Uribe contra ciertas ONG. Franco, E. (1986). Las guerrillas del Llano. Bogotá: Círculo de Lectores. Franchon, A. & Vernet, D. (2003, abril 16). Le Stratège et le philosophe. Le Monde. Gadamer, H-G. (1960). Wahrheit und methode. Tübingen: J. C. B Mohr (Paul Siebeck). Gómez Buendía (2003, mayo 5). Por primera vez, informe que auspicia Naciones Unidas propone soluciones a la guerra en Colombia. El Tiempo (internet). 52
Lenguaje de la guerra, muerte de la política
Hegel, G. W. F. (1993). Phénoménologie de l’Esprit (trad. fran. G. Jarczyk
& P. J. Labarrière). Paris: Gallimard. Lara Salive, P. (2003). Los medios en los avances y retrocesos de la paz de finales del siglo XX. En M. Medina & E. Sánchez (eds.). Tiempos de paz. Acuerdos en Colombia, 1902-1994. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá-Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Le Monde (2002, septiembre 11). L’utilisation du terme «terroriste» fait l’objet d’un débat. Lemoyne (2003, mayo 17). Entrevista. El Tiempo. Levinas, E. (1961). Totalité et Infini. La Haye: Nijhoff. Libération (2001, octubre 27-28). Colombie: la guérilla comparée aux talibans. López Pumarejo, A. (1986). Carta a Mariano Ospina Pérez, 25 de agosto de 1952. En E. Franco, Las guerrillas del Llano. Bogotá: Círculo de Lectores. Medina, M. & Sánchez, E. (eds.) (2003), Tiempos de paz. Acuerdos en Colombia, 1902-1994. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá-Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Merleau-Ponty, M. (1980). Humanisme et terreur. Paris: Gallimard, Colección «Idées» (primera edición, 1947). Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (2003). El embrujo autoritario. Bogotá: Ediciones Anthropos. Salcedo Lora, J. (1990). La paz de finales del siglo XX : avances y retrocesos. En M. Medina & E. Sánchez (eds.), Tiempos de paz. Acuerdos en Colombia, 1902-1994. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá-Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Sánchez, E. (2003). ¿Qué es un proceso de paz? Apostilla. En M. Medina & E. Sánchez (eds.). Tiempos de paz. Acuerdos en Colombia, 1902-1994. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá-Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Sartre, J-P. (1960). Questions de méthode. En Critique de la raison dialectique. Paris: Gallimard. Valencia, L. (2003). Adiós a la política, bienvenida la guerra. Bogotá: Intermedio.
53
Alfredo Gómez-Müller
Villamizar, D. (2003). La paz posible. En M. Medina & E. Sánchez (eds.). Tiempos de paz. Acuerdos en Colombia, 1902-1994. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá-Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Villarraga, A. (2003). Insurgencia y cambio democrático, reflexiones sobre el proceso de paz con el EPL . En M. Medina & E. Sánchez (eds.). Tiempos de paz. Acuerdos en Colombia, 1902-1994. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá-Instituto Distrital de Cultura y Turismo.
54
Genealogía de la premodernidad en Colombia
Adolfo Chaparro Amaya
El problema
Este ensayo ha sido concebido con el propósito de reconocer las condiciones de posibilidad de los enunciados que conforman el archivo de nuestra condición premoderna en momentos singulares de la historia. La estrategia es reconstruir una hipótesis de trabajo sobre la premodernidad que se había venido desarrollando en varios momentos de mi investigación sobre lo que Foucault llama procesos de subjetivación, en el contexto de la formación de Estado-nación en Colombia1. Estos momentos no son explorados a fondo, sino que se exponen como motivos de un debate acerca de la constitución de un nuevo paradigma de acción política que desborde el esquema de reivindicación de los derechos de las minorías y examine críticamente el postulado según el cual las sociedades premodernas son culturas en extinción. La hipótesis es que ese paradigma debe 1
Aunque la mayoría del texto es inédito, para la reconstrucción de la hipótesis he utilizado argumentos y análisis aparecidos en otros textos; véase Adolfo Chaparro (2003; 2004; en prensa). 55
Adolfo Chaparro Amaya
tener en cuenta los movimientos sociales que sirven de fondo a la pregunta por la acción política, pero sobre todo la incidencia que la deconstrucción y la reinterpretación histórica de la noción de sujeto ha tenido en la elaboración de las categorías en uso por las diferentes políticas de identidad. Parto de la imagen del presente, como el telón de fondo sobre el cual las relaciones de poder y los procesos de subjetivación resultan inseparables de la condición global del capitalismo. Pero si bien la instauración global de la modernidad como estilo de vida tiende a hacer irrisoria la crítica a los relatos colonizadores, justo por eso, la inmersión en la historia sigue siendo un buen recurso para reconocer la actualidad de modos de existencia y formas de pensamiento premodernos en la cultura latinoamericana. En el intento de indagar, al tiempo, por la formación de Estado y los procesos de subjetivación, aparece una dificultad insuperable con métodos históricos tradicionales: la ausencia de escritura alfabética que permita establecer el archivo histórico y cultural de la memoria y el pensamiento amerindio en estos cinco siglos de conquista y colonización. Por principio, el discurso público y académico acerca del saber del otro pasa inevitablemente por la traducción a la lengua del conquistador. De ahí la ambigüedad constitutiva del saber que se desarrolla en estas sociedades a partir del siglo XVI. Solo después de la segunda guerra, en el periodo poscolonial, han proliferado diversos métodos –en la etnología, la historia, la lingüística–, para estudiar los pueblos sin alfabeto y sin historia. Deleuze y Guattari han mostrado la ilusión de esta deshistorización de las sociedades primitivas2, 2
56
La idea de que las sociedades primitivas no tienen historia, afirman Deleuze y Guattari, «no nació entre los etnólogos, sino más bien en los ideólogos vinculados a una conciencia trágica judeo-cristiana a la que querían abonar la “invención” de la historia. Si llamamos historia a una realidad dinámica y abierta de las sociedades, en estado de desequilibrio funcional o de equilibrio oscilante, inestable y siempre compensado, que implica no solo conflictos institucionalizados, sino conflictos generadores de cambios, rebeliones, rupturas y escisiones, entonces las sociedades primitivas están plenamente en la historia…» (Deleuze & Guattari, 1985, p. 157).
Genealogía de la premodernidad en Colombia
pero el enfoque de las sociedades primitivas como sociedades sin tiempo fue un lugar común en las descripciones de muchos investigadores hasta finales de los años ochenta. En mi caso, para esta genealogía es tan importante la sucesión de los acontecimientos históricos como las correlaciones, las simultaneidades y las totalizaciones del pensamiento y de las formas de existencia premodernas en Colombia. En esa búsqueda, quisiera hacer explícita una constatación paradójica que me sirve como premisa metodológica: solo con la aparición del discurso sobre la condición posmoderna se hizo plausible un pensamiento sistemático sobre la premodernidad. Significa que solo después de aportes precisos de autores como Foucault (el origen múltiple, no jerárquico, de las racionalidades), Derrida (la gramatología), Lyotard (el diferendo entre géneros de discurso o entre culturas), Deleuze y Guattari (conceptos como régimen de signos presignificantes, máquina territorial, polimorfía de sociedades que son atravesadas por el capitalismo, entre otros), solo entonces, a mi juicio, es posible 1) configurar un discurso filosófico desde afuera de la modernidad, y 2) encontrar en lo premoderno tipos de introspección y géneros de discurso que pueden ser expuestos en las formas de argumentación típicas de la lógica filosófica. En este contexto discursivo es evidente que no hay lugar para identificar genealogía e historia, ya que el interés no es establecer una secuencia cronológica y razonada de hechos, sino la emergencia del concepto de premodernidad, con la heterogeneidad de perspectivas que ofrece una lectura cruzada de las formaciones de saber y las relaciones de poder enfocadas sobre el componente amerindio de la cultura colombiana. Con esas precauciones, quizás, una perspectiva genealógica de la premodernidad en Colombia sea útil para percibir cómo las capas de sentido sedimentadas en estos cinco siglos de historia aparecen en la superficie de la actualidad, interpelando la discusión entre comunitaristas y multiculturalistas que parece ineludible en los estudios sobre reconocimiento y políticas de la identidad.
57
Adolfo Chaparro Amaya
La Conquista como diagrama de la forma Estado
El momento fundacional de la política de sometimiento impartida por el naciente imperio español se legitima en el derecho supremo e inalienable de la Corona para detentar y ejercer el monopolio de la violencia contra los criminales, esto es, contra los salvajes, antropófagos o idólatras nativos. Este monopolio de la violencia es concomitante –y tiende a convertirse en mecanismo privilegiado de control, en dispositivo inevitable– del progreso, el buen gobierno y la civilización de los primeros 300 años de la historia de América Latina. Se trata de una violencia de Estado que esgrime y administra su fundación heroica como una suerte de fuerza ordenadora, capitalizada durante siglos y que, a la postre, coincide en su emergencia con la acumulación originaria del modo de producción capitalista en las distintas colonias europeas consolidadas en Asia, África y América a partir del siglo XVI. Una manera de ver el destino de esa violencia es mostrar su transformación en instituciones imperiales, como bloques de una superestructura presidida por la voluntad real. La otra es analizar el deseo de Estado imperial como una operación generalizada de sobrecodificación de las culturas amerindias que tiene su realización en muy precisas formas de producción, registro y consumo. Desde luego, con diversos grados de asimilación y eficacia de las estrategias de conquista, estas dos maneras de estudiar la historia expresan los dos polos que coexisten bajo una relación de exterioridad durante la Conquista y la colonización: las máquinas de guerra de las comunidades prehispánicas, y los dispositivos disciplinares y administrativos del aparato de Estado español. Ahora bien, no basta con decir que la violencia remite al modo de producción. En efecto, hay una violencia que pasa necesariamente por el Estado, a partir de la cual se constituye la acumulación primitiva y que hace posible el modo de producción capitalista. Pero nuestro problema es señalar otros regímenes de violencia coimplicados en el enunciado «Las causas de la justa guerra» y que determinan el entramado de las sujeciones y los procesos de subjetivación. En el otro polo, el de las comunidades, la cuestión es indagar hasta qué punto y en qué casos, por debajo de la relación 58
Genealogía de la premodernidad en Colombia
estatal tienen continuidad relaciones endógenas de poder que hacen imposible la formación de Estado. Para Deleuze y Guattari, […] así como Hobbes vio claramente que el Estado existía contra la guerra, la guerra existe contra el Estado, y lo hace imposible. De esto no debe deducirse que la guerra sea un estado natural sino, al contrario, que es el modo de un estado social que conjura e impide la formación de Estado. La guerra primitiva no produce el Estado, ni tampoco deriva de él [...] la guerra es lo que limita los intercambios, los mantiene en el marco de las «alianzas», lo que les impide devenir un factor de Estado (1988, p. 365).
En esa lógica, es importante analizar la violencia de Estado ejercida por la Conquista, pero hace falta analizar la violencia de estas máquinas guerreras como efecto de un poder ejercido desde dentro de sus propias relaciones. Una tipología básica de las sociedades prehispánicas puede dar algunas claves del segundo momento. Para simplificar, podemos tipificar las sociedades prehispánicas en tres categorías: 1. Despóticas: aquellas que están constituidas por grandes organizaciones imperiales donde la producción se ha desplazado hacia la arquitectura, el comercio y la escritura, específicamente en Perú y México. 2. Confederadas: organizadas en forma de aldeas a la manera de cacicazgos, característicos de los Andes colombianos. Sin grandes excedentes, pero con una jerarquización y un comercio semejante al de los grandes imperios. 3. Territoriales: aquellas que organizan los destinos, los instrumentos y los hombres alrededor de la Madre Tierra; típico de las regiones selváticas. En los imperios y cacicazgos, donde la jerarquización social y la teocratización del poder resultan asimilables a las del imperio español, la violencia es apenas el tour de force inicial para proceder luego a empalmar, fusionar y recodificar los territorios de cada imperio en los límites de los nuevos virreinatos. En el caso de los cacicazgos de la Nueva Granada, la violencia se prolonga de acuerdo con la forma como los nobles y capitanes indígenas asimilan las primeras de59
Adolfo Chaparro Amaya
rrotas militares. Lo cierto es que hacia finales del siglo XVI, excepto la nación Pijao, los indígenas fueron sometidos o incorporados a la organización del nuevo Estado. Con la aniquilación de los pijaos en 1607, el Virreinato de la Nueva Granada se establece en las cordilleras de la actual República de Colombia, cerrando las fronteras del Estado a los «salvajes», en un intento por diferenciar política y racialmente los pueblos que están adentro o afuera de la civilización. Trazada la frontera, en muchos puntos del Virreinato, especialmente en las zonas selváticas, la resistencia se traduce en formas de violencia propias de culturas que, consideradas ya por los antiguos imperios precolombinos como salvajes o bárbaras, resultan radicalmente indómitas. Otros grupos mantienen una suerte de violencia codificada en múltiples formas y sustancias expresivas, pero no tienen interés en una guerra frontal contra los españoles. Lo cierto es que, en ambos casos, su estrategia parece coincidir en una finalidad común: conjurar la formación de Estado. En efecto, ya es un axioma de la antropología política concebir las sociedades primitivas como sociedades sin Estado3. Desde luego, hay formaciones de poder, pero generalmente cada jefe de familia o cada jefe de poblado se mantiene autónomo, no es representado por un jefe único, y solo acepta alianzas ocasionales que se disuelven sin dejar rastros jerárquicos o burocráticos. En estos casos, en vez de una continuidad entre la guerra y la política, la violencia guerrera, altamente ritualizada, se inscribe en un com3
60
Los análisis de Pierre Clastres muestran que en la sociedad primitiva «no hay órgano de poder separado porque el poder no está separado de la sociedad, porque es ella quien lo detenta como totalidad, con vistas a mantener su ser indiviso, [a fin] de conjurar la aparición en su seno de la desigualdad entre señores y sujetos, entre el jefe y la tribu». (1987, p. 115). Esta hipótesis parece interesante a condición de no eliminar en estas comunidades las formaciones de poder; o suponer que es el tránsito definitivo de naturaleza a cultura el que condiciona la formación de Estado, asignándoles así, a priori, la pertenencia a un estado natural paradisíaco. Para Derrida, en el contexto primitivo, la guerra de todos contra todos no se traduce como la hipérbole social de la condición animal, tampoco es la libre competencia del capitalismo, sino la presuposición elemental de lo político (Derrida, 1988, p. 133).
Genealogía de la premodernidad en Colombia
plejo de fines cósmicos, sexuales y productivos que no tienden a cristalizar en instancias de poder estatal. A nuestro juicio, aunque invisibles para la Corona, una multiplicidad de culturas, claramente diferenciadas, constituían en el momento de la Conquista una proliferación de máquinas de guerra configuradas socialmente de esta manera. Muchas de esas culturas han sobrevivido hasta la actualidad y son las que, en gran medida, dan contenido al concepto de premodernidad que sirve de eje a este ensayo.
La producción de sujetos en la Colonia
La Conquista de América es la oportunidad realmente única de experimentar eso que Nietzsche llamara la gran política, esto es, aquella que se propone la formación de un tipo a partir de un material humano extraño y desconocido. Ese propósito no se consigue solo adiestrando a los indios en ciertos oficios, sino produciendo un nuevo Yo, una nueva noción de sujeto y de sujeción y, de paso, una nueva interioridad. En ese contexto, la cultura como proyecto y como promesa de la gran política habría que buscarla en las Leyes de Indias, en las disquisiciones sobre las causas de la justa guerra, en las disciplinas laborales, en la consignas civilizatorias, en las formas de reducción de la «poblazón», en las técnicas de indagación que los frayles inventan para explorar el alma indígena. En menos de un siglo, las formas de poblamiento establecidas desde el centro imperial terminan por superponerse a las antiguas formas de segmentación social, asimilando las formaciones sociales tradicionales y redistribuyendo el territorio de los cacicazgos en la nueva jurisdicción imperial. En ese proceso coinciden dos estrategias: por una parte, la articulación de las antiguas formas de producción en la nueva máquina imperial; de otra, un dispositivo de sobrecodificación esencial para el Estado, según el cual las antiguas alianzas entre las máquinas concretas y las filiaciones propias de la familia extensa de las comunidades, son disueltas y articuladas al imperio español bajo la forma de una dependencia directa entre el pueblo y el rey4 . Hacia allí tienden a converger las antiguas alianzas 4
En palabras de Deleuze y Guattari, ahora lo que cuenta 61
Adolfo Chaparro Amaya
y las filiaciones directas, desviadas por los nuevos flujos de tributación y registradas bajo las nuevas nominaciones bautismales y burocráticas. Dentro de ese conjunto heterogéneo de técnicas y dispositivos podemos destacar cuatro instancias de la producción de sujetos: 1. Ante todo, se trata de formas de sujeción y servidumbre ligadas doblemente al miedo. En efecto, además del miedo a la muerte que prometen los cañones y los arcabuces, fue el miedo impuesto a su gente por los caciques, nobles y ladinos –que intentaron mantener o mejorar sus privilegios–, el que permitió, en muchos casos, el sometimiento de la voluntad del pueblo bajo al moderno Estado en formación. El control de un territorio tan vasto y la interiorización del Estado por parte de una población tan grande es impensable sin esa mediación de las autoridades indígenas que permitió a la administración colonial «introducir una amplia estructura de normas e instituciones comunes y uniformes» y «aplicar en amplia escala los conceptos de administración racional y burocrática que caracterizan a los Estados modernos» (Jaramillo & Colmenares, 1978, p. 353). 2. La segunda instancia remite a la formación de un Yo, fuertemente individualizado, ligado a las diversas formas de apropiación de los cuerpos y los territorios5. En ese proceso traumático y rapaz, antes que un sujeto político, se impone este Yo patrimonial que acude a la escritura para fijar y legitimar públicamente sus posesiones. Donde suponíamos la constitución trascendental de un sujeto ético, jurídico, político, no tenemos más respuesta que ese Yo-agente de los diversos procesos que ponen en funcionamiento los protocolos del nuevo régimen de propiedad, a partir de dos grandes procedimientos de «canibalización estatal»: la contabilidad y la escritura. es la «filiación directa del déspota con el (único) Dios», y sobre esa filiación el establecimiento de «la nueva alianza del déspota con el pueblo» (1985, p. 206). 5 Para efectos legales, la preeminencia del soberano, que firma indefectiblemente «Yo, el rey», mediatiza toda apropiación particular por parte de colonos y soldados, pero a su vez, los dota de un inusitado poder para inscribir el excedente de todo lo conquistado, libre de la parte del rey, bajo su dominio personal. 62
Genealogía de la premodernidad en Colombia
3. Otra instancia de la producción de sujetos tiene que ver directamente con los modos de producción. A través de las técnicas de registro no solo se produjo el traspaso –más o menos voluntario– de la soberanía indígena a los encomenderos y autoridades españolas, sino que se procedió a incorporar o destruir los antiguos modos de producción, a reorganizar la economía indígena para el tributo, a desplazar las poblaciones para fundar pueblos, crear resguardos y asignar encomiendas. 4. Por último, la formación de un sujeto moral. Si uno analiza esa imbricación de lo político y lo religioso, de lo espiritual y lo productivo, es evidente que, a pesar de la buena o la mala fe de los misioneros, lo que estaba en juego en la evangelización no era la pureza de la doctrina o de las costumbres, sino el entramado de los diversos elementos –vida, muerte, sexo, verdad, obediencia, productividad, individualidad, identidad– que otorgan un sentido de gobernabilidad a la pastoral cristiana y le permiten avalar un determinado régimen disciplinario. El antiguo tributo adquiere la forma de una deuda infinita que no se sabe si pertenece al déspota o al Dios, señor y dueño de la vida de todos los hombres. De otra parte, al modernizar el sacramento de la confesión, lo que había funcionado en el siglo XVI como aparato inquisitorial puramente exterior se interioriza, con tal éxito, que el adoctrinamiento termina por inventar un alma para cada indio, con el fin de indagar en ella la persistencia de las rutas, los paisajes, las imágenes de una geografía sagrada que ha sido proscrita oficialmente, y solo puede aflorar en la indagación individual, para ser puesta en cuestión por medio de la razón moral6. 6
Foucault es el primero que establece una genealogía radical de ciertas nociones y preceptos teologales que la filosofía normalmente aborda para racionalizarlos o para refutarlos: «No se debería decir que el alma es una ilusión o un efecto ideológico. Pero sí que existe, que tiene una realidad, que está producida permanentemente en torno, en la superficie y en el interior del cuerpo por el funcionamiento de un poder que se ejerce sobre aquellos a quienes se castiga, de una manera más general sobre aquellos a quienes se vigila, se educa y corrige, sobre los locos, los niños, los colonizados, sobre aquellos a quienes se sujeta a un aparato de producción y se controla a lo largo de toda su existencia» (1990, p. 36). 63
Adolfo Chaparro Amaya
En su simplicidad, estos procedimientos irrigan todo el campo social, recodificándolo, y en su repetición como actos de enunciación que van directamente del Yo a las cosas y del rey a cada súbdito, imponen una nueva forma de subjetivación que va a marcar, en muchos aspectos, la formación del individuo hispanoamericano. Por lo demás, la conexión interna de estos dispositivos garantiza, a largo plazo, las estructuras de sujeción y la producción de sujetos en torno 1) al Yo patrimonial legitimado por la posesión y la escritura, 2) al Yo servil incorporado a la producción, y 3) al Yo culpable/inocente generado por la confesión. Al sobrevolar el conjunto, es evidente que estos nuevos dispositivos logran disciplinar la fuerza laboral de las antiguas formaciones, distribuir las poblaciones de acuerdo con su propio orden burocrático y administrativo, e imprimirles un sentido universal; pero también es evidente que la estrategia nunca logra desterritorializar del todo las antiguas pertenencias geográficas, políticas y familiares, ni logra borrar definitivamente las idolatrías, las cuales van a pervivir como formas sociales y como creencias tradicionales en las diversas formas de mestizaje.
Una topología de la exclusión, la ignorancia y el olvido
A medida que cesa la aventura conquistadora y surge el ánimo colonizador, la expansión se detiene y el imperio español en la Nueva Granada parece replegarse cada vez más sobre la cordillera, donde se han establecido las encomiendas más productivas, los pueblos de indios y las nuevas ciudades. Ya se ha formado toda una red tributaria que se conecta con la metrópoli a través de los puertos, asegurados desde comienzos del siglo XVI con grandes fortificaciones militares. A pesar de elaborar las leyes «de oídas» y distribuir «a ciegas» un territorio hipotético, todo el proceso de reterritorialización estatal parece dispuesto según una axiometría cuyos postulados se materializan en la topología del espacio invadido, en la aritmética de sus recursos, en el cálculo de los tributos, en el rendimiento de sus posesiones. 64
Genealogía de la premodernidad en Colombia
Sin embargo, la mayoría de los grandes ríos que recorren el Nuevo Reino de Granada, las regiones pantanosas, las selvas, y ciertos puntos estratégicos de las cordilleras, siguen intactos. En muchos casos el ejército español ha penetrado la manigua, ha arrasado poblados, pero todo es inútil. Los soldados se disculpan aduciendo lo abrupto del terreno, la escasez de oro o la ferocidad de los naturales. Lo cierto es que el poder devorador de la máquina conquistadora ha encontrado puntos de resistencia infranqueables. El ejército los recorre pero no puede detenerse en ellos, no puede iniciar un proceso de poblamiento duradero; la propagación continua de la selva, y la movilidad de las máquinas de guerra articuladas a las fuerzas de la naturaleza los hace desistir del intento. Aunque esta alianza resulte incomprensible en una visión puramente humana o técnica de la guerra, es común en los relatos míticos encontrar diversas formas de colaboración entre los guerreros y los animales, las plantas, incluso, los elementos naturales. En el fondo, la guerra que plantean las comunidades tiene como fin preservar el territorio concebido como Madre Tierra, de ahí que sea la propia naturaleza en tanto que sujeto de la agresión, la que provee las fuerzas disponibles para su defensa. Otra explicación posible de este fracaso es que el imperio español en realidad funciona a partir de un mapa nominal, puramente mental, que en la Nueva Granada es rebasado por un territorio indómito, innombrable, impenetrable. Por eso, lo que aparece tan evidente en el proceso histórico global resulta borroso cuando intentamos captar la imagen del Estado en términos culturales, lingüísticos o territoriales. No existe como tal una unidad fija que se pudiera designar formalmente como Virreinato de la Nueva Granada, y que sirviera de referencia a la distribución segunda del territorio en términos comerciales, regionales, administrativos. Un mapa de las comunidades indígenas que habitan hoy Ecuador, Panamá, Colombia y Venezuela, pone en evidencia la multiplicidad de etnias que fueron incorporadas –al Nuevo Reino de Granada y luego a la República de Colombia– sin saberlo. Desconectadas a nivel productivo y comercial, irreductibles a cualquier forma de tributo, muchas de ellas se hicieron imperceptibles hasta 65
Adolfo Chaparro Amaya
bien entrado el siglo XX . En ese punto cero de la civilización se abre un infinito que parece multiplicar los rostros feroces, inimaginables, monstruosos y abominables del salvajismo puro –o, más bien, de la pura imaginación–. En realidad se trata de un territorio muy preciso: la selva tropical húmeda de la Orinoquia, la Amazonia y el Chocó, donde las fronteras estatales resultan irrisorias, y en donde vislumbramos la otredad como un infinito en constante diferenciación, intraducible todavía a la cartografía occidental7. Desde luego, algo empezó a producir en las comunidades que habitan estas regiones un inconsciente estatal que se fue constituyendo como un afuera, algunas veces indiscernible de las instituciones, pero la mayoría de las veces identificable con el blanco, el comercio y la guerra. De allí surge una verdadera cantera de versiones míticas sobre la Conquista que permanecieron inéditas durante estos siglos de continuo enfrentamiento con el sistema colonial y, luego, con los agentes del orden republicano8. Lo cierto es que el solo hecho de su existencia como sociedades durante estos dos siglos muestra las dificultades que plantea, después de la Independencia, la incorporación de la población amerindia en calidad de ciudadanos. En el proyecto republicano, el indio quedará consignado en el otro polo de la civilización, ya no como salvaje sino como primitivo. El proyecto de nación arranca sin el indio, sin un reconocimiento de su cultura. Sencillamente los indios, en particular los que habitan la selva tropical, no habían acudido a tiempo a la cita con la historia. Estos son los argumentos políticos y epistemológicos que plantean Descola & Taylor sobre ese olvido sistemático de las jóvenes repúblicas: 7
Conversaciones con el antropólogo y sociólogo Arturo Laguado permiten concluir que esta característica topológica de la formación de Estado no es exclusiva de la Nueva Granada, sino que podría extenderse al conjunto de los países latinoamericanos. Incluso a la Argentina, donde, sugiere Laguado, ese hinterland extraño y desconocido no lo constituiría la selva, sino la inmensidad de la pampa como símbolo de lo bárbaro, en contraste con la impronta cosmopolita de la capital. 8 En ese sentido son notables el trabajo de Landaburo y Pineda sobre los andoques (1984), y el de Rappaport sobre los paeces (1990). 66
Genealogía de la premodernidad en Colombia
Se sabe que la América del Sur no ha conocido la relación instaurada en el siglo XIX entre las potencias europeas y los pueblos colonizados, porque los Indios de la Amazonia ya ocupaban un lugar bien definido en nuestro repertorio de la alteridad, así, la gran conversión de los súbditos en objetos de ciencia se desarrollará sin ellos. [...] Contemporánea del fin de la Reconquista, la conquista española de la América del Sur se desenvuelve en un clima poco propicio a una reflexión sobre la diferencia cultural, está dominada por la obsesión de consolidar los rasgos constitutivos de la hispanidad triunfante. Ahora bien, si las altas culturas de los Andes y México presentaban instituciones más o menos identificables por los conquistadores, que ellos supieron aprovechar en su provecho, los indios de la Amazonia escapaban a las categorías sociológicas y morales de la época en razón de su ausencia de organización estatal y, aparentemente, de todo culto religioso. [...] El siglo XIX ve nacer un nuevo malentendido: salvaje o bárbaro, el indio de la Amazonia falta a la cita con la historia, de ahí su conversión en «primitivo». [...] Al mismo tiempo, la emancipación de la tutela europea y el nacimiento de los nacionalismos suscitan, durante la segunda mitad del siglo XIX, un violento movimiento de integración de la hinterland forestier poco favorable al nacimiento de una mirada etnológica sobre sus víctimas. [...] de ahí que la figura del Salvaje genere un pensamiento a-sociológico, especialmente entre los viajeros franceses, cuya influencia en el americanismo tropical explica, sin duda, la persistente dificultad de la teoría política en producir una teoría del socius realmente adecuada a su objeto de reflexión9.
Así, desde el comienzo, la negación de sus componentes corroe el proyecto de nación. La mayoría de próceres e intelectuales no conciben la identidad más que en el espejo de Occidente. Esta obsesión se traduce en una política de desconocimiento cultural que fragmenta desde un comienzo la identidad nacional. Nada que ver con la noción de ciudadanía ni con la fuerza que el tercer Estado adquiere en los países europeos a raíz de la Revolución Francesa. Como réplica, no basta con evocar las leyes de liberación de los esclavos o 9
Para una explicación más detallada véase: Descola & Taylor (1993). 67
Adolfo Chaparro Amaya
la liberalización de las propiedades de la Iglesia. Aunque hay diferencias fundamentales entre un imperio despótico como el español, y lo que se promovía como el imperio de la razón en las nuevas repúblicas, frente a los ideales de libertad, igualdad, fraternidad, la inclusión real de la población negra e india en la nación resulta precaria, vergonzante y altamente selectiva. De hecho, la tipología racial instaurada en la Colonia seguirá permeando la práctica de la ciudadanía hasta nuestros días. Para un liberal del siglo XIX, la respuesta a esta objeción es que la educación le da al indio, al negro, al mestizo, la oportunidad de ser como los europeos. O sea, que tienen la libertad de dejar de ser lo que son. En el entusiasmo de los nuevos ideales, ya no se trata de ser indio o español –ambas tradiciones encarnan el atraso y las trabas de lo premoderno– sino de aceptar la apuesta por el progreso y la civilización. Esa es la genealogía del enemigo interior a partir de la cual se va construyendo el ideal de nación. Allí se gesta esa terrible confusión por la cual el indígena no solo deviene en enemigo histórico de la civilización sino que convierte a los indígenas y mestizos en sus propios enemigos internos. A pesar de la Constitución de 1991, esa primera fundación republicana no ha dejado de ser una fuente impredecible de paradojas que sigue marcando nuestro devenir como nación.
Premodernidad y economía de mercado
He tratado de mostrar que las funciones básicas que constituyen el Estado en la Nueva Granada, hasta el final del siglo XVIII, operan una gigantesca sobrecodificación del trabajo, del territorio y de las formas monetarias, a través del tributo y de las obras públicas, de la administración colonial y del impuesto. Esta sobrecodificación genera formas tradicionales de propiedad que, sean hispanas o indígenas, van a resultar premodernas para la mentalidad económica del siglo XIX. Para simplificar, digamos que el dominio del territorio se obtenía, entonces, por una concesión directa del rey a los españoles y a los indígenas, pero bajo el acuerdo de mantener esos territorios como intransferibles a particulares. En eso coinciden los resguardos, 68
Genealogía de la premodernidad en Colombia
las encomiendas y las propiedades de la Iglesia10. Más que una forma de riqueza cuantificable, la propiedad genera una plusvalía de código de la cual gozan los encomenderos, los frailes y las antiguas autoridades indígenas que han conservado ciertos privilegios. En esas condiciones, el conjunto de las tierras no es apropiable, no entra en el circuito de oferta y demanda. Igual sucede con la fuerza de trabajo. Las Leyes de Indias que protegen las comunidades indígenas impiden liberar el mercado de trabajo, en otras palabras, impiden establecer un patrón de comparación de las diferentes actividades laborales en función de una cantidad común llamada trabajo11. La organización de muchas comunidades en resguardos, las exenciones de las que gozan las órdenes religiosas, la concesión de tierras de encomienda a funcionarios y soldados de campaña como un privilegio hereditario, vistas en conjunto, generan relaciones de producción que no tienen como finalidad la economía de mercado, aunque supongan un amplia gama de formas laborales y de intercambio orientadas al comercio exterior. Como dice Deleuze, el capitalismo «se forma cuando el flujo de riqueza no cualificado encuentra el flujo de trabajo no cualificado, y se conjuga con él». Pero, justamente, la «organización feudal de los campos y la organización corporativa de las ciudades» inhiben esta conjugación (1989, p. 348). Aunque la categoría de feudal no aplica a la economía colombiana, es interesante señalar las contradicciones que pone en evidencia el enfoque marxista al condicionar el desarrollo de las fuerzas productivas a las relaciones de producción12. 10
Mientras las encomiendas están sujetas a la herencia por mayorazgo, las propiedades de la Iglesia no son transferibles ni expropiables bajo ninguna circunstancia. Esta inmovilidad, que limita el desarrollo de las economías privadas, se traduce en el funcionamiento del Estado en un alto grado de ineficacia y corrupción, debido al carácter prebendario de los cargos y a la utilización de los cargos públicos por parte de los españoles para eludir las ocupaciones productivas y como medio de ascenso y prestigio social (Jaramillo & Colmenares, 1978, p. 354). 11 Durante la Colonia, visto que la agricultura no podía ser atendida por obra de mano esclava, hacendados y mineros estuvieron en disputa por el control de la limitada mano de obra indígena (Jaramillo, 1996, p. 11). 12 Jaramillo Uribe hace una observación que muestra la inconveniencia de 69
Adolfo Chaparro Amaya
En ese sentido, la política económica en los inicios de la República es un buen ejemplo. En efecto, a partir del siglo XIX, por la vía del comercio, la liberación de la mano de obra, la desamortización de bienes de la Iglesia y la disolución de los resguardos, surgen múltiples flujos de apropiación privada que coexisten con la herencia colonial, y que terminan por generar otras potencias económicas a través de la banca y del comercio exterior. Sin embargo, uno de los motores del conflicto desatado por las guerras civiles es justamente el intento de caudillos, funcionarios y comerciantes, por mantener privilegios de código coloniales a través de la apropiación de los territorios liberados después de la Independencia. El resultado de esa convivencia entre liberalismo económico, concentración de la propiedad territorial y despotismo político parece convertirse en una constante del desarrollo agrícola en Colombia. Por una parte, en muchas regiones, el mercado interno seguirá limitado por las formas de tenencia de la tierra, esto es, grandes haciendas improductivas que no pueden ser consideradas como objeto de riqueza en términos del capital; y por otra, la guerra no parece impedir que las regiones cafeteras y auríferas se articulen al capitalismo mundial. El éxito del café como monocultivo es innegable en el proceso de acumulación, pero pone en evidencia hasta dónde el proceso de producción-circulación-consumo está determinado por el mercado externo. El monopolio de la propiedad territorial se convierte en un contenedor de la entrada del capital al campo y en un inhibidor del mercado interior, en parte por las limitaciones de la economía campesina, pero sobre todo por los bajos salarios de los campesinos, pignorados de antemano en las figuras del servicio, la aparcería o el arrendamiento. Como afirma Kalmanovitz: […] la acumulación de la industria colombiana fue relativamente lenta hasta 1934, a lo cual contribuyó la traba a la una lógica evolucionista en la caracterización del modo de producción: debido a la limitación de capital de los terratenientes, la tecnología instalada a finales del siglo XVIII apenas sobrepasaba la Edad Media: el arado de hierro era prácticamente desconocido igual que las técnicas de abono y riego, que sí lo eran en los cultivos prehispánicos (1996, p. 11). 70
Genealogía de la premodernidad en Colombia
libertad de hombres y tierras que caracterizó el campo hasta bien entrado el siglo XX . […] una parte sustancial del país durante los años 20 y 30 no tenía libertad para asalariarse, por estar pagando «obligaciones» a los hacendados o por estar permanentemente endeudados con ellos. La hacienda conformaba todo un complejo edificio social que dificultaba la formación de un proletariado y de un mercado de tierras, puesto que la posesión de éstos era un medio para extraer rentas a la población (1996, p. 286).
Todo parece indicar que el capitalismo en Colombia hubiera decidido dejar pendiente esta circunstancia en un limbo político que benefició a la gran propiedad territorial, como si el paso a la acumulación endógena pudiera prescindir de la premisa de la renta de la tierra. Al contar con otras opciones de acumulación, y con la certeza de que los comerciantes doblados en terratenientes seguían cooptando los votos de la mayoría de campesinos atados a la tierra ajena, los dirigentes optaron por saltar el axioma de la formación de capital como una condición para la liberación mercantil de la propiedad territorial y la búsqueda de formas más eficientes de producción agraria. En ese sentido, los planes de desarrollo durante el siglo XX muestran la intensificación de una suerte de articulación negativa de los procesos iniciados en el XIX : por un lado, la acumulación progresiva de la tenencia de la tierra –que logró eludir todos los intentos de una verdadera reforma agraria– y, por otro, el esfuerzo incierto por encontrar las claves para activar el proceso de acumulación como producto de la consolidación de una clase empresarial autóctona, de la creación de un ejército de trabajadores libres, y de un verdadero mercado interno. Desde luego, en vez de asumir las consecuencias de esa incoherencia teórica y política, lo cultural se convirtió en el chivo expiatorio de la incapacidad –otros dirán de la falta de voluntad política– de las élites para articular un proyecto incluyente de nación. La expresión más dramática de ese fracaso se inicia con la Violencia de los años cincuenta y aún no parece encontrar solución.
71
Adolfo Chaparro Amaya
El ideal mestizo
Las tecnologías del yo implementadas desde la Colonia, el sometimiento del conjunto de la población a determinadas disciplinas laborales, el surgimiento de las ciudades modernas, propicia el mimetismo masivo de la población latinoamericana. La cultura encuentra su plano de expresión en la manía, la caricatura, la picaresca, en un continuo juego de máscaras que indios, negros y mestizos aceptan a fin de incorporarse como sujetos de la nueva máquina social. Aún a comienzos del siglo XX, la identidad se mueve en esa lógica binaria según la cual: yo soy indio/yo no soy indio; yo soy blanco/yo no soy blanco, de donde se populariza, se hace mayoritario, el vector mestizo del mimetismo en todos los aspectos de la vida íntima y colectiva. En vez del problema del mundo, del conjunto del universo, del origen, del calendario sagrado, temas que nutren la mentalidad mítica precolombina, se impone un universo personal, centrado en la propia identidad, angustiado por el dilema de la correspondencia de su imagen con la imagen del otro: Yo soy como el otro/Yo no soy como el otro. En ese sentido, podríamos afirmar que la formación tipo de la cultura latinoamericana se define por su carácter mimético. A partir de los años veinte del siglo pasado, esa comprobación se vuelve objeto de reflexión de los pensadores latinoamericanos. Lo que parecía un estigma empieza a ser valorado como una riqueza inexplorada. El mestizaje adquiere el rango de ideal y la discusión se torna más rica y compleja. En el mestizaje se condensa una visión de América y del ser americano. América ya no es solo un continente, sino un conjunto de ideas, proyectos, propósitos y sentimientos comunes en el que ya no entra Estados Unidos. Simultáneamente, el sentimiento antiimperialista y la influencia del marxismo se torna importante en el mundo cultural e intelectual, allí se va forjando una conciencia de las condiciones sociales en que vive la mayoría de la población, y un ideal revolucionario que va a pervivir, con variaciones nacionales, hasta el final de los años setenta. En ese contexto discursivo, la mezcla ya no es un factor del cual habría que denigrar, ni la pureza un rasgo para privilegiar. 72
Genealogía de la premodernidad en Colombia
El primero en establecer una tesis universal sobre el mestizaje, apoyado en ideas socialistas, con un corpus filosófico personal, atento al debate sobre el evolucionismo y el eugenismo, es el mexicano José Vasconcelos. Un ensayo suyo, La raza cósmica (1948), se vuelve famoso y se convierte en el estandarte intelectual de ciertos utopistas latinoamericanos. La idea central es que América debe ser considerada como la patria de una nueva raza mestiza. Para sustentar esta doctrina supranacionalista, se inventa la «indología», esto es, la convicción de que en el crisol genético del indio se forja una promesa que puede llegar a superar la fragmentación endémica de nuestras culturas. En el intento de universalizar su hipótesis, Vasconcelos mezcla lo que él llama el motor físico químico inmanente a la raza, con una suerte de ideal trascendental que se inspira en lo americano concebido como espíritu. En su argumentación, Vasconcelos refuta la idea de la evolución como un proceso homogéneo que debería ser guiado por la cultura occidental. De otra parte, defiende la legitimidad ciudadana de la nueva raza mestiza que él considera un hecho definitivo en la historia latinoamericana. Aunque considera que el suelo cultural de esa mezcla deben ser la lengua castellana y la religión católica, su discurso es igualmente vehemente en el llamado que hace a los intelectuales y a las clases dirigentes a reconocer su pasado indígena. En nuestro medio, el filósofo autodidacta Fernando González mantuvo a lo largo de su obra una reflexión entre progreso y mestizaje, en el contexto del primer impulso de industrialización que caracteriza estas economías en los años treinta. Igual que Vasconcelos, González prefiere remarcar lo que hay de positivo en el indio y en el europeo, pero cada vez que describe al mestizo arremete con toda suerte de calificativos irónicos, irritantes, corrosivos, que apuntan a señalar al mestizo como el hueco negro de las imposibilidades del proyecto de nación13. Por el hecho mismo de transitar de una raza a 13
Quizás simplifico, pero los términos son más duros si uno lee directamente al propio González: «estará Suramérica durante mucho tiempo sometida al desorden, ensayando en revoluciones. [...] el suramericano necesariamente es ladrón, ratero, infiel [...] incapaz de ideas morales, 73
Adolfo Chaparro Amaya
otra, el mestizo estaría propenso, casi en términos etológicos, a no permanecer en un sitio, a no tener proyecto, al fracaso de la vida en común. Esta inestabilidad lo haría propenso a la violencia, a la revolución, al acaso. Eso hace, decía González, que el sudamericano no sea confiable todavía, y aunque piensa que «aquí es donde puede renovarse la expresión humana», esa intuición es solo una promesa hacia el futuro. En definitiva, el único valor del mestizo sería su disponibilidad para la mezcla. A mi juicio, en sus textos González inaugura una suerte de psicoanálisis colectivo, tan necesario en nuestro medio, pero también hace gala de esa lucidez que el paranoico proyecta hacia los otros, pero que tiene como reverso el desconocimiento profundo de su propio inconsciente. Quizás, por eso, junto a la mirada aristocrática (Nietzsche) y el «nihilismo paisa», en su discurso se filtra el lenguaje político de la época; en un momento en que los populismos –también los fascismos–, inspirados en la noción de pueblo, están a la orden del día. En todo caso, en Latinoamérica, el problema de lo nacional hace consenso de otra manera. Igual que en Europa, la prensa se vuelve doctrinaria, pululan las interpretaciones de la personalidad nacional, pero la pregunta inicial por el ser mestizo se mantiene. Esa articulación del populismo con el mestizaje cultural resultó interesante como reconocimiento de los pueblos indígenas en el Perú, como forma de Estado en Argentina, como una invención esplendorosa de culturas en Brasil. En ese sentido, el populismo mestizo está en el polo opuesto del fascismo, aunque comparta con él la política del partido único y del líder. El pueblo que se gesta a la sombra del populismo –así sea abortado, como en Colombia– es una afirmación de las masas migrantes y campesinas que han venido a crear las grandes ciudades latinoamericanas a partir de los años treinta. En suma, aunque siga siendo una promesa, el mestizaje como proyecto de nación es un intento por resolver la disyuntiva entre progreso e indigenismo, o mejor, una manera de armonizar el modelo colonizador con la diversidad de culturas que lo han ido incorporando como si fuera tales como Patria, Dios, Perfección» (González, 1970, pp. 92 & ss.). 74
Genealogía de la premodernidad en Colombia
propio. El reverso del populismo es la creación de una cultura popular que toma del ser mestizo la esencia intangible de la identidad nacional.
Las políticas de identidad, a la prueba del perspectivismo14
Nosotros absorbemos no solamente a Dios, sino a todos los seres a los cuales reconocemos su existencia, aunque no sepamos sus nombres; nosotros somos el cosmos, en la medida en que lo hemos comprendido o soñado. Los olivos y las tempestades devienen parte de nosotros mismos; igual que el periódico o la bolsa de valores. F. Nietzsche
El perspectivismo no es una forma de relativismo. Es la conciencia de los múltiples puntos de vista que configuran un mundo y de los nexos que se establecen entre los sujetos que lo viven. La literatura, y en particular la novela, es un artefacto privilegiado en la construcción de mundos donde se entrecruza una singular multiplicidad de perspectivas. Por lo demás, la idea moderna de novela está fuertemente ligada a la figura de nación. La novela es rusa, francesa, alemana, norteamericana. Cada novela es conciencia de y pertenencia a las perspectivas que la constituyen. En ese sentido, la irrupción de la novela latinoamericana en el ámbito de la literatura universal no solo es una invención original de mundo y de lenguaje, es también una manera de expresar las perspectivas no modernas de la modernidad. Algunos críticos la consideran el primer atisbo de lo posmoderno en el ámbito de la crítica literaria y de los estudios culturales. A mi juicio, lo que sucede con el boom es una reinvención de las coordenadas y los referentes de lo premoderno. Por primera vez el recurso a lo moderno servía para desplegar la polifonía del mundo (que ya no se llamará mestizo, negro o amerindio, sino mundo a secas) como una experiencia fundamental. Las estructuras de la cultura po14
Para un desarrollo en detalle véase A. Chaparro (2005). 75
Adolfo Chaparro Amaya
pular parecían brotar mágicamente, con sus matices y rasgos intencionales, del lenguaje literario. La certeza de haber encontrado un lenguaje auténtico, autorreferencial, de alcance universal, tiene fuertes efectos epistémicos sobre los modos del conocer: de hecho; Carpentier, Lezama, Borges, Vargas Llosa, García Márquez, cada uno por su cuenta, despliegan una nueva constelación del pensamiento. El debate sobre el mestizaje había encontrado una salida ajena al discurso filosófico que, paradójicamente, ofrecía un sedimento de sentido a partir del cual se inicia otro ejercicio filosófico sobre la colonialidad. Desde Fanon hasta Sánchez Vásquez, desde Octavio Paz hasta Monsiváis, desde Enrique Dussel hasta Arturo Escobar, el propósito es poner en abismo la legitimación de oposiciones como atraso y progreso, pobreza y desarrollo, racionalidad e irracionalidad, demostrar que pueden ser comprendidas por fuera del canon occidental. La versión más acabada de la universalidad del logos de Occidente como destino, había sido elaborada por Husserl, y en el ámbito universitario se asumía como propia, esto es, nos identificábamos plenamente con el destino universal que parecía encarnado en la «figura espiritual de Europa»15. Esa historia de la razón colocaba lo premoderno en un terreno subalterno y deleznable, y consideraba el pensamiento mítico afuera de la filosofía. Aunque de forma más sutil, la historia y la cultura de nuestros países volvía a ser escrita como la historia, fuese épica o crítica, del blanqueamiento, de la occidentalización. ¿Cómo poner ese juicio entre paréntesis? Pensando desde el afuera del Estado, del capital, de la civilización. Operada la epoché como un experimento de deconstruccción cultural, la condición premoderna de la cultura lati15 Esta figura se definía como una «idea filosófica inmanente a la historia
de Europa, o lo que es lo mismo, a la teleología que le es inmanente, y que desde el punto de vista universal se hizo conocer como la irrupción del desarrollo de una nueva época de la humanidad, la época de la humanidad como tal, que en adelante no puede vivir más que ligada a la formación de su existencia y de su vida histórica por las ideas de la razón, por tareas infinitas» (Husserl, 1935/1976, p. 352). Para la traducción al español véase Husserl (1969).
76
Genealogía de la premodernidad en Colombia
noamericana podía ser pensada como problema. En ese relevo, por lo demás ingenuo, del fundamentalismo por el relativismo, la crisis de la idea teleológica trascendental tiene una respuesta diferida y diferenciante en ese archipiélago de culturas premodernas que responden con sus modos de vida, indirectamente, a la amnesia de telos que Husserl señalaba como crítica en su propia cultura. En adelante, el problema de los movimientos ecológicos, del multiculturalismo, de los estudios poscoloniales va a ser la justificación normativa de un consenso básico –evidentemente utópico– entre la multiplicidad de perspectivas de la historia. Ahora bien, recurrir a lo premoderno para hacer ostensible el diferendo entre el pensamiento amerindio y la filosofía occidental, no busca restituir como consigna –para los blancos– la magia del cuerpo y del territorio, la plasticidad de la concepción del alma, el exceso de la fiesta colectiva, en fin, el aspecto romántico de una libertad que Occidente considera radicalmente extraña. Es, más bien, una estrategia para describir la complejidad política, ecológica y conceptual que permite comprender el pensamiento amerindio como una continua tarea de nominación y re-nominación del socius y de la naturaleza. En esa tarea, todas las cosas, los nombres, los afectos adquirieren una forma simbólica colectiva antes de entrar en el circuito ritual donde se ponen al día las relaciones entre los seres vivos, los hombres y los espíritus. El saber amerindio diferencia clases de seres teniendo en cuenta los modos de existencia y la potencia de propagación que los caracteriza. Esto es más o menos obvio. Lo interesante es que los concibe involucrados en una dinámica que permite comprender la selva –en un sentido estrictamente etnológico, el continente mundo de cada cultura– como un gran proceso predatorio adonde todos concurren para efectuar su transformación corporal y energética. La expresión más intrigante de esta concepción perspectivista del hombre amerindio en su experiencia animista del mundo es la canibalidad, entendida como una continua remisión metonímica de procesos predatorios que se cruzan, como puntos de vista complejos, entre los hombres,
77
Adolfo Chaparro Amaya
las fuerzas sagradas, las almas y los animales16. Al asumir los puntos de vista de cada uno de los seres como valoraciones vitales acerca de los otros, el esquematismo conceptual que está en juego no remite ya al paradigma antropocéntrico sino a una instancia de entrecruzamiento de múltiples posiciones de sujeto, que termina por confundirse con la vida misma. Ya Leibniz nos había enseñado, comenta Deleuze, que «no hay punto de vista sobre las cosas, sino que las cosas, los seres, eran puntos de vista» (1989, pp. 180 & ss.). En esa línea, el antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro ha mostrado cómo el perspectivismo monádico tiene aplicaciones epistemológicas que, transpuestas al pensamiento amerindio, permiten considerar las comunidades de hombres, de animales o de seres sobrenaturales como posiciones reflexivas de sujeto y como puntos de vista que en su finitud expresan, así sea confusamente, la infinitud del mundo entero17.
Lo premoderno como dimensión infraestatal de lo político
En términos políticos, el perspectivismo pone en primer plano la persistencia de sociedades que se resisten a la formación de Estado y que consideran el sujeto humano dentro de una serie de posiciones de sujeto que incluye los seres animales y las entidades sobrenaturales, en un espacio fluido de intercambios e incorporaciones mutuas. Allí no hay forma Estado sino una suerte de fusión entre los principios de la religión natural y las reglas que supone el vínculo comunitario. Allí no hay contrato social, sino modos de existencia que se definen, al mismo tiempo, 1) por una dimensión infraestatal de lo político, 2) una instancia presubjetiva del sujeto, y 3) una concepción sobrehumana de la naturaleza. Ante la dificultad que entrañan términos como Estado y sujeto en el análisis de las sociedades premodernas, en vez de estas categorías reguladoras podemos asumir conceptos que por ahora po16
Al relacionar los grandes imperios prehispánicos y las comunidades de la selva tropical, el tema adquiere alcances monográficos. Para un estudio en detalle véase Adolfo Chaparro (2000). 17 Para un desarrollo en detalle, véase Eduardo Viveiros de Castro (2003). 78
Genealogía de la premodernidad en Colombia
dríamos nombrar como lo infraestatal y lo preindividual18 . En este sentido, la discusión que se plantea Europa respecto de los nacionalismos étnicos puede ser perniciosa en nuestro medio. Los pueblos negros e indígenas no reclaman su constitución como Estados independientes, aunque en algunos casos se reconozcan y hayan sido reconocidos como nación. Vale la pena mencionar un caso excepcional. En 1925, después de una revuelta contra la policía panameña que les había sido impuesta a raíz de las obras del Canal, los kuna proclamaron la República de Tule. La revuelta giraba alrededor de dos consignas fundamentales: liquidar a todos los elementos extraños residentes en los pueblos de Tupile, Ailigandi y Ustupo, especialmente policías; y atacar simultáneamente todos los pueblos, el día de Carnaval, previsto para el lunes 20 de febrero de 1925. A propósito, se daría mayor esplendor y alegría al Carnaval de ese año. Visto así, el hecho histórico aparece ante nosotros como una especie de puesta en escena colectiva de la liberación. Esta es la versión actual del líder kuna Abadio Binigdi (1992): Nele Kantule armó a la gente, pero antes de eso fueron escogidos los que iban a hacer la guerra. El uniforme fue pantalón rojo, camisa roja, un pañuelo rojo y escopetas un poquito rojo, todo era en rojo. [...] Cuenta la historia, que en la Revolución del 25, se acortaban las cabezas y al día siguiente con un palo atravesado en la cabeza recorrían todas las calles gritando: «¡Muerte a todos!». Inclusive mataron a todos los niños que eran mestizos: las mamás eran kunas, los papás habían sido policías. Muerte a todos los mestizos. Eso fue violento19. 18
El primer término está inspirado en las teorías de Pierre Clastres sobre las sociedades sin Estado y en la lectura de materiales etnohistóricos amerindios (1987, pp. 109-116). El segundo ha sido derivado de las especulaciones de Deleuze acerca de un campo trascendental, preindividual, donde el proceso de individuación es concebido como singularidad donde se efectúa la energía potencial de otras singularidades, y no como un Yo-síntesis plegado continuamente sobre sí mismo en un campo unificado de la conciencia. Véase G. Deleuze (1989, pp. 114 & ss.). 19 La historia fue contada directamente por Abadio Green Stócel, en medio de una conferencia titulada: «Interpretación kuna de 79
Adolfo Chaparro Amaya
Durante los primeros veinte días de la revolución algunos países, entre ellos Alemania y Estados Unidos, reconocieron la legitimidad de la nueva República. Ante la inminencia de una masacre por parte del gobierno panameño, autoridades norteamericanas se interpusieron para lograr una negociación. El 4 de marzo de 1925 se firmó el acta de sumisión. De esta manera desaparecía el único Estado indígena independiente de la historia de América Latina 20. El Estado que prometía la República de Tule no era una copia del modelo estándar. En realidad tomaba de allí ciertos elementos formales, asaz retóricos e imaginarios, para plantear un simulacro donde no se reconocen ya los rasgos del modelo inicial. Lo cierto es que, a pesar del fracaso en el intento por erigir un Estado, aún hoy las comunidades kuna siguen en pie, con un alto grado de autonomía, autosubsistencia y autoconocimiento. Las sucesivas intervenciones coloniales y republicanas no han logrado desterritorializarlas, ni liberar los flujos sexuales, ni capturar totalmente la fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, la presencia del Estado está vigente y es reconocida por las comunidades. En esa encrucijada de sospechas e incertidumbres hacen eco las preguntas lanzadas ya en la primera etapa de la Conquista: ¿acaso estas naciones están en la edad suficiente para gobernarse por sí solas? ¿Acaso semejante estilo de gobierno puede ser legítimo? ¿Qué nación civilizada podría reconocerse en él? ¿Cuál es la forma Estado que allí funciona? No lo sé. Posiblemente se trata de un experimento cuyas claves solo manejan los propios kunas, o de una estrategia para evitar la intervención definitiva. la llegada de los españoles a su territorio». Bogotá, grabación y transcripción de Gloria Ramírez y Adolfo Chaparro (1992, inédito). 20 Los dirigentes de la sublevación tuvieron que aceptar la soberanía de Panamá sobre su territorio; a cambio, el gobierno respetaba su derecho a aceptar o no el establecimiento de escuelas públicas, y la conservación de sus trajes y costumbres, «acordándoles en cuanto a esto los mismos derechos y privilegios que a cualquiera otros ciudadanos de la República». Véase, especialmente, Henry Wassen (1938, pp. 62-63), y Fray Severino de Santa Teresa (1957, pp. 220-221). 80
Genealogía de la premodernidad en Colombia
En realidad, resulta muy difícil intentar una respuesta que no sea ya una acción modelizante o un propósito reformista. Lo que sí podemos comprobar es que, como la mayoría de las comunidades étnicamente diferenciadas de la selva tropical, en lugar de construir Estado y de interiorizar el contrato social como un a priori fundacional de la identidad, los kuna han hipostasiado el concepto de Madre Tierra hasta otorgarle un valor jurídico-administrativo. En ese proceso, los valores geocósmicos y matriarcales dotan a la Madre Tierra de un plano de consistencia donde coinciden las fuerzas primordiales, la celebración ritual como principio democrático del pueblo kuna y las nuevas reglas jurídicas que van surgiendo como decisiones históricas frente al acoso de la conquista y colonización hispánica y, posteriormente, al cerco republicano de la sociedad mayoritaria como proyecto modernizador.
La premodernidad en el contexto de la globalización
El capitalismo mundial, en su versatilidad polimórfica, puede mimetizarse y propiciar formas inéditas de Estado. Su capacidad mimética, en ese sentido, es inagotable. Voluntaria o involuntariamente, el capital tiende a desterritorializar todo aquello –nacionalidad, vínculo con la tierra, planificación de los poblados– que sea reterritorializable; y descodificar todo aquello –modelos culturales, lingüísticos, educativos– que sea recodificable. Ese proceso afecta tanto a comunidades étnicamente diferenciadas como a formas señoriales de propiedad territorial y, recientemente, a fundamentalismos que dan cohesión a naciones enteras que se resisten a entrar en el proyecto de globalización mediática y económica dispuesto desde el centro hacia la periferia del sistema. Ahora bien, si la moneda clave para entrar en ese circuito de bienes simbólicos es la imagen, la cultura latinoamericana parecía preparada de antemano, por su capital mestizo y su fluidez mimética, para los procesos de globalización. En países del tercer mundo con una alta diversidad cultural, los tópicos de lo posmoderno son un pretexto para actualizar todo el acervo de premodernidad que parecía ignorado y olvidado. Si bien al reducir la 81
Adolfo Chaparro Amaya
cultura a producción simbólica y el símbolo a la imagen entramos en circulación, esa entrada implica involucrar la economía libidinal de las comunidades en un mercado mundial de lo exótico. En ese mercado, los excedentes simbólicos de las culturas «atrasadas», lo que se precia como su verdadera riqueza, pueden ser inmolados como la parte maldita de un gasto irreversible de toda suerte de imágenes, signos, diferencias, que no pueden ya resistir al maleficio de la circulación, y que pasan a formar parte de la escritura automática del mundo (Baudrillard, 1997, p. 52). En esta lógica de la resistencia, hasta ahora, he puesto el acento en las culturas premodernas para resaltar el diferendo con el proyecto globalizador. Ahora quisiera utilizarlas como polo de referencia para señalar una extraña coincidencia que pone entre paréntesis el fatalismo integrista que suscita cualquier reflexión sobre el lugar de la premodernidad en la condición posmoderna. Me explico. Tanto en el carácter autorreferencial de las sociedades posindustriales, como en los pequeños sistemas autopoiéticos que organizan las máquinas territoriales premodernas, hay la tendencia a descentrar los procesos de subjetivación. En el primer caso, el descentramiento ocurre por vía de la articulación de los sujetos a los procesos informáticos y de (auto)control del sistema económico global. En el segundo, por la potenciación del animismo en la dirección de un perspectivismo discriminado que resitúa las nociones de animal y de espíritus, incluso de planta o de objeto, al mismo nivel que el sujeto de ego de los individuos. Es verdad que esa coincidencia está por investigarse pero, por ahora, el punto por señalar es que, a más de la oposición, entre esos dos polos de subjetivación se pueden rastrear todos los grados de hibridación y mestizaje que componen la cultura contemporánea.
A modo de promesa
Hasta ahora, lo que he intentado en este ensayo es, justamente, plantear una perspectiva premoderna del sistema mundo, para mostrar modos de existencia que no están diseñados de antemano como posibilidades del complejo económico/informático/ consensual que caracteriza las sociedades postindustriales. 82
Genealogía de la premodernidad en Colombia
Al aplicar el perspectivismo al análisis diferenciado de los procesos de subjetivación que surgen en Colombia a partir de la Conquista, intentaba enriquecer las alternativas que hasta ahora ofrece el debate entre comunitaristas y multiculturalistas. En el fondo, lo que escapa a este debate son las implicaciones políticas de la condición infraestatal y preindividual de sujetos no modernos en la configuración de identidades en el marco de la globalización. Quizás el problema puede ser mejor abordado si se hace la pregunta desde el punto de vista de el objeto de las políticas de reconocimiento, esto es, ¿cuál es la incidencia de formas premodernas de subjetivación en las relaciones de poder que plantea la condición global del capitalismo? Para responder, a modo de conclusión y de promesa, quisiera señalar el diferendo que genera esta relocalización de la cuestión del sujeto cuando confrontamos la heterogeneidad de las culturas premodernas con la homogeneización que impulsa el capital a escala global. El nudo de esa relación conflictiva, evidentemente asimétrica, es la dificultad para mediar desde la identidad nacional entre la apropiación del territorio como un recurso universal, intercambiable y la pertenencia de comunidades singulares, discretas, a la Madre Tierra. Una manera de ajustar el nudo es describir la polimorfía de intercambios que interfieren o simplemente están por fuera de la circulación del capital en las economías del Tercer Mundo. La otra vuelta de nudo, más compleja, es el debate ecológico y político que suscita la experimentación mítica y ritual de las comunidades amerindias con lo no humano –sea animal, natural, cósmico o espiritual– como un saber irreductible a la ciencia y a la mediatización tecnoinformática de la vida cotidiana 21. Puestos en la tarea de aclarar las implicaciones del diferendo, mi sugerencia es que antes de pretender una explicación transcultural de la globalización, o de insistir en la crítica al patrón identitario establecido por los Estados-nación, el reto teórico y descriptivo es comprender cómo y por qué los modos de vida y 21
Para un desarrollo en contexto de este análisis, véase A. Chaparro (2000, cap. 4). 83
Adolfo Chaparro Amaya
las concepciones de mundo premodernos han logrado 1) diferir su incorporación a la cultura mayoritaria, y 2) filtrar activamente los procesos de mestizaje, sincretismo e hibridación donde se ha ido forjando un proyecto alterno de nación para las sociedades latinoamericanas. Referencias bibliográficas
Baudrillard, J. (1997). Le Paroxiste indifférent (entrevista con Philippe Petit). Paris: Grasset. Clastres, P. (1987). Investigaciones en antropología política. Barcelona: Gedisa. Chaparro, A. (2000). Archéologie du savoir cannibale. Les archives de l’ambiguïté, tome II . Paris: L’Harmattan. Chaparro, A. (2003). Crónica de una involución. En A. Chaparro & Ch. Schumacher (eds.). Racionalidad y discurso mítico. Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario. Chaparro, A. (2005). El diferendo entre perspectivismo y multiculturalismo. En Estudios Sociojurídicos (pp. 411-469). Bogotá: Universidad del Rosario. Chaparro, A. (en prensa). Cannibalism and State Formation in the Nueva Granada. En International Studies in Philosophy. Deleuze, G. (1989). Lógica del sentido. Madrid: Paidós. Deleuze, G. & Guattari, F. (1988). Mil mesetas. Valencia: Pre-textos. Deleuze, G. & Guattari, F. (1985). El antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia. Barcelona: Paidós. Derrida, J. (1988). Políticas de la amistad. Madrid: Trotta. Descola & Taylor (1993). Introduction. L’homme. Revue Française d’Anthropologie, 126-128, 13-24. Foucault, M. (1990). Vigilar y castigar. México: Siglo XXI . González, F. (1970). Los negroides. Medellín: Editorial Bedout. Husserl, E. (1976 [1935]). La crise de l’humanité européenne et la philosophie. En La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Paris: Gallimard. Jaramillo Uribe, J. (1996). Etapas y sentido de la historia de Colombia. En J. O. Melo (coord.). Colombia hoy. Bogotá: Biblioteca Familiar de la Presidencia de la República. 84
Genealogía de la premodernidad en Colombia
Jaramillo Uribe, J. & Colmenares, G. (1978). Estado, administración y vida política en la colonia. En Manual de Historia de Colombia, tomo I. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura. Kalmanovitz, S. (1996). El desarrollo histórico del campo colombiano. En J. O. Melo (coord.). Colombia hoy. Bogotá: Biblioteca Familiar de la Presidencia de la República. Landaburo, J. & Pineda, R. (1984). Tradiciones de la gente del hacha. Mitología de los indios andoques del Amazonas. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo-Unesco. Rappaport, J. (1990). The Politics of Memory. Native Historical Interpretation in the Colombian Andes. New York: Cambridge University Press. Severino de Santa Teresa, fray (1957). Historia documentada de la iglesia en Urabá y el Darién, tomo III . Bogotá: Kelly. Vasconcelos, J. (1948). La raza cósmica. Madrid: Aguilar. Viveiros de Castro, E. (2003). Perspectivismo y multinaturalismo en la América indígena. En A. Chaparro & Ch. Schumacher (eds.). Racionalidad y discurso mítico. Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario. Wassen, H. (1938). Original Documents from the kuna Indians of San Blas, Panamá. Goteborg: Etnological Studies, 6.
85
El utilitarismo negativo & el Estado social de derecho
Adolfo León Gómez G.
Con las reflexiones que vienen a continuación no pretendo convencerlos, ni siquiera provocarlos, lo más que deseo es sugerir a quienes tienen por empeño profesional la reflexión política, una forma diferente –y quizás complementaria–, no de fundamentar, ni siquiera de justificar, sino de apuntalar el palafito institucional nacido con la Constitución de 19911. Para ello me serviré de las ideas de un filósofo que ha tenido una gran incidencia en mi propia reflexión, hoy desconocido entre nosotros y, por ello mismo, muy calumniado: me refiero a Karl R. Popper2. Debo aclarar que consideraré globalmente su pensamiento 1
Para que no se me malentienda, recurro aquí a la analogía popperiana sobre el edificio del conocimiento, que no es un edificio a prueba de sismos, sino una construcción lacustre cuyas bases son bastante inestables (Popper, 1972 [1959], p. 111; 1996, p. 106). El término «apuntalar» lo tomo no en el sentido metafórico de fundamentar, sino en el sentido casi literal de «poner puntales». 2 Para muestra, he aquí un pasaje del artículo «La Democracia en condiciones difíciles» del connotado filósofo italocolombiano Angelo Papacchini (2003, p. 5), que dice así: «Entre los innumerables intentos de delimitación conceptual [de la democracia], es posible identificar dos tendencias básicas: la de quienes –como Hayek, 87
Adolfo León Gómez G.
sin distinguir entre la filosofía del joven Popper y la del maduro. No tocaré el tema de la sociedad abierta, ni tampoco el del modus operandi de asuntos como el de quién debe gobernar, y me limitaré al tema de lo que sus discípulos han llamado el utilitarismo negativo, que me permitirá definir, con el mismo Popper, una idea de Estado liberal intervencionista en defensa de los débiles. Debo anotar que el tercer mundo nunca fue motivo de preocupación para él, pero a pesar de ello, y de que su pensamiento es eurocéntrico (incluida Norteamérica), esto no es óbice para que nos permita pensar en nuestra propia realidad social. A fin de cuentas, eso es lo que sucede con todos los demás pensadores políticos que circulan muy orondos entre los filósofos profesionales en Colombia. Comencemos diciendo que Popper, como liberal clásico –él se considera como uno de los últimos rezagos de la Ilustración–, acepta solo un Estado mínimo, en virtud de lo que él mismo llama la navaja liberal, según la cual no hay que multiplicar los poderes sin necesidad. Además, considera que el Estado es siempre una amenaza, y por lo mismo un mal, pero necesario. Es una amenaza porque puede siempre aumentar y abusar de su poder3, pero es necesario porque ni siquiera en una sociedad de amables gatos –no ya de lobos–, se puede negar la existencia de seres fuertes y seres débiles; la necesidad del Estado es precisamente para que los fuertes no se Popper, Bobbio, Sartori–, proponen una noción mínima de democracia, relacionada por lo general con procedimientos formales considerados indispensables para caracterizar un régimen como democrático o no; y la de autores como Macpherson, Losurdo, Cunnigham –por lo general relacionados con la tradición socialista– que proponen un concepto “sustancial” de democracia, que incluye valores de igualdad, justicia social y autodesarrollo». Es evidente que Popper no encaja en la clasificación de Papacchini como podrá constatarlo el lector cuando termine de leer este ensayo. 3 Popper parece referirse aquí como Estado a lo que nosotros consideramos como el ejecutivo y el legislativo, porque luego añade que esto puede suceder a pesar de las restricciones institucionales que se le impongan (¿judicial?) (Popper, 1994 [1984], p. 202). 88
El utilitarismo negativo & el Estado social de derecho
impongan a los débiles: la función del Estado es la protección de los débiles frente a los poderosos –esta afirmación es hasta cierto punto una perogrullada, pero una trivialidad que merece recordarse–. En todo caso, ella es la que se vincula con su utilitarismo negativo. ¿Cómo llega Popper a esta idea? En uno de los ensayos de la Responsabilidad de vivir (capítulo 10, sección VII)4, Popper traza una historia del origen de la idea del Estado mínimo con los tres hitos fundamentales de Kant, de Humboldt y de Mill; este último recibió el pensamiento político kantiano –que llegó a Inglaterra– a través de Humboldt. Veamos rápidamente este recorrido. Kant creyó que el Estado era necesario y que también era necesaria la limitación de la libertad, pero deseaba que esta limitación fuese la menor, mediante una «constitución de la mayor libertad humana según leyes, las cuales hacen que la libertad de cada uno pueda coexistir con la de los demás» (Hacia una paz perpetua). Esta inevitable limitación de la libertad es una consecuencia necesaria de la convivencia de los seres humanos. En su ensayo En torno al dicho: tal vez sea correcto en teoría pero no sirve para la práctica, Kant es más explícito con respecto a sus ideas del Estado y de la libertad: la emprende contra un gobierno paternalista –tan bondadoso como para proteger nuestra vida que está en sus manos–, señalando que sería el mayor despotismo imaginable5. Solo, pues, la existencia de un Estado de derecho puede resolver el problema de los lobos agresivos o de los gatos indulgentes –a los cuales deberían darles gracias los débiles– si se dejan a su libre iniciativa. Estas ideas kantianas las desarrolla Wolhelm Humboldt en su libro Ideas para determinar los límites de la actividad del Estado, publicado en 1851 pero escrito mucho antes. En esta obra se insiste de manera central en la expansión de la libertad como fuente de 4 5
Corresponde a una conferencia dictada en Munich en 1988. He consultado las ediciones populares de la La Paz perpetua (Kant, 1972), y el ensayo «Sobre el Proverbio», en una edición inglesa, Perpetual Peace and other essays (Kant, 1992, pp. 61-92). Es de notar que este último es anterior (1793) al primero (1795). 89
Adolfo León Gómez G.
diversidad y creatividad, y al Estado se le asigna la función de velar por el bienestar negativo de los ciudadanos (su seguridad), no así por su bienestar positivo6. Es esta obra la que llegó a John Stuart Mill, y que lo puso en contacto con el pensamiento kantiano, y con él a los ingleses. Vale anotar que el epígrafe de Sobre la libertad es de esta obra de Humboldt, y que Kant se menciona en más de una ocasión en El Utilitarismo. Allí incluso Mill da una versión utilitarista de la primera fórmula del imperativo categórico kantiano. Anoto que en esta obra Mill hizo las críticas al utilitarismo de Bentham –cálculo de los placeres–, introdujo una idea de utilidad cualitativa que incluye utilidad intelectual y utilidad social, y que su ideal de sociedad es aquella que combina «la mayor libertad con la justa distribución de los productos del trabajo» (Principios de economía, 3 ed.) (citado en Mill, 1979). Así que el principio de la «mayor felicidad para el mayor número» –originado en Bentham– pero que Mill sigue sosteniendo en su versión sui géneris, debe ser entendido en términos de libertad y justicia. No está demás recordar que el último capítulo de El Utilitarismo lleva por título «Sobre la relación que existe entre la justicia y la utilidad». Es en este contexto, en el que se deben entender las dos notas de la primera parte de La sociedad abierta y sus enemigos, donde se produce la inversión hacia el utilitarismo negativo. La primera corresponde a la nota 6 del capítulo 5. Hela aquí. El reconocimiento de que todo apremio moral tiene sus bases en los apremios del dolor o el sufrimiento, propongo reemplazar, por esta razón, la fórmula utilitarista: «aspiremos a la mayor cantidad de felicidad para el mayor número», o, más sintéticamente: «aumentemos la felicidad», por la fórmula: «la menor cantidad posible de dolor para todos» o, brevemente: «disminuyamos el dolor». Esta fórmula tan simple puede 6
90
Vale notar que la obra de Humboldt solo la menciona Popper en los «Addenda» de la Sociedad Abierta, II (1961, p. 395 de la edición inglesa). En la primera edición II, se menciona una anécdota: fue recibido por Napoleón con A. Muller y a propósito de ello, Fichte tuvo una reacción bastante simpática (pp. 53-54).
El utilitarismo negativo & el Estado social de derecho
convertirse, creo yo, en uno de los principios fundamentales (por cierto que no el único) de la política pública (el principio «aumentemos la felicidad» parece tender, por el contrario, a producir dictaduras benévolas)7. 7
En los «Addenda» (Popper, 1961, p. 386), cuando aclara que no puede haber criterio de absoluta corrección para las propuestas (proposals) morales o políticas, nos dice que «la maximización de la felicidad puede (pudo) (may) haber sido intentada como un criterio. [Pero] por otra parte, ciertamente yo nunca recomendé que adoptáramos la minimización de la miseria como criterio, aunque pienso que es una mejora de algunas ideas del utilitarismo. También sugerí que la reducción de la miseria evitable pertenece a la agenda de las políticas públicas (lo que no significa que cualquier asunto de política pública deba ser decidido por un cálculo de minimización de la miseria) mientras que la maximización de la propia felicidad debería dejarse al propio esfuerzo privado (también estoy de acuerdo con mis críticos que han mostrado que si se usa como criterio, el principio de la miseria mínima tendría consecuencias absurdas; y espero que lo mismo puede decirse sobre cualquier criterio moral)». Bryan Magee concluye el capítulo 6 de su obra Popper (1973, p. 86) con una consideración de la mayor importancia para nuestra reflexión popperiana sobre Colombia: «Hay, sin embargo, alguna duda sobre si: “minimizar la infelicidad” es suficiente para convertirse en nuestra principal máxima política por todo su gran valor heurístico. Ella misma se limita a rectificar abusos y anomalías dentro del patrón existente de distribución del poder, de las posesiones y de las oportunidades. Tomada literalmente, parecería excluir incluso medidas liberales moderadas tales como el subsidio estatal a las artes y la provisión municipal de cosas como campos deportivos y piscinas. Una posición tan extremadamente conservadora sería una consecuencia no natural de la filosofía radical de Popper, al menos en una sociedad opulenta. Ella, en verdad, ha resultado demasiado conservadora incluso para un político conservador profesional [Sir E. Boyle. New Society, 12.9. 1963]. Deberíamos hacer de ella una regla metodológica que se aplica primero, y obrar sobre sus consecuencias, pero entonces dondequiera sea posible mirar la situación de nuevo, en términos de la segunda formulación más rica que subsume a la primera: “maximizar la libertad de los individuos para que vivan como deseen”. Esto requiere una provisión pública masiva en educación, artes, vivienda, salud, y cada uno de los aspectos de la vida social, pero siempre con el efecto de extender el rango de escogencia, y por consiguiente, de libertad, abierto a los individuos» (énfasis agregado). Esto quiere decir que la agenda negativista no es conservadora 91
Adolfo León Gómez G.
Es necesario comprender, además, que desde el punto de vista moral no pueden tratarse simétricamente el dolor y la felicidad, es decir, que la promoción de la felicidad es, en todo caso, mucho menos urgente que la ayuda a aquellos que padecen y el intento de prevenir el dolor. (Esta última tarea poco tiene que ver con «cuestiones de gusto», pero la primera sí tiene mucho)8 .
La segunda nota completa esta primera y corresponde a la 2 del capítulo 9. Veámosla: Creo que desde el punto de vista ético no existe ninguna simetría entre el sufrimiento y la felicidad o entre el dolor y el placer. Tanto el principio de la mayor felicidad de los utilitaristas, como el principio de Kant: «Promueve la felicidad de los demás...», me parecen (por lo menos en su enunciado) fundamentalmente equivocados en este punto, que no pertenece, sin embargo, al dominio de la argumentación racional. [...] En mi opinión [...] en una sociedad precaria como la nuestra, en la que, sin embargo, no debe perderse de vista la segunda máxima ya que la agenda negativa es solo una condición necesaria. 8 Esta forma negativa de expresar el desiderátum social ya se encuentra en Voltaire, quien acostumbraba decir que el fin de los sistemas políticos era ayudar a que la humanidad fuera «un poco menos infeliz». Mencionado por J. Gray. Voltaire (1999, p. 67). Se encuentra también en Humboldt (1961, p. 100), y en Mill (1984, p. 146). Pero estas expresiones son esporádicas, y no tienen ningún nexo con ninguna teoría del conocimiento, ni una teoría filosófica global como sucede con Popper. Si fuéramos más lejos, deberíamos revisar las burlas despiadadas que Voltaire hace del optimismo de Leibniz en su cuento filosófico Cándido, ya que Leibniz en su Discurso de metafísica, III (2) invoca un principio de la filosofía escolástica: Uti minus malum habet rationem boni, ita minus bonum habet rationem mali. Es en virtud de este principio que Leibniz a sabiendas de que Dios perfecto no puede crear sino un mundo imperfecto; pero puesto que Dios es racional, en el cálculo de todos los mundos composibles, escogió el menos imperfecto, es decir, el menos malo; este mundo es el que Leibniz llama el mejor de los mundos posibles. Voltaire lo sabía, pero, ex profeso, leyó mal a Leibniz para poder mostrar la espantosa presencia del mal y la desdicha en la sociedad humana (Voltaire, 1972, pp. 19-20 & 26). 92
El utilitarismo negativo & el Estado social de derecho
el sufrimiento humano formula un llamado directo, esto es, un llamado de auxilio, en tanto que no existe ningún pedido similar en el sentido de que se aumente la felicidad de aquellos individuos que se encuentran en una situación tolerable. Otra crítica a la fórmula utilitaria: «aumentemos el placer» sería la de que se supone, en principio, una escala continua del placer al dolor que nos permite tratar a los grados de dolor como grados negativos de placer. Pero desde el punto de vista moral no se puede contrapesar el dolor con el placer y menos aún el dolor de un hombre con el placer de otro. En lugar de pedir la mayor felicidad para el mayor número de gente, deberemos conformarnos, más modestamente, con la menor cantidad de sufrimiento para todos, exigiendo, además que cuando ese sufrimiento es inevitable –por ejemplo, el hambre en las épocas de escasez de alimentos– se distribuya en la forma más equitativa posible.
Y concluye con una idea que es muy importante para mi desarrollo posterior: Existe cierta analogía entre este punto de vista de la ética y el de la metodología científica que propuse en La Lógica de la investigación científica. En el campo de la ética se gana en claridad si formulamos nuestras exigencias en forma negativa, es decir, si exigimos la eliminación del sufrimiento más que la promoción de la felicidad. De modo semejante, es útil formular la tarea del método científico, como la eliminación de las falsas teorías (de entre las diversas propuestas), más que como la consecución de verdades eternas.
Mario Bunge, que conoce bien la técnica de reducir o exagerar las tesis de su oponente para liquidarlo con más facilidad, comienza diciéndonos que la filosofía moral de Popper «es la de una nota en pie de página» (2000, pp. 183-184) y nos remite a la primera nota que acabo de citar y, a partir de allí, plantea varias tesis que le permiten arrinconar a Popper: 1. El utilitarismo negativo es una doctrina minimalista propuesta inicialmente por Buda, Epicuro, Hipócrates de Cos, que se 93
Adolfo León Gómez G.
puede comprimir en las máximas «No hagas daño a los demás» y «minimiza el sufrimiento», o, también: no te preocupes demasiado por los demás, solo abstente de hacer el mal y ten cuidado con los «benefactores». 2. El utilitarismo negativo es un egoísmo de una clase reflexiva e inteligente, y es la actitud de un individuo que es incapaz de infligir a alguien un dolor innecesario. 3. El utilitarismo negativo deja que los demás se las arreglen por sí mismos. 4. El impacto del utilitarismo negativo sobre la política social es el laissez-faire, y Popper, que es partidario de la ingeniería social planificada, y no del laissez faire, se contradice. Como podemos constatar, la reducción bungiana es demasiado facilista, ya que si se hubiese detenido en la segunda nota se habría percatado de que el utilitarismo negativo tiene una relación con la metodología científica de Popper: sus ideas acerca de que el conocimiento científico no es saber simple sino solo saber conjetural, que no podemos verificar nuestras teorías sino solo falsarlas o refutarlas, de que nuestro aprendizaje depende fundamentalmente del ensayo (conjetural) y del error, y de que el desarrollo y progreso del conocimiento dependen sobre todo de la eliminación del error. En otros términos, el filósofo argentino –que durante mucho tiempo abrevó en la fuente del pensamiento popperiano–, olvida aquí lo que en otro lugar de la misma obra (Bunge, 2000, pp. 202-203) reconoce explícitamente que el negativismo de Popper es integral y sistemático. Por lo mismo, debo agregar que este negativismo es solidario de una tesis popperiana, cual es la crítica a la «teoría de la verdad manifiesta», y la crítica a esta teoría tiene consecuencias teóricas y prácticas (de manera especial en su concepción de la política)9. Digamos algo sobre ella. 9
94
Esta teoría la expone en forma sintética y completa en la «Introducción» de Conjectures and refutations (Popper, 1972 [1963]), intitulada «Sobre las fuentes del conocimiento y de la ignorancia». He hecho una síntesis de la teoría en toda su obra en «Popper y la teoría de la verdad manifiesta publicada» (Gómez, 2002, pp. 43-61).
El utilitarismo negativo & el Estado social de derecho
Para comenzar, debe quedar claro que la teoría de la verdad manifiesta es diferente de la «teoría de la verdad por correspondencia», aunque tienen cierto parentesco. Esta última estudia la idea de verdad objetiva que no prejuzga sobre los criterios de verdad. La primera –la que nos interesa aquí–, en cambio, es un concepto epistémico que tiene que ver con nuestra aprehensión o captación de la verdad y, por lo mismo, con la existencia de facultades cognitivas que validan o invalidan criterios de verdad. La formulación más concentrada de esta teoría la da Spinoza en su Ética I (Escolio a la proposición 43). «En verdad, así como la luz se hace conocer por sí misma y hace conocer las tinieblas, la verdad es norma de sí misma y de lo falso (Veritas norma sui et falsi est)», fórmula que se completa con la del Breve Tratado (p. 3), «pero jamás la falsedad se reconoce y se demuestra por sí misma». En otras palabras, la doctrina de la verdad manifiesta es una concepción optimista según la cual, si la verdad se pone desnuda frente a nosotros, siempre será reconocible como verdad; si no se revela por sí misma, solo se requiere desvelarla, descubrirla. Hecho esto, no hay nada más que hacer, pues tenemos la luz natural de la razón para verla. Esta teoría se remonta a Parménides, se expresa de una manera sui géneris en Platón, se reactualiza en el siglo XVII con Descartes y Bacon, y se continúa en el Siglo de las Luces, el XVIII. En Descartes el conocimiento claro y distinto se refuerza con la veracitas Dei, y en Bacon con la veracitas naturae, ya que la naturaleza es un libro abierto y quien lo lee con mente pura no puede leerlo mal. No obstante, estos dos filósofos tienen claro que si el conocimiento o la posesión de la verdad no requiere explicación, sin embargo existe el error y este sí debe ser explicado. Para ello completan la teoría de la verdad manifiesta con la teoría de la conspiración de la ignorancia. La ignorancia puede ser obra de poderes que conspiran para mantenernos en la oscuridad, para envenenar nuestras mentes y enceguecer nuestros ojos, y así impedir que la verdad se manifieste. Tal conspiración puede venir de nuestros prejuicios vinculados por la educación y la tradición, por los ídolos u otras influencias 95
Adolfo León Gómez G.
malignas que han pervertido nuestras mentes originalmente puras e inocentes. Para eliminar estas influencias malignas se necesita recurrir a métodos regresivos de purificación, la duda generalizada o la eliminación de los ídolos que actúan como ejercicios de purificación o catárticos; en suma, como una medicina mentis que permite regresar al estado adánico antes de la caída original. En el plano teórico, este enunciado, que es expresión de una epistemología optimista desarrollada en el siglo XVII, estimuló a los hombres a pensar por sí mismos, y les dio la esperanza de que a través del conocimiento podrían liberarse a sí mismos y a los demás de la servidumbre y de la miseria. Hizo posible la ciencia moderna. Produjo la idea de que la ciencia es «una opinión verdadera y fundamentada», tal como lo propuso Platón en el Teeteto, pero que es una idea que ha llegado hasta nosotros y que, naturalmente, adoptaron, a su manera, tanto Descartes como Bacon. Pero, también, a partir de Bacon, generó lo que se ha llamado la religión de la ciencia (el cientificismo) que promete la autoliberación de la humanidad por el conocimiento. Bacon, por lo demás, propugnó el método de inducción por eliminación del error (que es el pecado) y, que conduce a la validación de la teoría verdadera, es decir, que la eliminación del error conduce a la manifestación de la verdad. Esta idea baconiana será continuada por W. Whewell y llegará incluso a Peirce quien afirmará que la «ciencia está predeterminada a alcanzar la verdad sobre cada problema con la misma infalibilidad con la cual los pájaros hacen su trabajo» (citado por Chauviré, 1971, p. 272). En el aspecto práctico, la teoría de la verdad manifiesta elaborada en el siglo XVII generó un resultado ambivalente. Por una parte, produjo una revolución intelectual y moral sin precedentes: alentó a los hombres a pensar por sí mismos; se convirtió en la base de la lucha contra la censura y la supresión del libre pensamiento; estimuló el inconformismo, el individualismo, las ideas de un nuevo sentido de la dignidad humana, de las demandas de una educación universal, y de un nuevo sueño de sociedad libre; hizo sentir a los hombres responsables de sí mismos y de los demás. 96
El utilitarismo negativo & el Estado social de derecho
Así, como lo dice Condorcet –citado por Popper–, la verdad manifiesta «debe conducir necesariamente al reino de la verdad y de la bondad». Está claro que para Popper la verdad no es manifiesta, que es difícil de encontrar, y que no existe un criterio general de verdad ni siquiera en las partes más formales de la ciencia, esto es, la lógica y las matemáticas. Las buenas consecuencias de esta teoría no son sino la forma como una «idea mala puede inspirar muchas buenas». Curiosamente, esta idea la comparte el liberal Popper con el pensamiento conservador. Pero por otra parte, la teoría de la verdad manifiesta condujo de manera inevitable a otra teoría, la de la «conspiración contra la verdad», ya que si hay tanta gente que no ve la verdad manifiesta –esa verdad tan claramente visible–, esto se debe a los prejuicios sistemáticamente implantados en las mentes juveniles impresionables para cegarles el acceso a la verdad, por lo cual será preciso actuar sobre esa conspiración. Es así como la teoría de la verdad manifiesta transita de un optimismo esplendoroso hacia una teoría pesimista ya que se convierte en el sustento de casi toda clase de fanatismo: puede llevar a considerar a aquellos que se niegan a aceptarla como «poseídos» por una potencia maligna, lo que puede conducir a imponer las luces mediante el recurso a una autoridad, que de manera benevolente, o arbitraria y cínica, se pronuncie sobre la verdad manifiesta y la establezca: es la vieja idea del rey filósofo, revivida en el déspota ilustrado y en todos los proyectos de ingeniería social holística (o utópica) sean fascistas, comunistas o liberales10. 10
La teoría de la verdad manifiesta se combina fácilmente con el historicismo que es la doctrina que sostiene que la tarea de las ciencias sociales es proponer profecías históricas y que estas profecías se necesitan para hacer política de manera racional; obviamente, es el método de Marx –que heredó de Hegel–, pero también lo es de John Stuart Mill –que lo heredó de Comte–. Vale observar que la última nota de pie de páginas de El Utilitarismo, a propósito de si el método para determinar qué clase de actos tienden a producir felicidad y cuáles tienden a producir desdicha, ha de ser la deducción a partir de las leyes de la naturaleza humana y las condiciones universales de la vida, inducción a partir de generalizaciones de la experiencia específica, dice: «Mi 97
Adolfo León Gómez G.
El utilitarismo negativo propugnado por Popper quiere ser un antídoto a esta tendencia perversa de la teoría de la verdad manifiesta que con benevolencia o malevolencia concede al gobernante –único o plural– el poder de imponer la verdad o la forma verdadera de la felicidad a sus gobernados, en nombre de un presunto saber manifiesto. Es por eso que en nombre de su propia teoría de que la verdad no es manifiesta, tratando de conservar todas las consecuencias sanas de la epistemología falsa de la Ilustración, nos propone una teoría negativista –la supresión de la infelicidad, de la desdicha– que nos interpela de manera directa y acuciante. Por supuesto que detrás del error y del dolor subyacen la verdad y la felicidad como ideas regulativas, pero atenuando el valor regulador de esta última, que debería dejarse al arbitrio de cada cual para evitar precisamente los proyectos políticos holísticos y respetar la soberanía de los individuos en un Estado liberal. Popper, al aceptar la teoría de que la verdad no es manifiesta, acepta una idea característica del pensamiento conservador, pero nos dice que si bien los conservadores fueron sabios al oponerse a todo el derramamiento de sangre producido por las guerras de religión, la Revolución Francesa, la revolución rusa –y otras revoluciones–, no tenían razón cuando de su escepticismo hacia la manifestación de la verdad derivaban un énfasis hacia la autoridad de las iglesias y otras formas de autoritarismo. Para el pensamiento conservador, si la verdad no es manifiesta, su interpretación no puede dejarse a la libertad individual, ya que si esto sucediera, llevaría necesariamente al caos, a la desintegración social, a los cismas religiosos, por tanto, debe concederse a una autoridad suprema. Esto, para Popper, es tan perverso como la imposición de las luces de la razón11. propia opinión […] es que en ética, lo mismo que en todas las ramas de los estudios científicos, la conciliación de los resultados de esos dos procedimientos, que se corroboran y verifican mutuamente, es necesaria para comunicar a las proposiciones generales la índole y el grado de evidencia que constituyen una prueba científica» (énfasis agregado). 11 Recordemos que el pensamiento conservador europeo –católico– desarrolló estas ideas autoritarias en las obras de J. de Maistre 98
El utilitarismo negativo & el Estado social de derecho
El utilitarismo negativo, que es una ética humanista igualitaria sobre la base de la justicia y que, rápidamente, en Popper se convierte en uno de los principios fundamentales de una ética pública, solo puede preservarse –contra la predicción de Bunge– sobre la base de un Estado intervencionista que garantice la libertad y todo lo que es necesario para la protección de la libertad, en especial, el Estado intervencionista debe garantizar la libertad de los económicamente débiles frente a los abusos de los poderosos. Popper traslada el problema de la restricción liberal de la libertad para evitar la violencia física al campo económico. La libertad ilimitada significa que el fuerte puede matonear (bully) al débil y arrebatarle la libertad. Es por esto que se pide que el Estado limite la libertad hasta cierto punto, de tal manera que la libertad de cada uno sea protegida por la ley. Estas consideraciones –agrega Popper–, que inicialmente fueron pensadas para aplicarse en el campo de la fuerza bruta y de la intimidación física, deben ser aplicadas también en el campo económico, pues, aunque el Estado proteja a sus ciudadanos de la violencia física –como sucedió, por ejemplo, en principio en el capitalismo del laissez faire–, puede fracasar en la protección del abuso del poder económico. En tal Estado, […] los económicamente fuertes tienen libertad para matonear a los económicamente débiles y arrebatarles su libertad; bajo estas circunstancias la libertad económica sin restricción puede ser tan peligrosa como la violencia física. El remedio a esta situación deber ser análogo al remedio contra la violencia física. En consecuencia, debemos exigir, si deseamos salvaguardar la libertad, que la supresión del Estado económico sin restricción sea reemplazado por un Estado intervencionista que vaya más allá de la protección de la propiedad y de los así llamados «contratos libres»12. y Donoso Cortés, en los cuales se inspiró muy profundamente el tradicionalismo autoritario de Miguel Antonio Caro, que dejó una huella muy grande en la Constitución de 1886. 12 Por lo mismo no es suficiente la creencia liberal de que todo lo que necesitamos es «igualdad de oportunidades». «Por supuesto que la 99
Adolfo León Gómez G.
En este último aspecto el ilustrado liberal Popper hace un obvio reconocimiento a uno de los grandes humanistas del siglo XIX europeo –que hoy ni se menciona en los medios académicos–; me refiero a Karl Marx. Por supuesto, Popper le hace serias críticas a su historicismo y a su economicismo, pero reconoce que las críticas de Marx a la sociedad de su época, y a su economía capitalista, eran justas, y que es […] el radicalismo moral de Marx el que explica su influencia; esto es un hecho esperanzador por sí mismo. Este radicalismo moral aun está vivo. Es nuestra tarea conservarlo vivo y evitar que siga el mismo camino que deberá seguir su radicalismo político. El marxismo «científico» ha muerto pero deben sobrevivir su sentido de la responsabilidad social y su amor a la libertad (Popper, 1981, p. 211).
El Estado propuesto por Popper es, pues, un Estado intervencionista. El intervencionismo estatal es peligroso, pero es un mal necesario, de allí que la intervención estatal deba limitarse a lo que es realmente necesario para la protección de la libertad, es decir, una planificación tendiente a luchar contra males concretos y no a buscar un bien ideal y abstracto. Mientras más poder se dé al Estado, más se requerirá del refuerzo de las instituciones democráticas de control. Este Estado intervencionista y protector está fundado sobre la justicia social, pues, como se dijo, él se instaura para eliminar el sufrimiento, pero cuando el sufrimiento es inevitable debe distribuirse de la manera más equitativa posible. ¿Acaso es un Estado de beneficiencia, o lo que se ha dado en llamar un Estado paternalista? La respuesta de Popper es que el Estado mínimo es un principio regulativo: necesitamos de un Estado que garantice nuestros derechos humanos, pero también que cree derecho, limitando necesitamos, pero ella no es suficiente porque no protege a los menos dotados, a los menos osados (ruthless), a los que tienen menos suerte, que pueden volverse objetos de explotación de los más dotados, o más osados o que tienen más suerte» (Popper, 1981, cap. 17). 100
El utilitarismo negativo & el Estado social de derecho
nuestra libertad tan poco y tan justamente como sea posible. Este Estado también debe ser tan poco paternalista como sea posible (1995, cap. 10). Sin embargo, agrega Popper, «es mi convicción de que todo Estado contiene un momento paternalista e incluso varios momentos de este tipo; estos son incluso decisivos». Así, por ejemplo, la tarea fundamental que asignamos al Estado –por encima de cualquier otra– es que reconozca nuestro derecho a la libertad y a la vida, y que nos ayude, si es necesario, a defender nuestra libertad, nuestra vida (con todo lo que ello conlleva), es sin duda tarea paternalista. Claro está que el derecho, en su objetividad, está por encima de esas relaciones cuasi-personales, pero el Estado y sus leyes son obra humana falible, y sus órganos están creados por seres humanos falibles, y el hecho de que a veces estos hombres sean malintencionados, y de que tengamos que estar contentos –y hasta agradecidos– si nos muestran aquella «benevolencia» (que Kant menosprecia como demasiado humana), muestra que el momento paternalista desempeña un papel variado en estos asuntos públicos. Esto es verdad, concluye Popper aceptándolo a regañadientes, y el descuido de esta verdad ha conducido a ciertas cuestiones bizantinas en las discusiones de los últimos años13. 13
Llamo la atención sobre este punto porque en un artículo de Adela Cortina (1995), la autora quiere oponer el Estado social de derecho (fundamentado en la justicia) al Estado de bienestar, que a veces identifica con lo que Mill llama felicidad. En el resto de la sección Popper enfrenta algunas críticas al Estado de bienestar con las objeciones de Kant y de Mill, y aborda problemas muy actuales como la obligatoriedad del cinturón de seguridad en los vehículos, la prohibición de fumar, el seguro de accidentes y el uso de estupefacientes; muestra que el principio de Mill no logra socavar la idea del Estado de bienestar que tiene una relación con el Estado liberal. En su ensayo «¿En qué cree Occidente?» (1958) (1994, pp. 274-275), aunque critica el Estado de bienestar, nos dice que «nunca hemos de olvidar que surge de una convicción moral sumamente humanitaria y admirable, y que una sociedad dispuesta a graves sacrificios materiales en la lucha por la pobreza atestigua con ello la sinceridad de su convicción. Y una sociedad que está dispuesta a realizar sacrificios por sus convicciones morales tiene derecho a llevar a la práctica sus ideas. 101
Adolfo León Gómez G.
Con estas premisas, ¿qué pensaría Popper de la Constitución de un Estado social de derecho como el nuestro que él nunca conoció? O mejor, con las premisas de Popper, ¿qué podría pensar un popperiano que conoce más o menos este Estado? He aquí algunas ideas de las muchas que se me ocurren pero que debo resumir por respeto a su paciencia. Para comenzar creo que, es claro, Popper avalaría la idea de que la Constitución está compuesta por unas cuantas «hojas de papel»14 impresas y que, como lo sugiere García Amado, es un documento de puras palabras (2003, cap. IV). Esto se puede decir si pensamos en la independencia del mundo 3 y del lenguaje que es uno de sus habitantes centrales. Sin embargo, habría que enriquecer ese mundo con una teoría de los actos lingüísticos, porque las palabras impresas son algo más que simples palabras, y son actos personales o pluripersonales. Además, habría que enriquecer más la teoría de los actos lingüísticos –y el mundo 3 popperiano–, con una teoría de la argumentación tan rica como la de los belgas Perelman y Olbrechts. Creo hace mucho tiempo que Perelman es menos mal compañero de trabajo que H. Kelsen, aunque los dos son menos malos que muchos otros. De todas formas, las reflexiones de Perelman sobre la justicia me parecen más interesantes (o menos aburridas) que las de Kelsen. La razón es simple: los actos lingüísticos constitutivos de la Carta (o preformativos, si me perdonan) fueron precedidos de intensos debates, y es necesario reconstruirlos o rehacerlos por el garante de estas palabras de manera argumentativa. Ya regresaré sobre este punto. Volviendo al Estado de derecho, naturalmente Popper, que es un liberal que piensa en la separación de los poderes del Estado y la defensa de los derechos fundamentales –la forma más antigua Así, nuestra crítica al Estado de bienestar ha de orientarse a señalar mejores formas de materializar estas ideas» (énfasis agregado). 14 Las «hojas de papel» las menciona Ferdinand Lasalle en ¿Qué es una Constitución? Es una alusión a una expresión de Federico Guillermo IV, pronunciada el 11 de abril de 1847. La conferencia de Lasalle fue realizada en Berlín en 1862. 102
El utilitarismo negativo & el Estado social de derecho
del pensamiento liberal–, releería el derecho a la manera stuartmilliana que considera que la mayoría de las máximas de justicia corrientes son instrumentos para llevar a cabo los principios de justicia, cuyo uso se debe a las prácticas judiciales y a los tribunales de justicia, que se han visto acuciados a ello para poder cumplir con su doble función de castigar a quien lo merece y reconocer a cada persona sus derechos. Aquí cabría una reflexión juiciosa sobre las instituciones y la tradición, que por ahora debo dejar de lado. En todo caso, vale decir que la presunción de inocencia la apuntalaría stuartmillianamente con el principio benthamista de que es menos injusto dejar en libertad a un culpable que condenar a un inocente. Y el principio de imparcialidad de los jueces lo consideraría como una de las formas del audiatur et altera pars, ya que es injusto condenar a alguien sin ser escuchado. Vuelvo sobre el garante de la Carta: la Corte Constitucional. Ella es el máximo tribunal y todos los argumentos sobre el «choque de trenes», son invento sin fundamento –pero con el poder– del viejo Estado, que aún no se resigna a desaparecer. Este asunto se tratará al final de este escrito. Por ahora debo decir que la Corte Constitucional, a pesar de algunos pasos en falso en sus comienzos, como los que señala el profesor Mauricio García Villegas en la Eficacia simbólica del derecho (1993, pp. 140-146)15, o de ciertos fallos elitistas como las sentencias sobre la eutanasia, o de sentencias inocuas como la de fumar en los vehículos privados o públicos, ha repensado muchos 15
Es de anotar que el texto constitucional no está libre de inconsistencias. Carlos Lleras de la Fuente (él mismo constituyente), en asocio de Marcel Tangarife Torres, publicó en 1995, en la Biblioteca Jurídica Dike, una obra voluminosa intitulada Régimen constitucional de la rama ejecutiva del poder público. Gobierno Nacional. Inconsistencias normativas, en la que abordan la incompatibilidad entre los artículos 115 y 189, que consagran las funciones del presidente de la república. Aparte de eso, muchos de sus artículos están mal redactados y contienen vacíos o ambigüedades. No menciono ninguno en particular ya que puede ser falla de la edición que consulté, pues en Colombia no hay ediciones oficiales de los textos legales, asunto que se ha dejado a la iniciativa privada. 103
Adolfo León Gómez G.
asuntos de justicia social como la sentencia contra el UPAC y otras sobre la capacidad adquisitiva de los salarios, que han sido buenos indicadores para el futuro próximo. Estas sentencias muestran que la Corte anda por el buen camino de la protección de los débiles como lo propone el pensamiento popperiano y como lo consigna la Carta. Popper vería con muy buenos ojos fórmulas negativas como «se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos…»16, o propuestas públicas como «Debemos tener a Bogotá sin hambre» o, «es indeseable que haya colombianos sin alfabetización, sin salud, sin trabajo…». En cuanto a la forma de democracia, Popper tendría mucha reticencia con la idea romántica –rousseouniana– de voluntad popular y de soberanía popular 17. Estas ideas francesas son entelequias peligrosas que pueden favorecer las tiranías (o dictaduras) de las mayorías o de las minorías. Eso es lo que con mucha finura analiza en las llamadas paradojas de la democracia que estudia en su Sociedad abierta (Popper, 1961). Vería con más simpatía una democracia a la manera inglesa, nominalista y stuartmilliana, en la que los intereses generales son una suma –división, o multiplicación, o lo que sea–, de los intereses particulares. Detestaría el recurso a los sondeos de opinión a los cuales recurre diariamente la llamada opinión pública –televisión, radio y prensa escrita– para fabricar creencias sobre la población colombiana adulta y responsable a partir de muestras de 500 a 5.000 entrevistados. Para Popper, esta es la manera más elemental y casi zafia de recurrir al método (al supuesto método) inductivo que él siempre En la Sociedad abierta I (1961, p. 265 (ed. inglesa) dice: «Deberíamos [...] considerar que la incitación a la intolerancia y a la persecución es criminal, de la misma manera que deberíamos considerar criminal la incitación al asesinato, al secuestro, o al renacimiento del comercio de esclavos». 17 La Constitución de 1991 no habla de voluntad popular pero sí de soberanía popular. 16
104
El utilitarismo negativo & el Estado social de derecho
rechazó como forma posible de alcanzar el conocimiento, puesto que es parte de la presentación más ingenua de las teorías verificacionistas y de la verdad manifiesta. Por las razones anteriores, Popper también cree poco en la opinión pública, aunque distingue diferentes formas de ella –algunas buenas–, cree que los medios de comunicación, sobre todo la televisión –y ahora después de él la red–, pueden convertirse en el peor maestro de los niños con su forma permanente de presentar el sexo y la violencia18. A fin de cuentas, para Popper, la democracia no era la mejor forma de gobierno, sino como lo decía –con su admirado conservador inglés–, la menos mala comparada con todas las demás conocidas19. Para terminar, y en los términos de este ensayo, ¿cuál es uno de los aspectos de la crisis colombiana en el momento? Muy simple. La pugna entre partes del poder que rivalizan por la supervivencia del viejo Estado autoritario al servicio de los fuertes que representan el ejecutivo y buena parte del legislativo, y por otra, el Estado para proteger a los frágiles, representado por buena parte de los jueces –aunque no todos– y la minoría opositora en el legislativo acompañada de algunos organismos de control. Que lo primero es palmario, se refleja en la reforma laboral de 2002 que no promovió el empleo pero que sí indemnizó a los fuertes –con ganancias, exención de aportes para fiscales y menores costos por despidos– de un impuesto de guerra que fue transferido automáticamente a los trabajadores que perdieron su ganancias ocasionales nocturnas, horas extras y festivos20. 18
Véase por ejemplo, «La opinión pública y los principios liberales», en En busca de un mundo mejor (1994, pp. 204-208). 19 Véase «¿En qué cree Occidente?» (1994, pp. 277-281), donde explica la expresión churchilliana: «la democracia es la peor forma de gobierno excepción hecha de todas las formas de gobierno ensayadas de tiempo en tiempo». 20 Para el analista Mauricio Cabrera, la recuperación económica está en vilo precisamente por el tema del empleo. «Un censo de las Supersociedades con las 9000 empresas más grandes del país, que emplean a un millón de personas, muestra que 105
Adolfo León Gómez G.
Lo segundo se observa en las sentencias que he mencionado, y la pugna –pugnaz– en el Congreso de la República por las reformas pensional y tributaria. Es claro que mi tarea no es ser profeta del futuro o quizás sí, pero a la manera de Perogrullo, ni ser consejero del presente, sino solo manifestar mi indignación moral frente a esta sociedad tan perversamente desigual –aunque yo mismo no pertenezco a los más desiguales–; recordar que en 1991 se hizo en Colombia una de las revoluciones más democráticas y pacíficas que se han realizado en nuestro país, a pesar de la posterior eliminación de movimientos que deseaban entrar en la vida civilizada, y estar atento ahora a los nuevos «estatutos de seguridad», a la paramilitarización del país y a la prepotencia del ejecutivo. No me hago muchas ilusiones sobre el futuro y espero –la esperanza es lo último que se pierde– para mis hijos y mis nietos –y claro para todos los hijos y nietos de todos nosotros colombianos–, no el cielo del mejor de los mundos posibles, sino el menos malo de todos los mundos, aquí. Referencias bibliográficas
Bunge, M. (2000). La relación entre la sociología y la filosofía. Madrid: Edaf. Cortina, A. (1995). Presupuestos morales del Estado social de derecho. En C. Motta (ed.). Ética y conflicto. Bogotá: Ediciones Uni-Andes, Tercer Mundo. García Villegas, M. (1993). La eficacia simbólica del derecho. Bogotá: Uniandes. García, A. (2003). Sobre la Interpretación constitucional. En Ensayos de filosofía jurídica. Bogotá: Temis. Gómez, A. L. (2002). Popper y la teoría de la verdad manifiesta. En Semana del Pensamiento Filosófico. Popper: los grandes debates del siglo XX . Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. el año pasado aumentaron sus ventas en 16 por ciento y, sus utilidades en 138 por ciento pero solo crearon 5300 empleos». El Tiempo, jueves 18 de noviembre de 2004, pp. 1-13. 106
El utilitarismo negativo & el Estado social de derecho
Gray, J. (1999). Voltaire. Bogotá: Norma (Los grandes filósofos). Kant, I. (1972). La paz perpetua (5 ed.). Madrid: Espasa Calpe, Colección Austral. Kant, I. (1992). Sobre el Proverbio. En Perpetual Peace and other essays (4 ed.). Indianápolis: Hackett Publishing. Lasalle, F. (1984). ¿Qué es una Constitución? Barcelona: Ariel. Leibniz, G. W. (1972). Cándido. Paul Gaillard (ed.). Hatier. Lleras de la Fuente, C. & Tangarife, M. (1995). Régimen constitucional de la rama ejecutiva del poder público. Gobierno Nacional. Inconsistencias normativas. Bogotá: Biblioteca Jurídica Dike. Magee, B. (1973). Popper. Londres: Fontana/Collins. Mill, J. S. (1979). Capítulos sobre el socialismo y otros escritos. Madrid: Aguilar. Mill, J. S. (1984). El utilitarismo. Barcelona: Ediciones Orbis. Papacchini, A. (2003). La democracia en condiciones difíciles. Políticas, nueva época. Cali: Universidad del Valle. Peirce (1971). Collected Papers 7.77. En Ch. Chauviré. Vérifier ou falsifier. De Peirce à Popper. Les Etudes Philosophiques, 3, pp. 257-278. Popper, K. (1961). Addenda. En La sociedad abierta y sus enemigos, II . Popper, K. (1972 [1959]). The Logic of scientific discovery. Londres: Hutchinson (en la edición española, México: Rei, 1996). Popper, K. (1972 [1963]). Sobre las fuentes del conocimiento y de la ignorancia. En Conjectures and refutations. Londres: Routledge and Keagan Paul. Popper, K. (1981). La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona: Paidós. Popper, K (1994 [1958]). ¿En qué cree Occidente? En En busca de un mundo mejor. Barcelona: Paidós. Popper, K. (1994 [1984]). La opinión pública y los principios liberales. En En busca de un mundo mejor. Barcelona: Paidós. Popper, K. (1995). La responsabilidad de vivir. Barcelona: Paidós.
107
El problema de la legitimidad política
Luis Eduardo Hoyos*
En un ensayo titulado «Ilegitimidad» del Estado en Colombia. Sobre los abusos de un concepto (Posada, 2003), el historiador Eduardo Posada Carbó criticó hace relativamente poco la práctica muy extendida en Colombia de cuestionar la legitimidad de nuestro Estado de derecho y la de los gobiernos elegidos democráticamente1. Posada Carbó hace referencia a los más representativos «formadores de opinión» en nuestro medio, pero también a los pronunciamientos de ministros de Estado y de influyentes ex gobernantes (ex alcaldes, ex presidentes) para mostrar cuán común se ha tornado el uso indiscriminado, superficial y confuso de las expresiones con las que se alude *
Una primera versión de este texto fue leída en el Segundo Simposio sobre el tema La filosofía y la crisis colombiana, organizado por el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional del 1 al 4 de diciembre de 2004 en Bogotá. Agradezco a los participantes al Simposio por los comentarios críticos y las preguntas. También a Andrés Hoyos, a Antanas Mockus, a Eduardo Posada Carbó y a Rubén Sierra Mejía por sus comentarios y precisiones. 1 El presente ensayo fue escrito antes de haber leído el libro de Posada Carbó, La nación soñada (2006), donde el autor amplía, entre otros, sus puntos de vista sobre el tópico aquí discutido. 109
Luis Eduardo Hoyos
a la ilegitimidad de las instituciones democráticas y de los gobiernos en Colombia. Se pueden detectar, según él, tres factores por los que se niega legitimidad al Estado y a los gobiernos: «la falta de representatividad del sistema político, la inefectividad de la acción gubernamental y la falta de confianza ciudadana en las instituciones». Comprendo la preocupación de Posada Carbó cuando se insiste con ligereza en que el Estado es ilegítimo, y comparto con él la idea de que tal actitud puede traer consigo por lo menos dos graves inconvenientes: brindar, de manera indirecta, argumentos a los grupos armados ilegales, y desconocer abiertamente nuestro pasado, muy rico en esfuerzos por establecer una institucionalidad democrática. Respecto a lo primero, creo que a la hora de calificar un acto de gobierno como ilegítimo, y de compararlo con una acción política de un movimiento armado ilegal, el estudioso, el analista y el formador de opinión deben cuidarse de no incurrir en una simetría relativizadora. Para empezar, no se puede considerar que el cuestionamiento de la legitimidad de un gobierno, elegido dentro de un marco constitucional como el que nos rige, tenga el mismo valor que el cuestionamiento de la legitimidad de las acciones de la guerrilla. Esta simetría resulta inaceptable por una razón de fondo: es posible, ciertamente, controvertir la legitimidad de un gobierno –como, por ejemplo, el de Ernesto Samper, a raíz del escándalo provocado por una supuesta financiación de su campaña con dineros del narcotráfico–, pero no hay razones de derecho, ni constitucionales, que permitan derivar de este cuestionamiento uno del régimen electoral o de la institución presidencial. Las razones de ser jurídicas, y la legitimidad del sistema electoral y de la institución presidencial, no dependen de la legitimidad de una elección. El caso de la guerrilla y de todos los llamados actores armados es por completo diferente, pues su legitimidad no solo se ve permanentemente cuestionada por la naturaleza inmoral e inhumana de sus acciones, sino que ella, y en general todos los actores armados privados, no tienen una razón de ser fundada en el derecho. «La fuerza –decía Rousseau– no hace derecho». En Colombia, la acción política armada no estatal es ilegítima. Más adelante me referiré a esa tesis que, por desgracia, no es lo suficientemente obvia entre nosotros. 110
El problema de la legitimidad política
También comparto la segunda inquietud que Posada Carbó asocia al extendido discurso deslegitimador en Colombia: insistir sin mayor análisis en el carácter ilegítimo de nuestras instituciones democráticas es desconocer de forma irresponsable una larga tradición institucional. Llama incluso la atención que frente a muchas de las tremendas sacudidas que ha padecido el país, este conserve un marco institucional relativamente sólido y estable. Es de admirar, por ejemplo, que después de los críticos y muy violentos años de 1989 y 1990, cuando las mafias del narcotráfico le declararon la guerra abierta a la sociedad y al Estado, tres candidatos a la presidencia fueron asesinados y muchos militantes del grupo de izquierda Unión Patriótica (UP) eran exterminados, el país se haya embarcado en una reforma constitucional en la que pudieron, en principio, participar casi todos los sectores políticos que actúan en Colombia. El cambio político y constitucional que tuvo lugar en 1991 fue visto por fuera del país –para los que no lo saben– como un modelo de transformación democrática. No debe olvidarse que ese cambio ocurría en una época de muchísimas incertidumbres: se desmoronaba la Unión Soviética y surgían naciones enteras en Europa del este y en Asia central; se iniciaba en 1992 una guerra en Yugoslavia que tuvo origen en una propuesta de cambio constitucional por parte de eslovenos y croatas, y que fue rechazada por el régimen neo-estalinista que imperaba en Serbia. En Perú empezaba la aventura de Fujimori, en Argentina la de Ménem, y el coronel Hugo Chávez planeaba su famosa intentona en Caracas. De modo, pues, que sostener que el Estado colombiano es ilegítimo después de 1991 –y aún antes– es, por decir lo menos, irresponsable y fruto de la ignorancia. No obstante lo anterior, considero que un discurso legitimador o legitimista puede ser tan nocivo como la tendencia superficial a tener por ilegítimo todo lo que ocurre dentro de los canales constitucionales y democráticos, si ese discurso, primero, no se previene conceptualmente contra una falsa polarización; segundo, no atiende a los criterios más básicos de la legitimidad política y, tercero, no cuenta en sus debates con el fundamento conceptual sólido de la legitimidad, que es –a mi modo de ver– esencialmente 111
Luis Eduardo Hoyos
moral. A continuación expreso mi opinión sobre estos tres aspectos de la discusión sobre la legitimidad política en Colombia.
La falsa polarización
Colombia no es, hoy por hoy un país polarizado. La última polarización seria y real que vivió tuvo lugar durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998). Los opositores del gobierno exigían su renuncia basados en el argumento de que la prueba de una infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña deslegitimaba su elección, mientras que sus partidarios alegaban que Samper no se había enterado de lo ocurrido y que, aún en el caso de haberlo hecho, no tenía por qué servir de chivo expiatorio por prácticas políticas que en Colombia eran corrientes desde hacía años. No faltó quien rechazara la opción de la renuncia del presidente aludiendo a que ella, en ese momento, debilitaría la institución presidencial y crearía un peligroso vacío de poder. No me interesa discutir en detalle ese penoso acontecimiento de la historia colombiana reciente, en el que, por cierto, el papel desempeñado por Estados Unidos no fue marginal. Lo que quiero subrayar es que ni el poderoso influjo del narcotráfico, ni la capacidad de desestabilización de la guerrilla han logrado polarizar a este país. Cierto es que tanto las mafias como la guerrilla han ejercido influencia en Colombia para buscar cambios políticos y reformas jurídicas, pero esa influencia ni ha sido el resultado de una deliberación política ni ha contribuido a una polarización significativa del país. Los cambios en el sistema jurídico y penal que facilitaron la entrega de algunos de los capos de la mafia durante el gobierno de Gaviria (1990-1994), y su influjo en la elección de Samper se debían más al miedo o a razones de connivencia pragmática que a una real participación política. Otro tanto puede decirse de la guerrilla. La famosa fotografía de Andrés Pastrana con Manuel Marulanda en plena campaña por la presidencia en 1998 se suele reconocer como una jugada táctica electoral muy eficaz. Pero esto, de nuevo, no tiene que ver con una capacidad de convocatoria política de la guerrilla, sino más bien con el miedo y la saturación del elector frente a la violencia. No hay –repito– una polarización en la Colombia actual. 112
El problema de la legitimidad política
Nuestro riesgo más grave consiste en continuar en un proceso de atomización que, en mi opinión, no tiene expresiones políticas sino manifestaciones fundamentalmente violentas, y que se alimenta del carácter poco institucionalizado de las relaciones humanas (lo que algunos llaman la ruptura del «tejido social»), del colapso de la justicia y del deterioro en la educación. Pese a todos los esfuerzos que se vienen haciendo en los últimos años, creo que en los frentes de la justicia y de la educación están los dos flancos más débiles del asentamiento de la institucionalidad. A este fenómeno de la atomización, que se da de diferentes maneras en el campo y en las ciudades, no me referiré aquí2. Mi punto es que dos de los factores más desestabilizadores en Colombia: la mafia y la violencia guerrillera, no han logrado polarizar al país. Este es un hecho del que se tiene poca conciencia3. Por eso comete un error Salomón Kalmanovitz cuando argumenta de modo polarizado y acre contra la crítica que hace Francisco Cortés a las políticas económicas neoliberales en la reseña que hace del libro que resultó de este primer encuentro (Kalmanovitz, 2003, pp. 80-95). Es obvio que el error no está en el propio contraargumento, que dice que la estabilidad macroeconómica debe ser privilegiada frente a los impulsos igualitaristas o al crecimiento del Estado, ni siquiera en su brusquedad, sino en la manera como Kalmanovitz parece atribuir la opinión de Cortés al hecho de que comparte premisas con el totalitarismo de izquierda, tradicional detractor de los principios de la economía liberal. ¡Como si no existiera más alternativa que esa a las llamadas políticas neoliberales! Sea de ello lo que fuere, no es realista, ni tampoco conveniente, sugerir una filiación de los críticos de las políticas económicas neoliberales con los agresores del Estado de derecho en Colombia, pues semejante polarización es inexistente. La idea de que el fomento de los llamados derechos sociales y de la justicia social debe ser parte constitutiva de un Estado democrático de derecho está 2 3
Para algo más preciso sobre el tema véase Hoyos (2002, pp. 90-118). Sobre el tema ha insistido recientemente Eduardo Pizarro Leongómez (2004, pp. 59 & ss.). 113
Luis Eduardo Hoyos
ciertamente –y no puede menos que estar– impregnada de inclinaciones ideológicas, pero no creo que en el debate académico y político en Colombia se puedan tener hoy en día esas inclinaciones como principio de legitimación de acciones violentas. Por la misma razón pienso que fue equivocada la actitud del presidente Álvaro Uribe cuando reaccionó emotivamente contra las ONG en 2003. Esa reacción –como muchas otras intolerantes contra sus críticos– mostró que hay, de parte de Uribe, poco sentido para detectar matices, pues lo hizo a propósito de la publicación casi simultánea de dos informes sobre su gestión, uno escrito por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y otro publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Plataforma, 2003; PNUD, 2003). Apenas una lectura superficial de ambos informes muestra cuán diferentes son entre sí. El hecho de que en ambos informes haya un sesgo crítico respecto de la política de seguridad de Uribe no indica en absoluto que sean producto de una opinión única contraria al actual gobierno, y mucho menos al Estado de derecho. No me interesa expresar aquí mi opinión sobre estos informes, muy diferente con respecto a cada uno. Lo que quiero sugerir es que ni aun las opiniones contrarias a la actual política de seguridad, y a la política social y económica de este gobierno que se mueven en los medios académicos y respetuosos del orden constitucional se originan en una situación de polarización como la que se puede ver, por ejemplo, en Venezuela. Por tal razón, considero inconveniente la reacción agresiva de Uribe contra las ONG (contra todas, sin distinción), en parte porque es propiciatoria de una falsa polarización. Pienso, en este mismo orden de ideas, que cuando el profesor Posada Carbó previene contra el riesgo de cuestionar la legitimidad de los actos de gobierno tiene razón si ese cuestionamiento tiene la intención expresa de poner en la misma balanza a los movimientos armados y al Estado constitucionalmente establecido. Pero su prevención no se justifica cuando la pregunta por la legitimidad de un acto de gobierno o de un gobierno se plantea desde una perspectiva democrática y enemiga de la violencia. Una perspectiva democrática 114
El problema de la legitimidad política
y no violenta siempre tendrá el derecho (y en el fondo también el deber) de preguntar por la legitimidad de dichos actos o de dichos gobiernos. En Colombia, en donde ni el narcotráfico ni la guerrilla han logrado polarizar al país en contra de la institucionalidad democrática, el ejercicio de ese derecho y la aceptación de ese deber no constituyen un peligro sino más bien un estímulo a favor del principio de que se puede mejorar la vida colectiva a través de la acción política. Un ejemplo extraído de la actual coyuntura política internacional me servirá para terminar de ilustrar esta idea. Según una opinión democrática bastante generalizada en el mundo occidental, y bien fundamentada, tanto moral como jurídicamente, somos muchos los que consideramos que la acción militar de Estados Unidos en Irak no fue, ni es aún, legítima. Ninguno de los gobernantes o de los intelectuales occidentales y demócratas que ha llegado a esa conclusión aceptaría que su opinión sobre el asunto es equivalente, digamos, a la de los militantes de Al Qaeda, que creen que Estados Unidos no tiene derecho a existir, o que piensan que su régimen democrático es ilegítimo. No por sostener la ilegitimidad de esa acción político-militar se sostiene la ilegitimidad del régimen constitucionalmente elegido que la emprendió. Cuestionar la legitimidad de esa acción militar tampoco significa entrar a formar parte de una polarización entre amigos y enemigos de Estados Unidos, pues esa polarización no existe. En cambio, sí se pueden constatar dos cosas: la primera, que la pregunta por la legitimidad de un acto de gobierno puede hacerse porque esta es algo que continuamente se debe estar probando y fortaleciendo; y la segunda, que el gobernante que confunde a quien pregunta por la legitimidad de un acto de su gobierno con aquel que le niega toda legitimidad está contribuyendo a la creación de una polarización. El error lo cometió, en mi opinión, George W. Bush en aquel aciago discurso de 2002 en el que, al presentar su doctrina de la guerra preventiva, dijo, palabras más, palabras menos: «o están conmigo o están contra mí». No creo estar cometiendo delito alguno al decir que me parecería espantoso que en Colombia se diera una presentación análoga. 115
Luis Eduardo Hoyos
La polarización, por lo demás, no es por sí misma inconveniente. Solo lo es cuando uno de los bandos cuestiona la legitimidad del otro o ambos ponen en entredicho la legitimidad del contrario, y el ánimo deslegitimador logra esparcirse dentro de un conjunto importante de la población. Cuando a esta situación se suma que el resentimiento o el odio mutuo ha llegado a situaciones de no retorno, usualmente por efecto de la violencia, entonces estamos frente a una gran tragedia colectiva. También se debe distinguir con cuidado entre el cuestionamiento de la legitimidad de un Estado, el de la de un gobierno o de un grupo político, y el relativo a la legitimidad de una acción política. Hay unos principios de legitimidad de un Estado que lo hacen más o menos estable, y que rigen la vida social de una manera más o menos segura y previsible. Las sociedades humanas no pueden vivir en situación de interinidad. Si la legitimidad de las reglas y los principios básicos del ordenamiento constitucional de una sociedad fuera cuestionada permanentemente, o si tales reglas y principios fueran objeto de modificación con cada alternancia en el poder, se tendría muy pronto el caos jurídico y, con mucha seguridad, la guerra civil. Un gobierno, en cambio, sí puede y debe ser sometido continuamente a un test de legitimidad. No digo que eso se deba hacer todos los días de la permanencia de ese gobierno en el poder, pues eso también propiciaría el desenfreno colectivo, pero sí que haya una disposición de cada gobierno constitucionalmente elegido a someter sus actos al examen de la legitimidad. Las instituciones encargadas de vigilar que se cumplan las reglas del orden constitucional –las cortes, las procuradurías, las fiscalías y las contralorías–, constituyen los mecanismos de examen de la razón jurídica de ser de las acciones de los gobiernos y de los grupos de interés.
Criterios básicos de la legitimidad
La respuesta de Posada Carbó a los detractores de la legitimidad del Estado colombiano consiste en mostrar por qué ninguno de los tres criterios de «ilegitimidad» de los que se valen es aceptable. Estos tres criterios son, como dije: la falta de representatividad 116
El problema de la legitimidad política
política, la ineficacia de los gobiernos, y la desconfianza ciudadana en las instituciones. Pienso que la tarea de refutar a quien cuestione la legitimidad de un acto de gobierno o de un gobierno, o de la base institucional colombiana, orientada por la desvirtuación de cada uno de estos criterios, es una tarea fácil. Me parece, por tanto, que Posada Carbó no coge el toro por los cuernos. Es relativamente fácil, por ejemplo, mostrar que un cuestionamiento de la legitimidad de las instituciones democráticas colombianas basado en el primer criterio no es aceptable. La representatividad política en Colombia ha aumentado de forma significativa a partir de 1991. Los argumentos sobre un sistema político cerrado y excluyente, que tanto se esgrimieron durante la época del Frente Nacional –quizás con algo de razón– no tienen hoy en día la misma validez, y no pueden ser formulados del mismo modo. Esto es cierto incluso desde antes de 1991. La elección popular de alcaldes y gobernadores, y los cambios en el sistema electoral durante los últimos años, han contribuido notoriamente a la apertura política en Colombia. Más aún: en Colombia se ha demostrado que hay espacio político para que movimientos independientes y ex guerrilleros lleguen por la vía electoral al poder y asuman la administración. El grado de éxito o de fracaso de esos gobiernos regionales ha sido dispar, pero eso tiene que ver con la dinámica misma del arte de gobernar y administrar los bienes públicos, recibiendo por ello la sanción o el premio social respectivos, y no se puede atribuir a un supuesto carácter cerrado del régimen político. Después de su ingreso al juego político legal, el M-19 dilapidó progresivamente, como se sabe, un capital electoral del que hasta ese momento ninguna fuerza política de izquierda había gozado en Colombia. Si sus parlamentarios no fueron ratificados en las urnas, no fue por una falta de apertura del sistema político. Con esto no estoy sugiriendo que los vicios de la política tradicional (el gamonalismo, el tráfico de influencias, la compra de votos, &c.) hayan sido totalmente erradicados en Colombia. Existen aún, en mayor grado en las zonas rurales y semirrurales que en las grandes ciudades, y sobre todo allí donde los grupos armados y narco-paramilitares se constituyen 117
Luis Eduardo Hoyos
en fuerzas activas y amenazantes. Pero nadie puede negar que en Colombia ha aumentado de forma sensible el control sobre esas prácticas, y que el voto independiente ha provocado cambios políticos radicales, no solo desalojando del poder a los representantes de los partidos llamados tradicionales (en Bogotá están prácticamente desterrados), sino generando una nueva cultura electoral. No es, por tanto, correcto –ni honrado– decir que la democracia colombiana es ilegítima por ser meramente «formal», o por no ser representativa y abierta. Que se puede mejorar, es cierto, y que no se debe dar el brazo del control electoral a torcer, también lo es. Pero decir que la imperfecta democracia colombiana es irremediablemente cerrada y excluyente es falso. Para refutar esta apreciación, o apreciaciones similares, se suele citar el caso de la Unión Patriótica. El impune exterminio de sus militantes y de sus dirigentes durante la década de los ochenta constituye, sin duda, una de las tragedias de nuestra generación. Pero no me parece correcto servirse de este evento –uno de los testimonios más vergonzosos de la suciedad y degradación del conflicto colombiano– para desconocer los procesos de apertura política de las últimas dos décadas. Es ante todo incorrecto citar este doloroso evento sin mencionar que el M-19, después de dar clarísimas muestras de estar dispuesto a ingresar al juego político legal, y el Nuevo Liberalismo, que nunca estuvo, ni pensó estar, al margen de la legalidad, también sufrieron el asesinato de sus líderes en medio de una confusión aterradora, en buena parte propiciada por la infiltración del narcotráfico en muchas esferas de la sociedad. Cierto es que ni el M-19 desmovilizado, ni el Nuevo Liberalismo fueron víctimas de una aniquilación sistemática de sus militantes, como sí lo fue la Unión Patriótica, pero también lo es que ninguno de esos dos grupos tuvo relaciones ambiguas con los grupos armados, sino que fueron claros, por muy diferentes razones y circunstancias, en no incurrir en la «combinación de todas las formas de lucha». Y eso también se debe tener en cuenta al examinar la guerra sucia colombiana: este, no se ha de olvidar, es un país de galleras; es el país de los hermanos de Ángela Vicario. 118
El problema de la legitimidad política
La acusación de que nuestros gobiernos son ineficaces tampoco es el mejor argumento para cuestionar su legitimidad. Primero que todo, el aserto de que todos nuestros gobiernos son ineficaces es demasiado vago. En segundo lugar, la democracia moderna –también la nuestra– cuenta con métodos de sanción relativamente expeditos para los casos en que un gobierno es reputado como malo. Por fortuna existe entre nosotros una división efectiva de poderes, y en los últimos años no ha sido excepcional el caso de que un acto o una propuesta del poder ejecutivo sean cuidadosamente analizados y evaluados por la Corte Constitucional. Pero, ¿qué es un mal gobierno? La pregunta, formulada en abstracto, no me parece de fácil solución. Usualmente, somos dados a juzgar esta o aquella acción de gobierno, esta o aquella medida, como malas o buenas, y cuando decimos que un gobierno en su totalidad es malo, lo hacemos considerando el conjunto de sus acciones o de sus medidas, o el grado de improvisación de sus políticas, o el desacierto de lo que ese gobierno ha considerado públicamente como idea rectora. Así y todo, la evaluación global sobre un gobierno no es tarea fácil cuando se trata, obviamente, de un juicio analítico cuidadoso y no es el resultado de una mera opinión de cafetería, por así decir, pues gobernar consiste muchas veces en solucionar problemas urgentes dentro de coyunturas nacionales e internacionales que no estaban previstas cuando se diseñó la política y se propuso una candidatura. El país en el que nos ha tocado vivir está lleno de ejemplos de ello. Tomemos el caso de las últimas administraciones de Bogotá. Parecían conducidas por una idea rectora común: defender el espacio público como criterio de convivencia ciudadana y democrática y como factor de aumento de la calidad de vida, al tiempo que buscaban generar una cultura cívica. Las enormes inversiones en educación y en bibliotecas eran parte de esa política. En 2003, después de nueve años de política continuada en esa dirección, Bogotá había disminuido considerablemente las tasas de criminalidad y era considerada como un modelo interesante de desarrollo urbano en el llamado Tercer Mundo. Pero esta es una ciudad enfrentada a un enorme problema de inmigración interna por causa 119
Luis Eduardo Hoyos
del desplazamiento forzado. Este es uno de los factores que más conflictos sociales genera en esta ciudad. Nadie podría negar que la continuación exitosa de las políticas de los últimos años depende, en buena medida, del éxito que se tenga para terminar con el desmadre de la violencia y del caos en muchas de las regiones rurales y semirrurales de Colombia. Mencionaré otros dos ejemplos. La idea rectora del gobierno de Samper parecía ser una interesante política social. No contó él, sin embargo, con que las negociaciones con la mafia por debajo de la mesa le irían a generar un lío interno y externo tan grande que lo obligó a ocupar la mayor parte de sus esfuerzos y de su tiempo para paliarlo. Más le hubiera valido a ese gobierno –es mi opinión– haber propuesto esa negociación por encima de la mesa, o haber promovido en algún momento de la debacle un debate articulado, claro, conceptual, de alcance internacional, sobre el problema del narcotráfico y su influjo desestabilizador de la democracia. Europa lo hubiera escuchado. En lugar de ello se quedó haciendo maniobras –por debajo de la mesa– para quedarse en el poder a toda costa. Tenemos, no obstante, el Sisben, una creación de su gobierno, resultado de su idea particular de una política social de Estado. No puedo hablar de las bondades del Sisben como experto sino solo como ciudadano curioso y consciente. Por mi contacto con beneficiarios de él puedo decir que se trata de algo que ha aliviado mucho sufrimiento. Con esto quiero sugerir que este es un buen ejemplo para mostrar que la evaluación de un gobierno en su conjunto debe tener en cuenta más de una variable. El otro ejemplo es el del gobierno de Andrés Pastrana. Su idea rectora, propuesta en su momento como política de Estado, fue alcanzar la paz con las guerrillas de izquierda. ¿Quién podría negar que esta es una buena idea? Sin embargo, la política de paz del gobierno de Pastrana estuvo plagada de improvisación y mal manejo, al punto de dejar identificar el sentido de un acercamiento político con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la consecuente posibilidad de una negociación, con el sentido (y la funcionalidad) de una zona de distensión. Pero el fracaso de esa política de paz no puede ser atribuido solamente 120
El problema de la legitimidad política
al gobierno de Pastrana. Bastante responsabilidad les cabe a las FARC, evidentemente. Creo, en todo caso, que la convicción de que toda política de paz es mala porque tuvimos hace poco una mala política de paz puede conducirnos a situaciones aún más dramáticas. Insisto, eso sí, en que no es posible, ni correcto, sostener sin más que la totalidad de las acciones de un gobierno es desacertada. Puede que su idea rectora sea equivocada (un gobierno hace, y obviamente debe hacer, más que lo que se propone hacer con su idea rectora), o que no pueda ser llevada a cabo por culpa suya o por una circunstancia histórica desfavorable. Gobernar, como todo en la vida, es contingente y hacerlo en este país debe ser terriblemente azaroso. No obstante, existen los mecanismos de control de la democracia representativa, de una división efectiva de poderes y de una opinión pública cada día más calificada para sancionar una acción de gobierno reputada como mala. En esas circunstancias, no me parece aceptable cuestionar la legitimidad de una acción de gobierno, o de la totalidad de un gobierno, solo porque se lo considera malo. La legitimidad de un gobierno no depende de su eficacia o de que sea bueno. Creo, nuevamente, que en su refutación de este argumento contra la legitimidad del Estado colombiano y de sus gobiernos Posada Carbó sigue sin coger al toro por los cuernos. El tercer criterio aludido por los detractores de la legitimidad de las instituciones democráticas en Colombia –también refutado por Posada Carbó– es el de la desconfianza ciudadana en esas instituciones. Aquí tocamos un punto muy delicado. Lo primero que debe ser atendido es que el dictamen de confianza o desconfianza se suele fundar en encuestas de opinión o de percepción. Ocurre a veces, no obstante, que los resultados de las encuestas de percepción van en contra de estadísticas que cuantifican cosas más tangibles. Fue el caso, por ejemplo, de una encuesta hecha al final de la segunda alcaldía de Antanas Mockus en Bogotá sobre la percepción ciudadana de la inseguridad. Las cifras sobre esta percepción contrastaban en forma abierta con los datos que se tenían sobre la delincuencia y la violencia. Mientras los ciudadanos «sentían» que la ciudad era muy insegura, los indicadores estadísticos –basados en 121
Luis Eduardo Hoyos
casos registrados y atendidos por la policía– mostraban una importante disminución de la criminalidad. Pero más importante que esto es que al analizar las mediciones sobre la desconfianza ciudadana en las instituciones se ha de tener cuidado de no confundir la causa con el efecto. Las mediciones sobre la desconfianza ciudadana en las instituciones arrojan cifras relativamente altas, que varían según la institución por la que se pregunta (parece que es baja, por ejemplo, la confianza en el Congreso, alta la que se tiene en la Iglesia católica, ha aumentado en los últimos años la confianza en el ejército y la policía, &c.). Suponiendo incluso que no hubiera un desfase entre la percepción ciudadana y las razones reales de esa desconfianza, es decir, suponiendo que la desconfianza estuviera siempre justificada, el asunto es que no es correcto utilizar esas mediciones como criterio de legitimación o deslegitimación, porque ellas son efecto y no causa del carácter legítimo o ilegítimo de la institución. En otras palabras: no es que una institución no sea legítima porque la gente no cree en ella, sino que es más correcto pensar que la gente no cree en ella porque no es legítima o porque no la considera legítima. Con lo cual el criterio de legitimidad, que sería el factor de credibilidad, se sitúa en otro lado. Creo que a Posada Carbó se le vuelve a pasar el toro de largo por no considerar esta diferencia. Lo delicado de este último punto está en que establece una relación entre la legitimidad y la confianza. Y la confianza en una institución sí está ligada a su legitimidad porque es la expresión de una aprobación normativa. Esto me sirve para indicar los criterios que considero más básicos en la legitimidad de un gobierno y de una acción de gobierno. Voy a proponer, por lo pronto, tres: el respeto de los derechos humanos, el control de la corrupción y el respeto por las reglas de juego consagradas constitucionalmente. Quisiera decir que estos son los fundamentales, pero les tengo algo de miedo a esas afirmaciones. Creo, en todo caso, que se pueden sostener con alguna seguridad dos cosas: la primera, que estos criterios son más básicos que los presentados por Posada Carbó por mor de la discusión con el discurso deslegitimador. La segunda, que son criterios de legitimidad que deben servir como mecanismo de control y vigilancia 122
El problema de la legitimidad política
permanente de las instituciones, porque si un gobierno y un acto de gobierno son legítimos, este (el gobierno) debe estar siempre dispuesto a someterse a su comprobación cuando, democráticamente, se le exija. Con esto quiero decir que la legitimidad de un gobierno no se gana suficientemente (aunque sí necesariamente) en las urnas, sino que debe estar fundada de manera continua, al punto de que una legitimidad ganada por la expresión de la voluntad general en el sufragio universal puede perderse si hay violación comprobada y no controlada de los derechos humanos, corrupción impune y comprobada e irrespeto flagrante de las reglas de juego establecidas constitucionalmente. Es lo que ocurre en algunos regímenes –especialmente parlamentarios, como el alemán– cuando se emite una moción de desconfianza. Colombia cuenta, por lo demás, con el expediente de la revocatoria del mandato, que puede ser usado tanto para sancionar a un «mal» gobierno regional, como para alejarlo del poder si tiene problemas de legitimidad. La Corte Constitucional, repito, también está para eso. Y eso tiene mucho sentido. La principal y más básica fuente de legitimación política está en la defensa y el cuidado de los derechos humanos. La cultura moderna no cuenta ya con la fuente divina de la legitimación. De ahí que el problema de la legitimación política sea esencialmente moral y esté ligado al tipo de razonamiento moral de la modernidad. El respeto de los derechos humanos fundamentales que se hallan intrínsecamente ligados a ciertas libertades también fundamentales, como la libertad de conciencia y de opinión, y al carácter moral y jurídico de la noción de persona, constituye la condición básica y mínima de la legitimidad política. Sobre las razones de que esto sea y tenga que ser así, es decir, sobre el fundamento de validez de los derechos humanos ha tenido lugar una prolija discusión filosófica en los últimos años4. No creo necesario entrar en ese debate, pero sí quisiera señalar que entre las cosas más valiosas de él está la insistencia de 4
Véase S. Gosepath & G. Lohmann (eds.) (1998). Sobre la inutilidad de una fundamentación de los derechos humanos, véase Aquiles Arrieta (2002, pp. 219-237). 123
Luis Eduardo Hoyos
algunos en incluir los llamados derechos socioeconómicos básicos como parte de los derechos humanos fundamentales5. La Constitución colombiana de 1991 no solo los consagra, sino que incluye, además, los que han sido denominados por algunos «derechos de tercera generación»: los ambientales y los de comunidades. La introducción de los derechos socioeconómicos como derechos humanos fundamentales debe ser vista como un intento de hacer más completo el ideario liberal y democrático clásico, y no como fuente de inspiración para negarle su legitimidad. Ese fue, en mi opinión, y en la de muchos, uno de los principales errores del marxismo y de otros totalitarismos del siglo XX, y sigue siendo el principal desacierto ideológico de las guerrillas de izquierda en Colombia. Los conceptos de derechos fundamentales y de derechos socioeconómicos fundamentales están ligados a varias nociones de libertad, o a varias libertades. Es fácil ver, por ejemplo, cómo el concepto de derecho socioeconómico fundamental está ligado al de una libertad positiva, esto es, al concepto de una libertad para, y no tanto de, o sea a la idea de garantizar condiciones materiales que hagan posible el despliegue personal y el desarrollo humano6. Es un error creer que porque el liberalismo clásico –pienso en el de John Stuart Mill y de Wilhelm von Humboldt–, insistió sobre todo en defender el concepto de libertad negativa, es decir, el concepto según el cual ni el gobierno, ni la sociedad deben interferir 5
Cuento entre los derechos socioeconómicos fundamentales el derecho al trabajo, a la capacitación, y el derecho de niños, ancianos y discapacitados a ser asistidos por un sistema de salud estatal en los casos en que es necesario. No pretendo que la lista sea exhaustiva, por supuesto. 6 Acerca de la diferencia entre «ser libre para» (por ejemplo, ser libre para moverse, para expresarse, para realizarse, &c.) y «ser libre de» (por ejemplo, ser libre de inclinaciones naturales, libre de culpa, libre de impuestos, &c.) se ha insistido con acierto en el debate filosófico sobre la libertad de la voluntad (Brandom, 1979; Tugendhat, 1990, pp. 373-393). Yo considero complementarios esos dos usos de la expresión «libre». Por otra parte, la expresión «libre» (de y para) solo se usa correctamente cuando se mantiene como un adjetivo y se comprende siempre relativamente. El concepto de una «libertad absoluta», o sea sustantiva (y no adjetiva) es una ficción filosófica. Véase Hoyos (2003, pp. 49-59) y (2008). 124
El problema de la legitimidad política
coercitivamente en la esfera privada de decisiones, salvo cuando las decisiones de un individuo afectan los intereses de los otros, y descuidó, por decir lo menos, la llamada libertad positiva, entonces debe considerarse que se hallaba equivocado o que no había establecido un criterio importante de la legitimidad política de un Estado y de un gobierno. Este error fue denunciado oportunamente por Isaiah Berlin en su clásico ensayo Dos conceptos de libertad de 1958. El concepto de libertad positiva, o de libertad real, o lo que he llamado «condiciones materiales de la libertad», debe concebirse como complemento y no como supresión de la idea de libertad negativa, llamada despectivamente por algunos libertad formal7. Por la misma razón creo que se comete un grave error cuando se critica la Constitución Política de Colombia de 1991 aludiendo a que en ella conviven de forma incoherente liberalismo y democracia social. La idea del liberalismo y el concepto de una democracia social son, antes bien, ideas complementarias. Si la defensa de los derechos sociales fundamentales tiene algún sentido es porque está asociada a un concepto de libertad positiva en el que está contenida la idea de las condiciones sociales del despliegue de los seres humanos. Y este concepto de libertad positiva amplía, en lugar de contradecir, el concepto de libertad individual del liberalismo clásico. Los esfuerzos por orientar los actos de gobierno mediante principios de justicia social brindan legitimidad porque el incremento de dicha justicia fortalece la democracia. Creo que es incorrecto sostener que la democracia y el liberalismo moderno son ilegítimos por no favorecer los derechos socioeconómicos, o por estar asistidos por principios mutuamente irreconciliables. El curso de razonamiento correcto me parece, más bien, otro: la democracia y el liberalismo son legítimos por favorecer las libertades fundamentales; por eso deben incluir los derechos socioeconómicos en sus constituciones políticas, pues esa inclusión garantiza la per7
Sobre la complementariedad entre los ideales liberales clásicos y el concepto de derechos socioeconómicos ha insistido también Tugendhat (1998, pp. 48-61). He intentado argumentar, por mi parte, a favor de la articulación de ambos tipos de libertad, la negativa y la positiva, en Hoyos (2007, pp. 167-187). 125
Luis Eduardo Hoyos
durabilidad de esas libertades fundamentales. Tampoco es muy prometedor el argumento de muchos críticos de la democracia liberal según el cual, puesto que los derechos socioeconómicos no se cumplen, solo son derechos de papel. Una Constitución no es un libro cualquiera: es el que contiene el conjunto de normas que prescribe el ordenamiento básico de una sociedad. Parece ser –decía Hume– que los hombres no pueden vivir sino en sociedad y las sociedades no pueden existir sin gobierno. Desearía permitirme una modificación en la parte final de esta frase, formulándola así: «las sociedades no pueden existir sin instituciones que regulen las relaciones de sus miembros». Una Constitución es el ente normativo que afianza ese hecho. Como ente normativo contiene lo que debe garantizar la persistencia de la sociedad, aunque mucho de eso no se cumpla. Una Constitución como la nuestra constituye lo que podría llamarse un fundamento social-racional de la obligación política. Esto quiere decir que todo lo que se haga en el ámbito político debe tender a que se cumpla lo que ella prescribe. Pero el hecho de que no todo lo que ella prescribe se cumpla no representa una base argumentativa para que deje de ser lo que esencialmente es: el fundamento social-racional de la obligación política. He indicado que el control de la corrupción es otra fuente básica de legitimidad política, también de raigambre moral. Hay un principio racional elemental que consiste en definir al funcionario público como empleado al servicio del bienestar y de la convivencia de los ciudadanos. Los gobernados aceptamos ser guiados bajo la confianza de que quienes nos gobiernan van a cumplir con ese deber y, en concordancia con él, van a proteger el principio elemental de que los bienes del Estado, que obtenidos a través de sus inversiones y del pago de impuestos, no pertenecen a nadie en particular y están destinados al mejoramiento de la vida en comunidad. Ésa es la respuesta a la pregunta de Darío Echandía: «¿el poder para qué?». Para defender el juego limpio de los intereses, para garantizar las condiciones mínimas de una vida digna y sana. Si el gobernante o el administrador público se desvían de esa función y utilizan los recursos del Estado para beneficio propio, están negando su razón jurídica de ser. 126
El problema de la legitimidad política
Una Constitución democrática puede ser entendida como el establecimiento de unas reglas de juego que permitan que los intereses de los miembros de una sociedad y los grupos de intereses en los que ellos se asocian (sindicatos, partidos políticos, gremios, &c.) cuenten con garantías de movilidad y desarrollo. Una de esas garantías es la de saber a qué atenerse cuando adaptamos, por así decir, nuestros movimientos y perspectivas de desarrollo a una de las direcciones que el sistema normativo de una constitución permite. Por esa razón, pierde credibilidad –y legitimidad– un sistema de normas maleable, adaptable a las circunstancias o simplemente a intereses particulares. Un ejemplo diciente de esto es la excesiva adaptabilidad que ha demostrado el régimen penal colombiano en los últimos años. Durante las «negociaciones» con la mafia del narcotráfico en el gobierno de César Gaviria, forzadas por el secuestro de miembros de familias prominentes y cercanas al gobierno, se promulgaron decretos que estipulaban el modo como debería darse la entrega y el enjuiciamiento de los capos de la mafia8. Lo que más preocupa de una negociación con los paramilitares –para poner otro ejemplo– es justamente que salga una vez más vulnerado el régimen penal por culpa de unas medidas acomodaticias promulgadas para paliar una coyuntura particular. El sistema de normas penales no se puede estar modificando cada tres años para resolver situaciones particulares. Del mismo modo, no se puede vivir en estado de excepción; hay que vivir en estado de regla, de norma, y esta, casi por definición, requiere de un mínimo de estabilidad. La vida, los gustos y las costumbres de los hombres son cambiantes. Las normas no, y por eso, entre otras cosas, convenimos en que las relaciones humanas sean normadas, pues solo así pueden hacerse previsibles los comportamientos. La estabilidad de la norma es una de las fuentes de la confianza. No quiero sugerir con ello que las normas, e incluso los sistemas de normas, no puedan ser modificados. Justamente esa es una de las ventajas del sistema democrático: que se funda en normas autorreflexivas que pueden ser 8
Del accidentado itinerario de estos cambios jurídicos da detallada cuenta Gabriel García Márquez en Noticia de un secuestro (1996). 127
Luis Eduardo Hoyos
revisadas y modificadas. Lo que no es viable, me parece, es que un sistema de normas no pueda gozar de un mínimo de estabilidad. Lo más grave en esto es que la propuesta de cambio no sea ampliamente concertada –como sucedió cuando la Asamblea Constituyente modificó la Constitución colombiana en 1991–, sino que aparezca a los ojos del elector como una modificación que obedece a un interés personal o de partido, por más bien intencionados que sean, o que está llamada a resolver un problema coyuntural. Es grave que la norma se ajuste continuamente a las personas o a los grupos, en vez de que los intereses de grupo y de personas se ajusten a la norma. Como muchos otros, creo que en Colombia entramos a una zona gris con la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata. Colombia no se había salvado de tener «malos» gobiernos, pero sí se había escapado de la aventura mesiánica que tanto dolor ha causado en Latinoamérica. He dicho que un gobierno no puede ser considerado ilegítimo por ser tenido como un mal gobierno. Lo grave del modo como la reelección inmediata se abrió paso es que, al alterar las reglas de juego establecidas constitucionalmente para favorecer a una persona, sí parece estar atentando contra un principio esencial de la legitimidad política. El argumento de que se trata de un «buen» gobierno, por supuesto, tampoco legitima ese paso. En todo caso, es un paso innecesario que genera desconfianza. Imagínense un país en el que cada gobierno propusiera enmiendas a la Constitución para facilitar (ya sea con buenas intenciones, ese no es el punto) su permanencia en el poder. Este sería un país expuesto al debilitamiento permanente de su base institucional. Pienso que la institucionalidad democrática colombiana –y la de sus gobiernos– aprueba un examen sobre la legitimidad, toda vez que se logra comprobar el esfuerzo permanente en el cumplimiento de los tres criterios que he considerado más básicos para definir la legitimidad política: el respeto de los derechos humanos, el control de la corrupción y el respeto de las reglas de juego consagradas constitucionalmente. Hacer un examen de la legitimidad del Estado colombiano y de las acciones de sus gobiernos sobre la base de estos tres criterios no me parece ni excesivo, ni utópico, 128
El problema de la legitimidad política
ni animado por un propósito deslegitimador. Antes bien, creo que debe ser tenido como parte de la tarea de fortalecer continuamente la institucionalidad democrática. Ninguna acción armada por fuera de la ley, esto es, adversaria del principio estabilizador de un monopolio de la fuerza por parte del Estado, puede ser tenida actualmente como legítima en Colombia. La razón principal a favor de ese sencillo dictamen está en que toda acción violenta ilegal bloquea aún más el despliegue de la vida social y genera más caos y más desconfianza. Y la confianza –para servirme de una expresión de Jon Elster– constituye el «cemento de la sociedad». Me parece que Colombia es en la actualidad un país receptivo y necesitado de la revitalización de la institucionalidad democrática mediante el fortalecimiento del Estado legítimo. No hay crisis de legitimidad de las instituciones democráticas en Colombia, pero sí existe la urgencia de renovar y fortalecer la credibilidad en la autoridad: en una autoridad técnicamente adiestrada, o sea, modernizada y capaz de enfrentar los difíciles desafíos de una sociedad compleja en un mundo muy complejo y no libre de riesgos; en una autoridad honrada y consciente del beneficio que la complementariedad entre el estímulo de la libertad individual y el cuidado de los derechos sociales más básicos traen para el desarrollo de un proceso social creativo y grato. No se trata, por fortuna, de empezar desde cero, o de dar un dramático «revolcón». Se trata, más bien, de continuar avanzando por un camino ya abierto desde hace algo más de una década.
Justificación y legitimidad
La idea principal de este escrito es que la legitimidad política es en esencia normativa y moral, y que la legitimidad, así entendida, debe caracterizar toda acción política de un grupo que pretenda representar un conjunto de intereses, todo acto de gobierno, y todo gobierno. Asiste a todo gobernado un derecho originario de preguntar por la legitimidad de los actos del gobierno porque ha confiado a este su destino. Como lo he sugerido, este cuestionamiento debe ser diferenciado: no es lo mismo preguntar por la legitimidad de un acto de gobierno, que preguntar por la de un 129
Luis Eduardo Hoyos
gobierno o por la de un Estado. Con todo, las instituciones sobre las que descansa la organización social deben poder ser sometidas a un examen sobre la legitimidad. Si ellas están bien aseguradas moral y jurídicamente, no tienen por qué temer. Quisiera en esta parte final amarrar esta opinión sobre la legitimidad, que he expresado valiéndome de un comentario crítico a los puntos de vista del profesor Eduardo Posada Carbó, con una reflexión de índole eminentemente filosófica. Es muy frecuente ver en la historia que un régimen político o un grupo de agentes políticos hacen depender su legitimidad de un hecho de los que se suelen llamar históricos. Los regímenes comunistas de Europa del este, por ejemplo, basaban su legitimidad en el triunfo militar sobre el fascismo. Las FARC se refieren todavía al bombardeo a Marquetalia por parte del ejército colombiano, y al legítimo derecho de defensa que las asistió. En realidad, muchos acontecimientos históricos tienen ese carácter de relato y mito fundacional con un poder simbólico legitimador: la Revolución Francesa, por ejemplo, nuestra guerra de independencia, la proclamación de la independencia norteamericana, el desenlace que tuvo allí la guerra de secesión –que no favoreció a los esclavistas, menos mal que mi Dios es muy grande (pero aún no sabemos si mi Dios es Alá. Ojalá no)–. Pienso que estos relatos legitimadores son en realidad justificaciones ideológicas por las que todo el mundo puede optar y que a lo mejor todo el mundo necesita. Lo que, con todo, deseo sugerir es: 1) que la justificación ideológica es una subclase de la justificación teórica, 2) que ella no puede hacer las veces de legitimación política, y 3) que es deseable y necesario que la legitimación política no descanse en una justificación ideológica, sino que debe depender de criterios morales, independientes de toda explicación teórica, racionales y tan universales como sea posible. Cuando tenemos una explicación completa de un suceso podemos decir que tenemos una justificación teórica completa de él. Podemos decir, por ejemplo, que la malaria es causada por un parásito, el plasmodium falciparum, que contagia en los pantanos y aguas sucias de las zonas tropicales –su hábitat natural– a un zancudo hembra, identificado como anopheles, el cual se 130
El problema de la legitimidad política
encuentra, por causas alimenticias, atraído por la sangre humana y que, en procura de esa sangre, pica a los hombres y, al picarlos, introduce en su torrente sanguíneo al fatal parásito. Ese parásito, que hasta entonces vivía en el organismo del anopheles, encuentra en la víctima humana condiciones óptimas (en sentido darwinista) de reproducción. La malaria, su origen y su naturaleza, pueden ser explicadas con bastante seguridad, y en el campo de la investigación médica hay criterios experimentales y de otra índole que permiten distinguir la anterior explicación, como justificación teórica completa, de un relato cualquiera. Antes de contar con esa explicación, mucha gente creía que a uno le daba malaria por dormir siesta en una hamaca. Lo que ocurría es que las hamacas se colgaban usualmente en los pasillos de las fincas o en sitios descubiertos de las zonas de riesgo y que la persona dormida al aire libre estaba más expuesta a ser picada por los zancudos que el que no dormía la siesta, o no la dormía al aire libre. El relato de la hamaca puede valer como justificación; pero no solo no es una justificación completa –comparada con la primera– sino que es una justificación imperfecta. No es una verdadera explicación. Infortunadamente, las justificaciones teóricas completas y las explicaciones satisfactorias son más difíciles de procurar en las llamadas ciencias sociales. Hay quienes creen incluso que es imposible darlas. No me voy a meter aquí en las razones para ello, que también han dado lugar a enormes discusiones, pero sí quisiera indicar al menos dos, que me parecen plausibles: parece ser que la dificultad de dar explicaciones o justificaciones teóricas completas en las ciencias sociales tiene que ver con el carácter mismo de la agencia humana. El sueño, con pretensiones justificativas y explicativas, de muchos teóricos de la economía y de los utilitaristas consistente en definir, de una vez por todas, la agencia humana racional como aquella orientada unívocamente por la maximización de condiciones individuales de bienestar, no parece haber sido más que eso: un sueño, una ilusión teórica. No puede aceptarse, al parecer, que el agente humano procura siempre la maximización de su propio bienestar, del mismo modo como se acepta que un anopheles hembra nos pica por una necesidad alimenticia y al hacerlo nos inocula 131
Luis Eduardo Hoyos
un parásito que nos puede matar. Por otra parte, en la búsqueda de explicaciones teóricas en las ciencias sociales resulta inevitable que quien explica esté relacionado de muchas maneras –muchas de ellas no desinteresadas– con el explicandum. Y me basta cualquiera de las dos opciones para creer que en las ciencias sociales es más difícil distinguir las explicaciones satisfactorias de los relatos. Creo que este fenómeno es el que ha alimentado el desenfreno posmodernista, que estimuló notoriamente hace unos años la empresa editorial, y también la mediocridad, por cierto. Pues bien, pienso que la justificación ideológica está emparentada muy de cerca con la explicación en ciencias sociales. Las pretensiones de justificación de la creencia ideológica se basan en una aspiración de explicación teórica completa sobre la agencia humana y sobre la acción política. «¿Por qué secuestra?», preguntamos al guerrillero comunista: «No es secuestro –dice él– es retención, y lo hago como forma de que esta persona pague un impuesto obligatorio para financiar la guerra. ¿No mete acaso el gobierno a la cárcel a los que no pagan impuestos? Pues es lo mismo. Además, secuestramos a los ricos. Nuestra lucha política es a favor de los pobres y los ricos son ricos a costa de los pobres». Una justificación así tiene pretensiones explicativas. Evidentemente, no se puede sostener que los ricos son ricos a costa de los pobres, o porque hay pobres, con la misma seguridad con la que se afirma que la malaria es causada por la picadura de un zancudo hembra, el anopheles, contagiado por el plasmodium. Hay con seguridad unas explicaciones de la pobreza mejores que otras, pero no me parece aceptable que, teniendo la mejor explicación, podamos resolver el problema de la pobreza con una fórmula ni siquiera parecida a la de una vacuna contra la malaria. Por lo demás, aun los medicamentos más benignos tienen efectos secundarios. La quimioterapia, por ejemplo, quita el cáncer pero destruye en muchos otros sentidos al paciente. En lo que a la malaria se refiere, sabemos que ni siquiera el completo conocimiento de la causa nos ha servido aún para destruir el efecto. Supongamos, sin embargo, que tuviéramos la explicación completa de la pobreza. Vayamos más lejos aún: supongamos que 132
El problema de la legitimidad política
la justificación teórica del guerrillero arriba figurado sea completa. ¿Podría hacer esa justificación teórica las veces de legitimación de su acto? Mi respuesta es: nunca. Porque hay procedimientos de retención, llamada encarcelación, sancionados por el derecho, en los que se aplica el debido proceso, el derecho a la defensa y demás. Y el secuestro no es una retención que ofrezca ninguna de esas garantías. Pero no solo por eso, sino principalmente porque las justificaciones teóricas (aun las «completas») no pueden ocupar el lugar de la legitimación, ni ofrecérnosla satisfactoriamente. Tenemos aquí un asunto crucial, en el que se nos va la vida a los filósofos, relacionado con eso que algunos han llamado inconmensurabilidad, pero que a lo mejor tiene unas raíces más hondas, que tocan algo muy ligado a lo que me permitiré llamar la condición humana. Me refiero a la imposibilidad de reducir el lenguaje normativo al lenguaje descriptivo y explicativo. Es eso lo que hace aún grande a Kant: una de las principales consecuencias de su filosofía, si no la principal, consiste en sostener que explicar, incluso comprender, no justifica moralmente, no legitima, porque no sabemos lo que el hombre es, ni podemos esperar saberlo para exigirle responsabilidad por lo que hace. Digo que esto se emparienta con lo que algunos filósofos han llamado inconmensurabilidad, porque en relación con la agencia humana y sus consecuencias sociales parece necesario el uso de un lenguaje normativo que no se deja de ningún modo reducir a un lenguaje descriptivo, explicativo o teóricamente justificativo9. 9
La idea de que el lenguaje explicativo y descriptivo y el lenguaje normativo son irreductibles entre sí está estrechamente ligada a la famosa reflexión de G. E. Moore (inspirada en Hume) de acuerdo con la cual quien deriva el «debe» del «es», o intenta dar una definición de «bueno», incurre en lo que Moore (1997, pp. 87 & ss.) denominó una falacia naturalista. De un tiempo para acá se ha vuelto estándar en la filosofía el rechazo de la falacia naturalista. Entre las versiones más conspicuas de ese rechazo están las de John Searle y Alasdair MacIntyre. Searle (1986, cap. VIII) sugiere que si dentro de lo que «es» también se cuentan los llamados por él «hechos institucionales» y no solo los «hechos brutos» o físicos (los únicos que en realidad tenía en mente Hume), entonces no hay dificultad en derivar el «debe» del «es». MacIntyre (1985, pp. 56 & ss., 204 & ss.) cree, por su parte, que si contamos con un concepto funcional, teleológico, de la naturaleza 133
Luis Eduardo Hoyos
Cuando pregunto al guerrillero: «¿por qué secuestra?», exijo un fundamento de legitimidad, no un motivo psicológico o una incierta causa sociológica. La necesidad de independizar la legitimidad, solo dictaminable moralmente, respecto de la justificación teórica e ideológica, permite afirmar con alguna seguridad que no es cierto que el fin justifique los medios. ¿Quién no quiere, por ejemplo, la seguridad ciudadana? ¿Quién no quiere, incluso, la seguridad ciudadana como política de Estado? Un poco de sentido común hace ver que sin seguridad ciudadana no hay paz, y sin esta no hay condiciones de progreso y de vida amable. En su prodigiosa articulación de esta intuición del sentido común reside la grandeza de Hobbes. Pero este fin no justifica (en sentido práctico o moral), vale decir, no legitima, todos los medios. Si una política de seguridad no es respetuosa de los derechos humanos, no está dotada de legitimidad. Eso es una desgracia de nuestra época, y no solo de la vida en Colombia: después del 11 de septiembre de 2001, la seguridad ha prevalecido sobre la libertad y sobre el derecho10. humana, tomado de la concepción aristotélica de las virtudes, podemos abandonar sin inconvenientes la dicotomía «es-debe», uno de los tantos vicios de la modernidad, según él. Creo que mi sugerencia no colisiona con estas dos propuestas, con independencia de que se acepten o no. La propuesta de Searle puede ser considerada como un intento de distinguir dos tipos de hechos (los institucionales y los brutos), y de demostrar que los unos no son reducibles a los otros. En lo que a MacIntyre se refiere, creo que él estaría conforme con que su definición funcional y teleológica de la naturaleza humana ni tiene un asiento en la descripción biológica del hombre, ni lo necesita. Se trata, en realidad, de una definición normativa. 10 Ciro Roldán (en este volumen) ha defendido la idea de que la seguridad es la fuente de la legitimidad. Si no contamos con otra fuente de la legitimidad política que la seguridad, es completamente inadmisible –para él– que la seguridad ciudadana quede en manos privadas. Pero si la seguridad, sin más, es la fuente de la legitimidad, ¿cómo contrarrestar –me pregunto– una política de seguridad ciudadana que promueva la autodefensa privada? No veo otro camino que haciendo depender las políticas de seguridad de criterios de legitimidad más básicos y no al contrario (la legitimidad de la seguridad). Que la seguridad ciudadana debe estar en manos del Estado es lo legítimo y no, en cambio, que dependa de la autodefensa privada. Y esto es así, simplemente, porque el principio del monopolio de la fuerza por parte del Estado es la más 134
El problema de la legitimidad política
Quisiera, para terminar, volver a mi guerrillero heroico, a mi guerrillero lleno de justificaciones y de explicaciones, confiando en que mis aclaraciones previas no produzcan en demócratas como el profesor Posada Carbó la irritación que –no sin razón– les producen los tratamientos relativistas, o paralelos, de la ilegitimidad de los actos políticos de los grupos armados y los del gobierno democráticamente constituido. «¿Por qué –podría preguntar mi guerrillero imaginario– un procedimiento de encarcelación respetuoso del debido proceso, del derecho a la defensa, &c., sí es, en contraste con mi retención con fines revolucionarios, legítimo?». Creo que la respuesta tiene que ir en la siguiente dirección: porque está fundado en la comprobación de un delito y tiene por objeto la protección de la sociedad, y porque está también fundado en la idea de que quien es acusado y condenado es persona. Y persona significa sujeto de derechos universales irrenunciables: el respeto a su integridad física, a su capacidad de defenderse y a su capacidad de ser imputado. Cuando no podemos constatar ninguna de estas dos últimas capacidades, la jurisprudencia legítima recomienda apelar a la psiquiatría, no a la mazmorra. Por eso su justificación ideológica, completa o incompleta, no legitima, porque no cumple con un requisito moral universal de legitimación: el respeto de los derechos más fundamentales de las personas. Referencias bibliográficas
Arrieta, A. (2002). Acerca de la fundamentación de los derechos humanos. En La filosofía y la crisis colombiana. R. Sierra & A. Gómez-Müller (eds.). Bogotá: Taurus – Universidad Nacional de Colombia. Berlin, Isaiah (1958). Dos conceptos de libertad. En Libertad y necesidad en la historia. J. Bayón (trad.). Madrid: Revista de Occidente. 1974. Brandom, R. (1979). Freedom and Constraint by Norms. American Philosophical Quarterly, 16 (3). expedita manera de controlar la generalización de la violencia y el crimen. Este es un principio social pragmático, pero también normativo: si la seguridad ciudadana está en manos de instituciones armadas estatales confiables, la vida será más segura y la seguridad más duradera. 135
Luis Eduardo Hoyos
García Márquez, G. (1996). Notic ia de un secuestro. Barcelona: Mondadori. Gosepath, S. & Lohmann G. (eds.) (1998). Philosophie der Menschenrechte. Frankfurt: Suhrkamp. Hoyos, L. E. (2002). Violencia. En R. Sierra & A. Gómez-Müller (eds.). La filosofía y la crisis colombiana. Bogotá: Taurus – Universidad Nacional de Colombia. Hoyos, L. E. (2003). Libertad de acuerdo con las normas. Saga, 8. Hoyos, L. E. (2007). Dos conceptos de libertad, dos conceptos de democracia. En R. Arango (ed.). Filosofía de la democracia. Fundamentos conceptuales. Bogotá: Siglo del Hombre Eds. – Universidad de los Andes. Hoyos, L. E. (2008). Persona, razón y sociedad. Ensayos de filosofía práctica y de la acción (por aparecer). Kalmanovitz, S. (2003). Los filósofos piensan la crisis. El Malpensante, 46. MacIntyre, A. (1985). After Virtue. London: Duckworth. Moore, G. E. (1997). Principia Ethica. Th. Baldwin (trad). México: UNAM . Pizarro L., E. (2004). Una democracia asediada. Bal ance y perspectivas del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Norma. Plataforma Colombiana Derec hos Humanos, Democracia y Desarrollo (2003). El embrujo autoritario. Primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá: Ediciones Anthropos.
PNUD (2003). El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de desarrollo Humano. Bogotá. Posada C., E. (2003). ‘Ilegitimidad’ del Estado en Colombia. Sobre los abusos de un concepto. Bogotá: Alfaomega. Posada C., E. (2006). La nación soñada. Violencia, liberalismo y democracia en Colombia. Bogotá: Norma. Searle, J. (1986). Actos de habla. Luis M. Valdés V. (trad.). Madrid: Cátedra. Tugendhat, E. (1990). Der Begriff der Willensfreiheit. En K. Cramer, H. F. Fulda, R-P. Horstmann, U. Pothast (eds.). Theorie der Subjektivität, Frankfurt: Suhrkamp.
136
El problema de la legitimidad política
Tugendhat, E. (1998). Die Kontroverse um die Menschenrechte. En S. Gosepath & G. Lohmann (eds.). Philosophie der Menschenrechte. Frankfurt: Suhrkamp. Tugendhat, E. (2001). La controversia sobre los derechos humanos. En Problemas, Barcelona: Gedisa.
137
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal Ciro Roldán A los enemigos la ley, a los amigos el favor. (Dicho latinoamericano).
Introducción
El objeto de esta ponencia gira en torno a la cuestión del vínculo de legitimidad y seguridad del Estado en general, y del nuestro en particular, con el fin de esclarecer los dilemas nacidos de su débil soberanía. Así, se busca el origen de los dilemas planteados desde los cronistas de Indias como propios de una aguda debilidad estatal padecida desde la Colonia. El problema es: ¿existe un Estado protector de la vida y seguridad públicas, capaz de reclamarse legítimo al cumplir la función de brindar la paz por el monopolio de la fuerza? El enfoque parte de Thomas Hobbes en cuanto este planteó la relación de seguridad y legitimidad como la base del Estado de derecho. Así parece enunciar la fórmula inicial del dilema: o el Estado existe como fuerza garante de seguridad o no existe como tal, y por ende no es legítimo (Schmitt, 1996, p. 46). La tesis de Hobbes pone en el centro de la legitimación estatal un derecho y no un deber. Mas su novedad no se reduce a la pura antinomia establecida por Carl Schmitt entre Estado legítimo, basado en las leyes naturales de la paz, y estado de naturaleza, donde reina la inseguridad de la guerra. No basta constatar la existencia del Estado fundada en una 139
Ciro Roldán
decisión de paz del soberano; se necesita mostrar que el Estado solo rige si se acoge al criterio de legitimación impuesto en las leyes naturales en cuanto el soberano se obliga a acatarlas como reglas de paz sin permanecer ajeno a ellas -o legibus solutus-, como sí lo es ante las leyes positivas. Esta base teórica anuncia que en ausencia de ley ocurre un vaivén estatal oscilante entre la seguridad privada del derecho natural de defenderse, y la seguridad pública atenida a la ley natural de defensa común. Dicho marco teórico -la legitimidad dura mientras rija la seguridad- corresponde al marco histórico de conformación del Estado-nación, mediante fuerzas centrífugas causantes del tránsito entre autoritarismo y anarquía. Este suspenso es un espacio de tiempo indefinido donde la soberanía está en vilo. El Estado de interregno provoca dilemas internos y externos. La seguridad se privatiza y se reducen espacios de seguridad pública mientras se buscan soluciones privadas a lo público, y se generaliza la sensación de que «cada uno está por las suyas».
Legitimidad y seguridad pública; legalidad y seguridad privada
La premisa inicial sustenta que toda pretensión de legitimidad estatal requiere para su sostenimiento el que reafirme su persistencia y contribuya a sostenerse según los medios apropiados para su dominación. Esto quiere decir, en términos hobbesianos, que la legitimidad estatal funciona como seguridad para todos o no funciona: «Si funciona me garantiza mi propia seguridad y mi existencia física, a cambio de lo cual exige obediencia incondicional a las leyes que presiden su funcionamiento» (Schmitt, 1996, p. 44). Por tanto, suponemos que la legitimidad se funda y funciona a la vez en relación con la soberanía protectora estatal. Y esta soberanía debe ser única. El Estado deja de ser una suma de poderes desde el momento que un tercero -el soberano- reemplazó la cadena de alianzas privadas encarnadas en poderes que mezclan seguridad pública y privada en el promiscuo sistema de defensas feudales (pp. 68 & 74). Es mérito -también de Hobbes- haber encontrado la relación entre legitimidad y legalidad en un Estado de derecho. 140
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
Este encuentro feliz del Estado con la legalidad ha sido celebrado por críticos de derecha e izquierda -como Schmitt y Ferdinand Tönnies- quienes lo ven como el precursor del moderno Estado de derecho y el autor de esa reacción ante el elemento derecho cuando se presenta en el Estado de agregación de legalidad estatal. Así, coinciden en señalar que todo Estado es de derecho en cuanto un Estado legítimo no puede acoger ningún derecho extraño o contrario al Estado mismo. En sentido estricto, el Estado de derecho solo se constituye cuando es producto de un Contrato y obra como derivado del consentimiento de sus miembros como Estado instituido e institucionalizado (commonwealth by constitution), al que también puede llamarse Estado de derecho constitucional. Ese momento de institucionalización supone una asamblea constituyente que ponga en funcionamiento la nación. Este concepto de legitimidad como fuerza que subsume la legalidad a través de una Asamblea constituyente que se origina en un Estado de derecho es el que permite acoger el teorema de Hobbes como más adecuado que el de Jean-Jacques Rousseau para entender esa relación. La razón teórica es la de haberse limitado a la mera existencia del Estado de derecho como forma de salida de la anomia hacia el status civilis, sin el eterno retorno al estado natural, y a la Asamblea constituyente como fuente permanente de legitimación. Contrario a Rousseau, quien no sanciona ninguna constitución ni forma de Estado como definitiva, pues «convierte la revolución en institución», como producto perdurable del estado de naturaleza, y por eso siempre necesita volver a su fuente constituyente para legitimarlo, Hobbes aspira a su absoluta negación y supresión en el status civilis real y perfecto. En síntesis, el planteamiento de Hobbes considera la legitimidad como perteneciente al ámbito de la titularidad o soberanía de un poder fundado en un consentimiento, mientras que la legalidad pertenece al ámbito de los atributos o requisitos positivos del poder. De modo que el poder legítimo exige un consensus omnium, mientras el legal atañe a un poder de sanción racional que se ejerce de acuerdo con las leyes positivas. La legitimidad es un concepto perteneciente al ámbito de la racionalidad valorativa, mientras la 141
Ciro Roldán
legalidad pertenece al ámbito teleológico. Hobbes fue el primero que teorizó acerca de la legitimidad como un valor superior de decisión, mientras que consideró la legalidad como un instrumento del poder supremo. La legitimidad pertenece al reconocimiento dado por el consentimiento al delegar un poder soberano, mientras que la legalidad es forma positiva que adquiere el poder cuando traduce sus ordenamientos a leyes civiles. El soberano está sujeto a leyes naturales legitimadoras pero no a leyes civiles, instrumentos de puro poder. Las leyes positivas adquieren fuerza y validez porque emanan del poder legítimo soberano. Esta fuente de legitimación está estrechamente vinculada a la evolución del concepto de constitución del Estado de derecho iniciado por Hobbes. La ley se convierte en decisión y mandato en el sentido de motivación coactiva, psicológicamente calculable. Se convierte, según Max Weber, en la probabilidad de imponer obediencia. Con el tiempo esta relación de dependencia o subsunción entre legitimidad y legalidad fue subvertida por el llamado legalismo constitucional que sustrajo esos poderes al control de la legitimidad y los convirtió en fines en sí mismos. La legalidad sustituyó a la legitimidad hasta llegar a transmutarse en poder indirecto. Indirecto, vale tanto como decir «poder que se ejercita sin riesgo propio» o, en términos de Jacob Burckhardt, «por medio de poderes temporales que han sido maltratados o humillados» (Schmitt, 1996, p. 7). Es propio de un poder indirecto perturbar la plena coincidencia entre mandato estatal y peligro, poder y responsabilidad, protección y obediencia, amparado en la irresponsabilidad de un gobierno indirecto, pero no es menos intenso, obtener todas las ventajas sin asumir los peligros del poder político. Así, la relación entre un Estado de derecho constitucional basado en una soberanía unitaria del poder público sobre lo legal queda sustituida por un poder legalista que separa su órbita positiva de la soberanía legítima. La legitimidad pública se separa de la esfera legal, cuyos poderes indirectos intentan reemplazar el poder soberano constituido. La voluntad unitaria de un Estado se fragmenta cuando se introducen en su ordenamiento poderes 142
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
indirectos que disocian la unidad entre poder y responsabilidad. Esta disociación intenta reordenar la voluntad unitaria del dominio público y privado cuando se le conceden atribuciones delegadas a poderes indirectos que asumen una especie de gobierno sobre bienes comunes sin asumir los peligros del poder público. Tal es el camino que conduce a la disolución del Estado legítimo cuando este renuncia al monopolio de la fuerza y entrega el ejercicio de la seguridad a poderes indirectos. Hobbes lo dice así: Los sistemas irregulares por naturaleza como las ligas, y a veces la mera concurrencia de gentes, sin nexo de unión para realizar un designio particular, ni estar obligados uno a otro, sino procediendo solamente por una similitud de voluntades e inclinaciones, resultan legales e ilegales según la legitimidad de los diversos designios particulares humanos que en ellos se manifiestan. Este designio debe interpretarse según los casos. Como las ligas se constituyen comúnmente para la defensa común (que no es sino una liga que reúne a todos los súbditos), en la mayoría de los casos son innecesarias, y traslucen designios ilegales; son por esta causa, ilegales, y se comprenden por lo común con el nombre de facciones o conspiraciones (Hobbes, 1982, p. 193).
¿Salida de la anomia por contrato de seguridad o libertad?
El diagnóstico de la anomia hecho por el constitucionalista Carlos Gaviria como componente básico de nuestra normatividad no se compadece con su pronóstico o remedio a dicho mal. La anomia -dice- es la carencia de normas [y aquí precisamente lo que decimos es que padecemos del mal contrario, del exceso de normas] capaces de controlar eficazmente y por canales civilizados, la conducta de los colombianos. Y no se trataba simplemente de una anomia jurídica o que las normas jurídicas resultaran ineficaces, no, era una anomia moral, una anomia en todos los órdenes normativos que regulan la conducta humana (Gaviria, 2002, p. 20).
143
Ciro Roldán
A renglón seguido, dicho autor celebra como el mayor logro de nuestra Constitución de 1991 el haber propiciado la ruptura con esa anomia por medio de una salida hacia el estado civil con autonomía moral, como el propuesto por Rousseau en su Contrato social. La anomia se rompe con la pura autonomía moral. Esta es su paradójica solución: Aquí quiero destacar una de las características que rescato de la Constitución. Cuando hablo de esta situación anómica siempre la he vinculado con el estado hobbesiano de naturaleza, la guerra de todos contra todos, el hombre como lobo para el hombre, y me parece que esto lo captó la Constituyente de 1991. Eso también lo decía el profesor Pécaut. Sin embargo, algo que parece paradójico pero que para mí mereció un aplauso, es que el Constituyente de 1991, a pesar de haber percibido esa situación, ese estado de naturaleza, aún cuando fuera de manera laxa, no hizo una propuesta hobbesiana, sino una propuesta rousseauniana; porque todos sabemos que ese pesimismo antropológico hobbesiano, ese pesimismo ante la naturaleza del hombre, lo que sigue es la postulación de un gobierno fuerte, tiránico, porque es la única manera de gobernar la naturaleza egoísta del hombre, para Hobbes, es ésa. Sin embargo, Rousseau postula lo contrario, que el hombre es bueno por naturaleza y que lo que lo daña es precisamente el encadenarlo como ocurre principalmente con el Estado, especialmente el Estado autoritario. Rousseau no postula un regreso al estado de naturaleza, que es imposible, pero sí una recreación de circunstancias parecidas a aquellas en que el hombre vivía en estado de naturaleza. ¿Y cuáles eran esas circunstancias? ¿Qué era lo que determinaba para Rousseau que el hombre fuera bueno? Precisamente que era libre y por lo tanto lo que había que hacer era reproducir el Estado en situaciones parecidas a esas (Gaviria, 2002, p. 21).
La paradoja se soluciona, entonces, de manera moral porque -según diagnóstico del autor- la anomia obedece ante todo a causas de educación moral por imposición de dogmas. Esa educación impositiva tuvo el efecto de producir sujetos heterónomos, 144
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
esto es, cargados con normas impuestas desde afuera sin posibilidad de aceptación voluntaria. Basta crear entonces otro espacio normativo de garantías jurídicas mediante una constitución autónoma para que se recupere la confianza y aceptación de la ley. Las libertades positivas generan una legitimación por participación directa en su elaboración y aplicación legal. La cuestión de fondo es la salida de la anomia por la simple toma de conciencia del sistema impositivo de normas para superarlo mediante adopción de otro participativo. Las normas foráneas impuestas por formas de representación indirectas se rompen por participación directa y activa (Gaviria, 2002, p. 22). Este planteamiento se contradice cuando afirma que la única forma de generar esos sujetos morales postulados como gestores de paz se da como producto de crear un ambiente propicio para su emergencia, y este es el ambiente de Paz. «Pues la paz es deseable porque es el único ambiente dentro del cual la persona puede afirmarse como sujeto moral y por lo tanto como titular de derechos y obligaciones» (Gaviria, 2002, p. 22). Luego el problema debe plantearse al revés: primero está la creación del ambiente, y tras crear las circunstancias propicias, podrá surgir un sujeto moral autónomo. Ocurre así al no poder crearlo por decreto impositivo constitucional sino por la existencia de una fuerza común -el Estado protector- capaz de hacerlo viable por el ejercicio del derecho mediante posible coacción. Y concluye: «Solo podemos ser titulares de esos derechos en un Estado de Paz» (p. 22). La proclama final del autor basta para determinar que la salida de la anomia solo se logra cuando se rompen los dilemas que pesan sobre la seguridad y la legitimidad por un tratado de paz. Esos dilemas surgen como productos de circunstancias históricas, gestoras de tensiones dialécticas entre el derecho natural -seguridad privada-, y la ley natural -seguridad pública-. El derecho natural reina cuando «a todos les es lícito tener y hacer cualquier cosa», o sea, cuando la inseguridad es común. Hobbes admite la posibilidad de influir sobre el hombre por medio de la coacción y la educación, pero no se hace grandes ilusiones sobre la naturaleza humana. Su antropología pesimista anticipa la tesis de que el hombre es «una 145
Ciro Roldán
insociable sociabilidad». Esta insociabilidad le viene de que es un «animal movido por la angustia y por el hambre presente y futura (fame futura famelicus)» (Schmitt, 1996, p. 35). Quiere esto decir que los hombres, por motivos de prestigio o poder, pueden situarse contra la razón tantas veces cuantas la razón esté en contra de ellos. En cuanto más peligroso resulta este «individuo asocial», mayor es la fuerza con que siente la necesidad de que se concluya una paz general. Por fortuna, los hombres no son lobos puros sino seres dotados de inteligencia o lo que él denomina recta razón, que no es otra cosa que la capacidad de raciocinio. Aunque esta recta razón no sea infalible, basta para los propósitos de hallar la ley natural y reconocer que las obligaciones para con los demás son necesarias para la propia conservación. En el fondo, la razón no es otra cosa que una manera de calcular las pasiones de modo que el peligro aparejado por el carácter rebelde del individuo, su egoísmo, pueda ser vencido con la ayuda de la razón que opera como mera convicción que le dicta lo que ha de hacer u omitir para la conservación, de ser posible duradera, de la vida y la integridad física del individuo. Así, la salida de la anomia no se da por un acto voluntario o por un mero decreto de la virtud moral, sino por leyes descubiertas por la razón, que calcula su potencia de prolongarse o de darse una seguridad estable. La recta razón surge como prolongación necesaria del instinto de conservación duradero de la especie humana: «Porque los pensamientos son, con respecto a los deseos, como escuchas o espías, que precisa situar para que avizoren el camino hacia las cosas deseadas. Toda la firmeza de los actos de inteligencia y toda la rapidez de la misma proceden de aquí» (Hobbes, 1982, p. 50). Lo anterior se convierte en que la razón sugiere a los hombres normas adecuadas de paz a las cuales pueden llegar por mutuo consenso. Por ende, la recta razón tiene como resultado una primera y única ley fundamental: «Hay que buscar la paz donde pueda darse y, donde no, buscar ayudas para la guerra» (Hobbes, 1993, p. 23). De ella se deriva la primera ley especial según la cual «no debe mantenerse el derecho de todos a todo, sino que algunos derechos deben 146
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
transferirse o se debe renunciar a ellos» (p. 23). En síntesis, la salida de la anomia se produce ante la necesidad de salir por miedo a la inseguridad común, y apelar a la razón como auxilio para evitar la muerte. El motor principal de la salida de la anomia -o estado de naturaleza- es el miedo a morir, o el extremo estado de necesidad e inseguridad común. De allí se deriva la renuncia a ejercer el derecho natural de defensa propia y la necesidad de realizarla en convivencia. El motivo para pactar no nace de razones libertarias sino de una lógica necesaria de seguridad real. Porque el que pacta, por el hecho de pactar, niega que esa acción sea vana. Ahora bien, va contra la razón hacer algo en vano conscientemente. Y si no cree que el pacto hay que cumplirlo por el hecho de creerlo, así está afirmando que este pacto no es vano. Por tanto, quien pacta con alguien con quien no se siente obligado a mantener la fe dada, está afirmando a la vez que este pacto es vano y que no lo es, lo cual es absurdo (Hobbes, 1993, p. 32).
La fidelidad al pacto emana de la coherencia de la ley con su propia razón: al pactar, un individuo quiere que se realice una acción futura, y al no cumplir lo pactado quiere que no se realice, lo cual es una contradicción lógica. Se quiere la ley por la intrínseca bondad de que su cumplimiento opera la transferencia de derechos a un tercero, condición de protección de esos derechos. El objeto central de todas las leyes naturales es dar seguridad a los pactos tanto por el control racional sobre las pasiones como por las garantías dadas por el autor del arbitraje. Por tanto, el objetivo primero de estas leyes es permitir la salida del estado natural anómico, donde ellas solo tienen seguridad por fuerza de la propia mano. En síntesis, la seguridad de los pactos es la única fuente capaz de crear un ambiente de paz, y ese ambiente garantiza la creación de sujetos libres. El contrato nace así de la necesidad y se mantiene por la seguridad que brinda. Así, el amor a la libertad cede su primacía a la seguridad si quiere hacer que estas leyes se cumplan. La máquina del Estado funciona o no funciona. Si funciona me garantiza mi propia seguridad y mi libertad física, a cambio 147
Ciro Roldán
de lo cual exige obediencia incondicional a las leyes de su funcionamiento. Enfocar las cosas desde otro plano llevaría a un «Estado pre-estatal» de inseguridad, en el cual ni la misma vida física estaría asegurada, ya que la invocación del derecho y de la verdad no produce la paz, sino que hace la guerra más encendida y sañuda. Naturalmente, todo el mundo afirma que tiene de su parte el derecho y la verdad. Pero la paz no se alcanza con afirmar que el derecho está de nuestra parte, sino mediante la decisión incontrastable de un sistema coactivo legal que funciona con seguridad y pone fin a la contienda (Schmitt, 1996, pp. 44-45).
Se requiere encontrar entonces un criterio de legitimación aceptable por todos y capaz de hacer compatible la seguridad y la libertad inofensiva. Este no puede ser un criterio moral libertario sino político y jurídico. Tal criterio debe obedecer a la razón pública y no a la razón privada. La razón pública cobija a todos los miembros al mismo tiempo y en las mismas condiciones de igualdad. Dicha razón exige un criterio de seguridad pública, condición de toda libertad. Ello se deduce de que todo contrato hecho por motivos de seguridad privada se anula a sí mismo en cuanto rompe el criterio de igualdad universal, puesto que el aumento de la seguridad de unos se basa en la inseguridad de los otros.
El criterio de legitimación teórico y práctico
Un texto taxativo de Hobbes acerca de las condiciones definitorias de todo Estado inspira el criterio de legitimación apropiado a su concepción de los beneficios aparejados por la soberanía para todos los ciudadanos. Dice así el concentrado texto: Los beneficios de los ciudadanos que afectan solo a esta vida se pueden clasificar en cuatro: primero, la defensa de los enemigos exteriores. Segundo, la conservación de la paz interna. Tercero, la abundancia en cuanto es compatible con la seguridad pública. Cuarto, el disfrute de una libertad inofensiva. Los soberanos no pueden contribuir más que a la felicidad de los ciudadanos protegiéndolos de la guerra exterior y de la civil para que puedan disfrutar de la riqueza del trabajo (Hobbes, 1993, p. 114). 148
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
De acuerdo con esta magistral síntesis, la soberanía -o la función política del Estado- condensa su acción en brindar la garantía de paz y autonomía frente a la amenaza externa. De jure -como dirían los constitucionalistas-, el Estado garantiza la «seguridad pública» y la «libertad», mientras mantenga el monopolio de la fuerza hacia adentro y la defensa política y territorial hacia fuera. La seguridad pública y la libertad son las condiciones necesarias para el disfrute de la abundancia y la riqueza del trabajo. La acción política del Estado no está en condiciones de garantizar dicha abundancia y bienestar material, pero sí crea las condiciones para que los ciudadanos puedan beneficiarse de esos logros desde una posición de seguridad y libertad inofensiva. El rigor de este pensamiento esclarece con esta fórmula tajante la cuestión acerca del régimen de libertades que permanecen por fuera del ámbito de la influencia del Estado, denominado anteriormente, en términos simples, de abundancia, control de la producción y disfrute de la libertad inofensiva. De este modo queda eliminada la intervención estatal más allá de lo determinado en las leyes civiles para regular los movimientos y las acciones de los ciudadanos, pues no solo no deben «ni pueden dada su variedad». Todo ese campo restante que queda por fuera de la intervención estatal es denominado «libertad inofensiva», dentro del cual se puede hacer lo que se quiera, con la sola limitación del derecho natural regulado por la recta razón. Esta es la concepción de la llamada «libertad negativa» que traza las fronteras a la intervención del Estado dentro de la esfera propia de los movimientos autónomos del ciudadano. Por todo lo anterior, deducimos que el criterio de legitimación se limita a garantizar esa esfera de la libertad inofensiva tanto como la seguridad pública. Un Estado que se proponga desbordar este marco, y se permita invadir esferas de libertad inofensiva o negativa, se encontrará con algo imposible de penetrar y fracasará en su intento por brindar garantías de seguridad más allá de los límites de la esfera pública. Es esto lo que determina la imposibilidad de definir criterios de legitimación en forma de un criterio moral que pueda inmiscuirse en espacios privados o trascender el ámbito de las leyes naturales primarias de paz, seguridad y orden. 149
Ciro Roldán
Esta propuesta de un criterio de legitimación reducido a esas leyes naturales no abarca las llamadas libertades positivas por cuanto sería imposible exigir a un Estado que garantice la producción y distribución de la abundancia de bienes, no solo por la imposibilidad de controlar todos los movimientos de los ciudadanos en la esfera civil, sino por la incapacidad de hacer conmensurables, en criterios de legitimación, dichos derechos de participación en esos campos «infinitos» donde la libertad de «cada uno puede hacerlo o no a su arbitrio». Delimitado el criterio de legitimación a esa esfera negativa de la libertad, hemos de aceptar como referentes básicos para su definición aquellos atributos internos y externos de la paz, el orden y la seguridad pública. Otro atributo versa sobre el mantenimiento de la paz interna y se enuncia así: «El Estado pone término a la guerra civil. Lo que no pone término a la guerra civil no es un Estado. Lo uno excluye lo otro» (Schmitt, 1996, p. 46). El segundo atributo, que versa sobre la defensa de los enemigos exteriores, se enuncia de la siguiente manera: «Los pueblos y países que no están en condiciones de montar la organización propia de un Estado moderno son países no civilizados» (p. 46)1. Estos dos atributos -interno y externo- se condensan en uno solo: «El Estado tiene el orden dentro de sí mismo, no fuera» (Schmitt, 1996, p. 47). O en términos rotundos: «El que busca seguridad en otro, se somete a él» (p. 49). Ello quiere decir que solo un Estado capaz de darse una organización cerrada o autónoma, cuyo principio ordenador está dentro de sí mismo, puede acreditar el título legítimo de Estado de derecho. Solo un Estado legítimo puede garantizar a sus socios la validez de sus contratos, 1
150
En términos del moderno derecho internacional, condensado en el Pacto de la Sociedad de Naciones, se expresaría la misma idea del siguiente modo: «En las condiciones particularmente duras del mundo moderno, no pueden dirigirse por sí mismos; se convierten en colonias o protectorados o en objeto de protección y dominio de Estados verdaderamente capaces desde el punto de vista de la organización y de la técnica, que gozan por eso mismo de la consideración de sujetos de derecho internacional» (Schmitt, 1996, p. 46).
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
o sea, darles seguridad jurídica y política. Hobbes reconoce que en el estado de naturaleza se celebran contratos, pero estos son de dudosa reputación existencial, pues impiden que la situación de inseguridad ceda el paso a un Estado de seguridad racional y legal. La fórmula «Extra civitatem nulla seguritas» significa que dentro del Estado hay seguridad y legalidad; fuera de él solo hay estado de naturaleza (p. 48). Del criterio de legitimación basado en la seguridad se desprende que la justicia no puede ser invocada como criterio aparte sino como derivado de este mismo enunciado. Se podría sintetizar el enunciado de que la seguridad pública engloba la justicia y no al contrario. La justicia política subordina el concepto de equidad así como el derecho lo hace con la moral. Es por ello improcedente partir de criterios de libertad positiva o de su forma desarrollada de derechos humanos plenos, los que, al obrar como criterios de igualdad distributiva de bienes, puedan validar un Estado como legítimo. El único criterio conmensurable y viable en el ámbito de la Sociedad de Naciones es el acuerdo de que solo es válido un Estado capaz de darse su propia seguridad en el concierto mundial y servir como protector de sus ciudadanos en el ámbito interno sin apelar a seguridad distinta que la pública y común. Si quisiéramos darle una forma práctica a este criterio de seguridad solo encontramos una prueba práctica de su vigencia real en la posibilidad de sus miembros de permanecer dentro de un contrato de modo voluntario bajo la protección regulada de un Estado protector. El grado de seguridad se mide por las garantías reales de que los ciudadanos permanezcan vinculados a un contrato sin tener que emigrar de manera forzosa de él. Por tanto, si un miembro cualquiera de un Estado puede permanecer en su territorio sin coacción privada para mantenerse en él, entonces ese contrato estatal puede reclamar sus títulos legítimos como tal. Así, pues, la fórmula de legitimación práctica de un Estado se condensa en estos términos: si un miembro de un Estado dispone de condiciones mínimas para poder emigrar y no lo hace, esto quiere decir que existe un Estado protector que le permite permanecer dentro de él en cuanto puede encontrar salida voluntaria -o críticamente151
Ciro Roldán
y no lo hace. O sea que la garantía máxima de seguridad es la libre estadía dentro de sus dominios (Kern & Müller, 1992, pp. 72 & 73)2. En síntesis, el criterio práctico de legitimación implica la capacidad de aprobación crítica acerca de la posible permanencia en un territorio de modo seguro. Todo Estado valida su existencia como tal merced a la superación de inseguridad de sus asociados, y el sostén aprobatorio de esa seguridad se prueba por la posibilidad de mantenerse amparado con garantías públicas comunes. Tanto la legitimación de jure -obedecer por auto-obligación- como la de facto -aprobación expresa de mantenerse en condiciones de respeto a los pactos- se deben al principio de seguridad pública. Si esta existe, entonces, se desprende que sus miembros la respaldan y no emigran interna o externamente por oposición a la seguridad brindada por el Estado. En fin, todo contrato de seguridad está sujeto a continua revisión y cambio; su consenso debe ser continuo, o sea, susceptible de verificación constante. El ciudadano es sujeto de pacto si puede validarlo por sí mismo y no por simple sujeción a él.
Hipótesis teórica e histórica del dilema legitimidad y seguridad
He partido de la premisa de que todo Estado procura suscitar y cultivar la creencia en su legitimidad sustentado en los medios que afiancen la seguridad pública. Un Estado define su estabilidad y consistencia por el modo como se soporta en una misma fuerza de seguridad para todos; de lo contrario, deviene en un sistema de alianzas o poderes indirectos de seguridad privada. Hobbes asignó en el Leviatán (capítulo XXIX) a la existencia de estos poderes indirectos -llamados por él «potestas indirecta»-, que exigen obediencia sin asumir el riesgo de ser Estado, la responsabilidad de su disolución potencial. La existencia de estas facciones diversas y pugnantes en un Estado rompen su voluntad unitaria y producen la rápida caída de todo el sistema legal de derecho. Cuando la soberanía puede ser 2
152
Este criterio práctico de legitimación como pertenencia libre a un contrato ha sido esbozado por un contractualista contemporáneo.
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
dividida por múltiples poderes en su seno, cesa la protección del Estado (Hobbes, 1982, p. 267)3. Solo el monopolio de la fuerza asegura unidad político-territorial y uniformidad de la justicia. Esa premisa teórica sustentada llevó a fundamentar un criterio de legitimación sobre el posible consentimiento del ciudadano a la seguridad del Estado, con el propósito de mantenerse o emigrar del seno de ese pacto. Este criterio teórico y práctico a la vez es el postulado desde el cual medimos la eticidad de estos diversos pactos históricos examinados a la luz del criterio enunciado: un orden político es legítimo cuando todos los que viven bajo él tienen la oportunidad de decidir a favor o en su contra, de expresar aprobación o crítica, de quedarse en el Estado o emigrar (legitimación del principio como ordenamiento liberal). Así, los pactos son válidos si los ciudadanos cobijados pueden mantenerse en ellos. Acorde con este criterio he de enunciar la fórmula que sirve de hipótesis de trabajo: la precaria constitución del Estado de derecho está en función de los dilemas de seguridad y legitimidad originarios desde el Estado colonial cuya ambigüedad -ante la autoridad real que invoca y cuya ley revoca- es la causa principal de esa continua oscilación entre autoritarismo y anarquía, legada secularmente por nuestros regímenes políticos. La hipótesis procede de la herencia colonial cuyo Estado patrimonial adolecía de una debilidad orgánica de las clases e instituciones feudales dependientes de la fragmentada autoridad real y religiosa. Esta hipótesis se sostiene en las palabras de J. Elliot. Es este carácter fragmentado de la autoridad tanto de la Iglesia como del Estado, una de las más notables características de la América española colonial. Superficialmente, el poder de la Corona era absoluto en la Iglesia y el Estado: una corriente de órdenes emanaba del Consejo de Indias en Madrid. Y una masiva burocracia, secular y eclesiástica, se esperaba que las llevara a 3
«Ahora bien, dice Hobbes, dividir el poder de un Estado no es otra cosa que disolverlo, porque los poderes divididos se destruyen mutuamente uno a otro. En virtud de estas doctrinas los hombres sostienen principalmente a algunos que haciendo profesión de leyes tratan de hacerlas depender de su propia enseñanza y no de un poder legislativo». 153
Ciro Roldán
efecto. Pero en la práctica había tanta disputa por el poder entre los diferentes grupos de intereses -entre virreyes y audiencias, virreyes y obispos, clero secular y clero regular, los gobernadores y los gobernados- que las leyes mal recibidas, aunque diferentemente consideradas según la fuente de la que procedían, no eran obedecidas, mientras que la autoridad misma era filtrada, mediatizada, y dispersa. La presencia del Estado español aunque completamente penetrante, no era del todo directora. Las seguridades de Madrid se disolvían en las ambigüedades de una América donde el «cumplir pero no obedecer» era el lema aceptado y legitimado para no tener en cuenta los deseos de una Corona supuestamente informada (Elliott, 1990, p. 15).
El eje de la hipótesis anunciada consiste en atribuir el ethos particular de nuestra anomia a la persistencia del pacto y legado hispánico, que privilegia la concesión directa de favores de parte del rey, y utiliza la ley como simple apariencia de esas concesiones graciosas, apoyadas más en atribuciones personales que en acatamiento a leyes impersonales de orden jurídico. Esta incapacidad de institucionalizar una «legitimidad supra-personal» del Estado que fuera acatada por la mayoría es la raíz de esa continua fluctuación entre autoritarismo y anarquía. La génesis de la autoridad política estuvo corporeizada en la autoridad personal, carismática y patrimonial del rey, el cual no solo era fuente de todo patronazgo, sino el árbitro de toda disputa (Safford, 1991, p. 98)4. Lo dicho hasta el presente puede ser condensado en el siguiente raciocinio: la inestabilidad y el dilema político de nuestro Estado, en continua oscilación entre la anarquía y el autoritarismo, procede del pacto legado por la Corona, cuya autoridad se ejercía de una manera personalista y potencialmente arbitraria. En última instancia, la legitimidad emanaba de la autoridad personal del rey. Debido a la 4
154
El gobernante patrimonial es «reacio a atarse a la ley, su dominio toma la forma de una serie de directivas, cada una sustituible. Las decisiones jurídicas a menudo no son consideradas como aplicación de la ley sino como la otorgación de una gracia o privilegio en recompensa de los méritos y no como un precedente vinculante».
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
ausencia de una tradición feudal, Hispanoamérica no poseía una base de relaciones de vasallaje contractuales que capacitaron a los componentes de un régimen feudal para acceder a una vida autónoma y soberana En consecuencia, el colapso de la autoridad regia desató las fuerzas latentes de las oligarquías criollas en lucha por una legitimidad supra-personal que fuera aceptada por la mayoría. La contienda por el control de ese aparato patrimonial desató una serie de alianzas entre caudillos y partidos políticos que nos dejó sumidos en regímenes de anarquía y tiranía personales. La legalidad de sus pactos nunca pudo sustituir a la legitimidad institucional. Los lineamientos teóricos trazados hasta aquí sirven de marco de referencia al devenir histórico de sus propios pactos, éticas y dilemas políticos. Vamos a tratar de recorrer los sucesivos pactos que dieron lugar al continuo dilema entre seguridad y legitimidad, desde el pacto colonial con su deficiente protección externa e interna, hasta la dependencia actual de una autoridad foránea y la impotencia de las autoridades internas para dar seguridad a sus territorios. A partir del pacto original con el monarca protector, y la delegación de funciones de seguridad interna en intermediarios regionales -funcionarios públicos y privados o curas doctrineros y encomenderos real-militares- nos detendremos en los intentos de reconstrucción de la autoridad patrimonial por diferentes regímenes constitucionales. El hilo conductor pretende mostrar los sucesivos intentos con vistas a sustituir la legítima autoridad real por formas subsidiarias de esa legitimidad procurada a cambio de legalidad. La explicación central de la hipótesis sostiene que dicha sustitución de legitimidad por legalidad se convirtió en contradicción abierta con los valores y las formas de vida tradicionales propias de los criollos sin lograr acomodarse a sus hábitos (Safford, 1991, p. 99).
Dilemas, pactos y éticas de seguridad del Estado colonial
Desde sus comienzos la aventura colonial fue una empresa de conquista mixta –militar y comercial– entre conquistadores y representantes de la Corona. Pretendió cambiar su nombre de 155
Ciro Roldán
conquista de territorios ultramarinos por el de pacificación y civilización cristiana. La división de competencias entre los representantes directos del rey y la Iglesia, así como la presencia directa de los conquistadores, dividió el cuidado de la seguridad interna entre encomenderos y doctrineros que se repartían el control del cuerpo y el alma de los colonizados5. La alianza entre Estado e Iglesia en la causa conquistadora legitimó al rey para establecer un pacto colonial con los nuevos súbditos de la Corona. La clave de este poder regio estriba –según Morse– en el Estado patrimonial existente en España. Señala que en España, a diferencia de otros países europeos, las instituciones feudales fueron débiles; los diferentes grupos de intereses (nobleza, Iglesia, comerciantes, &c.) más que formar grupos de poder relativamente autónomos, dependieron fuertemente del Estado. Este estaba corporizado en el poder patrimonial del rey, que no solo era la fuente de todo patronazgo, sino también el árbitro supremo de todas las disputas (Safford, 1991, p. 98).
Esta debilidad ante el Estado por parte de los grupos privados y, en últimas, ante la autoridad regia, hizo que finalmente los pactos firmados por conquistadores y conquistados pusieran a depender la organización del poder de la autoridad real. Los pactos coloniales establecieron desde sus comienzos una dualidad entre lo firmado y lo cumplido. De hecho, los pactos originarios –los contratos con Colón, la inalienabilidad de las Indias prometida por Carlos V, la reserva de los oficios a los descendientes de los conquistadores, la 5
156
La justificación ética y política del imperio estuvo dada por la misión divina de su protección y encargo: «El Imperio por tanto fue ratificado en función de su objetivo, y el Imperio de Indias fue considerado como un encargo sagrado cuyo carácter fue resumido por el gran jurista del siglo XVI Juan de Solórzano y Pereira en su política indiana (1648): Los indios, escribía, “por ser ellos tan bárbaros… necesitaban de quien, tomando su gobierno, amparo y enseñanza a su cargo, los redujese a la vida humana, civil, sociable y política, para que con esto se hiciesen capaces de poder recibir Fe y Religión Cristiana”» (Elliott, 1990, p. 16).
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
labor protectora de los indios–, se sujetaron al cambio de la voluntad regia más que a las cláusulas del contrato constitucional6. Esta violación manifiesta de las leyes y los pactos subsistentes es la que permite decir al Libertador que aquellos mandatos estaban despojados de autoridad constitucional porque en última instancia dependían de la omnipresencia real no sujeta a determinaciones legales ajenas. Por tanto, las decisiones jurídicas a menudo no son consideradas como aplicaciones de leyes sino como «otorgación gratuita o privilegio», según la tipología de Weber. De allí nace la concentración de la autoridad estatal y eclesiástica en manos del rey, y su aparente omnipotencia y omnipresencia en las colonias americanas. Sin embargo –como señala Elliott–, esta unidad de mando tuvo que contar con las mediaciones de los delegados de la Corona y la Iglesia hasta el punto que el tupido tejido de relaciones y conflictos entre estas delegaciones terminó porque su autoridad fue filtrada, mediatizada y dispersa. Esa masiva burocracia eclesiástica y militar terminó disociando la seguridad en manos de estas delegaciones reales con los intermediarios privados, entre los cuales se repartieron compe6
Bolívar en la «Carta de Jamaica» acredita conocer los avatares de este pacto colonial al haber asimilado la Historia de la Revolución Española, del seudónimo José Guerra: «El emperador Carlos V formó un pacto con los descubridores, conquistadores y pobladores de América, que como dice Guerra, es nuestro contrato social. Los reyes de España convinieron solemnemente con ellos que lo ejecutasen por su cuenta y riesgo, prohibiéndoles hacerlo a costa de la real hacienda, y por esta razón se les concedía que fuesen señores de la tierra, que organizasen la administración y ejerciesen la judicatura en apelación: con otras muchas exenciones y privilegios que sería prolijo detallar. El rey se comprometió a no enajenar jamás las provincias americanas, como que a él no tocaba otra jurisdicción que la del alto dominio, siendo una especie de propiedad feudal la que tenían los conquistadores para sí y sus descendientes. Al mismo tiempo existen leyes expresas que favorecen casi exclusivamente a los naturales del país, originarios de España, en cuanto a los empleos civiles, eclesiásticos y de rentas. Por manera que con una violación manifiesta de las leyes y de los pactos subsistentes, se han visto despojar aquellos naturales de la autoridad constitucional que les daba su código» (Góngora, 2003, p. 16). 157
Ciro Roldán
tencias para legitimar el dominio o control sobre los nativos. En síntesis, mediante esta cadena de intermediarios se llevaba a cabo un debilitamiento de la presencia del Estado, «completamente penetrante pero no directora». Ello gestó la ambigüedad natural ante la ley, o su anomia expresada en el dicho popular: «se cumple pero no se obedece». Esta ambigüedad del Estado colonial desgarrado por fuerzas foráneas, garantes de sus pactos de seguridad sobre los reinos anexos a la Corona, y las alianzas de fuerzas nativas que se repartían el control sobre el alma y el cuerpo de los naturales a través del cura doctrinero y el encomendero real, hicieron que el Estado tuviera como soporte un sistema de alianzas entre lo público y lo privado que marcó el desarrollo de toda la historia poscolonial. La incapacidad del Estado para garantizar la seguridad sin apelar al concurso de las misiones eclesiásticas, militares y privadas provocó no solo la fragmentación de la autoridad real, sino el ejercicio de una soberanía compartimentada hacia adentro y hacia fuera. El dilema entre legitimidad real y seguridad privada se puso al descubierto por la principal institución de la época: la Encomienda. Mediante la Encomienda americana la Corona española cedió a los líderes de la conquista el derecho a asignar indígenas a sus seguidores en recompensa por servicios. Según el concepto legal, el encomendero era titular del derecho a percibir el tributo que las comunidades indígenas debían al rey. A cambio de esta concesión el encomendero quedaba obligado a proveer la defensa del reino y a evangelizar a los indios que le eran encomendados. Esta era la encomienda legal. En la práctica, sin embargo, y durante la mayor parte del siglo XVI, guardó poca semejanza con la institución tal y como fue concebida en Castilla. Durante las primeras décadas de la Conquista, la encomienda sirvió para encubrir la arbitrariedad continuada y la desaforada apropiación del tributo y el trabajo indígenas (Palacios & Safford, 2002, p. 69).
La Encomienda –especie de mayorazgo sin señorío sobre hombres y tierra–, introdujo a su modo una jerarquía de vasallaje, 158
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
ajena a las costumbres y rituales, y a las formas de reciprocidad propias de la legitimidad indígena. Las leyes de Indias de 1542 fracasaron en su intento de limitar exacciones y tributaciones onerosas. Se refuerza la máxima autoridad de la Corona a costa de la de sus funcionarios reales. La concentración del poder económico y político en la Encomienda, convertida en una verdadera «república de indios», mediante el llamado sistema de concierto, cumplió varios objetivos como solución a los dilemas de seguridad interna y externa: fortaleció las alianzas internas de una oligarquía criolla en proceso de consolidarse a sí misma y resistir a un distante gobierno de protección real; replanteó los términos de las alianzas locales en su pacto externo, y consolidó los métodos de adoctrinamiento y dominación de los indígenas7. La conversión de las Encomiendas en haciendas, y la concentración de indios a través del reparto y el concierto permitieron a estas oligarquías criollas reformular los términos de las alianzas internas y los pactos externos. La combinación de abandono y desprotección de la Corona sobre sus territorios coloniales creó oportunidades a las oligarquías criollas de usar las debilidades de la Corona para reforzar el dominio de comunidades y darse confianza como garantes de la seguridad interna. La república encomendera dejó de ser una fuerza eficiente de defensa, y la Corona debió apelar a otras formas de seguridad así como a alianzas necesarias para superar su crisis de autoridad: latifundismo, caciquismo y nacionalismo eran las nuevas formas para salir de esa dualidad. La crisis de legitimidad alcanzó su grado máximo por la incapacidad de la Corona de cubrir la seguridad del 7
De hecho, el resultado de la combinación de estos factores fue la creación de un tupido sistema de alianzas de parentesco: «Conforme avanzaba el siglo este núcleo de familias dirigentes asimiló nuevos elementos, especialmente entre quienes habían hecho fortuna con la minería. Alianzas matrimoniales cuidadosamente planeadas, en las que las ricas viudas de los encomenderos jugaban su papel decisivo, produjeron una red de familias interconectadas que recurrieron al sistema castellano de mayorazgo para impedir una disgregación de la fortuna familiar» (Elliott, 1990, p. 26) 159
Ciro Roldán
territorio y por los consecuentes enfrentamientos entre los cuerpos de gobierno para procurarla. Además de estos problemas de fragmentación espacial y división de la autoridad, cada uno de los cuerpos de gobierno enfrentaba de una u otra manera conflictos intestinos. En el ámbito eclesiástico, los arzobispos y obispos chocaban frecuentemente con las órdenes religiosas. Del lado civil, la Audiencia se desgarraba por la disensión interna; cada oidor veía a sus colegas como rivales, y cada uno se apoyaba en su propia facción clientelar. El binomio Estado-Iglesia, bajo la égida real, vio alterado su equilibrio al replantear pactos internos y externos que permitieran a los criollos buscar nueva identidad (Palacios & Safford, 2002, p. 146)8.
El Estado de independencia: del nuevo pacto al nuevo dilema
La crisis de legitimidad del Estado colonial, y la desaparición de la autoridad del rey, provocó no solo el colapso de toda esa forma de autoridad superior sino que cuestionó el pacto colonial implícito de una «constitución no escrita en la Nueva Granada, esto es, un conjunto de normas y procedimientos habituales que simbolizaban el pacto entre el monarca y sus súbditos». Roto el pacto colonial, era necesario encontrar un sustituto legítimo a la autoridad patrimonial de la Corona.
8
160
«El imperio español en América descansaba en el equilibrio de poder entre varios grupos: la administración, la Iglesia y la elite local. La administración ostentaba el poder político, pero su poder militar era escaso y asentaba su autoridad en la soberanía de la Corona y en sus propias funciones burocráticas. La soberanía secular estaba asentada por la Iglesia, cuya misión religiosa se apoyaba en el poder jurisdiccional y económico. Pero el mayor poder económico estaba en manos de las elites, propietarios rurales y urbanos que englobaban a una minoría de peninsulares y a un mayor número de criollos. […] La debilidad del gobierno real y su necesidad de recursos permitieron a estos grupos desarrollar efectivas formas de resistencia frente al distante gobierno imperial» (Lynch, 1991, p. 5).
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
El colapso de la autoridad superior desató las fuerzas latentes de las oligarquías, de las municipalidades y de las familias extensas en una lucha por el poder y el prestigio en las nuevas y arbitrariamente definidas repúblicas […] Al no existir grupos de intereses económicos desarrollados e interactuantes que participaran en el proceso constitucional, los nuevos países quedaron sumergidos alternativamente en regímenes de anarquía y tiranías personalistas. La contienda para hacerse con el aparato del Estado patrimonial –el imperio original fragmentado– se convirtió en la fuerza motriz de la vida pública en cada uno de los nuevos países (Safford, 1991, p. 99).
Los obstáculos para establecer un nuevo Estado independiente mediante un nuevo pacto constitucional venían de la vieja estructura del latifundio, el caciquismo y el nacionalismo. Bien vistas las cosas, como señaló un cronista local, la independencia fue una guerra que enfrentaba a los partidarios de un viejo régimen con un poder centralizado absoluto –la Corona– con poderes regionales coaligados como independentistas. Era el poder de las fuerzas regionales sustentadas en la hacienda que se oponía al poder central estatal (Lynch, 1987, pp. 72-73). El proyecto de Estado independiente debía contar con las fuerzas regionales cuyo epicentro era la hacienda, que no solo era modelo de la vida económica y social sino modelo de gobierno. Esta concentración de la autoridad económica, social y políticomilitar, obligó a Bolívar a contar con estos caudillos locales para establecer un sólido sistema de alianzas como factor decisivo de la guerra. Tenía que ganar la guerra apoyado en esas fuerzas regionales para luego imponerles su disciplina como Estado-nación centralizado. Así, dice Lynch, el primer proyecto de Bolívar de una Colombia más grande, unificada para la fuerza nacional y viabilidad económica, fue presentado como una alternativa a la anarquía del dominio local de los caudillos. Mientras que los caudillos formaban parte esencial del esfuerzo bélico, contribuían poco al Estado en guerra. Bolívar tenía que imponer la estructura del ejército unido a 161
Ciro Roldán
los caudillos: reglamentar al ejército y establecer una clara cadena de mando (Lynch, 1987, p. 85). Su prueba triunfante era instaurar un punto fijo en la jefatura de mando –presidente vitalicio– capaz de imponer subordinación entre ciudadanos, y un poder firme que controlara la oscilación entre anarquía y tiranía derivada de gobiernos populares. El propósito de crear un Estado-nación debía reformular el concepto de soberanía nacional en el marco de una comunidad internacional. Crear un Estado protector interno, una nación reconocida en el concierto internacional, y autónoma frente a las potencias extranjeras, era un triple objetivo para imponer a los caudillos (p. 89). En el fondo, el nuevo dilema planteado era entre la unidad que aseguraría la paz y el bienestar, y la anarquía de los gobiernos caudillistas a los que el Libertador llamaba «gobiernitos». Para resolver este dilema, Bolívar debía apelar a las instituciones constitucionales liberales en búsqueda de una «legitimidad suprapersonal» por encima de las alianzas con los caudillos. Pero la fuerza de estos intereses regionales representados en caudillos –jefes políticos personalistas– iba a dar al traste con la posibilidad de institucionalizar un poder legítimo suprapersonal. Esta es finalmente la explicación de la conflictiva unión y posterior disolución de la Gran Colombia, otro episodio de la pugna con los caudillos. El curso de las alianzas impuso su lógica inevitable. Colombia se convirtió en el Estado-nación de Bolívar, quien personificaba la unidad nacional. Pero se dio cuenta de que si Venezuela se iba a organizar pacíficamente, era imprescindible satisfacer y cooperar con los caudillos. Hizo esto de dos maneras: dándoles oficios regionales y otorgándoles tierras […] Pero desde el comienzo Páez disfrutó de hegemonía, y de ser caudillo regional, Páez se convirtió en un héroe nacional. En el incontestable líder militar y político de Venezuela (Lynch, 1987, p. 90).
El nuevo dilema de seguridad, y la inestabilidad de su institucionalidad, se dieron por la imposibilidad de obtener una legitimación por parte de las mayorías. El triunfo de los caudillos regionales y la disolución posterior de la Gran Colombia eran el 162
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
resultado de estas tensiones: los caudillos podían atraer a una necesaria clientela prometiendo oficios y otras recompensas a sus partidarios cuando llegaran al poder. El sistema perpetuó el personalismo y retrasó el proceso de construcción de Estados. Para ello se consideraba más seguro aceptar la promesa personal de un caudillo que el compromiso anónimo de una institución ejecutiva o legislativa. Triunfaron los soportes del caudillismo sobre las instituciones del Estado, y los primeros impondrían su vulnerabilidad ante aquellas. El remedio extremo de cambiar legitimidad por legalidad tampoco surtió efecto. Las ideas constitucionales liberales trataron de subsanar la deficiencia de legitimidad por leyes. Según Morse, la intromisión de estas ideas constitucionales occidentales durante el periodo de la Independencia fue un factor importante que entorpeció la reconstrucción de la autoridad patrimonial sobre las líneas españolas tradicionales. El constitucionalismo liberal anglofrancés –con su énfasis en el poder de la ley, la división y separación de los poderes, los controles constitucionales sobre la autoridad y la eficacia de las elecciones– se levantó como una contradicción a los valores y las formas de vida tradicionales hispanoamericanas. Debido a que el constitucionalismo liberal estaba mal adaptado a la tradicional cultura política española, los intentos para levantar regímenes según los principios políticos liberales fracasaron inevitablemente.
Dilema: descentralización federal o centralización autoritaria
La subordinación de estos poderes regionales a un Estado centralizado pero vulnerable a los embates del federalismo, explica buena parte de la inestabilidad política y la ambivalencia constitucional del siglo XIX . Queda claro –según la tesis defendida por Morse– que la autoridad de las ideas constitucionales importadas, si bien era insuficiente para constituir una alternativa al modelo político tradicional, a menudo era suficiente para minar la legitimidad de los gobiernos que seguían el modelo tradicional. La continua oscilación entre anarquía e intentos autoritarios se 163
Ciro Roldán
explica –también según Morse– por la imposibilidad de suplantar la vieja legitimidad real por un legalismo constitucional. Así la inestabilidad política hispanoamericana que existió de 1810 a 1870, afirma Morse, se veía agravada por la tensión entre los modelos políticos tradicionales –hacia los que los líderes hispanoamericanos tendían instintivamente– y los principios constitucionales que servían para hacer una crítica constante a los que ejercían el poder de la manera tradicional (Safford, 1991, p. 99).
Según esta interpretación, la estabilidad solo se llegaría a conseguir cuando se diera la síntesis entre el modelo tradicional dominante y la mampara constitucional como pura fachada legalista. Esto explica en parte la viabilidad del modelo constitucional centralista que conjugara el viejo legado hispánico colonial bajo la legitimación religiosa católica tradicional. Era el triunfo de la vieja estructura del Estado patrimonial español con mínimas concesiones legales al constitucionalismo anglo-francés. Este nuevo dilema entre fuerzas federales de los estados soberanos en procura de la descentralización, enfrentadas con el aparato estatal autoritario que pugnaba por la centralización, terminó por agotar a la nación fragmentada y volver los ojos al modelo tradicional hispánico en alianza con la Iglesia. Esta última iba a legitimar el poder central en coalición con las fuerzas centralistas conservadoras, y se convirtió en factor decisivo de su institucionalización. Los conservadores, a su turno, le pagarían el favor con privilegios y con tierra9. El binomio Estado-Iglesia del abso9
164
Este conflictivo antagonismo es registrado a grandes rasgos por un observador inglés de nuestra historia política: «Estaba presenciando la decadencia de medio siglo de liberalismo y el retorno del conservadurismo con un renovado vigor. Núñez pensó que disponía de la receta para la “paz científica”: un gobierno centralizado, el acercamiento a la Iglesia, un ejército más fuerte, un sufragio más restringido […] El estallido de más guerras después de 1885, a pesar de que la receta en parte fuera correcta, muestra de nuevo que las pretensiones superaban los recursos. La solución no se buscó en la autocracia sino en una nueva coalición que se fortaleció con el apoyo de la Iglesia. La mayor parte de las características de la vida política
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
lutismo español se acomodaba a la nueva situación como fórmula de legitimación de la llamada Regeneración. Un presidencialismo de corte monárquico y un poder moral de corte religioso se coaligaban en búsqueda de una república autoritaria capaz de superar el permanente desorden. El eterno retorno del anarquismo al autoritarismo inherente al legado hispánico era la imposible síntesis de orden y libertad, de legalidad y legitimidad. La solución de este dilema a través de la Constitución presentada como un tratado de paz científica fue interpretada como una carta de exclusión. Esta carta fue motivo de conflicto por la exclusión sistemática del legislativo que «quitaba toda obligación de obediencia política». De modo, pues, que la Constitución presentada como una carta de Paz fue una «carta de conquista más que una norma para todos los colombianos» (Melo, 1989, p. 52), al decir de Jorge Orlando Melo. Sirvió de pretexto para desatar la desobediencia con sendas guerras civiles, una de ellas la más violenta y prolongada de toda nuestra historia. La legitimidad del uso del poder se había perdido, y la exclusión política provocó el manifiesto de 19 puntos titulado «Motivos de disidencia» de los históricos, donde sintetizaron sus críticas más importantes a la Regeneración: necesario control al excesivo presidencialismo y a la reelección, independencia del poder judicial, descentralización fiscal, prohibición de gravar los artículos de exportación, y revisión de la tarifa aduanera para rebajar los artículos de consumo popular y de aquellos requeridos por la industria nacional. El dilema entre Regeneración y catástrofe se aproximó a lo último cuando la feroz guerra de los Mil Días y la separación de Panamá remataron un conflicto estéril, con pérdidas materiales y colombiana –el carácter hereditario de gran parte de ella, el uso intenso de la prensa, las elecciones incesantes, la carrera abierta a los talentos legales-periodísticos-congresionales, no cambiaron. También es característico que Núñez pudiera convertir los viejos estados soberanos en departamentos, pero no logró su deseo de modificar el viejo mapa administrativo del país. La constitución del 86 no resultó tan centralista como aparentaba. El partido liberal continuó aliado al viejo federalismo hasta después de haberse acabado el siglo» (Deas, 1991, p. 198). 165
Ciro Roldán
humanas incalculables. La ausencia de seguridad interna y externa había llegado a su máxima expresión. Deslegitimada la guerra civil, el constitucionalismo volvió por sus fueros. El país se rigió por la Constitución de 1886 reformada principalmente en 1910, 1936, 1945, 1957, 1958 y 1986. A pesar del consenso civilista de las elites gobernantes después de la guerra de los Mil Días, la lucha faccional continuó determinando las alianzas y los conflictos políticos (Palacios & Safford, 2002, p. 493).
El mandato nuevo era el de civilizar o modernizar un país mediante la construcción de un Estado nacional edificado sobre las ruinas del Estado territorial anterior, con su poder disperso en señoríos regionales, y su secular atraso espiritual y material. Se necesitaba crear algo más que un territorio e incluso que una nación. El resultado insatisfactorio obtenido hasta el siglo XX se condensaba en la manida fórmula: «Colombia es más territorio que nación, y más nación que Estado: si la barrera abrupta es una barrera a la integración, vencerla es la base de la legitimidad». Esta nueva legitimidad iba a jugarse en los cauces de una ética racional moderna. Se trataba de introducir la razón o el cálculo como fundamento de un aparato estatal incipiente. Esta fue la propuesta liberal de introducir una ética racional del Estado, que requería pasar de expresión de intereses de facciones o instrumento de intereses privados, a convertirse en árbitro integrador de la unidad nacional. Se trataba de transitar hacia un Estado de derecho o un Estado protector liberal.
Plan legitimador demo-liberal de un Estado con ética racional
Los cuatro gobiernos liberales conocidos como la República Liberal tuvieron en común el proyecto de unir democracia y libertad en un nuevo pacto político y jurídico, donde el Estado pasara de ser un sistema de alianzas entre familias, grupos o regiones, para convertirse en una máquina racional y mediadora capaz de intervenir en todos los frentes. La mirada nacional, en cuanto totalidad y movimiento, iba más allá del ángulo estrecho de intereses privados, y 166
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
«la nación se ponía en movimiento», según la atinada expresión de Jorge Gaitán Durán: La toma del poder por el partido liberal en 1930 tradujo políticamente un hecho profundo: comenzaba la agonía del feudalismo colombiano. Terminaba el «paraíso» y se iniciaba una época de transición, equívoca y contradictoria, marcada por violentos conflictos sociales. La nación se ponía en movimiento: los colombianos reintegraban a la Historia. Es decir, la Historia hasta entonces contenida, replegada, invulnerable, estallaba, se fragmentaba, se abría al esfuerzo humano. La primera víctima fue el partido conservador: su crisis empieza con la descomposición de la república feudal (Gaitán, 1959, pp. 42-43).
El Estado feudal-patrimonial, la república señorial, o cualquier denominación que se adopte para el antiguo régimen conservadurista entraba en crisis. Los conceptos de liberalismo social e intervencionismo estatal abrían la época de modernización del Estado. Las fuentes de legitimación del poder moral-religioso, y los derechos naturales de tradición, familia y propiedad intangibles e intocables a la acción estatal por fin eran puestos en cuestión. La revolución en marcha produjo una reforma constitucional que polarizó al país entre conservadores y liberales alrededor del lugar de Dios en el preámbulo de la Constitución y de la constitucionalización de los derechos de propiedad y de los derechos sociales y educativos. Hasta entonces los primeros pertenecían al reino de las transacciones privadas regidas por el Código civil y los segundos, según el clero, eran parte de los derechos naturales de los padres de familia y de la Iglesia, ante los cuales era intolerable la intromisión del Estado. El solo hablar de expropiación por motivos de utilidad social, de la escuela obligatoria y de la obligación de los planteles educativos a recibir a todos los estudiantes sin discriminación alguna (los colegios regentados por comunidades religiosas no recibían «hijos naturales») en el contexto polarizado de los conflictos de España, fue convertido en anatema, subversión y comunismo (Palacios & Safford, 2002, p. 538). 167
Ciro Roldán
El poder de la Iglesia como complemento del Estado y fuente de su legitimación, puesto en cuestión por la reforma del 36, intervendría con su jerarquía rígida en la conformación de una nueva «santa alianza» con los poderosos señores de la tierra para desatar la resistencia a la modernización y reforma democrática del Estado. De hecho, esta «santa alianza» logró desatar la violencia en su resistencia a cualquier reforma agraria, y logró al fin quitarle filo a la inicial propuesta bipartidista que «establecía la presunción legal de propiedad a favor del Estado de todas las tierras no cultivadas». Al fin de cuentas, la reforma se redujo a la famosa Ley de Tierras. «La reforma agraria no fue más que una promesa en el aire. Colonos, colonizaciones y conflictos agrarios seguirían haciendo parte de la historia colombiana en la segunda parte del siglo XX ». En último término era el retorno del viejo conflicto entre fuerzas feudales contrarias al Estado de derecho e interesadas en revivir el modelo corporativo y totalitario retomado por Laureano Gómez. En el fondo el proyecto modernizador estaba amenazado por intereses tradicionales refugiados en ambos partidos aunque la reacción fuese encabezada por la Acción Patriótica Económica Nacional (APEN) y los sindicatos de propietarios rurales. El viejo dilema del latifundismo, el caciquismo y el nacionalismo a ultranza, enfrentados a los partidarios de un Estado de derecho –secular e interventor en los viejos derechos naturales intangibles– renacía como parte del conflicto no resuelto desde la Encomienda. La ética de la seguridad privada se enfrentaba al proyecto de seguridad pública para todos. Los adalides de la seguridad privada y el Estado corporativo armaron sus bandas de intermediarios regionales y los señores de la tierra obraron como señores de la guerra. El experimento demo-liberal del Estado de derecho hizo la pausa y la reacción feudal la amenazó de muerte10. 10
168
Dice a propósito Gaitán Durán: «En medio de la crisis feudal que tornaba gaseosas las relaciones entre las clases y las fracciones de clase, dentro o fuera de los partidos, ciertas minorías reunían propiedad industrial y propiedad agrícola, las elites financieras estaban estrechamente vinculadas con las cafeteras; esta ambivalencia impedía a la larga una verdadera política económica, se tomaban a la vez
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
El intento por legitimar el Estado de derecho mediante ética racional y liberal iba a ser desvirtuado otra vez por los agentes de la seguridad privada. El monopolio de la fuerza y la ley iba a ser atacado, y el fantasma deslegitimador del Estado por mañas y manos de los corporativistas y totalitarios del viejo establecimiento hispano-católico iban a desatar la realidad feroz de la guerra. Muy limitado papel podía jugar en esos escenarios el Estado, que era de hecho el «objeto de deseo» en los enfrentamientos fratricidas, y por lo tanto, desdibujado en su función de depositario del monopolio de la violencia, por la guerra y por todas las expresiones derivadas de desorden y criminalidad que esta desata (Sánchez, 2003, p. 34).
La Violencia estalló y produjo el «colapso del Estado» en la celebrada fórmula de P. Oquist. Hasta los años cuarenta –como recuerda Gonzalo Sánchez– Colombia alardeaba de civilismo, constitucionalismo y republicanismo. Era la imagen que proyectaba al resto de América Latina, llevada hasta la hipérbole. Colombia era el país de los pactos, de las constituciones, de los consensos, y Bogotá era la Atenas suramericana. Hasta ese momento el país había vivido en un reformismo recurrentemente diferido. Pero este reformismo iba a llegar a su final cuando el pacto entre los sectores del capital y el trabajo, con su ética racional de progreso, sería pospuesto y menoscabado en sus reglas de convivencia11. La Violencia, vista como un periodo histórico medidas avanzadas y reaccionarias, se sentía la necesidad de progreso y a la vez se desconfiaba de este en la práctica de los negocios, en el manejo de determinados sectores de intereses» (Gaitán, 1959, p. 46). 11 Así dice Gaitán Durán: «Durante el segundo gobierno de López estalló la contradicción principal: la industria no podía expandirse sin un proletariado con un alto nivel de vida, pero la mecánica implacable de la utilidad llevaba a explotar cada día con más intensidad a los trabajadores, lo que provocaba por parte de estos reacciones anárquicas. La burguesía no solo se sentía perjudicada por una disminución de beneficios, sino –lo que era más grave e intolerable– por el fantasma de la descapitalización, que significaba la pérdida del poder en el plano político. Burguesía y proletariado ya no coincidían; eran dos 169
Ciro Roldán
definido, fue otra forma de guerra con una pluralidad de procesos. En la violencia de los años cincuenta, que en realidad comienza en los años veinte, al decir de un cronista, la historia es la misma: el liberalismo se lanza a la oposición abierta cuando considera que el proyecto corporativista y totalitario de Laureano Gómez lo amenaza de muerte. El alzamiento fue regional y muchos dirigentes pelearon en la defensa de intereses locales y limitados. De ahí que el alzamiento, aunque generalizado, no llegó a tomar cuerpo nacional.
El Frente Nacional: alianza bipartidista y dilemas de seguridad
El peso creciente de los componentes sociales fue precisamente uno de los motivos que desalentó la prolongación de la violencia de los años cincuenta, percibida originalmente como simple reyerta y transformada en abierto conflicto agrario en algunas regiones. Esta violencia primera terminó sin resolverse. Pertenece a la categoría de las guerras no resolutivas, donde el conflicto se suprime pero no se soluciona. Como recordará G. Sánchez: «De la lucha a muerte por la diferencia partidista se pasa al reconocimiento de la identidad de las elites». Y concluye: Lo cierto es que de manera casi ofensiva, entre quienes van a ser ungidos como héroes de la reconciliación y terminación de la Violencia, figurarán prominentemente los responsables de la catástrofe. (Los líderes bipartidistas, incluido Laureano [Gómez]). En el marco del unanimismo del naciente Frente Nacional no hubo fuerza de oposición política capaz de profundizar el contenido de la amnistía o de ejercer presión para que Colombia hubiera asumido, en esa oportunidad única, su pasado y su historia. Se prefirió, como en tantas otras ocasiones, el olvido a la confrontación de las causas sociales del conflicto y las razones de su memoria perturbada. La amnistía era aquí, más un instrumento de legitimación de las elites que de satisfacción de las víctimas (2003, p. 62). fuerzas anárquicas enfrentadas en una batalla que se creía decisiva para uno de los dos bandos y que en realidad iba a permitir el retorno victorioso del tercero: el obstinado feudalismo» (Gaitán, 1959, p. 47). 170
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
El pacto bipartidista del Frente Nacional se presentó como un tratado de paz entre los partidos y un proyecto de pacificación de las relaciones entre el poder central y las regiones que lo enfrentaban con sus aspiraciones a ser reconocidas por aquel. Este pacto bipartidista –hecho para sobrevivir políticamente– fue una mezcla de dos debilidades sin identidad en una «alianza viscosa» de olvido y mutua legitimación, cuya propuesta era reformular los términos de su política interna con la externa. El pacto interno, por su parte, anota Revéiz, se ejemplifica en el Frente Nacional durante el siglo XX . Después de tanto guerrear durante el siglo XIX y de periodos intercalados de hegemonías liberales y conservadoras con guerras civiles, llegó el Frente Nacional, caracterizado por el entendimiento político, la alternación presidencial y la participación adecuada y equitativa en los cargos públicos (Revéiz, 1997, p. 24).
El pacto externo, a su vez, se refería al manejo de sus relaciones políticas y económicas con Estados Unidos mediante su ayuda política y militar para enfrentar la pacificación y los nuevos términos de intercambio económico y comercial. En cuanto al pacto externo, anota Revéiz, se puede observar que aunque los pactos internacionales de café obtuvieron menores precios reales que en las bonanzas, permitieron reducir la incertidumbre para los empresarios y el gobierno. Colombia nunca tuvo conflictos políticos internacionales (derivados de actitudes nacionalistas e imperialistas) que le permitieran incrementar la inversión fuera de sus fronteras, ni de obtener rentas de su situación geopolítica (pp. 123-124).
De esta manera, el pacto frente-nacionalista fue un intento de pacificación política bajo la forma de unión entre «civilidad republicana y orden neoconservador», que devino en un armisticio político antes que en un tratado de paz, por cuanto tendió más a reducir luchas sectarias partidistas sin atender a los reales conflictos sociales de fondo. La fórmula legitimadora giró, de nuevo, alrededor de la Constitución a la cual se le introdujeron las reformas 171
Ciro Roldán
del plebiscito, base del Frente Nacional, y del artículo 121 sobre el régimen del estado de sitio, aunque este se impuso la mayor parte del tiempo hasta 1991. El Frente Nacional pacificó el país en cuanto a las luchas sectarias de partidos que dejaron de ser fuente de violencia, pero desatendió otros semilleros potenciales de conflicto. Pareció un paso necesario mas no suficiente de paz, puesto que volvió normal el estado de excepción bajo el artículo 121. Este modelo de cooptación política del Frente Nacional logró resolver problemas de pacificación entre partidos y mantuvo un pacto interno con las regiones, las cuales lograron una mayor inserción a nivel nacional e incluso internacional, merced a los pactos externos. Se diría que hubo una gobernabilidad política interna mientras el régimen pudo arbitrar los conflictos interpartidistas e interregionales. La distribución de divisas entre los gremios y de puestos y cuotas de poder regionales entre los partidos permitió una tregua de la guerra. Los tres grandes soportes de la seguridad interna –Iglesia, ejército y burocracia partidista– cambiaron su función. La Iglesia dejó de ser aliada natural del partido conservador; el ejército ganó independencia de lo partidista, y los partidos reactivaron sus electorados con una burocracia profesionalizada mediante la carrera administrativa. Todos estos avances en la seguridad pública contrastan, sin embargo, con los nuevos dilemas de seguridad ciudadana y autodeterminación en el contexto internacional. La garantía del funcionamiento del pacto interno y externo residía en la figura presidencial, cuyas atribuciones en cuanto a orden público interno y relaciones internacionales eran amplísimas. Sus facultades extraordinarias en materia económica y política se sintetizan en los tres grandes artículos que conformaban la Constitución: los artículos 120, 121 y 122 permitían conjurar, mediante estados de emergencia, las perturbaciones inminentes de orden económico y social, o las graves calamidades públicas. Pero el poder presidencial y su sistema político asociado se habían desgastado al término de los años del pacto partidista12. 12 172
«El país se había despolitizado en un momento de intenso
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
El sistema cooptado se había deteriorado por sus propios medios. El clientelismo fue el resultado del sistema de alianzas partidistas arbitradas por un presidencialismo cada vez más dependiente de sus representantes sociopolíticos de la provincia. La dependencia externa se acrecentó merced a la crisis de sus pactos y a las escasas fuentes de suministro de riqueza interna. La legitimidad, sustentada en estos pactos internos y externos, se agotó por la irrupción de nuevos actores regionales y asociaciones ilegales aparecidas bajo la égida del narcotráfico, socavando la seguridad obtenida. Con la internacionalización, el modelo de cooptación política y económica entró en crisis. Los nuevos colectivos verticales (la guerrilla y el narcotráfico) crearon un nuevo marco para la distribución de los recursos públicos. También se originaron nuevas coaliciones regionales para asegurar la gobernabilidad política y se generalizó la violencia inercial (Revéiz, 1997, p. 157).
Los resultados de esta internacionalización de fuerzas, y la irrupción de una violencia proveniente de esos núcleos emergentes en ese nuevo escenario, terminaron por desgarrar el tejido social, la unidad territorial y la cohesión política. Los nuevos grupos excluidos de participación política estatal pretendieron hacerse a su control forzando negociaciones internas de paz, y consolidando los lazos de dependencia externa para sostener la seguridad. Los dilemas de legitimidad y seguridad ante una soberanía amenazada por fuerzas centrífugas –como la globalización externa y los entramados internos de las clases emergentes e insurgentes–, pusieron en vilo al Estado, cuya demanda principal era ahora la de refundarse o relegitimarse bajo la cobertura de otro pacto constitucional.
cambio social. Problema que resaltaría con la desaparición de la oposición electoral y la evidente inadecuación de las instituciones estatales y partidistas para canalizar las demandas sociales. El régimen se movía por las inercias clientelistas creadas durante los dieciséis años de Frente Nacional» (Palacios, 2002, p. 612). 173
Ciro Roldán
La refundación del Estado y la ambivalente Constitución de 1991
La llamada refundación del Estado parece asegurar una ruptura con el pasado. Una nueva sociedad reclamaba un nuevo Estado y se requería una Constitución donde cupieran las fuerzas sociales emergentes y los nuevos amnistiados políticos. «De tal entendimiento surgió un nuevo orden más participativo y descentralizado; más transparente y menos corrupto. Pero llama la atención lo frágil de la legitimidad y legalidad del proceso constituyente. No existían bases legales para convocar la Asamblea Constituyente» (Palacios & Safford, 2002, p. 612). Pero había que refundar el Estado y hacer caber dentro de él a los sectores emergentes excluidos del pacto frente-nacionalista. La clave estaba en ampliar el sistema de alianzas regionales con la mayor presencia dentro del Estado de esos agentes de la diversificación territorial. La ruptura con la Constitución del 86 parece radical. Aquí no existe referencia a ninguna Constitución anterior, y la fuente de legitimación invocada consulta la voluntad soberana del pueblo –al mejor estilo rousseauniano– antes que la voluntad divina o alianza alguna con sus intermediarios eclesiásticos. Ahora se invoca la democracia participativa y la llamada participación territorial de los municipios y las regiones sirve de sustento legitimador del nuevo Estado: después de la promulgación de la Carta, son los municipios y las comunidades quienes poseen, por el aumento de su poder político y su creciente participación en las transferencias del Estado y en las decisiones de inversión pública, un poder creciente; ellos son el núcleo de la nueva sociedad civil y el sostén de la gobernabilidad política. Además de la ampliación e inclusión social dentro del nuevo ordenamiento político, y de la descentralización política, esta Constitución desarrolla una amplia gama de derechos humanos que llegan hasta su última generación y avalan hasta el derecho ecológico. Reconoce la pluralidad étnica, afirma principios de descentralización fiscal, y fortalece el poder judicial. Plantea la reordenación territorial e incluso la autonomía de comunidades indígenas y negritudes. Todo esto alcanza hasta los derechos de los niños, derechos que prevalecerán sobre todos los demás. El acer174
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
camiento de la justicia al ciudadano mediante la tutela y el control constitucional parecen ser sus mayores logros. Pero la ambigüedad del nuevo constitucionalismo se pone al descubierto al mirar el contraste entre los altos ideales de los constituyentes y los desarrollos legales y efectivos de la Carta. Los derechos avalados por ella son incumplibles ante la incapacidad del Estado para garantizar su eficacia, desde el derecho a la vida hasta la defensa del derecho infantil a desarrollarse y realizarse en el hogar y entorno familiar 13. Todo lo anterior –sugiere Palacios– explica la levedad del nuevo constitucionalismo en la espesura de una sociedad que tiene pocas oportunidades para prestarle la atención que merece. Y concluye: «Los desarrollos legales de la nueva Constitución quedaron en manos de la clase política pre-constituyente. El problema de fondo sigue siendo el mismo desde la fundación de la República: la distancia entre los sueños del constitucionalismo y las prácticas sociales» (Palacios & Safford, 2002, p. 615). La ambivalencia de la Carta debe ser explicada como fruto de la ética de transacción que inspiró a sus constituyentes. Nadie quiere reconocer que los redactores de la Carta obtuvieron cada uno su pedazo: los defensores del Estado de derecho obtuvieron un extenso capítulo de derechos; los promotores de la apertura, un banco central independiente del gobierno y regido por sus propios estatutos; los descentralistas, un estatuto que potencia la autonomía territorial; los comunitarios, una democracia representativa con referendo incluido; los no cristianos, la libertad religiosa y el desmonte del Concordato, y los liberales, la enajenación de las empresas del Estado, la prestación de los servicios públicos por particulares, y la tutela como un recurso para compensar el 13
«La norma según la cual los derechos de los niños prevalecerán sobre todos los demás no se concilia con el aumento de denuncias sobre abusos de todo tipo contra los niños, la mayoría de los cuales se realizan en el hogar y el entorno familiar; ni con el aumento del déficit de cupos escolares en muchas municipalidades, particularmente del Caribe. El agudo y creciente problema social de los desplazados, en muchas ocasiones acosados por las Fuerzas Armadas, contrasta con la protección constitucional a los derechos humanos» (Palacios, 2002, p. 615). 175
Ciro Roldán
desmantelamiento del Estado interventor. La explicación básica de esta reversión y revuelta contra la Carta reside entonces dentro de su propia ambivalencia. En su seno coexisten postulados maximalistas del Estado social de derecho con directrices del más puro liberalismo de mercado. No hay una sola Constitución; existen, al menos dos grandes líneas directrices en su interior: la primera que defiende criterios demo-liberales de libertad, igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad de la ley, y la segunda que atiende a los postulados de la eficacia, economía, celeridad y seguridad estatal para garantizar contratos privados con el Estado convertido en sistema de alianzas de contratación privada. Basta leer el articulado alrededor de los derechos fundamentales en su doble línea de sustentación teórica y aplicación práctica para observar su escisión: los bienes y servicios públicos –empleo, educación, salud y vivienda– quedan bajo la responsabilidad del Estado en cuanto a la orientación, dirección y reglamentación de su servicio, pero en un marco de eficiencia, universalidad y solidaridad en su forma de adjudicarse. La intervención del Estado en la provisión de esos derechos se limita a la inspección o vigilancia y, al tiempo, su prestación se confiere al mejor postor, capaz de asegurar su atención contratada. La Carta define derechos de obligatoria prestación social –como el empleo– que debe proteger, pero sin poder garantizar su oferta real. Basta mirar el desempleo urbano, el cual ha alcanzado las cotas más altas desde que hay estadísticas, para observar la contradicción con el principio constitucional que coloca el derecho al trabajo como uno de los más fundamentales. Pero la más grande contradicción de la Carta se da entre sus postulados de un Estado social de derecho con los de la paz, la seguridad ciudadana y las libertades públicas, y la privatización de la contratación de la paz. La Constitución de 1991, en su artículo 22, no estableció si la paz es un servicio público y quién tiene derechos de propiedad sobre ella. Solo definió que el presidente tiene el monopolio del orden público como reza el artículo 89. Esta grave situación jurídica deja al Estado en manos de una clase política que lo ha despojado de su derecho soberano a garantizar el monopolio de la paz, y 176
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
su obligatoriedad de hacerlo efectivo. La paz no puede ser contratada con particulares como cualquier otro servicio público a riesgo de convertirla en seguridad privada. La clase política tradicional ha ido consolidando derechos de propiedad sobre la paz pudiendo determinar los términos de la guerra. La misma clase puede hacerlo por manejar el presupuesto militar y los ascensos de generales, e incide así en sus actuaciones. En síntesis, la Carta aumentó expectativas pero marchitó sus logros. Así se desvanece otra quimera legal. La competencia política es baja, la corrupción sigue y la paz está lejana. En fin, esta ética corporativista permite que se la use como patente de corso para promiscuidad de lo privado y lo público; de modo que el Estado se corrompe por la captura de las políticas públicas en manos privadas. En fin, el Estado opera con la lógica del mercado.
Dilemas actuales de la llamada seguridad democrática
La ambigua constitución de la Carta del 91 ha permitido su utilización en su doble vertiente, corporativa y comunitaria. El corporativismo ha servido para encontrar el medio de delegar el monopolio de la paz en alianzas internacionales que contratan la seguridad con recursos de potencias militares extranjeras, cuya asistencia se brinda a través del llamado Plan Colombia, primero, y Plan Patriota después, y al tiempo el comunitarismo permite subcontratar la seguridad interna con implícita delegación en fuerzas ilegales que participan en el control de amplias zonas del territorio nacional. La llamada estrategia-plan de seguridad democrática es una mezcla de Estado corporativo que privatiza la seguridad mediante la denominada cooperación internacional, y al tiempo hace uso del comunitarismo mediante el cual la seguridad ciudadana se supone dada por su capacidad de dársela a través de redes propias de informantes. La ciudadanía es sujeto y objeto de seguridad. En fin, la seguridad está en manos de quien pueda contratarla afuera o subcontratarla adentro. Este dilema de la política actual arranca de la fragmentación real del territorio y de la sensación de pérdida de control de la situación: el Estado no controla el espacio nacional; los actores 177
Ciro Roldán
armados no controlan de arriba abajo sus heterogéneas, y a veces indómitas, organizaciones; la sociedad civil no puede ejercer su tercería. Desde luego, ante la incapacidad de tener presencia como Estado que cubra la nación, la opción prioritaria es la de controlar el territorio como objetivo primordial. Las dos caras de esta estrategia han sido denunciadas como producto de la internacionalización de la guerra y, al mismo tiempo, del reconocimiento de la crónica debilidad del Estado ante las fuerzas insurrectas en su interior. Es la misma debilidad del Estado colonial amparado siempre en la protección foránea, brindada por la metrópoli a sus reinos asociados, y por otro lado, en la necesidad de sus intermediarios de siempre –los nuevos encomenderos hoy enriquecidos por el tráfico de drogas y armas en sus territorios– quienes han cumplido la función secular de garantizar un cierto orden y hasta una cierta equidad en las localidades a las cual el Estado no puede llegar 14. Así la historia se repite: desde las primeras constituciones indianas y las reformas borbónicas, hasta las actuales negociaciones de paz, pasando por las negociaciones posteriores a la guerra de los Mil Días, donde la soberanía nacional se fragmentó mediante la entrega de Panamá, el Estado sigue cediendo poderes, privilegios, 14
178
Esta fragmentación de la soberanía externa e interna puede condensarse en la siguiente fórmula tomada de Gonzalo Sánchez: «Quiérase o no, en el curso de la guerra se produce una fractura de soberanía, y a menudo una eclosión de actores aspirantes al poder, que pone en tela de juicio tanto la legitimidad como el monopolio de la fuerza, rasgos constitutivos de un Estado moderno. El fantasma de la beligerancia es la fragmentación territorial del Estado colombiano […] Una soberanía extremadamente frágil desde la posición colombiana, en cuanto está atravesada por dos temas –las drogas y el derecho humanitario– frente a los cuales las fronteras entre lo interno y lo externo, según los parámetros de la comunidad internacional son esencialmente difusas […] Con estrategias como el Plan Colombia, la guerra ha dejado de ser interna. Se ha exteriorizado, abriendo paso a la intervención en los asuntos internos del país y en sus relaciones exteriores, y su preponderancia se ha acentuado de manera inversamente proporcional en su triple frente de combate contra la insurgencia, la contrainsurgencia y los narcotraficantes» (Sánchez, 2003, p. 125).
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
o control territorial para mantener estabilidad política; a cambio de una precaria legitimidad institucional, el Estado negocia seguridad privada o privatiza la seguridad mediante contratos con terceros internacionales o intermediarios regionales internos. Este «pactismo» crónico considera todo como negociable15. Esta misma tendencia al ajuste territorial externo a cambio de la reforma institucional, se traduce en el ámbito interno en la cesión de territorio nacional a cambio de la reincorporación a la vida civil de los llamados combatientes. Se trata del llamado «pactismo» que atraviesa la vida civil, y cuya reproducción interna va minando las reglas de convivencia. El motor de todo ello es la necesidad permanente de re-legitimación por parte del Estado a través de la reincorporación formal de los disidentes al cuerpo político de la nación. Tras esa necesidad permanente de legitimación se puede observar la crónica debilidad estatal, en particular de su aparato judicial. Ante la incapacidad de derrotar al enemigo, el Estado opta por unirlo o anexarlo como fuerza formal de la nación. Acepta tácitamente que vendan seguridad por extorsión, y como organizaciones paralelas hagan su propia justicia. Y acepta la privatización de la seguridad por cuanto elige una alianza con una determinada forma de inseguridad –la paramilitar– a cambio de superar otra –la de las repúblicas independientes–. El argumento para legitimar esta negociación comenzó cuando se acomodó la ley para permitir al gobierno sentarse a la mesa con grupos desligados del carácter de delincuentes políticos. Bastó la simple modificación de una disposición para romper la tradición de todas las constituciones, desde 1811, que solo autorizaban la concesión de indultos o amnistías por motivos políticos. Este primer 15
«En Colombia prevalecieron los conflictos internos y la clase dirigente política prefirió el ajuste por el territorio que el ajuste por las instituciones y la democracia: la guerra de los Mil Días a comienzos del siglo llevó a la secesión de Panamá; la guerra civil de los años cincuenta condujo al canje de notas entre gobiernos (sin aprobación del Congreso) que cedió los Monjes a Venezuela, uno de los puntos de referencia para la delimitación del Golfo de Maracaibo; la guerra civil actual debilita a Colombia en las negociaciones con Venezuela» (Revéiz, 1989, p. 99). 179
Ciro Roldán
paso era el preámbulo de un reconocimiento político fundamental: la aceptación de que si los paramilitares abandonan determinadas zonas, se las toma la guerrilla. Ello implica aceptar lo que siempre se ha negado: la delegación de la fuerza en manos privadas y el reconocimiento expreso de la coacción privada a través de estos intermediarios. Detrás de todo está la tácita sanción de un hecho: estos delincuentes siempre han contado con la complicidad de la distraída mirada estatal. Lo realmente efectivo detrás de estos procesos de amnistía es una reconciliación de las elites y su confesión de que detrás de estas organizaciones ilegales solo existe un ejército federal irregular. Detrás de estos ejércitos privados existe una especie de pacto federalista entre las elites económicas y políticas regionales cuyo predominio local trata de imponer en el ámbito nacional otro mapa de reordenamiento político-territorial. Es la eterna alianza entre las fuerzas debilitadas del Estado, que apuntalan su legitimidad en el perpetuo ajuste territorial, y seguridad privada a cambio de su reconocimiento legítimo. El problema no es la desmovilización sino su constitución civil como fuente última de poder regional.
Líneas constantes de la oscilación entre seguridad y legitimidad
Las líneas de fuerza propias del desarrollo de nuestro Estado reproducen sus tendencias desde los albores del Estado colonial, sustentadas en su ambivalencia frente a la autoridad del rey y su misma ley, hasta el actual talante del Estado corporativo, con su dilemática condición de soberanía en interregno por su dependencia de la seguridad externa, y la delegación de la seguridad interna a manera de alianzas regionales al estilo de la vieja Encomienda. Las líneas históricas seguidas se resumen en diez características constantes. La primera línea de análisis encuentra la persistencia de rasgos de anomia institucional nacida de la imposibilidad de forjar una «legitimidad suprapersonal» capaz de garantizar la estabilidad política del Estado. La dependencia de un «poder patrimonial del rey» –fuente de todo patronazgo y árbitro supremo de todo conflicto– 180
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
generó instituciones personalistas, potencialmente arbitrarias y atadas más al representante de la ley que a la ley misma. El colapso de la autoridad real desató luchas personalistas por controlar el Estado sumergiendo a los nuevos países en una continua oscilación entre regímenes de anarquía y tiranía personales. El presidencialismo central se invoca como última instancia, el límite de la anarquía regional. La segunda línea de análisis revela la incapacidad de restaurar la autoridad de la Corona por parte de los modelos constitucionales importados, los cuales no pudieron ser adaptados a nuestras costumbres nacionales. Los caudillos –jefes políticos personalistas– se enfrascaron en disputas regionales y carecieron de una visión nacional y de un interés suprapersonal capaz de restaurar la autoridad patrimonial de la Corona. Las guerras civiles sumieron en la ruina institucional a la nación y su anarquía permitió el acceso al poder de regímenes autoritarios que invocaron el legado hispánico-católico para legitimarse. La tercera línea de análisis muestra la persistencia de las constituciones como permanentes intentos de legitimación al convertirlas en tratados de paz. Sin embargo, estas no cumplieron tales expectativas y se convirtieron en armisticios posteriores a guerras feroces; jugaron más bien un papel de «ententes» entre elites con reglas de juego pactadas que permitieran manejar –con o sin exclusión– sus cuotas de poder nacionales y regionales. La figura presidencial fue el garante de tales pactos y mantuvo unida la institucionalidad resultante de los acuerdos como poder de cohesión de la nación y su reordenamiento territorial. La cuarta línea de análisis demuestra que esta levedad del constitucionalismo no alcanzó nunca a conciliar los dilemas de legitimidad y seguridad ni la distancia entre los sueños legalistas y las prácticas sociales. La legitimidad se volvió legalidad y esta se alimentaba a sí misma en un intento de autoperpetuarse. Contrariamente a lo esperado, el ropaje constitucionalista creó una atmósfera de suspenso político debido a la imposición de instituciones que fueron suficientes para minar la legitimidad de gobiernos tradicionales. 181
Ciro Roldán
La quinta línea de análisis se refiere al “pactismo” tradicional. Consiste en la tendencia a negociarlo todo en continuo ajuste institucional por control territorial que reproduce anomia y rebaja las reglas básicas de convivencia. La necesidad de legitimación permanente, mediante la reincorporación de los disidentes al cuerpo político de la nación, muestra la crónica debilidad del aparato estatal y, en particular, del aparato judicial: un tratado de paz, diría Kant, puede poner término a determinada guerra pero no a la situación de guerra. La sexta línea analítica alude a la confusión de amnistía con paz. La amnistía, en tanto olvido jurídico, se asume como «una especie de recomienzo, en el sentido de un momento inaugural, del pacto social y político». Ante las limitaciones para castigar a los ejércitos derrotados, al Estado solo le quedaba como opción realista la incorporación de los disidentes, y la paz se resolvía en una «simple suspensión temporal de hostilidades». Según estudios recientes, en el siglo XIX se produjeron 17 amnistías y otras 20 en el siglo XX, y hubo 63 indultos. Contrario al sentir de Kant, quien opinaba que la paz debe ser instaurada y las causas de la guerra removidas, la amnistía ha sido entre nosotros un instrumento de legitimación de las elites más que de satisfacción a las víctimas. La séptima línea es la negativa sistemática del aparato estatal a aceptar la disociación entre país real y país formal –país político y país nacional–, o la fractura entre política y sociedad. El Estado no ha querido aceptar que los pactos entre elites dejan por fuera al país nacional, y así olvida que la paz se hace con una colectividad de hombres que no forman parte del Estado. La exclusión sistemática de sectores políticos y sociales desde la Carta del 86, y su estado de sitio excepcional como normal, han impedido el respaldo legítimo mayoritario. El Estado se porta como justiciero y se conforma como un «Estado de derecho sin democracia». La octava constante mantiene los términos de protección del Estado como un sistema de alianzas o «cúmulo de fidelidades lentamente construidas», al decir del máximo jefe paramilitar, mediante el cual la protección se brinda a cambio de obediencia y silencio. Los mismos términos de los encomenderos reales se viven ahora en 182
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
la seguridad comprada a cambio de lealtad y silencio. La seguridad se privatiza cuando se ofrece a ese precio, y cuando solo la obtiene el que pueda pagar su costo. La legitimación mediante autoamnistías, y las políticas de apelación a poderosos aliados no-enemigos para delegarles la seguridad en sus propios ejércitos, cierra ese círculo violento. La preocupación del Estado ha sido ganar la guerra a toda costa sin importar la corrupción derivada de esta doble moral. La novena constante se ve reflejada en la imposibilidad de definir la hegemonía de un Estado fuerte. Un Estado fuerte se confunde con un Estado autoritario que se contenta con enviar tropas o delegar funciones en intermediarios. Un Estado fuerte, incapaz de afirmar su soberanía –que diluye su hegemonía en alianzas–, no impone su fuerza como imperium, sino que además se confunde con una mezcla de corporativismo privado que endosa la función provisora de sus servicios, y comunitarismo público como remedo de participación ciudadana. Para obtener reconocimiento en la población civil se ha apelado más a la capacidad de imposición que a la capacidad de legitimación sustentada en la garantía de dar seguridad pública para todos. Asociaciones privadas suplantan la oferta de seguridad pública. La décima constante es la íntima imbricación de guerra nacional e internacionalización del espacio político interior. El conflicto del siglo XIX entre Estados soberanos aplicó el derecho de Gentes a la manera de una cuasi-internacionalización del conflicto que desbordó fronteras entre lo interno y lo externo. Desde las guerras civiles, tratadas como guerras de soberanías, la resolución de conflictos apeló al derecho internacional para superar las pretensiones de los caudillos. La internacionalización actual –producto de la pérdida de soberanía por intervención de potencias foráneas– acentúa de modo inversamente proporcional la debilidad de un Estado que se ve tratado a modo de protectorado en asuntos capitales como extradición de nacionales, alineamiento internacional y asistencia militar.
183
Ciro Roldán
Conclusión: una soberanía cuestionada por dentro y por fuera
Una línea constante de nuestra historia política obliga a reconocer la crónica y circular repetición de dilemas internos y externos presentes desde el Estado colonial. Persiste la misma debilidad endémica del Estado para garantizar el imperio de la ley, independiente de la voluntad personal del rey, e igualmente, la delegación de la seguridad interna en manos privadas de encomenderos se reproduce ahora. Es precaria la constitución de un Estado fuerte capaz de darse instrumentos de seguridad territorial frente a las potencias foráneas, y la delegación de seguridad interna ante elites locales cooptadas como garantes de seguridad. El monopolio de la fuerza se comparte con aliados internos y externos, y la política de seguridad interna se confunde con la política de seguridad exterior a las fronteras. La imposible salida de la anomia mediante la estabilización de una «legitimidad suprapersonal» ha conducido al Estado a sostenerse como sistema de alianzas legales incapaces de constituir su legitimidad. El Estado no puede controlar mediante la fuerza esta oscilación entre anarquía y autoritarismo o, el paso continuo del orden al desorden, como si la violencia fuese parte inherente del mismo orden. Ese tránsito ha permitido sostener una mezcla de guerras civiles recurrentes, y pactos constitucionales reiterados e invocados como tratados de paz pero devenidos con el tiempo en simples armisticios entre combatientes. El constitucionalismo, y sus éticas de concesión y cooptación son impotentes para estabilizar un Estado soberano desgarrado por ajustes institucionales dados a cambio de territorios. La ambivalencia del orden jurídico ante una legitimidad soberana lleva a concluir que el Estado vive en constante necesidad de re-fundarse por pactos cuyo problema de fondo sigue siendo el mismo desde la fundación de la república. Se trata de la misma distancia entre los sueños constitucionales y la práctica social, o del interregno de legitimidad que, según la definición del Diccionario de la Lengua Española, es «el espacio de tiempo en que un Estado no tiene soberano». La soberanía está cuestionada o interdicta más 184
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
que carente de legitimidad. En términos de Hobbes, se diría que el Estado oscila entre la anomia del derecho natural y la apelación a la ley natural de paz, seguridad y orden público. La distancia entre la seguridad privada del derecho natural, propia de los que se atienen a su propia fuerza vuelta ley, y la seguridad pública de sujeción a una sola ley de protección a todos, hace pensar que el criterio de legitimación invocado no se cumple enteramente. La prueba práctica acordada como criterio de legitimación de un Estado protector pretende contrastar la posible permanencia dentro de su pacto con la aprobación de su cláusula mínima de seguridad estatal: «Un orden político es legítimo cuando todos los que viven bajo él tienen siempre la oportunidad de decidir a favor o en contra de él, de expresar aprobación o crítica, de quedarse en el Estado o emigrar» (Kern & Müller, 1992, pp. 72 & 73). Mediante la comprobación de tal criterio de legitimación, los ciudadanos del pacto han de tener siempre la posibilidad de decidir su suerte, de quedarse o emigrar de ese Estado libremente. Esto supone aceptar que la seguridad interna garantiza su permanencia o inclusión voluntaria dentro del pacto. La incierta voluntad de permanencia de sectores enteros en sus territorios hace pensar que los ciudadanos se obligan a prestar obediencia a los pactos internos y externos de manera no-voluntaria. De hecho, un pacto no puede legitimarse si se carece de la aprobación renovada y libre de su permanencia por parte de los ciudadanos. Este parece ser nuestro caso si nos atenemos a la imposible elección entre quedarse o emigrar de su territorio. No existe libre permanencia dentro del pacto si se advierte que la seguridad no logra incorporar a todos los ciudadanos, y simplemente cubre a los que puedan pagarla de manera privada. Además, la seguridad es más amplia que la seguridad armada. La protección cobija a toda la población –implicada o no en territorios de conflicto–, y cubre aspectos que desbordan la simple defensa bélica. Puesto que el concepto de seguridad es más amplio que lo puramente militar, se requiere proteger todos los derechos de los que se encuentran en la mira de los violentos para que no los maten lo mismo que a la población civil arrojada en medio del conflicto. 185
Ciro Roldán
La política de seguridad democrática es un medio de la seguridad ciudadana y no un fin de fortaleza del Estado como un poder en sí y para sí mismo. Cuando el Estado delega seguridad en un patrón local que arma sus propios ejércitos y comienza a proteger a cambio de silencio, se pasa a relegar estructuras autónomas garantes del monopolio de su fuerza para entregar territorios apoderados ilícitamente. Así, existe una privatización real de la coacción por fuerzas irregulares cuya desmovilización no coincide con el desmonte de su poder regional. Esto será real solo si se desmonta su cooptación del Estado local. Las elites no han querido desmontar sus aparatos privados para construir una república y resolver el problema territorial; por el contrario, el Estado prefiere cooptar las elites locales para que le administren una seguridad forzada, sin entender que la validez del pacto tiene como condición central la posibilidad de denunciarlo o sumarse voluntariamente a él. En síntesis, buena parte de los ciudadanos están al margen del pacto por la fragmentación territorial, su división social derivada, y la implícita debilidad de su justicia: un gobierno que no se adhiere a la ley pierde el respeto y fracasa en cumplir la obligación contractual con su pueblo. Esto conduce a la fractura entre política y sociedad, sin que exista pleno derecho a reclamarse como gobierno. Al persistir vacíos en el pacto de seguridad para que todo ciudadano pueda sentirse libre dentro de él, se apela al uso extremo de la fuerza, lo que rinde resultados temporales pero hace perder legitimidad, ventaja moral y seguridad común. La exclusión del pacto supera la exclusión territorial –como el caso de los desplazados– para abarcar la exclusión social, jurídica y política. La dualidad entre un Estado de libertades legales formalizadas en la Constitución en un catálogo de derechos fundamentales, y el estado de necesidad real incapaz de garantizar el ejercicio de estos mismos derechos civiles, implica una inseguridad social, jurídica y política. Tenemos al menos tres sociedades en nuestro país: una sociedad cooptada que accede a garantías estatales de seguridad; una sociedad no cooptada que no se beneficia de estas garantías y carece de seguridad jurídica y política, y, finalmente, 186
Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía estatal
una sociedad ilegal que orienta sus esfuerzos empresariales por fuera de la ley y utiliza la coacción privada para sostener su propio sistema de seguridad. Los tres caracteres señalados –exclusión territorial, división social y falta de transparencia de la justicia por la promiscuidad de lo público y lo privado– impiden que opere el criterio de legitimación acordado: la siempre renovada aprobación ciudadana, aunque tácita, como ratificación del pacto dentro del cual viven. El silencio ciudadano ante la coacción privada no es interpretable como aprobación tácita sino como debilitamiento del apoyo público. Su silencio no implica aprobación contractual sino una enorme insatisfacción con un Estado que no entiende el ejercicio de derechos y libertades civiles como condición de seguridad. La desconfianza de los de abajo, y la necesidad continua de refundar y legitimar el Estado desde arriba, señalan que «Colombia es más territorio que nación y más nación que Estado». Referencias bibliográficas
Deas, M. (1991). Historia de América Latina. Vol. 6. Barcelona: Crítica. Elliott, J. (1990). Historia de América Latina. Vol. 2. Barcelona: Crítica. Gaitán, J. (1959). La revolución invisible. Bogotá: Ediciones Mito. Gaviria, C. (2002). Debate a la Constitución. Bogotá: ILSA, Universidad Nacional de Colombia. Góngora, M. (2003). Historia de las ideas en América española. Medellín: Universidad de Antioquia. Hobbes, T. (1982). Leviatán. México: Fondo de Cultura. Hobbes, T. (1993). El ciudadano. Madrid: Debate. Kern, L. & Müller, H. P. (1992). La justicia ¿discurso o mercado? Barcelona: Gedisa. Lynch, J. (1987). Hispanoamérica 1750-1850. Bogotá: Universidad Nacional. Lynch, J. (1991). Historia de América Latina. Vol. 5. Barcelona: Crítica. Melo, J. (1989). Nueva Historia de Colombia. Tomo 1. Bogotá: Planeta. Palacios, M. & Safford, F. (2002). Colombia país fragmentado, sociedad dividida. Bogotá: Norma. Revéiz, E. (1989). Democratizar para sobrevivir. Bogotá: Nuevas Ediciones. 187
Ciro Roldán
Revéiz, E. (1997). El Estado como mercado. Bogotá: Fonade. Safford, F. (1991). Historia de América Latina. Vol. 6. Barcelona: Crítica. Sánchez, G. (2003). Guerras, memoria e historia. Medellín: La Carreta. Schmitt, C. (1996). El Leviathan. Buenos Aires: Editorial Struhart.
188
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
Francisco Cortés Rodas*
¿Hasta dónde puede extenderse la justicia? ¿Ella es universal y por tanto su campo de aplicación debe trascender las fronteras de los Estados nacionales? ¿O la justicia es nacional o local, y por razones conceptuales, normativas o pragmáticas, su influencia solo puede ejercerse dentro de los límites de una comunidad política? Si la justicia es universal, ¿cuáles son los derechos que deben ser garantizados para que sus ideales normativos sean realizados? ¿Los derechos civiles y políticos? ¿O un conjunto más amplio que incluya estos y los derechos económicos y sociales? ¿Qué instituciones deben ser creadas para hacer cumplir esos derechos? ¿Un Estado mundial, una república *
Este artículo hace parte del proyecto de investigación «Justicia y exclusión. Elementos para la formulación de una concepción igualitaria de justicia», aprobado por la Fundación Alexander von Humboldt y realizado en el Instituto de Filosofía de la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt (Alemania). Este artículo fue presentado en el Simposio Internacional «La teoría crítica en el diálogo Europa Latinoamérica», organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y será publicado primero en las Memorias de este Simposio. Agradezco al editor su permiso para reproducirlo en este libro. 189
Francisco Cortés Rodas
de Estados, o es suficiente un organismo como las Naciones Unidas? Si la justicia es nacional, ¿cómo es posible enfrentar los problemas políticos y sociales determinados por la globalización económica, el crecimiento del desempleo a nivel mundial, el aumento de la pobreza en los países económicamente más atrasados, la destrucción del medioambiente, las grandes migraciones de poblaciones de los países más pobres a los más desarrollados? Quienes sostienen que la justicia es universal afirman que el hombre es sujeto de derechos fundamentales que le corresponden por el hecho de ser hombre; de esto derivan que una concepción de justicia debe regular las relaciones entre todos los seres humanos en el mundo y asegurar su bienestar individual. Quienes sostienen, por el contrario, que la justicia es local o nacional, dicen que los principios fundamentales de justicia deben regular la distribución justa de los derechos y las libertades en cada sociedad, y que los principios de justicia internacional solamente pueden regular las relaciones entre los Estados, es decir, a la justicia internacional le concierne el orden jurídico de las relaciones de poder entre los Estados, no la distribución justa de los recursos económicos y de las oportunidades sociales. Entre los que defienden la concepción universalista de la justicia, conocidos en el debate académico como globalistas, están Henry Shue (1996; 1983, pp. 600-608), Thomas W. Pogge (1989), Charles R. Beitz (1979; 1983, pp. 591-600) y Stephan Gosepath (1998, pp. 146-187; 2002, pp. 197-214)1. Los defensores de la segunda posición han sido caracterizados como liberales nacionalistas y conforman un grupo más heterogéneo: teóricos del liberalismo que acentúan la autonomía de los pueblos; comunitaristas que destacan la integridad de comunidades culturales; nacionalistas que representan la prioridad de los vínculos y de las pertenencias nacionales; teóricos de la soberanía del Estado que defienden la independencia de los Estados2. 1 Véase tambien Rawls (1988, pp. 227-256; 1992, pp. 48-75; 1995, pp. 195-224) y Barry (1991) 2 Para la clasificación de los liberales nacionalistas sigo la propuesta de Forst (2002, pp. 215-232). Como liberales nacionalistas están: 190
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
El núcleo de la discusión entre globalistas y liberales nacionalistas se da alrededor de la pregunta de si es posible extender el campo de aplicación de los principios liberales de justicia del contexto nacional a un contexto global. Para los globalistas, la justicia se debe entender como una compensación de pretensiones individuales que se debe realizar mediante una política global al servicio de los derechos legítimos de los individuos a una parte equitativa de los bienes producidos a nivel mundial (Shue, 1996, p. 13). Para los liberales nacionalistas la justicia solo puede realizarse en un contexto nacional, pues ella requiere del establecimiento de un marco de estructuras jurídicas, democráticas y económicas estables, de un contexto cultural homogéneo, así como de la autonomía política de los Estados (Kersting, 1997, p. 301; Chwaszcza, 1996, p. 176). Los liberales nacionalistas rechazan la pretensión de los globalistas de extender la justicia del contexto nacional al contexto global a partir de definir dos tipos de problemas que debe enfrentar un Estado liberal y democrático en el orden actual de las relaciones internacionales: primero, las relaciones entre el Estado y sus asociados deben estar constituidas por los principios de libertad e igualdad social; segundo, las relaciones entre los Estados se basan solamente en los principios de la autonomía política y de la igualdad jurídica de los mismos (Chauvier, 2001, p. 101; Kersting, 1997, p. 278)3. El intento de los globalistas de fundamentar una concepción universalista de la justicia descansa, según los liberales nacionalistas, en el error de utilizar el instrumentario del individualismo contractualista, que permite regular las relaciones entre los individuos en una comunidad política, para definir las condiciones normativas de las relaciones entre todas las personas en el mundo. Esta extrapolación de los principios normativos del Estado liberal de derecho, realizada para fundamentar una concepción global de la justicia, conduce, según la crítica de los liberales nacionalistas, a una concepción idealista e irrealizable de la política (Chauvier, 2001, p. 91). Rawls (1999, pp. 116-118); Nelson (1974, pp. 410-430); Kersting (1997, pp. 253, 278); Chwaszcza (1996, p. 176); Walzer (1989, pp. 224-5). 3 Sobre la doctrina clásica del derecho internacional véase: Kant (1997, Vol. XI); Rawls (1999). 191
Francisco Cortés Rodas
En este artículo voy a presentar, en primer lugar, las tesis centrales de las posiciones del liberalismo nacionalista y del globalismo. En segundo lugar, haré las consideraciones críticas a sus respectivas concepciones de justicia. En la parte final desarrollaré algunos elementos para la formulación de una concepción transnacional de justicia que permita dar cuenta de los problemas fundamentales de nuestras sociedades, condicionados por la existencia de desigualdades radicales y una extrema pobreza.
El liberalismo nacionalista
La crítica más fuerte de los liberales nacionalistas contra los globalistas afirma que el conjunto de derechos y libertades adquiridos legítimamente por los ciudadanos de un Estado, constituido mediante un orden político regulado por el derecho, no puede ser sometido a las políticas redistributivas de una concepción global de la justicia (Rawls, 1999, pp. 116-118; Nelson, 1974, pp. 410-430; Kersting, 1997, pp. 253, 278). De esta tesis general derivan dos tesis adicionales: 1) el derecho de propiedad, como uno de los derechos fundamentales consagrados en las constituciones de los Estados liberales, no puede subordinarse a las exigencias redistributivas fundamentadas en una concepción universalista e igualitarista de la justicia (Kersting, 1997, pp. 290 & ss.). 2) Los espacios de decisión de la legislación democrática de cada uno de los Estados no pueden quedar sometidos a una suprainstitución global que exija recortes de soberanía a sus miembros para implementar las exigencias de justicia global (Kersting, 1997, pp. 303 & ss.). Para fundamentar estas tesis los liberales nacionalistas han desarrollado los siguientes argumentos: a) En la construcción de los principios fundamentales de la justicia internacional es necesario diferenciar el nivel interno de la organización política de los Estados del nivel externo de las relaciones entre estos. b) La solución de los conflictos entre los Estados no se puede realizar recurriendo a una concepción universalista e igualitarista de la justicia, que exija limitar la soberanía de los Estados particulares para realizar las aspiraciones de justicia global. La sociedad mundial actual no se puede caracterizar como un sistema de cooperación social en 192
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
el que encuentre aplicación un principio de justicia que sirva para compensar las desigualdades en las posiciones sociales de cada persona. c) Los principios básicos de la justicia internacional no se pueden fundamentar mediante el universalismo moral. d) No se puede transformar el igualitarismo político de los ciudadanos en el Estado en el igualitarismo moral de la ciudadanía mundial. e) La idea de una justicia global no puede justificar el proyecto de un Estado mundial. f) Las injusticias y desigualdades sociales y económicas existentes en el mundo no se pueden atribuir a una injusticia producida por el orden económico internacional, sino que tienen sus causas en carencias estructurales económicas y políticas de carácter doméstico. a) En la argumentación de los liberales nacionalistas se destaca en primer lugar, que en el proceso histórico de conformación del orden político internacional en la modernidad ha jugado un papel fundamental la diferenciación establecida por Kant entre la creación de una constitución del Estado adecuada a los principios del derecho, y la creación de un estatuto jurídico que reúna a las naciones en una especie de federación interestatal. Frente a la tesis del realismo político según la cual la posibilidad de establecer un orden duradero entre los Estados depende de la capacidad de adecuación de los intereses nacionales a las exigencias del sistema de un equilibrio basado en la amenaza mutua, el paradigma propuesto por Kant permitió introducir al derecho como mecanismo regulador de las relaciones entre los Estados. Kant reemplazó así, mediante la construcción de los principios fundamentales de la justicia, tanto en el ámbito interno como externo, el paradigma de la guerra por el paradigma del derecho. La diferenciación hecha por Kant entre el nivel intraestatal y el nivel extraestatal ha sido fundamental en la modernidad porque ha constituido el marco de acción que ha hecho posible, de un lado, la conformación de sociedades orientadas por principios liberales, democráticos y de justicia social y, de otro, la superación por medio del derecho de los conflictos entre los Estados. A partir de la diferenciación de estos dos niveles que determinan las funciones del Estado, Kant estableció que la justicia distributiva es un asunto de la política interna de cada Estado que 193
Francisco Cortés Rodas
tiene que ver con el aseguramiento de los derechos y las libertades individuales, y que las relaciones entre los Estados no se establecen a partir de principios de justicia distributiva, sino que se basan en los principios de la autonomía política y de la igualdad jurídica de los Estados (Kant, 1997, vol. XI). Para Kant, la cuestión política que comprende el problema del derecho político, del derecho de gentes y del derecho de ciudadanía mundial, está determinada por la dimensión utópica de la pertenencia a una república mundial. Si cada hombre desarrolla las implicaciones normativas de sus derechos individuales innatos, entonces descubre como última consecuencia el derecho a unas condiciones mínimas de justicia en el nivel intraestatal, y el derecho a la paz en el nivel extraestatal. Kant define así cómo la política, que en la relación del Estado con sus asociados se orienta por los ideales liberales de la igualdad ante la ley, y en la relación con los demás Estados por el principio de la autonomía política, puede ir creando el conjunto de condiciones que hacen posible la conformación de una Constitución interior del Estado adecuada a los principios del derecho, y, además, un estatuto jurídico que reúna a las naciones en una especie de federación interestatal, cuya misión sea resolver de forma pacífica los conflictos internacionales (Habermas, 2004, pp. 120 & ss.; McCarthy, 2002, pp. 235-274). b) Según los liberales nacionalistas, esta clara diferenciación de los niveles que determinan las funciones del Estado es desconocida en el planteamiento de los globalistas. Estos últimos desarrollaron una argumentación para justificar la ampliación del campo de aplicación de los principios liberales de justicia del contexto nacional al contexto global. A partir de una crítica a la teoría de la justicia de John Rawls, Charles R. Beitz y Thomas W. Pogge, han mostrado que en esta teoría está incluida una concepción de justicia distributiva global, que se manifiesta cuando se desarrollan completamente sus presupuestos e implicaciones normativas. Mediante la utilización de algunos elementos estructurales de la teoría de Rawls −la «posición original» como una asamblea de todas las naciones del mundo, y el «velo de ignorancia» como el instrumento para establecer un criterio de imparcialidad a nivel mundial−, 194
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
amplían cuantitativamente sus condiciones de aplicación e investigan qué exigencias en relación con la justicia social entre los Estados se pueden deducir a partir del principio de diferencia. Beitz afirma que este principio exige una distribución global de los bienes económicos, puesto que factores como la posesión de reservas naturales son contingentes y no tienen una justificación moral que los sustente (Beitz, 1999, pp. 136 & ss.). Pogge interpreta el principio de diferencia en el sentido en que las desigualdades deben ser minimizadas y así, la igualdad debe ser realizada en función del mejoramiento de la posición social de los menos aventajados (Pogge, 1988, p. 238). Beitz intenta, además, hacer plausible una interpretación de la posición original mediante la tesis de que el mundo representa un sistema de cooperación social constituido por las ventajas recíprocas que resultan de las múltiples interdependencias y de las relaciones de comercio internacional (Beitz, 1980, pp. 141 & ss.). En suma, Beitz y Pogge globalizan la concepción de Rawls mediante la propuesta de una versión universal del principio de diferencia según el cual, el sistema económico mundial debe organizarse de tal manera que las desigualdades que produce deben redundar en un mayor beneficio de los miembros menos aventajados a nivel global. De este modo, muestran que el mejoramiento de las condiciones de vida de estos grupos se constituye en la primera medida para valorar las instituciones sociales. Para los liberales nacionalistas, este programa de fundamentación de un orden de justicia global se basa en presupuestos teóricos muy débiles. Interpretar la organización de la economía mundial como un sistema de cooperación social es muy problemático, porque las diferentes interdependencias producidas por la expansión global del comercio, la producción y las comunicaciones, no son suficientes para fundamentar la idea de la cooperación social, la cual es requerida como condición básica para definir un contexto particular de justicia distributiva. Las formas de trabajo en común que se dan en estas esferas, a pesar de la globalización económica, no permiten fundamentar una concepción de justicia distributiva, argumentan los liberales nacionalistas (David, 1998, pp. 187-210; Chwaszcza, 1996, p. 173; Kersting, 1997, p. 289). De otro 195
Francisco Cortés Rodas
lado, afirman que la globalización del principio de diferencia es teóricamente insostenible. Rawls mismo, en parte como reacción a esta globalización de su teoría, señaló que el principio de diferencia no se puede interpretar como un principio de justicia global (1999, pp. 116-118). Rawls presupone el Estado nacional como unidad básica y plantea que las preguntas sobre la distribución justa solamente pueden resolverse en cada unidad nacional respectiva. En este sentido, Rawls afirma que su teoría no es adecuada para resolver problemas de justicia distributiva a nivel internacional o para remediar cuestiones de justicia en sociedades que no provienen de la tradición liberal ilustrada. Rawls, como defensor y continuador de la tradición liberal, considera que no es legítimo ni viable solucionar los problemas determinados por las desigualdades económicas entre los Estados mediante una limitación de las libertades individuales de los miembros de las sociedades económicamente más desarrolladas. Siguiendo la diferenciación kantiana de los dos niveles que determinan las funciones del Estado, Rawls considera en The Law of Peoples, que la distribución justa de los derechos, los bienes y las oportunidades no puede convertirse en una regla de distribución internacional para regular las relaciones entre todos los seres humanos a nivel global, puesto que esa distribución es un asunto interno de cada Estado, que se concreta cuando cada sociedad pueda darse una organización en términos de los principios liberales y de justicia social (Rawls, 1999, p. 61)4. Esto no quiere decir, en términos de la argumentación de los liberales nacionalistas, que Rawls sea insensible frente a las cuestiones de la desigualdad económica y de la pobreza en los países subdesarrollados. En la argumentación rawlsiana, los Estados liberales de las socie4
196
En relación con esta postura de Rawls escribe Pogge: «Rawls strongly rejects the difference principle as a requeriment of global justice on the ground that it is unacceptable for one people to bear certain cost of decisions made by another». Y más adelante pregunta de forma crítica: «the difference principle ist the most reasonable one for us to advocate in regard to the domestic economic order, then why is it not also the most reasonable one for us to advocate in regard the global economic order? Rawls provides no answer» (Pogge, 2002, p. 105).
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
dades más desarrolladas tienen ciertamente el deber positivo, (duty of assistance), de apoyar a los Estados menos desarrollados, pero no en la forma de una transferencia material de bienes, sino a través de la promoción estructural de sus propias capacidades, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia, a la lucha contra la corrupción, y buscando poner fin a las guerras civiles y a la violencia. En este sentido, los principios políticos que deben regular las relaciones entre los Estados en ningún caso pueden ser principios de justicia social, sino que deben ser los principios de la autonomía política y la igualdad jurídica de los Estados. Para los liberales nacionalistas la política propuesta por los globalistas disuelve el paradigma kantiano de la internacionalización de la concepción del Estado de derecho, al proponer la globalización de la concepción de la justicia social5. c) Para los liberales nacionalistas constituye un error utilizar los principios básicos del universalismo moral a fin de justificar la idea de que los individuos tienen un derecho moral a una parte equitativa de los bienes producidos a nivel mundial (Chauvier, 2001, pp. 95 & ss.; Kersting, 1997, p. 273). Esta afirmación de los teóricos globalistas se basa en una incorrecta interpretación de los derechos humanos. Para definir cuáles son los derechos humanos fundamentales, los liberales nacionalistas dan prioridad a las libertades individuales y políticas frente a los derechos sociales (Nozick, 1974; Hayek, 1960; Kersting, 2002). A partir de Kant, la justicia distributiva tiene que ver con la libertad. La función del Estado es definir y establecer las condiciones bajo las cuales los individuos pueden interactuar en tanto seres libres. Para esto, Kant estableció, mediante el derecho, las fronteras que limitan a cada individuo como sujeto libre capaz de emprender acciones y de responder ante los otros por los efectos que pueda producir con ellas (Kant, 1989, p. 39). 5
En relación con esto escribe Stéphane Chauvier: «I have already argued that a global analogue of the Difference Principle is incompatible with a plurality of states; thus, to defend such a principle is to reject political pluralism and to mantain that the political responsability of distinct peoples should be subordinated to an egalitarian principle of distributive justice» (2001, p. 96; Kersting, 1997, p. 255). 197
Francisco Cortés Rodas
Con el establecimiento de estas fronteras circunscribió el ámbito individual del sujeto de derechos; de la protección de ese ámbito debe ocuparse el Estado. En este sentido, la concepción moderna de la libertad asigna prioridad a los derechos humanos como el conjunto de libertades subjetivas que pueda ser compatible con un esquema semejante de iguales libertades para todos6. Así, para esta versión del liberalismo, que se apoya en Kant, los derechos fundamentales en sentido propio son esferas de la libertad, de las que resultan derechos, y precisamente derechos de defensa o negativos. Los derechos fundamentales son los derechos de libertad individual, pero no los derechos sociales. Por estos motivos, los liberales nacionalistas afirman que para la realización de los derechos de libertad no se requiere la realización de los derechos de bienestar social. La razón de esto radica en que para la determinación autónoma de los proyectos individuales de vida es de mayor importancia la salvaguardia de los derechos de libertad que la protección de los derechos sociales. Los liberales nacionalistas pueden reconocer que es moralmente bueno proteger, ayudar o beneficiar a otros, pero niegan que uno tenga el deber de hacer tales cosas. Y puesto que no reconocen deberes morales positivos, niegan, por tanto, la existencia de algún derecho moral a ser protegido, ayudado o beneficiado. De esto resulta que los derechos sociales no pueden ser objeto de la justicia distributiva ni a nivel nacional ni a nivel internacional, puesto que dicha justicia solo puede basarse en el fundamento de legitimación que dan los derechos humanos en su sentido negativo, es decir, los derechos de libertad individual7. d) Para los liberales nacionalistas, el proyecto de una ciudadanía mundial basada en la moral universal e igualitaria del respeto igual conduce a un desconocimiento de los elementos estructurales del Estado de derecho. Según la caracterización teórica del concepto de justicia del Estado de derecho, el estatus de ciudadanía se define con la pertenencia a un Estado (Kersting, 1997, pp. 292 & ss.). 6 7
198
Esta es la formulación de Rawls (1996, pp. 270-340). Es importante destacar que Rawls sí considera a los derechos de bienestar social como objeto de la justicia distributiva en el nivel interno, aunque no los reconoce en el nivel externo (Kersting, 2002, p. 124).
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
Mediante el estatus de ciudadanía del liberalismo nacionalista se establece quiénes son y quiénes no son los miembros de una sociedad determinada; se definen los derechos y deberes que tienen los miembros de esa sociedad; se establecen las responsabilidades que tiene el Estado frente a sus asociados; se define la estructura de los derechos civiles, políticos y sociales, y su respectivo orden de prioridad, de acuerdo con las particularidades de cada sociedad; se determinan el papel que juega el derecho de propiedad y la estructura del mercado en la conformación de un orden social y político; y se establece la prioridad de los derechos de los ciudadanos frente a los derechos de los miembros de otras sociedades. El concepto de ciudadanía está vinculado con la idea liberal de la igualdad formal que afirma que todos los miembros de la sociedad son iguales porque les corresponden los mismos derechos y libertades (Hayek, 1960, p. 103). Los liberales nacionalistas rechazan las concepciones de justicia distributiva, que a partir de la moral universal e igualitaria del respeto igual, obtienen otros conceptos de igualdad, como la igualdad de oportunidades, la proporcional o la moral (Gosepath, 2004, pp. 108-214). Para los liberales nacionalistas la única igualdad es la jurídica, que afirma que todos los seres humanos deben ser tratados de forma igual ante la ley. De este modo, complementar el principio de igualdad ante la ley, que define la condición de la ciudadanía en el Estado, con otros principios de igualdad, y a partir de esto establecer la idea de un igualitarismo ético de los ciudadanos mundiales, conduce a una relativización de los órdenes de derecho de los Estados particulares, y a una subordinación de los derechos de propiedad adquiridos legítimamente por los ciudadanos de un Estado a las políticas redistributivas de una concepción global de la justicia. e) Para los liberales nacionalistas el planteamiento de la justicia global conduce a proponer como ideal político un Estado mundial. Este ideal es considerado como peligroso porque un Estado mundial representa un peligro potencial en la medida en que su autoridad podría convertirse en despótica o tiránica, puesto que un Estado mundial no tendría otro poder que pudiera detenerlo o ponerle límites, si intenta ir más allá de las funciones que 199
Francisco Cortés Rodas
le corresponde realizar (Kant, 1997; Habermas, 2004, p. 125; McCarthy, 2002, pp. 235-274). f) Los liberales nacionalistas rechazan el diagnóstico de los globalistas de atribuir toda la responsabilidad de la situación de los países subdesarrollados a injusticias históricas producidas por el orden económico y político internacional. Las causas de la desigualdad, la pobreza y el atraso no se pueden atribuir a la expansión del sistema del mercado que con la creciente globalización ha generado más oportunidades y ha aumentado el bienestar en muchas regiones del mundo, sino más bien, a factores históricos, culturales, antropológicos y políticos específicos de algunos de los países más pobres, que son los que condicionan la reproducción de la pobreza y la imposibilidad de construir en estos países instituciones políticas democráticas y alcanzar un nivel mínimo de justicia social (Walzer, 1989, pp. 224-5; Rawls, 1999, pp. 105 & ss.; David, 1998; Lawrence & Huntigton, 2001).
El globalismo universalista
Para responder a estas críticas los globalistas han desarrollado una serie de argumentos que podemos presentar como réplicas a los seis puntos anteriores. a) La globalización ha puesto en cuestión los presupuestos centrales del derecho de gentes, del derecho internacional y la clara separación entre política interior y exterior. La globalización, entendida como entrelazamiento de la economía mundial, ha supuesto el progresivo desmantelamiento tanto de la estructura política del Estado-nación como de la estructura social del Estado de bienestar. La soberanía formal de los Estados nacionales se ha visto socavada como consecuencia de la gran influencia que han adquirido las grandes empresas transnacionales y los bancos privados con gran poder internacional. Como consecuencia de la desnacionalización de la economía, particularmente con la articulación de los mercados financieros y la producción industrial, la política nacional ha perdido el dominio sobre las condiciones de producción, y con esto la palanca para el mantenimiento del estándar social alcanzado. En este sentido, se puede afirmar, siguiendo a Habermas, que con 200
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
las transformaciones producidas por la ampliación transnacional de los mercados, el comercio y la producción, se ha terminado desdibujando el límite constitutivo de los Estados soberanos entre una política interior y una política exterior (Habermas, 1996, pp. 7-24). b) Los globalistas interpretan la organización de la economía mundial como un sistema de cooperación social que permite fundamentar una concepción global de justicia distributiva. En su modelo de sociedad suponen que las sociedades particulares están entrelazadas de tal manera, en virtud de las múltiples interdependencias políticas, económicas y ecológicas; que ellas conforman un sistema social de cooperación, división del trabajo y dependencia recíproca, que es separado en distintas unidades políticas solo de manera artificial por los Estados existentes (Beitz, 1979, pp. 143 & ss.; Pogge, 1989, pp. 241 & ss.; Gosepath, 2002, p. 204). Para fundamentar una concepción global de justicia distributiva los globalistas le han dado a las exigencias de justicia social distributiva un carácter universal, que exige que estas sean garantizadas a nivel mundial. Estas exigencias de justicia distributiva han sido desarrolladas en el marco de una amplia concepción de los derechos humanos, que incluye tanto los derechos liberales y políticos como los derechos sociales (Pogge, 2002, caps. 2 & 4). c) Los globalistas utilizan los principios básicos del universalismo moral, que son el fundamento de las concepciones liberales de justicia distributiva, para justificar la idea de que los hombres tienen un derecho moral a una parte equitativa de los bienes producidos a nivel mundial. En las concepciones globalistas de justicia se considera que la base de la moral política moderna la constituye la moral universal e igualitaria del respeto igual (Tugendhat, 1993; 1992; Pogge, 2002, p. 92; Gosepath, 2004, pp. 128 & ss.). Según esta, cada persona debe ser reconocida como igual y autónoma desde un punto de vista imparcial. A partir de esta moral se afirma que el hombre tiene, en tanto hombre, el derecho a ser respetado de la misma forma que cualquier otro hombre, es decir, a ser un miembro autónomo con los mismos derechos de la comunidad universal de los hombres (Tugendhat, 1993, p. 336; Pogge, 1998, pp. 378-400). El objeto de un respeto igual y recíproco es la autonomía 201
Francisco Cortés Rodas
de cada una de las personas. Si la autonomía es la base del respeto, y este reclama derechos iguales, el concepto de autonomía en la argumentación de los globalistas sirve como principio orientador para establecer que los derechos no deben ser solamente derechos negativos, sino que deben ser también derechos para la realización de la autonomía, es decir, positivos. De este modo, en la concepción de justicia de las teorías globalistas los derechos humanos no son solamente los derechos liberales individuales, sino también los económicos y sociales (Gosepath, 1998, pp. 143 & ss.; Tugendhat, 1992, pp. 352-370). A partir de esta comprensión de los derechos humanos las teorías globalistas definen que la política tiene como función la realización del ideal de justicia distributiva. El conjunto de los derechos humanos debe ser, por tanto, garantizado sin limitaciones a lo largo del mundo entero. El campo de aplicación de la justicia distributiva lo conforman las relaciones sociales de todos los individuos en tanto que miembros de la comunidad universal de los seres humanos. Esto implica que los derechos y las responsabilidades deben ser distribuidos universalmente conforme a la justicia. Puesto que se trata de pretensiones de justicia que conciernen a todos los hombres en tanto hombres, estas no se detienen en las fronteras de los Estados nacionales, pues valen universalmente para todos los hombres (Gosepath, 1998, p. 178; 2002, p. 197). Ahora bien, en la medida en que la posibilidad de asegurar los derechos humanos no es realizable en el actual orden político de Estados nacionales independientes, los globalistas sacan como conclusión que ha desaparecido la justificación de la existencia de tales Estados. Así que, concluyen en su argumentación, para poder asegurar las exigencias de justicia global en general, y los derechos humanos en particular, en todo el mundo, se requiere de un Estado mundial o de una autoridad política global. d) Los globalistas rechazan el concepto liberal de ciudadanía por medio del cual se establece la prioridad de los derechos de los ciudadanos de un Estado particular frente los derechos de los demás individuos. En el marco de su argumentación, el principio de que los miembros de una sociedad tienen prioridad frente a las demás personas, no puede ser aceptado si la consecuencia de su 202
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
aceptación es el desconocimiento de los derechos básicos de los miembros de otras sociedades (Shue, 1996, p. 131; Pogge, 2002, pp. 94 & ss.). Puesto que la exigencia universal e igualitaria del respeto igual frente a cada individuo es considerada como fundamental, entonces, la nacionalidad aparece solamente como un hecho contingente (Pogge, 2002, cap. 5; Gosepath, 2002, pp. 94 & ss.). e) Los globalistas afirman que las profundas desigualdades existentes en el mundo y la pobreza están determinadas por la existencia de instituciones económicas y políticas injustas (Beitz, 1979, pp. 125 & ss.; Pogge, 2002, pp. 112 & ss., 199 & ss.). Rechazan el diagnóstico de los liberales nacionalistas, según el cual las desigualdades radicales y el subdesarrollo dependen solamente de factores internos, específicos y propios de las sociedades más pobres, que impiden el desarrollo, la conformación de estructuras democráticas y la distribución equitativa del bienestar social. Aunque estos factores internos son centrales, y no pueden ser ocultados, los globalistas muestran que hay una relación entre el gran beneficio que han obtenido para sí los países ricos y las élites de los países pobres con el resultado que se ha generado, que es, precisamente, la exclusión de los pobres en la participación del bienestar social (Pogge, 2002, pp. 112 & ss., 162 & ss.).
Elementos para la formulación de una concepción transnacional de la justicia
¿Cómo puede evaluarse esta discusión a partir de considerar los problemas de injusticia, exclusión y pobreza que se dan en sociedades subdesarrolladas?8 ¿Las formulaciones sobre justicia de los teóricos del globalismo, y las propuestas políticas redistributivas derivadas de ellas representan alternativas reales para superar los problemas de desigualdad y pobreza de los países del tercer mundo? ¿O para esto basta, como propone el liberalismo nacionalista, con una política de apoyo humanitario y de solidaridad, 8
Esta pregunta fue planteada en el capítulo «Justicia y exclusión. Elementos para la formulación de una concepción igualitaria de justicia». Allí fue desarrollada en el denominado contexto local o interno de la justicia distributiva. 203
Francisco Cortés Rodas
construida sobre la base del respeto a los principios de autodeterminación política y de no-intromisión en los asuntos internos? Mi respuesta a estas preguntas es que los dos planteamientos son insuficientes para proponer una concepción de la política en el contexto internacional que dé cuenta de los problemas fundamentales de nuestras sociedades. La debilidad del globalismo radica en que atribuye toda la responsabilidad de la situación de los países subdesarrollados a la posición dominante de los países más desarrollados en el sistema mundial, desconociendo factores internos de poder y dominación en los países subdesarrollados que son determinantes en el mantenimiento de las estructuras de desigualdad; además, desconoce el papel de los Estados nacionales en la posibilidad de realización de los ideales normativos de justicia social9. De otro lado, la posibilidad de enfrentar los problemas políticos y sociales determinados por la globalización económica, el empobrecimiento de una gran parte de la población mundial, el crecimiento del desempleo a nivel mundial y la destrucción del medioambiente, no es realizable en el marco de acción definido por el liberalismo nacionalista, puesto que las alternativas políticas propuestas en los términos de la teoría clásica del derecho internacional conducen a un cerrado nacionalismo y a un desconocimiento de las responsabilidades de los países más desarrollados en la situación de los países subdesarrollados. Con el fin de plantear algunos elementos para la formulación de una concepción de justicia transnacional desarrollaré una crítica a los mencionados argumentos del globalismo y a tres principios básicos del liberalismo nacionalista: a) el principio de la soberanía absoluta de los Estados; b) los principios de la solidaridad humanitaria y de la prioridad de los derechos de ciudadanía; c) el principio de la responsabilidad positiva. a) El principio de la soberanía absoluta de los Estados. En la argumentación del liberalismo nacionalista se establece que a la jus9
204
Es importante decir aquí que la caracterización que he hecho de la posición de Pogge como globalista tiene que ver con las tesis presentadas en sus primeros textos como Realizing Rawls (1989) y «Rawls and Global Justice» (1988). En este orden, sus últimos argumentos pueden entenderse en el sentido de la definición de una concepción transnacional de justicia.
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
ticia internacional le concierne solamente la regulación normativa de las relaciones de poder entre los Estados. Esta regulación, formulada en la teoría clásica del derecho internacional, comprende los siguientes principios: a cada Estado particular le corresponde la tarea de asegurar los derechos humanos en sus propias fronteras; cada Estado posee una soberanía ilimitada, la cual otorga a las entidades políticas estatales el derecho a la autodeterminación política y el derecho a la no-intromisión en los asuntos internos; entre los Estados no existe ni el deber de compartir su bienestar material con otros Estados, ni tampoco el deber de otorgar residencia a los extranjeros. Los Estados más desarrollados tienen el deber de apoyar a los menos desarrollados en los términos de una política de solidaridad social, fundamentada en el deber moral positivo de ayuda en caso de necesidad. Así pues, para estructurar la regulación normativa de las relaciones de poder entre los Estados no es necesario establecer un poder supraestatal. En esta argumentación es central mostrar que aunque exista entre las sociedades una variedad de relaciones de intercambio y contacto, estas relaciones y contactos no han alcanzado el nivel de una cooperación en la división del trabajo que haga a las sociedades particulares dependientes unas de las otras. Este modelo de sociedades absolutamente independientes, como es supuesto en el liberalismo nacionalista, no corresponde, sin embargo, a la actual situación mundial, es más bien la expresión nostálgica de un pasado político, que al no reconocer las exigencias de justicia determinadas por las transformaciones globales, sirve a la defensa ciega y unilateral de los intereses de los países más desarrollados (O’Neill, 2000, p. 121). Si suponemos, siguiendo la argumentación de los globalistas, que cada una de las comunidades políticas del mundo construye sus proyectos económicos, sociales y políticos en términos de múltiples interdependencias y de relaciones de mutua dependencia, y que con las transformaciones producidas por la globalización económica, cultural, de las comunicaciones y ecológica, se ha diluido el sentido de la diferencia entre una política interior y una política exterior, tenemos que considerar, entonces, la consecuencia que resulta de esto, a saber: las relaciones entre los Estados no pueden continuar siendo definidas 205
Francisco Cortés Rodas
normativamente por los principios de autodeterminación política y de no intromisión en los asuntos internos, sino que requieren ajustarse a las exigencias de justicia distributiva (McCarthy, 2002, p. 240). Sin embargo, plantear las relaciones entre los Estados en el marco de las exigencias de justicia distributiva no quiere decir necesariamente que se requiera de la conformación de un Estado mundial. El rechazo de Kant, señalado por los liberales nacionalistas, a la idea de un Estado mundial, fundamentado en que si se llegara a conformar un tal Estado, su autoridad se convertiría en despótica y se caería en la anarquía, sigue siendo válido10. Pero esto no puede querer decir, dos siglos después de Kant, que las relaciones entre los Estados solamente admitan o el modelo de sociedades absolutamente independientes, como lo supone el liberalismo nacionalista, o el modelo de un Estado mundial, como lo sostienen los globalistas. La posibilidad de un modelo transnacional de justicia distributiva que haga viable tanto la realización de las exigencias de justicia social en el ámbito interno como en las relaciones entre los Estados, es hoy la única alternativa fáctica y normativa para enfrentar los problemas de justicia entre los Estados (De Greiff & Cronin, 2002; Pogge, 2001). b) Los principios de la solidaridad humanitaria y de la prioridad de los derechos de cuidadanía. En la argumentación del liberalismo nacionalista, mediante la política de solidaridad humanitaria se establece que existen ciertas obligaciones de los Estados de asistir a otros Estados en situaciones de necesidad, pero que estas obligaciones tienen solamente el carácter de deberes positivos, es decir, que no deben entenderse como deberes de justicia distributiva (Höffe, 1999, pp. 411 & ss.). Mediante la tesis de la prioridad de los derechos de ciudadanía se establece que el conjunto de derechos y libertades adquiridos legítimamente por los ciudadanos de un Estado no puede subordinarse a las aspiraciones redistributivas de bienes basadas en una concepción global de la justicia. 10
206
Además de Kant, otros clásicos de la filosofía política han señalado los peligros inherentes a la idea de un supra-Estado. Véase Aristóteles (1944, pp. 553-59); Montesquieu (1951, p. 365); Tocqueville (1979, p. 179); Rawls (1999, p. 36).
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
El fundamento de esta argumentación radica en la comprensión de los derechos humanos en la que se apoya el liberalismo nacionalista, según la cual, los derechos humanos son solamente los derechos dados por las libertades individuales, como se había indicado anteriormente.. Así, frente a las exigencias redistributivas de una concepción global de la justicia que incluye los derechos sociales en el núcleo básico de los derechos humanos, se trata para los liberales nacionalistas de mostrar que los deberes y las responsabilidades del Estado no pueden ir más allá del aseguramiento en sus propias fronteras de aquellas esferas de acción que hacen posible el disfrute de la libertad, y del cumplimiento de las condiciones que hacen posible la paz entre los Estados. No hay, por tanto, un fundamento obligatorio para el Estado por el cual deba, por razones de justicia, compartir su bienestar material con otros Estados. Una política de los derechos humanos que incluya los derechos sociales es inaceptable para los teóricos del liberalismo nacionalista, puesto que para ellos el sentido de la internacionalización de la concepción del Estado es el de la progresiva realización de las libertades individuales, para lo cual no se requiere de una política social distributiva. Sin embargo, entender los derechos humanos de esta forma conduce al desconocimiento de muchos de los deberes implícitos en el ideal normativo planteado en el discurso de tales derechos. Según nuestra interpretación de la moral universal e igualitaria del respeto igual, los derechos humanos son aquellos que le corresponden a todo hombre en tanto hombre, los cuales tienen validez universal con independencia de los contextos políticos particulares. La idea de que a todos los seres humanos les pertenecen una serie de derechos inalienables que deben poseer validez por encima de los órdenes de derecho positivo de cada comunidad, es una idea que tiene su origen en la tradición del humanismo cristiano, y que a través del derecho natural y el contractualismo liberal ha servido para aclarar por qué al hombre le corresponden unos determinados derechos y cómo debe organizarse el Estado para poder realizar este conjunto de derechos. En el núcleo de la argumentación de la moral universal e igualitaria del respeto igual 207
Francisco Cortés Rodas
está la idea de que el hombre está dotado de unos derechos que lo protegen de intervenciones del Estado en su espacio de libertad, y que a estos derechos negativos les corresponden los deberes del Estado de asegurar las condiciones para que el individuo no sea limitado en su autonomía de acción. Sin considerar aquí los problemas de las diferentes fundamentaciones de los derechos humanos, ni cuáles derechos son comprendidos como fundamentales en cada interpretación, «hoy son entendidos en general –escribe Axel Honneth–, como derechos humanos aquellas pretensiones a determinadas libertades y a determinados bienes que los seres humanos se reconocen recíprocamente para garantizarse entre sí una vida que corresponda a las condiciones necesarias de la dignidad y el respeto» (2000, pp. 268 & ss.). La fundamentación de los derechos humanos no se construye en la filosofía política moderna mediante la referencia a una instancia legitimadora como la naturaleza, Dios o la razón, sino que se supone que la instancia que los concede somos nosotros mismos, en la medida en que se parte de la idea de que somos sujetos capaces de otorgarnos recíprocamente los derechos universales que permiten la realización de una vida humana digna (Gosepath, 2004, cap. 2). Los derechos humanos definen la pertenencia a la comunidad universal de los seres humanos, una comunidad a la que a ningún individuo se le puede negar su pertenencia con buenas razones, es decir, con argumentos universales y recíprocos11. En este sentido, escribe Stefan Gosepath, se puede decir: […] un primer principio universal o un fundamento universal para deducir y fundamentar derechos humanos específicos es el derecho a ser respetado como hombre de la misma forma que cualquier otro hombre, con otras palabras, a ser un miembro autónomo con los mismos derechos de la comunidad universal del género humano. Un segundo principio fundamental relacionado con el anterior es el derecho a justificar el derecho moral de 11
208
Según Reiner Forst, esta es la pretensión basal y universal de cualquier hombre, y a partir de esta es posible realizar una fundamentación constructivista de los derechos humanos (1999, pp. 66-105).
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
cualquier persona a vetar determinadas normas, acciones o situaciones que determinen responsabilidad, cuando estas no puedan obtener las razones suficientes para su justificación (Gosepath, 1998, p. 149).
La inviolabilidad normativa garantizada por los derechos fundamentales, así como también su función de ser instrumentos para el aseguramiento de pretensiones individuales de derechos, pretensiones que no pueden ser rechazadas con argumentos universales y recíprocos, se expresa en la necesidad de su formulación como derechos positivos, lo que presupone su realización en un orden político particular. Esto quiere decir que el primer destinatario político de las pretensiones de los derechos humanos es el Estado, y no los individuos como miembros de la comunidad universal de todos los seres humanos, como lo afirman los teóricos del globalismo. Así pues, a diferencia de la argumentación globalista que minimiza el papel de los Estados nacionales en la posibilidad de realización de los derechos humanos, aquí afirmamos, a partir de nuestra comprensión del universalismo moral, que las exigencias de justicia global y los derechos humanos requieren de la estructura normativa de los Estados. Es decir, aunque suponemos que el mundo se ha convertido a través de la globalización en un sistema social de cooperación, división del trabajo y dependencia recíproca, insistimos en que los Estados particulares no solamente mantienen fácticamente una cierta medida de independencia, sino que por razones normativas deben mantenerla. Para aclarar este último punto es necesario tematizar la relación entre la justificación moral y la justificación política de los derechos humanos, tal y como esta ha sido desarrollada por Rawls (1995, pp. 132-180), Habermas (1992, cap. 3) y Forst (1999, pp. 81 & ss.). En la moral universal e igualitaria del respeto igual, el mundo de la acción moral se conforma mediante la definición de los derechos fundamentales. Este mundo es expresión y resultado de las capacidades morales y de las experiencias de individuos autónomos y racionales, que han reconocido la necesidad de establecer unas normas 209
Francisco Cortés Rodas
comunes para la humanidad con sus consiguientes deberes y responsabilidades. La alternativa de la moral universal e igualitaria del respeto igual para la conformación de esas normas consistió en señalar, primero, que era necesario encontrar unos elementos mínimos para conseguir la cooperación social; segundo, que estos mínimos no podían tener como base una determinada concepción del bien común, ya fuera metafísica o religiosa, y, tercero, que con ellos se debían establecer las condiciones para que cada uno realizara en su vida privada aquello que como ser libre y autónomo quisiera, siempre y cuando con sus acciones no perjudicara el ámbito de las libertades de los demás. Así, el mundo de la acción moral es la idea moral de una comunidad de ciudadanos que reconocen recíprocamente su posición como personas, y en la que cada uno trata al otro bajo la perspectiva de la dignidad y el respeto. La prioridad de la moral se debe a la naturaleza de su objeto, que consiste en la protección y el aseguramiento de las condiciones básicas de la racionalidad humana, establecidas en la forma de los derechos humanos fundamentales o derechos morales. Su reconocimiento representa, por tanto, la garantía de una noción mínima de justicia, sin la cual es imposible la construcción de un orden social justo. Los derechos que las personas morales puedan reivindicar y justificar como derechos morales, los deben poder reivindicar y justificar como ciudadanos de una comunidad política particular en una forma determinada. Aquí, en las constelaciones sociales concretas se originan las exigencias de derechos humanos, y es aquí donde ellos tienen su lugar de pertenencia primario, donde deben ser justificados, concedidos y garantizados obligatoriamente por el derecho (Forst, 1999, p. 90).
En este sentido, «la justificación moral de los derechos humanos es –en un sentido normativo y formal– el núcleo de la justificación política» (p. 90). La relación entre estos dos niveles expresa la idea fundamental de la moral universal e igualitaria del respeto igual: cómo convertir en real el ideal expresado en la justificación moral de los derechos humanos fundamentales. Así, si en el mundo moral el hombre obtiene el respeto mediante el 210
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
reconocimiento de su autonomía y de las pretensiones derivadas de ella, a saber, los derechos humanos, ese respeto debe concretarse, institucionalizarse y realizarse en la vida ciudadana de un Estado organizado por el derecho en la forma del reconocimiento de las libertades y los bienes necesarios para poder realizar una vida humana digna. Ahora bien, este es solamente uno de los elementos contenidos en la moral universal e igualitaria del respeto igual, pues por varias razones el problema de la construcción de un orden social justo interno no se puede pensar sin un sistema de justicia cosmopolita. Reiner Forst menciona en este sentido: 1) las situaciones condicionadas por el hecho de que un Estado viole sus deberes frente a los miembros de otros Estados, frente a otros Estados, y obtenga, así, ventajas de relaciones injustas con otros Estados. «La justicia en el interior no se puede establecer sobre la base de injusticia externa» (Forst, 2002, p. 229). 2) Y las situaciones condicionadas por el hecho de que un Estado pueda fracasar en conformar una estructura básica justa, en la medida en que factores externos imposibiliten la justicia interna, como por ejemplo, fracasos económicos determinados por el funcionamiento de los mercados, o fracasos en la posibilidad de realización de los derechos humanos condicionados por el apoyo del sistema político internacional a regímenes dictatoriales y corruptos. En estos casos, «la justicia en el interior es imposibilitada por factores externos» (p. 239). Según la moral universal e igualitaria del respeto igual los derechos humanos no solo deben ser exigidos al interior de cada Estado, sino que también involucran obligaciones más allá de las propias fronteras. No solo en relación con sus propios derechos, sino también con los derechos de aquellos que no son miembros de su comunidad política, deben los ciudadanos de un Estado asumir su papel como personas morales y como ciudadanos del mundo. Para determinar los deberes implícitos en el ideal normativo de los derechos humanos, hay que diferenciar una serie de deberes que tienen ser reconocidos por los ciudadanos de un Estado en la medida en que asumen su papel como personas morales o ciudadanos del mundo (Forst, 2002, pp. 95 & ss.). 211
Francisco Cortés Rodas
En este sentido, asumir como miembro de un Estado el papel de persona moral quiere decir que uno no solamente reconoce el deber de respetar los derechos fundamentales de los demás miembros de su comunidad política, sino que también acepta el deber de ayudar a los sujetos de cualquier comunidad política cuando sus derechos fundamentales sean violados. Este deber significa que uno está dispuesto a participar en la creación de instituciones que garanticen de manera efectiva que tales violaciones de los derechos humanos sean registradas, que se luche contra ellas y que se busque su limitación. En el caso de graves violaciones de los derechos humanos contra miembros de otras comunidades políticas, este deber significa asegurar a las víctimas de tales violaciones la posibilidad de encontrar seguridad en un Estado. «El derecho fundamental al asilo no es un derecho que un Estado le pueda garantizar a una persona según su discreción y posibilidades, es un derecho fundamental que no se puede negar por razones recíprocas y universales» (Forst, 2002, p. 100). En el caso de los efectos negativos producidos por decisiones políticas, económicas o ecológicas que afecten los derechos e intereses de ciudadanos de otros Estados, este deber significa que uno está dispuesto a participar en la creación de instituciones que permitan la intervención de todos los afectados en los procesos de toma de decisiones políticas, económicas o ecológicas; y si los efectos negativos son una realidad irreversible, este deber significa, que uno está dispuesto a reconocer las obligaciones y responsabilidades para hacer efectivas las reparaciones y compensaciones que sean necesarias. Si existiera agresión de un Estado contra otro, este deber significa que uno está dispuesto a participar en la creación de instituciones y en el desarrollo de políticas que permitan alcanzar la paz. En las situaciones de pobreza, hambre, enfermedad, el deber de ayudar a los miembros de otras comunidades políticas significa que uno, como miembro de una comunidad política en la que sus ciudadanos disponen de recursos suficientes, acepta el deber de apoyar una política distributiva de los bienes que haga viable para todos los hombres poder vivir su vida de forma digna; esta política puede concebirse como distribución de los bienes sociales y justificarse a partir de considerar los derechos sociales como parte de los 212
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
derechos fundamentales. Los derechos humanos a determinados bienes materiales se pueden fundamentar mediante la referencia a las condiciones mínimas para el establecimiento de una estructura social justa, así como también a través de la referencia a las condiciones necesarias de la dignidad y el respeto (p. 101). Si se analizan las características de estos deberes se puede apreciar que en el contexto internacional las obligaciones entre los Estados involucran deberes negativos, es decir, deberes de justicia distributiva. De este modo, frente a la argumentación de los liberales nacionalistas según la cual los derechos de los ciudadanos de un Estado particular tienen prioridad frente a las exigencias de justicia global, y las responsabilidades del Estado tienen solamente el carácter de deberes positivos, se puede mostrar, mediante la interpretación propuesta de los derechos humanos, que hay fundamentos para introducir la tesis de la responsabilidad negativa, a partir de la cual se puede establecer que los Estados deben, por razones de justicia: 1) compartir su bienestar material con otros Estados cuando hay graves situaciones de pobreza en unos países y un bienestar económico suficiente en otros. 2) Contribuir a la creación de instituciones democráticas para el control y la solución de problemas globales, tomando medidas para que cada Estado sea un participante en condiciones iguales en el sistema global económico y político, en el sentido de las propuestas de David Held (1995). 3) Contribuir a la creación de instituciones redistributivas de bienes para hacer efectivas las reparaciones por daños producidos por decisiones políticas, económicas o ecológicas de los gobiernos de los países ricos o de las grandes empresas transnacionales, como la propuesta de un dividendo global de las materias primas de Thomas Pogge (2002, pp. 196-215)12. 4) Contribuir a la creación del instrumentario internacional que haga posible darle a los derechos humanos el estatus de derechos positivos, y que permita hacer efectivas las demandas, los controles y las sanciones que resulten 12
Otras propuestas similares son la de un salario básico incondicional, de Philiphe van Parijs, y la de un impuesto a las transacciones de valores del premio nobel de economía James Tobin. 213
Francisco Cortés Rodas
de las graves violaciones de los derechos humanos, en el sentido de La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948. 5) Garantizar, mediante el derecho fundamental al asilo, las mínimas condiciones de seguridad a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. En la medida en que se entiendan estos deberes entre los Estados como deberes negativos se requiere, entonces, para estructurar la regulación normativa de las relaciones entre los Estados, desarrollar una concepción de justicia transnacional definida a partir de estos puntos. «Para utilizar un término de Rawls, los teóricos de la política deben intentar esbozar la “estructura básica” de un sistema de justicia cosmopolita que pueda servir como un punto de orientación normativa y de guía en la práctica política», escribe acertadamente Thomas McCarthy (2002, p. 240). c) El principio de la responsabilidad positiva. Al establecerse en la argumentación del liberalismo nacionalista que a la justicia internacional le concierne solamente la regulación normativa de las relaciones de poder entre los Estados, se pretende evitar la responsabilidad de los países más desarrollados frente a la situación de los países subdesarrollados. Frente a la réplica de los globalistas, para quienes las desigualdades y la pobreza en el mundo son producidas por instituciones económicas globales injustas, los liberales nacionalistas reaccionan atribuyendo esta responsabilidad a factores internos existentes en las respectivas sociedades subdesarrolladas13. Unos y otros fallan en la especificación de los responsables y en la determinación de las injusticias producidas. Para establecer las responsabilidades de los países más desarrollados no es suficiente, como lo hacen los globalistas, con afirmar que la causa de las grandes desigualdades y de la pobreza en el mundo está determinada por el sistema económico mundial. Aunque esta afirmación pueda ser cierta, formulada de esta manera 13
214
Una muy interesante caracterización de esta posición la hace Pogge en su análisis de las causas de la pobreza. Él denomina la posición de quienes atribuyen la responsabilidad de la pobreza a factores internos existentes en las sociedades subdesarrolladas como explicación nacionalista (nationalist explanation) (2002, pp. 110 & ss.).
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
es vaga e imprecisa. En este sentido, como lo han propuesto Thomas Pogge y Reiner Forst, para establecer las responsabilidades de los países más desarrollados se requiere de la realización de un análisis histórico de las formas específicas de injusticia que ha producido y produce el sistema económico y político mundial en cada una de las sociedades. En este tipo de análisis, necesario para desarrollar una concepción de justicia social que articule de manera correcta los distintos contextos de justicia, el local y el global, se debe partir de especificar las experiencias de injusticia mediante un estudio de las formas de poder y dominio que se dan entre los Estados, entre los actores más importantes del sistema económico mundial, y en las organizaciones políticas de los países pobres. Esto último es de central importancia, y por eso, en el proceso de especificación de las experiencias de injusticia es necesario tener en cuenta los factores internos de poder y dominación en los países subdesarrollados que son determinantes en el mantenimiento de las estructuras de desigualdad y en la reproducción de la pobreza (Forst, 2002, pp. 220 & ss.; Pogge, 2002, p. 112). La idea fundamental para desarrollar una concepción de justicia distributiva transnacional es: a fin de considerar como injustas las instituciones económicas y políticas constitutivas del orden actual de las relaciones internacionales no basta con afirmar que existen profundas desigualdades entre los países más ricos y los más pobres; es necesario identificar cómo esas desigualdades radicales manifiestan una injusticia de la cual son responsables los países más ricos y los actores más influyentes del sistema económico mundial. De la misma forma, en los contextos de las organizaciones políticas de los países pobres es necesario también mostrar cómo las desigualdades existentes manifiestan una injusticia de la cual son responsables los grupos más poderosos de estos países. Dicho de otra forma, la mera afirmación de que el poderoso crecimiento de la pobreza a nivel mundial constituye un desafío moral de nuestro tiempo no es suficiente. Así, escribe Pogge: «si nosotros no somos responsables de que exista esa situación, por qué tenemos que contribuir para transformarla» (2002, p. 198).
215
Francisco Cortés Rodas
En los casos de pobreza radical en algunas regiones del mundo, y de los efectos negativos producidos por decisiones políticas, económicas o ecológicas de los gobiernos de los países ricos o de las grandes empresas transnacionales, hablamos de una responsabilidad negativa en el sentido propuesto por Pogge. La idea de una responsabilidad negativa implica demostrar que las situaciones de pobreza y desigualdad radical constituyen un problema de justicia económica, porque son resultado de la imposición por parte de las naciones más poderosas sobre las más débiles, de una determinada forma de funcionamiento de las instituciones económicas y políticas a nivel global, la cual ha producido a lo largo del proceso histórico de modernización una situación asimétrica: mientras que una parte de la población mundial ha podido acceder a un bienestar material suficiente y satisfactorio, a otra gran parte de ella se le han negado las mínimas posibilidades para desarrollar su vida de forma digna. «Los pobres de este mundo no son simplemente pobres y hambrientos, sino que son empobrecidos y conducidos al hambre por nuestras instituciones comunes, las cuales determinan sus vidas» (2002, p. 201). De este modo, para establecer la responsabilidad que los países más desarrollados tienen en la implementación de estas políticas es necesario demostrar que hay una relación causal que vincula las situaciones de pobreza existentes en muchas regiones del mundo con el beneficio que han obtenido los países más ricos, los actores determinantes del sistema económico mundial, y los grupos más poderosos de las organizaciones políticas de los países pobres. Pogge muestra la existencia de esta relación causal mediante la justificación de tres planteamientos (2002, pp. 199 & ss.). El primero afirma que la desigualdad existente en el mundo es el efecto de instituciones comunes, particularmente el mercado, que con la creciente globalización ha generado una mayor desigualdad. Para justificar este planteamiento Pogge demuestra que el sistema del mercado genera ventajas para unas personas y desventajas para otras; que este sistema podría organizarse de una forma distinta de tal manera que la distribución de los beneficios no produjera un aumento de las desigualdades, y que las desigualdades 216
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
que produce no pueden atribuirse a factores extrasociales como limitaciones genéticas o catástrofes naturales. El segundo planteamiento afirma que en el mundo actual se produce una apropiación desigual de las riquezas del subsuelo y de otras materias primas del planeta. Para justificar este planteamiento Pogge muestra que las personas con mayores recursos económicos usan una parte proporcionalmente mucho mayor de los recursos naturales disponibles, y lo hacen de manera unilateral, sin compensar de ninguna forma a los pobres por esa apropiación. El tercero afirma que la desigualdad radical existente en el mundo es el resultado de un proceso histórico atravesado por una masiva violencia. Para justificar este planteamiento Pogge afirma que no se trata de reparaciones históricas. La idea es que no se deben permitir diferencias tan grandes determinadas por la posición social de las personas, cuando tener esa posición depende de procesos históricos en los que la violación de las reglas y los principios morales y jurídicos fue lo más corriente. Mediante la articulación de estos tres planteamientos se demuestra, entonces, que el actual orden mundial es injusto, y que los países más desarrollados y los ciudadanos del mundo con mayor bienestar, tanto de los países ricos como de los pobres, están directamente involucrados en la creación y el mantenimiento de la pobreza a nivel mundial. La pobreza y la desigualdad radical no son pues fenómenos distantes con los cuales los países más desarrollados y sus ciudadanos más favorecidos no tengan nada que ver. Por el contrario, los países más desarrollados están implicados en el destino de la población de los países pobres en la medida en que: 1) los han obligado a la pertenencia a un orden mundial en el que se produce regularmente pobreza, 2) han contribuido a excluirlos del usufructo de materias primas y 3) han defendido una desigualdad radical que es resultado de un proceso histórico atravesado por violencia. A partir de considerar esta implicación, los países más desarrollados y los ciudadanos del mundo con mayor bienestar tienen la responsabilidad «negativa» y el deber de no contribuir al mantenimiento del orden actual, obtener provecho de él y en participar en propuestas para cambiarlo (Pogge, 2002, p. 210). 217
Francisco Cortés Rodas
El planteamiento de Pogge de un dividendo global de las materias primas es una propuesta de justicia redistributiva de bienes a nivel mundial para hacer efectivas las reparaciones por los daños producidos por el sistema económico mundial. Esta puede entenderse como parte del programa normativo para desarrollar la estructura básica de un sistema de justicia cosmopolita que permita que los miembros de las sociedades empobrecidas por las formas de dominación impuestas por el sistema económico y político global, puedan obtener los recursos necesarios para la construcción de un orden democrático y justo en sus respectivos Estados14.
14
218
Otro argumento desarrollado por Pogge para demostrar la relación causal entre las instituciones globales y la persistencia de una severa pobreza en el mundo consiste en mostrar cómo los derechos de propiedad de los recursos naturales de los países pobres, utilizados en las transacciones comerciales con las grandes multinacionales, son asegurados y garantizados por los países ricos, en virtud del reconocimiento que estos otorgan a los representantes políticos de los países pobres, sin tener en cuenta la legitimidad de los respectivos gobernantes. A este poder de reconocimiento y legitimidad que se atribuyen los países ricos, lo denomina Pogge «privilegio internacional de recursos». En similar sentido, desarrolla el «privilegio internacional de préstamos», que consiste en atribuir al grupo que tenga el poder en un territorio nacional determinado, la titularidad para realizar préstamos a los bancos internacionales a nombre de toda la sociedad, y para imponer obligaciones sobre el país hacia el futuro. Mediante la articulación de estos dos sistemas, Pogge muestra de qué manera las instituciones globales, al legitimar dictadores y gobiernos corruptos, contribuyen al mantenimiento de la pobreza en el mundo subdesarrollado. Analizando el caso de corrupción en Nigeria en la transición de la dictadura de Sani Abacha al gobierno civil de Olusegun Obasanjo, Pogge señala que la corrupción allí no puede entenderse como la expresión de un problema enraizado en sus tradiciones culturales y tribales, como sostienen los representantes de la explicación nacionalista. La corrupción en Nigeria es sostenida y apoyada por los países más ricos, y es utilizada por estos para sacar provecho económico de esta situación. Mediante el señalamiento de la relación entre la conducta de los grandes actores internacionales y las consecuencias en los países pobres, Pogge indica el camino para reorientar la política y hacer posible así la consolidación de los derechos humanos y de la democracia en el mundo entero (2002, caps. 4 & 6).
Justicia: ¿nacional, global o transnacional?
Conclusión
En este ensayo hemos examinado algunos de los argumentos de las concepciones globalistas y liberales nacionalistas en torno al problema de si se puede extender el campo de aplicación de los principios liberales de justicia del contexto nacional al contexto global. El objetivo de la reconstrucción de esta discusión ha sido mostrar las debilidades de estos dos planteamientos para proponer una concepción de la política en el contexto internacional que permita dar cuenta de los problemas fundamentales de nuestras sociedades, condicionados por la desigualdad radical y la pobreza. Mediante la realización de una crítica a los principios básicos del liberalismo nacionalista (los principios de la soberanía absoluta de los Estados, de la solidaridad humanitaria, de la prioridad de los derechos de ciudadanía y de la responsabilidad positiva), y de una crítica a argumentos centrales del globalismo (desconocimiento de los factores internos de poder y dominación en los países subdesarrollados, desconocimiento del papel de los Estados nacionales en la posibilidad de realización de los derechos humanos), hemos planteado algunos elementos para la formulación de una concepción de justicia transnacional, basada en una radicalización del ideal normativo del deber de asistencia, definido aquí como un deber negativo. A partir de la interpretación propuesta de los derechos humanos mostramos que la regulación normativa de las relaciones entre los Estados debe hacerse a partir de la tesis de que estos tienen entre sí deberes de justicia distributiva. Esta afirmación, y el argumento que demuestra las responsabilidades de los países más desarrollados frente a los países subdesarrollados, nos permiten concluir diciendo que una concepción de la política en el contexto internacional solo es posible hoy a partir de la construcción de una estructura básica de justicia transnacional. Referencias bibliográficas
Aristóteles (1944). Politics. Cambridge, MA .: The Loeb Classical Library, Harvard University Press. Barry, B. (1991). Humanity and Justice in Global Perspective. En Liberty and Justice. Essays in Political Theory 2. Oxford: Clarendon Press.
219
Francisco Cortés Rodas
Barry, B. (1991). Justice and Reciprocity. En Liberty and Justice. Essays in Political Theory 2. Oxford: Clarendon Press. Beitz, Ch. R. (1979). Political Theory and International Relations. N.J.: Princeton University Press. Beitz, Ch. R. (1980). Justice and international Relations. En H. G. Blocker
& E. H. Smith (eds.). John Rawls’ Theory of Social Justice. Athens, Ohio: Ohio UP. Beitz, Ch. R. (1983). Cosmopolitan Ideals and National Sentiments. Journal of Philosophy, 80. Chauvier, S. (2001). Justice and Nakedness. En Th. Pogge (ed.). Global Justice. Blackwell. Chwaszcza, Ch. (1996). Politische Ethik II . Ethik der internationalen Beziehungen. En Julian Nida-Rümelin (ed.). Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theorethische Fundierung. Ein Handbuch. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag. David, M. (1998). Justice and Global Inequality. En A. Hurrel & N. Woods (eds.). Inequality, Globalization and World Politics. Oxford: Oxford University Press. De Greiff, P. & Cronin, C. (eds.) (2002). Global Justice and Transnational Politics. Essays on the Moral and Political Challenges of Globalization. Cambridge, MA .: The MIT Press. Forst, R. (1999). Das Grundlegende Recht auf Rechtfertigung. Zu einer konstruktivistischen Konzeption von Menschenrechten. En H. Brunkhorst, W. R. Köhler & M. Lutz-Bachmann (eds.). Recht auf Menschenrechte. Menschenrechte, Demokratie und internationale Politik. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Forst, R. (2002). Zu einer kritischen T